La legislatura de Jorge Azcón (PP) que acaba de terminar ha girado alrededor de los centros de datos, que según él atraerán 75.000 millones de euros a la región, aunque también han generado controversia por la incertidumbre que rodea al impacto ambiental de estas instalaciones y las rebajas fiscales de las que disfrutan. Sin embargo, a dos semanas de las elecciones autonómicas, el asunto pasa prácticamente desapercibido en los los programas electorales, pese a que si se ejecutan todos los proyectos planeados tendrían un impacto innegable en el futuro de la Comunidad.

Aragón tiene ya en operación tres campus de Amazon (a través de Amazon Web Services), aunque se espera que aterricen muchos más en los próximos años, con la expansión de los tres actuales y la puesta en marcha de otros diez, algunos de ellos con varios centros diferentes. Esta lista solo incluye los proyectos que ya se consideran PIGA –Proyecto de Interés General para Aragón–, y a ellos podrían sumarse otros dos más anunciados por Amazon y Vantage en Teruel y Zaragoza, que irán acompañados de otra lluvia milmillonaria de dinero.

Este aluvión de anuncios es precisamente lo que genera un fuerte desconcierto en la región, donde da la sensación de que solo trascienden grandes anuncios, pero no está claro lo que hay detrás de ellos. Está ampliamente demostrado que esta tecnología conlleva un fuerte incremento del consumo de energía y agua que preocupa a activistas y vecinos, y estos denuncian que hay poca transparencia sobre el costo ambiental de los centros de datos y de la huella real que dejarán en la economía aragonesa.

La Fundación Basilio Paraíso publicó en septiembre un informe sobre los nueve proyectos que ya contaban entonces con un PIGA –desde entonces se ha sumado otra gigainversión de Forestalia–, y estimaba que la demanda de estas plantas será de entre 3.185 MW y 2.435 MW, en función de si se contempla un escenario optimista u otro conservador, respectivamente. Eso se traduce en un consumo anual de entre 21,3 y 27,9 TWh de luz, entre un 190% y un 249% más que la demanda eléctrica de Aragón en todo 2024. A esas cifras habría que sumar tres campus no incluidos en el informe. Comparado con el consumo de luz de España de 2025, el escenario optimista equivaldría al 11% de la demanda nacional.

De hecho, los tres campus ya operativos de AWS se empiezan a notar en el consumo eléctrico aragonés, que creció en 2025 un 9,2%, según publica El Periódico de Aragón. Aunque es cierto que la Comunidad genera más luz de que la que consume en la actualidad, esta se vierte a la red nacional y ahí se reparte, de manera que el superávit energético de Aragón no se podría explotar.

Esta circunstancia, sin embargo, no genera debate de cara a las elecciones autonómicas del 8 de febrero. Azcón, que aspira a la reelección, responde en sus entrevistas que quiere continuar con su proyecto de atraer inversiones tecnológicas, mientras que el PSOE mantiene un apoyo condicionado a la llegada de estas compañías. Por su parte, Vox –hasta diciembre, socio del PP en Aragón– pide que se contrate personal de la comunidad en las instalaciones de datos, y Chunta Aragonesista –cuarto partido en intención de voto– reclama transparencia y claridad sobre su impacto en la región.

Luis García, de Ecologistas en Acción y encargado de la campaña contra los centros de datos, advierte de que el asunto está pasando desapercibido. "No se está hablando tanto como se debería y la oposición debería tener una postura más firme contra ellos", opina el activista. Aunque por ahora no ha habido un enfrentamiento abierto alrededor de las tecnológicas, la polémica podría llegar a la primera línea durante los debates electorales de los próximos días, donde previsiblemente se abordará este asunto.

Fuentes del PSOE aragonés, el principal partido de la oposición liderado por la exministra Pilar Alegría, afirman que no tienen "una oposición frontal" a estas inversiones, pero que quieren más transparencia sobre su demanda eléctrica y de agua. "Ya funcionan tres centros de AWS desde hace dos años y no tenemos certezas de cuál es su consumo real", critican. También subrayan que si llegan al Gobierno crearán un impuesto para estas instalaciones que se destinará a los ayuntamientos donde están ubicados.

La fiscalidad es una de las principales críticas de esta carrera del PP aragonés por atraer la nueva industria. Todos los proyectos van acompañados de un DIGA –Declaración de Interés General de Aragón– y un PIGA negociado con el Gobierno autonómico que garantiza un procedimiento acelerado de tramitación y un recorte de impuestos inmenso.

Según el informe de la Fundación Basilio Paraíso, declarar un proyecto como PIGA permite al ayuntamiento a aplicar la bonificación máxima del 95% al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), y en la práctica todos los alcaldes lo aplican para garantizar que el proyecto cae en su municipio. El recorte del IBI solo se ejecuta durante los primeros cinco años de operación.

Óscar Lobera, autor del estudio, opina que las figuras PIGA y DIGA son un aliciente importante para que Aragón sea el epicentro de esta tecnología en España, aunque "limitarlo a eso no sería justo", opina. Según él, los puntos fuertes son la gran cantidad de territorio libre, la cercanía a grandes ciudades –"a 300 kilómetros de Zaragoza está el 80% del PIB del país–, una instalación potente de fibra óptica y un excedente de recursos de luz y agua.

Según sus cálculos, los nueve proyectos que ha estudiado consumirán de media entre 8,5 y 9,4 hectómetros cúbicos de agua al año, según los escenarios de despliegue prudente y máximo, aunque ambas cifras podrían subir o bajar un 50% en función de la tecnología que apliquen las compañías. Como referencia, el consumo de agua de Zaragoza en 2024 fue de 61,4 hectómetros cúbicos.

La preocupación ambiental alrededor del agua es el asunto que más asperezas ha levantado entre las organizaciones vecinales y activistas. Ecologistas en Acción ha sido una de las organizaciones más activas contra ellos y ha presentado alegaciones a todos los proyectos de declaración de interés general propuestos por el Gobierno de Aragón, con ningún éxito hasta ahora. Eso ha llevado a la organización a iniciar esta semana los trámites para interponer un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón contra el PIGA de Amazon Web Services.

Luis García, de Ecologistas, subraya que lo que más le preocupa es la falta de transparencia. "Es gravísimo que se apruebe algo así solo fiándonos de la palabra de la compañía. Cualquiera que vea la memoria justificativa del proyecto se encontrará con que Amazon dice que va a aportar X millones a la economía local, pero no hay cálculos. Y el Gobierno tiene la desfachatez de aprobarlo", opina. Por ahora solo han denunciado el procedimiento de AWS, pero esperan que si llega a buen puerto les sirva como base legal para ir a por el resto.

Los puestos de trabajo también son motivo de polémica alrededor de estas instalaciones, porque Azcón ha sacado pecho de que las inversiones dispararán el empleo en la Comunidad. Los centros de datos movilizan miles de puestos durante su construcción, pero su operatividad posterior requiere de muchos menos trabajadores.

Los nueve proyectos analizados por Óscar Lobera generará entre 150 y 900 puestos de trabajo durante su fase de operación, siendo el de Microsoft el que más empleados tendrá, si finalmente se lleva a cabo. Durante la fase de construcción se crearán cada año entre 12.000 y 17.300 puestos de trabajo, incrementando entre un 2% y un 2,75% el empleo en toda la Comunidad de manera temporal.

La atribución de las presas a la ingeniería franquista es probablemente el mito más popular de la dictadura, y al mismo tiempo el más desmentido. Son el ejemplo de algunas de las obras faraónicas que transformaron radicalmente el paisaje español entre 1939 y 1975, a las que se suman la expansión del regadío, la minería, las carreteras o los trasvases. Muchas de esas obras públicas sentaron las bases de la economía actual, pero otras fracasaron por su mala planificación. En lo que coinciden los expertos es en que el desarrollismo se hizo sin miramientos. Desplazando pueblos, destrozando el patrimonio natural, castigando a los territorios opositores y distribuyendo la riqueza entre los grandes empresarios de la época.

La historia de los embalses franquistas es el mejor resumen de la política de infraestructuras de esa generación. Las presas eran imprescindibles para llevar a España a la modernidad y garantizar el crecimiento de las ciudades y el desarrollo de la agricultura y la industria, pero los planos fueron dibujados durante la República, su construcción se realizó de la manera más salvaje posible y buena parte de ellas se repartieron entre las compañías eléctricas afines al dictador.

Jesús Contreras, experto hidráulico de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, subraya que entre 1940 y 1975 se multiplicó por diez la capacidad de embalse en España: de 4.000 hm³ se pasó a 42.000 hm³, fruto de la construcción de más de 600 presas. Pero añade que la cabeza que las ideó fue Manuel Lorenzo Pardo, ingeniero estrella de la dictadura de Primo de Rivera, que fue también mantenido por Indalecio Prieto, ministro de Obras Públicas durante la II República.

"Franco confió el desarrollo hidráulico al Plan Nacional de Obras Públicas de 1933, que era al 100% de la República. Se dejó guiar por sus ingenieros y desde luego le venía muy bien inaugurar pantanos", señala el experto. 

Lorenzo Pardo identificó que las tierras de Levante eran muy fértiles y no solo diseñó embalses, también los grandes canales y trasvases que perduran hoy, como el trasvase Tajo-Segura. Pero esa planificación se unió a los poderes absolutistas del dictador y su desarrollo supuso la desaparición de pueblos enteros y el empleo de presos republicanos como mano de obra barata. Por ejemplo, el Canal del Bajo Guadalquivir, construido para impulsar el regadío en el norte de Andalucía, se apodó el Canal de los Presos.

"A punto de finalizar el conflicto, en las cárceles franquistas había casi 50.000 presos. Una cifra que, terminadas las hostilidades abiertas, había aumentado hasta casi 85.000. Una ingente masa humana, formada principalmente por trabajadores, que se convertirían en pieza fundamental para atemperar el desolador panorama laboral del país", resume el historiador José Luis Gutiérrez Molina en Trabajo esclavo y obras hidráulicas: extremeños en el Canal de los Presos.

De igual manera, docenas de pueblos quedaron anegados y su población fue forzada a marcharse con unas indemnizaciones irrisorias para construir embalses o canales. Por ejemplo, el desaparecido Vegamián (León) o Sant Romà de Sau (Barcelona), que puede verse en la fotografía de este artículo y que resurge cuando baja el nivel del agua del Pantano de Sau. 

La expansión de los embalses en España era imprescindible para el desarrollo del país porque la escasez de lluvia, las altas temperaturas y la orografía de la península dificultan enormemente el almacenamiento natural del agua. Según Jesús Contreras, sin intervención hidráulica, en España solo se podría aprovechar el 8% del agua que precipita, frente al 40% de Alemania, donde los ríos corren a menor velocidad y la evaporación es menor. Sin embargo, los canales, azudes y presas incrementaron el aprovechamiento en España hasta el 40%.

Pero esos megaproyectos también iban destinados a catapultar grandes empresas hidroeléctricas como Iberduero e Hidroeléctrica Española, fusionadas en 1992 para fundar Iberdrola. Una investigación publicada el año pasado y liderada por Mar Rubio Varas, catedrática de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad Pública de Navarra, concluyó que "mientras los discursos oficiales del franquismo ensalzaban el papel del regadío como motor de desarrollo, la capacidad relativa de almacenamiento destinada exclusivamente a riego se redujo a la mitad: del 13% en 1950 al 6% en 1970. En el mismo período, el agua reservada para generación eléctrica aumentó del 29,5% al 37%". El resto de usos eran supuestamente mixtos, pero la generación eléctrica era siempre la prioridad.

Otro de los mitos de estas presas es que trasladaban la idea de la fuerza económica del régimen, pero era evidentemente un espejismo. No solo porque se valiesen de presos o de poblaciones rurales empobrecidas, sino porque a menudo las obras las financiaban empresarios, tanto de compañías energéticas como grandes terratenientes, otros de los grandes beneficiados. El regadío vivió una expansión histórica esos años: si en 1940 había 1,3 millones de hectáreas regables en España, en 1975 ya eran 2,8 millones.

A esto se suma que los embalses y azudes son infraestructuras con un impacto ambiental extremadamente alto porque cortan el paso de los peces –como el salmón o la anguila– y transforman el hábitat de los mamíferos y aves que viven en una zona, cambiando el ecosistema para siempre. Por supuesto, la valoración de estos riesgos fue entonces mínima o inexistente.

La minería es otro sector muy agresivo con el paisaje que vivió un boom sin precedentes durante el franquismo. Aprovechando la ingente demanda de minerales durante la II Guerra Mundial y los altos precios de los metales, la dictadura aprovechó para incrementar la producción y relanzar la economía devastada con la exportación de carbón, wolframio (un endurecedor del acero) o mercurio, materias primas muy ligadas a la industria bélica. Ángel Hernández Sobrino, geólogo y experto en las minas de Almadén (Ciudad Real), las mayores minas de mercurio del mundo, recuerda la disputa que hubo en los primeros años del franquismo entre la Alemania nazi e Inglaterra por hacerse con aquellos recursos.

Al igual que en la construcción de presas, la explosión minera se hizo sin ninguna consideración ambiental, y para garantizar la mano de obra se recurrió a los presos de la guerra. "No los consideraría esclavos porque ellos mismos se proponían para trabajar", matiza Hernández. "Las condiciones de trabajo eran similares a las del resto de mineros y a cambio obtenían una pequeña paga que enviaban a sus familias y un día de trabajo reducía entre dos y cinco días su pena de cárcel", añade.

