Tres días de encierro en el Ministerio de Justicia han agudizado la huelga de funcionarios que cumple ya ocho semanas en busca de una subida salarial de hasta 430 euros brutos al mes, toda vez que el martes por la noche terminó sin acuerdo la tercera reunión para negociar una salida al conflicto laboral que empezó con paros parciales el 17 de abril y se encrudeció el 22 de mayo con paros totales, según informa Europa Press.

El comité de huelga de los funcionarios de Justicia ha presentado este viernes ante la Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) una denuncia dirigida contra la ministra, Pilar Llop, y contra el secretario de Estado, Antonio Tontxu Rodríguez, por incumplir su "obligación" de negociar una subida salarial en línea con la pactada con los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), jueces y fiscales.

El presidente del sector nacional de Justicia de CSIF, Javier Jordán, ha explicado en declaraciones a la prensa a la entrada del TS que los sindicatos convocantes -CSIF, STAJ, CCOO y UGT- entienden que tanto Llop como Rodríguez han vulnerado el derecho a la negociación colectiva porque "lo que ha sucedido no es una negociación real y efectiva, que es lo que exige la jurisprudencia del Tribunal Supremo". "Se ha limitado a un mero trámite de una introducción a una propuesta, eso no se puede considerar una propuesta, y a una cerrazón y cierre de filas en torno a ese papel, que para nosotros es totalmente inaceptable", ha señalado.

Jordán ha subrayado que un Gobierno que defienda los principios de un Estado social y democrático de derecho "tiene que respetar la negociación colectiva y el derecho a la libertad sindical, porque es un logro de los trabajadores y las trabajadoras que se ha obtenido a lo largo de los siglos y, al principio, con derramamiento de sangre".

La denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, precisa que desde que comenzó la huelga indefinida, el pasado 17 de abril, con paros parciales y de jornada completa, para después ir a una huelga total desde el 22 de mayo, se han producido solamente tres reuniones con el Ministerio.

En la última reunión, del pasado martes, las posiciones encallaron. El comité de huelga insistió en reclamar esa subida salarial de 430 euros mensuales, instando a Justicia a hacerle al menos una contrapropuesta económica, pero desde el departamento de Llop se limitaron a ofrecer el compromiso de seguir negociando tras las elecciones generales previstas para el 23 de julio. Los funcionarios lo consideraron "absolutamente insuficiente y una burla después de mes y medio de huelga".

Así las cosas, la denuncia sostiene que "el comité de huelga ha cumplido escrupulosamente esta obligación de negociar asistiendo a las reuniones que han sido convocadas, no así el Ministerio de Justicia y sus máximos responsables, la ministra y el secretario de Estado de Justicia".

Reprocha a ambos que, "a sabiendas de esta obligación de negociar desde el momento de preaviso y durante la huelga, lo han evitado no convocando ninguna reunión desde el 24 de abril hasta el 6 de junio, y dando por finalizada las negociaciones aunque la huelga continúa y no se ha alcanzado ningún acuerdo para su convocatoria". "El incumplimiento de su obligación de negociar por el Ministerio de Justicia y sus máximos responsables es un acto contrario a derecho y realizado a sabiendas de su ilegalidad", afirman los sindicatos firmantes.

Ese mismo martes, los negociadores del comité de huelga decidieron llevar a cabo un encierro en la sede de San Bernardo 21 en busca de una "verdadera" propuesta por parte del Ministerio. A través de un comunicado, el comité de huelga acusó a Justicia de "maltratar" a sus negociadores por restringirles los movimientos dentro del edificio e impedir que se les llevara comida desde el exterior.

En estas 72 horas el escenario ha ido empeorando, ya que el miércoles por la mañana, cuando varios funcionarios se acercaron al Ministerio tras 12 horas de encierro, sí lograron entregar a los miembros del comité de huelga ropa, comida y algunos medicamentos.

Ya este viernes por la mañana, uno de los negociadores encerrados ha tenido que ser evacuado por el SAMUR por problemas de salud. El resto de sus compañeros continúan en el interior, aunque Jordán ha enfatizado que "el no comer decentemente" está afectando a "su estado físico y mental". "Esta situación tiene que parar ya", ha exigido Jordán, urgiendo al Ministerio a que permita la entrada de alimentos o, "si tanto les molesta tener a cinco personas esperando a que se negocie", "que les expulse".

Además, ha avanzado que el comité de huelga está estudiando "muy seriamente" presentar una segunda denuncia ante los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla por el "trato degradante e inhumano" que están dando a estos compañeros en el Ministerio. Jordán se ha mostrado seguro de que este trato tiene como finalidad "hacerles hincar la rodilla y hacerles abandonar su empeño en defender los derechos de los trabajadores", una vía que ha calificado de "inaceptable".

Seis de las siete asociaciones de jueces y fiscales han firmado con el Ministerio —tras cinco reuniones y una amenaza de huelga— una subida de 450 euros al mes, un acuerdo que, según el presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada, "hubiera sido mejor" de haber contado con el apoyo de la asociación mayoritaria de jueces, ha recogido Europa Press.

Viada ha reconocido que como firmantes no están "satisfechos" con el pacto alcanzado con los Ministerio de Justicia y Hacienda. "Satisfechos no es la palabra, pero creemos que de estas condiciones era lo máximo que se podía conseguir", ha señalado a los medios de comunicación al tiempo que ha recalcado que "los acuerdos regulares son los que ayudan a ir avanzando".

La firma se ha producido sin la participación de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria de los jueces. Ante esa ausencia, Viada ha insistido en que "si hubiera sido una actitud unánime, el acuerdo hubiera sido mejor".

"Creo que tenemos que aprender algunas cosas y, entre esas cosas, que cuando vamos a reclamar algo tenemos que reclamarlo todos juntos. Creo que esa es la lección que tenemos que ir aprendiendo para futuras reclamaciones", ha apuntado.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus, ha destacado en declaraciones a la prensa que el acuerdo no es el que hubieran deseado, "pero sí es cierto que es un avance y deja abiertas las opciones a seguir trabajando para seguir resolviendo cuestiones que afectan a la Administración de Justicia y a las carreras profesionales".

Este martes, el acuerdo se ha suscrito sin la participación de la asociación mayoritaria de jueces ni la presencia de los representantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que hasta el último momento formaron parte de las negociaciones.

La firma ha tenido lugar después de que el pasado jueves aceptaran la oferta de 46,7 millones de euros para mejoras retributivas de la carrera judicial y fiscal. Aquel día, el portavoz de la APM, Juan José Carbonero, aseguró a la prensa que hasta el último momento había "tiempo de acercar posiciones". Al día siguiente, sin embargo, la asociación emitió un comunicado para desmarcarse del acuerdo al considerar que es "insuficiente, indigno e inaceptable".

