“Estamos de capa caída, hay que ser realistas”, se lamenta Eugenio Campanario, portavoz del movimiento Extremadura Vaciada. Hace siete años que esta plataforma se unió a las reivindicaciones de otros territorios para llevar a Madrid las deudas pendientes con las zonas más despobladas. La España Vaciada sonó bien alto, pero la revuelta ha ido perdiendo fuerza y poco se ha avanzado en sus peticiones. Campanario, que es cura en tres pueblos de la provincia de Badajoz (Ahillones, Valverde de Llerena y Villagarcía de la Torre), pertenece al Movimiento Rural Cristiano y conoce de primera mano las necesidades de su entorno. Los problemas siguen ahí: despoblación, envejecimiento, emigración de los jóvenes por falta de oportunidades, déficit de infraestructuras o la lucha constante por mantener servicios básicos. No obstante, ahora hay otro elemento en la ecuación que, considera, ha venido a perjudicar a las zonas rurales: el impacto de las plantas fotovoltaicas.

Lo explica así para infoLibre: “Es una obviedad que hay que seguir el camino de las renovables, pero el modelo que la España Vaciada puso sobre la mesa es ir contra los macroproyectos, porque aniquilan las alternativas. No ha habido control y no se ha tenido en cuenta la sostenibilidad. Tampoco ha servido para fijar población porque la mano de obra que se crea es temporal”.

Con él coincide Cecilia Carrasco, secretaria de Fademur (Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales) en Extremadura: “Lo que se ha hecho es alimentar los macroproyectos, no la autosuficiencia de los pueblos para que sean más sostenibles y paguen menos en la factura de la luz. Es lo que ocurre siempre en el medio rural, que es un campo de experimentación; y no se piensa en sus habitantes, sino en el beneficio de las empresas que hay detrás”.

Ella reconoce que en algunos casos estos parques solares se han colocado en terrenos con poca fertilidad o cuyos propietarios no querían hacerse ya cargo “y les ha venido bien vender y llevarse un dinero”. “Igual que a los ayuntamientos, que han tenido ingresos puntuales por determinadas parcelas. El problema está en que, una vez que terminan las obras de instalación, se acabó el empleo, no hay ninguna progresión”. 

Carrasco también habla del impacto visual: “Vas desde Aliseda a Malpartida de Cáceres, que es una carretera preciosa, y estás rodeada de espejos”. “Lo que sí hemos conseguido”, prosigue, “es que en algunos parques solares entre el ganado a pastar”.

Los datos que recoge Red Eléctrica sirven de contexto: en 2015 había 562 megavatios (MW) de fotovoltaica instalados en Extremadura; en 2025 ya eran 8.512 MW. La potencia se ha multiplicado por 15 en una década, destacando en esta cifra las grandes plantas que se reparten por toda la comunidad autónoma.

En cuanto al peso del autoconsumo, apenas se llega al 2% del parque de renovables, la tasa más baja del país, según el informe elaborado por la consultora Opina 360 a través de Red Eléctrica. Habría que añadir, no obstante, que en ese porcentaje influye la poca industria que existe en la región extremeña.

El pasado mes de febrero, cuando todavía la Junta de Extremadura estaba en funciones, se publicó un decreto para determinar las zonas prioritarias para el desarrollo de proyectos de energía solar fotovoltaica. En el decreto se buscar dar garantía jurídica a los promotores, pero también se especifica la protección de la dehesa y de los cultivos leñosos (olivar, vid, frutales), por ejemplo.

Este documento lo analiza Eugenio Romero, profesor de Formación Profesional y uno de los portavoces de la Asociación 25 de marzo: “Sacan de la catalogación a los núcleos de población, lo que nos parece un error, porque en los edificios públicos y privados y en las viviendas es donde se debería fomentar el uso de placas para el autoconsumo”.

Romero pone el foco, sobre todo, en el porcentaje de territorio que Extremadura destina a proyectos fotovoltaicos según este citado decreto: “La superficie catalogada como de alta o muy alta capacidad es el 20%, una quinta parte de la región, 840 mil hectáreas. Y si se añaden las zonas con capacidad media se llega al 39%. Por hacer una comparativa, en Madrid solo se permite hasta el 4%. Y a estos datos hay que sumarle que la comunidad extremeña exporta el 80% de la electricidad que genera. No podemos ser una colonia energética para los grandes puntos de consumo”.

En el debate sobre qué camino deben seguir las renovables, inevitablemente aparece la central de Almaraz. Su posible cierre ha generado una gran polémica en Extremadura. “La nuclear nos sobra porque los extremeños solo consumimos el equivalente a la mitad de lo que producen las energías alternativas. Y si Almaraz continúa, supondrá un freno para las renovables, que muchas veces tienen que tirar electricidad porque hay exceso, lo que también afecta a la rentabilidad de las grandes plantas”, subraya el portavoz de la Asociación 25 de marzo. No obstante, va más allá en su reflexión: “Hay una base clara: la transición energética es imprescindible, pero al mismo tiempo somos conscientes de que la sustitución total del petróleo, el gas y el carbón por energías renovables es muy complicada. La cuestión que se debe poner encima de la mesa es el nivel de consumo energético que llevamos, porque los recursos son finitos. Hasta para extraer minerales hace falta petróleo. Las cosas no se están haciendo bien y hay intereses que chocan. Y no hay que olvidar que muchos de los conflictos bélicos que tenemos son por las materias primas”.

Volviendo a la fotovoltaica y su repercusión en Extremadura, Romero tiene claro que estos macroproyectos son “una burbuja sostenida con fondos públicos”.

En cuanto al autoconsumo, asegura: “Cualquier país del norte de Europa, con menos sol que nosotros, tiene más superficie destinada a este fin y una factura de la luz más barata”.

¿Qué dicen los ecologistas? El pasado verano, por ejemplo, presentaron un recurso de alzada contra la fotovoltaica de Trujillo por su impacto ambiental. “Es un área de alta sensibilidad ambiental con especies amenazadas”, explica Julio César Pintos, de Ecologistas en Acción.

Pintos denuncia también el daño en la zona entre Calzadilla y Guijo de Coria, “una zona de exclusión ambiental donde está presente el cernícalo primilla y la avutarda”. Por ello, lamenta que la protección de aves quede en un segundo plano y que “el desarrollo tan rápido de grandes proyectos haya dificultado la vigilancia del respeto medioambiental”.

Asimismo, un informe de Ecologistas en Acción de marzo de 2025 recoge: “El despliegue de forma no planificada por parte de grandes empresas, en forma de instalaciones cada vez más grandes en la España Vaciada, ha originado un fuerte rechazo social. A ello se le suman efectos sobre el sistema eléctrico como la saturación de algunos nudos, el desplome de precios en las horas de mayor generación, o la necesidad cada vez más habitual de parar o limitar la generación renovable debido a que la generación se sitúa por encima del consumo”.

Quien se presenta como paradigma de apuesta por las energías limpias es Pablo Ramos, de Ecologistas Extremadura. Cuenta que en su vivienda tiene placas solares y que con ellas también recarga dos coches eléctricos. “Se están desaprovechando los tejados. Yo estoy desenganchado de la red, no viví el apagón en mi casa”, remarca.

Asimismo, bajo su punto de vista, el hecho de que ya no haya Consejería de Medio Ambiente o que las plazas de funcionario de evaluación ambiental sean limitadas influye en que, a veces, no se hayan establecido criterios precisos de protección, especialmente cuando se trata de las aves.

Ramos, al igual que el resto de voces de este reportaje, alerta del peligro de “la mentalidad colonialista” en cuanto a la energía y de las consecuencias que esta práctica tiene y tendrá en la Extremadura Vaciada.

Hace casi 20 años que Carlos Martínez es alcalde de Soria, pero Soria siempre ha quedado muy lejos del resto de Castilla y León. Un 34,5% de los ciudadanos, según el CIS, no lo conocían en febrero antes de que comenzara la campaña de las elecciones del 15 de marzo. Tuvo apenas un año para presentarse al público como líder del PSOE de la comunidad, algo que está intentando contrarrestar con la campaña electoral más intensa y kilométrica, la única que queda en Castilla y León con caravana de prensa y que, en una jornada y media, puede llegar a sumar un total de cinco provincias, un expresidente y un presidente del Gobierno y 700 kilómetros.

A diferencia de su principal rival –el candidato a la reelección del PP, Alfonso Fernández Mañueco–, Martínez se expone a preguntas de los periodistas cada día, lo que hace que genere más titulares, algo que ha comenzado a molestar entre los populares. Hasta el primer debate electoral, el presidente de la Junta hacía campaña como si el socialista no existiera, refiriéndose en sus mítines solo a Vox para intentar que Santiago Abascal deje de comerles ese terreno que durante tantos años dieron por propio. Martínez le ha tenido que decir “míreme, míreme” tanto fuera como dentro de esa escena televisiva. El soriano lo achaca a que son un problema para un PP que, según datos propios del PSOE a los que él se refiere estos días, “va en caída libre”. Si Vox logra superar el 20% del voto por primera vez en una autonomía (el reto que se han marcado) y lo hace como es previsible a costa del PP, los socialistas podrían por lo menos decir que han ganado las elecciones. Aunque no tengan posibilidad de gobernar.

Mañueco nunca habla del gran elefante en la habitación: que en Castilla y León no ha germinado en 43 años —38 de los cuales gobernados por su partido— una identidad común. “Soy consciente de que no hay sentimiento de comunidad”, afirmó, en cambio, Martínez en su primer minuto del primer debate electoral sin que nadie le preguntara. Municipalista militante, hace malabarismos para contentar a cada provincia, en los tiempos del “qué hay de lo mío”, mientras tiene que presentar un proyecto colectivo porque el cargo al que aspira es la Presidencia de la comunidad. “Mañueco ha hecho que parezca que la Junta de Castilla y León no existe. Pero es algo muy real, que debe gestionar 15.000 millones de euros. Y lo que nosotros contraponemos es precisamente la configuración durante todo este año de un proyecto colectivo que tenga ese ejercicio de empatía en el que nadie se quite la camiseta de Palencia ni la de Soria, pero todos nos pongamos la camiseta de Castilla y León”, responde en la capital del Carrión a una pregunta de infoLibre sobre qué hará, si es presidente de la Junta, para sembrar ese sentimiento compartido que no existe.

Martínez (Soria, 1973) argumenta que el auge provincialista (Soria ¡Ya! y Por Ávila, ambas formaciones con escaño, pero réplicas del mismo corte en las demás como síntoma) es un fenómeno de las elecciones anteriores, y que ahora lo que hay en la comunidad es un movimiento “de cambio” y no de “involución localista”. “No resuelve los problemas. Yo soy de los de La bola de cristal: solo no, con amigos sí. La generación de alianzas es absolutamente necesaria dentro de un proyecto fuerte que tenga voz en Europa y en Madrid”, expone. El cinco veces alcalde de Soria desdeña desde siempre lo que llama “nacionalismos de campanario” y les afea que digan que no tienen ideología pero que luego “se vendan al mejor postor y suelan caer siempre a la derecha”. Y culpa al PP, y a Mañueco en los últimos siete años como presidente, de haber aplicado la confrontación entre provincias, “una guerra de guerrillas”.

A su principal rival en su circunscripción natal, Ángel Ceña de Soria ¡Ya!, los periodistas suelen preguntarle cuál es su proyecto para Castilla y León si afirma sin ambages que sólo se presenta a las elecciones para conseguir mejoras para su provincia. Una contradicción a la que también se enfrenta la Unión del Pueblo Leonés (UPL), que hace campaña con el lema ‘Defiende lo tuyo’ y busca escaños en una autonomía en la que no cree para obtener inversiones para las tres provincias de la Región Leonesa (León, Zamora y Salamanca) aunque en realidad su candidata peina la primera y no frecuenta las otras dos consciente de que se juega todo, incluso un posible sorpasso al PSOE, en los procuradores de un León donde a los malestares comunes se une, muy recientemente, el de la gestión de los incendios del verano, con los daños en Las Médulas como principal postal desolada.

León, la provincia diferencial, es una de las que más ha visitado el candidato socialista desde que lo nombraron líder del partido en la comunidad, y especialmente en esta campaña. Él mismo lo reconocía el pasado viernes en un mitin en la capital junto al expresidente del Gobierno y leonés ilustre José Luis Rodríguez Zapatero: “Me dicen que vengo mucho a León, cómo no voy a venir para volver a estar entre los míos, entre los nuestros”. Martínez, quien sigue diciendo “Castilla-León” cuando el nombre correcto es Castilla y León, intenta tanto convencer en la provincia y hacer ver que entiende el sentimiento identitario que en ocasiones se mete él solo en jardines de los que no puede salir. Le ocurrió ese mismo día por la tarde en un “pincho-mitin” en un bar de la localidad leonesa de Sahagún. “León es una Castilla en la propia Castilla”, dijo antes de que pasara un minuto del comienzo de su intervención. Los medios locales y Twitter-León echaron, una vez más, humo.

Consciente de este contexto y de que UPL le pisa los talones al PSOE en la provincia, Zapatero, que sigue teniendo gran tirón entre los suyos en su tierra, salió con todo ante un pabellón Luis Vives abarrotado y proclamó: “Se habla mucho de leonesismo. Con humildad digo que el mayor leonesista ha sido Zapatero porque es el que más ha hecho por León. Lo demás son canciones”. Martínez, intentando enmendarse y seguir los consejos de sus compañeros de partido locales, invirtió el nombre de la comunidad y se refirió a “León y Castilla”. Al día siguiente, jugando en casa y arropado por el presidente Pedro Sánchez en el flamante Palacio de la Audiencia de Soria, Martínez fue directo contra su competidor local y sus semejantes en otras provincias: “Pretenden darnos lecciones exhibiendo carnés localistas. El partido socialista es el partido más leonesista, más soriano, más zamorano, más palentino, somos el partido que entiende a la gente”. A las puertas del Palacio, en el corazón de una provincia donde muchos miran más a Zaragoza que a Valladolid, una imagen enorme del candidato con un mensaje para que los vecinos que le han confiado la única mayoría absoluta del PSOE en una capital de provincias le ayuden a ganar las elecciones: “Soria, prometo estarte agradecido”, en alusión a la canción de Rosendo que era el himno de su campaña hasta que comenzó a pegar una hecha por su equipo con inteligencia artificial: “Viene para ser alcalde de todos, en Castilla y León. Cambiemos el futuro, oh, oh”. 

La Revuelta de la España Vaciada ha abogado por que la vivienda en las zonas despobladas sea "más competitiva" para fomentar la llegada de nuevos pobladores, en la séptima asamblea del movimiento social que se ha celebrado este fin de semana en Molina de Aragón (Guadalajara).

En el transcurso de la asamblea se ha abordado el problema del acceso a la vivienda, adaptado a las distintas realidades demográficas y económicas de cada provincia, y las plataformas que conforman el movimiento social han coincidido en apreciar que la falta de vivienda pública está impidiendo que la población joven se quede en los pueblos, ha informado en una nota de prensa la Revuelta de la España Vaciada.

Las plataformas han advertido de que la falta de vivienda pública, ya sea por abandono, por procesos especulativos o por la inexistencia de un parque público realista, impide que los jóvenes se queden en estas zonas, dificultando el arraigo "y frenando cualquier proyecto de revitalización".

Por ello, han planteado que la vivienda en la España vaciada debe de ser más competitiva: "Atendiendo a las propiedades y condiciones que puede ofrecer una vivienda en el medio rural, no solo para mantener la población de la zona y ayudar a los habitantes de los pueblos, sino también para fomentar la llegada de nuevos pobladores".

Otro de los bloques importantes que se han tratado en la asamblea de Molina de Aragón ha sido el del impacto de las energías renovables implantadas sin planificación, que son consideradas por la mayoría de los colectivos que integran la Revuelta de la España Vaciada "como la mayor agresión actual al territorio rural".

Al respecto, las plataformas han denunciado que "el Estado está convirtiendo extensas comarcas en zonas de sacrificio".