La minería creció con fuerza durante los años 40 y 50, pero a finales de los 60, según el experto, comenzó su decadencia debido a que el valor de los metales y los minerales cayó en los mercados internacionales. También aparecieron competidores muy potentes con las grandes explotaciones de Canadá, Australia y Estados Unidos, que eran más rentables al tratarse de minas a cielo abierto.

Si se habla de las grandes transformaciones paisajísticas del franquismo, hay que destacar las famosas repoblaciones de bosques, un proyecto que comenzó ya a finales del siglo XIX, pero que la dictadura llevó a su máximo apogeo. El objetivo era recuperar zonas rurales que a lo largo de la historia se talaron para desarrollar la agricultura y la ganadería, y que corrían el riesgo de desaparecer por la degradación de la tierra.

Si una región propensa a la escorrentía del agua o a la sequía se tala y pierde la vegetación que agarra el suelo, las capas superficiales de la tierra terminan erosionándose y pueden pasar cientos de años hasta que vuelvan a ser fértiles. Para evitar que eso ocurriera, entre 1920 y 1930 se llevaron a cabo amplias repoblaciones arbóreas en Sierra Morena, Cuenca, Galicia y otros lugares, del orden 500.000 hectáreas de terreno. Pero entre 1940 y 1980, bajo la dictadura, se repobló ocho veces más: unos 4.000.000 de hectáreas.

Marta Corella, ingeniera forestal y especialista en Desarrollo Rural, destaca que este trabajo de la dictadura fue en general positivo, pese a que "la cantidad y la rapidez de ejecución se impusieron en términos generales a la búsqueda de calidad y diversidad, generando algunos problemas diferentes a la deforestación, pero no por ello poco importantes", como refleja este análisis del Ministerio de Agricultura.

"No podemos valorar las decisiones de aquel momento con el conocimiento actual. Pero en todo caso, hay muchas repoblaciones que no sabes que lo son si no te lo dicen, como Sierra Morena o Guadarrama", afirma Corella. "Hubo cosas que no se hicieron bien, pero si hoy disfrutamos de los bosques fue en parte gracias a esas repoblaciones", añade.

1 de septiembre, empieza un nuevo curso. Las libretas, bolígrafos y tablets huelen a nuevo, pero hay algo de viejo conocido en el ambiente. Hace ya años que España dejó de colgar el cartel de “cerrado por vacaciones” en agosto.

No sabemos qué nos deparará este nuevo curso que hoy comienza, pero tengan la certeza de que aburrido no será. El mundo asiste impasible a un genocidio, Europa se agrieta por los cuatro costados, los neorreaccionarios y las derechas autoritarias alcanzan los principales centros de poder, y la crisis climática avanza siguiendo los escenarios más pesimistas.

En España es previsible que la corrupción vuelva a protagonizar la conversación pública, que la crispación se mantenga (es difícil que aumente), que la derecha le siga comprando el marco a la ultraderecha y que las izquierdas no encuentren cómo reaccionar.

En estas situaciones de extrema complejidad conviene volver a los principios, y como recuerda la pensadora Victoria Camps en su próximo libro La sociedad de la desconfianza, (Arpa), es hora de hacerse la pregunta ética por excelencia, ¿qué debo hacer?, o si se prefiere, ¿qué debemos hacer?

El tablero de juego es terrorífico y muy preocupante, pero el futuro no está escrito en ningún sitio, y en este caso España tiene una posición estratégica. El presidente Sanchez no asistió a la humillante reunión de Donald Trump con algunos jefes de Estado y responsables europeos, algo que se ha interpretado como una pérdida de peso internacional de España. Sin embargo, a nadie se le escapa que su ausencia en esa reunión vino motivada por su negativa a incrementar hasta el 5% el gasto de defensa, sus críticas a las políticas de Trump y la posición que España mantiene ante el genocidio palestino. En este contexto, el presidente tiene muchas opciones, pero básicamente pasan por dos: lamentar su ausencia y quejarse amargamente, o intentar liderar, como presidente de la Internacional Socialista que es, una respuesta a la situación internacional desde valores progresistas, empezando por la propia Europa. Esta segunda no será fácil, encontrará un camino plagado de obstáculos y cosechará no pocas críticas dentro y fuera de España, pero, ¿qué debe hacer?

Ya en España, el curso se va a librar en dos escenarios, el del Parlamento y el de los tribunales. El primero ya sabemos cómo funciona: mayoría precaria del Gobierno, enorme debilidad para sacar adelante sus iniciativas, los Presupuestos Generales del Estado lejos, muy lejos… y las sesiones de control al Gobierno, un circo de dos pistas –Congreso y Senado– cada vez más dañino para la recuperación de la confianza en la política. 

En esta situación, cuando lleguen las votaciones estratégicas, el Gobierno en primer lugar y el resto de grupos parlamentarios estarán ante la misma pregunta: ¿qué debemos hacer? El Gobierno puede verse en la tesitura de tener que elegir entre defender políticas y valores progresistas o el apoyo de sus aliados, algo que no siempre coincide. El resto de grupos parlamentarios, por su parte, puede verse en muchas situaciones en que deba decidir si apoyar al Gobierno o acelerar su erosión. Los grupos de la derecha lo tienen fácil, pero, ¿y otros apoyos como Junts? ¿Y Podemos, y otros grupos de izquierda adscritos a Sumar? 

El otro centro de atención –quizá el primero– volverán a ser los tribunales. Un otoño-invierno plagado de informes de la UCO, vistas, autos y hasta sentencias relacionadas con casos de corrupción, nuevos y antiguos. Si en algún ámbito cobra un especial sentido interrogarse sobre qué debe hacerse es precisamente este, el de la Justicia. A esta pregunta, de hecho, le han dedicado buena parte de sus reflexiones los juristas más relevantes. Cabría que se lo preguntaran cada día quienes se dedican a impartir justicia, y, en especial, quienes tienen la potestad disciplinaria para que lo hagan debidamente, el Consejo General del Poder Judicial. Ojalá esta pregunta presidiera todas sus reuniones. 

Por de pronto, el presidente del Gobierno comienza este lunes el curso con la presentación de la hoja de ruta del Pacto de Estado para hacer frente a la emergencia climática, algo imprescindible de cuya urgencia nadie que haya vivido en España en los últimos años puede dudar. DANA, incendios, sequías, olas de calor eternas… Un Pacto de Estado que también debe nacer del mismo interrogante: ¿qué debemos hacer? La pregunta, en este caso, ha de ser formulada por el conjunto de actores políticos de todas las administraciones, pero también por el conjunto de actores sociales y económicos del país. Nada queda al margen de la emergencia climática.

En definitiva, empieza un nuevo curso, con cierto retrogusto a lo ya conocido, con desafíos que no son nuevos, pero al que sería interesante darle un nuevo impulso con esa pregunta crucial, ¿qué debo, qué debemos hacer? En primer lugar, no olvidar que el futuro no está escrito y que la mejor manera de predecirlo es crearlo.

Los compañeros y compañeras de infoLibre se han preguntado, junto a otros medios de comunicación y a iniciativa de Reporteros Sin Fronteras, qué debe hacer un medio como este respecto al genocidio en Gaza. Lo han tenido claro: se han sumado a la campaña que pide el fin de la masacre de periodistas en Gaza; lo habrán visto ustedes al entrar en la web.

Usted, querido lector, habrá de informarse en fuentes fiables y rigurosas, analizar la realidad con mirada crítica, exigir rendición de cuentas a quienes nos gobiernan y asumir que, como ciudadano, como ciudadana, también tiene mucho que hacer frente a los desafíos que nos rodean. 

¡Feliz regreso!

Es el incendio más importante del verano. Con una intensidad poco habitual, un incendio que comenzó el martes 5 de agosto hacia las 16:00 horas en el macizo de Corbières (Aude) ya había arrasado miles de hectáreas de vegetación. Lo equivalente a una superficie de una vez y media París.

Las llamas, avivadas por ráfagas de tramontana que alcanzaban los 60 km/hora, han llegado a una quincena de municipios y han provocado la muerte de una mujer y la desaparición de otra persona en Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse. El fuego también ha herido a nueve personas, entre ellas siete bomberos. 2.500 hogares se han quedado sin electricidad y el tráfico en la autopista A9 fue interrumpido entre Perpiñán y Narbona hasta el miércoles por la tarde.

“Se trata de uno de los dos incendios más violentos de los últimos cincuenta años”, declaró durante la jornada la ministra de Ecología, Agnès Pannier-Runacher, quien subrayó que este incendio era “la cara visible del cambio climático”. En julio, el Aude se convirtió en el departamento más quemado de Francia: a principios de mes, un enorme incendio cerca de Narbona ya había arrasado 2.000 hectáreas de vegetación.

“En el área mediterránea, el cambio climático está provocando un aumento de las temperaturas más intenso que a escala global, lo que hace que esta región se considere un punto caliente del calentamiento planetario”, explica a Mediapart Yves Tramblay, director de investigación del Instituto de Investigación y Desarrollo (IRD) y especialista en los efectos del cambio climático en los fenómenos hidrológicos extremos.

La primera consecuencia de este aumento acentuado de las temperaturas en el Aude es que, desde el 1 de agosto de 2025, el departamento se encuentra en situación de crisis por sequía. Aunque la Oficina de Investigaciones Geológicas y Mineras (BRGM) dice que el 90 % de los acuíferos están actualmente en descenso en Francia, el servicio geológico nacional indicaba a mediados de julio que los niveles de los acuíferos del macizo de Corbières eran ”preocupantes, de bajos a muy bajos”.

“En el Aude y los Pirineos Orientales, desde hace aproximadamente cuatro años, las condiciones de sequía son tan severas que a los acuíferos les cuesta rellenarse”, continúa el investigador Yves Tramblay. “En 2023, Perpiñán registró apenas 200 mm de precipitaciones en todo el año, lo mismo que una ciudad como Marrakech, en Marruecos.”

“Esta región del sur de Francia está sufriendo una aridificación debido a los efectos del cambio climático. La sequía y las olas de calor más intensas y frecuentes provocan la muerte progresiva de la vegetación”, comenta Philippe Drobinski, director de investigación del Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNRS) e investigador del Laboratorio de Meteorología Dinámica.

De hecho, el departamento del Aude se enfrentó a una primavera bastante húmeda que propició el desarrollo de una importante vegetación subforestal y herbácea. Pero se secó tras la larga ola de calor que se prolongó desde el 19 de junio hasta el 4 de julio.

“La literatura científica ha demostrado que en otra región de clima mediterráneo, como es California, se observa esta alternancia entre lluvias muy intensas y períodos secos que los investigadores estadounidenses han bautizado como ‘el latigazo climático’: provoca un importante desarrollo de la biomasa, que luego se transforma en combustible para los megaincendios”, explica a Mediapart la climatóloga y miembro del Alto Consejo para el Clima Valérie Masson-Delmotte.

Esta combinación de calor y sequía, intensificada por el calentamiento global, es el factor clave del agravamiento de los incendios en la región. A esto se suman las condiciones de viento, como la fuerte tramontana que sopla en el Aude, que reseca el suelo.

El director científico adjunto de climatología de Météo-France, Jean-Michel Soubeyroux, resume: “El Aude es un territorio que sufre desde 2022 condiciones climáticas extremas. El departamento es especialmente seco: en términos de humedad del suelo, nos encontramos en condiciones que solo se dan normalmente una vez cada diez años. Si a esto le sumamos las temperaturas que ayer [martes 5 de agosto, ndr] alcanzaron los 35 °C y los fuertes vientos, tenemos una mezcla explosiva para que se declaren incendios.”

Según el científico de Météo-France, con el caos climático, el número de días en el área mediterránea con un riesgo significativo de incendios forestales, estimado actualmente en unos treinta, podría duplicarse de aquí a finales de siglo.

“En el informe especial del IPCC [Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático – ndr] sobre las consecuencias de un calentamiento de 1,5 °C, se señala que los incendios aumentan considerablemente cuando se alcanza un rango de calentamiento antropogénico de entre +1 °C y +2 °C. Y según las últimas evaluaciones científicas, a escala mundial ya hemos alcanzado +1,36 °C”, alerta Valérie Masson-Delmotte. “Pero la doctrina francesa de extinción de incendios, que consiste en apagar lo antes posible cualquier foco de incendio, ya está mostrando sus límites. Ante un incendio como el del Aude, se pasa muy rápidamente a la gestión de crisis”.

El miércoles por la noche seguían movilizados en Corbières más de 2.000 bomberos y 600 vehículos, apoyados por medios aéreos, para intentar contener el incendio. “Estamos en un momento en el que se hace sentir el cambio climático y provoca fenómenos sin precedentes”, declaró el primer ministro, François Bayrou, al llegar a la localidad afectada de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, acompañado del ministro del Interior, Bruno Retailleau.

El 6 de agosto, siete departamentos, entre ellos el del Aude, seguían en riesgo de incendio “elevado”, según Météo des forêts. Para el jueves y el viernes, Météo-France prevé en el sur del país temperaturas máximas superiores a los 35 °C, con picos de 40 °C. La climatóloga Valérie Masson-Delmotte se lamenta: “Entre los megaincendios del verano de 2022, la ola de calor del pasado mes de junio y la mitad de Francia en situación de sequía, el verano significa ahora el fin de la despreocupación”.

Traducción de Miguel López

Los precios de la luz en Europa en la última semana se han desbocado por los efectos de la ola de calor. Sube el consumo de electricidad, las centrales son menos eficientes y tres reactores nucleares han tenido incluso que apagarse en Francia y Suiza por el calentamiento de los ríos. Este último fenómeno no se ha dado nunca en España, pese a que la península también tiene siete reactores y sus ríos están mucho más expuestos al calor, de manera que cabe preguntarse por qué aquí no y en otros países sí.

