El Ayuntamiento de Arroyomolinos, gobernado por el PP en coalición con Vecinos por Arroyomolinos, ha censurado una charla sobre las 7.291 muertes en las residencias y que se iba a celebrar el próximo día 27 de septiembre en un espacio municipal de Arroyomolinos. La sala había sido solicitada por Marea de Residencias el pasado mes de agosto y contaba ya con todos los permisos necesarios, denuncia la asociación, pero en los últimos días, cuando se ha empezado a difundir públicamente la reunión, el consistorio ha comunicado la censura del debate.

En la charla iba a estar presente Manuel Rico, director de Público y autor del libro Vergüenza: el Escándalo de las Residencias. También Carmen López y Lola Parra, de Marea de Residencias. "Desde Marea de Residencias tenemos motivos para pensar que la orden viene directamente desde la presidencia de la Comunidad de Madrid porque en Arroyomolinos se encuentra el ala más radical y cercano a la presidenta quien como sabemos quiere silenciar cualquier acto que haga referencia a lo ocurrido durante la pandemia en las residencias de la Comunidad de Madrid", acusan los organizadores.

En todo caso, la agrupación ha buscado un espacio alternativo para celebrar la charla en la misma fecha en el bar de la Avenida de las Castañeras, 36.

Marea de Residencias llama a Vecinos por Arroyomolinos, "colaboradores necesarios" porque confirmaron el acto y "en el último momento nos remiten a otra concejalía, alegando que es desde Participación Ciudadana donde se nos tiene que conceder el espacio". "Como respuesta a nuestra solicitud de explicaciones, tanto en una concejalía como en otra, ambas se han limitado a echar balones fuera y culpabilizarse entre ellas, pero no proponen fecha alternativa para la celebración del acto", añaden.

En vísperas del 4 de mayo es hora de resumir en pocas líneas lo que está en juego en esta "España dentro de España" que es Madrid en palabras de Isabel Díaz Ayuso, a quien todas las encuestas (legales o ya prohibidas) dan como ganadora y muy probable presidenta, la misma que en la prensa internacional definen como 'la Trump' o 'la Le Pen' españolala Trumpla Le Pen (ver aquí).

El mayor éxito de Ayuso ha sido lograr que el marco de debate haya sido en esencia el que ella pretendía desde el preciso instante en que convocó estas elecciones anticipadas: "socialismo/comunismo o libertad". Un patadón a la historia y un puñetazo a la inteligencia que le han servido para que hablemos entre poco y nada de su gestión al frente de la comunidad durante estos 20 meses o de la herencia que nos dejan los 26 años de gobiernos continuados del PP.

Durante estas últimas dos semanas, en infoLibre hemos intentado separar el ruido de las nueces, los hechos y las opiniones, en este clima político-mediático en el que el último insulto sirve para desviar la atención de la cruda realidad. La serie #MadridEnDatos (ver aquí) ha abordado informativamente las áreas más importantes de la gestión de la comunidad para que pueda percibirse la huella de casi tres décadas de políticas neoliberales y privatizadoras. Y en 'Los números de Ayuso' (ver aquí) procuramos aportar a los datos un contexto, una interpretación personal que quizás ayude a diferenciar la información de la propaganda.

Hay conclusiones difícilmente discutibles. Madrid tiene el PIB más alto de España y está a la cola o entre las comunidades que menos gastan en capítulos tan trascendentes como la sanidad pública, la educación pública, la cultura, la I+D+i o la contrucción de vivienda pública (exactamente cero en esta última partida). El llamado 'oasis fiscal' madrileño lo es fundamentalmente para las rentas más altas y las grandes fortunas, y tiene toda la lógica que el permanente desmantelamiento de lo público vaya en beneficio del negocio privado, para alegría de multinacionales y fondos de inversión, ya sea vía educación concertada o seguros de salud. Un marciano que aterrizase en Madrid tras este año de pandemia no entendería nada (a mí me ocurre a menudo). ¿Cómo es posible que esta campaña electoral no le pase a Ayuso la factura letal que ha supuesto el abandono de los centros de salud, los recortes en atención primaria o la nulidad en la aportación y funcionamiento de rastreadores? Lo hemos escrito más de una vez: en cualquier sociedad democrática mínimamente exigente Isabel Díaz Ayuso y su consejero de Sanidad estarían hace tiempo fuera de la política y quizás sentados en un banquillo sólo por los protocolos de exclusión que dejaron abandonados a miles de mayores en las residencias madrileñas durante la primera ola (ver aquí). Ni disculpas han pedido.