Pese a la negativa de la asociación mayoritaria de jueces, el pacto firmado este martes afectará a toda la carrera fiscal y judicial, incluidos los propios asociados de la APM. Tras alcanzar el acuerdo, cuatro de las asociaciones firmantes que convocaron la huelga para el 22 de mayo la desconvocaron. La APM, sin embargo, la dejó en suspenso.

Aunque este martes seis de las siete asociaciones han rubricado la propuesta, solo dos de ellas —JJpD y la UPF, ambas de corte progresista— se han mostrado satisfechas con la oferta.

Aún así, todas celebran que se firme el acuerdo, porque se trata del primero en el marco de la Mesa de Retribuciones —formada por las asociaciones profesionales, los ministerios de Justicia y Hacienda, el CGPJ y la Fiscalía General del Estado— que representa un "aumento real" porque, aunque por ley debería reunirse cada cinco años, hasta ahora no lo había hecho.

A la firma tampoco han acudido los tres vocales que habían participado hasta ahora en las negociaciones —José Antonio Ballestero, Juan Martínez Moya y Gerardo Martínez. Algunas voces del CGPJ lo achacan a una convocatoria incorrecta por parte del departamento de Llop, si bien fuentes ministeriales aseguran que se les invitó debidamente, igual que a la Fiscalía General del Estado, que sí ha acudido al acto.

Desde el CGPJ también apuntan a que no ha dado tiempo a que el Pleno ratifique el acuerdo, a pesar de que cinco vocales pidieron que se convocara una reunión para el lunes. No obstante, otras voces subrayan que el CGPJ "no tiene que firmar nada" porque su rol es de mero facilitador entre las asociaciones y el Ministerio, por lo que restan importancia a su ausencia.

El acuerdo firmado incluye una partida de 46,7 millones de euros que se traduciría en un aumento medio individual ponderado de unos 447 euros en 12 pagas. Dicho incremento representaría una aumento medio sobre las retribuciones individuales de hasta el 7%, que se sumaría a la subida del 8% aprobada por el Gobierno para los funcionarios públicos.

Los incrementos se abonarían en tres tramos: un 40% con carácter retroactivo a 1 de enero de 2023; un 40% que se devengará el 1 de enero de 2024; y un 20% que tendrá efectos económicos a 1 de julio de 2024.

Desde el Ministerio precisaron en un comunicado que el ofrecimiento incluía también la modificación de las leyes en tramitación para dotar a la presidencia de los tribunales de instancia y a los tribunales superiores de justicia de la "suficiente fortaleza como para hacer frentes a los nuevos retos de la organización".

Respecto a la carrera fiscal, el Ministerio planteó "abordar con la mayor celeridad la tramitación de la conversión de plazas, el desdoblamiento de las fiscalías superiores en las comunidades autónomas uniprovinciales y la inclusión". Además, propuso que los integrantes de la Mesa de Retribuciones establecieran un "nuevo marco de relaciones, caracterizado por el diálogo continuado".

Asimismo, se comprometió a incrementar en 100 plazas la oferta de empleo público 2023 para jueces y fiscales, y "un incremento equivalente en la oferta correspondiente al año 2024". Sin embargo, cuatro de las asociaciones firmantes han subrayado que dicho incremento es "insuficiente".

Una vez superado el conflicto del Ministerio con jueces y fiscales permanece latente el de los funcionarios, que mantienen una huelga indefinida de paros parciales desde el pasado 17 de abril y que esta semana han elevado el tono con una huelga de paros totales de 24 horas.

Este mismo martes, al grito de "y ahora qué, cuándo nos convocas", una decena de funcionarios se ha manifestado frente a las puertas del Ministerio para ejercer presión y reclamar al equipo de Llop que reanude las negociaciones con el comité de huelga de funcionarios. Hasta ahora, el Ministerio ha mantenido dos reuniones con los sindicatos. La última tuvo lugar el 24 de abril y terminó sin acuerdo.

En declaraciones a los medios, los representantes sindicales han asegurado que si hay dinero para los jueces y fiscales, debería haberlo para los funcionarios. "Hay que negociar con el 100% de la Administración", ha dicho Javier Hernández, de CCOO, al recordar que los funcionarios son el 93%. "Es inaudito que llevemos más de un mes y no nos convoquen", ha apuntado Javier Jordán, portavoz de CSIF.

Así las cosas, los sindicatos instan al Gobierno que les llame para volver a negociar. El comité de huelga —integrado por CSIF, STAJ, CCOO y UGT— exige una mejora salarial de entre 350 y 430 euros para los 45.000 funcionarios de justicia, lo que supondría una inyección de unos 200 millones de euros.

El secretario de Estado, Antonio 'Tontxu' Rodríguez, ha trasladado a los funcionarios que el Ministerio se sentaría a negociar con ellos cuando resolviera el conflicto con jueces y fiscales. Sin embargo, fuentes cercanas a la negociación han precisado a Europa Press que es posible que los contactos oficiales no tengan lugar hasta después de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, toda vez que los funcionarios de justicia son un cuerpo que depende del Ministerio y de las comunidades autónomas con competencias transferidas, por lo que se optaría por esperar a que se formasen los nuevos gobiernos.

Esta semana, los sindicatos han convocado a concentraciones y manifestaciones todos los días.

Funcionarios de la Administración de Justicia empiezan este lunes su huelga indefinida —con paros parciales desde las 10.00 y hasta las 13.00 horas— para reclamar a la ministra Pilar Llop una subida salarial en línea con la aprobada para el colectivo de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) —de hasta unos 450 euros— y una "redefinición" de sus funciones. También está previsto que se manifiesten este miércoles en Madrid frente a la sede del Ministerio, según ha informado Europa Press.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) han convocado la huelga indefinida, así como la manifestación, para pedir un aumento de sueldo a los funcionarios de la Administración y la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa porque, a su juicio, impone nuevas condiciones laborales sin previa negociación.

La huelga da comienzo este lunes después de que los sindicatos se reunieran con el equipo de Llop el pasado jueves en un intento para llegar a un acuerdo que resolviera el conflicto laboral; un día antes, el miércoles, se manifestaron frente al Ministerio y —en declaraciones a la prensa— dijeron estar "hartos" de "realizar funciones por encima de las legalmente establecidas para que los juzgados puedan funcionar" sin que se les reconocieran dichas funciones. También se reunieron el 30 de marzo.

Javier Jordán, responsable de Justicia de CSIF, aseguró a los medios que aquella manifestación era "el pistoletazo de salida" de una serie de movilizaciones que llevarán a cabo los sindicatos junto a la huelga indefinida a la que están llamados los 45.000 funcionarios de Justicia.

El representante de la CSIF y miembro del comité de huelga incidió en que "si ha habido un reconocimiento económico para uno de los cuerpos —el de LAJ— tiene que haber un reconocimiento económico para el resto". En este sentido, recalcó que el propio Ministerio de Justicia sabía que la subida a los letrados tenía "un efecto cascada" en el resto de trabajadores de la Administración.

