Los familiares de 29 mayores que vivían en residencias de Leganés (Madrid) y fallecieron durante la primera ola de la pandemia presentaron un recurso contra la decisión de la jueza Mónica Boticario Martín de archivar la causa, pese a que la mínima investigación judicial realizada ya sirvió para obtener un cúmulo de pruebas de la falta de asistencia médica sufrida por los residentes. Los familiares piden a la Audiencia Provincial de Madrid que anule el auto de archivo y ordene a la magistrada continuar con la investigación.

La resolución de la jueza lleva fecha del pasado 13 de julio y en realidad archiva dos querellas, que fueron acumuladas en su día en el Juzgado de Instrucción número 5 de Leganés. Una fue presentada por familiares de tres residentes en el centro Los Frailes –gestionado por Aralia–, cuatro de El Encinar-Amavir, uno de DomusVi y tres de Vitalia Home, todos ellos agrupados en Marea de Residencias. Y la otra la formularon familiares de 24 mayores de Vitalia Home. En total, se trataba de analizar lo ocurrido con 35 personas que vivían en esas cuatro residencias, de los que 29 fallecieron, mientras que los otros seis lograron sobrevivir.

Como desveló infoLibre este miércoles, en el auto de archivo se recogen tres casos en los que desde el Hospital Severo Ochoa se prohibió expresamente el traslado de residentes enfermos. Es lo que le ocurrió a Juliana, que vivía en Los Frailes; a María, que residía en El Encinar-Amavir, y a Feliciano, que estaba en Vitalia Home. En la resolución judicial también se narran otros tres casos en los que desde la residencia llamaron al hospital para plantear una posible derivación, pero ni siquiera les cogieron el teléfono. Así sucedió con Esperanza, María Purificación y Carmen, las tres residentes de Vitalia Home. En el auto de archivo de Boticario ni siquiera consta por qué no fueron trasladados al hospital diez mayores y hay otros cuatro casos en los que la persona fue finalmente derivada, pero la jueza no indica cuánto tiempo permaneció enferma en la residencia antes de recibir atención hospitalaria. Todos estos mayores terminaron falleciendo entre marzo y abril de 2020.

La primera querella

La jueza Boticario mostró nulo interés por conocer lo ocurrido en las residencias de Leganés desde el primer momento. En agosto de 2020, cuando se presentó la querella de Marea de Residencias, directamente no la admitió a trámite. Una decisión que fue corregida por la Audiencia Provincial de Madrid, que ordenó la admisión de la querella y que se practicasen las diligencias oportunas.pa

Los familiares de los once residentes –ocho fallecidos y tres que pudieron sobrevivir– acusaban a los directores de los cuatro geriátricos de la posible comisión de delitos de homicidio y lesiones imprudentes, omisión del deber de socorro y prevaricación. En la querella de Marea de Residencias también se pedía actuar contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y los consejeros de Sanidad y de Justicia, Enrique Ruiz Escudero y Enrique López, respectivamente. La Audiencia, en todo caso, dejó fuera de la investigación judicial a los tres políticos del PP, ya que están aforados y no pueden ser investigados por un Juzgado de Instrucción.

En su recurso de apelación, el abogado de Marea de Residencias sostiene que el aforamiento no debe ser obstáculo para que se investigue lo ocurrido, y si resultaran "indicios sólidos de criminalidad contra los aforados", sea entonces cuando asuma la competencia el Supremo o el TSJ de Madrid. "Pero para que se den tales indicios de criminalidad se hace necesario una actividad instructora más ambiciosa que la desplegada por el juzgado", añade.

La jueza Boticario no encontró el más mínimo indicio de delito, ni de los políticos ni de los no aforados. Marea de Residencias recuerda que pese a las numerosas diligencias que se pidieron en la querella, prácticamente no se practicó ninguna. "Llama la atención que no se haya llamado a declarar a los querellantes, ni a los directores de las residencias, ni a los geriatras de referencia de los hospitales, o a los responsables de la elaboración, aprobación y distribución de los protocolos. Así mismo, se echa en falta el informe del forense sobre la adecuada atención y evolución del estado de salud de los residentes, más allá del contenido reflejado en las historias clínicas aportadas", se destaca en el recurso.

La magistrada analizó la documentación aportada por las residencias y, en su caso, por los hospitales. Y en su auto de archivo asegura que también estudió "todos los protocolos y resoluciones aprobadas por las distintas Administraciones Públicas para intentar paliar, regular y coordinar la actuación en este tipo de centros". Menciona hasta 22 resoluciones, pero justo omite el Protocolo que impedía derivar a los hospitales a enfermos que vivían en residencias si tenían un alto grado de dependencia o de deterioro cognitivo. Ese documento lo aprobó la Consejería de Sanidad el 18 de marzo de 2021, y se dictaron otras tres versiones los días 20, 24 y 25 del mismo mes, tal y como desveló en su día infoLibre, que publicó íntegramente las cuatro versiones del Protocolo de exclusión [las puedes consultar aquí].

En su recurso, Marea de Residencias considera "fundamental investigar qué protocolo y qué versión del mismo fue el que se le aplicó" a cada uno de los residentes. Y añaden que la investigación judicial, una vez aportados las diferentes versiones del Protocolo, "debe ir encaminada a averiguar si fue conocido por los tres aforados, promovido o impulsado por ellos". Si Ayuso, Ruiz Escudero y López "conocían la existencia" del Protocolo, "o lo aprobaron, es preciso que se pueda conocer en la fase de instrucción".

Marea de Residencias entiende que "lo relevante a efectos de los cuidados y atención médica, es saber si con los síntomas que presentaban y la evolución que iban teniendo [los residentes], debían haber sido derivados a centros hospitalarios o si la residencia contaba con medios para garantizar una atención y cuidados dignos".

Marea de Residencias recuerda que los geriátricos no fueron medicalizados, a pesar de que así lo anunció el Gobierno de Ayuso y que en el caso concreto de Leganés existió además una resolución expresa del TSJ de Madrid ordenando la medicalización, que fue incumplida. "La demora en el actuar de los querellados implica la existencia de un nexo causal entre su imprudente omisión y el resultado producido, que ha sido el enorme número de fallecimientos. […] La adopción de medidas habría evitado el trágico resultado que se ha producido".

Los datos oficiales del Gobierno Ayuso, publicados en su día por infoLibre, revelan que 7.291 mayores murieron en Madrid en su residencia sin ser trasladados a un hospital durante los meses de marzo y abril de 2020. De ellos, al menos 5.795 tenían coronavirus o síntomas compatibles. El Protocolo de exclusión de derivación hospitalaria es el que se aplicó en la mayoría de los casos para no trasladar a los residentes enfermos en la Comunidad de Madrid, y es justo el que no menciona la jueza Boticario en su detalladísima lista con 22 resoluciones.

LA SEGUNDA QUERELLA

La segunda querella fue presentada, el 2 de julio de 2020, por los familiares de 24 mayores que vivían en Vitalia Home, de los que 21 fallecieron y tres lograron sobrevivir. Y lo ocurrido con su querella es un ejemplo sangrante de desidia judicial.

La querella le tocó por reparto al Juzgado de Instrucción Número 1 de Leganés, que decidió inhibirse en favor del Juzgado 5, que ya estaba instruyendo la causa impulsada por Marea de Residencias. La jueza Boticario se pasó meses sin responder hasta que, ante la insistencia del abogado de los querellantes, le comunicó el 21 de diciembre de 2020 que no había aceptado la inhibición de su compañero y que había devuelto el asunto al Juzgado Número 1. Un mes más tarde, el 22 de enero, Boticario cambió de opinión y decidió acumular ambas querellas. Pero la magistrada no hizo absolutamente nada, así que, el 1 de marzo, el abogado solicitó que se pronunciase sobre las diligencias solicitadas. La jueza respondió que, cuando se practicasen las que estaban en curso –las solicitadas por Marea de Residencias–, "se acordará lo procedente". La siguiente noticia que han tenido los querellantes es el auto de archivo del pasado 13 de julio.

Es decir, después de 11 meses, Boticario ha cerrado la causa sin tomarse ni siquiera la molestia de responder a la solicitud de diligencias. Nada. Ni un auto, salvo el de archivo, en un procedimiento donde las familias de 21 personas fallecidas piden que se investigue lo ocurrido.

En este caso, la querella iba dirigida contra la directora de Vitalia Home en Leganés y tres ejecutivos de dicho grupo geriátrico. No pedían actuar contra ningún miembro del Gobierno Ayuso.

La falta absoluta de actividad instructora por parte de Boticario es la razón fundamental en la que se apoya el recurso de apelación de estos familiares. En su escrito, el abogado recuerda que la jueza "no ha practicado" ninguna de las diligencias solicitadas, "por lo que nada se ha realizado por el Juzgado en orden a esclarecer, como esta parte pedía, los hechos por los que se presentó la querella admitida a trámite". En ese sentido, considera "absolutamente contradictorio que se admita a trámite una querella, pues tal admisión presupone que los hechos relatados de ser ciertos serían constitutivos de delito y han de ser investigados, pero no se practique ninguna de las diligencias solicitadas para investigar dichos hechos. Y, lo que es peor, sin dictar resolución alguna respecto a esas diligencias".

Entre ellas figuran algunas tan básicas como citar a los querellados para que presten declaración, solicitar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) que remita los informes relativos a su intervención en la residencia, o pedir a la Policía Judicial que "elabore un atestado en el que informe de las medidas de prevención adoptadas por Vitalia Leganés para evitar la propagación del coronavirus entre los residentes y los trabajadores de la residencia, número de infectados y fallecidos, así como las instrucciones facilitadas a los residentes y al personal de las medidas y protocolos de prevención".

"Al no acordarse nada respecto a las diligencias solicitadas es como si se hubieran rechazado sin fundamentación alguna", se indica en el recurso de apelación, antes de recordar que es una obligación legal motivar los autos, de forma que "basta dicha omisión de razonamiento para declarar su nulidad".