Hay quienes han despreciado en esta campaña la importancia de los datos y de las críticas rigurosas a la gestión política porque en estos tiempos de ruido y de furia lo único que importa es la "guerra cultural", la confrontación ideológica. Como si las políticas fiscales o la distribución de los recursos públicos no fueran reflejo directo de posicionamientos ideológicos. De hecho debería ser más que llamativa la contradicción evidente entre las propuestas ultraliberales de Ayuso y los suyos mientras la Casa Blanca y las principales instituciones internacionales asumen ya sin complejos la necesidad de subir los impuestos a las grandes fortunas, cerrar los enormes agujeros que permiten eludir impuestos a las grandes empresas y multinacionales o estudiar la anulación al menos temporal de las patentes de las vacunas contra el covid (ver aquí). Todo tipo de medidas cuya prioridad es luchar contra la desigualdad y la pobreza sin escatimar recursos públicos. Mientras en todo occidente se plantean soluciones contra las "colas del hambre", Ayuso se permite despreciarlas hablando de "mantenidos". El tragicómico eslogan de "libertad a la madrileña" no puede esconder que Madrid tiene la mayor brecha de desigualdad entre el 20% más rico y el 20% más pobre, con un millón de personas al borde la exclusión.

Por supuesto que es trascendente la llamada "guerra cultural". Por supuesto que hay que combatir esa falsa dicotomía que Ayuso y sus ventrílocuos lanzan sobre "comunismo o libertad", una ofensa a la propia historia democrática, a la lucha antifranquista, a quienes contribuyeron decisivamente a la recuperación de las libertades. Es discutible que la única respuesta desde las izquierdas sea la de "democracia o fascismo", cuando deberíamos ser capaces de denunciarlas y hasta ridiculizarlas en lugar de caer en el juego de las banalizaciones. De distinguir los rasgos de un nacionalpopulismo de extrema derecha, plagiador del trumpismo, xenófobo y machistatrumpismo, con conexiones directas con los restos del franquismo. Pero sobre todo deberíamos situar ese debate en lo que más afecta a la calidad democrática en España: un PP que no termina nunca de actuar como una derecha democrática moderna y europea. Que no ha aceptado la legitimidad de un gobierno progresista salido de las urnas, y que en Madrid ha llevado hasta el límite la excitación de un españolismo excluyente que no asume la realidad diversa y plural de España. Nuestra diferencia respecto a otras democracias no es el surgimiento de una ultraderecha populista, sino la existencia de una derecha liberal que no termina de aceptar plenamente una democracia plural en un Estado diverso.

No nos engañemos. Sin menospreciar la trascendencia de este debate de fondo, es obvio que a Ayuso y sus ventrílocuos les interesa que se hable de todo excepto de lo que han hecho ellos y sus antecesores con Madrid. Porque la cifra final y definitiva de esta serie sobre 'Los números de Ayuso' sólo puede ser 26, los años que el PP lleva gobernando la comunidad sin interrupción (Tamayazo por medio). Sabemos por la primera sentencia de la Gürtel (ver aquí) y por los sumarios pendientes de enjuiciar que el PP de Madrid mantuvo una "corrupción institucionalizada", una fórmula que consistía en otorgar adjudicaciones públicas a empresarios a cambio de comisiones para financiar el partido y sus campañas electorales y para engordar los bolsillos de dirigentes e intermediarios. Sabemos que la expresidenta Aguirre está imputada, y que su delfín Ignacio González pasó por la cárcel, como también lo hizo su exvicepresidente Francisco Granados, y que probablemente volverán a prisión (ver aquí).