 Esta circunstancia se aprecia en todo el país, en el que se están implantando "macropolígonos fotovoltaicos que cubren miles de hectáreas productivas o instalaciones eólicas que destruyen paisajes naturales emblemáticos", en los que en lugar de impulsar las comunidades energéticas "se están desviando fondos para las empresas privadas".

También se ha analizado en la asamblea el impacto de los numerosos proyectos de biogás y macrogranjas que se están acometiendo, que según la Revuelva de la España Vaciada "contaminan suelos, aire y agua, e impactan muy negativamente en la biodiversidad".

Todos estos impactos negativos ya han sido señalados por entidades científicas y por divulgadores ambientales, como es el caso de los análisis que han hecho expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

 Asimismo, la sexta asamblea de la Revuelta de la España Vaciada ha situado los incendios entre las prioridades del movimiento social, porque: "Año tras año, la sociedad es testigo de cómo el abandono institucional, la acumulación de combustible y la falta de recursos materiales y personales, ponen en riesgo los montes".

Los siniestros "han supuesto la ruina para unos territorios ricos en recursos naturales, pero pobres en herramientas de defensa ante los colosales incendios", ha lamentado el movimiento social.

A veces un artículo que bulle en la cabeza se va retrasando porque las noticias “enormes” de la actualidad lo van arrinconando. También porque una sabe ya lo que se lee y lo que se pasa por encima con cierto gesto de hastío o desinterés. Es, quizá, el caso de este artículo que quería escribir desde que terminó la temporada de incendios. Estos tienen que ver no sólo con el cambio climático (que se ha convertido ya en otro de esos temas que sólo parecen interesar a los ecologistas) sino con el abandono del campo y de sus habitantes.

Hace poco más de un mes se produjo en Madrid otra manifestación de las que los habitantes de esta España vaciada convocan periódicamente. Se han convertido en parte del paisaje, nadie les hace mucho caso porque no son una amenaza inmediata para nadie, para ningún partido, para el orden público, para ningún bien material. Vienen, se manifiestan, ocupan dos líneas en los medios y se vuelven. Pero la desaparición de lo rural es una amenaza para todos y todas, aunque nadie quiere verlo ni ponerle remedio. 

Hemos abandonado lo rural materialmente, pero también lo hemos olvidado. Es como que no existiera. Habitantes de las ciudades, imbuidos de la sensación de invulnerabilidad propia de este capitalismo salvaje e individualista, hemos olvidado que aún dependemos del campo, aunque sea de un campo cada vez más lejano. Lo que comemos, el agua, la electricidad, el esparcimiento, el aire, la posibilidad de refugio en caso de pandemia, el espacio en un mundo hacinado, gran parte de la cultura de un país, de su cohesión social… todo eso sigue dependiendo del campo. Pero no se trata únicamente de esas cosas más o menos materiales, se trata también de derechos: los habitantes de la España vaciada tienen los mismos derechos que los habitantes de las grandes ciudades aun cuando dichos derechos son conculcados sistemáticamente, quizá porque se piensa que esas personas tienen cada vez menos peso electoral.  Ese es un asunto que nadie quiere abordar en serio mientras el país se vacía y se hace más y más dependiente de países que prestan más atención a su mundo rural.

Como diputada fui portavoz en una llamada Comisión de Despoblación y Reto Demográfico, una comisión que me sacaba de quicio. Aquí era más cierto que nunca eso de que si quieres “matar” políticamente un tema haz una Comisión parlamentaria. Tardes y más tardes en las que todo el mundo hablaba del problema y de las soluciones. Pero el problema del campo o de la España vaciada es sencillo de diagnosticar y de solucionar: servicios públicos. No hace falta más, pero eso es lo que nadie quiere atender porque cuesta un dinero que se supone que no tiene retorno. Todos los planes gubernamentales o autonómicos que consisten en dar 500 o 1000 euros a las familias que se instalen allí, e incluso proporcionarles viviendas, no sirven de nada si no hay servicios de ningún tipo. Porque en el campo sobran viviendas, lo que no hay es posibilidad de habitarlas.

La obsesión por el AVE ha dejado sin tren a una parte importante de las ciudades pequeñas y medianas. Me han invitado a dar una charla a Soria y he descubierto que ya no se puede ir en tren. El AVE es un tren para ejecutivos y turistas, pero los ciudadanos tenemos otras necesidades de transporte. En gran parte de Europa los trenes recorren y cohesionan todo el territorio facilitando que los habitantes de ciudades medianas y pequeñas no tengan que emigrar. En España, ahora además, les están quitando también los autobuses. Hace poco he viajado por Aragón y he atravesado varios pueblos llenos de pancartas en las que pedían que no se les retirara la línea de autobuses, único transporte público del que disponen para todo. Nadie lee esas pancartas y a nadie le importa esa reivindicación. El Ministerio de Transportes, del inefable Óscar Puente, tiene muchas preocupaciones pero una de ellas debería ser garantizar que la gente que vive en las zonas rurales pueda desplazarse. Lo mismo vale para los gobiernos autonómicos. Por el contrario, el ministro ha decidido suprimir las paradas que no alcancen un número determinado de pasajeros por año. Pero el transporte, como la sanidad o la educación, no puede depender únicamente de que sea rentable, es un servicio público, es un derecho. Esos pueblos están llenos de gente mayor que, de un día para otro, ya no pueden ir al médico, los niños a la escuela o la gente a otro pueblo mayor. Se quedan aislados, dependientes del coche privado para todo. Puente sabe que esta desatención apenas le va a pasar factura.

Vivir en ciudades pequeñas se ha convertido en un acto heroico. En los pueblos desaparecen los servicios, los médicos, los institutos, los cajeros, los bares, las tiendas… Los pueblos se convierten en lugares que sólo viven, si tienen suerte, del turismo y para los turistas. Sólo hay tiendas de souvenirs, hoteles y restaurantes para gente que está siempre de paso. Pero los pueblos así concebidos se convierten en decorados sin gente y esa visión empobrece el país y supone una amenaza ante el cambio climático, los incendios y la cultura.

Siento decir que ha sido Ayuso la que, por ahora, ha conseguido que haya al menos un cajero en aquellos pueblos que hasta ahora no tenían. Ya es más de lo que han hecho muchos otros (y me duele decir esto).

Las políticas agrarias que se aplican parecen pensadas más para incitar a la gente a que abandone la agricultura o la ganadería que a apoyar dichas formas de vida. Son políticas que apoyan únicamente a las grandes empresas y desasisten a los pequeños o medianos agricultores o ganaderos. Se entiende lo rural como zonas de desecho en las que instalar industrias contaminantes que no se permitirían en lugares con mayor densidad de población. Las administraciones no encuentran problemas en poner macrogranjas de cerdos que contaminen el agua y la tierra o que den malos olores. Las protestas de los afectados, pueblos enteros unánimemente levantados contra estas decisiones, nunca son escuchadas. Esa gente no importa.

Se nos deshace el paisaje, se muere una parte de nuestra cultura; aquella parte que sabía cómo evitar los incendios, esa parte que produce electricidad, agua, comida, aire limpio, que guarda el espacio que quizá necesitaremos más temprano que tarde. Se abandona a millones de personas que pagan impuestos, se las deja sin transportes, sin médicos, ni bancos, ni escuelas.

Y podría dedicar un artículo a hablar de las mujeres rurales, quienes todos los estudios señalan como las encargadas de fijar la población al territorio. Si una mujer se va, se va la familia entera. Soportan discriminaciones históricas, que todavía son legales, como la no propiedad de la tierra que trabajan, y soportan altos niveles de abandono y desatención por parte de los organismos de igualdad y de las administraciones. No hay programas ni apoyos específicos para ellas a pesar de que se sabe que si alguien puede levantar el territorio son ellas.

Hace poco hemos podido ver unos anuncios del Ministerio de la Vivienda que han levantado enormes críticas. Se mostraba a varias personas jubiladas compartiendo piso. Costaba creer que el Ministerio de Vivienda se hubiera hecho un anuncio contra sí mismo. Un anuncio para mostrar la inexistencia de políticas de vivienda efectivas. Se produjo un pequeño escándalo. Pues esos mismos días también salieron unos anuncios del Ministerio de Agricultura que parecían hechos por la misma agencia. En los anuncios, personas muy sonrientes aparecían haciendo, con aparente alegría, cosas “campestres” mientras una voz en off decía: “me quedo en el campo”. Y ya está.  Desde mi experiencia política ya sé que todos los programas, todas las políticas presupuestadas, suelen incorporar un dinero para publicidad que hay que gastar. El problema es cuando hay más dinero para publicidad que para políticas reales. Eso ocurre demasiadas veces. 

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Beatriz Gimeno es exdirectora del Instituto de las Mujeres.

Un fantasma vuelve a recorrer Europa, y esta vez de forma rotunda y visible. Se trata de los miles de personas que están saliendo a las calles de las principales ciudades para mostrar su repulsa al genocidio que Israel está perpretando en Gaza y pedir a sus gobiernos que actúen. Nada que las encuestas no estuvieran diciéndonos ya, pero al mostrarse juntos en las calles su mensaje cobra mayor fuerza y capacidad de transformación. En unos casos plantean cortar toda relación diplomática; en otros, ir más allá. No es a los activistas a quienes corresponde decidir con la precisión del cirujano qué medidas son más eficaces. Su función es otra; es mostrar un estado de ánimo, que no puede ser otro que la indignación que emerge cuando se constata la barbarie en tiempo real. Su mensaje, nítido: “No es una guerra, es un genocidio”.

La palabra “activista” lleva años condenada al rincón del desprecio asemejándola a extremismo, parcialidad y falta de mesura o capacidad de análisis y juicio. Cuando se dice “esta es una activista”, se quiere señalar a alguien que no atiende a razones, que no ve más lógica que la suya propia y que todo lo sacrifica para defender una causa. Pero el activismo es otra cosa. Desde un punto de vista etimológico, activista es quien está activo. ¿En qué? En el cambio, en la transformación social. Implica compromiso y una actitud proactiva de transformación.

A partir de los denominados "nuevos movimientos sociales" en Estados Unidos en la década de 1960, se empezó a entender el activismo como una opción democrática de protesta. Los más vanguardistas montan Flotillas, campamentos –como el que organizaciones de mujeres van a iniciar en Bruselas en los próximos días– o convocan manifestaciones. Otros, simplemente acuden a esas llamadas y hacen que se conviertan en un clamor. La ciudadanía alcanza así su mayor expresión, cuando es capaz de activarse y comprobar, una vez más, la potencia de la acción colectiva.

El activismo es, así, una actitud ética ante la vida: la que te lleva a sentirte concernido y a actuar ante aquellas situaciones que quieres tanto defender como rechazar. Se puede ser activista por la igualdad entre hombres y mujeres e indignarse contra cualquier cosa que suponga una restricción del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Se puede ser activista por la transición ecológica y pelear contra la prórroga de las centrales nucleares, y por supuesto, se puede ser activista por los derechos humanos y salir a las calles a gritar contra el genocidio. Se puede ser activista por algo y contra algo. Y no hay nadie mínimamente identificado con los más básicos derechos humanos que no sienta una profunda indignación con lo que Israel está haciendo en Palestina, con el apoyo de EEUU y la inacción de Europa.

Una inacción, la europea, que debería acabarse tras escuchar a los activistas en las calles y dar paso a una postura firme que aísle a Israel. Hace unos días conocíamos una encuesta que decía que el 62% de los alemanes ya llaman al genocidio por su nombre. Pero hay más: todos los partidos tienen en su electorado más personas que consideran que lo que se está cometiendo en Gaza es un genocidio que lo contrario. El porcentaje aumenta conforme te vas a la izquierda y disminuye conforme se mira a la derecha, pero incluso la ultraderecha de Alternativa por Alemania tiene ya un 56% de votantes que entiende que el genocidio es eso, un genocidio.

El activismo, una vez más –y van muchas– está siendo clave para hacer girar a una opinión pública europea que unos meses atrás permanecía al margen del horror y todo lo justificaba con el derecho de Israel a su defensa. Ahora les toca el turno a los gobiernos. Los activistas no van a dejar de movilizarse y la sociedad en su conjunto cada vez se siente más interpelada y más indignada. Por cierto, de forma muy destacada, los jóvenes. Esos que a veces caricaturizamos de forma un tanto injusta.

Por las mismas calles que el sábado por la tarde-noche se clamaba contra el genocidio, unas horas después, el domingo por la mañana, personas llegadas de distintos lugares de la España Vacía –o vaciada, como les gusta decir a ellos– , desfilaban por Madrid con carteles que recordaban que sus pueblos se mueren. En un escenario a la altura de Cibeles, representantes de todas las plataformas se turnaban para leer un manifiesto donde se enumeraban todas las razones por las que la vida de va escapando de sus aldeas.

Si el sábado las calles se llenaban de cánticos, banderas palestinas, jóvenes gritando y músicas que competían unas con otras, el domingo el silencio acompañaba a los maduros, mayores y muy mayores convertidos en activistas contra su desaparición. Apenas se veían jóvenes. Quizá estaban descansando porque habían acudido a la movilización contra el genocidio del día anterior, o quizá es que ya no quedan jóvenes activistas por sus pueblos.

Sea como fuere, qué dos imágenes tan certeras, ambas de activismo, para entender las dos Españas. No las de la izquierda y la derecha, que no han cambiado tanto desde el 36, sino la de las ciudades en las que sobreviven como pueden clases medias bien formadas que miran más allá y abrazan el cosmopolitismo y, en el otro lado, quienes se sienten cada vez más expulsados de los centros de decisión, más insignificantes y más solos. Poco importa que objetivamente sea así o no, si ellos así lo sienten. Y sí, también son activistas. Contra el vacío, contra la nada. 

Unas 1.500 personas han marchado este domingo en Madrid para denunciar el abandono del medio rural, "vaciado" de servicios públicos y víctima de numerosas "agresiones" en forma de macroproyectos de energías renovables que amenazan sus recursos naturales y el modo de vida de sus vecinos.

Bajo el lema 'Salvemos el mundo rural agredido', alrededor de 1.500 personas –según han informado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno– llegadas de pueblos de toda España han acudido a esta convocatoria, respaldada por medio centenar de entidades, que ha recorrido el Paseo del Prado desde Atocha hasta Cibeles.

Lo han hecho al grito de "¡Especuladores fuera de mi tierra!" o "¡Placas no, olivos sí!" y portando numerosas pancartas con mensajes en contra de proyectos como la megaplanta solar de Lopera (Jaén), la mina de litio de Cañaveral en la comarca de Monfragüe (Cáceres) o la planta de biogás en Machacón (Salamanca).

Uno de los miembros de la coordinadora 'Salvemos el mundo rural agredido', Ernesto Romeo, ha explicado a los medios que esta protesta busca denunciar la falta de servicios públicos, que ha provocado un "vaciamiento" de los pueblos para "sacrificarlos" a favor de la especulación de grandes empresas.

Compañías que considera autoras de múltiples "agresiones" en forma de proyectos de "macrorrenovables" que están provocando "la mayor destrucción medioambiental de la historia de España", como la "plaga" del biogás, las macrogranjas o las minas, que están "arrasando pueblos" sin respetar a la gente que vive en ellos.

La marea de manifestantes ha entonado cánticos en contra de todos estos proyectos –"¡Que pongan los molinos en la Puerta del Sol!"–, de puesta en valor del medio rural –"¡El campo es mucho más que un resort en vacaciones!"–, y de denuncia anta la falta de recursos: "¡En mi pueblo había un bar, lo tuvieron que cerrar!".

Han acudido a esta manifestación vecinos de todos los rincones de España, como Rafael Alcalá, de Lopera (Jaén), quien ha explicado a EFE que la empresa Greenalia ha presentado varios proyectos de plantas fotovoltaicas en su zona que pretenden "expropiar a propietarios legítimos su olivar y su medio de vida".