En el recurso se destaca que la jueza Boticario indica en varios casos que la persona enferma no tenía covid, cuando no es verdad, y califica de "bastante deficiente" la actuación de Vitalia Home Leganés, donde fallecieron 93 personas entre el 11 de marzo y el 21 de abril. "Las medidas que pudieron adoptar resultaron claramente insuficientes e inadecuadas para impedir o minimizar el contagio generalizado de los residentes y, por ende, las graves consecuencias del mismo, por lo que la conducta de los querellados no se acomodó a los patrones de prevención que las circunstancias exigían para evitar los terribles daños", se concluye en el recurso de apelación.

"No es sólo que se archive la querella sin practicar una investigación mínima, es la inhumanidad que destila el auto de la jueza". Esta frase resume el sentimiento de familiares de mayores que fallecieron en cuatro residencias de Leganés (Madrid) durante la primera ola de la pandemia, tras leer el auto firmado por la magistrada Mónica Boticario Martín, que archiva las querellas presentadas contra los directores de los geriátricos.

La resolución de la jueza lleva fecha del pasado 13 de julio y en realidad archiva dos querellas, que fueron acumuladas en su día en el Juzgado de Instrucción número 5 de Leganés. Una fue presentada por familiares de tres residentes en el centro Los Frailes –gestionado por Aralia–, cuatro de El Encinar-Amavir, uno de DomusVi y tres de Vitalia Home, todos ellos agrupados en Marea de Residencias. Y la otra la formularon familiares de 24 mayores de Vitalia Home. En total, se trataba de analizar lo ocurrido con 35 personas que vivían en esas cuatro residencias, de los que 29 fallecieron, mientras que los otros seis lograron sobrevivir.

Los familiares acusaban a los directores de los cuatro geriátricos de la posible comisión de delitos de homicidio y lesiones imprudentes, omisión del deber de socorro y prevaricación. En la querella de Marea de Residencias también se pedía actuar contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y los consejeros de Sanidad y de Justicia, Enrique Ruiz Escudero y Enrique López, respectivamente. La jueza Boticario, en agosto de 2020, inadmitió la querella de Marea de Residencias, pero esta entidad presentó un recurso y la Audiencia Provincial obligó a la magistrada de Leganés a admitirla y practicar las diligencias oportunas. Eso sí, dejó fuera de la investigación judicial a los tres políticos del PP, ya que están aforados y no pueden ser investigados por un Juzgado de Instrucción.

La jueza Boticario no encuentra el más mínimo indicio de delito, tras estudiar la información sobre los cuidados recibidos por los 35 mayores y analizar "todos los protocolos y resoluciones aprobadas por las distintas Administraciones Públicas para intentar paliar, regular y coordinar la actuación en este tipo de centros", según indica en el auto. A continuación menciona hasta 22 resoluciones, pero llama poderosamente la atención que en el extenso listado no se incluya el Protocolo que impedía derivar a los hospitales a enfermos que vivían en residencias si tenían un alto grado de dependencia o de deterioro cognitivo. Ese documento lo aprobó la Consejería de Sanidad el 18 de marzo de 2021, y se dictaron otras tres versiones los días 20, 24 y 25 del mismo mes, tal y como desveló en su día infoLibre, que publicó íntegramente las cuatro versiones del Protocolo de exclusión [las puedes consultar aquí].

Los datos oficiales del Gobierno Ayuso, publicados también por este periódico, revelan que 7.291 mayores murieron en Madrid en su residencia sin ser trasladados a un hospital durante los meses de marzo y abril de 2020. De ellos, al menos 5.795 tenían coronavirus o síntomas compatibles. El Protocolo de exclusión de derivación hospitalaria es el que se aplicó en la mayoría de los casos para no trasladar a los residentes enfermos en la Comunidad de Madrid, y es justo el que no menciona la jueza Boticario en su detalladísima lista con 22 resoluciones.

prohibido el traslado al hospital

La magistrada no considera necesario analizar el posible impacto que ese Protocolo tuvo en aquellos casos en que los mayores enfermos no recibieron asistencia hospitalaria, a pesar de que al menos en tres ocasiones consta que desde el Hospital Severo Ochoa se impidió su traslado. El Protocolo del Gobierno Ayuso establecía que si un mayor enfermaba, desde la residencia se tenía que llamar al Servicio de Geriatría del hospital de referencia, que debía rechazar la derivación si cumplía los requisitos establecidos, es decir, si tenía un alto grado de dependencia o deterioro cognitivo.

Juliana tenía 86 años y vivía en la residencia Los Frailes, gestionada por Aralia. En el auto de archivo se indica lo siguiente:

El trato dispensado a Juliana no merece ningún reproche por parte de la jueza Boticario, que tampoco muestra mayor extrañeza al ver que se califica a una persona como "paciente no derivable".

María, de 92 años, residía en el centro de Amavir en Leganés. Esto es lo que figura en el auto de archivo sobre ella:

La experiencia de María demuestra otra circunstancia que fue denunciada por los familiares de muchos residentes durante la primera ola en la Comunidad de Madrid. Que aquellos pacientes que tenían un seguro privado sí eran trasladados al hospital, mientras que no se atendía a los residentes enfermos en la sanidad pública. La jueza Boticario, sin embargo, no detecta aquí ninguna posible discriminación.

Feliciano, de 85 años, estaba en Vitalia Home Leganés.  También a él le negaron el tratamiento hospitalario. Así se narra en el auto:

Existe evidencia, por tanto, de que Juliana, María y Feliciano fallecieron en el geriátrico después de que desde el Severo Ochoa se impidiese su traslado al hospital. En la resolución judicial se narran al menos otros tres casos en que desde la residencia llamaron al hospital para plantear una posible derivación hospitalaria, pero ni siquiera les cogieron el teléfono. Todos los afectados vivían en el centro de Vitalia Home.

Fue lo que ocurrió con Esperanza, de 86 años:

Le sucedió lo mismo a María Purificación, de 85 años:

Y pasó también con Carmen, de 85 años:

Además de estos seis casos –tres con prohibición expresa de derivación y otros tres donde ni siquiera cogen el teléfono en el hospital–, hay otros diez donde en el auto de archivo no consta por qué no fueron trasladados. Es lo que ocurrió con Carmen, que estaba en el geriátrico de Amavir; con Ricardo, que vivía en Domusvi, y con ocho mayores de Vitalia Home: Rosa, Carmen, Antonio, Atanasio, Eladia, María, Piedad y María del Sagrario.

En el auto de archivo la jueza describe otras situaciones extrañas. Por ejemplo, sobre Carmen, de 89 años y residente en Vitalia Home, dice lo siguiente:

¿Cómo es posible que no se conozca la causa de su fallecimiento? ¿No hay parte de defunción, está en blanco? Nada comenta al respecto Boticario.

También sorprende el caso de Miguel Máximo, de 89 años, y residente en Vitalia Home. Allí vivía con su mujer, Eladia. Ambos fallecieron con un día de diferencia. Esto es lo que escribe la magistrada:

¿"Dice Vitalia" que fue trasladado? ¿Boticario no reclamó al hospital su expediente para comprobar si es cierto lo que le dijeron desde la residencia? 

Existen otros cuatro casos donde el enfermo fue finalmente trasladado a un hospital, pero donde la magistrada no considera necesario indicar en su auto desde cuándo estaba esa persona enferma. Una información imprescindible para saber cuántos días estuvo sin asistencia. Es lo que sucede con Carmen, que estaba en el centro Los Frailes; con Avelina, que vivía en El Encinar-Amavir, y con Félix y María, que residían en Vitalia Home. 

A la magistrada tampoco parece extrañarle que Antonia, de Amavir, sea trasladada al hospital después de llevar ocho días con fiebre en la residencia. 

En fin, hay en el auto párrafos cuya lectura evoca un texto surrealista, como este sobre María, de 96 años:

¿Cómo pudo recibir María "siempre el tratamiento hospitalario" que precisó si nunca ingresó en un hospital? Boticario no lo aclara.

LAS CONCLUSIONES DE la jueza

Después de narrar todo lo expuesto, la magistrada llega a la siguiente conclusión: “De la historia clínica de todos ellos se desprende que se trataba de personas con importantes antecedentes médicos y patológicos, y que a todos ellos se le prestó la asistencia médica, asistencial, y hospitalaria que las circunstancias permitieron, y adecuada a su situación basal en esos momentos”.

En cuanto a la decisión de trasladar o no a los pacientes al hospital, la jueza razona que “en casi todos los casos no dependió de los propios centros asistenciales cuyos directores son objeto de esta querella, sino que se trató de una decisión médica consensuada con el servicio de geriatría del Hospital Universitario Severo Ochoa, que era quien decidía en última instancia, teniendo en cuenta la situación clínica del paciente a derivar y sus propias posibilidades de ofrecerle tratamiento con visos de serle favorable”. Esta explicación es correcta, pero Boticario oculta algo que no parece un detalle intrascendente: los geriatras decidían cumpliendo las órdenes de la Consejería de Sanidad. 

A pesar de que la Audiencia Provincial de Madrid le dejó claro a Boticario, cuando le ordenó admitir a trámite la querella, que la presidenta Ayuso y los consejeros Escudero y López no formaban parte de su investigación, la jueza no se abstiene de escribir lo siguiente: “Es la pandemia que nos acecha la que hizo enfermar a estar personas, y no la actuación de los directores de las residencias o de los consejeros querellados de la Comunidad de Madrid”. ¿Cómo es capaz la jueza de sacar una conclusión sobre la actuación de los consejeros si no forman parte de lo que ha investigado? Una vez más no lo explica, simplemente lo escribe.