Nos han entretenido con la tontería de la "libertad a la madrileña". Nos han asustado con los sobres cargados de balas. Han desviado nuestra atención hacia los bulos y la chulería de un Vox que vive de la desinformación y el patrioterismo más rancio y castizo. Mientras tanto, apenas hemos debatido sobre los dos hilos conductores de casi tres décadas de gestión en Madrid: corrupción y neoliberalismo privatizador. Una democracia "a la madrileña" que continuará al menos dos años más si este martes no se produce una sorpresa y se llenan las urnas en un día laborable elegido para que tal cosa no ocurra en los municipios y barrios más castigados.

Madrid encabeza muchos de los baremos con los que pueden medirse la creación y el consumo cultural. Es la que mayor número de trabajadores del sector concentra, la que más compañías de esta industria acoge, en la que se ubica un tercio de las productoras audiovisuales o la que celebra más conciertos de música popular (ver aquí). Pese a la insistencia de Ayuso, la gente del resto de España no suele venir a Madrid por la urgente necesidad de "ir de cañas", pero sí que acude a los teatros, museos o conciertos (lo cual obviamente no excluye tomar unas cañas antes o después). Lo cierto es que ese indiscutible liderazgo cultural, que incluye el mayor gasto medio en cultura por habitante (317 euros en 2019) no se debe en ningún caso a la inversión pública impulsada por los gobiernos conservadores desde hace 26 años.

Sostenía Delibes que "la cultura se crea en los pueblos y se destruye en las ciudades". Depende. Es obvio que el liderazgo de Madrid en muchas facetas de la industria cultural tiene relación directa con la capitalidad del Estado. Desde luego, lo que los números demuestran es que no tiene nada que agradecer al impulso político. Siendo la comunidad más rica, es la segunda por la cola en inversión pública, sólo por delante de Murcia. Madrid dedica exactamente el 0,075% de su PIB al sector de la cultura, la cuarta parte que Extremadura en proporción al suyo (0,30%). 

Sería un error despreciar la eficacia electoral/emocional de ese discurso de Ayuso que resume la idea de libertad en el terraceo, las cañas y la juerga. Pero conviene responder a tan baratísima demagogia. No conozco estudio alguno que relacione las cañas con el grado de libertad de un pueblo. Lo que sí está comprobado es que la cultura nos hace más libres, más críticos, menos dóciles. Por eso a ningún gobierno reaccionario le interesa fomentarla. Aunque pregonen "libertad".    

Uno de los mimbres en los que se ha apoyado el discurso electoral de Díaz Ayuso es el de su supuesto milagro económico y su respaldo explícito a la hostelería. La libertad "para irse de cañas" no es sólo una trampa de las muchas inspiradas en el trumpismo (¡me va a decir a mí ningún gobierno lo que puedo o no puedo hacer!) sino que va siempre acompañada de la presunción de que la economía de Madrid es la que mejor ha afrontado la pandemia y la que más protege a empresarios, autónomos y emprendedores.

Ese mimbre contiene en primer lugar una distorsión cuyas consecuencias humanas son imposibles de comprobar pero sencillas de entender: nunca sabremos el número de contagiados, hospitalizados o fallecidos que podría haberse evitado con unas restricciones más duras en Madrid. Lo que sí sabemos es que otras comunidades (y países) que se han tomado en serio las recomendaciones científicas, y por tanto han limitado más la actividad comercial en espacios cerrados, también han procurado ayudar a los sectores más afectados. ¿Qué ha hecho Ayuso? La respuesta es comprobable: Madrid es la única comunidad que no ha impulsado ayudas directas a la hostelería en ninguna de las olas de la pandemia (ver aquí). ¿Acaso la muy liberal Ayuso no es partidaria de esas ayudas directas y defiende que cada cual saque adelante su negocio como pueda? Así era hasta que ha llegado la campaña electoral, y entonces sí: ha anunciado un plan de 220 millones de euros para aquellas pequeñas empresas cuya facturación se haya recortado más de un 30% (ver aquí).

