El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este sábado el paquete de medidas aprobado este viernes por el Gobierno para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio, unas iniciativas que entrarán en vigor a partir de mañana, contarán con una dotación de 5.000 millones e incluirán rebajas de impuestos, descuentos para colectivos vulnerables y ayudas para los sectores más afectados.

Con estas medidas, que estarán vigentes "el tiempo que sea necesario", según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se intentarán movilizar los recursos necesarios para proteger a los ciudadanos, ayudar a las pymes, al sector primario y a la industria.

Además, el BOE también publica el otro decreto al que dio luz verde también el Consejo de Ministros y que establece una congelación temporal de los precios del alquiler, similar al aplicado en crisis previas. Un decreto para el que, en este caso y según ha reconocido Sánchez, no cuenta aún con una mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados para convalidarlo.

De ahí que haya apelado a la "responsabilidad" de los grupos parlamentarios para aprobar los reales decretos leyes.

Las principales medidas de los decretos que se han aprobado entrarán en vigor mañana, el día siguiente de su publicación en el BOE.

Se establece una rebaja del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que pasa del tipo general del 21% al tipo reducido del 10%. Asimismo, se contempla la suspensión temporal del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, fijado actualmente en el 7% y asumido por las compañías eléctricas. Además, se reduce el impuesto especial sobre la electricidad, que abonan los consumidores, pasando del 5,11% vigente al tipo mínimo permitido del 0,5%.

Por otro lado, en lo que respecta al gas, se reduce el IVA del gas natural, los pellets y la leña del 21% al 10%. Finalmente, se establece la congelación del precio máximo de venta del butano y el propano.

En materia de carburantes, se establece la rebaja del IVA aplicado al gasóleo, la gasolina y otros hidrocarburos, que pasa del 21 % al 10 %. Además, se reduce el impuesto sobre hidrocarburos hasta el mínimo permitido en la Unión Europea, lo que se traduce en una disminución efectiva de hasta 30 céntimos por litro de combustible y un ahorro aproximado de 20 euros por depósito para un vehículo medio.

Se adoptan diversas medidas de carácter social y económico con el objetivo de reforzar la protección de los colectivos más vulnerables y apoyar a los sectores productivos.

En primer lugar, se mejora el bono social eléctrico, incrementando el nivel de descuento hasta el 42,5 % para consumidores vulnerables y hasta el 57,5 % para vulnerables severos, con vigencia hasta final de año. Asimismo, se refuerza el bono social térmico mediante el aumento de la ayuda mínima hasta los 50 euros.

Igualmente, se garantiza el suministro básico de agua y energía para los consumidores en situación de vulnerabilidad.

Por otro lado, se establece una ayuda directa, gestionada por la Agencia Tributaria y las administraciones forales, de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional destinada a transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, así como una ayuda equivalente para la adquisición de fertilizantes.

En el ámbito regulatorio, se dota a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de mayores competencias de supervisión y sanción, con el fin de investigar y sancionar posibles usos indebidos de las ayudas públicas.

Además, se bonifican en un 80% los peajes eléctricos de transporte y distribución para la industria electrointensiva, lo que permitirá un ahorro estimado de 200 millones de euros.

Finalmente, se amplía en 300 millones de euros la línea de créditos ICO-MAPA-SAECA, destinada a subvencionar préstamos y facilitar el acceso a la financiación del sector agroalimentario y pesquero.

Se implementan diversas medidas fiscales, energéticas y de impulso a la transición ecológica, orientadas a fomentar la eficiencia energética y el uso de energías renovables.

En primer lugar, se establecen deducciones en el IRPF para la instalación de placas solares, puntos de recarga para vehículos eléctricos y bombas de calor. Asimismo, se ponen en marcha nuevas ayudas para la climatización de edificios y se agilizan los procedimientos para la instalación de energías renovables.

En materia de autoconsumo, se refuerza este modelo energético ampliando de 2 a 5 kilómetros la distancia máxima permitida entre los puntos de generación y consumo, además de habilitar a las entidades locales para promover nuevas modalidades de autoconso y comunidades energéticas.

Igualmente, se incrementa la capacidad de almacenamiento eléctrico mediante baterías, se declara de utilidad pública el bombeo hidroeléctrico y se impulsa el desarrollo de energías renovables.

Por otro lado, se introduce una mayor flexibilidad legal en los contratos de suministro energético para empresas y trabajadores autónomos.

En el ámbito fiscal, se incorporan deducciones en el IRPF del 15% para la adquisición de vehículos eléctricos y enchufables. Además, en el Impuesto sobre Sociedades se establece la libertad de amortización para inversiones en energías renovables que sustituyan equipos basados en combustibles fósiles.

Finalmente, se habilita a los ayuntamientos para aplicar bonificaciones de hasta el 50% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles a quienes instalen sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de energías renovables, así como bonificaciones de hasta el 95 % en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para este tipo de actuaciones.

Se adoptan medidas laborales y de movilidad, así como disposiciones en materia de vivienda, con el objetivo de proteger a los trabajadores y facilitar la estabilidad en el acceso a la vivienda.

En el ámbito laboral, se establece la prohibición de despido en las empresas que reciban ayudas públicas destinadas a mitigar los efectos económicos derivados de la guerra en Oriente Próximo. Además, se impulsa la implementación de planes de movilidad sostenible, obligatorios para todas las empresas que cuenten con más de 200 trabajadores o 100 por turno, con el fin de facilitar los desplazamientos de su plantilla hacia los centros de trabajo.

Respecto a la vivienda, se decreta la congelación temporal de los precios del alquiler y se prorrogan por dos años los contratos de arrendamiento que finalicen entre el 21 de marzo y el 31 de diciembre de 2027.

El Gobierno incumple desde hace cuatro años la obligación legal de hacer público el Escalafón General de la Carrera Fiscal. El listado, que recoge desde la antigüedad hasta la situación en la que se encuentran los casi 3.000 fiscales, debería difundirse anualmente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Así lo marca, de hecho, el Reglamento del Ministerio Público. Sin embargo, la última vez que se hizo fue en 2021. Desde Fiscalía trasladan la responsabilidad al Ministerio de Justicia, que es quien tiene, explican, la "competencia". infoLibre se ha puesto en contacto con este último departamento para conocer los motivos de esta falta de publicación, sin que por el momento se haya obtenido respuesta.

La obligación de difundir el escalafón no es nueva. Ya figuraba en el Reglamento Orgánico del Estatuto del Ministerio Fiscal de 1969. Aquel texto establecía en su artículo 57 el deber de publicar la información en el diario oficial. Ahora bien, lo hacía sin fijar una periodicidad concreta –solo hablaba de un amplio "periódicamente"–. Algo que, sin embargo, cambió con el nuevo Reglamento del Ministerio Fiscal, que en 2022 enterró definitivamente aquella norma preconstitucional. El nuevo texto deja claro en su último artículo que la publicación del escalafón debe hacerse "al inicio de cada año judicial". Es decir, anualmente.

Pero no se ha hecho. La última vez que el listado fue difundido en el BOE fue en 2021, tal y como confirman desde Fiscalía. Y el mismo estaba repleto de fallos. De ahí que se dejara sin efecto la lista diez días después de la publicación. Aquella fue, de hecho, la primera vez en democracia que la relación de fiscales apareció íntegra en el diario oficial. Hasta ese momento, lo que se había hecho –de nuevo, pese a lo que marcaba la norma– era anunciar vía BOE su aprobación e indicar en qué número del Boletín de Información del Ministerio de Justicia se podía consultar.

Cuatro años se lleva incumpliendo, por tanto, la obligación de dar publicidad a través del diario oficial al escalafón de la Carrera Fiscal, que recoge, con nombres y apellidos, a todos los fiscales, relacionados por orden de antigüedad en cada categoría. En el listado se pueden ver, por ejemplo, el número de orden que ocupa cada representante del Ministerio Público, su fecha de nacimiento, el tiempo de "servicios efectivos" en su categoría y en el cuerpo, el cargo o la situación en la que se encuentra –si están en activo, en excedencia o en servicios especiales–.

Desde Fiscalía ponen el foco sobre el Ministerio de Justicia. A preguntas de este diario, señalan que la competencia para la publicación es del departamento que ahora dirige Félix Bolaños y que antes lideró Pilar Llop. Se apoyan en la Orden PJC/1062/2024. En concreto, en su punto 3.3 a), donde se recoge que la "persona titular" de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia –ahora llamada Dirección General para la Eficiencia del Servicio Público de Justicia– tiene delegadas las competencias "atribuidas a la persona titular del departamento por las disposiciones en vigor en relación con los miembros de la Carrera del Ministerio Fiscal".

El Ministerio Público, no obstante, asegura que los fiscales sí que tienen acceso a esa información "a nivel interno" a través de AINO@, el sistema de gestión de personal, nómina, gestión presupuestaria y procesos selectivos de los empleados públicos al servicio de la Administración de Justicia. "Con lo cual, todos pueden consultar su número de escalafón sin problemas y actualizado", completan desde Fiscalía. Este diario se ha puesto en contacto en las últimas horas con Justicia para intentar conocer lo motivos por los cuáles no se está publicando el escalafón en el boletín oficial. A cierre de esta edición no se ha obtenido respuesta.