Alcalá ha denunciado que esta empresa trata de "amedrentar" a los agricultores y a los propietarios del pueblo, cuya población se dedica en un 90% al olivar, para conseguir un alquiler mucho más económico cuando este proyecto no creará empleo ni traerá ningún otro beneficio al municipio.

Desde Segovia, vecinos de los llamados pueblos rojos, negros y amarillos (ubicados en la falda de la Sierra de Ayllón) agrupados bajo la asociación Annapurnas protestaban contra el permiso de prospección minera otorgado a Omnis Minería S.L. en el municipio de Riaza (Segovia). Denuncian que, a pesar de que formalmente se presenta como investigación minera, los documentos aportados y la estrategia pública de la compañía Osmond Resources "revelan una clara intención de avanzar rápidamente hacia una explotación a cielo abierto de grafito, alunita y otros minerales" que, a su juicio, plantea serias dudas desde el punto de vista ambiental, socioeconómico, legal y territorial.

Rosa Calero, de Villarrobledo (Albacete), se ha desplazado este domingo a Madrid para denunciar los "vertederos ilegales" instalados en el entorno de su localidad y la privatización de su sanidad: "No hay médicos suficientes, así que nos llevan a las clínicas privadas a hacernos pruebas cuando tenemos un hospital que tiene de todo de todo", ha lamentado.

La reducción de las listas de espera en sanidad en Teruel o la reapertura de la línea férrea Guadix-Baza-Almanzora-Lorca en las provincias de Granada, Almería y Murcia son otras de las muchas reivindicaciones que se han puesto en valor durante la manifestación.

También ha participado en la protesta el portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, quien, en declaraciones a los medios, ha recordado que, a lo largo del siglo XX, muchos territorios sufrieron una "despoblación forzada" en favor del desarrollo de otras partes del país.

Ahora, cuando es momento de "pagar esas deudas", se hace "todo lo contrario" al dejar que lleguen a ellos proyectos de extracción de recursos sin ningún compromiso con los pueblos: "Hemos dicho que basta ya, hay que ir a otro modelo de país en el que todo el mundo tengamos oportunidades y no unos, siempre los mismos, sean los que tengan que sacrificarse para el desarrollo de los demás", ha protestado.

En 2018, la escuela de San Martín del Castañar iba a cerrar porque el colegio se quedaba con tres alumnos, cuando el mínimo entonces en Castilla y León eran cuatro. Su alcalde, el hasta este verano socialista Alfonso Buenaventura, pidió a la Junta hacer una excepción y mantener la escuela ese curso, porque en el siguiente entrarían unas trillizas. Esa flexibilización, que iba a ser puntual, acabó siendo regla en la comunidad, que ahora mantiene o reabre cualquier escuela rural que sume tres estudiantes, un mínimo al que han bajado otras comunidades afectadas por la despoblación como Asturias y Aragón. 

Siete años después, el de San Martín de Castañar es uno de los cuatro colegios rurales que cierran sus puertas en Castilla y León. Son dos en Salamanca y otros dos en León. En estas clausuras, que siempre son la noticia más triste para un pueblo, no se detuvo la consejera de Educación, Rocío Lucas, en la presentación del curso escolar este viernes. Prefirió dar titulares más reconfortantes: el colegio de Cubillos reabre con cinco alumnos después de años cerrado y también, por la mínima y en el último momento, el de Sanzoles, ambos en la provincia de Zamora.

Lucas atribuyó a esta “flexibilización”, tanto en ese mínimo como en los procesos de matrículas, que este curso comience en la comunidad con 34 colegios rurales de cuatro o tres alumnos (24 de cuatro y 10 de tres). El curso en que San Martín de Castañar logró que mantuvieran su escuela con tres alumnos, hubo en la comunidad cinco colegios con ese mínimo. En siete años son el doble. Son cifras muy modestas pero cada niño y cada colegio en un pueblo que teme desaparecer es una bocanada de aliento. Un niño es una familia residente y un colegio un reclamo para que otras se animen a serlo.

“En el partido somos fuertes defensores de mantener abiertas estas aulas. Siempre que se mantengan los medios humanos y materiales, es más que necesario”, indica a ininfolibre el secretario de Educación del PSOE de Castilla y León, Javier García. Quedan pocos meses para las elecciones autonómicas, pero la escuela rural no es un campo de batalla política en una de las regiones más despobladas de Europa. Ni los dos principales partidos de la comunidad ni el sindicato CSIF cuestionan el mantenimiento de centros con tan poco alumnado ni su coste. “Tres es un mínimo bajo, nosotros somos conscientes de ello. Fuimos conscientes cuando lo establecimos con el anterior consejero y somos conscientes ahora que se mantiene. Todos tenemos la satisfacción de haberlo impulsado y valoramos positivamente que la Junta lo mantenga”, señala a Infolibre el procurador socialista Fernando Pablos Romo, que colaboró en la flexibilización del mínimo para San Martín del Castañar que después se extendió a toda la comunidad. Lamenta que ahora no tengan esa interlocución con la Consejería de Educación como la que tuvieron entonces y dio paso a este avance. 

Que un pueblo tenga colegio es un aliciente para asentar nuevos pobladores. Esa es la esperanza que está detrás de mantener una política exigente en recursos pero apreciada socialmente. “Cuando quieres luchar contra la despoblación, no puedes abordarlo en función del coste como si fuese esto una empresa. Esto es un servicio educativo en el medio rural. Si una escuela cierra, lo más probable es que los padres acaben en la capital, que es lo que pasa casi siempre. Desde un sentido economicista no tendría sentido hacerlo, claro”, explica Pablos, que recuerda que cuando cierran estas escuelas las familias con hijos tienen que decidir si quieren enviar a sus hijos muy pequeños en transporte escolar, a veces por carreteras de montaña, o incluso en taxi. 

Lo que la oposición socialista pide a la Junta en esta materia es que la escuela rural tenga los mismos servicios complementarios de conciliación que la urbana: los de madrugadores (para familias que deben irse a trabajar antes de que comience la jornada escolar) y los de comedor. Desde el sindicato de funcionarios CSIF reclaman mayor estabilidad de las plantillas a través de incentivos, también salariales, para los profesores, puesto que estos colegios muchas veces están en zonas rurales alejadas de los centros urbanos, con peores comunicaciones y falta de vivienda disponible. 

“El mantener esta oferta educativa para asentar población y para que el nos parece muy importante”, dice a infoLibre la responsable del sector Educación de CSIF Castilla y León, Isabel Madruga. La experta, que es docente, reconoce que pedagógicamente son centros de complejidad porque el profesorado tiene que adaptarse a impartir clase a varios niveles educativos a la vez en el mismo aula. Y recuerda que estas escuelas realmente son unidades educativas que pertenecen a un Colegio Rural Agrupado (CRA), que es al que están adscritos los docentes, y desde el que se desplazan itinerantes los especialistas de inglés o educación física, pero también los profesionales de atención a la diversidad cuando sea preciso. Desde ese CRA intentan también paliar, con actividades conjuntas, la parte más difícil de los colegios tan pequeños: la socialización con niños de la misma edad o en grupos más numerosos y diversos. 

En una comunidad tan dispersa y extensa como Castilla y León, algunos de estos centros rurales se consideran de difícil desempeño y es improbable que profesores con experiencia, que ya tienen su vida organizada en otra punta de la región, decidan desplazarse para dar clase en estos entornos. “Conseguir que vuelva esa figura del maestro de pueblo, estable, para hacer proyectos a largo plazo y hacer las escuelas rurales más atractivas requiere una estrategia que va más allá de la Consejería de Educación y que tiene que ser una política global a nivel de la Junta para frenar este declive poblacional”, concluye Madruga.

"Tenemos un poco complejo de partido urbano, a veces me da la impresión de que tenemos una visión donde sólo tres meses antes de las elecciones nos enteramos de que, por ejemplo, hay diez circunscripciones que tienen cuatro escaños y ocho que tienen tres escaños. Y en esas 18 provincias puede estar el Gobierno de España". La frase es del ministro de Agricultura, Luis Planas; la pronunció en el 40º Congreso Federal del PSOE en octubre de 2021 y sirve para ilustrar una de las grandes dicotomías electorales que se han abierto en muchos países: el voto urbano frente al voto rural. Y el peso del sector del campo en este último grupo.

La periodista Cristina García Casado, afincada en Zamora, conoce muy bien la realidad de Castilla y León y cree que la izquierda "ha hecho dejación de funciones" en su comunidad autónoma: "No hay una apuesta por gobernar, hay una rendición", señala, pese a que según ella misma destaca hay "un voto urbano" en Castilla y León que es del PSOE. "No es que sea imposible, es que se deja por imposible". Además, cree que hay una suerte de mitificación por "el rural", una etiqueta que asegura nadie utiliza en el campo. "Hay un desequilibrio territorial en España gravísimo, eso causa malestar tanto en las ciudades como en el mundo rural, del que la izquierda se ha desentendido".

¿Pero se está deslizando el ámbito rural, en su doble vertiente de poblaciones comparativamente pequeñas y de provincias menos pobladas, hacia la derecha? Más concretamente, ¿está Vox, como suele repetirse, penetrando fuertemente en los trabajadores del campo? Según el barómetro que realizó el CIS tras las elecciones generales del 23J, el PSOE y PP fueron las opciones mayoritarias entre los trabajadores del sector primario. En tercer lugar se situó Vox, con un 16,6%, es decir, uno de cada cuatro agricultores, forestales y pescadores votó a los de Santiago Abascal, según su recuerdo de voto.

Fue el tercer colectivo que más les votó, por detrás de militares y operarios, y superó en cuatro puntos el porcentaje que obtuvo la extrema derecha en el cómputo global en esas elecciones, un 12,38%. Se trata de una tendencia electoral que no solo ocurre en España, sino que impregna todo el continente con los partidos de derechas y de extrema derecha compitiendo por el voto del campo. Además, repitiendo parámetros que se escuchan desde hace tiempo como la supuesta excesiva regulación de la Unión Europea a favor de políticas verdes o el elitismo de las clases urbanas con costumbres como el veganismo.

Vox, a diferencia de Podemos y Ciudadanos, es el único de los "nuevos" partidos que ha crecido homogéneamente en entornos urbanos y rurales. Ha convencido a élites urbanas, pero ha encontrado también un granero de votos en la España interior, en la España de provincias pequeñas y pueblos. En la España vacía. En la España en la que, pese a su abandono crónico por los dos grandes partidos, se pueden ganar o perder las elecciones generales. Según explica a infoLibre Agustín Huete, profesor del Departamento de Sociología y Comunicación en la Universidad de Salamanca y miembro del Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de Castilla y León (Copyscyl), factores como el envejecimiento, el menor nivel educativo y el aislamiento "favorecen el voto a Vox, especialmente entre quienes perciben abandono institucional".

García Casado coincide y explica que Vox avanza en el mundo rural español gracias a este descontento que tiene unas causas específicas detrás. "Está desapareciendo toda una manera de vivir y de ganarse la vida. Las personas que trabajan en el campo están cerca de la jubilación y no hay relevo", expone. A esto se le suma que "en las últimas décadas, las familias han pasado de poderse ganar bien la vida a mantenerse a duras penas": "Siempre hay causas reales, que en este caso la ultraderecha aprovecha, para erigirse de defensor de un mundo al que además nunca pertenecen", analiza.

En las elecciones autonómicas y municipales del 28M, los de Santiago Abascal vieron que les funcionaba especialmente el flanco rural. De las 33 alcaldías que logró la ultraderecha, 20 fueron en Castilla y León y nueve en Castilla-La Mancha. Zonas con una fuerte presencia del sector agrícola, la caza y las tradiciones, y la ultraderecha lo ha aprovechado creando una red en estas zonas a través de sus concejales, pero también de sus consejeros —hasta la ruptura del pasado verano—, ya que Vox utilizó sus resultados electorales para hacerse con cuatro consejerías de Agricultura en gobiernos autonómicos.

Vox ha desarrollado su propia estrategia para marcar perfil rural, con un discurso de agravio frente al progre urbanita que explota el malestar social y la incertidumbre de sectores económicos muy dependientes de la energía, como la agricultura, al tiempo que se erige en defensor tradicionalista de estilos de vida genuinos. "La sensación de agravio por el abandono rural alimenta el voto de protesta, que Vox canaliza, como han canalizado otros en otras ocasiones", analiza el sociólogo, que también señala que la extrema derecha "adapta su mensaje al contexto rural", en este caso con un discurso muy centrado en "el campo, la caza, la familia y la nación" y "se beneficia de redes clientelares más frecuentes en el contexto rural".

Los de Abascal se sirven del populismo agrario, para autoproclamarse el partido de los agricultores con posiciones negacionistas del cambio climático e incluso introduciendo discursos xenófobos. Las reivindicaciones justas del sector del campo quedan, a menudo invisibilizadas por proclamas reaccionarias en contra del pacto verde, la transición energética, la agenda 2030, la lucha contra el cambio climático o la difusión de teorías conspirativas. La periodista, sin embargo, cree que la izquierda deja ese flanco a Vox y falla al no explicar "por qué se apoya la apertura Mercosur", una cuestión que los agricultores y ganaderos tienen muy presentes en todas sus protestas.

La ultraderecha española tiene un voto abrumadoramente masculino en todos los ámbitos. Los titulares de las explotaciones, los que poblaban y siguen poblando esos bares rurales, esos cotos de caza, esas agrupaciones agrarias son principalmente hombres. Según recoge Funcas en un pormenorizado estudio del campo español, de las 740.000 personas que están ocupadas en el sector agrario, 177.000 son mujeres, es decir, por cada 100 hombres hay 31 mujeres. El predominio de los hombres en las actividades agrícolas y ganaderas es notorio, con el agravante de que desde la crisis económica de 2008 el sector se ha masculinizado de forma creciente, aunque García Casado recuerda que "las mujeres también han trabajado siempre en el campo de manera informal, es decir, sin tener sus derechos y sin estar reconocidas".

La periodista apunta a que Vox tiene especial predicamento entre los hombres jóvenes: "Les llama más la atención votar a Vox que a lo han votado sus padres siempre, que podía ser PP o PSOE, porque no les interpela", señala. Considera que los de Abascal han "sabido entender el lenguaje de las redes sociales" y que, además, han sabido dirigirse bien al joven "tiene una gran herencia rural" en el sentido de que le gusta cazar y todas las actividades que tienen que ver con toros o con caballo. "Y no es que ese tema solo lo defienda Vox, el PP también lo hace, pero consideran que los primeros lo hacen de manera más absoluta, más convencidos".

Permíteme acudir con esta epistolar (como aquellas de antaño que tanto nos ocupaban antes de desaparecer por completo) para expresarte mi emoción al saber nuevamente de ti. 

Antes quisiera incidir en aquellos días en los que portábamos esos comunicados manuscritos como forma exclusiva de intercambiar noticias. Recuerdo cómo nuestra profesión tenía razón de ser; tenía motivos para saltar de la cama día a día; tenía sentido porque, además de cumplir con nuestro cometido, nos extralimitábamos hacia un modelo de prestación de servicio inexistente en otros territorios del Estado. Solíamos, por tanto, portear este tipo de correspondencia epistolar y nos comprometíamos también, algunas veces, con nuestros usuarios a prestar asistencia social. Éramos carteros rurales asistenciales y –además de responder a las peticiones de explicar el contenido de las misivas complejas que exigían el cumplimiento de alguna normativa (como hacíamos con las notificaciones administrativas)– asistíamos a aquellos ancianos aislados por el territorio de casas diseminadas con algún que otro recado de primera necesidad.

Por entonces pagábamos pensiones y portábamos aquellas cartas de los familiares emigrantes (como las de la octava isla) o las de amor del novio en la mili, que tanto nos alegraba el día al ver cómo se ruborizaban las jóvenes que siempre estaban al acecho, pendientes del cartero. Éramos empleados bien considerados y manteníamos ese cordón umbilical entre la población, de ahí que por Casillas del Ángel se nos pusiera una calle a los carteros rurales.