Como venimos insistiendo en esta serie numérica sobre la gestión de Ayuso y sus socios en Madrid, conviene relacionar unas cifras con otras para no dejarse cegar por la propaganda de un dato aislado. Ayuso no engaña cuando dice que Madrid es la comunidad más rica de España, o la que tiene mejores cifras de deuda o de déficit. Motivos aún más fundados para exigir una gestión política que reduzca la mayor brecha de desigualdad del Estado y proteja a quienes más sufren la precariedad. "Vivir a la madrileña" no debería consistir en contemplar las ventajas de un club de privilegiados mientras se entretiene al resto con unas cañas. Hoy por hoy, es más fácil encontrarse en Madrid con tu expareja que con una medida que evite las colas del hambre.

De las doce comunidades autónomas que celebraron elecciones el 26 de mayo de 2019, el gobierno de Madrid tiene dos récords políticos: es el que menos proyectos de ley ha llevado al parlamento regional y es el único que no ha llegado siquiera a presentar Presupuestos (ver aquí).

La producción legislativa del Ejecutivo de Ayuso se limita en estos casi dos años a la aprobación de dos proyectos de ley, ambos por lectura rápida y tramitación urgente, con el apoyo de sus socios Ciudadanos y Vox. Y ambos referidos a dos asuntos de negocios: el primero una reforma de la Ley del Suelo que elimina la obligación de obtener licencias urbanísticas para empezar a construir y las sustituye por simples "declaraciones responsables" de los promotores inmobiliarios; el segundo adjudica a una empresa del Grupo Planeta licencia para una nueva universidad privada, de las que andamos tan escasos en Madrid que ya duplican el número de las públicas (ver aquí).

Y nada más. Porque Ayuso y los suyos no han aprobado ni una sola de las 27 proposiciones de ley que otros grupos parlamentarios han presentado. Lo más curioso (o irritante) son los argumentos del PP para justificar esa parálisis legislativa: la complejidad que tiene un gobierno de coalición y el estallido de la pandemia. Im-pre-sio-nan-te. Como si en prácticamente todas las demás comunidades (y en el propio gobierno estatal) no hubiera coaliciones y como si la pandemia no afectara más que a Madrid.

La diferencia fundamental entre la gestión política de Ayuso y la de todos los demás gobiernos autonómicos (incluidos algunos correligionarios suyos) es que ha dedicado todos sus esfuerzos a confrontar con el Ejecutivo central, en lugar de priorizar los intereses de la comunidad que preside. ¿Qué dirían Ayuso y sus altavoces mediáticos si un gobierno de izquierdas fuera incapaz en dos años de acordar unos Presupuestos o limitara su cosecha parlamentaria a la aprobación de dos proyectos de ley? Mi apuesta: "panda de vagos", "gobiernan para los amigos", "sólo saben mandar a golpe de decreto", "bolivarianos"... Sin complejos.

Una de las grandes trampas que viene colando el neoliberalismo en las últimas décadas es que sus profetas y voceros defienden bajar impuestos mientras las izquierdas quieren subirlos. Cada vez que usted escuche esa simpleza pregunte inmediatamente: ¿Cuáles? ¿Qué impuestos? ¿A quiénes? Entonces descubrirá que sí, que los gobiernos del PP de la Comunidad de Madrid no se cansan de bajar impuestos a las rentas más altas y de perdonárselos directamente a las grandes fortunas. Según el último dato oficial disponible, sólo en un año los más ricos se ahorraron (al menos) 905 millones de euros en Madrid (ver aquí).

Ayuso y los suyos mantienen a machamartillo la anticuada y dañina doctrina fiscal de la Escuela de Chicago, y a la vez se erigen en máximos defensores de la Constitución de 1978, la que expresamente contradice esa doctrina para establecer la progresividad fiscal como seña de identidad de la democracia española (ver artículo 31). Quien más tiene, más debe contribuir a la caja común. Ni se puede ser demócrata sin ser antifascista ni se puede ser constitucionalista sin apoyar la justicia fiscal.