La falta de difusión de esta información contrasta con la de la Carrera Judicial. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debe aprobar "cada tres años, como máximo, y por períodos menores cuando fuere necesario" el escalafón de los jueces y magistrados. Una lista que, de nuevo, tiene que ser publicada en el BOE. Así se hizo en 2013, 2016 o 2018. Un carácter bianual o trianual que cambió, precisamente, en 2021. Desde entonces, se ha difundido año tras año: 2022, 2023, 2024 y 2025. En este caso, la publicación parte directamente del órgano de gobierno de los jueces.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se desclasifica "cualesquiera asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos relativos al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981", según informa EFE.

En el texto del acuerdo, adoptado el martes en el Consejo de Ministros, se recuerda que se han cumplido 45 años del intento de golpe de Estado con el que se pretendió desestabilizar el régimen inaugurado con la Constitución Española de 1978. "El 23 de febrero de 1981 constituye uno de los episodios más significativos en la historia reciente de España, pues puso a prueba la solidez de las instituciones democráticas en una etapa aún temprana de consolidación constitucional", señala. 

Añade que la intentona golpista "evidenció la fragilidad del proceso democrático recién iniciado, pero también permitió comprobar la firmeza del Estado de Derecho, la actuación serena y responsable de los poderes públicos y la respuesta de una ciudadanía comprometida con la libertad".

El Gobierno considera que "la estabilidad democrática requiere de un constante compromiso cívico y que solo una ciudadanía consciente de su historia está en condiciones de preservar sus instituciones", por lo que estima que "comprender las lecciones del 23-F contribuye a la protección de nuestra sociedad frente a la repetición de errores del pasado y refuerza la calidad de nuestro sistema democrático". Subraya que los años pasados desde el intento de golpe de Estado, cuyos autores fueron definitivamente condenados por un delito de rebelión militar en 1983, permiten que la información se desclasifique sin generar "ningún riesgo real y presente".

Para el Ejecutivo, la desclasificación de la documentación relativa al 23-F no solo supone un ejercicio de transparencia institucional propio de una democracia madura, sino que permitirá abordar el estudio de la historia de España con mayor rigor, profundidad y precisión.

Además, destaca, responde a una demanda reiterada en el ámbito parlamentario, donde diversos grupos han presentado en diferentes legislaturas proposiciones no de ley reclamando avances en esta materia apelando, entre otras cuestiones, a la necesidad de mayor transparencia frente a una percepción de opacidad o al derecho de investigadores y especialistas a un acceso adecuado a las fuentes.

En su virtud de estos argumentos, el Consejo de Ministros aprobó este martes la desclasificación del material relacionado con el 23-F, a propuesta de los ministros de Asuntos Exteriores, Presidencia, Defensa e Interior. Son 153 "unidades documentales", según la terminología utilizada por el Ejecutivo, y el objetivo es que puedan ser consultados libremente en la web de la Moncloa a partir del mediodía, aunque no se ha precisado la hora.

El Congreso ha aprobado por unanimidad la convalidación del real decreto para desarrollar las medidas de la ley ELA con el que las personas en fase avanzada de esta enfermedad tendrán derecho a una prestación de hasta 10.000 euros al mes, gracias al apoyo de todos los grupos parlamentarios.

La iniciativa ha salido adelante con 346 votos a favor y ninguno en contra.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha sido el encargado de defender esta iniciativa ante los parlamentarios y de pedirles su voto a favor, ya que, según ha dicho, "en lo esencial" están de acuerdo y es que las personas con ELA u otras enfermedades irreversibles "por fin van a contar con una protección y un acompañamiento por parte de los poderes públicos".

Este real decreto ley crea un nuevo grado de dependencia extrema o Grado III+ para dar protección específica a personas con enfermedades neurológicas con cuidados de alta complejidad y garantizarles atención personalizada 24 horas y refuerza el sistema de dependencia con 500 millones de euros para garantizar la atención "intensiva y personalizada" de las personas con esclerosis lateral amiotrófica en fase avanzada.

Bustinduy ha agradecido el apoyo de los grupos de la Cámara, "más allá de alguna excepción esperable", por demostrar que "propiciar estos acuerdos y empujarlos no invalida ninguna estrategia política, no supone una concesión ni una derrota y no es algo que ningún electorado vaya a ver negativamente".

"La política social tiene esa capacidad de suspender el enfrentamiento gratuito e improductivo para poder convertirse en acuerdos, en consensos, en avances para mejorar el conjunto de nuestros servicios públicos", ha apostillado.

El ministro ha valorado el trabajo que se está haciendo con las comunidades para que el despliegue, desarrollo y aterrizaje de esta ley se haga "con la mayor celeridad, fiabilidad y coherencia posible" y sin infringir ninguna de las competencias autonómicas.

Todos los grupos parlamentarios han votado a favor de la convalidación del decreto, aunque han sido muy críticos con el hecho de que la financiación para implementar esta ley llega muy tarde, ya que ha pasado un año desde la aprobación de la norma.

"12 meses y 20 días desde la publicación en el BOE de la ley ELA, que entraba en vigor al día siguiente, y no han hecho nada en este año", ha lamentado la diputada del PP Elvira Velasco, quien cree que "no hay excusa alguna" sino falta de voluntad política para disponer antes de una dotación presupuestaria para financiarla.

El diputado de ERC Jordi Salvador ha aprovechado para recordar a la Cámara que "hay muchas otras elas que por cuestiones electoralistas no se están solucionando", y ha instado "a la humanidad de los diputados y diputadas" para que avancen con temas cruciales como el de la vivienda o el ingreso mínimo vital.

"Este día se ha hecho esperar demasiado, llega más de 1.100 muertes tarde, 1.100 familias afectadas por la ELA que no han visto los beneficios de su ley por dejadez del Gobierno español", ha criticado Pilar Clavo, de Junts, que ha reclamado al Ejecutivo que active de forma urgente e inmediata las ayudas.

Desde el PNV, Maribel Vaquero ha dicho ser consciente de las dificultades de implementar esta norma, si bien ha subrayado que "las personas afectadas no pueden esperar más", en tanto que Marije Fullaondo (EH Bildu) ha remarcado que "cualquier demora en la asignación de recursos implicaría el pago de un precio demasiado alto".

La diputada de Vox Rocío de Meer ha considerado que "la bancada azul tiene que pedir perdón" porque lleva años "dejando tiradas" a las personas con ELA, ya que hace dos años vetaron la ley que presentó su grupo.

También han apoyado el decreto UPN, Coalición Canaria, BNG y Podemos porque era "necesario e imprescindible", aunque algunos han advertido de que la financiación puede ser insuficiente.

La llamada ley ELA fue aprobada el 10 de octubre de 2024, con un apoyo de 344 votos, y entró en vigor el 1 de noviembre de ese año. Sin embargo, hasta este miércoles la ley se ha encontrado en un estado de bloqueo.

Como señaló El País, uno de los motivos de esta paralización es la escasez de datos fiables sobre el número total de enfermos en España, que, según los ministerios de Sanidad y Derechos Sociales, oscila entre 1.400 a 4.000 pacientes.

Estas carteras ministeriales también han apuntado que otra problemática es la falta de estructura de las asociaciones de afectados, que serían las encargadas de gestionar las subvenciones.

Al tratarse de una enfermedad que necesita una respuesta rápida, Sanidad ha elaborado un plan de choque coyuntural dotado con 10 millones de euros para solucionar las urgencias de las familias que accedan a las ayudas. Las autonomías se ocuparán de administrar estas ayudas.

En marzo de 2022 se admitió a trámite el primer texto, planteado por Ciudadanos, como proposición de Ley. Sin embargo, la convocatoria de elecciones generales en 2023 paralizó su tramitación. En esta legislatura, se han admitido a trámite tres proposiciones de ley para el cuidado de los enfermos de ELA: una del PSOE y Sumar, otra del PP y otra de Junts. Una cuarta proposición, la de Vox, fue rechazada.

Cuestiones como la de si las ayudas deben extenderse a otros pacientes de enfermedades neurodegenerativas han ido alargando el proceso. Finalmente, en 2024 se consiguió aprobar un texto conjunto y, ahora, la convalidación del real decreto para desarrollar las medidas.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha impuesto una multa de 5 millones de euros a Twitter International Unlimited Company por incumplir la legislación sobre la publicidad de los chiringuitos financieros, según informa EFE.

Según publica este jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE), la CNMV ha decidido imponer a Twitter dicha multa por cometer una infracción continuada muy grave "por incumplir" sus deberes de asistencia con la citada Comisión, en relación con los anuncios publicados por entidades no autorizadas y/o advertidas a través de su plataforma X.

Dichos deberes, añade la resolución publicada en el BOE, consisten en comprobar si Quantum AI estaba autorizada a prestar servicios de inversión y si la entidad no estaba incluida en la relación de entidades advertidas por la CNMV o por organismos supervisores extranjeros. 

En diciembre de 2024, la CNMV ya decidió incoar un expediente sancionador a Twitter al permitir la difusión de publicidad, en su plataforma X, de Quantum AI, sin comprobar si la entidad era un chiringuito financiero.

En aquel momento, la CNMV denunció que en un contexto de creciente impacto del fraude financiero, hay que "destacar la relevancia mediática que, coincidiendo con la publicación de los anuncios de Quantum en la plataforma X objeto del expediente, ha venido teniendo en la opinión pública la existencia de una presunta estafa por parte de entidades no autorizadas y advertidas por la Comisión que se articularía a través de la citada plataforma X y que implicaría el uso indebido por dichas entidades de la imagen de personajes públicos en España".