La respuesta es que la normativa ambiental que regula los vertidos de aguas de refrigeración es más laxa en España que en otros países europeos. En Francia, siempre que un río alcance una temperatura de 28 °C, los reactores que necesiten su agua tienen que apagarse para no empeorar la situación. En Suiza el límite son 25 °C. Pero en España no hay un techo de temperatura para los ríos y solo hay obligación de que las centrales térmicas (también las de gas) devuelvan el agua que emplean para refrigerarse menos de 3 °C por encima del nivel al que la toman. Si el vertido es en lagos o embalses, sí hay un tope de 30 °C.

Aunque no hay un límite general, sí es cierto que las confederaciones hidrográficas pueden establecer sus propios umbrales de temperatura con los que pueden trabajar las centrales de su cuenca a través de autorizaciones de vertidos, pero las cotas son en general más permisivas que en Francia o Suiza. En el Tajo se ubican los dos reactores de Almaraz y el reactor de Trillo (Iberdrola, Endesa y Naturgy) y allí la Confederación Hidrográfica del Tajo permite refrigerar con agua del cauce siempre que se devuelva a menos de 30 °C.

El termómetro exacto de la planta durante estos días es confidencial, pero a la altura de Almaraz (Cáceres) la temperatura del Tajo se encuentra realmente cerca de este tope, según los datos en tiempo real de la Confederación. Su termómetro a la salida de Almaraz lleva una semana marcando alrededor de 30 ºC, con un máximo de 31,3 ºC, que supera ampliamente la normativa. 

Sin embargo, desde la Confederación responden a infoLibre que los datos en tiempo real no están validados y pueden tener anomalías "superiores a un grado". "De cualquier forma, se realiza una recogida de información in situ sistemáticamente y en caso de detectarse anomalías se establece contacto inmediato con la central nuclear", añaden. Un portavoz de la central de Almaraz también confirma que la temperatura de vertido no ha superado los 30 °C hasta ahora.

Miguel Ángel Sánchez, portavoz de la plataforma Toledo en Defensa del Tajo, recuerda que Almaraz ya tuvo en 2012 que instalar una veintena de torres de refrigeración mecánica por el gran problema de calentamiento del agua que sufría el embalse de Arrocampo, donde suelta el agua que después acaba en el Tajo.

"Controlar la temperatura del agua que se vierte es fundamental porque las especies de los ríos están adaptadas a unos valores. Calentar el agua también acelera la proliferación de la vegetación y la caída de los niveles de oxígeno en un río (el Tajo) que ya de por sí está muy contaminado por la agricultura y los vertidos de Madrid", recuerda Sánchez. "Y que no se nos olvide que este embalse está a las puertas de Monfragüe, un parque nacional".

En el Júcar, en Comunidad Valenciana, ocurre lo mismo. Allí toma y vierte agua el reactor de Cofrentes (Iberdrola) y la Confederación Hidrográfica del Júcar ha establecido para la central un permiso de vertido siempre que el agua esté a menos de 28 °C, pero del 1 de junio al 30 de septiembre se permite llegar a un vertido de 31 °C.

En Francia no se permite esa excepción, que habría sido suficiente para mantener abierto el reactor que cerró el pasado domingo. La compañía EDF, dueña del parque nuclear francés, tuvo que apagar el reactor Golfech I debido a que el río donde descarga estaba peligrosamente cerca del límite legal de temperatura. "Las condiciones meteorológicas de los últimos días han provocado un aumento importante de la temperatura en el Garona, que se espera que alcance los 28 °C el lunes", publicó EDF un día antes. En este caso, la planta cuenta con una torre de refrigeración que permite devolver el agua al río solo 0,2 °C por encima, pero eso no es suficiente para seguir operando.

El reactor de Blayais I, en el sureste de Francia, también tuvo que reducir su potencia el lunes por el calentamiento del río Gironda, así como el de Bugey, en el sureste. En Suiza han parado los dos reactores Beznau porque el río Aar ha superado los 25 °C.

El diario Le Monde contó esta semana que estas medidas se orientan exclusivamente a proteger la biodiversidad, pero que técnicamente los reactores pueden soportar una mayor temperatura de enfriamiento. "En el verano de 2022, la Autoridad de Seguridad Nuclear otorgó una exención a cuatro centrales eléctricas, incluida Golfech, para que pudieran operar a pesar de la ola de calor, con el fin de preservar la estabilidad del sistema eléctrico", recuerda el diario francés.

Eduardo Florentino, experto en energía nuclear y catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, explica que los reactores españoles están preparados para afrontar olas de calor porque utilizan torres de refrigeración para evaporar una parte del agua que se utiliza en las centrales. Una instalación con estas torres puede devolver agua al río o al embalse tan solo 0,2 ºC más caliente de lo que la recogió. "Hace tiempo que se entendió que en España hacía falta prever las olas de calor y poner estas torres de refrigeración. Por ejemplo, Ascó no la tenía cuando se inauguró en 1984, pero se añadió en los años 90", señala el ingeniero.

Sin embargo, el problema al que se enfrentan tanto España como Francia es que el agua está tan caliente debido al cambio climático que incluso se acerca a las temperaturas tope antes incluso de haber pasado por el interior de las centrales. Al igual que en Almaraz, en Cofrentes (Valencia) los termómetros de la Confederación del Júcar marcan desde hace más de 10 días por encima de 28 °C, el límite de la concesión.

Pero en el caso de Cofrentes, esas mediciones en tiempo real tampoco son válidas para el cálculo. "Los controles oficiales se hacen cada dos días y abarcan un tramo del río, como recoge la ley, y no se utiliza la medida en tiempo real. En todo caso, no se superan los valores máximos permitidos", contestan desde la Confederación.

Los otros dos reactores que vierten agua en un río español son Ascó I y II (Endesa e Iberdrola) en Tarragona, donde también hay un historial dudoso de vertidos calientes. Ecologistes en Acció denunció este año la "contaminación térmica" del Ebro porque allí hay un límite de vertido a 25 °C, más exigente que en las otras plantas, y con un intercambio de temperatura que no puede superar los 3 °C, "que se ha sobrepasado reiteradamente en 2022 y 2023".

El séptimo reactor nuclear español, Vandellós II (Tarragona), es el único pegado al mar y que utiliza agua del Mediterráneo, por lo que queda al margen de la normativa del dominio público hidráulico.

La sequía ligada al cambio climático complica todavía más este problema. El ingeniero nuclear Francisco Ramírez explica en Revista Nuclear que cuando se reduce el caudal de un río por la sequía, este es mucho más sensible a los vertidos de las centrales nucleares porque hay menos caudal para diluir ese calor extra.

En concreto, calculó que en una situación normal, dos reactores de 1.000 MW de potencia vierten tanta energía en el río Ebro que lo calientan 2,4 ºC. "¿Y si el caudal del río se reduce a la mitad? Sencillo, el incremento de temperatura se multiplica por dos: 4,8 ºC", resume el ingeniero.

De hecho, Red Eléctrica, el operador del sistema eléctrico español, recoge en su informe de operación de 2024 la sequía como uno de los principales "riesgos físicos" de la red para la "generación térmica y nuclear", puesto que también hace falta agua para enfriar las centrales de ciclo combinado de gas. En todo caso, para 2030 y 2050 lo identifican como un riesgo "medio-bajo", incluso en un escenario de cambio climático severo.

El agua es clave en las centrales nucleares por dos motivos. Primero, porque se calienta con el calor del núcleo del reactor y ese vapor a alta presión permite girar una turbina y generar electricidad. Después, porque ese vapor se pasa por un circuito de agua fría que procede del exterior (un río o el mar) para condensar el líquido y poder calentarlo de nuevo en el reactor y repetir el proceso. Esa agua fría que se ha utilizado a modo de condensador se devuelve después al medio ambiente, pero puede pasar antes por una torre de refrigeración para rebajar su temperatura, aunque este paso hace que una parte se pierda porque se evapora a la atmósfera.

El cambio climático y la sobreexplotación de recursos están detrás de algunos de los episodios de sequía más destructivos de la historia reciente, según un informe internacional que documenta impactos críticos en todos los continentes.

La sequía se ha convertido en una crisis climática que avanza lentamente y que afecta a millones de personas en todo el planeta. El nuevo informe Drought Hotspots Around the World 2023–2025 , elaborado por el Centro Nacional de Mitigación de Sequías de EE UU (NDMC, por sus siglas en inglés), en colaboración con la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD) y la Alianza Internacional de Resiliencia a la Sequía (IDRA), evidencia que, desde 2023, el mundo ha vivido algunos de los episodios de sequía más intensos y generalizados jamás registrados.

“Estudiar los efectos de la sequía y saber que seguirán produciéndose a menos que los países del mundo actúen subraya la urgencia de un desarrollo resistente a la sequía”, dice a SINC Kelly Helm Smith , coordinadora de Impactos de la Sequía en el NDMC.

“ La sequía es un asesino silencioso . Se infiltra, agota los recursos y devasta vidas a cámara lenta. Sus cicatrices son profundas”, advierte Ibrahim Thiaw , secretario ejecutivo de la CNULD. “Cuando la energía, los alimentos y el agua se van a la vez, las sociedades comienzan a desmoronarse. Esa es la nueva normalidad para la que tenemos que estar preparados”.

Este informe ofrece, según sus autores, una descripción completa de cómo las sequías agravan la pobreza, el hambre, la inseguridad energética y el colapso de los ecosistemas.

El trabajo sintetiza información de cientos de fuentes gubernamentales, científicas y de medios de comunicación para destacar los impactos en los puntos críticos de sequía más graves en África (Somalia, Etiopía, Zimbabue, Zambia, Malawi, Botsuana, Namibia), el Mediterráneo (España, Marruecos, Turquía), América Latina (Panamá, cuenca del Amazonas) o el sudeste asiático.

El Centro Nacional de Mitigación de Sequías utiliza servicios de monitoreo de medios para recopilar noticias relacionadas con la sequía. La ventaja es que los impactos pueden registrarse casi en tiempo real y, a menudo, se verifican mediante entrevistas con expertos, comunicados oficiales u otras fuentes de datos.

"Usamos nuestros archivos de noticias de 2023 a 2024 para evaluar qué países registraron más impactos según la cobertura mediática. A partir de ahí, los dividimos por región para asegurar una representación geográfica equilibrada ”, declara a SINC  Paula Guastello , investigadora del NDMC y coautora del informe.

El documento ofrece una panorámica global y señala zonas críticas en África, América Latina, el sudeste asiático y, especialmente, el Mediterráneo .

En esta última, el informe destaca que España experimentó una caída del 50 % en la cosecha de aceitunas en 2023, lo que duplicó el precio del aceite de oliva; en Marruecos, la sequía diezmó la población ovina y llevó a cancelar sacrificios religiosos por falta de animales; y Turquía sufrió el colapso de acuíferos subterráneos y socavones peligrosos que afectan a comunidades enteras.

“Elegimos un país representativo de cada continente en la cuenca mediterránea para mostrar la diversidad geográfica, sociopolítica y climática. Aunque varios países sufrieron impactos importantes, España, Marruecos y Turquía fueron los más destacados en nuestra cobertura de Europa, África y Asia”, indica Guastello.

Según la investigadora, Europa se está calentando más rápido que el promedio mundial, y las consecuencias de la sequía que se observan en estos países mediterráneos altamente desarrollados demuestran que ninguna nación es inmune .

“Encontramos un informe que indicaba que en algunos pueblos de Cataluña se pierde hasta el 80 % del agua debido a fugas en el sistema. Este dato, en una economía tan desarrollada como la española, es muy preocupante. También vimos que en Ciudad de México se pierde hasta el 40 % del agua, y en algunas comunidades de EE UU hasta el 60 %. Sería útil saber cuántas localidades recopilan datos sobre estas pérdidas y cómo de grave es el problema a escala global”, subraya.

El informe alerta además sobre el impacto desigual de la sequía que intensifica el ya preexistente. Mujeres, niños, personas mayores, pastores y agricultores de subsistencia se encuentran entre los grupos más desfavorecidos.

“Quizás el problema más urgente que enfrentan las mujeres y niñas durante las sequías es el matrimonio forzado, especialmente el infantil. Esta práctica, que afecta principalmente a niñas menores de 18 años, es una violación de los derechos humanos y socava su salud, educación, seguridad y autonomía”, señala Guastello. “El Objetivo de Desarrollo Sostenible 5.3 de la ONU exige eliminar el matrimonio infantil, precoz y forzado para 2030 ”.

Sin embargo, en regiones del este de África, los matrimonios infantiles forzados se duplicaron , ya que algunas familias vieron en la dote una estrategia de supervivencia ante la pérdida de medios de vida. En el caso de Etiopía, pese a estar prohibidos, estos matrimonios aumentaron considerablemente en las zonas más afectadas por la sequía.

Asimismo, los riesgos para la salud pública aumentaron, con brotes de cólera, desnutrición, deshidratación y exposición al agua contaminada.

“También es crucial proteger el derecho de las mujeres a poseer tierras, emprender y trabajar fuera del hogar. Aunque producen el 80 % de los alimentos en países en desarrollo, solo poseen menos del 20 % de la tierra a nivel mundial”, añade. “Esto las hace más dependientes económicamente y vulnerables a eventos climáticos extremos. Diversificar sus fuentes de ingreso es vital en un contexto de clima cada vez más impredecible”.

Estudios científicos previos demuestran que cuando las mujeres son propietarias de tierras, mejora la nutrición del hogar, aumenta la inversión en educación y las familias se vuelven más resilientes económicamente.