Los familiares de la querella acumulada y archivada en el mismo auto –la de los 24 residentes de Vitalia Home– publicaron un comunicado en el que recuerdan que la magistrada de Leganés no practicó ni una sola de las diligencias que solicitó su abogado, se declaran "indignados" porque la jueza ha ignorado sus "historias, pruebas y argumentación" y critican que "atribuya la causa de defunción a las enfermedades previas y a la avanzada edad de los mayores". Además, anuncian un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid. El recurso fue presentado ayer mismo.

Los datos se corresponden con los decesos producidos durante marzo y abril y fueron facilitados este martes por la Comunidad de Madrid a un periodista de infoLibre, que los solicitó a principios de mayo acogiéndose a la Ley de Transparencia. Esos dos fueron los meses críticos de la pandemia en Madrid. En mayo y junio la cifra de decesos atribuidos al covid-19 se incrementó unicamente en 189, hasta situarse en 5.984. Es decir, el 96,9% de las muertes ocurrieron en los dos primeros meses de pandemia. Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso (PP), es la comunidad donde más residentes perdieron la vida: el 30% de los registrados en toda España. 

En marzo y abril fallecieron en total 9.470 personas que vivían en las residencias madrileñas. De acuerdo con los registros oficiales, 1.118 tenían covid-19, 4.677 mostraban síntomas compatibles con el virus y otras 3.675 murieron por otras causas. Por tanto, el 61,2% (5.795) habrían perdido la vida por la pandemia y el 38,8% restante por otras causas.

Aunque el sistema de recogida de información era lógicamente idéntico para todos, el análisis de los datos muestra que algunos geriátricos fueron más laxos que otros a la hora de atribuir la causa del fallecimiento al virus. Los ejemplos más llamativos son los siguientes: el centro de Ballesol en Mirasierra registró 20 decesos y no atribuyó ni uno solo al virus; el de Orpea en Pinto sufrió 19 muertes y adjudicó una al Covid-19, y el de Albertia en San Sebastián de los Reyes padeció 41 fallecimientos y consideró que sólo 11 los había provocado la pandemia.

A continuación se reproduce el listado íntegro con el número de decesos desglosados por residencias y se analiza en detalle cómo afectó la pandemia a los principales grupos.

Gestión pública vs. gestión privada 

En la Comunidad de Madrid están registradas 475 residencias, de las que 472 estaban operativas durante los meses de marzo y abril. El sector está profundamente privatizado: sólo hay 27 centros de titularidad y gestión pública –25 a cargo de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) y dos municipales–, mientras que los 445 geriátricos restantes están en manos privadas. Por tanto, sólo el 5,7% de las residencias tienen gestión pública. Este porcentaje se duplica si analizamos el número de plazas autorizadas porque parte de los centros que gestiona la AMAS tienen gran capacidad: el Doctor González Bueno es el más grande con 604 camas y hay otros seis con más de 400. El resultado es que hay 45.962 plazas de gestión privada (el 87,9% del total) y 6.330 de gestión pública (12,1%).

Pues bien, en cuanto al número de decesos durante la pandemia, 644 se produjeron en residencias de gestión pública (11,1% del total) y 5.151 en las privadas (88,9%). En términos globales, aunque la diferencia no es muy grande, son menos malos los datos de los geriátricos públicos.

La AMAS tiene a su cargo 6.258 camas y en sus centros perdieron la vida 644 personas. Es decir, uno de cada diez residentes. El virus azotó con fuerza especial a siete centros, todos ellos con más de 40 víctimas y que están entre los treinta con peores cifras (Doctor González Bueno, Reina Sofía, Francisco de Vitoria, Adolfo Suárez, Nuestra Señora del Carmen, Gran Residencia y Arganda del Rey). Todos menos el Adolfo Suárez tienen más de 400 plazas, un dato más para la reflexión sobre la conveniencia de tener macroinstalaciones de este tipo, que se han mostrado especialmente vulnerables cuando entra en ella un virus letal como el covid-19.

En 10 geriátricos madrileños se registraron 60 o más fallecimientos durante la pandemia y en otros 28 la cifra de residentes muertos se situó entre 40 y 59. Esta luctuosa lista la encabeza el centro de Ballesol en Alcalá de Henares, con 84 mayores muertos por el virus o con síntomas compatibles.

En el lado contrario se sitúan los 131 centros que no atribuyeron ninguna muerte al covid-19 (el 27,7% del total). Es probable que la cifra real sea algo inferior, a la vista de casos como el comentado de Ballesol Mirasierra, aunque se trata de una excepción ya que sólo en cinco de los 131 perdieron la vida seis o más residentes.

Los datos de los grandes grupos

La inmensa mayoría de esas residencias sin víctimas no pertenecen a la docena de grandes grupos que tienen cada vez mayor influencia en el sector residencial madrileño. Esos 12 grupos cuentan con 136 geriátricos y 22.665 camas (el 43,3% del total). Y en sus instalaciones perdieron la vida 2.989 personas, lo que equivale al 51,8% del total de decesos. Un porcentaje claramente superior al de camas gestionadas.

El principal grupo privado es Orpea, que cuenta con 23 geriátricos y 4.023 plazas. En marzo y abril fallecieron 544 de sus residentes, un porcentaje del 13,5% respecto al total de camas. En 15 de sus instalaciones hubo 20 o más víctimas, lo que da una idea de lo extendido que estuvo el virus en sus centros.

Amavir tiene 21 residencias y registró 516 decesos, un 14,8% en relación con las 3.483 camas que gestiona en la Comunidad. En 12 de sus instalaciones se registraron 20 o más muertes.

DomusVi es el tercer principal operador de la Comunidad de Madrid con 17 residencias y 2.692 plazas gestionadas. Su ratio de fallecimientos es aún peor que los de Orpea y Amavir: se sitúa en el 15,6% puesto que 419 mayores perdieron la vida a causa del virus durante los dos meses críticos de la pandemia.

A continuación en número de camas se sitúan Sanitas y Ballesol. El primero tiene 19 geriátricos y 2.538 plazas, mientras que el segundo cuenta con 13 centros y 2.474 camas. Los dos han padecido el mismo porcentaje de fallecimientos en relación con los residentes: un 8,8%. Una cifra por debajo del resto de grandes grupos. Hay que hacer no obstante la salvedad de que Sanitas es también con diferencia quien atribuyó menos fallecimientos en sus intalaciones al covid-19 en comparación con otras causas: consideró que sólo 224 de los 462 decesos totales registrados en sus instalaciones se debieron a la pandemia (un 48,5%). En el caso de Ballesol ese porcentaje es mucho más alto (el 58,5%), aunque cuenta con el llamativo ejemplo de Mirasierra, donde asegura que ninguno de los 20 fallecimientos se debió al virus. En total, murieron 217 residentes en centros de Ballesol.

Tres grupos que operan exclusiva o mayoritariamente en Madrid se sitúan a continuación en número de camas gestionadas: Los Nogales (2.278), Albertia (1.002) y Casablanca (979). Los Nogales es dueño de la segunda residencia con más víctimas de toda la región, la que tiene en Hortaleza con 80 decesos, y en total contabilizó 284 muertes en sus instalaciones. Un porcentaje del 12,5%.

Albertia es, junto a Sanitas y Ballesol, el único de los doce principales grupos cuya ratio de fallecimientos en relación con las plazas de sus centros se sitúa por debajo del 10%. En concreto, en el 9,8, después de que perdieran la vida 98 residentes de sus seis residencias.

Mucho más malas son las cifras de Casablanca, que registró 166 muertes en sus ocho geriátricos. El porcentaje de fallecimientos en relación con las plazas es del 17,0%, el segundo peor de las doce empresa analizadas.

Mensajeros de la Paz, Vitalia Home y Aralia gestionan menos de mil plazas, pero sus cifras en términos comparativos son muy malas. La ratio entre residentes fallecidos y camas gestionadas se eleva al 17,6% en el caso de Mensajeros de la Paz (970 plazas y 171 decesos); al 16,8% en Aralia (778 plazas y 131 muertos), y al 16,4% en Vitalia Home (827 plazas y 136 fallecidos).

Cierra el grupo de grandes empresas Caser, que dispone de 621 plazas autorizadas en sus tres centros. En ellos perdieron la vida 83 personas, lo que equivale a un 13,4% de los residentes.

Todos los demás operadores de la región gestionan menos de 500 plazas. El más conocido es Clece, que cuenta con 403 plazas en cuatro residencias, donde murieron 28 personas. Una ratio del 6,9%, más baja que la de todos los demás grupos analizados.

Los cientos de millones de euros de dinero público que cada año salen de las Administraciones en dirección a empresas privadas, a cambio de que cuiden en residencias a nuestros mayores, ¿en qué bolsillos terminan realmente?

infoLibre ha analizado el número de geriátricos que tienen los 48 principales grupos que operan en España y la estructura de propiedad de los que gestionan 15 o más residencias (13 sociedades mercantiles, tres fundaciones y una cooperativa). Las principales conclusiones respecto al accionariado de las 13 empresas son las siguientes:

La realidad sobre los verdaderos dueños de las residencias en España obliga a matizar dos ideas bastante extendidas.

La primera es que el sector está controlado por capital francés. Es cierto que cinco de las 13 grandes compañías forman parte de un grupo francés (DomusVi, Colisée, Orpea, Amavir y Korian), pero las mercantiles francesas también tienen sus accionistas. Y tirando del hilo societario se concluye que en tres de esos casos el dueño principal es un fondo de inversión inglés, de Jersey o de Canadá.

Así que la afirmación más exacta sería que parte de los geriátricos españoles están en manos de empresas con sede en Francia, aunque de capital no necesariamente galo. Una apreciación que por cierto no sólo sirve para España, sino también para otros países europeos, si se tiene en cuenta que los cuatro principales grupos de la UE son, por este orden, Korian, Orpea, DomusVi y Colisée.

La segunda idea matizable es que los fondos son propietarios de empresas. Los fondos no ponen el dinero, son meros intermediarios que lo captan entre sus clientes, y ellos lo que aportan es la estructura societaria y la gestión de la inversión. Pero los propietarios de las compañías son, obviamente, quienes han puesto el dinero.