La trampa fiscal que los gobiernos del PP llevan practicando casi tres décadas en Madrid tiene consecuencias claras: la comunidad más rica es la que mayores niveles de desigualdad registra entre el 20% más rico y el 20% más pobre. En Madrid se ubican siete de los diez municipios con mayor renta per cápita de España y también el mayor número de personas (más de un millón) en riesgo de exclusión social (ver aquí).

Lo estamos comprobando en esta serie numérica sobre la gestión de Ayuso (ver aquí). Antes de quedarse en casa o elegir papeleta el día 4, conviene no olvidar que la receta de bajar impuestos (muy especialmente a quienes más ganan o poseen) conlleva de inmediato recortes en el Estado del Bienestar: menos sanidad pública, menos educación pública, peor atención primaria, menos fondos para dependencia... Lo que unos celebran como "oasis fiscal" (el suyo) puede terminar siendo un infierno para amplias mayorías.

P.D. Y si alguien le viniera con la famosa Curva de Laffer y la teoría de que bajar impuestos sube la recaudación, sepa que tiene tanto fundamento como la leyenda de La niña de la curva (ver aquí).

Todo el mundo sabe que Madrid ha funcionado desde 2019 sin Presupuestos, porque los tres socios de gobierno, PP, Ciudadanos y Vox, no consiguieron ponerse de acuerdo. Y justo cuando proclamaban que lo tenían, Isabel Díaz Ayuso convocó elecciones para el 4-M. Lo cierto es que nadie ha visto un solo papel donde se refleje cuánto dinero dedicarían los tres de Colón a cada partida. La de Investigación, Desarrollo e Innovación, la famosa I+D+i que todas las instituciones internacionales consideran clave para el crecimiento económico y la productividad de un país o región, no parece la más mimada por los autoproclamados liberales que gobiernan Madrid desde hace 26 años. En 2019, el porcentaje del presupuesto público dedicado por la Comunidad a I+D+i fue exactamente el 0,06% respecto al PIB madrileño (ver aquí).

Es importante no confundir este dato con el de porcentaje de gasto total (público y privado), que suele ser del que presumen Ayuso y su equipo. Tampoco es para lanzar cohetes, puesto que siendo la comunidad más rica de España y donde se concentran las más importantes empresas, alcanza apenas un 1,71% del PIB regional.

Hace sólo diez días, más de 80 sociedades científicas pedían a todas las administraciones “un cambio radical de tendencia en la inversión pública por la I+D+i” (ver aquí). Sabemos que el Gobierno estatal (¡socialcomunista!) ha incrementado para 2021 las partidas no financieras para investigación, desarrollo e innovación un 59,4% respecto al año anterior (ver aquí). Ya era hora, porque en 2019 se había dedicado a ese capítulo menos porcentaje del PIB que el que Zapatero había invertido diez años antes.

Sostienen los científicos (y el sentido común) que la pandemia ha terminado de demostrar que hace falta ese cambio radical sobre I+D+i. También en Madrid. De momento los sondeos no parecen confirmar que sea posible. “Cada día sabemos más y entendemos menos”, que diría Einstein.

Hay dos formas de medir el desempleo en España: a través del paro registrado en las oficinas del Servivicio Público de Empleo Estatal (SEPE), o bien a través de la Encuesta de Población Activa (EPA). El primero refleja el número de quienes se han inscrito en busca de trabajo, y el segundo (más fiable y homologado por Eurostat) incluye también a quienes no tienen empleo pero tampoco lo buscan a través del SEPE. En los dos baremos, la Comunidad de Madrid duplica el aumento del desempleo en España, como puede comprobarse fácilmente pinchando aquí y aquí. La media de la subida del paro registrado en España en el último año, con datos a 31 de marzo, es del 11,3%, mientras la de Madrid es del 21,4%. Según la última EPA, el aumento en España fue del 16,5%; en Madrid del 36,2%.