La crisis se intensificó entre 2023 y 2024 con la llegada del fenómeno de El Niño. “Fue una tormenta perfecta”, explica Helm Smith. “El Niño echó más leña al fuego del cambio climático, agravando los efectos para muchas sociedades vulnerables y ecosistemas más allá de sus límites”.

Este fenómeno también hace que los costes económicos se disparen. Según Cody Knutson , coautor del informe, “una sequía hoy puede costar al menos el doble que en el año 2000, y se prevé un aumento del 35 % al 110 % para 2035”.

Knutson explica a SINC : “Recomendamos incentivar o promover la conservación del agua en la agricultura, incluyendo la transición hacia cultivos que requieran menos agua y el uso de técnicas de riego innovadoras. El riego por inundación, por ejemplo, es común pero muy ineficiente, y puede reemplazarse con métodos más modernos para ahorrar agua”.

 “ La UE y países como España están promoviendo una planificación y políticas más colaborativas para mejorar la gestión del agua y de la sequía”, enfatiza.

El director del NDMC, Mark Svoboda , destaca a SINC la importancia de una respuesta conjunta: “Ante eventos de sequía que ocurren y empeoran en todo el mundo, los esfuerzos colaborativos para identificarlas y trazar rutas de solución a sus impactos son más importantes que nunca”.

Los autores del informe celebran la cooperación entre entidades como la Organización Meteorológica Mundial, el Banco Mundial y el NDMC, y nuevas iniciativas como la Alianza Internacional para la Resiliencia a la Sequía (IDRA) y el Observatorio Internacional de Resiliencia a la Sequía (IDRO). “Estas iniciativas seguirán construyendo sobre los esfuerzos conjuntos ya existentes”, concluye Svoboda.

Este artículo fue publicado originalmente en la Agencia SINC, la agencia de noticias científicas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

El comité científico de la Red de Parques Nacionales ha confirmado el pésimo estado en el que se encuentran las Tablas de Daimiel, uno de los 16 parques nacionales que hay en España. Los autores han constatado que el humedal solo sobrevive a base de extracciones de agua de un acuífero que está gravemente dañado por la agricultura intensiva en regadío, y no hay manera de que las tablas se recarguen de agua de manera natural.

La casi extinción de la masiega, una caña que dominaba el parque hace medio siglo, es el mejor ejemplo de lo que está ocurriendo. Esta planta solo sobrevive bajo las condiciones originales que tenía el parque antes de la llegada de la agricultura intensiva en 1970. El que era considerado el mayor masegar de Europa ha pasado de más de ocupar 1.000 hectáreas en 1956 a prácticamente cero en la actualidad.

"La extensión de los masegares es un buen indicador del estado de conservación de las Tablas de Daimiel. De las 1.078 hectáreas que hubo en 1956, se ha pasado a 405 hectáreas en 1993 y a 8 en 2021. Esto supone la práctica desaparición del ecosistema característico de este humedal", recoge el grupo de expertos, en un informe terminado en mayo de 2024. El documento, al que ha tenido acceso infoLibre, fue presentado hace dos semanas en el Ministerio de Transición Ecológica, de quien depende Parques Nacionales.

Esta planta necesita humedad constante en las capas profundas de la tierra, o lo que es lo mismo, la presencia de agua en las reservas del subsuelo, pero el nivel del acuífero está 11 metros por debajo de la línea que permitiría emanar agua a la superficie. Los Ojos del Guadiana, que riegan las Tablas de Daimiel, se secaron en 1983 y solo se recuperaron temporalmente entre 2012 y 2017. "Desde entonces, y hasta el momento de elaborar este documento, febrero de 2024, el parque permanece prácticamente seco, con valores mínimos de encharcamiento. En diciembre de 2023 tan solo estaban inundadas 25 hectáreas y en febrero de 2024, 202 hectáreas", apuntan los autores. La superficie total encharcable son 1.734 hectáreas.

Los expertos subrayan en todo momento que "el intenso aprovechamiento de las aguas subterráneas con fines agrícolas" es el culpable del problema. Además de secar el acuífero y haber provocado el secado de los Ojos del Guadiana, el sector primario ha "contaminado" con fertilizantes el humedal y han crecido plantas invasoras que ahora dominan el parque.

El vertido de esos nutrientes ha provocado que el 60% del parque esté ahora ocupado por carrizos y eneares, unas cañas que colmatan la tierra y que generan miles de toneladas de residuos secos cada año. Los científicos recuerdan que de forma regular "deben segarse mecánicamente para evitar el colapso de la zona".

"En cuanto a la avifauna, la tendencia actual es hacia un descenso en el número de aves que habitan en el parque. Las poblaciones están sujetas a fluctuaciones muy importantes debido a los problemas hídricos", subrayan el informe. Los censos mensuales realizados entre junio de 2010 y febrero de 2024 evidencian una fuerte caída de su presencia, pasando de 10.000 ejemplares de media al mes a menos de 5.000, debido a la sequía. 

Los expertos de Parques Nacionales subrayan en todo caso la importancia de salvar las tablas antes de que sea demasiado tarde, porque sigue siendo un espacio de nido para decenas de aves, entre ellas algunas en peligro crítico de extinción, como la cerceta pardilla, el porrón pardo o el escribano palustre. El pato colorado es el icono del parque y entre 2021 y 2023 se han perdido un 30% de las parejas, hasta las 160-180. En el mismo periodo la superficie inundada cayó a la mitad, y la relación es directa porque es una especie acuática. Las parejas de porrón pardo también cayeron un 35% en ese periodo.

Para que el agua pueda volver emerger, el nivel de agua del acuífero debe alcanzar los 611 metros sobre el nivel del mar, y a cierre de 2023 se situaba en los 600. El peor momento de la reserva subterránea fue 1996, cuando el nivel piezométrico cayó a 580 metros. Aunque las diferencias parezcan pequeñas, de unos pocos metros, los autores calculan que entre 1980 y 2023 se han vaciado 1.750.000 metros cúbicos, o 700 piscinas olímpicas, de la masa central del Alto Guadiana, el conocido como Acuífero 23.

Pese a que el grupo científico subraya en todo momento que la agricultura —legal e ilegal— ha vaciado el acuífero, las propuestas de los autores son extremadamente benévolas con este sector, según los grupos ecologistas que supervisan Daimiel. "La única opción para que el parque se mantenga en su estado natural sería recuperar los niveles freáticos de la llanura manchega, limitando las extracciones o recargando el embalse subterráneo, opciones que tendrían una repercusión social importante", recoge el informe.

Los expertos ambientalistas critican que se proponga como válida la opción de introducir artificialmente agua en el acuífero, lo que en realidad significa activar de forma permanente la tubería Manchega del trasvase Tajo-Segura, una solución que permitiría al sector primario seguir vaciando el acuífero. 

Rafel Gosálvez, representante de las organizaciones ecologistas en el patronato del Parque Natural de las Tablas de Daimiel, califica de "auténtica chapuza" las conclusiones del comité de expertos de Parques Nacionales. "Describen muy bien la situación del parque, pero las propuestas son el mismo humo de siempre: trasvases y dragado del parque", resume el también profesor de Geografía en la Universidad de Castilla-La Mancha.

Gosálvez explica que el comité debería ser supuestamente independiente, pero como el propio informe reconoce, se ha llamado a "expertos externos invitados para cubrir las lagunas de conocimiento dentro del grupo", y estos son Carlos Ruiz de la Hermosa, director del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y a Santos Cirujano, que es afín al director del parque, según Gonsálvez.

"Daimiel solo se va a recuperar si se destina el agua del regadío manchego al parque nacional, y eso significa reducir a la mitad la agricultura de regadío. Pero el Gobierno de Castilla-La Mancha (PSOE) cree que esto supone entregarle los votos necesarios a la extrema derecha y perder la Comunidad", añade el portavoz ecologista.

En este momento el Ministerio de Transición Ecológica está negociando, en teoría, con el Gobierno regional un marco de actuaciones para recuperar el buen estado de las Tablas de Daimiel, pero diferentes personas subrayan que las conversaciones están completamente paradas. La Junta ha confirmado a infoLibre que "estos acuerdos no serán a cualquier precio" y que su meta es "lograr soluciones de futuro para alcanzar el mejor estado ambiental de las Tablas de Daimiel y, al mismo tiempo, el desarrollo de una actividad agraria y social", un mensaje claro a favor de la agricultura.

El buen estado de los pantanos en España contrasta con la intensa sequía que sufre el resto del continente. Las históricas lluvias de marzo en el centro de la península han dejado los embalses del país muy por encima de la media de la década, con la cuenca del Tajo incluso en máximos históricos de almacenamiento. Paralelamente, Reino Unido sufre la peor sequía de este siglo y el 28% del territorio de la Unión Europea está en riesgo, según la Comisión Europea, con registros preocupantes en el centro y el este del continente.

Copernicus, el programa europeo de monitorización del clima, recoge que a finales de abril prácticamente toda la Unión estaba en "alerta por sequía", salvo España, Italia, el sur de Francia y la región de los Balcanes. Entre los países más afectados se encuentran Polonia, Rumanía, Bulgaria, Suecia, Turquía, Dinamarca, Irlanda, Bélgica y buena parte de Francia y Alemania.

La agencia meteorológica alemana calcula que durante el mes de abril llovió el 53% de lo normal. Si se toma el periodo de comienzos de febrero a mediados de abril, ha sido el periodo más seco de la historia de Alemania, con registros que se remontan a 1931. Por su parte, Reino Unido va camino de cerrar la primavera más seca de este siglo y una de las cinco más secas desde que comenzaron los registros, en 1931. En el extremo norte de Francia, en la región Hauts-de-France, también ha sido el primer trimestre más seco desde 1959.

Estos datos evidencian que la buena situación por la que pasa España —el tercer marzo más lluvioso de la historia— es puntual. Los embalses están, de media, al 77,5% de su capacidad, 14 puntos por encima de la media de la década, y en seis comunidades, alrededor del 90%.

Esta imagen contrasta con los cuatro años seguidos de sequía hidrológica registrados en la costa mediterránea, Baleares y Canarias. En 2023 también tuvo lugar una primavera extremadamente seca, con las menores precipitaciones para un abril desde que comenzaron los registros en 1961. Incluso algunas zonas del sureste de la península ni siquiera se han librado este año, y algunos puntos de Almería, Murcia y el sur de la Comunitat Valenciana están en alerta amarilla y naranja estos días, según el Observatorio Europeo de la Sequía.

Julio Barea, responsable de Agua en Ecologistas en Acción, recuerda que lo que ha ocurrido este año "es una situación poco habitual" y no debe trasladar la falsa idea de que la sequía ha quedado atrás. "No debemos quedarnos con la idea equivocada, pero está claro que una primavera así hace que la sociedad se relaje. Si no se hacen campañas institucionales, nos olvidamos, pero no podemos ignorar que vivimos en un país seco", señala el experto.

Los datos satelitales recopilados por Copernicus también evidencian que la escasez de lluvias en el centro de Europa ya se traduce en una reducción de la humedad del suelo, lo que podría derivar en problemas para las cosechas. Claas Nendel, experto agrícola de la Universidad de Postdam, explicó el mes pasado en un informe del servicio meteorológico alemán que las tierras de Polonia, Bielorrusia y Ucrania, tres de los mayores productores de Europa, están en una situación "tensa". "Una posible mala temporada de cereales debido a una intensa sequía podría tener un impacto significativo en el mercado mundial de cereales", añadió.

También hay decenas de ríos en esa región en "riesgo de sequía muy alto", como en el indispensable río Rin, que atraviesa seis países europeos y que supone una arteria para el movimiento de productos industriales. "Tras un invierno y una primavera secos, la reducción del caudal ya está afectando a la navegación fluvial en el curso medio del Rin", recogen los técnicos de Copernicus en su análisis del mes pasado. A mediados de abril, la profundidad a su paso por Colonia era de 1,54 metros, la mitad de su nivel habitual en esas fechas. La situación recuerda al verano de 2022, cuando el Rin alcanzó un mínimo histórico que puso contra las cuerdas a los fabricantes alemanes.

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha anunciado que, tras 56 meses de sequía, las últimas lluvias permiten levantar las restricciones al consumo de agua en el sistema Ter Llobregat, que abastece a 202 municipios del área metropolitana de Barcelona y Girona, donde viven seis millones de personas, según informa EFE.

En una comparecencia en el pantano de Sau (Barcelona), la consellera ha afirmado este sábado que el nivel de los embalses de las cuencas internas, por encima del 63 %, permite que el sistema Ter Llobregat, el más grande de Cataluña, pase de la fase de alerta a la de prealerta.

Si bien aún no es la fase de normalidad, el paso a prealerta permite levantar las restricciones de consumo de agua para riego y usos urbanos, al tiempo que no se modifican los caudales ambientales.

La fase de prealerta solo contempla medidas preventivas, como activar recursos de agua no convencionales, incrementar la desalinización y estudiar medidas de ahorro, pero no implica restricciones al agua.

"Damos un nuevo paso en la desescalada para seguir levantando las limitaciones al uso del agua en la zonas más pobladas", ha afirmado Paneque.

Lo ha dicho en una comparecencia con el pantano de Sau de fondo, por encima del 70 % de capacidad y con su icónica iglesia casi ya completamente sumergida, ya que solo se ve la cumbre del campanario.

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica ha indicado que, con la prealerta, se recupera en el Ter Llobregat "la normalidad, sin las restricciones al uso de agua agrícola y urbano, ni en los caudales ambientales".