Preguntado sobre el carácter de la huelga, explicó que "está planteada de forma indefinida" hasta que en Justicia "recapaciten". "La decisión y el compromiso es terminante", añadió.

La de los funcionarios será la segunda huelga en la Administración de Justicia en lo que va de 2023, ya que el pasado 24 de enero —y hasta marzo cuando hubo acuerdo— estuvo en huelga el cuerpo de letrados.

Cabe recordar que tras el pacto adoptado por el Ministerio con los LAJ, otros sectores —como el de jueces y fiscales— han avisado de que pedirán también subidas de salarios. De hecho, a finales de febrero, las cuatro asociaciones judiciales —APM, AJFV, FJI y JJpD— y la Asociación de Fiscales (AF) —la mayoritaria en la carrera fiscal— solicitaron una reunión con Justicia para abordar mejoras retributivas.

Los Letrados de la Administración de Justicia consiguieron la subida salarial tras dos meses de huelga, dos manifestaciones a las puertas del Ministerio y una serie de reuniones con el equipo de Pilar Llop. Tras la firma del acuerdo, sin embargo, desde el comité de huelga de los LAJ aseguraron que "todos" terminaron con una "sensación agridulce" porque para llegar al acuerdo "ambas partes" tuvieron que "renunciar a aspectos importantes".

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha asegurado este lunes que lo que se denomina "gestación subrogada" es un "eufemismo" para "esconder algo que significa violación de los derechos humanos, de los derechos sexuales de las mujeres y los derechos de los niños" y ha avanzado que se está trabajando en un anteproyecto de ley que recogerá nuevas formas de trata de seres humanos, según ha informado Europa Press.

Así lo ha asegurado la ministra en declaraciones a los medios de comunicación en Segovia, donde ha inaugurado, junto a la alcaldesa, Clara Martín, el nuevo edificio de los juzgados.

"La trata de seres humanos es un fenómeno criminal que atenta contra todos y cada uno de los derechos fundamentales de una persona, contra su vida, su salud, su salud sexual y reproductiva, contra su libertad, su honor... es un crimen horrendo", ha aseverado la ministra al ser preguntada por la regulación de la gestación subrogada.

Al respecto, Llop ha explicado que a nivel europeo se está trabajando sobre la trata de seres humanos que es una "modernización" para ir más allá de directiva de 2011, además de que en España se está trabajando en un anteproyecto de ley de trata, que ya ha sido elevado a primera vuelta del Consejo de Ministros "y que ha recibido informes de los órganos consultivos y un informe muy favorable del CGPJ", ha explicado Pilar Llop.

Se trata de tipificar nuevas formas de trata, como la servidumbre o la esclavitud, y "va más allá de la persecución del delito" ya que se aborda la protección de los derechos de las víctimas, por lo que es "un texto integral que aborda todo lo que tiene que ver con la trata de seres humanos para que en la sociedad no se puede tratar ni cometer delitos con las personas", ha manifestado la ministra de Justicia.

Asimismo, Llop ha apuntado que se va a tipificar una forma de trata como es la adopción ilegal, lo que es "muy importante" tras la orden internacional emitida para la detención de Putin por crímenes de agresión por la deportación de 16.000 niños ucranianos a Rusia.

Sobre la gestión subrogada, Pilar Llop ha matizado que lo llama "vientre de alquiler" porque no hay que "usar eufemismos para esconder algo que significa violar los derechos humanos, los derechos sexuales de las mujeres, y los derechos de los niños y las niñas".

Al respecto, la ministra de Justicia ha aseverado que en algunos países la gestación subrogada es una práctica legal, pero se producen en muchos casos "vulneraciones muy graves de los derechos humanos" y también hay gestaciones subrogadas "que no responden a la legalidad y se utilizan falsas gestaciones subrogadas para la compra venta de menores".

"En democracia no se puede permitir que los cuerpos de las personas o las personas sean un objeto más de consumo. En una democracia los seres humanos no se compran, no se venden y no se trafica con los seres humanos", ha concluido Pilar Llop.

Centenares de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) ataviados con togas se han manifestado este jueves en Madrid en el marco de la huelga indefinida que empezaron el pasado 24 de enero en busca de mejoras salariales que compensen la carga de trabajo adquirida en la última década. "No desconvocamos, aunque no comamos", han advertido entre cánticos a la ministra Pilar Llop, que esta misma semana les ha pedido que presenten propuestas "realistas" en la mesa de negociación, según informa Europa Press.

"Hoy sin duda hemos vuelto a marcar un nuevo hito, con el éxito de esta manifestación, aún mayor que la del pasado día 24 de enero, ha sido un éxito rotundo, de todas las partes de España hemos acudido a Madrid de forma masiva más de 1.500 compañeros y compañeras", ha señalado Luis Toribio, del comité de huelga, al cierre de la protesta, al tiempo que ha asegurado que reclaman, "hoy nuevamente y con más fuerza que nunca, que el Ministerio cumpla los acuerdos".

Los letrados han marchado desde la madrileña Plaza de Callao hasta la sede del Ministerio en el número 45 de la calle San Bernardo. En el trayecto, que ha durado más de una hora y media, han cargado con un ataúd que llevaba inscrito el mensaje: "Aquí yace la palabra del Ministerio de Justicia".

Toribio ha incidido en que los letrados que apoyan al comité de huelga le dicen a la ministra "muy alto y claro" que "basta ya de excusas", que "cumpla los acuerdos", y que, si no es capaz de mantener su palabra, que dimita.

Los manifestantes han estado más de media a las puertas de Justicia, donde han entonado diversas consignas: "Salid a negociar, queremos trabajar"; "Es mentir pactar y no cumplir"; y "Otra jornada de Justicia maltratada". Los cánticos han estado acompañados de decenas de pancartas en las que constaban mensajes como: "Artornillados a la dignidad"; "Apoyo al comité de huelga"; y "Pilar, deja de viajar y ponte a negociar. BOE o huelga".

Justo este jueves, la ministra de Justicia se encuentra en Bruselas en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior. En la protesta se han exhibido varios carteles con su cara acompañada de un "Se busca". La manifestación de este jueves se ha celebrado tras las "infructuosas reuniones" que mantuvieron la semana pasada con el Ministerio de Justicia.

Al comienzo de la manifestación, los representantes de los letrados han respondido a las declaraciones que ha hecho en El País el secretario de Estado de Justicia, Antonio 'Tontxu' Rodríguez, sobre retirarles funciones a los letrados para evitar la subida salarial. "Es un globo sonda para distraernos y para que los compañeros se ajusten", han dicho.

Según los cálculos de los convocantes, el conflicto deja ya unas 300.000 vistas suspendidas y cerca de mil millones de euros bloqueados por el parón. Todo tiene su origen en "la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, e incrementadas en sucesivas reformas", en especial la de 2015, lo que ha provocado un "insoportable desequilibrio".