En concreto, "mediante la publicación de tuits simulando una noticia donde uno de estos personajes revela haber obtenido altas rentabilidades utilizando una aplicación creada por una de estas entidades", concluía.

La CNMV ha señalado varias veces a empresas y redes sociales que colaboran con la Comisión en poner límites a publicidad de los "chiringuitos financieros" como Google y Meta, y ha denunciado a otras como X y TikTok por no hacerlo.

El Boletín Oficial del Estado recoge este martes el inicio del procedimiento para declarar el Pazo de Meirás (Sada, A Coruña) como Lugar de Memoria Democrática, según informa EFE.

Los Lugares de Memoria Democrática son una figura recogida en la Ley de Memoria Democrática de 2022 y que promueve la publicidad y conocimiento de los mismos, con el objetivo de conformar una relación de espacios, inmuebles o parajes en los que se han desarrollado hechos de singular relevancia para la memoria democrática.

El BOE publica este martes el acuerdo del 19 de agosto, en coincidencia con la visita del secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, al Pazo de Meirás, y de la comisionada para la celebración de 50 años en Libertad, Carmina Gustrán.

A través de un comunicado, el Gobierno avanza que el miércoles se hará la misma publicación relativa al archipiélago formado por las Illas de San Simón y San Antón (Redondela, Pontevedra), que serán visitadas esa misma jornada.

El procedimiento, que tiene una duración máxima de doce meses, empieza con la propuesta de medidas de protección genéricas y medidas de difusión e interpretación, que implican el impulso de "recursos audiovisuales y digitales explicativos" junto con la promoción de "la instalación de placas, paneles o distintivo memorial interpretativo, así como se señalización de punto de reconocimiento de las víctimas".

El Pazo de Meirás, construido a finales del siglo XIX, fue el lugar de trabajo de la escritora Emilia Pardo Bazán y, en 1938, entregada al dictador Francisco Franco para sus vacaciones estivales, tras una recaudación forzosa de fondos y expropiación de terrenos impulsada entonces por una junta de afines al bando sublevado.

A partir de ahí, fue la residencia oficial de verano del dictador y, posteriormente, pasó a su familia hasta que la Justicia determinó en 2020 que el proceso de venta había sido fraudulento y que la propiedad era del Estado, debido a su prolongado uso público.

Las Illas de San Simón y San Antón, por su parte, fueron diseñadas como un lazareto -están repletadas de árboles medicinales plantados de forma específica y ese fue su uso más prolongado- y fueron utilizadas como campo de concentración franquista tras el estallido de la Guerra Civil y hasta principios de la década de 1940.

A partir de octubre de 1936, la Illa de San Simón se convirtió en una colonia penitenciaria en la que los sublevados recluyeron a presos republicanos llegados en un primer momento de la provincia de Pontevedra y de toda Galicia, y, posteriormente, de otros lugares de la geografía española, especialmente desde Asturias.

El penal, donde se amontonaban los presos, estuvo abierto entre octubre de 1936 y el 15 de marzo de 1943. Por allí pasaron más de 5.600 personas recluidas. A finales de enero de 1943, apenas dos meses antes de que fuera clausurado, ingresó el recluso que hacía el número 5.616, aunque en ningún momento llegaron a coincidir al mismo tiempo más de 2.000 prisioneros.

Desde febrero de 1939, y hasta que el penal fue desmantelado a principios de 1943, se vivió la etapa más funesta de este espacio, con la llegada masiva de presos de edades muy avanzadas procedentes de toda la geografía española. Entre sus muros se tienen contabilizadas más de 517 muertes, además de las que se produjeron por ‘paseos’ y fusilamientos, según un comunicado del Ministerio de Memoria Democrática.

Sobre la declaración del Pazo de Meirás, 25 colectivos memorialistas gallegos denunciaron este lunes su exclusión del proceso por parte del Gobierno -pues el expediente se incoa de oficio al dejar caducar en junio la petición de estas entidades- y el blanqueamiento del expolio de los Franco.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles el decreto que fija la capacidad ordinaria de acogida de las comunidades, el último paso para poner en marcha la reubicación de los menores migrantes no acompañados llegados a Canarias, Ceuta y Melilla entre las autonomías, según recoge EFE.

El decreto entrará en vigor este jueves y permitirá que eche a andar la solidaridad obligatoria que exigió Canarias y por la que en el plazo de un año se derivarán a unos 3.000 jóvenes procedentes de las zonas más tensionadas a otras regiones, para lo que ya se reformó la ley de extranjería, con el PP en contra.

Además, los menores extranjeros que lleguen a partir de septiembre a zonas tensionadas serán derivados a otros territorios en un plazo de 15 días.

Este último decreto fija la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad, es decir, el número de plazas que debería tener para cumplir el ratio fijado, que este año se sitúa en 32,6 menores por cada 100.000 habitantes, y que se aprobará anualmente.

Este ratio se calcula dividiendo la población total de cada comunidad y ciudad autónoma a 31 de diciembre, por el cociente resultante de dividir la población total de España entre el número máximo de personas menores de edad extranjeras no acompañadas atendidas por el conjunto del sistema de protección español.

Según la fórmula aprobada, Andalucía, con 2.827 plazas; Cataluña, con 2.650; y Madrid, con 2.325, son las comunidades que deben tener mayor capacidad ordinaria, por delante de la Comunidad Valenciana (1.767); Galicia (886), Castilla y León (783), Canarias (737) y País Vasco (731). A continuación, Castilla-La Mancha (692); Murcia (517); Aragón (441); Baleares (406); Extremadura (344); Asturias (331); Navarra (223); Cantabria (194); y La Rioja (107), además de Melilla y Ceuta, con 28 y 27 plazas, respectivamente.

El siguiente escenario es que las comunidades autónomas que tengan una ocupación que triplique su capacidad ordinaria, como Canarias o Ceuta, pidan la situación de contingencia migratoria, que declarará el Gobierno, para que los menores en su territorio sean trasladados a otras comunidades.

El destino de los menores serán comunidades con menos saturación. Los traslados se distribuirán teniendo en cuenta otros parámetros como la renta, la tasa de paro, la dispersión, el esfuerzo previo, la insularidad o la situación fronteriza.

Con datos de máximos hechos públicos en julio, el Gobierno calculaba que Andalucía (677 jóvenes), Madrid (647) y Comunidad Valenciana (571) son las comunidades que más menores deben recibir. En la lista seguían Castilla-La Mancha (320), Galicia (317), Aragón (251), La Rioja (205), Castilla y León (197), Extremadura (159), Cantabria (156) Asturias (144) Región de Murcia (133) Navarra (188) e Islas Baleares (49).

Por el esfuerzo de acogida realizado hasta la fecha, ni País Vasco ni Cataluña tendrían que acoger a ningún joven, aunque Cataluña anunció su intención de atender como mínimo a 31.

Este mecanismo nace con la oposición política y en los tribunales de diez comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y de Castilla-La Mancha, gestionada por el PSOE, que han recurrido ante el Tribunal Constitucional.

Además, comunidades como Madrid, Baleares y Castilla y León han recurrido o anunciado recursos contra los dos últimos decretos aprobados por el Gobierno y algunos, como Baleares o la Comunidad Valenciana, pedirán la suspensión cautelar del reparto. Mientras esté en funcionamiento, todas las comunidades están obligadas por ley a atender a estos niños, niñas y adolescentes.

El 20 de noviembre de 1975 fallecía el ferrolano Francisco Franco Bahamonde a los 82 años. Se cumplen ahora 50 años de su muerte, pero durante sus casi 40 años de dictadura tomó decisiones que siguen marcando la Galicia actual. En agosto repasamos algunas de ellas, publicadas en el BOE entre 1936 y 1975, como la de construir una autopista de peaje entre las principales ciudades gallegas, otorgar una concesión de terrenos públicos en la ría de Pontevedra para construir una fábrica de celulosa o autorizar decenas de embalses con dudosas o nulas garantías ambientales para la población afectada.

Un ejemplo paradigmático de cómo el franquismo fue construyendo pantanos por toda la geografía española fue el de Belesar, en el río Miño, anunciado en su momento como el mayor embalse del Estado y que hoy sigue siendo el mayor de Galicia por volumen de agua embalsada. Sus derechos fueron otorgados por la dictadura, junto con los del embalse de Os Peares, río abajo, a Fuerzas Eléctricas del Noroeste (Fenosa), empresa de Pedro Barrié de la Maza, amigo del dictador, en julio de 1948. Y el propio Franco declaró, en el BOE del 16 de diciembre de aquel año, la urgente ejecución de las obras.

Sin embargo, una década después aún se estaban expropiando los terrenos necesarios, con un procedimiento que la vecindad afectada vivió como un expolio. Decenas de vecinos fueron expulsados sin apenas compensaciones de una franja de 50 kilómetros de longitud de buenas tierras de cultivo a ambos márgenes del Miño, que fueron valoradas como si fuesen terrenos de secano. Una expulsión con efectos todavía presentes en la memoria colectiva, relatada hace una década en el documental Asolagados.

Junto con las personas y las tierras, bajo las aguas de Belesar quedaron también bienes patrimoniales, como el Castro Candaz, en Chantada, que aún sigue asomando cuando Naturgy, heredera de Fenosa, así lo permite.