De forma que cuando se afirma que ICG es el principal accionista de DomusVi, o CVC el propietario de Vitalia Home o IK el dueño de Colisée, en realidad no se está hablando con precisión: ICG, CVC o IK constituyeron sociedades que compraron esas empresas. Pero alguien puso el dinero en esas sociedades constituidas por ICG, IK o CVC y, por tanto, esos inversores son los verdaderos dueños de las compañías.

¿Y quiénes ponen el dinero? Una parte lo que se denomina "inversores institucionales" –fondos de pensiones, bancos, compañías de seguros, sociedades de inversión–, pero también personas físicas que acumulan importantes patrimonios, en no pocas ocasiones en el extranjero y fuera del alcance de las respectivas Haciendas nacionales. Conocer su identidad es casi siempre una misión imposible porque esa es una de las grandes ventajas que les ofrecen los fondos de inversión: son estos los que crean estructuras societarias, a veces en paraísos fiscales o en territorios fiscalmente opacos, para que puedan permanecer en el anonimato. En ocasiones se busca además la "optimización fiscal" creando una trama de empresas por diferentes países, como desveló infoLibre en el caso de Vitalia Home.

Buena parte de los fondos que hacen negocio con las residencias, en España y en Europa, están especializados en lo que se conoce como private equity. Son fondos que como norma invierten en empresas que no cotizan en Bolsa, buscan un crecimiento lo más rápido posible de la compañía y planean desde el primer momento salir del accionariado a medio plazo –si es posible antes de cinco años– con importantes plusvalías.

El sector de las residencias en España

En abril de 2019, existían en España 5.417 centros residenciales, según datos de Envejecimiento en red, una plataforma ligada al CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas) que es quien realiza los estudios estadísticos más sólidos sobre este tema. De ellos, 3.844 eran privados (71% del total) y 1.573 eran públicos (29%). Hay que señalar que estas cifras incluyen todo tipo de alojamientos colectivos para personas mayores, y no sólo residencias, aunque estas predominen claramente. Pero también existen pisos tutelados o centros psicogeriátricos, por citar ejemplos de otro tipo de alojamientos. [Puedes consultar aquí el informe completo].

Hay que señalar que en el sector privado no sólo se incluyen las sociedades mercantiles con ánimo de lucro –aunque sean la gran mayoría–, sino también otras entidades como fundaciones, asociaciones y cooperativas.

La mayoría de esos 3.844 centros privados aún están gestionados por pymes u otras entidades, es decir, no pertenecen a grandes cadenas. Pero en la última década se ha producido un proceso acelerado de concentración, de forma que ya hay diez grupos que cuentan con más de 40 residencias. Ocho son empresas y dos son fundaciones.

Después hay una importante brecha en tamaño, puesto que el siguiente grupo tiene 22 geriátricos, muy lejos de las cifras de los grandes operadores. Podríamos hablar de grupos de tamaño medio, que gestionan entre 10 y 22 centros. En esa situación se encuentran 11 empresas (Savia, Caser, Aralia, l’Onada, Korian, Albertia, Emera, Gesmed, Mutuam, Los Nogales y Sergesa), una cooperativa (GSR) y tres fundaciones (Gerón, Rey Ardid y Vallparadís).

infoLibre analiza a continuación la estructura societaria de los 13 grupos empresariales que tienen 15 o más residencias, con el objetivo de responder a la pregunta inicial: ¿a qué bolsillos se transfiere el dinero público para el cuidado de los mayores? En un último apartado también se describe más someramente la actividad de las tres fundaciones y la cooperativa que disponen de más de 15 establecimientos.

Antes de entrar en ese análisis, es necesario precisar dos cuestiones metodológicas. La primera es que la clasificación se ha realizado por el número de residencias, pero el orden variaría si se tuvieran en cuenta el número de plazas gestionadas que declaran los propios grupos. Así, según datos del estudio más reciente de Alimarket, el orden sería el siguiente: DomusVi, Orpea, Vitalia Home, Ballesol, Sanitas, Amavir, Colisée y Clece. La segunda es que sólo se han tenido en cuenta residencias, no centros de día, pisos tutelados o cualquier otro tipo de instalación sociosanitaria.

1. DomusVi: 138 residencias

Accionista principal: Intermediate Capital Group (ICG), un fondo de inversión con sede en Londres.

Otros accionistas relevantes: Sagesse Retraite Santé (SRS), un “vehículo de inversión” del multimillonario francés Yves Journel.

DomusVi explota 138 geriátricos y es, con diferencia, el líder del sector en España. Alimarket le atribuye casi 19.500 camas. Es el único operador que está implantado en las 17 comunidades, aunque su presencia es especialmente significativa en Galicia, donde tiene su domicilio social, con 30 residencias; Madrid (17); Comunidad Valenciana (15); Andalucía (13); Cataluña (12); Castilla-La Mancha (11) y Euskadi (10).

DomusVi es en realidad una marca comercial. El grupo opera en España a través de decenas de sociedades mercantiles diferentes –por ejemplo, Quavitae Servicios Asistenciales SA o Geriatros SA–, que son las titulares de los centros y las que se presentan a las adjudicaciones públicas. Como desveló infoLibre, 82 Administraciones alimentan la expansión de DomusVi con dinero público, a través de la concertación de plazas o de la concesión de la gestión de residencias de titularidad pública (lo que se conoce como "gestión indirecta"). De sus 138 residencias, 90 se nutren de fondos públicos (el 65% del total). Varios de sus centros acumulan un importante número de fallecimientos por el coronavirus, según informó este periódico.

La matriz de esas sociedades mercantiles en España es Geriavi SL, con sede en Vigo, y la cara visible del grupo es Josefina Fernández Miguélez, su consejera delegada.

Geriavi SL tiene como socio único a la mercantil francesa DomusVi SAS. Además de en España, la multinacional gala tiene geriátricos en Francia, Portugal, Chile, Colombia, Uruguay y China.

El 27 de julio de 2017, DomusVi SAS anunció que la mayoría de su capital pasaba a estar en manos del fondo de inversión inglés Intermediate Capital Group (ICG) y de Sagesse Retraite Santé, propiedad del multimillonario francés Yves Journel, fundador del grupo en 1983.

ICG adquirió la mayoría del accionariado a otro fondo de inversión –PAI Partners–. Lo hizo a través de dos vehículos de inversión: ICG Europe VI e ICG Enterprise Trust. Este último, en su página web, explica perfectamente en pocas palabras qué tipo de negocios busca: “Invertimos en rentables empresas no cotizadas generadoras de efectivo”.

2. CLECE: 61 residencias

Accionista principal: Florentino Pérez, dueño del 12,52% del grupo ACS, propietario único de Clece.

Otros accionistas relevantes: Alberto Cortina y Alberto Alcocer, quienes controlan el 5,07%, y el fondo de inversión Blackrock, propietario del 5,05%.

Clece es la división del grupo ACS dedicada a la prestación de servicios, desde limpieza a mantenimiento. En el ámbito de los geriátricos su crecimiento en los últimos años ha sido muy importante, hasta situarse el segundo del sector en número de centros, con 61. Un dato que es poco conocido, en parte porque son diversas empresas del grupo las que gestionan las residencias, que no operan bajo una marca única. En concreto, hay cinco compañías con actividad en geriátricos: la propia Clece SA y sus filiales Senior Servicios Integrales SA, Zaintzen SA, Clece Vitam SA y Enequip Serveis Integrals SL.

Clece es también la segunda empresa en cuanto a implantación autonómica, ya que gestiona geriátricos en 14 comunidades; todas menos Asturias, Galicia y Navarra. Alimarket calcula que tiene casi 4.900 plazas residenciales.

No han trascendido datos sobre fallecimientos en residencias de Clece a causa del coronavirus. El 30 de marzo, la empresa presumió públicamente de que “en 80 de sus 84” geriátricos no había ningún residente contagiado, según publicaron diversos medios [esa cifra de 84 incluye otros establecimientos además de las 61 residencias]. Ese día, según un listado interno de la Comunidad de Madrid al que ha tenido acceso infoLibre, habían fallecido seis personas con síntomas compatibles con covid-19 de la residencia Pablo Neruda de Ciempozuelos, gestionada por Clece.

En cuanto a los propietarios del grupo ACS, su principal accionista es el también presidente del Real Madrid Florentino Pérez, quien a través de la sociedad Inversiones Vesán controla el 12,52% del grupo que preside.

A continuación se sitúan Alberto Cortina y Alberto Alcocer, dueños entre ambos del 5,07% del capital de ACS, según el informe integrado de 2019 del grupo. Conocidos como los ‘Albertos’, ambos son primos y empresarios. Su abuelo fue el primer alcalde franquista de Madrid (Alberto Alcocer y Ribacoba) y el padre de Cortina fue un ministro de la dictadura (Pedro Cortina Mauri).

Los tres principales accionistas de ACS figuran entre los hombres más ricos de España: Pérez ocupa el 9º puesto, Cortina el 23º y Alcocer el 24º.

En el accionariado de ACS también ocupa un lugar destacado BlackRock, dueño de un 5,05%, uno de los principales fondos de inversión del mundo.

El grupo que preside Florentino Pérez tiene otros accionistas muy minoritarios –por debajo del 1%– y más del 75% de las acciones se negocian en Bolsa.

3. VITALIA HOME: 51 residencias

Accionista principal: Tres sociedades limitadas con sede en Jersey. Cada una controla cerca del 25% del capital de Vitalia Home. Se denominan CVC Capital Partners VI (A) LP, CVC Capital Partners VI (B) LP y CVC Capital Partners VI (C) LP.