Visitar Fuerteventura después de once años ausente tuvo más implicaciones emocionales de las que me podía imaginar. Al pasar por La Asomada de forma inconsciente el coche me llevó a aquel entorno que tanto cuidabas: la casa de tus padres. No te puedes imaginar lo que significó ver, de forma accidental, tu nombre en la calle que circundaba tu territorio. Y cómo en aquellos días, alguien estaba cuidándolo como lo hacías tú.

El niño Saulo, aquel que jugaba con la Ninfa alada que siempre estaba posada en su hombro, era ya un hombre. Sin embargo lo reconocí automáticamente, estabas en él. Andaba alrededor de un muro de piedra ripeada (rellenada, los huecos, con pedacitos del mismo material). La sorpresa fue ver cómo él me reconoció después de 30 años. Un amigo de mi padre, le dijo al pedrero, y me abrió los brazos. A continuación me anunció a tu esposa, que estaba en el interior de la vivienda. He de decirte que Estebana está fuerte aún. No hace más de seis años que dejó el hospital y se jubiló.

Nos sentamos junto a la destiladera, con la piedra impregnada de culantrillo que agrega sabor al agua antes de filtrarse hasta el bernegal. Y cómo se aprovechaba para el gatito la última gota de agua que rebosaba hasta el plato del fondo. No pude resistirme a tomar un vasito de agua. Te trajimos del pasado y nos recreamos en tu recuerdo. Cuando ya me iba me señalaron la vivienda de tu hijo mayor, Juan Francisco. Tu nieta, adolescente ya, se mostró de forma amable al avisarme de que tu hijo venía de camino, una joven muy despierta. Seguro que te gustará saber que tienes, entre tus descendientes, una capaz de culminar el año con ocho sobresalientes y dos notables. Ya me imagino tu cara. 

Al igual que el bardino de la casa yo también identifiqué, por el ruido, tu viejo cochito completamente restaurado desde lejos. Fue espectacular reencontrarme contigo otra vez al verte reflejado en Juan Francisco, en tu hijo mayor. Fue asombroso ver cómo me trató de forma tan considerada al ofrecerme la tropical y el queso majorero (tan distinguido internacionalmente) artesanal, de esos a los que no tenemos acceso los que no vivimos en la isla. Nos recreamos en tu nombre como devotos de tu nobleza. Está claro que esa era tu característica: la nobleza del majorero fiel a sí mismo.

Se dio cuenta de que no había visto la placa homenaje "Parranda amigos de Barrera" frente al nombre de tu calle y me hizo partícipe de aquellas folías grabadas tan descriptivas de lo que significabas para ellos. Reza así:

"Muchas parrandas echamos

en La Asomá y en la Vega

con un amigo que se fue al cielo

conocido por Barrera.

Siempre, amigo, te recuerdo.

Qué suave suena la brisa

y qué brillante está el cielo

te fuiste con la sonrisa,

adiós, mi fiel compañero,

yo te rezaré, sin prisas.

Barrera, hoy te cantamos,

pa'nosotros no te has ido

las personas como tú

nunca están en el olvido.

Con amor te recordamos.

Tus amigos te acompañan

hoy el pueblo está contigo,

y una calle con tu nombre

ya nos sirve de testigo."

Espero que forme parte ya del cancionero popular con aquella de un depredador desconocido que entraba en las Gallenías y mataba todo lo que pillaba. Finalmente descubrieron se trataba de un gran gato. Al cuento le pusieron letra y daba cuenta de él, con esa voz única, Don Manuel Navarro.

Pues sí, querido amigo, allá donde estés recuerda que no estás ausente y, tal como anunció Mario Benedetti en su poema, estás presente:

"Si mañana no despertara,

sólo cree que me he dormido.

Piensa en la paz de mi sueño.

Te sueño y no me he ido.

También escucha mi música,

lee mis libros,

usa mi ropa,

toma mi copa,

bebe mi vino.

No me recuerdes ausente,

no me busques en el olvido.

Búscame dentro tuyo,

porque ahí estaré contigo." 

Siempre tuyo,

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Joaquín Navas Cabezas es socio de infoLibre.

Diana García sale de cuentas el próximo mes de septiembre, por eso está tan implicada. Descuelga el teléfono para atender a infoLibre mientras sale de entregar en la sede del Gobierno de Aragón en Teruel casi 50.000 firmas. Más de 42.000 recogidas a través de Change.org y más de 6.000 conseguidas como antaño: recorriendo las calles de la ciudad con papel y boli. No lo ha hecho sola. Alrededor de 180 mujeres embarazadas llevan movilizándose lo más rápido que pueden desde el miércoles por un motivo muy claro: el paritorio del Hospital Obispo Polanco en el que tendrán que dar a luz no tiene asegurada su viabilidad más allá de la semana que viene. Y todo por algo que llevan avisando dos décadas: faltan médicos. Cada vez más.

Fue el martes por la tarde cuando la noticia empezó a correr como la pólvora, aunque Marta Abril se enteró por casualidad. Sus alumnas embarazadas que acudieron a su clase de fisioterapia del miércoles cruzaron la puerta de la clínica con preocupación. "No va a haber ginecólogos de guardia el sábado 21 de junio", le dijeron. Le ofrecieron firmar la petición para evitarlo y fue cuando Marta decidió movilizar la causa a través de la plataforma. "Así conseguimos llegar a mucha más gente", recuerda. También obtuvieron una promesa: habrá personal ese día, algo en lo que, no obstante, no terminan de confiar. Pero no sólo eso: según les han comunicado, al menos hasta el martes está asegurado el funcionamiento del paritorio. ¿A partir de ahí? Incógnita. "No sabemos qué va a pasar este verano", lamenta Diana.

Es la historia de nunca acabar. Algo así como el día de la marmota de la sanidad. Llega el verano y, con él, los encajes de bolillos para asegurar que ningún servicio se queda sin poder funcionar. Lo que ocurre es que no siempre se consigue. Para muestra, esta. "Siempre hay problemas, y más en verano. Pero este año es el peor de todos", dice Diana.

El Hospital de Teruel atiende a toda la provincia, aproximadamente a 84.000 personas. Hay otro en Alcañiz, pero la distancia entre ambos es de 145 kilómetros. Y su situación, además, tampoco es la mejor. El siguiente, el de Zaragoza, ya requiere mucho más tiempo: son 176 kilómetros los que hay que recorrer para llegar hasta él. "¿Cómo vas a hacerlo si de repente te pones de parto?", se pregunta Diana.

Sobre el papel, el servicio de ginecología del centro debería tener a nueve médicos en plantilla, pero actualmente y por distintas causas —bajas por enfermedad o interinidades sin cubrir— sólo hay disponibles tres para todas las guardias, como explica desde el otro lado del teléfono el facultativo del hospital y portavoz del Sindicato de Médicos de Aragón en Teruel Francisco Rodilla.

"Hay que hacer 60 al mes, así que a cada uno se le asignan 20, un número completamente inviable", denuncia. La mitad son presenciales y la otra mitad, localizadas. ¿Y eso qué implica? Que si un día de guardia localizada hay que desplazarse al hospital por cualquier causa y al día siguiente se tiene que hacer otra presencial, se atiende a las pacientes prácticamente sin dormir en 48 horas. "No es seguro, ni para el profesional ni para las mujeres", lamenta una de las personas que trabaja en el centro y sabe cómo funciona el servicio.

Ya avisaron el pasado mes de octubre de que se avecinaría lo que ahora está pasando. Pero nadie les hizo caso.

Siempre han ido justos y nunca ha sido un problema único del servicio de ginecología. "El Hospital de Teruel se considera una especie de centro de paso. Por eso las plantillas siempre han sido bastante escasas", lamenta Rodilla. Según cuentan los propios trabajadores, en el departamento de anatomía patológica sólo queda una mujer, en el de oftalmología tienen que hacer 15 guardias al mes por trabajador y los anestesistas prácticamente brillan por su ausencia. "Llevamos así 20 años. No quiere venir nadie", continúa el facultativo.

La elección de plazas de médicos internos residentes (MIR) de este año ha sido la última constatación. Teruel fue la última provincia que consiguió adjudicar una plaza de formación de especialistas, después de que 3.600 personas eligieran destino. Y es habitual. Un análisis llevado a cabo por el Sindicato Médico de Granada sobre las provincias preferidas por los MIR en las elecciones de los últimos cinco años reveló que los nombres de los lugares preferidos y de los más denostados se repiten siempre. Madrid y Barcelona encabezan; Teruel, Ávila y Soria se quedan en el vagón de cola.

Los motivos son variados, pero sobre todo es que al final es un problema enquistado. Una pescadilla que se muerde la cola. Así al menos lo explica Rodilla. No hay nadie que quiera trabajar en el Obispo Polanco porque, al no haber personal suficiente, las condiciones empeoran. Así que nunca hay dotación. ¿Qué hay que hacer, entonces? Pues tanto él como otros trabajadores del hospital lo tienen claro: incentivar. Pagar mejor y, además, utilizar la figura de los "contratos mixtos" que obliguen a profesionales de Zaragoza a cubrir alguna guardia al mes.

"Cuando se quiere resolver un problema, se puede hacer. Lamentablemente, el dinero lo consigue todo", diagnostica Javier Castrillo, jefe de la sección de obstetricia y ginecología del Hospital de Verín. Sabe bien de lo que habla porque ese nombre recorrió toda España. Y lo hizo por lo mismo que ahora está ocurriendo en Teruel.

Fue en 2020, poco antes de que estallara la pandemia. El Servizo Galego de Saúde (Sergas) aseguró que el bajo índice de natalidad suponía un "riesgo" para los bebés y las madres por la "pérdida de experiencia" y la "falta de pericia" de los profesionales. Por eso era mejor dejar a la localidad sin paritorio, argumentó la Xunta entonces. El Ejecutivo gallego incluso utilizó una recomendación del Ministerio de Sanidad para justificar el cierre de la que obviaba las excepciones "por motivos de tiempos de desplazamiento o accesibilidad". Todo cuando la única alternativa que ofrecía el Sergas a las madres embarazadas era un desplazamiento de más de una hora hasta el hospital de Ourense para dar a luz. 

La movilización fue inmediata. Y masiva. Tanto, que el propio Gobierno gallego acabó asumiendo que la imposibilidad de encontrar profesionales de pediatría fue el motivo fundamental de su decisión. "Querían cerrar el paritorio y lo que hicieron fue buscar excusas", señala Castrillo. Sólo tres meses después tuvieron que dar marcha atrás, recuerda. Pero eso no solucionó todo.

"Seguimos teniendo problemas de ese tipo en todas partes. Ha habido una mala planificación en cuanto a provisión de plazas y lo peor es que siempre pagan los mismos: los ciudadanos", lamenta el médico. Hace poco eran los de El Bierzo (Ponferrada, León) los que denunciaban que la falta de oncólogos les estaba dificultando el seguimiento del cáncer. Casi 400.000 niños y niñas andaluces vivían sin pediatra asignado y ver a un dermatólogo en la sierra norte de Sevilla requería desplazarse 90 kilómetros.

Hay, señala Castrillo, un problema evidente de falta de especialistas, pero es que la España llamada vaciada es la que lo sufre en mayor medida. "Lógicamente, si a un ginecólogo se le paga igual en Teruel y en Madrid preferirá Madrid, por eso hay unas zonas peor que otras", insiste. Aun así, la falta de especialistas es algo que han recalcado en no pocas ocasiones los expertos. Y hasta documentos oficiales. Así, el Informe Oferta-Necesidad de Especialistas Médicos 2023-2035 estimó en un 3% el déficit de facultativos en España, lo que supone una falta de 5.874 profesionales.

Y la principal beneficiaria de toda esta situación es la sanidad privada, que factura ya más de 12.000 millones al año, según los datos de la patronal Unespa relativos a 2024. Los últimos datos publicados por el lobby de la sanidad privada Fundación IDIS hablaban de que en 2024 ya había 12,6 millones de personas con un seguro privado.

Las estampas más desoladoras de la despoblación se producen en sitios que, a primera vista, parecen lugares de residencia perfectamente agradables. El verano pasado, cenando al fresco después de trabajar en la pintoresca plaza Mayor de Puebla de Sanabria, pensé que allí se estaba muy bien e, inmediatamente, que vivir a diario tenía que ser muy difícil. El hospital, por empezar por lo de vida o muerte, está a una hora y veinte minutos en coche, por carreteras que si no tienen un peligro tienen otro, y ni siquiera es un hospital de nivel 1. Si es necesaria una derivación, añada otros 46 minutos hasta Salamanca. Y esto, en la cabecera de comarca; imaginen para los municipios más aislados de la Alta Sanabria. Sumen a la ecuación que mucha de la poca gente que va quedando es muy mayor y está sola.

En Castilla y León, como en la España rural de la que es paradigma por su dispersión y vaciamiento, no se concibe la vida sin el coche, porque para muchísima gente simplemente no es posible hacerlo. Quien, desde la ciudad grande, imagina una vida verde en un pueblo no sabe que en algunas casas hay hasta cuatro vehículos en la puerta, uno por cabeza, que se mueven todo el rato, hasta para bajar al bar. Incluso algunos de quienes viven en capitales de provincia no se libran de coger la carretera cada día porque sus trabajos están a una hora, a hora y media, ida y vuelta, con nieblas y animales y baches terribles. El día que alguien aprueba una oposición, por ejemplo de Magisterio, en esta comunidad debe de saltar de alegría y luego de susto: marcha con 26 años a un pueblo cuatro provincias más allá donde no hay casas disponibles, entonces vive en otro donde la persona más joven quizá tenga 55 años y cuidado al volante por las mañanas.

Algunas personas de esta región extensa y compleja tenían un alivio, una posibilidad, tras convertirse su territorio en zona de paso de la Alta Velocidad entre Galicia y Madrid. Primero Zamora y luego Sanabria (aunque su parada está alejada y no tiene servicio de autobús) no podían creer que, por una vez, las viniera la virgen a ver; que las pusieran en el mapa, esta vez dicho con propiedad. Que te dieran un empleo público en Sanabria, adonde la gente no se pega precisamente por ser enviada, ya no sonaba tan arduo: podías vivir en la capital de la provincia y desplazarte allí cada día en buen tiempo. La gente de la zona podía ir a sus consultas a Zamora, a sus recados, a sus estudios universitarios, a su ocio, a lo que desearan. Esto se ha cortado de golpe con la suspensión de las frecuencias buenas para ir y venir. Imaginen: personas que tenían organizada su vida en torno a esa nueva posibilidad. También personas sin carné de conducir que ahora no tienen alternativa.

Es más fácil hablar de revertir la despoblación que ser practicante. El alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, pidió que se suspendieran esas paradas para que sus paisanos llegaran unos minutos antes a Madrid. Por el camino de su deseo ha dejado viendo pasar el tren a usuarios de esa línea en Sanabria, en Medina del Campo (Valladolid) y en Segovia. Un lema de protesta ha emergido en tierras donde la resignación es cultural: si no para, no pasa. Con lo que les ha costado que los sienten (aunque sea de chiripa) a la mesa, ahora quedan de convidados de piedra.

La conexión del tren es imprescindible para el reequilibrio territorial del país, una de las medidas más eficaces y de resultados directos. No estaría escribiendo esta columna si por la puerta de mi casa no pasara (toquemos madera) un tren que desemboca en Chamartín. Tampoco la podría estar escribiendo en Sanabria. Yo, como tantas personas de este país aunque apenas se hable de ello, no conduzco. Comenzar a repensar el país asumiendo que el vehículo particular no es un apéndice humano sería un gran paso.

El otro día me preguntaba un vecino, a raíz de presentar alegaciones a los proyectos de dos parques eólicos que quieren instalar en el pueblo:

-¿Tú crees que esto sirve para algo?

- Claro, le dije. El rechazo social es una manera de decir a los políticos que estamos en contra, que no nos gusta absolutamente nada que, por ser pocos y muchas veces población envejecida, nos ninguneen. Debemos recordarles que somos muchos los que estamos en contra de esta barbaridad.