Los convocantes señalan como "detonante" del conflicto el acuerdo que Justicia firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales "sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021".

En estas siete semanas, las asociaciones convocantes han registrado una participación de entre el 85% y el 73%, mientras que el Ministerio ha observado entre un 33,92% y un 18,9% de seguimiento.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha reconocido que la negociaciones con el PSOE para llegar a un acuerdo sobre la reforma de la ley del solo sí es sí están interrumpidas y que no ha mantenido ninguna conversación con la ministra de Justicia, Pilar Llop, desde el pasado martes, según informa Europa Press.

"Yo deseo poder negociar cuanto antes porque deseo dar una respuesta unitaria a las víctimas. Yo no me he levantado de la mesa con tal de volver al modelo del consentimiento", ha explicado Montero en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press al ser preguntada por el estado de las negociaciones entre las dos partes del gobierno de coalición.

Respecto a su relación con la ministra de Justicia ha explicado que llevaban "meses hablando e intercambiando propuestas por escrito, porque era fundamental dar una respuesta unitaria como gobierno" y ha recordado que "línea roja estaba en no volver al Código Penal de La Manada".

Sin embargo, desde el martes, cuando la titular de Justicia declaró en una entrevista que "con una herida ya se puede probar que ha habido violencia" en una agresión sexual, ambas ministras no han vuelto a mantener ningún contacto, según Irene Montero.

La titular de Igualdad ha insistido en la existencia de una "discrepancia política" que, según ha asegurado, con el anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, "no estaba". Asimismo, ha reconocido que no se esperaba que el PSOE "volviera al modelo penal anterior".

En cuanto a las manifestaciones de Pilar Llop de que desde el Ministerio de Igualdad se está confundiendo a la opinión pública, Montero ha respondido: "La idea del calvario probatorio no es mía".

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha asegurado este miércoles que se siente "absolutamente responsable de la reforma" de la ley del solo sí es sí y que asume "en primera persona lo que pueda pasar" cuando esta se produzca, según ha informado Europa Press.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Llop ha sido preguntada por la portavoz de Igualdad de los conservadores en esta Cámara, Margarita Prohéns, quien le ha reprochado las consecuencias "indeseadas" que ha supuesto la norma y le ha preguntado por cómo el Gobierno dio luz verde a este texto "sabiendo que beneficiaría a agresores sexuales".

"Este Gobierno defiende la ley porque abordar los aspectos preventivos, de protección, de persecución de los crímenes desde una perspectiva integral es una novedad en el sistema que sigue el modelo de la Ley de Protección contra la Violencia de Género y es algo muy positivo, que se ha valorado positivamente por países del entorno y por organismos de la sociedad civil", ha respondido la ministra.

Aún así, ha reconocido "la gravedad" de las situaciones que han vivido algunas víctimas afectadas por las rebajas de penas de la ley del 'solo sí es sí' y, en este sentido, ha señalado que el Gobierno ha actuado por ellas.

Según ha explicado, han trabajado desde "el primer momento" analizando las resoluciones, esperando la reacción de la Fiscalía y cómo resolvía esta situación el Tribunal Supremo. "Y precisamente, ante las resoluciones que estaban dictando los tribunales entendimos cuál era el foco del problema, que son las rebajas de las penas, y ahí es donde hemos actuado", ha declarado.

El PP ha reconocido la importancia de que Llop se sienta responsable de esta norma porque, según ha destacado Prohéns, como Ministra de Justicia y juez, tiene "doble responsabilidad". Y, en este sentido, le ha reprochado que "callara" mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hablaba del texto como un "hito" del feminismo, cuando la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, "se rió de las víctimas", cuando la ministra de Igualdad, Irene Montero, "insultó a sus compañeros llamándoles fachas con toga" o cuando el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, dijo que "había que darle un toque a los jueces".

También ha criticado que Llop no escuchara a los conservadores cuando, según ha apuntado Prohéns, le "advirtieron" de las rebajas de penas que podría suponer la ley y el hecho de que, ahora, el PSOE haya acabado "copiando" la propuesta que el principal partido de la oposición registró el pasado mes de diciembre.

Ante estas palabras, la ministra ha respondido preguntándose "dónde estaba el Partido Popular cada vez que este Gobierno ha aprobado alguna ley en favor de las mujeres".

"Con una herida ya se puede probar que hubo violencia". Lejos de resolverlo, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha avivado este martes en una entrevista en la cadena Ser el debate en torno al modelo penal que debe regir en los delitos contra la libertad sexual. A los desencuentros entre los socios de Gobierno, al debate jurídico sobre las revisiones producto de la ley del solo sí es sí y a la discusión teórica alrededor del consentimiento, se suma ahora un interrogante: ¿son las secuelas físicas, las heridas, determinantes para probar la existencia de violencia en una agresión sexual?

El punto de partida del análisis viene necesariamente de la mano de un elemento: los datos. Según la Macroencuesta de violencia contra la mujer, elaborada en 2019 por el Ministerio de Igualdad y una de las principales radiografías sobre la violencia machista, el 83,5% de las víctimas de violencia sexual fuera de la pareja declara no haber sufrido lesiones físicas como consecuencia de esta violencia. El paradigma cambia cuando se trata de secuelas psicológicas: el 52,9% dice haber experimentado alguna.

En el caso concreto de las víctimas de una violación –el estudio fue realizado cuando aún existía distinción entre abuso y violación, basada precisamente en la existencia de violencia e intimidación–, el 61,3% declara no haber sufrido ninguna lesión física, mientras que el 78,9% sí reconoce consecuencias psicológicas y solo el 16% dio el paso de interponer una denuncia. Los datos relativos a la violencia sexual dentro de la pareja no han sido tenidos en cuenta para este análisis porque la Macroencuesta no distingue entre las secuelas que son fruto de la violencia de género y las que son consecuencia específicas de la violencia sexual.

Sumado al testimonio de las víctimas recogido en la Macroencuesta, los datos que emanan de los tribunales ayudan a configurar el paisaje. De los 3.881 delitos contra la libertad e indemnidad sexual registrados en 2021 según el Instituto Nacional de Estadística (INE), solo 491 fueron calificados de agresión sexual. Es decir, únicamente en el 12,6% se apreció la existencia de violencia e intimidación, un dato que ha sido recuperado este martes por la ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra: "Si probar la violencia en una agresión sexual es tan sencillo, ¿por qué en el 2021 de 4.000 sentencias sólo 500 mujeres pudieron probarla? Otra vez el foco en las mujeres, en cuánto nos resistimos, en si cerramos las piernas. Es el modelo de la manada, no el del consentimiento", publicó en redes sociales.

