Sumar llevará a las calles la presión sobre el decreto de vivienda para lograr el 'sí' de Junts y PNV

El decreto anticrisis aprobado este viernes por el Gobierno para responder al impacto económico de la guerra en Irán —con 80 medidas y que acarreará una factura de 5.000 millones de euros— salió adelante tras una mañana de tensión entre los socios del Ejecutivo. El choque provocó un inédito plante de los cinco ministros de Sumar, lo que acabó retrasando en dos horas el Consejo de Ministros extraordinario. Durante ese lapso de tiempo, la vicepresidenta Yolanda Díaz fue la encargada de negociar con el presidente Pedro Sánchez la inclusión de medidas sociales, al considerar que el paquete inicial era, en esencia, una "mera bajada de impuestos".

El socio minoritario del Ejecutivo llevaba días reclamando que el decreto no se limitara a rebajas fiscales y que incorporara mecanismos de protección para los inquilinos y medidas contra los beneficios extraordinarios derivados de la crisis. Finalmente, tras el órdago de Sumar, se acordó dividir la respuesta en dos decretos, uno centrado en energía, fiscalidad y ayudas a sectores afectados, y otro con medidas de vivienda exigidas por Sumar, como la congelación de alquileres y la prórroga extraordinaria de contratos. Los dos socios del Ejecutivo lograron cerrar rápidamente su crisis interna inmediata, pero a costa de trasladar el conflicto al Congreso, en el que cada decreto afronta mayorías distintas e inciertas, especialmente el relativo a la vivienda, como ha dejado claro Sánchez.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, el socialista intentó dar por cerrada la crisis reivindicando la "capacidad de diálogo y de acuerdo" y minimizó el choque. "Entiendo que el salseo es interesante para los medios, pero hablamos de un plan muy relevante", afirmó, tras afirmar que las coaliciones están a la orden del día en "la política del siglo XXI". El presidente del Gobierno definió el paquete como el "mayor escudo social" de la UE, reivindicó el modelo energético de España y sostuvo que el país llega mejor preparado que otros de la Unión Europea por el peso de las renovables y el precio de la energía por la excepción ibérica.

Por su parte, en Sumar reconocen que se vivieron momentos muy críticos, aunque su portavoz y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, aseguró en declaraciones que en ningún momento se plantearon salir del Ejecutivo. Con todo, también dejó claro que no estaban dispuestos a aceptar que el Consejo de Ministros no protegiera a los inquilinos y no diera esa batalla por miedo a Junts. "Ahora a pelear los votos, y es lo que vamos a hacer", planteó. Para el socio minoritario, el Ejecutivo no podía aprobar únicamente medidas de reducción de impuestos que pueden acabar beneficiando más a las empresas que a los consumidores.

El de la vivienda es, además, un asunto capital para los de Díaz ya que supone es uno de los principales factores de gasto para las familias. Ante la subida de precios generalizada, podría verse agravado en un eventual escenario de aumento de la inflación. Aunque el PSOE era reticente a aceptarlo e incluso la ministra de vivienda, Isabel Rodríguez, llegó a decir que no tenía cobertura legal, finalmente se incluyó en otro Real Decreto, que prorroga de manera los contratos de alquiler que acaban entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. Sin embargo, en Sumar son conscientes de que Junts y el PNV, especialmente el primero, no comparten la iniciativa y tratarán de convencerlos mediante la negociación pero también a base de presión de las calles con movilizaciones.

El PP, a Sánchez: "Bienvenido a la fachosfera"

Por lo que respecta a la derecha, el principal partido de la oposición tenía previsto valorar las medidas antes de que se produjera el choque entre ambos socios a través de su vicesecretario de Economía, Alberto Nadal. Pero tras el desencuentro, el Partido Popular aprovechó para convertirlo en un monográfico sobre la situación interna del Ejecutivo a través de su secretario general, Miguel Tellado. El dirigente del PP compareció desde la sede de Génova y centró buena parte de su intervención en el "espectáculo" del Gobierno en lugar de hacerlo en el contenido del "decreto de derechas", en sus palabras, en referencia al anticrisis.

El número dos de Alberto Núñez Feijóo lo calificó de "esperpento", cargó contra la escena de los ministros de Sumar retrasando el Consejo y presentó el episodio como una prueba de que el Gobierno carece de cohesión y de autoridad. "Sánchez debería acuñar el 'No a la guerra' en el Consejo de Ministros", ironizó el dirigente del PP. Con todo, aseguró que su formación estudiará el decreto económico tras incluir rebajas fiscales que los populares llevan tiempo reclamando. "Las medidas de Sánchez eran nuestras y han sido ridiculizadas. Bienvenido a la fachosfera", llegó a decir, si bien concretó que antes de decidir "estudiarán" el texto.

Pero de puertas para fuera lo que el PP quiere que cale no es la efectividad de las medidas, sino la debilidad del Gobierno por la supuesta cesión de Sánchez ante "los ministros en rebeldía" de Sumar. "No solo le extorsiona Bildu, ERC, Junts y los partidos minoritarios, sino también el partido que forma parte de su coalición", argumentó Tellado. Los conservadores buscan que cale el relato de un gabinete roto, porque creen que eso es más eficaz que confrontar técnicamente el Real Decreto. Una crítica que, además, contrasta con la debilidad de los Ejecutivos autonómicos compartidos por el PP. Los conservadores rompieron los gobiernos con Ciudadanos para quitárselos de en medio y Vox hizo lo propio con ellos en verano de 2024.

Así es el plan anticrisis por la guerra en Irán: rebajas del IVA, ayudas al campo y prórroga de alquileres

Ver más

El dilema para Génova es evidente y por eso quieren evitar que el foco se centre en las rebajas tributarias, porque entonces les resultaría más difícil oponerse al contenido, de ahí que la crítica se desplace hacia la forma, el método y la bronca interna. Aun así, fuentes del equipo de Feijóo han querido dejar claro que su posición sobre el texto anticrisis "se especificará en el momento oportuno" —el de vivienda ya han anunciado que lo rechazarán— y apelan al presidente del Gobierno a "ir convenciendo a todos sus socios de investidura de que le apoyen" en ambas votaciones.

El objetivo de Sumar: convencer a PNV y Junts

A esto se le suma la posición de los socios de investidura. En el caso de Junts, reivindicó como propias algunas de las rebajas fiscales y energéticas del decreto económico y dejó ver que su disposición a apoyar ese texto no se extiende automáticamente al decreto de vivienda. Una postura enfrentada a la de ERC y Bildu, que han puesto valor la intervención de Sumar para incluir medidas sobre alquileres y protección social. "El movimiento de Sumar está muy bien, la vivienda se tiene que arreglar o no hay izquierda que valga", señaló el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián.

En el comunicado difundido a la prensa, desde el partido de Carles Puigdemont señalan que el Ejecutivo "ha comprado" sus propuestas de rebaja del IVA del 21% al 10% en carburantes, electricidad y gas, además de otras medidas fiscales. Para la derecha independentista catalana se trata de una "condición clave" para valorar su voto favorable al primer decreto por su efecto sobre "la clase media y trabajadora", autónomos, pequeñas empresas y transporte. En la formación jetzale, por su parte, subrayan que el Real Decreto con las medidas anticrisis "sigue la filosofía de las 31 medidas propuestas por el Grupo Vasco", centradas en ayudas directas e iniciativas fiscales para transporte, industria, ganadería y pesca. Ninguno de los dos revela, por ahora, qué harán con el de vivienda.