El embalse sería finalmente inaugurado por Franco en 1963, en plena campaña de inauguración de pantanos similares por todo el Estado. Unos años antes, en 1960, había inaugurado el del río Eume, concesión otorgada en 1953 en uno de los bosques atlánticos de ribera mejor conservados, las Fragas do Eume, que en aquel momento quedó amputado. Un embalse, el del Eume, que más de seis décadas después sigue evidenciando los procedimientos del régimen dictatorial.

La reciente sanción de dos millones de euros a Endesa, su concesionaria, por la turbidez que generó en el río en 2020 para “optimizar el rendimiento” de su central eléctrica reveló que el embalse debía contar desde 1967 con unas Normas de Explotación que regulasen su funcionamiento. Sin embargo, la empresa no las presentó hasta 2006 y aún siguen sin aprobarse.

Frente a Belesar o el Eume, otros lugares sí lograron salvarse de los planes franquistas. Pero pasarían años hasta que la legalidad franquista fuese superada.

En el río Navia, donde ya hay tres embalses, aún se pretendía construir un cuarto, aguas arriba, en Navia de Suarna. Formulado en 1951 con 75 metros de altura, fue elevado en 1956 a 130 metros con la denominación Gran Suarna, y en 1975 aún sería ampliado a 150 metros. Las obras llegaron a comenzar en diciembre de 1964, pero la oposición vecinal logró paralizarlas. Sin embargo, el proyecto intentaría reactivarse varias veces ya durante la democracia, hasta que en 2012 una última propuesta de 96 metros de altura que afectaría a especies protegidas como el oso pardo fue finalmente desestimada por el Ministerio de Medio Ambiente.

Hasta 2018 habría que esperar para poner fin a otro derecho otorgado por la dictadura para construir otro embalse, en el río Lor, que anegaría buena parte del Courel. La concesión, a Saltos del Sil, fue otorgada el 26 de diciembre de 1960 y publicada en el BOE un mes más tarde. Esa misma empresa había construido ya aguas abajo, en el río Sil, el embalse de San Esteban, considerado entonces el de mayor potencia eléctrica de Europa e inaugurado por Franco en 1956.

En el río Lor, la empresa comenzó a ejecutar algunos caminos de acceso, pero nuevos análisis del terreno llevaron a sus ingenieros a considerar que la dificultad de ejecución del embalse era demasiado elevada y el proyecto quedó parado de forma indefinida. Con el tiempo, Saltos del Sil fue adquirida por Iberduero, hoy Iberdrola, que siguió ostentando los derechos de concesión hasta que estos acabaron siendo extinguidos en 2018 “por incumplimiento de los plazos previstos en la concesión”.

También en el tramo final del Miño, entre la localidad gallega de Arbo y la portuguesa de Melgaço, contemplaba el franquismo un embalse más, el denominado Salto de Sela. El proyecto técnico fue presentado por Fenosa en 1974 y cuatro años después, el 22 de diciembre de 1978, apenas una semana antes de que entrase en vigor la Constitución, la Dirección General de Obras Hidráulicas del Gobierno de España firmaba la concesión por 75 años. Una concesión que no sería extinguida hasta septiembre de 2021. Otra demostración del poder persistente que tiene un BOE aunque sea preconstitucional.

El 20 de noviembre de 1975 fallecía el ferrolano Francisco Franco Bahamonde a los 82 años. Se cumplen ahora 50 años de su muerte, pero durante sus casi 40 años de dictadura tomó decisiones que siguen marcando la Galicia actual. En agosto repasamos algunas de ellas, como la de construir una autopista de peaje entre las principales ciudades gallegas, adjudicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 18 de agosto de 1973. O la de entregar terrenos públicos en la ría de Pontevedra, ganados al mar, para construir una fábrica de celulosa, concesión publicada en el BOE del 30 de junio de 1958.

La decisión de instalar una fábrica de celulosa en Pontevedra que aprovechase el agua del Lérez y promovida por el Instituto Nacional de Industria (INI) había sido tomada unos años antes, pero fue el BOE del 30 de junio de 1958 el que estableció las condiciones para la ocupación de los terrenos en zona marítimo-terrestre. Lo hizo mediante una resolución que ya recogía alegaciones contrarias al proyecto, entre ellas la de la Comandancia de Marina, que advertía de que la instalación de la fábrica en ese lugar “produciría un grandísimo perjuicio a toda la zona marisquera de la ría de Pontevedra y que debería señalarse un emplazamiento más hacia fuera de la ría, en mar abierto, donde sus efectos no fuesen tan perjudiciales para uno de los medios de vida más importantes de la gente humilde de la región”.

Sin embargo, el INI replicó que “la utilización del Lérez, aunque presenta los inconvenientes derivados de las características de las aguas residuales que pudieran ser incompatibles con la riqueza marisquera, es económicamente viable, por ser estos de escasa importancia en relación con la aportación económica y social representada por la fábrica y por las industrias que puedan establecerse a su sombra, sobre todo teniendo en cuenta que es muy escasa la riqueza ostrícola de la ría de Pontevedra y que el cultivo de mejillón está en gran proporción montado a flote, lo que permitirá, en su caso, mover las embarcaciones”. La decisión del régimen era inamovible y Franco en persona acabó inaugurando la fábrica en 1963.

Aquella autorización de 1958 para la ocupación del terreno decía expresamente que se otorgaba “sin plazo limitado”, en una época sin legislación clara sobre el litoral. Sería la democracia y la Ley de Costas de 1988 las que regularían la premisa constitucional de que el litoral es público y establecerían límites a las concesiones en esas zonas, tanto a las ya otorgadas como a las futuras. Así, la concesión de Ence quedó limitada a otros 30 años, hasta 2018.

Pero entretanto, sucesivos gobiernos del PP modificaron las condiciones. En 2001, el Gobierno de Aznar privatizó Ence, como también haría poco después con Audasa. Y en 2013, cuando se acercaban las caducidades de numerosas concesiones fijadas por la Ley de Costas de 1988, el Gobierno de Mariano Rajoy reformó dicha norma para permitir prórrogas de las mismas. Ese mismo año, Ence se amparó en la reforma legal para solicitar su prórroga, que le fue concedida en 2016 por 60 años a partir de la solicitud de 2013, es decir, hasta 2073.

El proceso judicial iniciado entonces tuvo un primer pronunciamiento en 2021 por parte de la Audiencia Nacional, que consideró nula la prórroga porque el Gobierno de España no había justificado que la fábrica tuviese que estar en ese lugar, como exige la Ley de Costas para permitir ocupaciones del litoral. Pero dos años después, en 2023, el Tribunal Supremo revocó aquella sentencia previa y avaló la prórroga de la concesión considerando que así lo permitía la “confusa” reforma de la Ley de Costas de Rajoy en 2013. Esa prórroga, dijo el Supremo, solo estaba condicionada a un informe favorable en materia ambiental emitido por la Xunta de Feijóo en 2015.

Pero esa sentencia del Supremo fue recurrida por el Ayuntamiento de Pontevedra ante el Tribunal Constitucional, que el pasado mayo admitió a trámite la cuestión. Y apenas unos días después de conocerse la decisión del Supremo, la Comisión Europea abría una investigación a España por impedir la competencia en las concesiones litorales a “por ejemplo, empresas papeleras”.

Así que aún está lejos de terminar la batalla jurídica sobre la vigencia de una concesión cuyo origen y derechos primigenios hay que buscarlos en la decisión de la dictadura de ceder terrenos estatales para la construcción de la fábrica. Mientras tanto, la propia Ence admite, en sus informes anuales, que “según los términos de otorgamiento de la concesión administrativa, a su vencimiento, las instalaciones construidas sobre el terreno revertirán al Estado o bien este requerirá su desmantelamiento”.

La ley ELA será este viernes una realidad para las más de 3.000 personas que tienen esta enfermedad, una normativa con la que se agilizará la evaluación de su dependencia, se les garantizará cuidados las 24 horas cuando entren en la fase avanzada y se protegerá a sus cuidadores. La norma se publica este jueves en el BOE, después de recibir el espaldarazo definitivo del Senado, que avaló por unanimidad y sin enmendar el mismo texto que recibió días antes del Congreso.

Entre los nuevos derechos, incluye las prestaciones a otras enfermedades irreversibles de alta complejidad, neurodegenerativas o no, que deberán ser concretadas por el Gobierno en el reglamento que debe elaborar en el plazo máximo de un año.

Los beneficiarios deberán cumplir unos determinados criterios, entre ellos no haber tenido una respuesta significativa al tratamiento o no disponer de alternativas terapéuticas y que precisen coordinación de cuidados sanitarios y sociales.

Esta ley supondrá agilizar el reconocimiento de su discapacidad y dependencia y la creación de un procedimiento de urgencia para la revisión de casos con un plazo máximo de tres meses.

Los que estén en estados avanzados de la enfermedad dispondrán de una asistencia continuada durante 24 horas y aquellos que dependan de dispositivos eléctricos tendrán garantizado el suministro y contarán con bonificaciones de las tarifas y la instalación de sistemas alternativos cuando se produzcan cortes de energía.

También dedica un hueco a sus cuidadores, de manera que recoge la capacitación específica de los que han dejado su empleo para dedicarse al dependiente, que podrán mantener la base de cotización de su anterior trabajo sin que afecte a su pensión futura. Además, la futura ley crea un Registro Estatal de Enfermedades Neurodegenerativas, con datos sobre su prevalencia.