Me pregunto si le hubiera hecho la misma pregunta a un hombre en caso de que este hubiera puesto en marcha la iniciativa de luchar contra la implantación de parques eólicos en mitad del pueblo. 

Creo que las conexiones sociales entre los hombres y los espacios en los que ellos se relacionan les facilitan el trabajo y les otorgan su poder de convicción. Las mujeres generalmente nos movemos en otros entornos y eso también facilita que se nos cuestione más. Me recuerda a aquello de “los grandes negocios, en las grandes comidas”: siempre aparecen imágenes de hombres cuando se habla o se lee sobre ello.

Hacemos alegaciones defendiendo nuestro derecho a la salud porque los cables de alta tensión emiten radiaciones electromagnéticas asociadas a la leucemia infantil y a otros problemas de salud, algo que el Defensor del Pueblo nos transmitió ya en 1997, cuando luchábamos contra una línea de alta tensión que pasaba por el pueblo, menos agresiva que las proyectadas actualmente.

La Unión Europea dijo hace muchos años que se debía usar el principio de precaución ante estudios sobre la salud a favor o en contra de cualquier factor cancerígeno. 

Defendemos también nuestro patrimonio, que se devaluará porque nadie quiere vivir cerca de torres de alta tensión o de molinos aerogeneradores; defendemos el paisaje –que es el orgullo del Valle de Aras–, la avifauna, el patrimonio cultural, el arqueológico y combatimos todo lo que deteriore nuestro pueblo. 

Llevamos más de dos décadas creciendo en población gracias a la belleza de un entorno natural y saludable. Si se instalan los molinos y las torres de alta tensión, muchas familias se irán y muchas otras ya no vendrán. No queremos agrandar el mapa ni formar parte de la España vaciada. Queremos futuro para los jóvenes.

Parece que la Administración legisla mejor para proteger la salud de la fauna que la de las personas. Se delimitan las zonas donde no se pueden instalar aerogeneradores o torres de alta tensión porque interfieren en el vuelo de avifauna y provocarían su muerte, cosa digna de elogio, pero no se legisla para señalar la distancia a la que se ha de colocar una torre de alta tensión de una vivienda para que las radiaciones electromagnéticas no afecten a la salud de las personas que vivimos en ellas. Europa recomendaba en los años 90 colocar los cables de alta tensión a más de 400 metros. Nada de obligaciones.

Los “desanimadores” son aquellos que se dedican a correr la voz de que la lucha no merece la pena porque la Administración no aprobará proyectos que son una barbaridad. Qué bien que al menos lo definan así.

Algunas cosas no han cambiado mucho por los pueblos pequeños, pero merece la pena defender lo de todos como modo de defender lo propio y el amor a nuestro entorno, nuestro lugar y el de nuestros padres y abuelos.

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Begoña Gutiérrez (San Miguel de Aras, Cantabria) es socia de infoLibre.

Los locales vacíos, que dejan ya desnudas incluso calles céntricas de capitales de provincia, adquieren un significado aún mayor en el medio rural: la continuidad de los pueblos más pequeños está ligada directamente a la capacidad para atraer nuevos vecinos y mantener los que quedan, es decir, a la supervivencia del propio municipio. La España que se despuebla busca vías imaginativas para recuperar o reinventar negocios, para no morir un poco con cada cierre.

El caso más emblemático, porque es lo último que suele resistir en un pueblo, es el del bar: es frecuente ver noticias en la prensa local sobre Ayuntamientos que ofrecen un alquiler simbólico para quien se haga cargo del bar del pueblo, a veces con comedor o incluso vivienda y, en temporada, con piscina. Pero algunos alcaldes no se quedan ahí: quieren recuperar negocios que funcionaron antes, promover otros nuevos, y mostrar de esta manera a la iniciativa privada que sí merece la pena apostar por las localidades de menor tamaño.

Es lo que busca el alcalde de Ribeira de Piquín, Roberto Fernández, con la fundación municipal Terreo, creada hace tres años en este pueblo lucense de 509 habitantes. Han recuperado una piscifactoría que cerró, tienen una explotación de cerdo celta en el monte, quieren hacer un polígono agroecológico, con una plantación de kiwi atlántico y retomar una gasolinera que no funciona desde hace una década. Volver a dar vida tanto a locales como a terrenos en infrauso o desuso y ofrecer servicios, empleo y futuro al pueblo. “No hay muchas iniciativas similares, ni de dónde copiar, consideramos que la fundación era la mejor forma para crear trabajo, generar dinámicas que produzcan actividad económica y trasladar información a la iniciativa privada”, explica a infoLibre. Y añade: “Es difícil revertir las cifras de la despoblación, la mayoría de nuestros vecinos tienen más de 50 años, muchos más de 65, pero estamos seguros de que esta es la vía, y nuestra intención es que este sea un motor de arranque público que acabe ayudando a que surjan iniciativas privadas”.

En el Concello de Ribeira de Piquín están documentando todos estos proyectos que tienen en marcha para extraer conclusiones que puedan ser aplicables a cualquier iniciativa privada que se interese por el pueblo a la vista de los resultados. “Por ejemplo el de la gasolinera, la hemos alquilado para retomarla 10 años después de su cierre, pensándolo como un servicio más que podemos dar y que crearía 6 puestos directos de empleo a través de la fundación. Queremos que todo esto sea espejo de posibles iniciativas privadas”. Fernández reconoce que el suyo es un ayuntamiento “muy peculiar”. Para llevar a cabo estos proyectos, han tenido que hacer adquisición de instalaciones, encargarse de su mantenimiento y todo lo que implica la gestión directa, “con más de 50 nóminas todos los meses”. “Yo creo firmemente en lo público, creo en la necesidad de implicación de las administraciones públicas y en esta doble moneda de ofrecer servicios pero también apostar por retomar actividades económicas en los lugares más castigados por la despoblación, como son los del interior de Galicia”, defiende el alcalde.

En plena burbuja inmobiliaria, en Cuéllar empezó a levantarse un proyecto de chalés de lujo de más de 5.000 metros cuadrados al lado de su patrimonio: del palacio, de la muralla, de una iglesia mudéjar. Pero hubo una quiebra y sólo quedó una estructura de hormigón. “Se nos presentó entonces la oportunidad de adquirirlo a un precio simbólico, de 100.000 euros, cuando estaba tasado en 1,5 millones, y la aprovechamos. Queremos reconvertirlo en un hotel, pero no por medios propios, sino que estamos contactando a cadenas hoteleras, porque nuestra principal debilidad turística es que no tenemos un hotel de unas 50-60 habitaciones, sino casas rurales y pequeños hostales, por lo que cuando nos preguntan por un grupo grande no podemos albergarlo”, cuenta a infoLibre Carlos Fraile, el alcalde de este municipio segoviano que ronda los 10.000 habitantes y está a hora y cuarto de Madrid por carretera.

Todavía no han encontrado alguien interesado, pero no desisten. “Están los sótanos, la primera planta, la idea sigue siendo venderlo a un inversor que quiera hacer un hotel. Creemos que es una buena salida antes de demoler, porque la cuestión estética está ahí, pero nos resistimos a eso”, indica. En ningún caso se plantean la gestión directa. “Para un Ayuntamiento como el nuestro, meterse a gestionar directamente un hotel es muy arriesgado desde el punto de vista económico y muy complicado desde el punto de vista legal, para contratar personal y suministros”, opina. 

Lo que sí gestionan directamente es el albergue municipal, con 50 camas en 5 habitaciones y una persona al cargo. Y donde tienen más experiencia es en el ámbito taurino, por sus encierros de agosto, que son Fiesta de Interés Turístico Internacional. “Ahí damos de alta a toreros, a banderilleros, pero los Ayuntamientos lo tenemos mucho más difícil que una empresa para hacer trámites de contratación”, dice el alcalde. También tienen una pequeña compañía municipal de actores en nómina, los intérpretes que hacen sus famosas visitas teatralizadas. “Igual que tengo un arquitecto, tengo cuatro actores”, resume. “Los Ayuntamientos somos la administración más cercana al ciudadano para solucionar cualquier problema o conflicto, pero también lo somos cuando vemos que hay cuestiones que se van a dejar de atender, pues apostamos por ello; a veces tenemos que salir del ámbito competencial para no perder esos servicios, porque servicio que se pierde, servicio que no vuelve”, advierte.

Lo primero en lo que se piensa en los pueblos es en mantener lo que siempre hubo o en no quedarse sin lo último, el bar, pero los expertos señalan que la lucha contra los locales vacíos y la falta de empleo y servicios pasa también por pensar en iniciativas nuevas que ofrezcan soluciones para el presente de muchos municipios pequeños: personas mayores que viven solas y necesitan movilidad y cuidados. “Hay muchas actividades modernas, que no han existido hasta que llega un emprendedor, como aplicaciones para fomentar el transporte colaborativo o profesional compartido en los municipios, o para mostrar alojamientos que de otra forma no tendrían mucha publicidad”, indica a infoLibre José Antonio Herce, socio fundador de Segoviana de Iniciativas Rurales y experto en desarrollo rural, algo que vincula con la importancia del sector de los cuidados y el acompañamiento como trabajos que pueden dar empleo a profesionales jóvenes.

Que los Ayuntamientos directamente adquieran negocios y se ocupen de ellos, considera que es “muy arriesgado”. “La compra quizás no es muy cara, o puede serlo, pero siempre se requiere una puesta al día, una renovación, una puesta en funcionamiento que es costosa, eso es un trabajo para profesionales de la reestructuración de negocios, negocios que también pueden estar obsoletos o requerir inversiones nuevas y reconvertirse en cosas muy diferentes para clientes diferentes”, argumenta. Herce considera que funciona mejor algo que se incentiva en Francia y es “tutelar el relevo generacional”. “Se ofrecen recursos grandes para que los jóvenes puedan invertir en la adquisición de esos negocios, con financiación segura y de manera técnicamente viable, con incentivos de decenas de miles de euros, incluso mentores profesionales. Es un relevo generacional externo, no son hijos ni sobrinos, sino terceras personas que manifiestan su interés por hacerse cargo de un negocio rural”, explica. Y sostiene que este tipo de apoyos deben surgir “como mínimo” de la Administración autonómica, porque se requieren recursos importantes y hacerlo a nivel de cada Ayuntamiento es, en su opinión, “muy aleatorio”. 

Un negocio familiar de exportación de jamón ibérico llevó a la japonesa Hiromi Sato de las principales ciudades de Japón a un pueblito salmantino de mil habitantes en plena Sierra de Francia. Violeta Serrano volvió a la aldea leonesa de la que se fue muy joven para construir una vida que ahora ve imposible en las grandes urbes donde alcanzó el éxito profesional. Luz Bella González saca adelante sola su explotación ganadera en un municipio de Zamora que ha sido el escenario completo de su existencia. Las historias de las mujeres que habitan hoy el campo por elección, de maneras muy distintas a las de antaño, son diversas pero convergen en un punto: un entorno con muchas limitaciones ha sido para ellas el que les ha permitido vivir de la manera más cercana a su deseo.

El único niño no albercano del colegio del hijo pequeño de Hiromi Sato era él. Esa fue la mayor dificultad que encontró al mudarse de Madrid a La Alberca, un pueblo de mil habitantes a una hora de Salamanca. “No por ser japonés o extranjero, sino por no ser de allí. En Madrid había muchísimos niños de todas partes”, cuenta a infoLibre esta mujer nipona que, cuando falleció su marido hace 13 años, eligió quedarse en el disperso medio rural de Castilla y León en lugar de regresar a su país con sus hijos o volver a Madrid, donde había comenzado su experiencia migratoria en España. “Cuando murió, tuve dudas sobre si seguir viviendo en España o no, sobre dónde hacerlo. Para mi propia vida era más fácil volver a Japón, pero pensé en mis hijos, que estaban estudiando y no hablaban bien japonés, y consideré que era mejor no someterlos a ese cambio tan drástico”, relata. Ahora, sus tres hijos ya son adultos y ella ha construido su propio proyecto de vida en el municipio: participa en una asociación de artesanía textil, forma parte del coro local y cultiva su propio huerto.

En provincias como Salamanca, que sufren de manera acusada el envejecimiento y la despoblación, los nuevos emprendimientos de mujeres como Sato, que desde hace unos años se dedica a talleres y ferias relacionados con el oficio de la lana, son una noticia esperanzadora en medio de la cascada constante de titulares desoladores sobre el vaciamiento. El escritor y consultor rural Ángel Poveda Polo se dedica a recoger este tipo de historias de la provincia en el blog ‘Pobladoras’, como “una ventana para descubrir las vicisitudes por las que han pasado las mujeres emprendedoras rurales para llevar a cabo su proyecto”, indica a infoLibre. A Sato no le gusta conducir y no tiene coche, por lo que sólo va a Salamanca una vez cada mes o cada dos meses a ver a sus amigas de la ciudad o a hacer alguna gestión o compra puntual. El tiempo difícil para sus hijos pasó en cuanto saltaron al instituto, donde ya había niños de toda la comarca y dejaron de ser los únicos “forasteros”, como se dice en los pueblos a todos los que no son de allí.

La escritora Violeta Serrano hizo lo que se espera de todo joven con aspiraciones profesionales creativas en la España despoblada: se fue puntualmente a los 17 años a una ciudad grande para estudiar y buscar oportunidades inexistentes en su lugar de origen. A los 36 años ha hecho lo que todavía hoy se considera una quijotada, algo arriesgado, cosa de valientes: ha vuelto con sus tres carreras, su máster, sus libros publicados, su proyección pública a una aldea que no alcanza los 100 habitantes en la comarca leonesa de La Maragatería. Ha construido una casa con todas las comodidades (y la eficiencia energética) del siglo XXI sobre el terreno que era la huerta de sus abuelos. Ha levantado en una zona donde se atisban más cigüeñas que personas el proyecto de vida que vio imposible, incluso para alguien con su relevancia profesional, en las grandes ciudades donde se hizo adulta: Barcelona, Buenos Aires y Madrid. 

“Yo nunca pensé que volvería aquí a algo más que visitar a mis padres de vez en cuando. Pero las cosas han cambiado mucho desde que yo me fui. Cuando volví a España, pensé que era absurdo irme a una ciudad donde toda la renta que pudiera generar quedaría absorbida por un alquiler. Así que hice de la necesidad virtud”, explica la escritora a infoLibre. Sabe que su ejemplo es inspirador pero no idealiza este camino. “En principio, sobre todo para perfiles muy profesionales, aquí no hay trabajo. Entonces tienes que llegar a acuerdos de teletrabajo con empresas que están en los grandes centros urbanos o emprender, buscarte la vida”, reconoce. Ella está acostumbrada a la reinvención continua. Ahora está inmersa en la presentación de su Escuela Savia, que propone como un espacio para fomentar la creación a través del vínculo con la naturaleza y la escritura. “Precisamente quiero llegar a toda esa gente que está en la ciudad pasándola mal, no entendiendo por qué no está bien”, apunta.

En su escuela orienta hacia una vida más conectada con los ciclos de la naturaleza, como la que ella tiene ahora en su casa situada en medio del campo a las afueras de la aldea, con el monte Teleno como telón de fondo. Se levanta temprano, con la luz del sol, y organiza su actividad física fuera, sus paseos y sus labores en el huerto, en función de la estación, buscando el sol que algo calienta después de comer en invierno y el fresquito de la mañana durante los rigores del verano. Ahora vive sola y dice que nunca ha sentido miedo. “De hecho, me gusta mucho. Tengo mucho tiempo para disfrutar más de todo esto. Tienes que tener un carácter un poco especial, no tenerle miedo al silencio, a la soledad, a encontrarte contigo misma. Esto lo puedes hacer cuando estás en paz contigo misma”, explica. ¿Y por las noches, sin nada alrededor? “No, nada de miedo, he tenido mucho más miedo en ciudades grandes. Aquí nos conocemos todos, todos los vecinos saben quién soy y que estoy aquí. Yo he vivido en Latinoamérica, donde la violencia está a la orden del día, y la tranquilidad que tenemos aquí no se paga con dinero”, dice. Aunque a veces, el viento sopla fuerte: “Yo estoy un poco aislada dentro del pueblo y algunas noches de muchísimo viento parece que estás en un barco dentro de la nada, pero es sólo una sensación, es la naturaleza hablando”.