"Apreciamos que las lesiones que presentaba la denunciante cuando fue examinada en el Complejo Hospitalario de Navarra y se describen en el informe médico forense de 11 de julio de 2016 (...) no revelan la existencia de violencia, que cumplimente las exigencias de este elemento que califica el tipo de agresión sexual". Son palabras que quedaron plasmadas en la sentencia de la Audiencia Provincial que, en el año 2018, concluyó que lo sucedido en los Sanfermines de 2016 no había sido un delito de agresión, sino de abuso sexual. Sería el inicio de un caso, el de la agresión de La Manada, que marcaría un cambio de paradigma. A pesar de que sí existían lesiones, los magistrados no vieron rastro de violencia ni de intimidación, un análisis que sería corregido posteriormente por el Tribunal Supremo. 

Quien sí sufrió la violencia en sus carnes, también en otros Sanfermines, fue Nagore Laffage. La joven se resistió ante su agresor y se convirtió en víctima de homicidio. En el verano de 2008, la estudiante de Enfermería perdía la vida a manos de José Diego Yllanes, el hombre que la invitó a su casa con intención de mantener relaciones sexuales y que, tras encontrarse con su negativa, terminó con su vida golpeándola y estrangulándola. Lo recuerda Tere Sáez, quien aquel mismo año fundó la organización feminista Lunes Lila, en suelo navarro. "Las secuelas de una violación van muchas veces más allá de lo físico" y casi nunca "hay manera de mostrar las heridas más graves", razona en conversación con infoLibre. A su juicio, el "retroceso" que plantean introducir los socialistas con su propuesta de recuperar la violencia e intimidación es "volver al mismo marco que ya teníamos, volver a Nagore".

Amparo Díaz Ramos, abogada especializada en violencia machista, sí defiende la necesidad de repensar el marco penal y sí considera que la iniciativa socialista puede ser un acierto a la hora de "combinar la parte preventiva de la ley con medidas disuasorias penales". Sin embargo, explica a este diario, "una herida física no siempre es determinante para probar la existencia de una agresión sexual", aunque lo cierto es que "suele ser un medio de prueba muy relevante".

Por el contrario, en aquellos casos en los que "la víctima se paraliza y no hay muchas evidencias físicas, o prácticamente ninguna, igual que aquellos casos en los que la víctima tarda en denunciar y se pierden los vestigios físicos", es más difícil contar con "material probatorio". Lo cual no significa que no haya existido violencia. Cuando la agresión sexual no deja huellas físicas pero sí existen "amenazas o coacción ambiental", entonces la violencia "se tiene que probar a través del relato de la víctima y pruebas periféricas que lo apoyen", señala la jurista.

"¿Qué heridas físicas te deja un retorcimiento de brazo, un tirón de pelo, una llave de arte marcial de bloqueo físico, estamparte contra la pared y bloquear tu movimiento, un agarrarte de la ropa, una inmovilización?", se preguntan desde el despacho jurídico Olympe Abogados. Precisamente la primera sentencia contra La Manada, dictada por la Audiencia Provincial de Navarra, descarta la existencia de violencia e intimidación a pesar de que los jueces consideraron probado que la víctima permaneció "acorralada y agazapada contra la pared".

Victoria García, activista feminista en la Comisión 8M de Madrid, no da crédito al debate. "El avance feminista" se materializó en "ese cambio de mirada sobre cómo entendemos la violencia" y que venía a impugnar el cliché de la víctima "apaleada en una esquina y con un trauma de por vida", una imagen que trató de apuntalar la defensa de La Manada cuando presentó un informe elaborado por detectives sobre la vida privada de la víctima tras la agresión. Entonces, recuerda la activista, las mujeres salieron "a las calles" para poner sobre la mesa todas las formas de violencia que recaen sobre los hombros de la mitad de la población. El movimiento feminista batalló, con un apoyo social masivo, por "llamar a las cosas por su nombre" y por un "reconocimiento de todas las violencias". El debate actual, sostiene la activista, no solo supone un "paso hacia atrás", sino que despoja a las mujeres de ese reconocimiento.

Las asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) convocantes de la huelga indefinida que comenzó el pasado 24 de enero han señalado que el seguimiento en esta décima jornada ha sido del 80%, mientras que el Ministerio de Justicia ha cifrado la participación en un 29,16%, informa Europa Press.

En un comunicado emitido este lunes, las tres asociaciones --la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Ilustre Colegio Nacional de Letrados-- aseguran que ya se han suspendido 90.000 señalamientos en España y, del total, 10.800 en Madrid. Añaden, además, que el Tribunal Supremo "sigue en huelga".

Este parón, apuntan, ha provocado que en la capital haya 15.500 demandas esperando reparto, que las cantidades paralizadas en las cuentas de consignaciones de los juzgados alcancen ya los 320 millones de euros y que los mandamientos de pago emitidos hayan bajado en un 90 por ciento en enero respecto a diciembre.

"Es obvio que, con una increíble irresponsabilidad, Pilar Llop ha optado por una estrategia de desgaste, prolongando al máximo la huelga para que nuestros hijos pasen hambre, tal y como ha manifestado el secretario de Estado (Antonio) Rodríguez. Obviamente así no nos doblegará, si bien lamentamos que la cerrazón de Llop arrastre también a ciudadanos, profesionales, víctimas colaterales del Ministerio de Justicia", han criticado las asociaciones.

Desde el departamento que lidera la propia Llop han cifrado en un 29,16% el total de letrados de la Administración de Justicia que han secundado el paro este lunes.

Desde las asociaciones han realizado un llamamiento a todos los trabajadores para "seguir apoyando decisivamente una huelga" que, sostienen, "lo es por la dignidad del cuerpo".

La huelga indefinida llega a su décima jornada a raíz del conflicto que tiene su origen en "la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, e incrementadas en sucesivas reformas", en especial la de 2015, lo que --denuncian-- ha provocado un "insoportable desequilibrio".

Los convocantes señalan como "detonante" del conflicto el acuerdo que Justicia firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales "sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021".

Antes de que empezara la huelga, Llop pidió al comité de huelga que huyera de "posiciones maximalistas" porque impedían "buenos acuerdos". Por su parte, el secretario de Estado de Justicia, Antonio 'Tontxu' Rodríguez, aseguró que la huelga de los LAJ era una medida "política" y que estaba "fuera de lugar".

Rodríguez incidió en que "cualquier tipo de reclamación económica que tiene lugar en esta huelga no tienen un sentido", puesto que el Ministerio "ha cumplido todos los acuerdos" alcanzados con la representación de estos trabajadores.

El pasado viernes, en declaraciones a la prensa en Zaragoza, el secretario de Estado pidió a los LAJ "que se den cuenta del daño que están haciendo" con la huelga que mantienen. Asimismo, consideró que es una "casualidad" que los paros indefinidos se hagan esta semana y en este año, pese a que, según los propios trabajadores "llevan muy cabreados desde 2009".