Otros accionistas relevantes: Chema Cosculluela tiene el 10,02% del capital y Portobello Fondo III el 9,98%. El 5% restante está en otras tres sociedades creadas por CVC en Jersey: CVC Capital Partners VI (D) LP, CVC Capital Partners VI Associates LP y CVC Capital Partners Investment Europe VI LP.

Vitalia Home tiene en la actualidad 51 residencias para mayores, según la información facilitada a este periódico por su portavoz. Tiene presencia en ocho comunidades, destacando Andalucía, con 21 centros; Aragón, donde tiene su domicilio social, con ocho, y Cataluña y Madrid, con cinco en cada territorio. Alimarket indica que gestiona casi 8.000 camas.

Uno de los casos más dramáticos ocurridos en España tiene como protagonista el centro de Vitalia Home en Leganés, donde entre el 1 de marzo y el 16 de abril se produjeron 96 muertes, según datos de los familiares de los residentes, que han denunciado a la empresa ante la Fiscalía. Tal y como publicó infoLibre, dicho geriátrico obtiene unos beneficios netos de un millón de euros al año. Los familiares llevan tiempo protestando por la falta de personal, que redunda en peores “cuidados de los mayores”.

Una segunda residencia del grupo con problemas es Vitalia Home Sants, en Barcelona, donde los familiares de los residentes aseguran que a fecha 15 de abril se habían producido ya 29 fallecimientos, una cifra que el centro reducía a 21.

Como desveló infoLibre, los verdaderos dueños de Vitalia Home se esconden en seis sociedades de las islas Jersey, un territorio fiscalmente opaco. El 6 de marzo de 2017, el fondo de inversión británico CVC anunció la adquisición del 80% de Vitalia Home. Para esa compra, CVC montó una estructura que pasa por Holanda, Luxemburgo y Jersey, con el fin de “optimizar fiscalmente” la inversión y ocultar la identidad de quienes ponen el dinero.

Tirando del hilo societario se llega desde la matriz española del grupo –Vitalia Plus SA– a la firma luxemburguesa Vitaly Holdings Sàrl, pasando antes por la española Vivaly Inversiones Globales SL y la holandesa Vivaly Investments BV. La compañía luxemburguesa está a su vez participada por seis sociedades constituidas en Jersey por el fondo de inversión y de nombre muy similar. CVC Capital Partners VI (A) LP, CVC Capital Partners VI (B) LP y CVC Capital Partners VI (C) LP controlan cada una casi un 25% de Vitalia Home. Las otras tres sociedades –CVC Capital Partners VI (D) LP, CVC Capital Partners VI Associates LP y CVC Capital Partners Investment Europe VI LP– tienen una participación minoritaria, que en conjunto suma el 5% del grupo español.

Este periódico preguntó a Chema Cosculluela, presidente de Vitalia Home, por la identidad de los dueños de esas sociedades, pero se negó a facilitarla con el argumento de que desconocía “la organización interna de CVC”. En el fondo de inversión, cuyo socio director en España es Javier de Jaime, remitieron por su parte a Vitalia Home. En definitiva, ni uno ni otro aclaran la identidad de los propietarios.

El accionariado se completa con un 10,02% en manos de Chema Cosculluela, una parte directamente y el resto a través de una sociedad suya (Geralia Home SL), mientras que el 9,98% restante es propiedad del fondo de capital riesgo español Portobello Fondo III. Precisamente, este último fondo había comprado el 89,98% de Vitalia Plus SA dos años antes, el 18 de febrero de 2015. Posteriormente, le vendió el 80% a CVC y se quedó con el 9,98%. El socio director de Portobello Fondo III es Iñigo Sánchez-Asiáin, en su día el máximo responsable de private equity en el Banco Santander.

4. COLISÉE: 50 residencias

Accionista principal: IK VIII Fund, con sede en las Islas Jersey, tiene la mayoría absoluta.

Otros accionistas relevantes: La familia del fundador, Patrick Teycheney, y ejecutivos del grupo mantienen el 14% del capital.

El grupo Colisée es el cuarto más importante de España gracias a dos adquisiciones realizadas en los últimos años, que le han permitido crear una red de 50 geriátricos y más de 5.900 camas. Los centros están repartidos por siete comunidades, aunque su negocio está muy concentrado en tres: Comunidad Valenciana, donde tiene 25 residencias; Castilla y León, donde cuenta con 11, y Cataluña, donde gestiona nueve.

Colisée inició su proceso de expansión en el mercado español con la compra, en julio de 2018, de la empresa STS Gestió de Serveis Sòciosanitaris SL, que explotaba cuatro residencias en Tarragona. Pero el gran impulso vino en febrero de 2019 con la adquisición del grupo belga Armonea, que era dueño en España de las residencias La Saleta Care.

Todos los geriátricos siguen operando bajo su marca original y, de hecho, 23 de los 50 lo hacen con la denominación La Saleta Care.

La matriz en España se denomina Colisée Homecare SL (antes se llamaba Freya Investments 2018 SL) y su accionista único es la mercantil francesa Colisée International SAS. ¿Y quiénes son los dueños de la compañía francesa? Pues lleva seis años en manos de diversos fondos y ahora está controlado por IK Investment desde las islas Jersey, en el Canal de la Mancha.

En julio de 2014, el fondo Eurazeo PME adquirió la compañía francesa. Con una cartera de inversiones de más de 18.000 millones de euros y sede en Francia, Eurazeo PME tiene como accionistas mayoritarios a la familia Decaux –Jean Claude creó una de las principales empresas del mundo de publicidad exterior– y al banquero Michel David-Weill. Como es habitual en las estrategias inversoras de los fondos, Eurazeo PME hizo caja en cuanto pudo: tres años después, le vendió Colisée al fondo IK Investments.

“En junio de 2017, Eurazeo PME vendió su participación en Colisée al fondo de inversión IK Investment Partners por 236 millones de euros, multiplicando por 2,5 su inversión inicial”. En estos términos explica en su web Eurazeo PME la operación.

¿Y quién es IK Investment Partners? Un fondo de private equity de capital originariamente sueco y ahora con sede en Londres, aunque buena parte de sus inversiones las realiza desde sociedades creadas en Jersey. Es lo que ocurrió con la compra de Colisée, vehiculada a través de IK VIII Fund. El fundador de Colisée, Patrick Teycheney, y el equipo directivo de la compañía mantienen en conjunto un 14% de las acciones. Una vez más el rastro del dinero se pierde en un territorio fiscalmente opaco.

Además de en España, Colisée tiene residencias en Francia, Italia, Bélgica y China.

5. ORPEA: 49 residencias

Accionista principal: Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), que tiene el 14,5% del capital.

Otros accionistas relevantes: La familia francesa Peugeot, a través de la firma de inversión FFP Invest, y la familia belga Boël, a través del holding Sofina SA.

Orpea gestiona 49 geriátricos en España. Un portavoz de la compañía indicó a infoLibre que, de ellos, en 38 disponen de plazas públicas concertadas con las respectivas Administraciones. En total, añadió, cuentan con "aproximadamente 8.200 camas".

La matriz en España es Orpea Ibérica SA, de la que dependen 17 filiales, que son las que explotan los geriátricos. Sus 49 centros se reparten por 11 comunidades, aunque su implantación es especialmente fuerte en Madrid (23 residencias) y Andalucía (10).

Varias residencias de este grupo también figuran en el tenebroso listado de las que más fallecimientos acumulan. Pese a la opacidad de la Comunidad de Madrid, que no informa del número de decesos por cada centro, infoLibre tuvo acceso a un listado oficial de muertes a fecha 30 de marzo. En aquel momento, de los 15 geriátricos con más fallecidos, tres eran de Orpea: Loreto (34 muertes), Sanchinarro (34) y Aravaca (24). El de Sanchinarro ha sido denunciado ante la Fiscalía por la asociación Defensor del Paciente. Además, el centro Santo Domingo, en Algete, fue intervenido por la Comunidad ante la crítica situación en la que se encontraba. Y en Alcobendas, familiares de residentes aseguraban el 10 de abril que ya se habían producido 17 fallecimientos.

Como presidente de Orpea Ibérica SA figura Yves Le Masne, director general de la multinacional francesa. El director de Operaciones de la filial española es Manuel Aznar Aznar.

El accionista único de la mercantil española Orpea Ibérica SA es la francesa Orpea SA. ¿Y cuál es la estructura accionarial de esta última? El 78,4% cotiza en Bolsa y el 21,5% restante está en manos de tres accionistas: Canada Pension Plan Investment Board, que tiene el 14,5% del capital; FFP Invest, que dispone del 5,0%, y Sofina SA, que cuenta con el 2,0%. Este es el reparto a fecha 22 de enero de 2020, justo después de que el fundador del grupo, el médico Jean-Claude Marian, vendiese el 6,3% de las acciones que tenía en la compañía. 

El fondo de pensiones de Canadá (CPPIB) es una sociedad estatal (Crown corporation) que gestiona los ahorros para la jubilación de 20 millones de canadienses. A finales de 2019, tenía activos valorados en 420.400 millones de dólares. Entró en el capital de Orpea SA en 2013 y lleva invertido en la compañía 410 millones de euros.

FFP Invest es una compañía de inversión cuyo socio único es el holding FFP. Controlado por la familia Peugeot, es el principal accionista de la empresa automovilística PSA Group (34%). Entró en el capital de Orpea SA en 2011.

Sofina SA es un holding internacional con sede en Bruselas cuyos principales accionistas son tres sociedades del Grupo Boël, que controlan conjuntamente el 54,5% de la compañía. Los Boël son una de las familias de industriales más conocidas de Bélgica. Entró en el capital de Orpea SA en 2013.

Orpea es el segundo grupo de residencias de Europa, donde opera en 12 países. También tiene establecimientos en Brasil y China.

6. SANITAS MAYORES: 47 residencias

Accionista principal: La entidad británica sin ánimo de lucro BUPA controla el 100% del capital.