Los datos comprobables son como dardos que se clavan en las mentiras de quienes los niegan o manipulan. Ayuso es experta en ello. No le conviene asumir hechos que desmienten su autodenominado "milagro". Podría presumir de que Madrid es la comunidad en la que, de media, se pagan los salarios más altos. Pero eso viene de lejos, y habría que incorporar a la balanza de cada hogar el coste de la vida, de la vivienda, de la cesta de la compra, del transporte... también entre los más altos.

Si vamos relacionando unos con otros los números que aquí destacamos cada día, iremos dibujando las verdades y mentiras de la gestión pública madrileña. Milagros no vemos. 

Puede que exista algún parámetro en el que no se cumpla (seguiremos buscando), pero lo cierto es que hay un axioma que caracteriza los 26 años de gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid: progresivo debilitamiento de lo público en beneficio del negocio privado. Ha ocurrido en la educación (ver aquí) y también en la sanidad. El gasto en conciertos ha subido más de un 300% desde que Esperanza Aguirre llegó a la Puerta del Sol, y Madrid lidera el ránking de aseguramientos privados, que pagan un 36,6% de los ciudadanos. Sólo en 2020, el año de la pandemia, se sumaron casi 150.000 nuevos asegurados (ver aquí).

Ayuso y los suyos nos soltarán aquello que escucharon a Rato: "¡Es el mercado, amigos!". Es el capitalismo, es la libertad... Falso. Sería así si los negocios en torno a la sanidad o la educación no extrajeran recursos públicos para engorde particular. Si Madrid lidera el negocio de los seguros privados y es segunda en gasto en conciertos no es simplemente porque sea la región más rica en términos de PIB, sino porque se ha ido desmantelando la sanidad pública en todos sus niveles al tiempo que se dedicaba un mayor porcentaje del presupuesto a ese eufemismo llamado "colaboración público-privada". Un concepto contra el cual uno no tiene más objeción que el hecho de que el grueso de esa "colaboración" es unidireccional: de la caja común a las cuentas de grupos empresariales mayormente en manos de fondos de inversión. Es el neoliberalismo, amigos.

Aunque parezca obvio, conviene insistir cada día en que los números no significan apenas nada sin su contexto. Sólo así resultan tan significativos como irrefutables. Madrid acumula (en el momento de escribir estas líneas) 9.756 casos positivos registrados por cada 100.000 habitantes. Insisto en lo de registrados, diagnosticados o confirmados, porque son evidentemente muchos más. Lo cierto es que no debería haber discusión sobre el hecho de que Madrid es la comunidad con más proporción de contagios, de hospitalizaciones y de personas fallecidas por covid en residencias, así como una de las que encabezan las ratios de mortalidad y de ingresos en UCI (ver aquí).

Cada vez que uno escucha la excusa de la "alta densidad de población" como justificador único de las cifras de Madrid entran ganas de gritar: ¿Y por qué Hong-Kong, Seúl o incluso Nueva York han controlado mucho más eficazmente la transmisión? Pues porque han aplicado medidas mucho más estrictas en el control de la movilidad, el distanciamiento social y el rastreo de contactos (ver aquí). ¿Alguien recuerda la necesidad imperiosa de rastreadores? ¿Y la resistencia de Madrid a aceptar siquiera el apoyo de los ofrecidos por el Ejército?

Necesitamos aún tiempo para examinar con perspectiva la gestión de todas las administraciones durante la pandemia. Lo inaceptable es que ese tiempo pueda servir para disfrazar la realidad, distorsionarla o empeñarse en culpar a la demografía de esta tragedia inacabada. Si al menos sirviera para no repetir errores...

A principios de octubre pasado, en plena segunda ola del covid-19, justo cuando el Gobierno se vio obligado a imponer medidas restrictivas en la Comunidad de Madrid ante la negativa de Ayuso a cumplir los acuerdos del Consejo Interterritorial de Sanidad, la Asamblea regional aprobó una de las dos únicas leyes que han salido adelante en la última legislatura. Por el método de lectura rápida y con el voto de PP, Ciudadanos y Vox. No se trataba de ninguna normativa en favor de la hostelería, o en beneficio de las pymes, o de los autónomos o de los necesitados (para ella "mantenidos") de las colas del hambre. Era una reforma de la Ley del Suelo que consiste en sustituir la exigencia de licencias urbanísticas por simples "declaraciones responsables" (ver aquí). Barra (aún más) libre y rápida para la construcción privada.