Luz Bella González Gómez tampoco tiene miedo a las solitarias noches del campo. A sus 69 años sigue levantándose de madrugada, a veces a las cuatro de la mañana, para ver si ha parido una de las vacas que tiene en el monte. Villar del Buey, su pequeño pueblo zamorano, es su lugar en el mundo, pero tuvo que reaprender cómo vivir su vida rural cuando su marido murió hace 26 años. La vida entre el monte y su casa, su casa y el monte, sin domingos ni festivos, era algo que hacían juntos. Al dolor de su pérdida, se sumó seguir sacando adelante todo sola. Subirse por ejemplo al tractor, que era algo que sólo hacía su marido. Pero nunca se planteó irse del pueblo. “Yo el pueblo lo tengo metido en el alma”, dice a infoLibre ya tarde por la noche, que es cuando ella acaba su jornada, aunque la jornada de una ganadera nunca termina realmente. “Esto es muy duro, trabajar y vivir aquí es duro, esto te tiene que gustar, no es para todo el mundo”, apunta. 

Tiene 69 años, pero no se quiere jubilar. No le gusta estar en casa, nunca le ha gustado. Su vida es el campo y no se la imagina sin su rutina. Se levanta pronto para ir al monte y coger forraje que le lleva después a las vacas, que pacen en una parcela a 5 kilómetros de su casa. Después vuelve para hacer las tareas del hogar y luego regresa al monte para ver si hay algún parto o algún ternero está malo. “Mi vida normal es así, del monte a casa; en este pueblo hay muy poquita gente y la mayoría son personas muy mayores”, relata. Cuando la visitan sus hijos le traen la compra grande y, de normal, va a un municipio vecino a por los víveres. Puede pasar bastante tiempo sin viajar a la ciudad, que siempre la ha agobiado. En el pueblo no hay tienda pero queda un bar, aunque a ella no le gusta ir. “Yo estoy acostumbrada a esto, lo que hago me gusta”, apunta. Entretenimiento no le falta con sus tareas ganaderas y el cuidado de su huerto.

La España rural de interior hace décadas que empezó a tener municipios que sólo conocen a los niños de visita. Sus parques se oxidan esperando el buen tiempo, algún puente o las vacaciones de verano. Cuando vuelve a nacer un bebé en uno de estos pueblos, se vive como un acontecimiento, como casi un milagro o una señal: la sentencia de desaparición es reversible, la vida podría volver a florecer aquí de nuevo, no todo está perdido.

La noticia del nacimiento de Ayoub, hijo de migrantes marroquíes, este invierno en Vega de Villalobos (Zamora) ha adquirido ese cariz. Enero y febrero son los meses más duros, por fríos y solitarios, en la España más despoblada. Un primer nacimiento en 18 años es una primavera colándose en el espeso invierno demográfico. El de Ayoub emite una doble señal: la España vacía mira a la llegada de inmigración extranjera como la última posibilidad no sólo de resistir sino de volver a ser escenario de todas las etapas de una vida, y no simplemente quedar como lugar de jubilación, de escapada o de veraneo.

En los municipios españoles de menos de 500 habitantes, como Vega de Villalobos (91), el número de nacimientos de hijos de inmigrantes ha crecido un 72,35% en las últimas dos décadas, según los datos solicitados al Instituto Nacional de Estadística (INE) por infoLibre. En 2023, el último año disponible, nacieron 586 bebés, frente a los 340 de 2003. El máximo se alcanzó en 2008, con 677, el año en que la crisis económica frenó los flujos migratorios, también hacia la España rural. En la última década, la cifra se ha mantenido estable alrededor de los 550 nacimientos.

Esas tendencias se replican si ampliamos el rango hasta los municipios de menos de 1.000 habitantes. Los nacimientos de hijos de inmigrantes pasaron de 780 en 2003 a 1.342 en 2023, un aumento del 72,05%. El pico se registró también en 2008, con 1.693. Y en la última década la cifra se ha mantenido asimismo estable por encima de los 1.300. El criterio que utiliza el INE para definir a los hijos de inmigrantes es el país de nacimiento de la madre porque siempre está presente y su información se registra en todos los casos. En cambio, esto no ocurre necesariamente con el otro progenitor, ya sea porque no esté presente o porque no declare su país de nacimiento.

El nacimiento de hijos de inmigrantes en la España en riesgo demográfico tiene tanto valor cuantitativo como cualitativo. “Y muchas veces es más lo segundo que lo primero, porque significa interrumpir una tendencia. El nacimiento de una persona no soluciona nada por sí mismo, pero sí puede servir de ejemplo para otros”, explica a infoLibre Luis Antonio Sáez, director del Centro de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales (CEDDAR) de la Universidad de Zaragoza. “Es muy importante la ejemplaridad que nos pueden dar otras personas que vienen de otros lugares. Su llegada tiene el valor de mostrarnos que se puede hacer un proyecto de vida en esos pueblos, con tu itinerario y preferencias”, añade.

Cada semana algún pequeño Ayuntamiento de la España despoblada sale en las noticias locales por ofrecer alguna versión propia del cheque bebé como medida de fomento de la natalidad, pero lo cierto es que esas ayudas (que no suelen superar los 600 euros) se dan con el requisito de llevar empadronados en el pueblo un determinado tiempo. “Son decisiones de peso muerto: estás subvencionando algo que sucedería al margen de tu medida. Nadie tendría un hijo por una pequeña ayuda. Lo que sí es importante es que haya políticas familiares, una guardería de 0-3 años, o una casa-canguro en la que una persona mayor cuide o un centro donde se ofrezcan cuidados para diferentes tipos de necesidades. Estas medidas que facilitan la vida sí son clave”, indica el experto.

El desafío de estos municipios, donde a veces sólo queda abierto (y en peligro) el bar, es que quienes recalan allí consoliden la decisión de permanecer porque puedan construir una vida satisfactoria. “La unidad de análisis no debe ser el pueblo sino el área funcional a 45 minutos de movilidad. Hoy la movilidad y también, cuando es posible, el teletrabajo nos permite combinar todo. Sin idealizar, los pueblos tienen mucha potencialidad”, considera Sáez. Esa movilidad que ensancha el mercado laboral al que se puede acceder viviendo en un pueblo pasa en la España rural por el vehículo personal, por lo que otra medida que apunta el profesor, más efectiva que los cheques bebés, es facilitar la obtención del carné de conducir, especialmente a las mujeres.

Un rasgo característico de la migración como es la capacidad de adaptación es un elemento que favorece tanto su asentamiento en un entorno rural, donde hay limitaciones pero también mucho por explorar, como el impacto positivo de su llegada a municipios ávidos de personas con energía y ganas de crear posibilidades de vida e imaginar futuro donde hace mucho que sólo se oye el eco de la resignación. Tan sólo unas pocas personas o familias podrían cambiar el destino de algunos de estos municipios pequeños: más simbólico aún que un nacimiento es, por ejemplo, la reapertura de una escuela rural.  “En la cuestión migratoria se necesitan medidas transversales y solemos ser muy sectoriales en la política. Es necesario plantear cómo estos municipios pueden ser atractivos, cómo se soluciona la dificultad del acceso a la vivienda, otra clave, con casas que no se pueden vender o alquilar porque son una herencia de varias personas que no se ponen de acuerdo, por ejemplo”, señala el profesor. La llegada de personas con todo un proyecto de vida por construir puede contribuir a ese atractivo, ser en sí misma un reclamo: si otras personas ven que hay posibilidades más allá de las grandes ciudades, donde el coste de la vida se come las posibles ventajas salariales, también lo intentarán. 

El 30 % de los restaurantes españoles con dos estrellas Michelin se encuentra en poblaciones con menos de 25.000 habitantes, cifra que contrasta con la tendencia decreciente que sufren los bares en estas zonas, unos negocios que, faltos de relevo generacional, cierran sus puertas en el rural, según informa EFE.

La restauración en las zonas rurales vive dos procesos antagónicos de forma simultánea: por un lado, el cierre de bares "de toda la vida" como consecuencia, en muchos casos, de la pirámide demográfica; y, por otro lado, la apertura de nuevos restaurantes que beben de las raíces gastronómicas de estos entornos.

Para la restauración, el cierre de los bares "pequeños" en las zonas rurales se debe a la pérdida de la población y el propio envejecimiento de la misma, ha explicado a EFE el secretario general de Hostelería de España, Emilio Gallego.

A juicio de la Guia Michelin, los restaurantes que se encuentran en poblaciones pequeñas y que aparecen en la guía ayudan a "poner en el mapa" a esos pueblos, por los que "muchos chefs" optan para "volver a sus raíces", recuperando un "proyecto propio que habla del entorno".

En la Guia Michelin España 2025 aparecen un total de 532 localidades, de las que 169 tienen estrellas y, de ellas, 14 cuentan con menos de 1.000 habitantes y 79 con menos de 10.000.

De los 33 que cuentan con dos estrellas, 10 se encuentran en poblaciones con menos de 25.000 habitantes, además, muchos de ellos están en núcleos aún más pequeños, con apenas 1.000 habitantes, algo que ocurre también en el caso de negocios con tres estrellas.

Es el caso de Casa Marcial en Arriondas (Asturias), con unos 3.000 habitantes; de Azurmendi en Larrabetzu (Vizcaya), con 2.056 habitantes; y el restaurante Cenador de Amós en Villaverde de Pontones (Cantabria), con apenas 472 habitantes.

Mientras la apertura de restaurantes con estrellas en núcleos pequeños y comunidades más rurales se convierte en un fenómeno cada vez más habitual, los bares experimentan el proceso inverso, con un cierre paulatino que impacta año a año en las cifras totales.

Según los datos de Hostelería de España, Asturias ha pasado de contar con un total de 5.040 bares en 2021, a 5.010 en 2022 y 4.711 el pasado año; tendencia que también se puede observar en el caso del País Vasco y Cantabria.

Estos fenómenos no están conectados, pero sí interrelacionados pues, tal y como ha detallado Gallego, se produce una "sustitución de establecimientos, pero que obedece a un tipo de momento de consumo diferente".

En muchos casos, los pueblos no cuentan con la demanda necesaria para mantener la apertura de bares tradicionales, algo que no ocurre en los "restaurantes de alta gama", ya que el perfil del consumidor que visita estos negocios está más relacionado con el turismo rural.

La restauración "de alta gama" encara la búsqueda de personal con menos dificultades que el resto del sector pues, en muchos casos, estos negocios ofrecen hospedaje y un servicio que se limita al fin de semana, lo que permite compatibilizar con otros trabajos, ha dicho.

Dinamización del territorio, diversificación de los negocios e impulso económico. Estos son algunos de los beneficios que pueden dejar los restaurantes con estrella Michelin en las zonas rurales.

Así lo ha explicado a EFE el presidente de la Asociación Española de Turismo Rural (Asetur), Pedro Carreño, quien ha confirmado que la presencia de estos restaurantes impacta de forma directa en la ocupación de muchos alojamientos rurales.

El "turismo rural gastronómico" lleva hasta los pueblos en los que se encuentran las "estrellas" a muchos "urbanitas", una visita que, además, puede servir como revitalizadora para esos bares y pequeños negocios de la localidad, ha añadido.

Para la Guia Michelin, el impacto de estos negocios en las poblaciones pequeñas es "total", gracias, en parte, al trasiego de clientes "que genera un importante desarrollo económico en otros sectores relacionados con la hostelería".

No obstante, la entidad ha asegurado a EFE que los criterios y selección son "totalmente independientes de cualquier estímulo económico" y solo buscan "recompensar la excelencia".

Pocas veces se han encontrado con el mismo médico. Algunas, incluso, ni siquiera se han encontrado uno. Los pacientes con cáncer tratados en el Hospital de El Bierzo (Ponferrada, León) llevan meses denunciando la falta de oncólogos que está poniendo en jaque su salud. Y reclamando unas soluciones que no terminan de llegar. Lo mismo ocurre con hasta 400.000 niños y niñas andaluces que no tienen ningún pediatra asignado. Algunos son atendidos por médicos de familia para adultos. Otros, en cambio, se ven obligados a desplazarse a otros centros. Lo mismo que les ocurre a los ciudadanos que recorren hasta 90 kilómetros en la sierra norte de Sevilla para poder ver a un dermatólogo. O a los que viajan hora y media en coche para ser atendidos por un cardiólogo en Galicia. O a quienes viven en pueblos de Aragón en los que la asistencia sanitaria se reduce a apenas dos horas a la semana.

De vez en cuando surge un nuevo caso paradigmático. Los vecinos de alguna zona de España salen a la calle para reclamar un derecho tan básico como el de salud. Ahora es sobre todo en el Bierzo, donde de cuatro oncólogos actualmente hay cero, lo que Pilar Carrasco, de la Plataforma en Defensa de la sanidad pública del Bierzo y Laciana tacha de "humillante" para los pacientes. "Son ellos mismos los que están pendientes de las pruebas que necesitan, incluso, porque nunca coinciden más de dos veces con el mismo médico", lamenta. Otras veces ha sido en Verín (Galicia), en Tineo (Asturias) o en Quintanar de la Sierra (Castilla y León). La despoblación sanitaria en España es un problema cíclico, pero siempre constante. Y que al contrario de lo que se pueda pensar no afecta sólo a lo que se conoce como España vaciada. En Madrid, sin ir más lejos, hay hasta 100.000 pequeños y pequeñas sin médicos en sus centros de salud, según estima el sindicato Amyts.

No es una cosa desconocida ni mucho menos nueva. Ya en 2018 el Ministerio de Sanidad alertó de que hasta 2030 se preveía que la demanda de médicos especialistas experimentaría un crecimiento del 8,9%, pero la oferta caería un 1,2%, lo que provocaría un déficit demasiado elevado que sufriría, sobre todo, la atención primaria. En su último informe, el departamento que ahora dirige Mónica García insistió en esa idea. En concreto, el estudio Informe Oferta-Necesidad de Especialistas Médicos 2023-2035 concluyó que actualmente faltan 4.502 médicos de familia, un déficit que en 2029 crecerá hasta los 5.496 profesionales.

Si alejamos la lupa y observamos la falta de especialistas a nivel general, el documento publicado por Sanidad estima en un 3% el déficit de facultativos en España, lo que supone una falta de 5.874 profesionales. "En España no nos faltan médicos, nos faltan especialistas. La Formación Sanitaria Especializada se lleva planificando mal desde hace mucho tiempo", señala a infoLibre Rosa Atiénzar, secretaria general de la Federación de Sanidad y sectores Sociosanitarios de CCOO en la Comunitat Valenciana.

Casi siempre que se habla de esto se pide poner el foco en el nivel asistencial que sostiene todos los demás, como defienden siempre desde el equipo de Mónica García. "En España no se consigue adjudicar todas las plazas de formación MIR en Medicina Familiar y Comunitaria. En 2023 quedaron 202 plazas sin cubrir en el llamamiento ordinario, y 131 tras el segundo llamamiento", recoge el informe. En 2024 la cifra ha sido todavía peor: 246 plazas han quedado desiertas.

Los médicos de familia y pediatras son los que más han salido a las calles desde que la pandemia de coronavirus evidenció que su especialidad agonizaba por la falta de recursos, lo que lleva tiempo provocando que muchos especialistas cuelguen la bata para siempre. O que rechacen de plano ocupar las plazas libres que quedan en muchos centros de salud de toda la geografía española.