"El derecho a la huelga está en la Constitución y me parece perfecto, pero se está perjudicando seriamente a los ciudadanos", apuntó Rodríguez, señalando que se están posponiendo citas programadas desde hace meses de bodas o procedimientos abiertos desde hace cuatro o cinco años.

Al margen, la pasada semana el director del gabinete de la Presidencia del Gobierno, Óscar López, transmitió a los LAJ que son "una pieza esencial" del Poder Judicial y expresó su "confianza" en que las negociaciones con el Ministerio "puedan concluir en un acuerdo razonable y satisfactorio".

En una carta remitida a un miembro del comité de huelga, a la que ha tenido acceso Europa Press, López puso en valor el trabajo de los letrados e hizo hincapié en que por ello "el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, sólo el pasado 2022, puso en marcha la reforma del complemento específico y dos programas para mejorar las retribuciones de los y las integrantes del cuerpo en materia de entradas y registros, y en materia de sustituciones".

Así se pronunciaron desde Moncloa ante la misiva que tres asociaciones de LAJ enviaron al presidente Pedro Sánchez para pedirle que adoptara las "medidas necesarias" para reconducir el conflicto que mantiene con el Ministerio y evitar la huelga indefinida que comenzó el martes 24 de enero.

Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) comenzarán este martes una huelga indefinida, con el consecuente "riesgo de paralización" de los juzgados y tribunales de todo el país, en demanda de una mejora salarial equivalente al aumento de la carga de trabajo que sufrieron hace años sin que entonces se les compensara. En el marco de esta medida, se manifestarán en la Plaza Callao de Madrid, a las 13.00 horas, y se movilizarán hasta el Ministerio, según ha informado Europa Press.

La Unión Progresista de LAJ (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Ilustre Colegio Nacional de LAJ llegan a la víspera de la convocatoria reclamando el cese del secretario de Estado de Justicia por decir este lunes en una rueda de prensa que la huelga es "política", "sin finalidad profesional alguna" y "contra el pueblo".

Rodríguez ha incidido en que la huelga indefinida impulsada por las tres asociaciones "no tiene ningún motivo laboral", sino "claro motivos políticos" y ha recalcado que "cualquier reclamación de este colectivo está fuera de lugar" porque "cobran entre un 79% y un 140% más que otro funcionario de la Administración de Justicia de los mismos niveles".

La UPSJ, la AinLAJ y el Colegio Nacional han reprochado a Rodríguez sus declaraciones y han avisado de que "si el Ministerio de Justicia quiere que la solución con este conflicto colectivo se alcance en algún momento, ello comportará indefectiblemente la necesidad de cesar al secretario de Estado".

La huelga indefinida convocada para este martes es el resultado del conflicto laboral que mantienen los LAJ desde hace meses con el Ministerio de Justicia y que les ha llevado a protagonizar ya huelgas puntuales —que obligaron a suspender juicios y declaraciones, incluidas algunas del conocido como 'caso Villarejo' en la Audiencia Nacional— y concentraciones.

Las tres asociaciones reprochan al Gobierno que hasta ahora no se haya introducido una enmienda a la Ley de Eficiencia Organizativa para que "las retribuciones del cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia se referencien a las correspondientes a la carrera judicial, en la proporción de mejora que se considere adecuada a las responsabilidades inherentes a este colectivo".

En el marco del conflicto, los convocantes llegaron a apelar a la "autoridad" del presidente Pedro Sánchez, ante la "gestión insensible e irresponsable" del Ministerio dirigido por Pilar Llop. "Depende tan solo del Gobierno que usted preside aprobar las modificaciones de los Reales Decretos retributivos y el Estatuto Orgánico", instaron en un comunicado conjunto.

Las asociaciones advertían a Sánchez de la "gravedad" y de la "extensión del riesgo de paralización de toda la actividad ordinaria de los juzgados y tribunales de todo el país, salvo los servicios esenciales", que puede generar la huelga indefinida.

Asimismo, subrayaban que también tendrá un "impacto directo global en los ciudadanos, en las empresas y en todos los operadores jurídicos que se relacionan con el servicio público de la Administración de Justicia".

En concreto, avisaban de que se paralizarán los pagos judiciales a particulares (alimentos, deudas, indemnizaciones, etc) y al Tesoro Público (multas, depósitos, etc.), dado que estos funcionarios son los únicos con facultades de disposición de los fondos de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales, que cuenta con un saldo promedio de 4.500 millones de euros.

Según explicaban, el trabajo de los 4.300 Letrados —funcionarios de grupo A1— dependientes de Justicia es "imprescindible", por lo que su ausencia provocaría "enormes perjuicios" en juzgados y tribunales que se traducirán, probablemente, en nuevas dilaciones de los asuntos en trámite.

El conflicto tiene su origen en "la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, e incrementadas en sucesivas reformas", en especial la de 2015, lo que —denuncian— ha provocado un "insoportable desequilibrio".

Los convocantes señalan como "detonante" del conflicto el acuerdo que el Ministerio firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales "sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021".

Las asociaciones acusan a Justicia de alargar y recrudecer el conflicto: "No solo no ha convocado al Comité de Huelga, (...) sino que lo incendia y enardece, faltando a la verdad en el Parlamento al afirmar (sin acreditarlo) haber cumplido 10 de las 11 reivindicaciones y quedando pendientes 2, lo cual ni siquiera aritméticamente se corresponde con la realidad".

Por su parte, Llop pidió el pasado viernes a los convocantes que huyesen de "posiciones maximalistas" porque estas impiden "buenos acuerdos", asegurando que su Ministerio negocia permanentemente con las distintas asociaciones de LAJ.

Además, enfatizó que estos funcionarios son un componente importantísimo para el buen funcionamiento del trabajo de juzgados y tribunales, para pedirles que sean conscientes de que quien ejerce una función pública lo hace para los ciudadanos.

Ese mismo día, desde el Ministerio remitieron una carta a los LAJ firmada por el secretario general de innovación y calidad del servicio público de Justicia, Manuel Olmedo, ante la "desinformación que aparentemente existe" sobre las actuaciones llevadas a cabo desde el departamento "en interés" del cuerpo.

Olmedo hizo un balance de los objetivos que propuso conseguir cuando asumió el cargo. Recordó que la primera medida, vinculada a la modificación de los reales decretos retributivos para hacer efectivo el acuerdo sindical adoptado en diciembre de 2021, se aprobó en abril de 2022 y representó un aumento con carácter retroactivo. "La plenitud de los efectos se reflejará en la nómina de este mes de enero, alcanzando un incremento de complementos de 206,87 euros", precisó.

Según explicó, esto implica un "aumento de la masa salarial de letradas y letrados superior a los 10 millones de euros" y supone "un incremento del 5,26% del salario anual medio del cuerpo" de LAJ, adicional al 8% (9,5% en función de la evolución de la economía) que con carácter general van a experimentar todos los empleados públicos.

