La vivienda, el punto polémico del plan de respuesta a la guerra de Irán que divide al Gobierno
Es cada vez más cara, escasa, supone la principal preocupación de los españoles y hasta pone un punto de sombra en el momento favorable que vive la macroeconomía. La vivienda está en el centro de la economía social y, a la hora de negociar el paquete de respuesta a los posibles efectos de la guerra de Irán, ha surgido como la principal polémica dentro del Ejecutivo. Sumar, ERC, Bildu y Podemos presionan para que el paquete anticrisis recoja medidas de apoyo a los alquileres, pero por el momento no parece que esta presión vaya a tener efecto. Desde la parte socialista, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, explicaba que las medidas del Plan de Respuesta Integral ante la Guerra en Oriente Medio están ajustadas al impacto económico que se está observando e insistía en que el escenario es distinto al que se vivió en 2022 con la invasión de Ucrania. Así, un eventual escudo en materia de vivienda quedaría condicionado al comportamiento de los precios.
La principal medida que estamos pidiendo es la prórroga de todos los contratos de alquiler que vencen este año
“La principal medida que estamos pidiendo es la prórroga de todos los contratos de alquiler que vencen este año”, señalan fuentes de Sumar. De hecho, el propio ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, había declarado esta semana que la vivienda estaría entre los pilares del paquete. “En primer lugar, un nuevo escudo energético que proteja de manera reforzada a los consumidores más vulnerables. En segundo lugar, medidas de vivienda para poder proteger a las familias trabajadoras en España”, enumeró. Del lado de Economía insisten en la “flexibilidad” y en “hacer seguimiento continuo de este impacto para evaluar la eficacia de las medidas”, aunque no han concretado si a medio plazo se contemplan intervenciones específicas en el ámbito inmobiliario.
En el centro de la polémica están los alquileres, uno de los principales factores de gasto para las familias y que podría verse agravado en un eventual escenario de aumento de la inflación y subida de precios generalizada. “Las inquilinas ya necesitaban apoyo por parte de las instituciones antes de la guerra de Irán, pero la situación derivada del conflicto hace que esta intervención sea más urgente que nunca”, señalan fuentes de Sumar. Las medidas antidesahucio, prorrogadas desde 2020 —cuando se implantaron para responder a la crisis del covid y se mantuvieron por la guerra de Ucrania—, decayeron en febrero al no obtener respaldo en el Congreso por los votos negativos de PP, Vox y Junts. Pero en el escenario de una nueva crisis, Sumar, Podemos, ERC y Bildu ven una oportunidad para recuperar este escudo. La portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, pedía intervenir el mercado, a la vez que Podemos criticaba la "inacción del Gobierno" y señalaba que "no se va a tomar ningún tipo de medida en materia de vivienda".
La inflación subirá siete décimas más de lo esperado en 2026
Para el Ministerio de Economía, las medidas que eventualmente se puedan tomar están condicionadas a la evolución de los precios. Por ahora, el golpe más acusado ha llegado al precio de los combustibles, pero en los organismos monetarios internacionales como la Reserva Federal estadounidense, coloquialmente conocida como la Fed, o el Banco Central Europeo (BCE) se observa la evolución de la inflación con cautela. Al igual que había hecho la Fed, el BCE decidió ayer mantener sin variación los tipos de interés en el 2%, pero aventuraba un repunte en los precios a corto y medio plazo.
"La guerra tendrá un impacto importante en la inflación a corto plazo debido al encarecimiento de los precios de la energía. Sus implicaciones a medio plazo dependerán tanto de la intensidad y la duración del conflicto, como del modo en que los precios de la energía afecten a los precios de consumo y a la economía", apuntaba el BCE en su balance. Además, en esta nueva coyuntura, el organismo aumentó al 2,6% la subida de los precios para 2026, siete décimas más de inflación que en sus últimas previsiones. Pese a todo, la presidenta del organismo, Christine Lagarde, lanzaba también un mensaje de calma: "Estamos bien situados para navegar en esta incertidumbre", señaló en la rueda de prensa posterior a la reunión.
Otra variable a considerar a la hora de ponderar el impacto de la guerra en los bolsillos son las hipotecas. Se espera un repunte del euríbor —índice de referencia para los préstamos hipotecarios mixtos o variables— para el mes de marzo que alcanza ya el 2,4% y ha hecho que los bancos ya se centren en ofertar modalidades de hipoteca fija al 3%.
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Cuerpo ha insistido en que "con Ucrania se aprobaron siete paquetes de ayuda" y no ha descartado incluir medidas más adelante, aunque tampoco ha concretado en qué podrían consistir. En anteriores experiencias, además del escudo social, el Gobierno aprobó medidas que incluían la posibilidad de alargar los plazos de pago, periodos de carencia o protocolos de refinanciación de deuda en el caso de hipotecas.
Del lado de Sumar insisten en la urgencia de la medida más allá de la crisis internacional. "En un contexto de subidas de alquiler que van desde el 25% al 70% en algunos territorios, se suma un evidente encarecimiento del coste de vida derivado del aumento de los precios del petróleo, y la vivienda tiene un impacto extraordinario en estas economías familiares que ya van al límite", señalan a infoLibre fuentes del grupo.
Hasta ahora, las iniciativas para mantener el escudo social en materia de vivienda han naufragado al pasar por el Congreso y las mismas fuentes aseguran que las negociaciones en el seno de la coalición continúan en marcha. "Seguimos negociando e insistiendo en que son medidas necesarias para este escudo social, aunque el PSOE eche balones fuera".