Una vez en vigor, serán las comunidades autónomas las que, en ejercicio de sus competencias, tendrán que desarrollar los aspectos sociales y sanitarios para su correcta aplicación.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes 2 de septiembre la jubilación del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que estuvo a cargo de estudiar cómo afecta la amnistía a los investigados de Tsunami Democràtic hasta que archivó la causa, después de que el magistrado solicitara al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) adelantar a este día desde el 16 de octubre, cuando cumple 72 años, según informa Europa Press.

En concreto, el BOE ha publicado el acuerdo del pasado 20 de junio de la Comisión Permanente del CGPJ por el que se declara "la jubilación forzosa por edad" del magistrado Manuel García Castellón, hasta este mismo domingo titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. El decreto está firmado por el presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte.

El CGPJ aprobó el pasado mes de junio la petición del juez de la Audiencia Nacional de adelantar su jubilación del 16 de octubre —cuando cumple 72 años— al 2 de septiembre. Desde el Central de Instrucción Seis, García Castellón ha sido el encargado de dirigir las investigaciones de casos como el de Tsunami Democràtic, Púnica, Lezo o el denominado caso Villarejo.

El pasado 9 de julio decidió archivar la causa de Tsunami Democràtic tras conocer el auto de la Sala de lo Penal que invalida todas las diligencias acordadas por el instructor en los últimos tres años porque el juzgado prorrogó la investigación el 30 de julio de 2021, 24 horas fuera de plazo.

En el auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acordó también remitir testimonio de su resolución, así como la de la Sala de lo Penal, a la Sala Segunda del Tribunal Supremo "para su unión y demás efectos que procedan en su procedimiento de causa especial".

Cabe recordar que, después de que el juez remitiera en 2023 exposición razonada al alto tribunal, este acordó investigar por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont y al diputado del Parlament Ruben Wagensberg.

El Boletín Oficial de las Cortes Generales publica este jueves, en su sección del Congreso de los Diputados, la ley de amnistía aprobada hace una semana por mayoría absoluta en la Cámara Baja. Este es el paso previo para que el rey Felipe VI sancione la norma y aparezca en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según ha recogido Europa Press.

Con fecha 3 de junio, el secretario general del Congreso, Fernando Galindo Elola-Ola, ha publicado la Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, tras lograr el pasado jueves 30 de mayo el apoyo de 177 diputados frente a 172 en contra, levantando así el veto del Senado y dando luz verde definitiva a su aprobación tras varios meses de tramitación y negociaciones entre el Ejecutivo y las formaciones independentistas.

Conforme a la legislación, toda norma que aprueba el Parlamento se envía a Relaciones con las Cortes y al Ministerio de Presidencia, que se encarga de gestionar la firma del jefe del Estado, y después va al BOE para su publicación. La anterior ley que aprobó el Congreso, la de enseñanzas artísticas, salió de la Cámara el jueves 23 de mayo y aún no se ha publicado.

Su publicación en el BOE marcará la entrada en vigor de la ley y, desde ahí, los jueces y tribunales tendrán dos meses para aplicarla. Eso sí, ese plazo se detendrá si se eleva una cuestión a la justicia europea. El BOE también abrirá el plazo de presentación de recursos de inconstitucionalidad y al menos el PP ya tiene anunciado que la impugnará.

El Gobierno ya ha asegurado que la ley de amnistía será publicada en el boletín oficial "como cualquier otra" y "cuando se concluya" con los diferentes pasos de su tramitación. "Ni un día antes, ni un día después", explicó el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del martes.

La próxima Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) deberá finalizar antes del 14 de junio de 2024 y los resultados provisionales serán publicados antes del 28 de junio. Los alumnos que deseen mejorar su nota de admisión podrán examinarse de, al menos, otras dos materias que podrán ser bien dos materias de modalidad de Segundo curso de Bachillerato, bien una materia de modalidad y la materia común que no hubieran escogido previamente al optar entre Historia de España e Historia de la Filosofía, siempre y cuando se desee optar por una universidad que hubiera previsto tener en cuenta la calificación de estas dos últimas materias en sus procesos de admisión, según ha informado Europa Press.

Así lo refleja la orden por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la EBAU y las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2023-2024, publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y recogida por Europa Press. En cuanto a las pruebas correspondientes a la convocatoria extraordinaria, deberán finalizar antes del 12 de julio en el caso de que la administración educativa correspondiente determine celebrar la convocatoria extraordinaria en el mes de julio y los resultados provisionales deberán ser publicados antes del 19 de julio.

En el caso de que la administración competente determine celebrar la convocatoria extraordinaria en el mes de septiembre, las pruebas deberán finalizar antes del 13 de septiembre y los resultados provisionales deberán ser publicados antes del 19 de septiembre.

Respecto a que los alumnos puedan subir nota con Historia de España o Filosofía, Cataluña, Galicia, Andalucía y Valencia se negaron a establecer esta medida propuesta por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, algo que este Departamento considera que es un "agravio comparativo" porque el alumnado tiene derecho a examinarse de ambas materias y que, de no ser así, se establecería un agravio comparativo entre comunidades autónomas y universidades.

La orden publicada este viernes en el BOE establece que cada una de las pruebas contendrá preguntas abiertas y semiabiertas que requerirán del alumnado capacidad de pensamiento crítico, reflexión y madurez. Además de estos tipos de preguntas, se podrán utilizar también preguntas de opción múltiple, siempre que en cada una de las pruebas la puntuación asignada al total de preguntas abiertas y semiabiertas alcance como mínimo el 50 por ciento.

Las preguntas de opción múltiple son aquellas con una sola respuesta correcta inequívoca y que no exigen construcción por parte del alumnado, ya que este se limitará a elegir una entre las opciones propuestas; las semiabiertas son preguntas con respuesta correcta inequívoca y que exigen construcción por parte del alumnado, que será breve como, por ejemplo, un número que da respuesta a un problema matemático, o una palabra que complete una frase o dé respuesta a una cuestión, siempre que no se facilite un listado de posibles respuestas; y las abiertas son preguntas que exigen construcción por parte del alumnado y que no tienen una sola respuesta correcta inequívoca.

El alumnado se examinará de Lengua Castellana y Literatura II; Lengua Extranjera II; la materia específica obligatoria de la modalidad escogida para la prueba; y, si la hubiera, Lengua Cooficial y Literatura II. Además, deberá examinarse de Historia de España o Historia de la Filosofía, a su elección.

Para la modalidad de Artes, la materia específica obligatoria será, en la vía de Artes Plásticas, Imagen y Diseño, la asignatura de Dibujo Artístico II; y, en la vía de Música y Artes Escénicas, la asignatura de Análisis Musical II o Artes Escénicas II, a elección del alumnado.

En la modalidad de Ciencias y Tecnología, lo alumnos elegirán entre Matemáticas II o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II; en la modalidad general se examinarán de Ciencias Generales; y en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales de Latín II o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II.

La orden fija que cada una de las pruebas de la EBAU tendrá una duración de 90 minutos y establece un descanso entre pruebas consecutivas de, como mínimo, 30 minutos, aunque no se computará como periodo de descanso el utilizado para ampliar el tiempo de realización de las pruebas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo a los que se les haya prescrito dicha medida. La prueba de acceso a la universidad tendrá, preferentemente, una duración de un máximo de cuatro días. En aquellas comunidades autónomas con lengua cooficial tendrá un máximo de cinco días.

La calificación de la EBAU será la media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las pruebas realizadas de Lengua Castellana y Literatura II; Lengua Extranjera II; la materia específica obligatoria de la modalidad escogida; la Lengua Cooficial y Literatura II, si la hubiera; y de Historia de España o de la Filosofía, expresada en una escala de 0 a 10 con tres cifras decimales y redondeada a la milésima. Esta calificación deberá ser igual o superior a cuatro puntos para que pueda ser tenida en cuenta en el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.

La calificación para el acceso a la universidad se calculará ponderando un 40 por ciento esta calificación y un 60 por ciento la nota media normalizada obtenida en Bachillerato. Se entenderá que se reúnen los requisitos de acceso cuando el resultado de esta ponderación sea igual o superior a cinco puntos.

La superación de la EBAU tendrá validez indefinida. Las calificaciones obtenidas en las pruebas para mejorar la nota de admisión tendrán validez durante los dos cursos académicos siguientes a la superación de las mismas. El alumnado podrá presentarse en sucesivas convocatorias para mejorar la calificación obtenida en cualquiera de las pruebas. Se tomará en consideración la calificación obtenida en la nueva convocatoria, siempre que esta sea superior a la anterior.

El Parlamento español, como máxima expresión de la representación política ciudadana, debe caminar (y todavía le queda un largo trecho) hacia la condición de un verdadero Parlamento abierto. Las dos Cámaras que integran este Parlamento (o Cortes Generales), esto es, el Congreso de los Diputados, y el Senado, deben ponerse a la altura de lo que les demanda la sociedad y los ciudadanos en lo relativo a transparencia y rendición de cuentas.

Vamos a hacer un breve diagnóstico del nivel de transparencia actual de ambas Cámaras, con el ánimo de poner de manifiesto tanto los aspectos positivos (luces) como los aspectos negativos o asignaturas pendientes (sombras) en cuanto al nivel de apertura informativa de ambas instituciones ante la sociedad y los ciudadanos, y ello a través de la información que hacen pública en sus páginas web.