¿Cuántos pisos o viviendas públicas, protegidas, de carácter social, se han entregado durante el Gobierno Ayuso? Exactamente 0. Ninguna. Se han licitado parcelas, hay planes anunciados o en marcha, pero lo que se dice vivienda pública construida, terminada y adjudicada, cero (ver aquí).

Entre los críticos de Ayuso abundan quienes sostienen que su principal rasgo es la insolvencia (como pudo percibirse en el debate de este miércoles, muy especialmente al ser interpelada por su gestión en las residencias). Tengo mis dudas. España es país notable en la producción de especialistas en hacerse los tontos yendo a lo suyo (o a lo de los suyos). Sin complejos. Madrid está a la cabeza en el precio medio de los alquileres, y hay debate sobre la eficacia o no de su regulación. Lo que nadie discute es la necesidad urgente de aumentar el parque de vivienda pública. Ayuso y los suyos prefieren venderlo a fondos buitre a precio de ganga. Y se resisten a cumplir las sentencias que instan a recuperarlo (ver aquí). Lo llaman libertad.

Produce pudor y vergüenza mezclar en un mismo párrafo números y niños. Hablar o escribir sobre menores no acompañados, extranjeros, solos en un país desconocido, no debería llevarnos a discusión alguna. Por simple dignidad, justicia, respeto a la vida, a la infancia. Se trata de derechos humanos in-dis-cu-ti-bles. De los 8.335 menores no acompañados registrados a 31 de marzo en el Registro de Extranjería en toda España, el 2% corresponde a Madrid.

Por tanto hablamos, escribimos y escuchamos un griterío indisimuladamente xenófobo sobre el hecho de que una comunidad de 6.700.000 habitantes acoge a 218 niños condenados a intentar huir (solos) de la miseria (ver aquí). Esa es la cruda realidad: la comunidad más rica de España según el PIB, la tercera en población, dedica un tiempo que no tiene a tratar un "problema" inventado por Vox para hilvanar un discurso del odio que ha dado resultados electorales en muy distintos puntos de occidente.

Ayuso y el PP podrían zanjar la cuestión en un minuto, pero prefieren dar hilo a la cometa racista de su hijo pródigo y socio necesario de gobierno. Casado califica el infame cartel de Sol (ver aquí) de "publicidad engañosa", como si se tratara de una simple exageración o inexactitud intencionada con fines "comerciales". Sabe bien que es mucho más grave que eso. Criminalizar al "otro" es todo lo contrario a la esencia de la democracia. Los llaman menas para deshumanizarlos, para convertirlos en simples cifras manipuladas. Madrid no es eso. Nunca lo ha sido. No debe serlo.

Una cifra aislada, sin apellidos y sin contexto, nos dice entre poco y nada. Madrid dedica 4.727 euros a cada estudiante no universitario en la enseñanza pública. ¿Es poco? ¿Suficiente? ¿Demasiado? Para entendernos, es la comunidad que menos gasta por alumno, a pesar de ser la más rica de España en PIB (ver aquí). Mil euros por debajo de la media nacional, que está en 5.779 euros según las últimas estadísticas (que diría Dámaso Alonso).

El primer apellido de este número aislado se llama "concertada". Ahí sí que han demostrado músculo los gobiernos conservadores madrileños de los últimos 25 años. Si el "gasto" (ojalá lo creyeran inversión) total en educación ha subido entre 2009 y 2019 un raquítico 1,3%, los recursos públicos dedicados a los colegios concertados y las subvenciones a los privados han crecido un 26,6%. Para alegría de la Iglesia católica y sus organizaciones religiosas, propietarias de una cuota importante de los conciertos (ver aquí).