En este sentido, el secretario subrayó que "en tres años el salario medio de cada letrado aumentará una media del 14,76%, sin parangón en la administración pública". Al margen, Olmedo recalcó que se ha aprobado un programa que ha aumentado de 30 a 110 euros las retribuciones por entradas y registros simultáneas.

Incidió además en que los encargados del Registro Civil en aquellas poblaciones en las que se ha implantado el nuevo modelo ya perciben las cuantías comprometidas, respondiendo al principio de igual retribución a igual responsabilidad, a través de prolongaciones de jornada y productividad.

Olmedo destacó asimismo que ya se han normalizado los procesos administrativos demorados, en particular en materia de acceso al cuerpo, con las convocatorias de ofertas de empleo públicas correspondientes a 2019, 2020 y 2021. Por último, aseguró que "en las próximas semanas" seguirán trabajando desde el Ministerio para mejorar las condiciones de los LAJ.

Este lunes, el secretario de Estado, Antonio 'Tontxu' Rodríguez, ha repasado los datos ya esbozados por Olmedo y ha incidido en que desde Justicia han "cumplido con lo que las asociaciones venían reclamando" y han mantenido con ellas unas "36 reuniones en 11 meses". "A esto los golpistas lo llaman incumplir", ha señalado.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha advertido de que "hay derechos fundamentales que pueden estar en juego" si se revela a las mujeres que su pareja ha reincidido o ha sido denunciado en casos de violencia de género, ha recogido Europa Press.

"Hay derechos fundamentales que pueden estar en juego y habría que analizarlo técnicamente", ha asegurado este viernes la ministra de Justicia en declaraciones a los medios, tras reunirse con el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Rafael Mozo, y el fiscal general del Estado, Álvaro García, para analizar el repunte que ha habido de asesinatos de violencia de género desde el ámbito judicial.

En este contexto, ha recordado que el Ministerio del Interior trabaja en la elaboración de una herramienta de inteligencia artificial "ya desde hace años", que es la herramienta de valoración del riesgo.

Como uno de los criterios de esta herramienta, según ha señalado Llop, "se puede tener en cuenta que el agresor haya reincidido o haya sido denunciado en casos de violencia de género". La ministra ha indicado que el Ministerio del Interior ha pedido un informe a Fiscalía y "están pendientes de ese criterio de la Fiscalía".

Sobre la reunión "urgente" que ha solicitado el Ministerio de Igualdad con el de Interior ante la "alerta" de asesinatos machistas en España, de responsable del Departamento de Justicia ha defendido que "todo lo que redunde en la coordinación entre las instituciones es muy positivo para luchar contra estos crímenes".

Durante el encuentro de este viernes, Justicia, CGPJ y Fiscalía han puesto sobre la mesa distintas medidas, algunas que ya están en marcha, para seguir luchando contra la erradicación de la violencia de género. "Nos hemos referido solo a la violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja", ha matizado Llop.

Combatir esta violencia, según ha recalcado la ministra, requiere respuestas y medidas "específicas, especializadas", ya que se trata de una violencia "muy específica". Por ello, han hecho hincapié en la importancia de continuar en la especialización de juzgados y tribunales; en la atención especializada a las víctimas; o de denunciar para que las mujeres y sus hijos puedan tener una orden de alejamiento.

"La denuncia puede ser lo que rompa el primer eslabón de la cadena del maltrato", ha comentado la ministra, al tiempo que ha incidido en la importancia de seguir fomentando el uso de dispositivos electrónicos, ya que las pulseras de control telemático permiten controlar la distancia del agresor.

Precisamente, Llop ha asegurado que "ninguna" mujer portadora de un dispositivo de control ha sido asesinada, lo que, a su juicio, "demuestra que son altamente eficaces" por lo que "es importante seguir fomentando" su uso.

La ministra de Justicia también ha incidido en que es necesario poner en valor el Pacto de Estado contra la Violencia de Género o combatir el negacionismo, ya que, en sus palabras, "negar que hay miles de mujeres y niños asesinados por esta causa contribuye a que no se luche eficazmente contra esta lacra".

Por último, ha apostado por actuar en el ámbito de la juventud, ya que hay mujeres "muy jóvenes" que son víctimas de violencia de género y también hombres jóvenes "que están reproduciendo las conductas machistas". "Debemos actuar en ese ámbito en prevención y educación", ha concluido.

Un total de 49 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año 2022 en España, tras confirmarse el caso por violencia de género de una mujer de 20 años, presuntamente asesinada por su pareja en Madrid el 28 de diciembre. De esta forma, se supera ya el número de víctimas mortales por violencia de género alcanzado el año pasado, en 2021, cuando se contabilizaron un total de 48 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas.

Además, tres de los últimos asesinatos se han confirmado en las últimas 24 horas, entre ellos, el de una mujer de 34 años que estaba embarazada, a punto de dar a luz, en la provincia de Toledo; el de una mujer de 45 años en la provincia de Vizcaya, y el de una mujer de 20 años en Madrid. En los tres casos existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

De esta forma, el mes de diciembre, con 11 mujeres asesinadas por violencia machista se convierte en el mes más mortífero del año y de toda la serie histórica, desde que se contabilizan estos datos, junto al mes de diciembre de 2008, también con 11 mujeres asesinadas.

La dirección del PSOE está barajando aplazar las primarias para elegir el candidato a la ciudad de Madrid hasta el próximo mes de noviembre, según han informado a Europa Press fuentes socialistas. De esta forma, Madrid podría no entrar en la relación de ciudades de más de 20.000 habitantes que Ferraz hará público esta semana y que iniciarán su proceso de primarias el 19 de septiembre con la presentación de candidaturas.

La intención del PSOE es lanzar un candidato potente para la alcaldía madrileña que pueda disputar el puesto al PP, que ahora ostenta el bastón de mando del Ayuntamiento. Entre los argumentos que sopesan para un posible aplazamiento estaría el de que el candidato a la Comunidad tenga ahora todo el protagonismo, en la primera tanda de primarias y el candidato al ayuntamiento acapare toda la atención en la segunda, que sería entre noviembre y diciembre. Los socialistas están sopesando para la batalla de Madrid entre otras opciones a ministros como Felix Bolaños o Pilar Llop.

El calendario aprobado por los socialistas para la elección de candidatos a las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023, aprobado en el Comité Federal celebrado en julio, establece dos periodos para poder realizar este proceso, que afectan a los candidatos de las comunidades sutónomas, Cabildos Insulares, Consejos Insulares, Juntas Generales y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes.