Sanitas Mayores es la división del grupo sanitario centrada en servicios para la tercera edad. Tiene 47 residencias repartidas por 11 autonomías, de las que 19 están en Madrid, 11 en Cataluña y cinco en el País Vasco. Dispone de más de 6.300 camas, según Alimarket.

El consejero delegado de Sanitas, Iñaki Ereño, aseguraba en una reciente entrevista en El Mundo que “esta industria está siendo injustamente tratada”. Y añadía: “Las residencias de mayores son para cuidar, y no para curar. En la pandemia se nos ha cargado de una responsabilidad para la que no estamos preparados. Nosotros, al estar dentro de un grupo sanitario, hemos tenido más facilidad para medicalizarnos, pero muchas otras han tenido más dificultades”.

Pero la realidad es que diversas residencias de Sanitas están entre las que más muertes han sufrido. El mismo periódico ponía curiosamente como ejemplo de residencia que “frenó la expansión” del covid-19 el centro de Sanitas en Carabanchel, pese a que el 12 de abril ya acumulaba 31 fallecidos. Curiosa forma de "frenar" un virus. En Vitoria, el 30 de marzo iban 18 decesos en la residencia San Martín, que se convirtió en uno de los primeros grandes focos de transmisión en la capital alavesa.

La matriz en España es Sanitas Mayores SL, cuyas acciones pertenecen en un 72% a Grupo Bupa Sanitas SL y en un 28% a Sanitas Sociedad Limitada de Diversificación. Pero el propietario último del 100% de las acciones de la compañía dedicada a las residencias –al igual que de la división sanitaria– es la entidad The British United Provident Asociation Ltd, la cabecera del grupo BUPA, que tiene su domicilio social y fiscal en Londres. Sanitas Mayores SL lo tiene en España.

BUPA es una multinacional británica aseguradora, que no tiene accionistas y se supone que tampoco ánimo de lucro, puesto que los beneficios debe reinvertirlos en la propia compañía. Pese a ello, en el Reino Unido ha recibido críticas por poner el foco en exceso en multiplicar sus ganancias. Tiene filiales en Australia, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, Hong Kong, Irlanda, Nueva Zelanda, Polonia y Turquía.

7. BALLESOL: 46 residencias

Accionista principal: Modesto Álvarez Otero y Carlos Álvarez Navarro, junto a sus respectivas familias, son dueños de algo más del 25% del capital cada uno. José Luis Díaz López y familia disponen de algo más del 16,5%. Todos ellos están ligados a la aseguradora Santa Lucía. La familia Vivas Soler, una de las fundadoras de la empresa, controla algo menos del 25%.

Ballesol gestiona 46 residencias distribuidas por 12 comunidades, con una implantación más relevante en Madrid (13 centros), Comunidad Valenciana (7), Andalucía (6) y Cataluña (5). Alimarket afirma que gestiona más de 7.300 camas. Fuera de España, tiene un geriátrico en México.

Con 60 mayores fallecidos, el centro de Ballesol en Alcalá de Henares (Madrid) era el segundo que más muertes había registrado en la Comunidad de Madrid, según datos oficiales a fecha 30 de marzo a los que accedió infoLibre. En la residencia de Mirasierra, en Madrid capital, se habían producido nueve decesos en la misma fecha.

Los geriátricos están gestionados por la empresa Intercentros Ballesol SA, cuyo accionista mayoritario es Santa Lucía Compañía de Seguros y Reaseguros SA. A 31 de diciembre de 2018, era dueña del 75,29% del capital social de Ballesol. El resto del capital está controlado por la familia Vivas Soler, entre ellos Dolores Soler Brull –una de las fundadoras de la compañía en 1990– y su hijo José Ignacio Vivas Soler, que es además presidente del grupo y de una de las patronales del sector de las residencias (Aeste).

En una carta de patrocinio (confort-letter) suscrita en 2016 y ratificada en 2017, en relación con un préstamo hipotecario por importe inicial de 69 millones que recibió del Banco Santander, Santa Lucía se compromete a no perder el control mayoritario en el accionariado de Intercentros Ballesol SA hasta que haya devuelto el dinero al banco. Y, en caso de perderlo, a dotar a la empresa de los medios financieros necesarios para hacer frente al préstamo.

¿Y quiénes son los propietarios de la aseguradora y, por tanto, los dueños últimos de las residencias Ballesol? Santa Lucía es propiedad de tres grupos familiares, herederos de quienes se hicieron con el control de la compañía en 1943. Son los siguientes:

– Modesto Álvarez Otero y familia. Fue consejero delegado de Santa Lucía hasta diciembre de 2017. En la última lista Forbes de los cien españoles más ricos, figura en el puesto 59, con un patrimonio de 450 millones de euros. Su hija Clotilde Álvarez Calvo es ahora miembro del consejo de administración de la aseguradora. Controla dos sociedades patrimoniales, Inmobiliaria Prico SL y Sierra Oriel SL, dueñas en conjunto del 33,3% de Santa Lucía.

– Carlos Javier Álvarez Navarro y familia. Es el actual presidente de Santa Lucía y está en el puesto 83 de la lista Forbes, con una riqueza aproximada de 325 millones. La familia Álvarez Navarro también controla el 33,3% de la aseguradora a través de las patrimoniales Neregur SL y Salonta SL.

– José Luis Díaz López y familia. Es el actual consejero delegado de Santa Lucía. No aparece en Forbes, pero sí en la lista de los más ricos de El Mundo, en el puesto 73. Tiene junto a su familia el 22,2% de la aseguradora, por vía de las sociedades Dehesa de las Cabrerizas SL e Inversfam Sistemas SL.

8. AMAVIR: 41 residencias

Accionista principal: La familia francesa Mulliez, quinta fortuna de Francia con un patrimonio de 32.000 millones de euros.

Amavir está presente en siete comunidades, con un total de 41 centros, pero más de la mitad están concentrados en Madrid, donde tiene 21. En Castilla-La Mancha, Cataluña y Navarra dispone de cinco en cada territorio. Gestiona 6.223 plazas, de ellas 3.083 concertadas y 3.140 privadas, según los datos facilitados por un portavoz de la compañía a infoLibre.

De esos 41 geriátricos, 13 se construyeron con financiación privada, 27 a través de modelos de colaboración público-privada en los que la construcción corre a cargo del adjudicatario que a cambio gestiona la residencia durante una serie de años (hasta 75) con un número de plazas concertadas, y sólo uno es de gestión indirecta (titularidad pública gestionado por una entidad privada). “Hace cinco años que la compañía no participa en concursos de gestión de centros públicos, al no compartir los criterios con los que se convocan en la gran mayoría de los casos, con una priorización casi absoluta del precio o mejor oferta económica por encima de otros requisitos”, destaca el portavoz de Amavir.

El geriátrico más afectado por el coronavirus del grupo, de los datos que han trascendido hasta ahora, es el de Vilanova del Camí (Barcelona). El 6 de abril iban 27 decesos y diez días después la cifra se había disparado hasta los 47. El Ayuntamiento anunció que denunciaría lo ocurrido en la Fiscalía. En la Comunidad de Madrid, de acuerdo con los datos oficiales logrados por infoLibre, el 30 de marzo había siete centros de Amavir que habían sufrido al menos diez decesos: Colmenar Viejo (18), Ciudad Lineal (18), Valdebernardo (15), Torrejón de Ardoz (11), Arganzuela (10), Alcalá de Henares (10) y Usera (10).

Amavir es una marca comercial lanzada en 2017, tras la fusión de dos grupos de residencias: Amma y Adavir. Fue una operación de la compañía francesa Maisons de Famille, que entró en el accionariado de Adavir en 2013 y adquirió Amma en 2016, por un importe de unos 220 millones de euros.

La sociedad principal de Amavir es Planiger SA, de la que dependen la mayoría de los centros, aunque además tiene cuatro filiales que gestionan otras tantas residencias. Planiger SA tiene dos accionistas: Maisons de Famille SAS, que controla el 85,46% del capital, y Geroplan SL, que tiene el 14,54% restante.

Por su parte, Maisons de Famille SAS es una compañía constituida en Francia en 2003 y filial del fondo de private equity Creadev, perteneciente a la Asociación Familiar Mulliez, que cuenta con más de 150 empresas en 50 países. Entre ellas, Alcampo, Decathlon, Leroy Merlin o Norauto. En el sector de las residencias, el grupo opera en Francia, España, Italia y Alemania.

La revista Challenges calculaba en 2019 la fortuna de Gerard Mulliez y su familia en 32.000 millones de euros, la quinta más grande de Francia.

9. SAVIA: 22 residencias

Accionista principal: Enrique Ortiz, condenado en una de las piezas de Gürtel por financiar ilegalmente al PP, controla el 42,5%. El mismo porcentaje tiene Rafael Fuertes Quintanilla, presidente del grupo de alimentación El Pozo.

Otros accionistas relevantes: El constructor Domingo Alcocer Aguilar tiene el 15% restante.

Savia gestiona 22 geriátricos, todos ellos en la Comunidad Valenciana.

El grupo creció al calor de las adjudicaciones del PP valenciano, cuando gobernaba la Generalitat, y en medio de un conflicto de intereses llamativo: entre los propietarios de Savia estaba la familia de Juan Cotino, quien benefició a la empresa desde la Conselleria de Bienestar Social que él mismo dirigía. Cotino falleció este mes de coronavirus. Estaba procesado por una de las piezas de la trama Gürtel.

El escándalo de las residencias Savia llevó incluso a crear una comisión de investigación en las Cortes valencianas. Tras 16 meses de trabajo y 89 comparecencias, todos los grupos –salvo el PP– aprobaron un dictamen en el que se certificaba que el Gobierno valenciano de Francisco Camps dio un “trato de favor” al grupo de residencias. Savia resultó adjudicataria del 40% de los centros y Cotino adoptó medidas para “consolidar el negocio” de su familia.