Pasa por ejemplo en Cantabria, donde la comarca de Liébana se ha tenido que movilizar después de meses teniendo que desplazarse hasta 50 kilómetros para encontrar un pediatra en San Vicente de la Barquera. "Esta zona es preciosa, pero está muy apartada. Nadie quiere venir y en urgencias, a veces, nos hemos visto con la falta completa de estos médicos", lamentan desde CCOO. En Galicia pasa algo parecido. "Es crónico. Siempre ha costado mucho cubrir las plazas de pediatría en los lugares que están más lejos de las ciudades. Tenemos las plantillas de pediatras tan ajustadas que al final nos hemos visto este verano con muchos centros sin uno solo", lamenta Marián Rodríguez, pediatra en el Hospital do Barbanza. Según publicó Praza.gal, en ese periodo llegó a haber hasta 200 municipios sin un sólo especialista para los más pequeños. Pero es que ahora en lugares como A Mariña tan sólo hay dos.

La realidad de Andalucía tampoco es demasiado diferente, lamenta Luis González, de CCOO. "Algunos niños son atendidos en otros centros; otros, por otros especialistas", denuncia. Y en Madrid, aunque la cifra de perjudicados es menor, el problema es el mismo. Allí, según estima Amyts, son 100.000 los pequeños que no pueden ser atendidos siempre por la misma persona. "En el centro de Carabanchel (un barrio al sur de la ciudad) hemos estado hasta hace poco sin un sólo pediatra. En Las Águilas (en La Latina), también ha pasado. Es una cosa dinámica, cada vez le ocurre a un ambulatorio", lamenta Dora Bejarano.

La ciudad ha llegado a tener hasta 40 centros "caídos" en esta especialidad, pero también en la de medicina de familia, donde el sindicato cifra en 18 los que están en una situación crítica. Y eso perjudica, por su parte, a otras 483.774 personas.

Otras tantas también sufren la falta de médicos de familia en Aragón. Sobre todo en sus áreas rurales, explica Elena Lahoz, de UGT. "No hay una presencia física permanente, sino que un mismo facultativo tiene que ir rotando de un centro a otro. Eso hace que haya pueblos donde la cobertura sanitaria se limite a un sólo día de la semana durante dos horas", lamenta. Pasa en Belchite, en Almonacid de la Cuba, en Lécera o en Letux, zonas donde casi todos los habitantes son mayores que tampoco pueden desplazarse con demasiada facilidad. Aun así, lamenta la sindicalista, la zona urbana tampoco tiene demasiados motivos para el optimismo. "Zaragoza, por ejemplo, ha cerrado un montón de centros de atención continuada", explica.

Pero en cualquier caso la problemática no es exclusiva de nuestro país. Como recoge el Ministerio de Sanidad, la OCDE asegura que "la preocupación sobre la escasez de médicos en muchos países se concreta específicamente en la falta de médicos generales, particularmente en regiones rurales y remotas". No faltan intentos para intentar solucionarlo, pero no siempre se emplean las herramientas adecuadas. O así lo entienden los expertos, que han criticado duramente la medida empleada por ejemplo en Castilla y León y que consiste, básicamente, en contratar a médicos sin MIR, una práctica que "desprestigia" la especialidad.

Más allá de la medicina de familia también hay situaciones parecidas. Lo dice Sanidad, lo dicen los expertos y lo dicen los profesionales. Según los datos de la OCDE recogidos en un documento de la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina, España es el sexto país del mundo en número de médicos. Son, según sus cálculos, 192.484, lo que supone una ratio aproximada de 406,13 por 100.000 habitantes en el año 2021. Los países de nuestro entorno, en 2018, tenían una ratio de 346,7 por cada 100.000 habitantes. El problema es que las plazas MIR han sido muy deficitarias durante muchos años y que, por tanto, muchos de los titulados no se transforman luego en facultativos en ejercicio.

Lo critica Carlos Ateca, responsable de acción sindical en CCOO Cantabria. Sabe de lo que habla porque en el hospital en el que trabaja, el de Laredo, hacen falta profesionales de prácticamente todas las especialidades. "Es un hospital comarcal, pequeño, con una plantilla total de 160 facultativos y problemas en muchos servicios que ya incluso son unipersonales", lamenta. Pasa con los anestesistas, con los neumólogos, con los neurólogos, con los radiólogos, con los médicos de urgencias y con los otorrinos. Nunca se han quedado sin poder dar asistencia, pero si algún compañero o compañera está de baja, es imposible garantizarla. Al menos de forma adecuada.

Lo mismo pasa en Galicia, donde el hospital de A Mariña ya no puede realizar ingresos de pacientes en cardiología por la falta de médicos de esta especialidad, lo que obliga a hora y media de coche hasta Lugo, explica Adolfo Corral, delegado de CIG-Saúde. "Hay tres plazas que son totalmente insuficientes para las 72.000 personas que tenemos que atender, pero es que ahora mismo dos están desiertas. El médico que queda lleva todo el año sin vacaciones y sin permisos", lamenta.

En Barbanza pasa algo parecido, pero en su caso con los radiólogos. "Para nosotros quedarnos sin estos compañeros fue traspasar una línea roja, pero la verdad es que algunos hospitales ya habían tenido que vivir algunas guardias sin estos especialistas", lamenta Rodríguez. A kilómetros de allí, en Madrid, ya están por su parte acostumbrados.

Ni el Hospital del Henares, ni el Infanta Cristina de Parla, ni el Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, ni el Infanta Leonor de Vallecas, ni el Hospital del Sureste en Arganda, ni el Hospital del Tajo en Aranjuez tienen este servicio en las urgencias. Es decir, si llega un paciente entre las 15.00 horas de la tarde y las 8.00 de la mañana del día siguiente, no hay quien le pueda hacer esta prueba. ¿Cuál es la solución? Ir a otro centro o esperar, explica una enfermera de uno de estos centros. "Al final estamos toda una noche ocupando una cama que podría estar vacía", denuncia. También pasa en el Hospital de La Plana, en Castellón, o en el de Sagunto (Valencia), aunque esto tampoco es excepción, porque la realidad de toda la Comunitat Valenciana también refleja un panorama similar.

Así lo explican desde CCOO, que informan que en Torrevieja faltan digestivos y dermatólogos. Y que en en el Hospital General de Castellón hacen falta anestesistas y médicos de urgencias, que tampoco son suficientes en Elche o en el centro de Marina Baixa. "Estas situaciones ocurren sobre todo en los comarcales, que además de tener una cartera de servicios menos amplia ven más dificultades para cubrir las plazas", explica Atiénzar, que lamenta que las condiciones que se ofrecen en la autonomía provocan que muchos especialistas trabajen en otras autonomías cercanas. "Las plantillas están tan ajustadas que los pocos que quedan no pueden más", lamenta la sindicalista.

La situación en Cataluña por su parte la recoge el propio Institut Català de la Salut, que detalla tres hospitales con un déficit que se pretende paliar de aquí a 2026. Son en concreto el Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona, el Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona y el Hospital de Viladecans. Médicos internistas, cardiólogos, neumólogos, digestivos, cirujanos vasculares, anestesistas, urólogos, geriatras, etc. El listado es casi inagotable.

Y la principal beneficiaria de toda esta situación es la sanidad privada, que factura ya más de 6.000 millones al año, según los últimos datos de la patronal Unespa, que recoge la facturación de los seguros hasta junio de este año. Los últimos datos publicados por el lobby de la sanidad privada Fundación IDIS hablaban de que en 2022 ya superaban, y lo hacían por primera vez, los 12 millones de personas, acumulando una tasa de crecimiento desde 2017 que ya roza el 4%.

La despoblación es el principal desafío territorial al que se enfrenta España, pero el debate sobre este problema no sólo ha desaparecido de la legislatura sino que ni siquiera forma parte de la discusión pública en plena campaña electoral para renovar el Parlamento Europeo. Y eso que el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ordena, expresamente, reforzar su cohesión económica, social y territorial prestando especial atención a “las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes”.

En lo que se refiere a la distribución de zonas rurales y urbanas en la UE, con los datos de Eurostat se puede afirmar que resulta evidente que el problema de la baja densidad de población se concentra en cuatro comunidades autónomas españolas: Aragón (27,7), Castilla y León (25,7), Castilla-La Mancha (25,7) y Extremadura (26,1), y en algunas otras regiones de Francia (Limousin: 43, Auvergne: 52,5, Borgoña, 51,5 y Champagne-Ardenne, 51,7), Italia (Basilicata: 56,4 y Valle de Aosta: 38,8), Portugal (Alentejo: 22,8), Rumanía (Vest: 55,9) e Irlanda (Southern: 54,9, Northern y Western: 34,5) —excluidas las regiones de Suecia e Islandia por sus especiales circunstancias climatológicas—. Son datos recogidos por Santiago A. Bello Paredes, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Burgos, en un estudio publicado el año pasado.

Según el mapa elaborado por la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA) y el Grupo de Estudios en Ordenación del Territorio (GEOT) de la Universidad de Zaragoza, el 21,9% de los municipios españoles sufren una situación demográfica “muy grave”. En Soria, Cuenca y Teruel ese porcentaje supera el 58%. Si se suman aquellos que se encuentran en situación “grave”, el porcentaje asciende al 49%.

Los análisis constatan un problema que afecta a toda Europa. El pasado mes de noviembre, el Consejo de la UE avanzó en el establecimiento de una visión a largo plazo para las zonas rurales de la UE con el fin de proporcionar orientación política a la Comisión y a los Estados miembros. En ella quedó constancia de lo imperativo que resulta atraer a la gente joven, incluidos los jóvenes agricultores, a las zonas rurales.

Hasta 82 regiones de 16 estados miembros (que representan casi el 30% de la población de la UE) se están viendo gravemente afectadas por una disminución de la población en edad de trabajar. La Comisión ha identificado 46 regiones que actualmente se encuentran en lo que se ha dado en llamar una “trampa para el desarrollo del talento”. Un fenómeno que combina éxodo de capacitación joven, una reducción de la población activa, desincentivos para la inversión, declive económico y erosión de servicios públicos. Este grupo de regiones representa el 16% de la población de la UE, pero hay otro, un grupo de 36, que ha sido identificado en riesgo de caer también en una trampa para el desarrollo del talento en el futuro, ya que se están viendo muy afectadas por la salida de su población de 15 a 39 años. Este grupo representa el 13% de la población de la UE, lo que eleva el porcentaje al 29%.

Estar en “una trampa para el desarrollo del talento”, según la plataforma creada por Bruselas para abordar el fenómeno, es un desafío multidimensional y plantea un riesgo significativo para la prosperidad a largo plazo de las regiones identificadas. Son regiones que se enfrentan a desafíos estructurales específicos, como ineficiencias en el mercado laboral, la educación, la formación y los sistemas de aprendizaje de adultos, así como un bajo rendimiento en las áreas de innovación, gobernanza pública o desarrollo empresarial.

Tomás Guitarte, exdiputado de Teruel Existe en el Congreso de los Diputados y candidato al Parlamento Europeo de la candidatura Existe, tiene pocas dudas acerca de que la pérdida del escaño, en las elecciones del 23J, ha borrado el problema de la agenda política. “La llegada de Teruel Existe al Congreso puso la España vaciada y el problema de la despoblación en la agenda política y mediática”.

“La experiencia nos confirmó una intuición”, explica en declaraciones a infoLibre entre mitin y mitin de campaña: “Para enfrentar un problema tan amplio y complejo como la despoblación y para corregir la brecha rural/urbana que provoca y que divide a España en un país de dos velocidades, es necesario el trabajo intenso, concienzudo y determinado para influir en muchas de las decisiones que se toman”.

“La importancia de tu posición”, admite, “depende del peso relativo de tus votos. Pero también de la calidad de tus propuestas, del afán por construir puentes de consenso, de la voluntad por traer a través de cuestiones muy concretas los problemas de la España despoblada. Problemas que llevaban décadas olvidados. Y esto es lo que sucedía en la legislatura anterior con Teruel Existe”.

Ahora “no disponemos del foco del Congreso y del Senado, pero el trabajo en las Cortes de Aragón y en las Cortes de Castilla y León continúa. Y ese trabajo nos permite influir en problemas muy concretos y muy pegados al territorio”, reivindica. Otros partidos incorporaron propuestas a sus programas, “pero la realidad es que sin los partidos de la Coalición Existe en los parlamentos no se mueve nada a favor de los territorios olvidados. La lucha por los recursos económicos es enorme”.

No obstante, Guitarte reivindica el acuerdo de investidura con el PSOE como “un trabajo político importantísimo” que consiguió elevar el rango del Reto Demográfico a la categoría de ministerio. “Ahora no está Teruel Existe, pero la línea política continúa”.

La presencia de Teruel Existe en el Congreso “fue un éxito enorme. Empezando por la propia autoestima de los turolenses, que lleva a una mayor confianza en el trabajo por su territorio y sus proyectos. Lo fue también para poner a la sociedad española y a la clase política ante el espejo de un hecho innegable: la España vaciada, un país que se ha quedado atrás víctima de las políticas extractivistas”.

“Fue un avance innegable para Teruel, para Aragón, para la España despoblada que se reconoció y también para el propio gobierno que encontró un camino que ignoraba”, explica el candidato.

Pendientes quedan muchas cosas, sostiene. “No nos escucharon en la necesidad de completar la cobertura de la telefonía móvil en el medio rural, o la instalación de banda ancha en todos los polígonos industriales y núcleos rurales. No escucharon ni nuestra insistente petición de la ordenación del despliegue de las energías renovables y sobre la urgencia de priorizar el autoconsumo y las comunidades energéticas. Y ahí hay un problema gravísimo para España que va a lastrar el medio rural”.

Tampoco en la aplicación de las “Ayudas al funcionamiento” en el 20% de los costes laborales que permite la Unión Europea. “Y eso también fue un error enorme porque esa ayuda regional que permite la UE para tres provincias, Cuenca, Soria y Teruel, y para las comarcas limítrofes con una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, sería una palanca muy potente para lograr avanzar en la cohesión territorial”.

Guitarte lamenta que en el último año no se haya escuchado la voz de Teruel Existe en las Cortes Generales. “No era una voz baladí. Hemos estado demasiado tiempo paralizados por los equilibrios parlamentarios y la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos generales de 2024 y lograr más acuerdos por parte del Gobierno”, lamenta.

Porque pendientes hay muchas cosas. “Sería muy importante lograr avances en políticas de Estado sobre atención primaria en Sanidad, sobre despoblación, sobre ayudas al funcionamiento, sobre industrialización de la España interior, con el método que Teruel Existe planteaba, el consenso. Y una de las herramientas para la industrialización del medio rural sería la transición energética si se aplica mediante el autoconsumo de domicilios, pequeñas y medianas empresas, cooperativas y mediante comunidades energéticas. Pero hay que enfocarla en esa dirección que fijan las directivas europeas y no con el modelo que se mantiene de macro-parques, grandes empresas y fondos de inversión”.

El secretario general de Reto Demográfico del Gobierno, Francisco Boya, admite que quizá el problema ya no esté tan presente en la agenda pública, pero sí sigue muy presente, asegura, en la agenda política del Gobierno. En los últimos años, explica, ha culminado el plan de 130 medidas diseñado a partir de la estrategia nacional sobre este asunto. A partir de él se han movilizado 13.000 millones de euros, a través del ministerio y de las comunidades autónomas, con cargo a los fondos de recuperación.

Con este dinero, explica Boya, se ha resuelto, por ejemplo, el problema de la conectividad por banda ancha, la principal demanda de los alcaldes de la España vaciada. “Ya nadie habla de eso porque se han invertido cerca de 1.000 millones de euros en conexión digital y prácticamente el 95% del país tiene acceso a banda ancha”.

Durante estos años el ministerio ha ido construyendo herramientas de trabajo. Como el Fondo de Cohesión y Transformación Territorial, en colaboración con las comunidades autónomas, a través del cual se han financiado proyectos de bioeconomía o de capacitación digital.

Algunos “muy interesantes”, destaca el secretario general de Reto Demográfico, como el proyecto EREA, que ya ha permitido crear 196 empresas en zonas rurales de Aragón con un emprendimiento muy alto de mujeres y una inversión de unos cuatro millones de euros. Pero también otros destinados al cuidado de personas mayores o a mantener cajeros automáticos y oficinas bancarias móviles.