Paneque ha señalado que Cataluña ha acumulado "56 meses por debajo de la media de pluviometría", en la peor sequía que ha vivido esta tierra en los últimos 200 años.

Las reservas de las cuencas internas, que abastecen a la mayoría de la población catalana, se han doblado en solo un mes, gracias a las continuas lluvias, y han subido por encima del 63%, con lo que alcanza capacidades que no se veían desde 2021.

Paneque ha anunciado cambios de estado en otras unidades de explotación de las cuencas internas, ambas en Girona: el acuífero Baix Ter, que pasa a normalidad, y el Fluvià Muga, que avanza de excepcionalidad a alerta.

De las 18 unidades de explotación de las cuencas internas, 14 de ellas están ya en escenarios que no contemplan restricciones al consumo de agua: prealerta o normalidad.

La sucesión de borrascas que azota la península ha provocado en los últimos días que al menos dieciocho ríos de Andalucía, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León entren en su umbral de desbordamiento, una muestra a gran escala de la falta de preparación que tiene el país ante episodios de lluvias torrenciales. En muchos puntos el colapso de los cauces es inevitable, pero los expertos subrayan que lo que es inadmisible es que se haya construido durante décadas en zonas que se sabía que eran inundables.

Cártama, en Málaga, se inundó el martes por segunda vez en los últimos cinco meses por el desbordamiento del río Guadalhorce. Como este, otros tantos municipios se levantan junto a ríos o afluentes que pueden crecidas repentinas cada 10, 50, 100 o 500 años —los cuatro periodos de referencia en hidrología—. Pero a esto se suma que el cambio climático está alterando los ciclos de lluvias y los periodos de sequía son cada año más largos y las precipitaciones más concentradas.

Jesús Vargas, profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Málaga, explica que a lo largo de toda España hay zonas muy expuestas a las inundaciones, especialmente en la costa mediterránea. "Tenemos montañas muy cercanas al mar que provocan que el agua se concentre y coja mucha velocidad, provocando inundaciones repentinas. Sabiendo que puede ocurrir, tenemos que mejorar la manera en que comunicamos el peligro a la población", afirma el experto en inundaciones.

El experto en riadas publicó en noviembre un extenso análisis en el que concluye que al menos 3,26 millones de españoles viven en zonas inundables, sin contar con las cuencas internas andaluzas, donde añadió en otro estudio posterior que hay otras 103.010 personas viviendo sobre tierras vulnerables a las riadas. Las cuencas más peligrosas de la península son la del río Segura y la del Guadalquivir, donde habitan 577.000 y 560.000 personas en zonas inundables.

Preguntado por qué ciudades son las que corren mayor riesgo, el experto identifica cinco puntos: Sevilla (337.000 personas afectadas), la costa de Valencia y el norte de Alicante (331.000), Murcia ciudad (290.000), la mitad oriental de Cantabria (234.000) y la ciudad de Valladolid (172.000). Esta dispersión geográfica evidencia que la gestión de los ríos debe ser una prioridad en todas las comunidades, no solo en las que tradicionalmente sufren estos desastres.

Los mapas a partir de los cuales García ha elaborado su estudio son públicos y están a disposición de los urbanistas municipales. Aun así, los expertos se llevan las manos a la cabeza porque se construya en zonas con peligro de desbordamiento. Julia Martínez, directora de la Fundación Nueva Cultura del Agua, advierte de que "hoy" se siguen levantando viviendas e infraestructuras clave en lugares catalogados como inundables, e incluso en las llamadas zonas de flujo preferente. "Hemos construido y seguimos haciéndolo en zonas de flujo preferente, una barbaridad. Allí el peligro es altísimo y el agua puede alcanzar un metro o más de altura y su velocidad superar el metro cúbico por segundo. Literalmente esas calles se pueden convertir en un río", añade. La experta cree que es inevitable que parte de la población tenga que desplazarse a regiones seguras porque vivir bajo estas circunstancias es una temeridad, un traslado que tendrá que ir acompañado de ayudas públicas.

La normativa para construir en zonas inundables es ambigua y deja la puerta abierta a las comunidades autónomas para que cada territorio decida si permitirlo o no. La Ley de aguas, que predomina sobre la normativa autonómica, permite incluso construir viviendas en zonas de flujo preferente —las más peligrosas— siempre que el inmueble quede fuera del periodo de retorno de 500 años. El periodo de retorno de una zona es la probabilidad de que se inunde en X años, en este caso 500, lo que equivale a una posibilidad del 0,002%. Sin embargo, el cambio climático hace mucho más probables eventos remotos y zonas que en teoría eran seguras ya no lo son. Por ejemplo, la riada de Valencia superó un periodo de retorno de 1.000 años.

Jesús Vargas también propone repensar la educación y la comunicación del riesgo. Cree que la población tiende a mirar las previsiones del tiempo o los avisos de la Agencia de Meteorología (Aemet), pero allí no se muestra la probabilidad de inundación. "En el momento que el agua toca el suelo, la Aemet ya ha hecho su trabajo. Son las confederaciones hidrográficas las que publican el nivel de riesgo de desbordamiento, y la población no está acostumbrada a buscar esta información", añade. Cada demarcación hidrográfica tiene su Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), donde se puede ver en tiempo real —en el apartado aforos de río— el peligro de desbordamiento de cada río con una etiqueta de colores, siendo el rojo el más peligroso.

Además de los avisos, los expertos insisten en que son necesarias medidas a largo plazo porque el riesgo actual es insostenible en un panorama climático cambiante. Especialmente tras la catástrofe de Valencia, que dejó 219 víctimas en la provincia, y donde cinco meses después todavía no se ha tomado ni una sola medida para prevenir que el agua vuelva a inundar decenas de municipios.

Las actuaciones necesarias de cada cuenca las recoge el Ministerio de Transición Ecológica en Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI). Los últimos se aprobaron en 2023, y tienen periodos de ejecución que llegan hasta los seis años. Julia Martínez insiste en todo caso que la responsabilidad recae sobre todo en las comunidades autónomas, que durante décadas han aprobado planes de ordenación urbana —elaborados por los ayuntamientos— donde se ha permitido edificar sin control. También recuerda que las obras de Transición Ecológica se circunscriben exclusivamente al cauce del río y los terrenos e infraestructuras que están inmediatamente después son de competencia autonómica, donde también hay que realizar obras para prevenir inundaciones.

El riesgo de desborde se extendió el miércoles a la Comunidad de Madrid y alrededores, donde también hay casas construidas sobre zonas inundables en municipios como Alcalá de Henares, Mejorada del Campo y pueblos que se encuentran en la orilla del río Henares. En Madrid, no obstante, la dinámica de los desbordamientos es diferente, según explica Luis Mediero, profesor de Ingeniería Hidráulica de la Universidad Politécnica de Madrid.

"A diferencia de la costa mediterránea, el Tajo y sus afluentes están muy regulados por embalses y no sufren avenidas repentinas. Las inundaciones históricas en esta comunidad se deben a lluvias intensas durante muchos días seguidos que terminan llenando los embalses y obligan a vaciarlos. De todas formas, una presa, por muy llena que esté, siempre lamina el agua y desembalsa menos agua de la que recibe, reduciendo el impacto de la inundación", opina Mediero. También añade que si no se hubieran construido los embalses del Pardo y de Santillana, el desbordamiento del río Manzanares sería frecuente".

Carlos Mazón arropó este lunes el discurso de Vox más extremo contra el cambio climático y culpó al Pacto Verde europeo —promovido por la conservadora y presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen— de las 219 víctimas de la riada del 29 de octubre. El president de la Generalitat afirmó en una comparecencia que "las políticas sectarias de la izquierda", donde incluyó la falta de limpieza de ríos o la protección del suelo agrícola, "convirtieron al barranco del Poyo en una trampa letal", y prometió corregir la situación con un plan del que solo se conoce una pequeña inversión de 30 millones para reencauzar los barrancos de la zona, una obra que empezó a idearse en 2007.

"El Pacto Verde [de Bruselas] aplicado de forma radical es un mal entendido respeto por la naturaleza que ha costado vidas en nuestra tierra", afirmó Mazón, aunque no aclaró cuál es la relación entre ese paquete normativo impulsado en 2019 y la tragedia del pasado octubre. Tampoco citó el proceso judicial que mantiene abierta la jueza de Catarroja, que precisamente este lunes citó a declarar el próximo 11 de abril a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y al ex secretario autonómico de ese departamento, Emilio Argüeso.

El otro gran culpable que encontró Mazón este lunes para la riada de octubre fue la falta de limpieza de las cañas de los cauces de los ríos y ramblas, que según el barón popular, es consecuencia de las presiones ecologistas. Los expertos han desmentido en numerosas ocasiones que la vegetación fluvial tuviese un impacto en la riada, pero en todo caso subrayan que es competencia de la Generalitat la eliminación de las cañas del lecho de los ríos. "La ley de Biodiversidad establece que son las comunidades autónomas las que catalogan y actúan sobre las especies invasoras, y la Generalitat catalogó en 2013 el Arundo donax (caña común) como una especie vegetal exótica", aclara David Campos, de la fundación Limne, especializada en la conservación de ríos en Valencia.

El president también responsabilizó de la tragedia a la Ley de la Huerta aprobada por el Gobierno del Botànic, liderado por el socialista Ximo Puig. "Muchos habíamos advertido de que las políticas sectarias de la izquierda tendrían consecuencias sobre la protección de las personas y que la Ley de la Huerta era una trampa para la seguridad", llegó a decir. Esa normativa se aprobó en 2018 para proteger del urbanismo a la huerta valenciana, pero el Govern del Partido Popular entiende ahora que esos cambios blindaron el campo e impidieron llevar a cabo las obras necesarias para reconducir y reforzar las ramblas del Poyo y del Saler, unas reformas que según Mazón habrían salvado a los municipios inundados.

Sin embargo, el Ministerio de Transición Ecológica ya aclaró en noviembre que las obras se paralizaron en la década pasada, después de que el expresidente Mariano Rajoy recortase drásticamente el presupuesto de la Dirección General de Aguas, y en 2017 la declaración de impacto ambiental del proyecto caducó. Cuando se recuperó el proyecto en 2021, una de las actuaciones, la vía verde del barranco del Poyo, ya era incompatible con el nuevo suelo protegido y se tuvo que volver a redactar.  La ofensiva de Mazón contra la Ley de la Huerta llevó al Govern a aprobar el pasado febrero una nueva versión de la ley, así como un Plan de Acción Territorial de Ordenación y Dinamización de la Huerta de València. Los nuevos cambios abren la puerta al urbanismo en zonas de huerta protegida, concretamente en huertas de grado 3, las más degradadas.

Andrea Márquez, portavoz del colectivo Acció Ecologista-Agró, contesta que precisamente esta desregulación es la que pondrá en peligro a los valencianos porque incentiva la construcción y cementación de tierras que ahora sirven para absorber el exceso de agua en caso de inundación. "Las huertas fueron de hecho las que permitieron laminar el agua y reducir la fuerza y el impacto del agua en los municipios. Con la modificación de la ley se abre la puerta a urbanizar 3.800 hectáreas de las más de 11.000 de huerta protegida, eso es una barbaridad y una vía para la especulación justificada con bulos", señala.

La reforma normativa de febrero también sentenció de muerte al Consell de l'Horta, un foro autónomo creado por el Botànic donde se reunían la Generalitat, los ayuntamientos, los agricultores, los vecinos y los ecologistas para debatir sobre el futuro del campo y sobre los cambios legislativos que le afectan. Mazón calificó este lunes al organismo de "chiringuito" y señaló que por su culpa no se pudieron realizar a tiempo las obras para adecuar el barranco de la Saleta.

Andrea Márquez, cuya organización formaba parte del Consell —hasta que fue oficialmente disuelto el pasado jueves— niega rotundamente esta afirmación, y asegura que el Govern ha utilizado como excusa a la dana para deshacerse de este foro. "Llevo dos años acudiendo al Consell y desde entonces he asistido a un desmantelamiento total con recortes de presupuesto para que no pueda cumplir con sus funciones. Pero esta es la mentira y la excusa definitiva para cerrarlo", opina la portavoz ecologista. 

La función de este organismo es organizar reuniones para que todos los implicados en la agricultura valenciana pudiesen discutir y votar sobre normas que afectan al sector primario, y con su supresión Mazón se deshace de las trabas que le imponía el Consell. "Ahora el Govern absorbe las funciones del órgano y se ahorra tener que consensuar las actuaciones sobre el suelo agrícola", añade Márquez.

Pese a que el barón popular ha arrebatado a los agricultores este foro y ha reducido la protección de sus tierras, Mazón sacó pecho este lunes de la defensa del sector primario, con la presentación de un paquete de medidas agrícolas, como la inversión de 43 millones de euros para recuperación de aguas usadas, 18 millones para modernizar regadíos o 35 millones para programas de pesticidas. Estas ayudas las anunció como parte del plan para prevenir futuras inundaciones, un presupuesto que contrasta con los 30 millones que anunció para encauzamiento de barrancos y 25 millones para rehabilitar el embalse de Buseo, dañado por la riada.

Las piscinas, el turismo de masas o el regadío intensivo conectan a la España de hoy con el tardo franquismo, y son el hilo conductor del fotógrafo Jordi Jon (Barcelona, 1996) para explicar cómo la sequía, la desertización o el abandono rural se arrastran desde el siglo pasado y son también una herencia cultural. Durante los últimos cuatro años, Jon ha viajado por España para documentar cómo la crisis de la escasez de agua se ha acelerado por el cambio climático, pero parte de pésimas decisiones que se tomaron durante el franquismo y que se replican todavía hoy.