La mercantil titular de los 22 geriátricos es Centros Residenciales Savia SL, que tiene como accionista único a la empresa Gerocentros del Mediterráneo SL. Esta última, que constituyeron diez constructoras en el año 2000 poco antes de la adjudicación de residencias por parte de la Generalitat, ha sido siempre la empresa clave de la trama. Sus dos socios de referencia eran la familia Cotino –a través de la compañía Sedesa, que dirigía Vicente, el sobrino del político– y el empresario alicantino Enrique Ortiz –por medio de Ortiz e Hijos–. Ambos están entre los nueve empresarios valencianos que confesaron, en uno de los juicios de la Gürtel, haber financiado ilegalmente al PP de Camps.

Los Cotino terminaron saliendo del accionariado de Gerocentros del Mediterráneo SL, que según las cuentas correspondientes a 2018 se repartía de la siguiente forma: el 42,5% de las participaciones estaba en manos de Cívica Servicios y Medio Ambiente SL, el nuevo nombre de la firma Ortiz e Hijos, cuyo consejero delegado es el propio Enrique Ortiz condenado en Gürtel; otro 42,5% pertenece a Grupo Corporativo Fuertes SL, que controla Rafael Fuertes Quintanilla, presidente de El Pozo Alimentación; y el 15% restante es de Doalco SA, sociedad que preside Domingo Alcocer Aguilar, un constructor de Orihuela que ya hace quince años era noticia por recibir adjudicaciones sospechosas.

10. CASER: 20 residencias

Accionista principal: la sociedad cooperativa suiza Patria Genossenschaft controla de forma indirecta un 23,8% del capital de Caser, a través de su participación en la compañía de seguros Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG.

Otros accionistas relevantes: La Fundación Bancaria Ibercaja tiene el 8,7% de Caser.

Caser Residencial cuenta con 20 geriátricos, repartidos por nueve comunidades. País Vasco, con cinco, y Madrid, con tres, son los territorios donde tiene mayor presencia. Todas las residencias son propiedad de la empresa; es decir, no gestiona centros que sean titularidad de un tercero.

En dos de sus geriátricos se ha vivido con especial virulencia el coronavirus. En Caser Residencial Alto del Pardo, de Vitoria, habían fallecido una treintena de residentes y un trabajador, a fecha 23 de abril. En el centro Caser de Santo Ángel, en Murcia, las muertes eran más de “una decena” el 7 de abril y la Fiscalía abrió una investigación para determinar si se había producido una omisión de socorro. Familiares de los residentes denunciaron una situación de “abandono”.

En cuanto a la estructura societaria, la explotación de los geriátricos corre a cargo de Caser Residencial SA, cuyo socio único es Caser Residencial Gestión SL, propiedad a su vez de Caja de Seguros Reunidos Compañía de Seguros y Reaseguros SA (Caser SA). Esta última es la matriz de la compañía.

Caser SA está en medio de una importante reestructuración de su capital. En enero de este año, la aseguradora suiza Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG anunció la adquisición del 70% de las acciones de Caser SA. Tres entidades financieras españolas se reparten el 30% restante a partes casi iguales: Ibercaja, Unicaja y Liberbank. La operación, que está pendiente de la aprobación por las autoridades de Competencia, supone la salida de Caser SA de algunos de sus socios históricos, entre ellos Caixabank, Bankia, Abanca y la francesa Covéa.

¿Y quiénes son los dueños de la suiza Helvetia? Según informa en su web, el 65,9% de sus títulos se negocian en Bolsa y el 34,1% está en manos de Patria Genossenschaft, una peculiar cooperativa, que reinvierte la mayor parte de los dividendos de Helvetia en la propia compañía. Patria Genossenschaft era una aseguradora de Basilea que se fusionó en 1996 con Helvetia. Su nombre desapareció del logo, pero pervivió en forma de cooperativa que tiene el 34,1% de sus acciones y garantiza así “su independencia”. “Una construcción genial”, según Doris Russi Shurter, la presidenta del consejo de administración de la aseguradora suiza.

En definitiva, los miembros de la cooperativa Patria Genossenschaft serán, en cuanto Competencia de luz verde a la compra de Caser por Helvetia, los dueños de un 23,8% de las residencias Caser.

En cuanto al resto de accionistas de Caser SA, las tres entidades financieras españolas que suman en conjunto el 30%, su estructura de capital es la siguiente, de acuerdo con los últimos informes corporativos presentados:

– Ibercaja está en manos de fundaciones herederas de las antiguas cajas de ahorro. La principal, la Fundación Bancaria Ibercaja, que es dueña del 87,8% de sus acciones.

– Unicaja tiene como accionista de control a la fundación bancaria del mismo nombre (49,68%). Rafael Domínguez de Gor, fundador de la empresa textil Mayoral, dispone del 7,1% a través de su sociedad Indumenta Pueri SL. Domínguez de Gor está en el puesto 50 en la lista Forbes de los españoles más ricos, con un patrimonio atribuido de 500 millones de euros.

– Liberbank tiene como principal accionista a la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Asturias (23,29%), seguida por el fondo de inversión británico Oceanwood Capital Management LLP (17,69%).

Por tanto, de forma indirecta, la Fundación Bancaria Ibercaja controla el 8,7% de Caser Residencial, la Fundación Bancaria Unicaja el 4,9%, la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Asturias el 2,3% y el fondo de inversión Oceanwood Capital Management LLP el 1,76%.

11. ARALIA: 19 residencias

Accionista principal: El procesado en Gürtel José Luis Ulibarri Cormenzana y su familia controlan al menos un 63,15% del capital, a través de las sociedades Enantar SA y Elodea SA. Una tercera empresa, Conseil Cabinet SA, que los investigadores judiciales también situaron en la trama societaria de Ulibarri, tiene el 35,85% restante.

Aralia gestiona 19 residencias, en cuatro comunidades: 8 en Castilla-La Mancha, 6 en Castilla y León, 4 en Madrid y una en Aragón. Según detalla la empresa en su web, de las 1.903 plazas que tienen sus geriátricos, 1.577 están concertadas con las Administraciones correspondientes, es decir, casi el 83%. Más de la mitad de esas plazas financiadas con dinero público –778 en concreto– las paga la Comunidad de Madrid en las cuatro residencias que Aralia tiene en la región.

Otra Administración que confía en la empresa de José Luis Ulibarri –procesado en dos piezas de Gürtel por pagar dinero a cambio de adjudicaciones y detenido en la operación Enredadera– es Castilla-La Mancha. De las ocho residencias que gestiona allí Aralia Servicios, seis son propiedad de la Junta. En ellas hay 337 plazas concertadas.

La empresa de Ulibarri no parece tener especial sensibilidad a la hora de cuidar a las personas mayores. Al menos sus cuatro residencias en Madrid son un ejemplo de gestión catastrófica, antes y después del estallido de la epidemia.

Antes del coronavirus. El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Cs), anunció en enero que pensaba retirarle a Aralia la concesión de tres de sus residencias por incumplimientos graves. El geriátrico de Leganés acumulaba en noviembre del año pasado casi 500 reclamaciones de familiares de residentes por falta de personal, mala limpieza y alimentación de pésima calidad. La empresa llegó a alegar ante un tribunal que tener sucio un geriátrico no incumplía el contrato.

Después del coronavirus. Datos oficiales de fallecidos en las residencias de Madrid a 30 de marzo, a los que ha tenido acceso infoLibre, demuestran que en esa fecha habían fallecido 27 residentes en el centro de Isabel la Católica, 22 en Peñuelas, 16 en el Ensanche de Vallecas y 4 en el Parque de los Frailes. Los tres primeros están en Madrid ciudad y el último en Leganés. En total, 69 muertes en los cuatro geriátricos de Aralia en el mes de marzo. Los familiares de Peñuelas pidieron a la Fiscalía que investigue por "irregularidades y opacidad". Una familiar de una fallecida en el centró Isabel la Católica ofreció un testimonio desgarrador: “Llevaba 16 días sin saber de mi madre cuando la residencia me llamó para decirme que había muerto”.

Aralia Servicios Sociosanitarios SA, la sociedad que explota los geriátricos, tenía tres accionistas a finales de 2018, según las últimas cuentas presentadas en el Registro Mercantil. José Luis Ulibarri y su familia –su mujer Milagros Fernández Alonso y los tres hijos del matrimonio, Soledad, Enrique y Adriana– controlan el 63,15% del capital a través de dos sociedades rebautizadas tras el escándalo Gürtel: Enantar SA (antes Peñalba Servicios Inmobiliarios SA), que tiene el 32,66% de las participaciones, y Elodea SA (antes Begar SA), que dispone del 31,49%. Esta última está en proceso de liquidación.

El capital de Aralia Servicios Sociosanitarios SA se completa con la mercantil Conseil Cabinet SA, que tiene como administrador único a José Antonio Díez González. Los investigadores judiciales de Gürtel identificaron a esa empresa como una de las cinco que Ulibarri utilizó para comprarle un yate a Francisco Correa, el capo de la trama corrupta.

12. L’ONADA: 19 residencias

Accionista principal: Cinta Pascual Montañés, empresaria de Tarragona y presidenta de la patronal catalana del sector de residencias (ACRA).

L’Onada gestiona un total de 19 residencias: 17 en Cataluña, 1 en la Comunidad Valenciana y 1 en Madrid, en esta última comunidad bajo la marca OnaCare. Aunque la empresa se inició en el sector hace 25 años –con un geriátrico en el municipio tarraconense de Sant Carles de la Rápita–, su expansión se aceleró a partir de 2010, con la apertura de 14 centros en una década.

De momento han trascendido muy pocas noticias sobre fallecimientos en sus geriátricos. La principal afecta al centro de La Sagrera en Barcelona, donde han muerto entre 13 y 17 mayores hasta el 7 de abril, según la Coordinadora de Residencias 5+1.