En referencia, en primer lugar, a la información que tanto el Congreso como el Senado publican sobre sus miembros y sus actividades, cabe señalar como aspectos positivos la información que publican ambos sobre sus parlamentarios, en cuanto a sus datos biográficos, agendas institucionales, regalos recibidos, retribuciones, así como las declaraciones anuales de bienes y actividades de los propios parlamentarios. También ambas Cámaras publican un inventario actualizado de bienes y derechos, incluyendo los inmuebles, vehículos oficiales, así como bienes muebles de valor histórico artístico. Publican asimismo las sesiones parlamentarias en directo en la web del Parlamento, así como los documentos complementarios de los proyectos de ley e iniciativas legislativas populares. Como luces cabe también mencionar que en ambos casos publican el Código ético o de buen gobierno que todos los parlamentarios y altos cargos han de cumplir. 

En lo que se refiere a sombras o asignaturas pendientes dentro de este ámbito de apreciación, las Cámaras no publican información detallada e individualizada de los gastos de viaje de los parlamentarios y de sus destinos o razones de dichos viajes. El Congreso de los diputados no publica además datos individualizados de la asistencia de los parlamentarios a cada una de las Sesiones plenarias ni a las distintas Comisiones parlamentarias. Por otra parte, el Senado no pública la normativa de incompatibilidades y conflictos de intereses, ni las correspondientes autorizaciones concedidas para el ejercicio de actividades públicas o privadas por los parlamentarios. Tampoco publica esta cámara los planes y programas, tanto anuales como plurianuales, y su grado de cumplimiento. Ambas Cámaras deberían publicar, además, los diversos Informes emitidos por sus Servicios Jurídicos (Secretaría General, Letrados y Técnicos), así como también los datos básicos (web, dirección electrónica, vínculos..) de los órganos de extracción parlamentaria y/o vinculados al Parlamento (Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas, etc.). 

En el terreno económico-financiero, por otra parte, hay más sombras que luces en ambas Cámaras, ya que, aunque publican de forma detallada sus respectivos Presupuestos, no publican en cambio las Cuentas anuales/Cuenta general del parlamento, ni tampoco los Informes de control previo emitidos por la Intervención, ni los Informes de Auditoría interna y/o externa sobre ambas instituciones. Deberían publicar además, y no lo hacen, información relacionada con las dietas recibidas por los distintos parlamentarios y altos cargos de ambas cámaras, así como la lista y la cuantía de las compras y suministros más importantes de estas entidades y de sus correspondientes proveedores. Debería existir, además una Oficina presupuestaria u órgano similar que publicase la información económico-financiera que se suministra a los parlamentarios. 

En el ámbito de las contrataciones que realizan ambas cámaras, cabe señalar como aspectos positivos que publican todos los contratos realizados, incluidos los contratos menores, con información detallada de sus importes y adjudicatarios. Sin embargo, no se explicita en ambas instituciones la composición, forma de designación y convocatorias de las Mesas de contratación. En lo relativo a las relaciones de estas cámaras con la ciudadanía y la sociedad, cabe indicar que ambas tienen un Portal de transparencia, con un amplio rango de contenidos, contando además con un mapa de la propia web, y un buscador interno, operativo y bien visible. Se echa en falta, sin embargo, que dichas cámaras contasen con un Buzón del ciudadano o una sección visible en la página web para la atención de preguntas, quejas o sugerencias de los ciudadanos. No estaría de más, por otra parte, que en la web de ambas cámaras se incluyese la posibilidad de que los ciudadanos se pudieran suscribir para recibir información parlamentaria online (Boletín oficial, textos/actas de las sesiones plenarias, etc), aumentando así la cercanía parlamentaria a la sociedad. 

En cuanto a luces y sombras relacionadas con el derecho de acceso a la información, ambas Cámaras tienen un espacio divulgativo del derecho de acceso a la información, así como un acceso electrónico para formular solicitudes relacionadas con el acceso a la información pública. Se echa en falta en todo caso la publicación del número y contenido de las reclamaciones o quejas presentadas por los ciudadanos, así como información estadística de las solicitudes de acceso a la información recibidas, las resueltas y las desestimadas.

A modo de resumen, aunque tanto el Congreso como el Senado han incorporado algunas mejoras en los últimos años en cuanto a transparencia, este progreso en la difusión informativa va bastante despacio, y ambas instituciones tienen todavía un largo camino por recorrer en relación con esa apertura informativa y rendición de cuentas para con la ciudadanía. Algunas de estas sombras las hemos puesto aquí de manifiesto, siempre en clave constructiva, con el deseo y la necesidad de que nuestro Parlamento pueda llegar a considerarse como un verdadero Parlamento abierto.

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Jesús Lizcano Álvarez es Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, cofundador y expresidente de Transparencia Internacional España y director de la revista Encuentros Multidisciplinares.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el Real Decreto por el que se regula el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España durante el período 1950-1985, que podrán solicitarse a partir de este jueves, según informa Europa Press.

La norma entrará en vigor dos días después de la reunión del Consejo de Ministros del martes, que acordó regular las ayudas para las 130 víctimas, reconocidas tras la evaluación de los casos por parte del Instituto de Salud Carlos III.

"Por todo ello, mediante este Real Decreto se pretende reconocer la contribución que todas las personas afectadas y sus familiares han tenido a lo largo de estos años, en especial en la regulación del medicamento en España, como ya reconocía la exposición de motivos de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento", se recoge en el BOE.

Asimismo, la medida entronca con la línea seguida por la mayoría de países del entorno español, "donde se han establecido esquemas solidarios de ayuda a las personas afectadas".

Tendrán derecho a percibir la ayuda aquellas personas que cumplan los siguientes requisitos: haber sufrido malformaciones corporales durante el proceso de gestación, compatibles con las descritas para la talidomida, cuyo origen no pueda ser explicado por otras embriopatías o alteraciones cromosómicas, durante el período 1950-1985; que la gestación se haya producido en España, y que la persona interesada figure inscrita en el Registro Estatal de Enfermedades Raras, gestionado por el Instituto de Salud Carlos III, en virtud del informe de validación positivo emitido por el Comité Científico-Técnico de la Talidomida.

La ayuda a percibir consistirá en un pago único que será el resultado de multiplicar doce mil euros por cada uno de los puntos porcentuales de discapacidad reconocida a la persona afectada, por los organismos competentes, a la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda. Los afectados contarán con tres meses para presentar la solicitud.

Tal y como se refleja en el texto, los últimos estudios médicos internacionales informan de los problemas añadidos que se producen con el envejecimiento de las personas afectadas por el fármaco, lo que provoca un agravamiento de la situación personal y, en consecuencia, una dependencia más severa.

En una dirección similar, las últimas investigaciones en España sobre la materia han propiciado que por primera vez se admita la ampliación del rango de años dentro de los cuales pueden haber sido gestadas las personas afectadas por talidomida (estableciéndose ahora en el período 1950-1985).

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este domingo el real decreto-ley por el que se adoptan y prorrogan las medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad y para la recuperación de la isla de La Palma. Anunciado por el presidente del Gobierno este sábado tras ser aprobado en Consejo de Ministros extraordinario, el texto, que entra en vigor este lunes, detalla el paquete de medidas que funcionará hasta el 31 de diciembre y tendrá un coste de 9.000 millones de euros: 5.500 millones en gasto para proteger a familias y empresas y 3.500 millones en rebajas fiscales.

Lo que se queda fuera de este real decreto-ley, tal y como anunció Sánchez, es el nuevo tributo que gravará los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas para que entre en vigor el 1 de enero de 2023 tras su tramitación parlamentaria como proyecto de ley.

Así recoge el BOE las nuevas medidas anticrisis:

El BOE detalla que se establece desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre la reducción del 50% del precio de los abonos mensuales en empresas estatales, como Renfe, y del 30% de las autonómicas y locales.

En esta rebaja, queda excluido el billete de ida y vuelta ya que solo afecta a los títulos multiviaje. Con respecto a los abonos de carácter anual que hayan sido adquiridos con anterioridad a la entrada en vigor del real decreto, la administración competente podrá decidir si habilita un sistema para permitir la devolución al usuario de la parte proporcional que corresponda al 30% del periodo de cuatro meses. No obstante, el BOE también matiza que este procedimiento no es "obligatorio".

El real decreto-ley precisa que se trata de un descuento voluntario para comunidades y ayuntamientos, puesto que son los que tienen las competencias. Las regiones y las entidades locales que tomen la decisión de poner en marcha esta rebaja podrán cobrar las ayudas, estimadas en 200 millones de euros en total. Asimismo, pueden ampliar el descuento del 30% al 50% si así lo desean, pero completando la diferencia con sus propios recursos.

El BOE también recoge que esta rebaja es compatible y acumulable con cualquier otra subvención o ayuda que pueda estarse concediendo a los usuarios del transporte con la finalidad de reducir el precio del mismo.

En el caso de la ayuda de 200 euros para personas residan en hogares con rentas inferiores a 14.000 euros, el real decreto-ley precisa que lo podrán solicitar asalariados, autónomos y desempleados, pero no pensionistas o beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital.