“En esos años se empezó a construir la agroindustria y el turismo masivo de hoy. Son decisiones que no nos hemos cuestionado, y que habría que haberse replanteado en la durante la Transición, pero preferimos asumirlas como nuestra herencia”, cuenta a infoLibre. Su exposición Eroding Franco (Erosionando a Franco) estará disponible hasta el 15 de marzo en el Centre Cívic Pati Llimona de Barcelona y recorre varios puntos de la península que han sido azotados por la cultura del exceso hídrico durante décadas. La producción del foto documental fue posible porque Jordi Jon recibió la Beca Joana Biarnés, en honor a la primera fotoperiodista española.

La mayor parte del periodo de trabajo lo ha pasado en Alicante, Murcia y Almería, algunos de los puntos negros de la sequía, aunque también ha retratado las consecuencias de la agricultura intensiva en Castilla y León o la proliferación de piscinas en la costa mediterránea, una de las zonas más secas del continente. El objetivo del autor era conocer y fotografiar las consecuencias del milagro económico español de los años 60 y 70, que según Jon convirtió a España en una "máquina de desertificación".

“Lo que más me llamó la atención de mi viaje fue la megalomanía que hay en España con el agua. Por mucho que sea extremadamente escasa, se han construido piscinas por todas partes y proyectos que no tienen sentido ni ambientalmente ni económicamente”, relata el fotógrafo. “Torremolinos (Málaga) resume muy bien la idea de la exposición porque fue un campo de pruebas para el turismo europeo, un lugar donde intentaron vender que España era un país abierto y moderno. De hecho, allí hubo un campo de concentración en la Guerra Civil y en ese espacio ahora hay un parque acuático. Ese es el relato que han querido construir con el abuso del agua”, añade.

Otro de los enclaves que visitó Jon fue Argusino, un pueblo de Zamora que, como tantos otros, fue sacrificado para construir un embalse, en este caso el de Almendra, con una pared de 200 metros de altura. Ese lago sirve todavía hoy para regar el maíz y el viñedo de la región y para alimentar a la ganadería, pero su construcción obligó a los 400 vecinos de Argusino a abandonarlo antes de ser dinamitado. “Allí conocí a Teresa, que me contó que su madre sigue enterrada en el cementerio del pueblo, y solo puede ir a visitarla cuando el embalse se seca y baja su nivel. Eso, para mí también es abuso del agua”, concluye.

Los veteranos del medioambiente y del sector agrícola coinciden en que la política franquista construyó durante cuatro décadas los pilares de la relación de los españoles con el mundo rural y la naturaleza, y muchas de las decisiones que se tomaron entonces permanecen todavía. Miguel Ángel Soto lleva 26 años en Greenpeace, y recuerda que esta relación abusiva con la naturaleza sobrevivió a la muerte del dictador. “Si la democracia empieza en 1978, no fue hasta 1998 cuando entran en el Código Penal los delitos contra el medioambiente, y no se empezaron aplicar hasta varios años después”, relata.

También relata cómo las leyes modernas de montes y de suelo no llegaron hasta casi los 2000, de manera que hasta entonces se levantaron decenas de urbanizaciones “a base de cerillazos”. “Basta con mirar hoy al parque Terra Mítica, donde estaba el mayor pinar del Mediterráneo. Ardió en 1992 y el alcalde Eduardo Zaplana prometió que allí no se construiría un ladrillo. Y mira lo que ocurrió. O los incendios de los 80 y 90 en Huelva y Cádiz para construir urbanizaciones de lujo”, explica Soto.

Eduardo Moyano, ingeniero agrónomo y sociólogo del CSIC ya jubilado, explica por su parte que el franquismo marcó las bases de la agricultura actual, especialmente del desarrollo del regadío. “Su papel en la expansión del regadío fue fundamental con la construcción de las presas y otras obras hidráulicas, mucho mayor incluso que lo que se hizo después en la Transición, que fue terminar los proyectos iniciados en el franquismo. Tras la entrada en la Unión Europea esa visión del agua cambia por completo y modificar un río para aumentar el riego empieza a verse como una catástrofe ambiental, y hoy en día sería impensable”, afirma.

Según explica Moyano, el franquismo incentivó y financió el crecimiento del regadío entre los latifundistas de la época mediante los llamados pueblos de colonización. El Gobierno expropiaba al terrateniente una pequeña parte de su propiedad y en ella construía una pequeña colonia para unas pocas familias y repartía entre ellas unas pequeñas parcelas agrícolas para que pudieran subsistir. A cambio, el Estado reconvertía las tierras del gran propietario en regables y le garantizaba acceso al agua, así como a mano de obra de la colonia. “Ese proceso de regadío y mecanización, que acompañaba a la construcción de las presas, fue la base para pasar de una España de latifundistas a empresarios agrícolas”, resume el experto.

Aunque la cultura de la presa ha quedado atrás, el regadío sigue siendo hoy indispensable en la agricultura española y en los últimos 20 años su superficie ha crecido un 15% pese al avance de la desertificación y la caída del agua embalsada. Esa herencia también ha derivado en la construcción masiva de desaladoras –España es la potencia desaladora número uno del mundo– y en la apuesta por las grandes obras hidráulicas para prevenir inundaciones o trasvasar agua, lo que los críticos llaman soluciones grises, por el uso de cemento.

La naturaleza está en declive. El mundo natural que conocíamos hasta hace un par de décadas va a desaparecer a lo largo de este siglo y es posible que ya no seamos capaces de reproducirlo por mucho conocimiento y medios que tengamos. Muchos sabemos que la causa no son los excesos de los ciudadanos sino las decisiones políticas de unos, que priman los intereses de otros, todos muy pocos. Un ejemplo flagrante son Las (moribundas) Tablas de Daimiel. Sí, ese ecosistema que todos oímos que se está muriendo, pero ni por falta de conocimiento, ni por imposibilidad técnica de revertir su deterioro, sino por una decisión política sostenida en el tiempo que prioriza el beneficio económico a corto plazo sobre la sostenibilidad de los recursos naturales. Como tantas otras veces, la conservación de los ecosistemas queda relegada a un segundo plano frente a los intereses agrícolas, económicos y electorales.

Desde hace décadas, el acuífero 23, del que dependen Las Tablas de Daimiel, ha sido explotado de forma insostenible para convertir La Mancha en una potencia agrícola basada en el regadío intensivo. Siguiendo una lógica similar a la de Emiratos Árabes Unidos con el petróleo, aquí se ha extraído agua sin control para sostener un modelo económico que supera con creces la capacidad natural de recarga del acuífero. Pero, a diferencia del petróleo, el agua no es un lujo prescindible: es la base de la vida. Aun así, este sistema sigue vigente porque beneficia a determinados sectores económicos y políticos, aunque su continuidad signifique la muerte de un ecosistema único. No hay una voluntad real de revertir la sobreexplotación; en su lugar, se apuesta por mantener una agricultura subsidiada mientras se exploran nuevas oportunidades económicas, como el hidrógeno verde, sin afrontar el problema de raíz.

El agua se ha convertido en un recurso estratégico tanto a nivel nacional como regional y, en este contexto, los humedales son percibidos como un “lujo” que no puede permitirse cuando el recurso hídrico escasea. Sin embargo, a lo largo de las últimas décadas, las autoridades han promulgado numerosas normativas que garantizan su protección hídrica, como la Ley 13/1987, el Real Decreto-ley 8/1995 o el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional, aprobado mediante el Decreto 87/2017. Todas estas normativas coinciden en lo mismo: cuando sea necesario, debe establecerse un calendario de derivaciones desde el trasvase Tajo-Segura hacia el Parque Nacional para mitigar la escasez de agua. En estas circunstancias, se prevé un máximo de 20 hm³ en situaciones de emergencia, una cantidad insignificante en comparación con los 328 hm³ que, en promedio, se trasvasan anualmente al sureste de España para sostener una agricultura intensiva cuya sostenibilidad es más que cuestionable. Además, esta transferencia masiva de recursos hídricos no se traduce en un beneficio económico para Castilla-La Mancha, que no recibe compensaciones significativas por el agua que envía fuera de su territorio.

Desde la creación del Ministerio para la Transición Ecológica, se ha promovido una postura inmovilista que plantea la recuperación del régimen natural del acuífero como única solución viable para salvar Las Tablas. Este enfoque se presenta como la opción más ecológica y acorde con la conservación, bajo la premisa de que un gobierno “ecologista” debe oponerse a los trasvases. Sin embargo, no se implementan medidas concretas para restaurar el régimen natural del acuífero ni se enfrenta la sobreexplotación del agua que mantiene el regadío, verdadera causa de la crisis hídrica en La Mancha. Al contrario, se da a entender que la escasez de agua derivada del cambio climático es el mal al que se enfrenta tanto los agricultores como el humedal. Mientras tanto, cuando el agua sí se transfiere (se hace a través de la tubería Manchega), se justifica como exclusiva para el abastecimiento humano, aunque en la práctica está liberando también otros recursos almacenados en embalses (el de Gasset, por ejemplo, que custodia entre 20-30 hm3) para destinarlos al regadío, perpetuando un modelo insostenible, que dice adiós a Las Tablas de Daimiel.

El desinterés político por Las Tablas de Daimiel se ve reforzado por el silencio de sectores clave que dependen de la financiación pública. Asociaciones ecologistas y medios de comunicación, que podrían ejercer una presión decisiva, no han priorizado este problema en sus agendas. Se habla mucho sobre la entrada de especies exóticas o el cambio climático, pero no se promueve una verdadera movilización social que exija la aplicación de soluciones viables para Las Tablas y para toda La Mancha Húmeda, que no olvidemos es una Reserva de la Biosfera de la UNESCO.

El sector agrícola, aunque consciente de que el acuífero está al límite, sigue abogando por mantener el status quo. Muchos agricultores saben que la reducción de lluvias y la sobreexplotación del agua subterránea harán inviable la agricultura intensiva en las próximas décadas. Sin embargo, cualquier cambio en el modelo económico y de gestión del agua es percibido como una amenaza inmediata, por lo que se sigue apostando por maximizar las extracciones mientras sea posible, a pesar del daño ecológico irreparable.

El gran ausente en este debate es la ciudadanía. La mayor parte de la sociedad desconoce la importancia de Las Tablas de Daimiel, no comprende su función dentro del equilibrio ecológico y no es consciente de las consecuencias de su desaparición. Las administraciones no informan sobre lo que supone perder este ecosistema y los expertos no hemos logrado transmitir con la suficiente contundencia que esta crisis forma parte de una transformación ambiental de enormes dimensiones, donde la desaparición de los humedales es solo el principio.

Las Tablas de Daimiel podrían recuperarse si hubiera voluntad política. Existen soluciones: restricciones más estrictas a la sobreexplotación del acuífero, trasvases efectivos en situaciones críticas, una reconversión agrícola hacia modelos sostenibles. Sin embargo, la inacción demuestra hacia dónde se dirige nuestra sociedad y qué valores se anteponen. La pregunta es si permitiremos que esta sea otra victoria del cortoplacismo económico sobre la sostenibilidad de nuestros recursos naturales.

La desaparición de ecosistemas como Las Tablas de Daimiel no es fruto del azar ni una consecuencia inevitable del cambio climático, sino el resultado de una decisión política. Hoy son Las Tablas, mañana Doñana y, después, la laguna que rodea tu pueblo. Como sociedad, debemos preguntarnos si aceptamos un modelo de gestión donde los ecosistemas solo cuentan cuando generan beneficios inmediatos, o si exigimos un enfoque diferente. El futuro se presenta sombrío y no podemos permitir que decisiones cruciales, por insignificantes que parezcan, queden en manos de unos pocos para el beneficio de aún menos, porque su impacto puede transformar radicalmente nuestro entorno.

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Salvador Sánchez Carrillo es investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC.

El pasado noviembre fue el más cálido en el conjunto de la España peninsular desde que hay registros, con una temperatura media de 12,4ºC. Además se presentó como especialmente seco pese a la dana que afectó al área mediterránea a principios de mes, según ha informado este lunes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y ha recogido EFE.

De acuerdo a los datos, la temperatura en noviembre estuvo 2,8ºC por encima del promedio del período 1991-2020 y superó en 0,5 grados la media del noviembre más cálido hasta ahora, el de 1983, según ha avanzado el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo.

En cuanto a las precipitaciones, se registraron un 40% menos de lo normal, a pesar de las abundantes lluvias causadas por la dana a principios del mes, con datos a 28 de noviembre. "Aunque no tenemos todavía los datos definitivos, probablemente las precipitaciones quedarán en torno a la mitad de lo normal para este mes, para lo que es habitual en noviembre", según del Campo.

Tradicionalmente noviembre es el mes más lluvioso del año, junto con octubre en el conjunto del país, pero el mes pasado, en esta ocasión, fue "extremadamente cálido y muy seco".

La transición de noviembre a diciembre también ha sido muy cálida; se alcanzaron 32ºC en poblaciones como Aldea de San Nicolás (Gran Canaria) y 29ºC en Coín (Málaga) el sábado día 30. También ese día se llegó a 24ºC en el aeropuerto de Bilbao (País Vasco). Asimismo, el domingo día 1 de diciembre se alcanzaron 23ºC en el aeropuerto de San Sebastián y asimismo en puntos del sur peninsular; en Canarias los termómetros marcaron 30ºC en la isla de la Graciosa.

Santa Olalla, la mayor laguna del espacio natural de Doñana, en Huelva, ha cerrado el verano “en una situación crítica”, prácticamente seca —por tercer año consecutivo— y con solo una lámina superficial de humedad residual y barro, según ha advertido un equipo de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC).