El segundo apellido es "negocio". Desde primaria hasta la universidad y más allá. Cuando dicen "libertad" se refieren de facto a su libertad para exprimir hasta el último euro del presupuesto común para beneficios privados. ¿Cómo si no se justifica que Madrid acumule más de un tercio de las universidades privadas de toda España, camino de duplicar el número de centros públicos? En este año y medio de legislatura, el único proyecto de ley en materia de enseñanza llevado por Ayuso a la Asamblea, y aprobado en lectura única (a toda prisa) con los votos de PP, Ciudadanos y Vox, es el que adjudica otra licencia más para otorgar títulos universitarios, ahora a beneficio de una empresa del Grupo Planeta de Agostini. "Maldita la gota que se desperdicie", que diría el Lazarillo.

Los números no surgen por esporas. Cuando hablamos de inversión pública, los datos reflejan exactamente las intenciones y prioridades políticas: la ideología. El retrato más fiel de un programa electoral es el balance entre el dibujo de los ingresos y el reparto de lo recaudado. Casi todo lo demás es palabrería o excitación de las emociones. La mayor trampa del trumpismo es la creación de supuestas realidades paralelas, en lugar de aceptar la diferencia entre los hechos y las opiniones. Y el ejemplo más audaz y (según todos los sondeos) eficaz de trumpismo en España es el que Isabel Díaz Ayuso protagoniza en Madrid. Nos entretiene con la presunta reivindicación de “libertades” (para terracear) frente al “comunismo” (así, sin apellidos, sin distinguir el estalinismo totalitario del eurocomunismo democrático, como si los demás identificáramos el neoliberalismo con su primer laboratorio, el régimen criminal de Pinochet). Y mientras tanto nos cuelan una tozuda realidad que protege (desde hace tres décadas) los privilegios de una minoría frente al desmantelamiento galopante de un (incipiente) estado del bienestar.

Al número: Madrid dedica 1.340 euros de gasto sanitario público por habitante, 146 euros menos que la media nacional, situada en 1.486. Es la penúltima entre las 17 comunidades, según los últimos datos oficiales disponibles, sólo por delante de Andalucía. Esa es la cruda realidad después de casi 25 años de gestión de la derecha. Alguien puede aducir: lógico, cuando la comunidad de Madrid sólo dedica el 3,6% de su PIB a la inversión (me niego a llamarla “gasto”) sanitaria. Pero si se consulta a cualquier sabio no sectario, explicará que el dato de la proporción sobre el PIB hay que filtrarlo con otros elementos como la financiación autonómica, la inexistencia de espacios fiscales independientes o las obligaciones del fondo de garantía de solidaridad autonómica. Lo que no admite objeción alguna es que la milagrera Ayuso, que presume (con razón) de que Madrid está a la cabeza de la riqueza en España, con el PIB más alto del Estado desde 2018 (tras la regresión catalana), es la que menos presupuesto dedica a cuidar la salud de cada habitante de su comunidad. Del mismo modo que Alemania y Francia encabezan el ránking europeo de gasto sanitario público en proporción a su PIB, siendo las economías más ricas de la UE, sería matemáticamente lógico (incluso más allá de las ideologías hegemónicas en cada territorio) pensar que Madrid podría y debería permitirse el lujo/obligación de priorizar esa inversión con su ciudadanía respecto al resto de comunidades.

No es así. No es la salud de cada habitante de Madrid la prioridad de Ayuso, con o sin pandemia. Y en los próximos días iremos viendo, a través de los números, las causas y consecuencias de cada dato. Un anticipo: cuanto más se debilita la inversión pública en sanidad, más recursos se destinan a la promoción del negocio sanitario privado. A más listas de espera, mayor contratación de seguros; a menor protección y eficacia de lo público, más acelerada expulsión de las clases medias hacia lo privado (ver aquí) ¡Sálvase quien pueda!

Si me preguntan por mi número favorito, responderé copiando a Woody Allen: ¡”Muchísimo!” Si se trata de la gestión de lo común, lo de todas y todos, lo que condiciona el progreso y la desigualdad, me conformo con que no me tomen por idiota: transparencia y equidad. De libertad y comunismo también iremos hablando, y del capitalismo de amiguetes, pero sin insultos y sin trampas.