Las residencias dependen de la mercantil Residencia Tercera Edat l’Onada SL, con sede en Barcelona, y que actúa como matriz de un grupo empresarial con 13 filiales y muy diversificado. Abarca desde la cadena de panaderías Tradicionarius a sociedades dedicadas a la actividad inmobiliaria. Además de la matriz, sólo hay otra compañía que se dedica a la gestión y explotación de residencias y equipamientos para la tercera edad: L’Onada Golden Beach SL.

La administradora única de Residencia Tercera Edat l’Onada SL es Cinta Pascual Montañés. Una portavoz de la empresa, a preguntas de este periódico, confirmó que también era la principal accionista. Pascual es la presidenta de la Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), la patronal del sector en Cataluña, y también del Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPs), una de las patronales españolas.

13. KORIAN: 15 residencias

Accionista principal: los dueños de 39 bancos regionales franceses agrupados en la sociedad holding Rue la Boétie SAS.

Korian gestiona 15 residencias en España que operan a través de la marca Seniors. Tiene centros en sólo cuatro provincias españolas: 6 en Málaga, 1 en Cádiz, 6 en las Islas Baleares y 2 en Valencia. En total, suman más de 2.000 camas.

Esa reducida implantación se explica porque la compañía francesa Korian ha entrado hace poco más de un año en el mercado español a través de la adquisición de dos pequeñas compañías de residencias. En enero de 2019 anunció que había comprado la compañía Seniors, dueña de siete geriátricos en Andalucía. Seis meses más tarde comunicó que se había hecho con las residencias de Grupo 5 en Baleares.

Korian es la empresa líder del sector en Europa, con presencia en Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia y Holanda.

En cuanto a su estructura societaria, la matriz en España se llama Korian Residencias Spain 2018 SL, que es la propietaria de las cinco sociedades limitadas que explotan sus residencias. La matriz española tiene como accionista único a la francesa Korian SA.

El 61,4% de las acciones de Korian SA cotizan en Bolsa, según los últimos datos facilitados por la compañía. El resto está en manos de sus tres principales accionistas: Predica SA, que dispone del 24,2% del capital; Malakoff Médéric Humanis, que tiene un 7,70%, y PSP Investments, que cuenta con el 6,60%.

Predica SA es una compañía de Crédit Agricole Assurances (CAA Group), que forma parte del conglomerado de Crédit Agricole, uno de los principales bancos europeos. A su vez, el principal accionista de la entidad financiera es Rue la Boétie SAS, un holding de 39 bancos regionales franceses.

Malakoff Médéric Humanis es una entidad mutualista francesa, sin ánimo de lucro, que no tiene accionistas.

El fondo de pensiones Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments) es uno de los principales de Canadá. Se trata de una entidad estatal (Crown corporation), con sede en Montreal y que maneja unos 168.000 millones de dólares en inversiones.

Fundaciones, asociaciones y cooperativas

Más del 70% de los geriátricos y de las plazas residenciales están en España en manos privadas. Se trata básicamente de entidades mercantiles, pero también hay fundaciones, asociaciones y alguna cooperativa. Cuatro de ellas gestionan al menos 15 residencias y, por tanto, están entre los 17 principales grupos que operan en España. Destaca especialmente Mensajeros de la Paz, que con una red de 110 geriátricos ocupa el segundo puesto en el ranking, sólo por detrás de DomusVi.

MENSAJEROS DE LA PAZ: 110 RESIDENCIAS

Mensajeros de la Paz gestiona 110 residencias, que se reparten por 11 comunidades, según los datos facilitados por la asociación a infoLibre. Prácticamente todas ellas son titularidad de terceros. La organización tiene una estructura descentralizada, con asociaciones regionales que disponen de su propia personalidad jurídica, y eso se traslada también al mundo de las residencias: 17 se gestionan desde Madrid, 77 desde las diferentes delegaciones territoriales y 16 en UTE con otras entidades (8 con OHL-Ingesan, 7 con la asociación Madimex y 1 con Alomar).

Fundada en 1962 por el sacerdote Ángel García Rodríguez –conocido como el padre Ángel–, Mensajeros de la Paz declara que su objetivo es “ayudar a los más desfavorecidos, a paliar la pobreza infantil, al maltrato de la mujer, a ayudar a familias en riesgo de pobreza, a inmigrantes en situación difícil”. Su presencia no se limita a España. Está legalmente constituida en 50 países de cuatro continentes. El presidente de la asociación es el padre Ángel y el vicepresidente, Sergio Mella.

Desde que se inició la pandemia, el padre Ángel ha solicitado ayuda en varias ocasiones para sus residencias. También realizó algunas declaraciones que no generaron precisamente entusiasmo en la extrema derecha, como pedir el premio Príncipe de Asturias para el Gobierno. Lo cierto es que algunos geriátricos de Mensajeros de la Paz están entre los más golpeados de España por el virus, en especial el situado en La Bañeza (León), que llevaba 72 muertes el 21 de abril. En el centro Montserrat Caballé, de Madrid, eran 17 los fallecidos el 30 de marzo.

FUNDACIÓN SAN ROSENDO: 45 RESIDENCIAS

La Fundación San Rosendo gestiona 45 geriátricos, todos ellos en Galicia, y dispone de 2.832 camas, según información facilitada a infoLibre por la entidad. Esta presume del bajo número de plazas concertadas que tiene, “lo que garantiza la independencia de las instituciones públicas”. El último dato actualizado, correspondiente a este mes de abril de 2020, es que sólo 577 plazas en residencias de personas mayores (20,3% del total) contaban con financiación pública. 

El mayor problema con el coronavirus lo ha tenido la fundación en la residencia Nuestra Señora de la Esperanza, en la localidad de A Farixa (Ourense). El 8 de abril, en ese geriátrico se registraban nueve muertes y 139 positivos de covid-19. El centro tiene 176 plazas. La Fiscalía Superior de Galicia decidió abrir una investigación, tras recibir una denuncia de la asociación REDE, para averiguar si se cometió algún delito en la gestión de la residencia.

Como en todas las fundaciones, el máximo órgano es el Patronato, que en el caso de San Rosendo está controlado por el Obispado de Ourense. El sistema es el siguiente: el Obispado propone dos patronos y Cáritas designa uno; y estos tres patronos nombran a su vez al resto, hasta un máximo de siete, entre “personas relevantes” de la sociedad ourensana “que compartan los valores y objetivos de la fundación”.

A preguntas de este periódico, una portavoz de la entidad indicó que “los patronos no representan a ninguna institución” y que el Obispado “no interviene en la gestión" de los geriátricos. “La Fundación cuenta con un equipo directivo que gestiona y toma decisiones sobre los centros, dirigido por José Luis Gavela. Este equipo ha renovado la confianza del Patronato desde hace 20 años”, añadió.

Fundada en 1992, el principal impulsor de la Fundación San Rosendo fue el cura Benigno Moure Cortés, que sigue siendo presidente honorario. Gran amigo de Manuel Fraga –exministro franquista que fue presidente de la Xunta entre 1990 y 2005–, recibió las más altas distinciones del Gobierno gallego por su “meritoria labor” asistencial en el cuidado de mayores. Moure fue condenado a cinco años de cárcel por estafar 600.000 euros a una anciana con Alzhéimer, pero evitó la prisión alegando incapacidad, pese a que caminaba tranquilamente por Ourense sin ni siquiera la necesidad de un bastón. El actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, lideró hace tres años una campaña de reconocimiento público de Moure, cuando ya había sido condenado como estafador.

FUNDACIÓN GERÓN: 21 RESIDENCIAS

De las 17 principales empresas o fundaciones de residencias de España, la Fundación Gerón es quizá la que tiene menor proyección mediática. Resulta difícil encontrar noticias sobre ella, ni sobre sus patronos, a pesar de que gestiona 21 geriátricos: 14 en Andalucía, 3 en Castilla-La Mancha, 2 en Canarias, 1 en la Comunidad Valenciana y 1 en Ceuta.

Hasta el año pasado, la Fundación llevaba un centro más en Cádiz, titularidad del Obispado gaditano, que decidió retirarle la gestión. Aunque inicialmente la entidad se quejó de la “decisión unilateral” del Obispado, al final ambas partes llegaron a un acuerdo. La Diócesis cedió el centro a otra fundación.

El mayor foco de coronavirus en sus residencias se produjo de momento en La Caridad de Lebrija (Sevilla), donde el 21 de abril habían fallecido ocho mayores.

Fundada en Sevilla en 1994 como asociación con el mismo nombre, se transformó diez años después en fundación, y lo más llamativo quizá sea que sus patronos lo son con carácter “vitalicio”. Y, de momento, así ha sido: las mismas diez personas que firmaron las escrituras de la fundación en 2004 son las que componen el Patronato 16 años después. Alguno ha cambiado de función, pero la composición permanece intacta. Y el presidente siempre ha sido también el mismo: Antonio Jesús Aguilar Orgaz.

GSR: 19 RESIDENCIAS

Gestión de Servicios Residenciales (GSR) es la única cooperativa entre los principales grupos de residencias. Gestiona 19 geriátricos: 14 en Euskadi, 3 en Navarra, 1 en La Rioja y 1 en Cantabria. En total, cuenta con más de mil camas.

GSR forma parte de la Corporación Mondragón, con sede en dicha localidad guipuzcoana, que es uno de los principales grupos empresariales de España: en 2018 tuvo unos ingresos de más de 12.200 millones de euros y una plantilla de 81.837 trabajadores. GSR es una de las 266 empresas y cooperativas integradas en dicha corporación.

Fundada en 2003, GSR cuenta con unos 350 socios, lo que significa que la mitad de sus trabajadores son cooperativistas.

El mayor brote conocido en sus centros se ha producido en Aretxabaleta (Guipúzcoa), donde el 25 de abril habían fallecido al menos tres personas.

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Si tienes información relevante sobre lo que está ocurriendo en las residencias, te agradezco que me escribas a: manuelrico@infolibre.es