Esta laguna, la mayor de la región, se secó por completo dos veranos consecutivos, en 2022 y 2023, algo que no había ocurrido nunca desde que la EBD-CSIC comenzó a tomar datos hace 50 años.

“Doñana está atravesando años muy duros. La combinación de una intensa y prolongada sequía y la sobreexplotación del acuífero están teniendo un gran efecto sobre el sistema de lagunas del espacio protegido”, ha explicado en un comunicado Eloy Revilla, director de la EBD-CSIC.

El ciclo hidrológico que se acaba de cerrar, el de 2023-2024, comenzó con una Santa Olalla totalmente seca, situación que se mantuvo durante dos meses continuados hasta que las primeras lluvias caídas a mitad de octubre ayudaron a que el nivel del acuífero subiera y el agua comenzara a inundar la cubeta de la laguna: "El máximo de inundación se alcanzó a finales de febrero”, ha indicado Javier Bustamante, también de la EBD-CSIC.

A partir de abril, los sensores de la ICTS-Doñana detectaron una gran proliferación de algas filamentosas debido a una proporción elevada de nutrientes, favorecida por las altas temperaturas y la poca movilidad del agua. El pico más alto se detectó a finales de junio, con más de 280.000 células de cianobacterias por mililitro.

Aunque no todas son tóxicas, se consideran excesivas cifras superiores a 100.000 células/ml, ya que puede aumentar la probabilidad de toxicidad sobre otros organismos como aves o peces.

Más tarde, en el mes de julio, debido al aumento de temperaturas y a la progresiva disminución de la superficie inundada, hubo una gran proliferación de fitoplancton que se extendió por toda la superficie de la laguna; se observó también, como cada año, que los valores de salinidad de la laguna aumentaban según avanzaba el verano por efecto de la evaporación del agua y la pérdida de superficie inundada.

Desde hace algunos días, el equipo de Monitorización Ambiental de la ICTS-Doñana, ya no puede tomar muestras representativas de agua para analizar, ya que solo queda humedad residual y barro.

Por su parte, la laguna Dulce, situada muy próxima a Santa Olalla y considerada hasta hace algunos años también una laguna permanente, se ha secado por completo durante la segunda semana de septiembre, algo más de un mes después que el año pasado, mientras que la laguna del Hondón sí ha mantenido agua a lo largo del verano.

La laguna de Santa Olalla, así como todas las del Parque Nacional, que se sitúan en la zona próxima a las dunas, se inundan gracias a las descargas del acuífero, por lo que sus ciclos de inundación dependen de los niveles de las aguas subterráneas.

Estudios recientes de la EBD-CSIC han constatado que un 60 % de las lagunas que existían en los años ochenta del siglo pasado ya han desaparecido. Además, gran parte de las que aún permanecen se inundan mucho menos y por un periodo de tiempo más corto de lo que se espera por el clima.

El personal científico advierte de que esta situación se está agravando en los últimos años debido a la sequía: Doñana lleva más de diez años con precipitaciones por debajo de la media. Estudios de la EBD-CSIC muestran que el deterioro del sistema de lagunas está teniendo un gran impacto sobre la fauna y flora de Doñana, en particular, sobre su comunidad de anfibios y reptiles acuáticos, especialmente vulnerables.

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El mes de agosto de 2024 fue el "más cálido" en España de toda la serie histórica que comienza en 1961 con una temperatura media de 25ºC, una anomalía de 2ºC por encima de la media de este mes, y registró precipitaciones superiores a lo normal, según informa EFE.

Son datos del avance climático del mes pasado publicados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) este viernes, día en el que el Servicio de Cambio Climático (C3S) de Copernicus, el componente de vigilancia del clima del programa espacial europeo, informó también de que el verano boreal de este año fue el más caliente registrado en el planeta desde que existen mediciones.

Según la Aemet, en España el ascenso de valores registrado el pasado mes de agosto superaron los índices de 2003 y 2023, considerados hasta ahora los más cálidos y empatados con 24,8 grados. Tomando en cuenta el periodo de referencia de 1991-2020, en amplias zonas del interior de la península el mes de agosto fue "extremadamente cálido" y "muy cálido" en el resto de la España peninsular, con una temperatura media de 25ºC.

Según el balance de la Aemet, en algunas zonas del Cantábrico y del norte de Galicia resultó "cálido", mientras que en Baleares fue en conjunto "muy cálido", con una anomalía de 0,8ºC y una temperatura media de 26,4ºC. Mientras Canarias tuvo carácter variable de unas zonas a otras, resultando en conjunto también "cálido", con una anomalía de 0,9 ºC y valores medios de 24 ºC.

El 1 de agosto fue el último día de la ola de calor que comenzó el 23 de julio, que se extendió a lo largo de la última semana de julio sobre la península y Baleares.

Entre los días 4 y 12 de agosto se registró otra ola de calor sobre la península y Baleares, con temperaturas tanto máximas como mínimas muy por encima de los valores habituales para la época del año, con temperaturas por encima de los 40ºC en el sur, centro y norte peninsulares.

Además se registraron dos episodios cálidos, entre los días 17-24 y 27-28, con temperaturas por encima de las normales, aunque sin alcanzar los umbrales necesarios para catalogarlos como olas de calor. Hubo un breve episodio frío entre los días 14-16, con temperaturas por debajo de la media en la mayoría de las regiones.

Según los registros de las estaciones principales, las temperaturas más altas entre estaciones principales se marcaron en Bilbao/aeropuerto, con 42,9°C el día 11; Málaga/aeropuerto, con 42,2°C el día 2, y Granada/aeropuerto y Granada/base aérea, con 41,8°C el día 1 en ambas estaciones.

En la estación principal de Hondarribia se registró el día 11 una máxima de 40,7°C, lo que constituye la temperatura más alta de agosto en esa estación desde el comienzo de la serie en 1956, según el avance de la Aemet.

El mes de agosto fue "húmedo", con un valor de precipitación media sobre la España peninsular de 24,2 litros por metro cuadrado (l/m²), lo que representa el 112% del valor normal del mes, según el periodo de referencia de 1991 a 2020. Según la Aemet, fue el vigésimo segundo mes de agosto más húmedo desde el comienzo de la serie en 1961 y el octavo de lo que va el siglo XXI. En Baleares fue el quinto agosto más húmedo de la serie y tercero del siglo XXI.

Agosto tuvo carácter muy húmedo en gran parte de Aragón, Navarra, La Rioja, País Vasco, este de Castilla y León, Madrid y noroeste de Castilla-La Mancha, donde llegó a ser extremadamente húmedo.

En el resto de la península fue entre "normal y húmedo", a excepción de Galicia, oeste de Castilla y León, Extremadura y el noroeste de Andalucía, donde fue "seco o muy seco". En conjunto, en Baleares fue un mes "muy húmedo", mientras fue "húmedo" en Canarias.

Estos índices se conocen el mismo día en que el Servicio de Cambio Climático (C3S) de Copernicus ha dado a conocer que en Europa la temperatura superficial del aire el pasado mes de agosto fue la más alta registrada globalmente, con una temperatura media de 16,82 grados, 0,71 grados por encima de la media para agosto del periodo 1991-2020.

Julio de 2024 fue, en su conjunto, muy cálido con una temperatura media sobre la España peninsular de 24,4°C, valor que queda 1,3°C por encima de la media de este mes (en el periodo 1991-2020), lo que lo convierte en el sexto mes de julio más cálido desde el comienzo de la serie en 1961, y del quinto más cálido del siglo XXI, ha recogido Europa Press.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha publicado el balance climático provisional de julio de 2024, un mes muy cálido y muy seco en el conjunto de España.

De este modo, julio tuvo un carácter muy cálido en la España peninsular salvo en algunas zonas del tercio oeste, del Cantábrico oriental y de la costa mediterránea, donde resultó cálido. En Baleares fue cálido o muy cálido, mientras que en Canarias tuvo carácter variable de unas zonas a otras, resultando en conjunto muy cálido.

Una vez analizados los datos, se produjo una ola de calor que comenzó el día 23 y se extendió hasta, al menos, el final del mes, con temperaturas tanto máximas como mínimas muy por encima de los valores habituales para la época del año.

En su transcurso, se superaron los 40ºC en muchas zonas. Hubo, además, tres episodios cálidos de corta duración, los cuales no alcanzan los criterios para catalogarse como olas de calor, durante los días 4-5, 10-11 y 18-20. Alternaron con períodos de temperaturas normales o algo por debajo, como el día 1 o las jornadas del 6 y 7.

Las temperaturas más altas entre las estaciones principales correspondieron a Morón de la Frontera, donde se registraron 43,5°C el día 24; Badajoz/aeropuerto, con 43,3°C también el día 24ºC; y Jerez de la Frontera/aeropuerto y Granada/base aérea, donde se midieron 43,2°C los días 24 y 31, respectivamente.

En siete observatorios se registró la temperatura mínima más alta para julio desde que hay registros. Destaca Zaragoza aeropuerto, donde el récord previo de julio se batió por 3,8°C, al alcanzarse una mínima de 28,1°C. Este valor superó en 2,4°C la mínima anual más alta anterior, que se había registrado en 2023.

A lo largo de julio las precipitaciones fueron escasas en España. Tuvo carácter muy seco, con un valor de precipitación media sobre la España peninsular de 10,2 litros por metro cuadrado (l/m2), lo que representa el 61% del valor normal del mes (periodo de referencia: 1991-2020).

Fue el décimocuarto julio más seco desde el comienzo de la serie en 1961 y el quinto del siglo XXI. En cambio, en Baleares fue húmedo y en Canarias se trató del quinto julio más húmedo de la serie y el cuarto del siglo XXI. Aún así, las lluvias también fueron, en términos absolutos, poco abundantes en los archipiélagos.

Las mayores precipitaciones diarias se debieron a fenómenos tormentosos y corresponden a Teruel, con 33,4 l/m2, y Lérida, con 27,2 l/m2, en ambos casos el día 6. En cuanto a la precipitación total del mes, entre las estaciones principales destacan los 63,4 l/m2 de Teruel y los 57,1 l/m2 de Donostia/San Sebastián/Igueldo.

La organización ecologista WWF estima que cada año se extraen de las reservas subterráneas de agua de Doñana el equivalente al 109% del agua que se filtra a sus acuíferos solo con los cultivos de regadío legales, un cálculo hasta ahora desconocido que demuestra que, a este ritmo, el secado del parque natural es irremediable. Pero es que, además, a estas estimaciones hay que sumar las extracciones ilegales de agua que se realizan desde hace décadas para la cosecha de frutos rojos, un cultivo extremadamente intensivo en regadío, por lo que el vaciado de las reservas es todavía más agresivo.

En concreto, los agricultores de la zona con permisos de riego de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) tienen dotaciones anuales para usar 106 hectómetros cúbicos (hm³) de agua subterránea al año porque hasta ahora, el órgano dependiente del Gobierno central, calculaba que entraban en los acuíferos 109 hm³ al año a través de las lluvias y otras aportaciones superficiales. Es decir, había una pequeña diferencia que permitía recuperar poco a poco su nivel freático. Pero ahora, WWF ha actualizado esas cifras y estima que anualmente solo se filtran a los depósitos subterráneos 97 hm³, por lo que hay una tasa negativa de relleno. A esto hay que sumar todos los regadíos ilegales, que no están contabilizados de manera oficial, pero que se estiman en unos 9 hm³, según los ecologistas.

Rafael Seiz, del programa de Agua de WWF, valora que su nuevo estudio demuestra que el problema de Doñana no es solo el regadío ilegal, sino que los derechos de riego otorgados por la Confederación están muy sobredimensionados. "Simplemente con el agua legal que se distribuye, la agricultura es insostenible a largo plazo. Las reservas se agotan poco a poco y por eso el nivel del acuífero es cada vez menor", afirma este profesional. "Pero es que además nuestras investigaciones han demostrado que hay cientos de hectáreas ilegales de frutos rojos que hay que sumar", añade Seiz.

La discrepancia entre los datos oficiales y las nuevas cifras calculadas por la organización radica en que la CHG considera la red de cuevas acuáticas que nutren Doñana como seis acuíferos independientes, mientras que WWF reclama que se cuenten estas reservas como un todo. "Nosotros siempre hemos considerado que las cifras de la Confederación son erróneas porque ellos consideran que los movimientos de agua entre las seis masas son aportaciones adicionales de agua, pero nosotros decimos que el sistema es continuo y que si un acuífero gana agua, otro lo pierde", explica el ambientalista.

En todo caso, añade que los cálculos hidrogeológicos son extremadamente complejos, y hace falta mejorar la medición de riegos en la superficie para afinar las cifras, porque en el momento que se desconoce si los regantes legales riegan lo que oficialmente les corresponde, y además hay otros tantos ilegales, los cálculos de los movimientos de agua subterráneos pasan a ser estimaciones. "Además de acabar con el regadío ilegal, queremos que se haga una medición precisa de cuánto riegan los legales, porque creemos que algunos exceden los permisos que realmente tienen", explica Seiz.

Otra propuesta de WWF es que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que depende del Ministerio de Transición Ecológica, empiece a medir los acuíferos de Doñana como una sola unidad. En este momento, de manera oficial solo se consideran sobreexplotadas tres de las seis masas de agua que componen la reserva subterránea, pero los ecologistas quieren que el acuífero entero se considere en riesgo para que las medidas preventivas se apliquen sobre toda la zona.