El siguiente paso fue trabajar también con los ayuntamientos más pequeños, los de menos de 5,000 habitantes, que tienen muy pocas palancas para resolver problemas por sus propios medios, a través de ayudas para la innovación territorial. Mediante este mecanismo se han impulsado del orden de 600 proyectos de innovación en distintos municipios del Estado, algunos vehiculizados a través de la cooperación entre varias poblaciones, como el que se está llevando a cabo en la Sierra de Codés, en Navarra, para resolver diferentes problemas.

“Son unas líneas de trabajo todavía modestas”, reconoce Boya, “pero que han tenido ya su impacto, y ahora lo que estamos haciendo es intentar abordar el problema de una forma más estructural”. El ministerio está trabajando con un enfoque demográfico que, después de examinar cómo funciona la red de servicios, las dinámicas de creación de empleo o los problemas de la vivienda, una vez descontadas las áreas urbanas o metropolitanas les ha permitido identificar “del orden de 600 áreas funcionales” divididas en tres grupos: las zonas próximas a las áreas urbanas, que son las que están mejor abastecidas y que tienen una funcionalidad más óptima; las áreas intermedias, que son rurales, pero que no tienen distancias muy importantes a las zonas urbanas; y finalmente las zonas remotas, que son las que tienen más problemas.

“Lo que pretendemos es ahora hacer un salto cualitativo para empezar a construir lo que denominamos el país de los 30 minutos”. O, lo que es lo mismo, que todos los servicios y necesidades diarias de los ciudadanos se encuentren a no más de 30 minutos de distancia a pie, en bicicleta o mediante transporte público.

Será a partir de las áreas funcionales en las que está trabajando el ministerio desde donde planean “generar políticas más quirúrgicas que nos permitan poner el énfasis allí donde está el problema que lastra la dinámica o el crecimiento” en un determinado entorno. Desde el acceso a servicios básicos a la vivienda, pasando por el acceso a puestos de trabajo de calidad. “Hay que hacer un análisis de todos esos elementos que inciden en la vida de las personas y que pueden ser determinantes para la decisión de si quiero quedarme a vivir aquí o no”.

Un trabajo de cohesión, que haga más tupido el tejido social y que afronte también el problema de las ciudades medias, que están sufriendo las consecuencias del poder de atracción de las urbes más grandes, que están absrobiendo todo el talento, el capital y las inversiones.

“Ahora nuestro objetivo es construir este país en los 30 minutos, trabajando una serie de parámetros, una serie de medidores que también nos tienen que ayudar a hacer esta radiografía territorial”. “Queremos poner en marcha algunos proyectos pilotos este año donde ensayar y empezar a ver qué cosas y qué políticas nos ayudan a resolver el problema”.

Reto Demográfico ha puesto además en marcha una red de Centros de Innovación Territorial con participación de administraciones y empresas “para generar dinámicas de desarrollo y para resolver también problemas que pueden tener un carácter más social”. Se trata de “generar una inteligencia propia, una inteligencia de territorio que fuera escalable”. Una inciativa, sostiene su titular, que “está funcionando”.

La despoblación “en estos años se ha frenado, al menos en las áreas más próximas a las zonas urbanas. Un fenómeno que Boya atribuye “al repunte de la población inmigrante, que ha regresado otra vez al entorno rural, porque hay oportunidades y hay trabajo”. Sin inmigración, feconoce, no hay nada que hacer. De ahí que ahora la reivindicación más importante tenga que ver con la vivienda. Y si hay demanda de vivienda, es porque hay gente que se quiere ir a vivir al medio rural. Y ese es un desafío importantísimo”.Inlcuso “las [provimcias] más castigadas, Soria, Teruel, Cuenca, todas han ganado población, o al menos se han estabilizado”.

Alexandru Zagorodniuc, de 22 años, buscaba prácticas para su tercer año de ingeniería de sistemas aeroespaciales, y encontró una oferta diferente. En vez de pasar el verano en una oficina de Barcelona, le proponían hacerlo al fresco en Casau, un pueblecito del Val d'Aran, en una empresa recién montada de drones. Pasó allí tres meses, cambió su rutina de ciudad por las rutas por la montaña, y le pagaron por ello. “Los estudiantes tienen que saber que hay oportunidades fuera de la ciudad. Está bien salir para conocer la España rural, y además aprendes a vivir solo y a ser autosuficiente”, cuenta un año después. Además, cuando terminó, la empresa le hizo un contrato a tiempo completo y todavía trabaja en remoto desde Barcelona, a donde regresó para terminar la carrera en la Universidad Politécnica de Cataluña.

El programa Campus Rural, con el que se topó Zagorodniuc, comenzó en el verano de 2022 y en los dos años que ha funcionado se han apuntado unos 1.000 estudiantes de 42 universidades españolas. Este año regresa en junio con más de 700 plazas, aunque el proceso de inscripción tuvo lugar en marzo. Las prácticas curriculares se alargan entre dos y cinco meses —como máximo hasta noviembre—, se realizan en municipios de menos de 5.000 habitantes, el alumno recibe 1.000 euros al mes —el alojamiento no está incluido— y las plazas se disputan en función de la nota media. El presupuesto total del proyecto es este año de 3,2 millones de euros y corre a cargo del Ministerio de Transición Ecológica.

Paco Boya, secretario general de Reto Demográfico, explica que el objetivo de este campus de verano es doble. “Por un lado, queremos acabar con esa imagen de que el medio rural es inhóspito para los jóvenes y. al mismo tiempo, llevar chicos y chicas bien formados a los pueblos para dinamizar la economía”, afirma. Según añade, están desarrollando una segunda etapa del programa que echará a rodar en verano de 2025 enfocada a quienes ya se han graduado y buscan emprender su negocio en zonas rurales. “Algunos de los que han ido estos dos años se han quedado trabajando, pero la mayoría toman nota y regresan a la ciudad para terminar de estudiar. Por eso queremos montar un proyecto postuniversitario donde futuros emprendedores puedan ir a pueblos y reciban allí mentorías y financiación”, explica Boya.

En el programa para universitarios que hay ahora activo hay plazas de todo tipo. En ayuntamientos, en empresas o en asociaciones locales, y están incluidas 1.141 titulaciones. El 61% de los que participaron el año pasado fueron de ciencias sociales y humanidades, y el resto de toda clase de carreras, desde enfermería a ingenierías. Y de media hay bastantes más chicas interesadas, puesto que representan casi el 60% de los que se apuntan, según los datos del Gobierno.

En el caso de Alexandru Zagorodniuc, se alistó por la rama de ingeniería junto con una compañera de universidad, y allí coincidieron con otras dos chicas del mismo programa, una que hacía prácticas en el Ayuntamiento de Casau y otra en el archivo municipal. “Fue un verano lejos del calor y la humedad de Barcelona, incluso nos llovió algunos días. Nos pasábamos las semanas haciendo rutas por la montaña y no eché de menos la ciudad. No soy mucho de salir por la noche y el cine se puede sustituir con Netflix”, recuerda este chico. 

Por el lado de los municipios, el año pasado participaron más de 400 repartidos por todas las comunidades, salvo Baleares, y no hay limitación geográfica, por lo que un alumno de Valencia puede irse a Huelva a hacer las prácticas. Uno de los pueblos disponibles es Aledo, un municipio del interior de Murcia de unos 1.000 habitantes. Su alcalde, Javier Andreo, explica que este es el tercer año que participan y que su experiencia ha sido fantástica. “Estábamos muy preocupados con la despoblación. No es solo una cosa de Soria o Teruel, también la sufrimos en Murcia. Con este proyecto atraemos a jóvenes y les enseñamos que fuera de la ciudad también hay oportunidades profesionales. De hecho, probablemente somos el pueblo que más estudiantes acoge de España, unos 14 o 15 al año”, afirma. 

Andreo llegó a la alcaldía en 2019 e insiste en que recuperar población es su principal tarea en el ayuntamiento. Hasta tal punto que están ganando vecinos cada año, al contrario de lo que ocurre en municipios similares. “Era funcionario y prometí no entrar nunca en política, y lo habría cumplido si no fuese por el problema que teníamos de despoblación”, señala. En Aledo ofrecen prácticas para todos los gustos: trabajadores sociales, profesores, biólogos, ingenieros agrónomos, psicólogos o ingenieros de telecomunicaciones, entre otros. Pero no se quedan ahí. Además del programa de becarios, tienen guardería gratuita y una pequeteca abierta por las tardes para promover la natalidad, además de un programa de verano llamado RepoblArte con actividades culturales para atraer visitantes.

Entre los candidatos para hacer prácticas en pueblos este año está Rodrigo López, de 50 años, que estudia trabajo social en la Universidad a Distancia (UNED) desde Villacarrillo, en Jaén. No vive en una gran ciudad, pero aun así quiere un cambio de aires y pasar unos meses en una aldea de Lugo. “Quiero hacer un cambio radical y tengo mucha curiosidad por vivir allí, pero sobre todo me interesa ver cómo es el trabajo social en un ayuntamiento muy pequeño. La gente tendrá unas necesidades y unos problemas diferentes”, señala. No descarta incluso quedarse a vivir porque la UNED facilita la movilidad y puede examinarse en cualquier centro de España.

Más de 11,6 millones de habitantes en España viven en municipios sin ningún medio que les proporcione información local sobre el área en la que viven. Esta cifra forma parte de las conclusiones del estudio Sin población, sin noticias: desiertos informativos y áreas en riesgo en España, que acaban de publicar los investigadores de la Universidad de Santiago Cruz Negreira, Jorge Vázquez y Xosé López.

Es una cifra “alarmante”, subraya el informe, porque significa que “el 24.51% de la población española vive en lo que los investigadores denominan “desiertos informativos”, una expresión que define el territorio, cada vez más extenso, en el que los ciudadanos carecen de uno de los ingredientes fundacionales de la comunidad y del sistema democrático. Son los municipios en los que la gente puede “no tener sus necesidades críticas de información cubiertas”.

Y la situación va camino de agravarse: otro 9,47% de la población vive en uno de los 523 municipios en riesgo de convertirse en desiertos informativos, es decir, que a finales del año pasado solo estaban cubiertos por un medio.

Los estudios que se han llevado a cabo sobre el impacto de este fenómeno en el resto del mundo han llegado a conclusiones comunes sobre sus efectos adversos “que también podemos aplicar al caso español”, señala el informe. “Los residentes de los desiertos informativos no reciben información profesional actual o información publicada en medios tradicionales” y eso les expone mucho más a recibir información a través de otros canales, como redes sociales permeables a la desinformación. “Y esto perjudica su funcionamiento democrático, cohesión social o sentido de comunidad. Los vecinos y las organizaciones locales no están representados en los medios, no obtienen visibilidad real para sus comunidades y carecen de un servicio público fundamental para tomar decisiones que afectan su calidad de vida”.

Si entendemos que el periodismo debe ejercer como contrapoder y asumir un papel fortalecedor de la democracia, lo que está pasando en los desiertos de noticias “es un problema moderadamente grave”, confirma la profesora de Comunicación Cruz Negreira. La ciudadanía que vive en esas áreas despobladas de medios y de información no está pudiendo cubrir sus necesidades informativas básicas”. Y eso “es un riesgo potencial para el funcionamiento democrático de esas comunidades, que seguramente tenga impacto a nivel comunitario o nacional”.

Donde no hay periodismo profesional, explica, se crean las condiciones para “que haya una ausencia total del relato de lo que ocurre en esos municipios o en esos territorios. Supone que no haya vigilancia del poder” y eso es “un factor de riesgo más asociado a la desinformación”.

En ausencia de medios y de periodistas profesionales, “la ciudadanía crea, o puede crear, sus propios mecanismos de comunicación a partir de las redes sociales” susceptibles de “caer de forma mucho más fácil en las dinámicas propias de la desinformación”.

Los autores del estudio todavía no han llegado a conclusiones concretas sobre esta derivada del problema, pero ya están en ello. Será su siguiente paso. Para averiguarlo, están examinando “qué rutinas de consumo informativo tienen los ciudadanos que habitan en esas zonas”.

Una de las conclusiones del informe es que, en el caso de España, la desigualdad territorial en el acceso a la información local va de la mano con la desigualdad poblacional. “Hemos encontrado que los municipios con menos habitantes y aquellos que han sufrido procesos de despoblación en los últimos años son los que tienen menos medios y son más frecuentemente desiertos informativos”. La despoblación emerge así como un factor de riesgo determinante en la aparición de desiertos informativos, “al igual que el índice de riqueza, aunque en menor grado”.

De los 4.929 municipios que perdieron más del 1% de su población en el período 2001-2021, el 88% son desiertos informativos, “lo que debería preocupar” desde el punto de vista de “la protección del ecosistema mediático y el acceso a la información local en territorios despoblados”.

En el conjunto de España hay claras diferencias en la presencia de desiertos informativos en las diferentes comunidades autónomas. Hay cinco en las que más del 90% de sus municipios pueden considerarse desiertos informativos: Castilla y León (96.89%), La Rioja (95.98%), Comunidad Foral de Navarra (93.38%), Castilla-La Mancha (90.86%) y Cantabria (90.19%). En ellas hay porcentajes de población de entre el 30% y el 50% que pueden no tener cubiertas sus necesidades críticas de información.

En la posición opuesta están cinco comunidades autónomas con un porcentaje de municipios considerados desiertos informativos de menos del 60% y con menos del 20% de su población en estos territorios. Son Cataluña, Galicia, Región de Murcia, Comunidad de Madrid y País Vasco. Las tres que destacan por sus ecosistemas de medios locales (Cataluña, Galicia y País Vasco) son comunidades autónomas con sus propios idiomas oficiales además del castellano.

La relación entre este problema y la despoblación puede parecer obvia, pero Negreira llama la atención sobre la ausencia de referencias a los desiertos de noticias cuando se reseñan los retos y se buscan soluciones a la España vaciada. “Falta poner un poco de atención en ese servicio informativo y periodístico, que claro, muchas veces se asume que no es la prioridad absoluta, pero que tiene su importancia”, en particular en lo que afecta al funcionamiento democrático de las sociedades y la capacidad de las comunidades afectadas de “construir su identidad”. “El acceso a la información local y la protección de los medios locales deben contemplarse como parte de la estrategia del gobierno contra el llamado reto demográfico”, remarca el estudio.

Las crecientes áreas informativamente yermas contrastan con el rico y creciente ecosistema de medios digitales en España. El motivo es que los medios digitales tienden a concentrarse en las ciudades más pobladas y en las capitales de las provincias. “Además”, precisa el informe, “la mayoría de ellos tienen un alcance regional o provincial, con un menor peso de los medios locales que cubren áreas municipales o comarcales más pequeñas y remotas, y con una presencia excepcional de medios hiperlocales”.

Se trata de un fenómeno, concluyen los autores del estudio, que “necesita ser abordado en España. Hay un gran territorio y más de 11 millones de habitantes que no tienen sus medios locales para contar su realidad y satisfacer el derecho a la información de los ciudadanos reconocido por la Constitución española”.

En Estados Unidos, donde hace años que se ha detectado el problema y sus graves consecuencias para el funcionamiento del sistema democrático, se están ensayando mecanismos de financiación pública para tratar de mantener vivo el periodismo local. Pero que son difíciles de plantear en España, donde el flujo de dinero desde las instituciones a los medios está permanentemente bajo sospecha.

Es un problema difícil de solucionar, concede Negreira, y todavía estamos en la fase de tomar conciencia sobre él. “La ciudadanía tiene que entender que el periodismo ocupa un espacio en nuestras democracias importante y necesario”, pese a la “pérdida generalizada de confianza” por parte del público que está sufriendo.

En las comunidades locales, defiende la coautora del estudio, se debería reforzar el apoyo ciudadano, empresarial y de los gobiernos locales a los medios de comunicación. También por parte del sector profesional, los colegios y las asociaciones de periodistas, deberían reivindicar la necesidad de los medios locales.

La solución, en todo caso, “no es fácil”, admite. “Al estar muy vinculado al tema de la despoblación”, si eso no se corrige, “al final no hay solución tampoco para los medios”.