Con respecto al cálculo de la renta de 14.000 euros, debe corresponderse a la suma de los miembros de la unidad de convivencia, que estará compuesta por las personas que vivieran junto al solicitante a 1 de enero de 2022 con relación de parentesco o familiar, o de acogida hasta de tercer grado desde dos años antes. Además, también es requisito que el patrimonio de la unidad de convivencia no supere los 43.196,4 euros, sin tener en cuenta la vivienda habitual.

La ayuda, que será gestionada por la Agencia Tributaria, se puede pedir hasta el 30 de septiembre y consistirá en un pago único. Según estimaciones del Gobierno, podría beneficiar a 2,7 millones de personas.

El BOE también recoge la subida del 1 de julio al 31 de diciembre del 15% de las pensiones de jubilación e invalidez no contributivas. Esto supone 60 euros más al mes, 360 euros de aquí a finales de año.

"Dicho incremento extraordinario únicamente afectará al importe a percibir por los beneficiarios de las citadas pensiones, no teniendo incidencia en el importe de las pensiones no contributivas que haya de tomarse como referencia a otros efectos", matiza el documento. Es decir, quedan fuera las pensiones contributivas, las que se reciben tras haber cotizado el mínimo exigido.

Con respecto a la bajada del IVA del recibo de la luz del 10% al 5%, se aplicará a los consumidores, empresas o particulares con una potencia contrata de hasta 10 kilovatios.

El BOE detalla que este IVA al 5% se mantendrá hasta fin de año, siempre y cuando el precio en el mercado mayorista se mantenga por encima de los 45 euros por megavatio/hora. Si baja de esta cantidad (lo cual no parece probable), esta rebaja dejará de aplicarse en general, pero se mantendrá para los usuarios vulnerables severos y en riesgo de exclusión.

El real decreto-ley también incluye una prórroga de la medida consistente en la aplicación del tipo impositivo del 0,5% del Impuesto Especial sobre la Electricidad y la prórroga de la suspensión temporal del Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica.

El BOE recoge que se congela el precio de la bombona de butano que, tras la última revisión, está en 19,55 euros, un 54% superior a su precio en noviembre de 2020. Esta medida estará en vigor hasta el 31 de diciembre.

Así, la bombona costará hasta finales de año 19,55 euros. Hasta ahora, el precio no podía oscilar más del 5% en cada revisión.

La rebaja de 20 céntimos en los combustibles, aprobada en el anterior paquete anticrisis, se prorroga hasta final de año.

El BOE incluye algunas novedades con respecto a su primera redacción: la supervisión de la CNMC y la eliminación de la bonificación para el caso de uso en barcos privados de recreo (yates de cualquier tamaño).

Prórroga del resto de medidas de protección a los grupos más vulnerables

Con el objetivo de reforzar la protección a grupos más vulnerables, el BOE también detalla el mantenimiento del incremento del 15% del Ingreso Mínimo Vital aprobado en marzo. También se mantienen la prohibición de suspender el suministro de energía, el tope a la subida de alquileres y que el aumento de costes energéticos no pueda suponer causa de despido en empresas que dependan de la Administración. Además, se mantiene el IVA reducido al 4% a las mascarillas quirúrgicas.

Igualmente, se prorroga a septiembre el aplazamiento del pago de cuotas a Seguridad Social, se aprueban ayudas directas a la industria gasintensiva, se mantienen las ayudas a la sequía y se extienden las ayudas a afectados por la erupción del volcán de La Palma.

Aquí puedes leer integro el BOE:

La periodista Eva Belmonte tenía dos certezas: 1) en el Boletín Oficial del Estado figuran cada día buena parte de las triquiñuelas del Estado y alguna de las políticas que cambian del día a la noche la vida de los ciudadanos, y 2) el BOE no hay quien lo entienda. Por esas dos certezas creó en 2012 la web El BOE nuestro de cada día, que analiza y explica las decisiones más importantes del boletín. Ahora la directora de la Fundación Civio se alía con el dibujante Mauro Entrialgo para recoger algunas de las lecciones aprendidas a golpe de BOE. Lo hacen en Diccionario ilustrado BOE-español, escrito a modo de enciclopedia humorística y editado por Ariel, del que recogemos tres entradas. 

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Disponibilidad presupuestaria

Coletilla que vacía de contenido, hasta saber más, cualquier medida. Apéndice en cualquier anuncio, ley, orden ministerial o decreto que apruebe alguna medida que necesite dinero para ejecutarse, sobre todo si se trata de subvenciones, que en realidad adelanta que esa norma no vale nada hasta que se le asigne el cachito de presupuesto que toque. Si una ayuda se anuncia y el texto legal que la crea reza que su cuantía dependerá de la disponibilidad presupuestaria, lo mismo se pueden repartir mil millones en subvenciones que cero. O acabar llegando a tres personas.

Uso y abuso

Cuando se anunció el bono térmico, una ayuda contra la pobreza energética añadida al bono social de electricidad, por ejemplo, se dijo que iba a llegar a muchísimas personas necesitadas y que iba a suponer una ayuda importante para el pago de la calefacción. Se aprobó en octubre de 2018, y ya entonces avisaron que no se iba a pagar hasta después del invierno (el frío de ese año no computaba). Y que se repartiría dependiendo de lo cruda que fuera la meteorología en la zona en la que vivieras y el nivel de pobreza de cada hogar. Pero ¿de cuánto dinero estábamos hablando? Pues en principio se estableció un mínimo de 25 euros anuales por casa, pero en realidad todo dependía de la «disponibilidad presupuestaria». Así que hasta mucho después, ya en verano, no supimos que el total a distribuir fueron 75 millones.

Otras veces esta disponibilidad presupuestaria se traduce en tonto el último. Así pasó con unas ayudas al alquiler en la Comunidad de Madrid que se iban concediendo por orden de llegada hasta que se acabara la pasta. Y claro, buena parte de quienes tenían derecho, con la norma en la mano, se quedaron fuera.

Viñeta de Mauro Entrialgo para Diccionario ilustrado BOE-español.

Indulto

Medida de gracia, en este caso ni divina ni real —aunque la acaba firmando el rey—, sino del Gobierno, que permite reducir una condena, cambiarla por otra más suavita o eliminarla del todo. No solo suena a viejuno, lo es: la ley que lo regula es de 1870, con apenas cambios desde entonces. El departamento del Ministerio que lo regula, la División de Derechos de Gracia y Otros Derechos, también gestiona otro tema muy de la I+D y la modernidad: los títulos nobiliarios.

Uso y abuso

La norma dicta que lo de perdonar condenas es algo excepcional, pero se ha usado de forma cotidiana por todos los gobiernos. Desde 1996 llevamos más de 10.000 y, antes de que la vergüenza pública consiguiera reducir, y mucho, esas cifras, se daban más de uno y medio al día. Pero en los últimos años se cortan más. En 2018 bajaron hasta 17, la cifra más baja. A partir de ahí volvió a subir un poquillo: fueron 40 en 2019 y 30 en 2020, pese a la crisis sanitaria y a que ese año no se repartieron los tradicionales perdones a las cofradías por Semana Santa, una cosa muy de Estado aconfesional. Entre ellos estaba el indulto a un hombre que, cuando era alcalde del PSOE, falsificó unos informes para que su madre ganara una rencilla vecinal y pudiera poner unas ventanas. Que vaya delito cutre, también te lo digo.

Policías torturadores, políticos corruptos, amigos del partido y de la oposición... Ningún Ejecutivo, ni socialista ni popular, ha pasado por La Moncloa sin firmar al menos un indulto en el que las «razones de justicia y equidad» que cacarea cada decreto como coletilla vacía que acompaña al perdón pierda todo su sentido. Los indultos están mal siempre que estás en la oposición. Luego ya no tanto.

Viñeta de Mauro Entrialgo para Diccionario ilustrado BOE-español.

Medalla

Distintivo que los distintos gobiernos otorgan a personas o instituciones y que, en la mayoría de los casos, no tiene más peso que su masa real y la fanfarria que lo acompaña. Su forma material puede ser literal, medallas de oro, plata y bronce, pero también cruces, plaquitas, corbatas o hasta collares. Destacan el mérito en cosas, desde las bellas artes, el deporte, el trabajo o la investigación hasta el mérito civil, naval, aeronáutico o militar. También las hay de renombre histórico, como las de Alfonso X el Sabio, Isabel la Católica o Carlos III. Suelen depender del ministro del ramo, pero para conceder las categorías más elevadas toca aprobarlo con el resto en el Consejo de Ministros.

El BOE recoge las normas que detallan cómo son —ojo al detalle de las filigranas y los escuditos y laureles— y suele publicar cuándo se conceden. Pero no en todos los casos. Las únicas que tienen chicha real, aquellas que llevan aparejada una pensión vitalicia a sumar al sueldo —algunas del mérito policial, del mérito en la Guardia Civil, militares...—, no suelen salir en el BOE. Por eso no había registro público, por ejemplo, de las varias que se concedieron al torturador Billy el Niño. De hecho, esas suelen salir en el boletín de la policía nacional o en el BOD, el Boletín Oficial de Defensa, dos publicaciones a las que solo tienen acceso completo sus miembros. Por eso solo nos enteramos de que Jorge Fernández Díaz le dio una medalla a una virgen en 2014 gracias a que alguien lo contó.

El resto de las medallas y condecoraciones van sin pensión anexa. Así, lo que suponen en la práctica es el colgante o plaquita en sí, que te llamen ilustrísimo o señor, según la categoría, y alguna otra memez protocolaria. Más allá de la ilusión, claro, si te hace ilusión, que cada cual tiene sus vicios.