En todo caso, la investigación de WWF solo empeora unas cifras que ya de por sí eran pésimas. Según los datos oficiales, hasta ahora se entregan permisos para regar equivalentes al 97,25% de las aportaciones medias de agua que tiene el acuífero de Doñana (106 hm³ sobre un total de 109 hm³), un porcentaje que solo permite una cierta recuperación de las reservas en los años lluviosos. Pero para unas reservas que ya están muy mermadas, el porcentaje de regeneración debería ser mayor. En WWF calculan que una cifra lógica sería unos permisos de riego equivalentes al 60% de los ingresos medios anuales, unos 60 hm³ al año, lo que supondría reducir alrededor de un 40% los permisos actuales. El porcentaje que dan los ecologistas proviene de la Agencia Europea de Medioambiente, que estima que una explotación aceptable de aguas subterráneas ronda el 60% sobre su recarga anual.

El estudio de WWF llega en pleno verano, cuando los humedales temporales del parque natural se secan y el ecosistema se pone en modo "descanso" por las altísimas temperaturas, según afirma Javier Bustamante, uno de los vicedirectores de la Estación Biológica de Doñana, dependiente del CSIC. El experto explica que en este momento el parque se encuentra muy seco, como cada verano, aunque en una situación mejor que la del año pasado, cuando sufrió las temperaturas medias más altas del registro y una sequía muy dura. En estas fechas, en 2023, las tres lagunas permanentes de Doñana —Santa Olalla, Sopetón y Dulce— estaban secas, aunque este año tienen algo de agua. "Pero seguramente se sequen a finales de julio o principios de agosto", apunta Bustamante.

El biólogo explica que este invierno hubo unas lluvias abundantes en marzo, pero tardías, y con el calor primaveral se evaporó buena parte de esa humedad. "En general está siendo un año seco y las aves acuáticas han tenido un periodo corto de reproducción. Todavía no hemos recogido los datos de la temporada, pero no esperamos que vaya a ser un buen año", añade Bustamante. Sobre el estado de la flora, confirma que en 2024, como ya ocurrió en 2023, continúa el proceso de mortalidad de árboles que ya se registró el año pasado, como la de alcornoques centenarios, pinos y sarinas. Estos dos últimos casos son especialmente sorprendentes, porque se trata de especies que soportan bien la sequía.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha contestado este martes en el foro de infoLibre sobre el agua a las innumerables propuestas del Partido Popular y de Vox para cerrar un pacto de Estado del Agua. Este plan está basado en la construcción masiva de infraestructuras hídricas para transportar agua entre cuencas y mantener intactas las demandas del sector primario, pese a que decenas de acuíferos y embalses sufren la sobreexplotación. El alto cargo del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) ha defendido en cambio el Plan Hidrológico 2022-2027 centrado en reducir paulatinamente los derechos de riego en zonas de sequía crítica, la inversión en eficiencia y la construcción de desaladoras.

"Cuando se apela de forma recurrente a que este país necesita un Pacto de Estado del Agua, en realidad lo que se dice es que queremos rescatar una costumbre nada edificante en el cual quienes tienen los mayores intereses se ponen de acuerdo para repartirse el agua", ha señalado este martes el secretario de Estado durante la jornada Gestión sostenible y eficiente del agua, organizada por infoLibre en colaboración con el Miteco y moderada por el director de este medio, Daniel Basteiro. La frase iba dirigida al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que durante la campaña electoral del año pasado prometió que si llegase al poder impulsaría un plan estatal de 40.000 millones de euros, aunque sin detallar las partidas de gasto. En cambio, el Plan Hidrológico aprobado por el Gobierno actual tiene un presupuesto de 22.840 millones.

Morán ha defendido en su lugar el llamado "principio de unidad de cuenca", donde la gestión del agua en España no se realiza como una política nacional, sino que cada una de las nueve grandes cuencas de España tiene su propio órgano de gestión, donde participan las administraciones y los usuarios. "Lo que necesitamos es un modelo de equilibrio y ese principio de unidad de cuenca dice que un río es un ecosistema en sí mismo. Da vida a los recorridos por donde circula y quienes viven en sus orillas deben ser los primeros beneficiarios", ha dicho este martes el secretario de Estado.

Durante su intervención también ha apuntado que su ministerio a más que duplicado el presupuesto destinado a la gestión del agua desde los 350 millones de euros que dejó el PP en 2018 hasta los 770 millones de euros en 2024, y afirmó que su objetivo es estabilizarlo en alrededor de 1.000 millones al año. "El agua fue uno de los sectores más damnificados por los recortes de presupuesto, y en un país como el nuestro es imposible tener una capacidad de respuesta con 350 millones", añadió Hugo Morán.

Tras la intervención del secretario de Estado, ha tenido lugar una mesa redonda con expertos del sector del agua, que han aprovechado para pedir al Gobierno un compromiso mayor ante el impacto del cambio climático. Han propuesto continuar con la reducción de la demanda del sector primario —que consume más del 80% del agua del país—, un mayor control del estado de las reservas subterráneas, más apoyo en las pequeñas ciudades y pueblos —donde las tuberías están desgastadas y sufren grandes fugas— y repensar la economía de país, basada en un turismo de masas insostenible.

"Tenemos 85 millones de turistas, somos el tercer productor mundial de carne de porcino, somos líderes en cítricos, en frutos rojos, somos la huerta de Europa… Lo queremos todo a la vez mientras tenemos problemas de suministro de agua, y no podemos", ha resumido Ana Tudela, cofundadora de Datadista, un medio de comunicación especializado en el análisis de datos que trabaja de cerca con la sequía.

Sobre ello también ha hablado Carolina González Vives, urbanista experta en hidrología urbana y directora de Hidra Design, que ha hecho hincapié en que España hay una idea "equivocada" de nuestras reservas de agua reales, puesto que al vivir en un continente con abundantes precipitaciones hemos querido imitar la forma de vivir de países muy húmedos. "Nos hemos confundido pensando en que tenemos agua ilimitada, pero vivimos en un paisaje árido, y eso no va a cambiar nunca. Necesitamos adaptar la economía y la cultura de vida a esta situación", ha expuesto. La construcción de campos de golf, el desarrollo urbanístico masivo en una costa muy seca, como la Mediterránea, o la abundancia de jardines y riegos en las ciudades son ejemplos de prácticas erróneas.

Otro asunto repetido por los participantes del foro ha sido la disputa política y la falta de consenso. El choque sobre los trasvases tiene décadas de antigüedad en España, e incluso dentro de los mismos partidos hay discrepancias entre políticos nacionales, autonómicos y locales. Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas), ha apuntado sin embargo que más allá del ruido que hacen los políticos hacia afuera, su experiencia es la opuesta. "Hay mucho ritual de conflicto alrededor del agua, pero cuando e baja a la realidad hay mucho consenso y grandes éxitos", ha afirmado.

Babiano ha destacado el caso de Sevilla, una ciudad ubicada en el epicentro de la sequía, donde en los años 90 se llegaron a vivir restricciones de ocho horas al día para el consumo humano. Pero en este momento la capital andaluza acaba de superar una sequía de seis años sin que sus vecinos apenas lo noten. "Gracias al consenso técnico y social, y a una agencia pública del agua, hemos bajado un 35% el consumo de agua mientras la población ha crecido un 35%", ha dicho el experto.

Por el contrario, Ana Tudela dijo que ella veía "muy difícil" un consenso político sobre el agua, porque la unidad de cuencas de la que ha hablado el secretario de Estado choca con "la falta de unidad en las competencias", debido a que en muchas zonas las decisiones sobre el uso del agua se pisan entre diferentes administraciones. Por ejemplo, en el Parque Nacional de Doñana, donde hay graves problemas de sobreexplotación de los acuíferos, la gestión de las aguas subterráneas y las del Guadalquivir depende del Gobierno central, mientras que la división de los usos del suelo la decide la Junta de Andalucía; por no hablar de las competencias que tienen las decenas de ayuntamientos que colindan en la zona. 

La periodista Ana Tudela, que ha analizado la contaminación de los acuíferos españoles y su secado, también ha aprovechado para reclamar mejoras en la red de sensores que miden el estado de las aguas subterráneas, donde se concentra el 99% del agua dulce del planeta. Durante décadas —y todavía hoy— los acuíferos se han tratado como pozos infinitos de agua por parte de los agricultores, pero en los últimos años se ha demostrado que ese maltrato ha provocado la pérdida de inmensas cantidades de agua por su contaminación y salinización. 

"En la sequía de 1995 los agricultores de Jaén se pusieron a pinchar en el suelo como locos en busca de agua para salvar a sus olivos y dieron con el acuífero de La Loma, hasta entonces desconocido. Esa agua permitió plagar los árboles de aceitunas, pero los piezómetros no medían lo que tenían que medir y en solo tres décadas lo han vaciado. Y estamos hablando de cavidades que se formaron en otras eras", resumió Tudela.

El temporal de El Niño, un evento climático cíclico que aumenta la temperatura global, redujo en 2016 un 5,6% el tráfico por el Canal de Panamá, uno de los puntos clave del comercio global. El verano pasado regresó El Niño, en una versión todavía más devastadora, y en 2024 el comercio por este estrecho se ha desplomado un 33% comparado con el año pasado. El impacto del cambio climático en el comercio marítimo preocupa a los expertos por su eficacia a la hora de bloquear rutas clave para mover alimentos por el mundo.

Un equipo del Centro Euromediterráneo para el Cambio Climático ha calculado que en 2030 la sequía tendrá un impacto de 34.000 millones de euros (a precios de 2014) en la economía global solo por la reducción de barcos que transportan cereales y leguminosas que pasan por tres puntos clave: el Canal de Panamá, de Suez y el Bósforo (Turquía). Por ellos transitan cada año el equivalente a 84.000 millones de euros en forma de arroz, trigo, leguminosas y otros cereales.

Para el estudio han elegido estos alimentos porque estos enclaves marítimos son esenciales para distribuirlos por el mundo. Los tres canales abarcan el tráfico del 23% del arroz del mundo, del 56% del trigo, del 36% de otros cereales y del 23% de las legumbres. En Suez y Turquía, los expertos recomiendan ampliar la profundidad del agua y ensanchar los pasos para evitar disrupciones por el cambio climático, mientras que en Panamá proponen ampliar los embalses que nutren el canal. El análisis ha sido publicado en la revista Journal of Shipping and Trade.

Ramón Key, el investigador que lidera el estudio, afirma que la sequía y la reducción del paso de barcos no solo golpean la economía de países exportadores e importadores de alimentos, sino que merman la capacidad de regular la oferta y la demanda de alimentos. "El comercio internacional de alimentos, según la ONU, sirve en teoría como método para adaptarnos al cambio climático. Si hay una sequía en Brasil y se reduce la producción de soja, se puede importar de otra parte del mundo, pero si el cambio climático empieza a afectar también al transporte, el sistema de equilibrio se trastoca", opina el economista.

Muchos de estos cereales y legumbres acaban en Europa, donde los autores calculan que en 2030 se perderán unos 2.000 millones de euros del PIB (a precios de 2014) por la reducción de llegada de buques, principalmente por los problemas en el Canal de Panamá. La cifra de pérdidas es muy pequeña comparada con el total de la economía europea, pero teniendo en cuenta que solo afecta al sector agrícola —que supone 220.000 millones del PIB comunitario—, y dentro de este, a unos pocos cultivos, se trata de un impacto "significativo", según el coordinador del informe. También estiman que esta caída de la importación provocará un aumento de la agricultura interna del continente, especialmente en el Mediterráneo y el norte de Europa.

Las disrupciones climáticas en el Canal de Panamá son las que más daño hacen a la economía global, puesto que a través de él pasa el 13% de los cereales del mundo, el 13,7% de las legumbres y el 7% del trigo. La caída del tráfico es este año del 33% interanual, pero se espera que alcance una reducción del 53% frente a la media en 2030. La sequía castiga tanto a este estrecho porque el agua que lo alimenta proviene del lago Gatún, que ya tiene problemas severos de sequía y se agravarán en el futuro. Estados Unidos y Canadá serán los principales perjudicados porque usan este estrecho para comerciar con el mundo, especialmente con China.

El principal impacto para Europa vendría del Canal de Suez, por donde entran el 66% de las importaciones de arroz del continente. De hecho, los investigadores calculan que la producción de arroz en la Unión se incrementará en el futuro para compensar estas pérdidas, probablemente en la zona mediterránea, ya que Italia cultiva hoy la mitad del arroz del continente y España un 30%. La caída de la importación de trigo no se vería afectada por la disrupción del estrecho de Suez, según los autores, porque se encontrarían nuevos vendedores. Estados Unidos pasaría a exportar más cereal, la India más trigo, y Argentina más leguminosas, mientras que Ucrania sería el más perjudicado por la menor disponibilidad del canal egipcio.

Por último, los problemas en el estrecho turco tendrán un daño menor en el comercio mundial y europeo, pero su impacto sería el más duro para los grandes exportadores de cereal ubicados al este de Europa: Ucrania, Rusia, Turquía, Oriente Medio y algunos países de Europa del este. Más, el 30% del comercio global de trigo atraviesa este paso. Tanto en el caso del estrecho turco como en el Canal de Suez, las alteraciones climáticas no estarían relacionadas con la sequía, sino con los temporales adversos, que derivan en accidentes. En Suez, los fuertes vientos y las nubes de polvo que hay en la región son cada vez más frecuentes y fueron la causa de que encallase el buque Ever Given en marzo de 2021. Durante los seis días que estuvo atravesado provocó pérdidas diarias de casi 10.000 millones de dólares. En Turquía, por otra parte, el estudio recoge que en las últimas décadas se han producido al menos seis cortes de la circulación por mala visibilidad o tormentas de nieve.