Uso y abuso

Aunque en principio todas las medallas tienen reglas tasadas sobre quiénes son merecedores de tal distinción, los méritos son subjetivos. Todas ellas suelen incluir entre sus posibles beneficiarios a personas que hayan realizado una «especial aportación», se hayan destacado de forma «extraordinaria» o fórmulas similares que, claro, son muy distintas depende de quién las interprete. A ver quién dice que ser virgen y tener un niño no tiene mérito.

Las condecoraciones de la Orden de Carlos III caen, por norma, a todos los exministros que dejan el cargo, entre otros. Las de Isabel la Católica reconocen a quienes han desempeñado una labor importante para España en las relaciones internacionales. Su categoría top es el collar, que solo se puede dar a presidentes o jefes de Estado y que tienen todos los expresidentes de Gobierno españoles y los presidentes de otros países cuando nos caen bien. Si además quieres cortejar a su ministro, un embajador u otro alto cargo, normalmente bajas un nivel y le colocas una gran cruz. Por eso estas condecoraciones quedan muy pintonas en los viajes oficiales, o las recepciones, y se suelen dar en bloque a los representantes del país que toque agasajar. Como quien lleva vino a una cena.

Las de Alfonso X el Sabio están destinadas, en teoría, a quienes destacan por sus méritos en la educación, la ciencia, la cultura, la docencia o la investigación. Las concede Cultura. Y se suelen premiar mucho a sí mismos. Tras el cese de José Ignacio Wert como ministro en 2015, su sucesor, Ignacio Méndez de Vigo, premió a buena parte del equipo de su antecesor. Que os vais y no os renuevo, pero tomad vuestra medallita. Pero es que Wert ya había repartido esta condecoración también a quienes estuvieron antes en su puesto: dos ministras de Cultura de su partido, el PP, Esperanza Aguirre y Pilar del Castillo; pero también a Ángel Gabilondo, ministro socialista. Y, ya que estaba, premió a la Orden de la Compañía de María, los marianistas, los religiosos que le educaron en el Colegio Santa María del Pilar de Madrid.

Una de las más populares, la del mérito en el trabajo, lo mismo reconoce a María Teresa Campos que al presidente de Mercadona que a Pau Gasol (que le podrían haber dado la del mérito en el deporte, sí, pero con esa Rajoy podía ponerle la medalla de oro y salir en el Marca). Por méritos, hay hasta medalla al mérito del Plan Nacional sobre Drogas, destinada a personas y organizaciones que luchan contra los efectos abusivos de todo tipo —lean bien— todo tipo de drogas. Pues bien, en 2016, el Ministerio de Sanidad decidió dar esta medalla a la FEBE. ¿Y eso qué es? La Federación Española de Bebidas Espirituosas, o sea, los fabricantes de licores. La patronal que agrupa a marcas como Bacardí, Codorníu, Osborne o Torres recibió esta distinción por «sus esfuerzos para evitar el consumo abusivo de bebidas alcohólicas promoviendo el consumo responsable y luchando contra la permisividad hacia el consumo en menores y otros colectivos de riesgo». Como premiar al camello por no pasar droga a menores.

Viñeta de Mauro Entrialgo para Diccionario ilustrado BOE-español.

El Gobierno tiene previsto aprobar mañana en Consejo de Ministros la ley que regula el trabajo de los repartidores a domicilio por parte de las plataformas digitales, conocida como Ley de riders, según informa Europa Press.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social, CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme alcanzaron un acuerdo el pasado mes de marzo para regular la situación laboral de los trabajadores que reparten o distribuyen cualquier producto a través de plataformas digitales, conocidos como riders.

En el texto acordado se reconoce la presunción de laboralidad de los trabajadores que prestan servicios retribuidos de reparto a través de empresas que gestionan esta labor mediante una plataforma digital, en línea con la sentencia que dictó el Tribunal Supremo en septiembre de 2020, en la que establecía que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos.

Además, el acuerdo, que se circunscribe al colectivo de repartidores, contempla que la representación legal de los trabajadores deberá ser informada de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles.

En concreto, el texto dice que se recogerá en el Estatuto de los Trabajadores que las empresas deberán informar de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y el mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles.

El texto del acuerdo señala que el Real Decreto-Ley que recoge la norma entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El pasado mes de septiembre, el Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo declaró que la relación existente entre un repartidor, rider, y la empresa Glovo tiene naturaleza laboral, por lo que rechazó elevar cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este martes el Proyecto de Ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19, conocida como ley de nueva normalidad, que fue aprobada el pasado 18 de marzo en el Congreso de los Diputados.

Entre las medidas contempladas en el texto, recogidas por Europa Press, se mantiene la obligación para las personas, a partir de los seis años, de usar mascarilla en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, incluso aunque se mantenga la distancia de seguridad de 1,5 metros. Así, este verano será obligatorio usar mascarilla en las playas y las piscinas.

En cualquier caso, la mascarilla no será exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.

"Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre, ni en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias".

Durante su debate en la Cámara Baja, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, resaltó que esta norma va a "permitir avanzar el control de la pandemia y también en funciones de vigilancia, inspección y control de casos". "Esta norma será medular en la gestión de la pandemia hasta su finalización. Recoge buena parte del compromiso adquirido durante la gestión de esta dolorosa crisis. Está llamada a ser una fuente de conocimiento para aquellos que tengan que tomar decisiones similares en el futuro"

Monitorización de medicamentos considerados esenciales

En relación a los fabricantes y los titulares de autorizaciones de comercialización de aquellos medicamentos considerados esenciales en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19, el documento recoge que deberán comunicar a la Dirección de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios el stock disponible.

Las compañías también tendrán que informar de la cantidad suministrada de forma semanal y de la previsión de liberación y recepción de lotes de los medicamentos, incluyendo las fechas y cantidades estimadas.

Garantizar la disponibilidad de profesionales sanitarios y rastreadoresrastreadores

El texto publicado en el BOE exige a las administraciones competentes que sean capaces de garantizar la suficiente disponibilidad de profesionales sanitarios. Destaca que dichos trabajadores deben tener capacidad de reorganización de acuerdo con las prioridades en cada momento.

Asimismo, alude a la necesidad de que se garantice un número suficiente de profesionales involucrados en la prevención y control de la enfermedad, su diagnóstico temprano, la atención a los casos y la vigilancia epidemiológica.

Reacciones de las fuerzas políticas

Desde Ciudadanos, el diputado Guillermo Díaz reivindicó la necesidad de esta ley: "No podemos volver a enfrentarnos a una pandemia con reales decretos, salvo para matizar una norma que ya exista". En cualquier caso, ha reclamado al Ejecutivo que "plantee establecer una legislación que permita en un futuro responder mejor a una situación como esta". El diputado naranja aplaudió la incorporación de una enmienda de su formación para la suspensión durante toda la pandemia del visado de inspección médica para la prescripción de la triple terapia en el tratamiento de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. "Evitará tratamientos burocráticos para acceder al mejor de los tratamientos".

Desde Unidas Podemos, Laura Márquez también se mostró satisfecha con la incorporación en el texto legislativo de la prórroga de los contratos de investigación durante la pandemia, pero insistió en que "es necesario abordar el problema de la temporalidad en la investigación científica". "Incluso las personas que están investigando una vacuna en nuestro país tienen contratos temporales. Hay que garantizar la estabilidad de nuestros científicos, pero de verdad, sin trampa ni cartón".

Desde el Partido Popular, la exministra de Sanidad Ana Pastor lamentó que el documento final no incorpore ninguna de las 45 enmiendas presentadas por el principal grupo de la oposición. "Nunca antes el parlamento había sido tan ninguneado como en esta legislatura. Los decretos se han convertido en la norma, como ha ocurrido con ésta. No han aceptado ninguna de las 45 enmiendas de mi grupo. ¿No se dan cuenta de que este decreto llega igual que salió, que apenas ha incorporado cinco enmiendas?"

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este sábado una nueva prórroga, hasta el 31 de diciembre, del cierre de la frontera exterior de la zona Schengen, sin modificaciones de lo aprobado hace un mes. Así, la lista de países desde los que se puede viajar al área Schengen la forman Australia, Japón, Nueva Zelanda, Ruanda, Singapur, Corea del Sur, Tailandia y Uruguay, según recoge Europa Press.

En cuanto a los residentes en China, incluyendo las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao, sigue quedando pendiente de verificar la reciprocidad.

Con la anterior modificación, Canadá, Túnez y Georgia quedaron excluidos de la corta lista de países desde los que se permite viajar libremente al área Schengen.

Por otra parte, la orden señala que no ha sido necesario aplicar aún el párrafo que se introdujo en la pasada modificación relativo a las denegaciones de entrada por motivos de salud pública, ya que la Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, sobre los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España, no contempla esa opción. No obstante, se considera adecuado mantenerlo para una eventual aplicación futura.

En todo caso, el cierre de la frontera exterior contempla excepciones y sí permite la entrada de ciudadanos o residentes en la zona Schengen, trabajadores transfronterizos, estudiantes con su correspondiente visado, profesionales de la salud, incluidos investigadores sanitarios.

También pueden viajar los profesionales del cuidado de mayores que se dirijan o regresen de ejercer su actividad laboral, el personal dedicado al transporte de mercancías, el personal militar, diplomático o consular.