El primero de estos procesos se iniciará los días 19 y 20 de septiembre, con la presentación de candidaturas. Entre el 21 y el 27 los candidatos recogerán y presentarán los avales. El 28 se proclamarán las candidaturas y entre 29 de septiembre y el 8 de octubre se realizará la campaña de información para proceder el día 9 de ese mes a las votaciones en primera vuelta y de ser necesaria la segunda, esta tendría lugar el 16 de octubre.

Sin embargo, el Comité Federal del PSOE también tuvo la previsión de establecer un segundo periodo de primarias para el caso de que no procediera la aplicación del calendario anterior en algún ámbito o institución concreta por "motivos políticos u orgánicos". Para ello, se acordó la posibilidad de solicitar el aplazamiento de la celebración de Primarias a la Comisión Ejecutiva Federal.

Ahora, Ferraz está barajando que la ciudad de Madrid pueda acogerse a este segundo proceso de elección de candidato para las municipales. Lo cual trasladaría la elección a diciembre dado que el proceso comenzaría los días 21 y 22 de noviembre con la presentación de las candidaturas; continuaría con los días 23 a 29 de noviembre con la recogida y presentación de avales; la proclamación de candidaturas el 30 de noviembre y la campaña de información entre los días 1 y 10 de diciembre. Las votaciones en primera vuelta tendrán lugar el 11 de diciembre y si fuera necesaria la segunda, se celebraría el 18 de diciembre.

La previsión es que la dirección socialista haga pública esta semana, previsiblemente mañana, la lista con las ciudades de más de 20.000 habitantes que concurrirán en el primer periodo de elección, es decir, que lo desarrollarán entre finales de septiembre y principios de octubre. Mientras que el resto de las ciudades de más de 20.000 habitantes que no aparezcan en ese cupo, verán aplazada su elección hasta noviembre.

Entre los argumentos que contempla Ferraz para aplazar las primarias en la capital puede estar la intención de lanzar primero el candidato a la Comunidad, que previsiblemente será el secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, y de esta manera capitalizar el protagonismo del proceso. Y al dejar para noviembre la elección del candidato al ayuntamiento, el protagonismo lo capitalizaría este último.

Los socialistas aún no han desvelado el nombre de quien puede ser su candidato o candidata a la alcaldía de la capital. Hace meses se contemplaba la posibilidad de que concurriera la Delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González. Sin embargo, esta opción parece descartarse y se ha barajado la posibilidad de que pueda encabezar la lista algún ministro del Gobierno. Lo que podría obligar a una remodelación del Ejecutivo, aunque no se baraja ahora, sino que, en el caso de que se produjera, sería más adelante. Incluso han contemplado como candidato a alguna persona destacada, próxima al PSOE o del partido, que tenga un gran nivel de conocimiento y una reconocida reputación.

De entre los ministros vinculados a Madrid han llegado a sonar los nombres del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños o de la ministra de Justicia, Pilar Llop. Precisamente este martes, ésta última respondía a los periodistas, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, sobre si tenía pensado presentarse para ser candidata del PSOE en Madrid a las elecciones municipales o autonómicas que se celebran la próxima primavera. La titular de Justicia respondió que "ahora" está centrada en el proyecto de reforma del modelo judicial. "Si yo le contara lo que tengo en la cabeza", en referencia a su labor al frente del Ministerio. "En eso es en lo que yo, lógicamente, estoy centrada", apuntó.

El Ministra de Justicia, Pilar Llop, ha insistido este lunes en la imposibilidad e indultar a María Salmerón, que ingresó la pasada semana de forma voluntaria en un centro de inserción social para cumplir la pena por el incumplimiento del régimen de visitas de su hija con el padre de esta.

"La señora Salmerón ha ido a un centro de inserción social, no ha ido a prisión, y el próximo miércoles la junta de tratamiento de Instituciones Penitenciarias tendrá que valorar la situación en la que queda, pero yo no me puedo meter", ha explicado Llop en una entrevista en Radiocable recogida por Europa Press. Instituciones Penitenciarias deberá decidir esta semana si la mantiene en este centro o la deriva a una prisión convencional.

"Espero que lo que pase sea lo mejor para la señora Salmerón", ha expresado la ministra ante este decisión y en respuesta a las críticas recibidas por la negativa del Gobierno al indulto, que ha justificado de nuevo en el informe desfavorable emitido por la jueza. "La señora Salmerón tiene reincidiencia, antecedentes penales y la jueza ha informado negativamente; con esas condiciones es imposible otorgárselo y yo lo lamento. Si la jueza hubiera dicho que sí, se le habría concedido", ha reiterado la titular de Justicia.

La ministra ha sacado a colación su experiencia como jueza especializada en violencia de género para expresar su sensibilidad en esta materia. "Es un tema que me tomo absolutamente en serio, para mi es una cuestión de pura democracia; llevo muchos años trabajando en el ámbito de violencia de género, me he dejado mucho la piel, he levantado muchos cadáveres y he tenido que tomar muchas decisiones", ha asegurado la ministra.

Ha reconocido, no obstante, que "los prejuicios sexistas se reflejan también en el poder judicial", porque "penetran en cualquier ámbito de la sociedad", y ha insistido en el esfuerzo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para formar a los jueces en perspectiva de género. Asimismo, ha hecho hincapié en la necesidad de que las mujeres maltratadas presenten denuncia para que se las pueda proteger.

Por otra parte, Llop ha defendido la proposición de ley presentada por el PSOE en el Congreso de los Diputados para abolir la prostitución por buscar "una sociedad igualitaria y democrática". "Hay quien dice que (la prostitución) es una cuestión de voluntad, pero en este contexto no es la mujer la que decide, así que en eso de la libertad hay que moderar el discurso, tenemos que ofrecer a las víctimas ayuda", ha explicado la ministra.

La titular de Justicia ha recordado que "este es un Gobierno abolicionista" y la proposición de ley se centra "en las víctimas para ofrecerles itinerarios que les permitan un desarrollo de vida normal, que no se vean abocadas a vender sus cuerpos, porque en este contexto no es la mujer la que decide".

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha pasado página este lunes respecto a los casos de espionaje a teléfonos a través del sistema Pegasus. "La gente ha superado ya esto de Pegasus. Yo creo que es que ni lo entienden", ha dicho.

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, la titular de Justicia ha apuntado que Sánchez dio las "explicaciones oportunas" al comparecer la semana pasada en el Congreso de los Diputados "en un ejercicio de transparencia y madurez democrática".

Así, Llop ha señalado que los ciudadanos, más que por Pegasus, están "preocupados" por la cesta de la compra, la factura de la luz, el trabajo o las pensiones y no sobre los casos de espionaje.

También esta mañana Llop ha asegurado que el control judicial del Tribunal Supremo sobre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) es "fundamental" dentro de un Estado de derecho y ha informado de que su teléfono móvil no fue infectado con el programa de espionaje Pegasus, como se lo hizo saber el servicio español de inteligencia al día siguiente de entregárselo para que lo analizaran.

Llop ha dicho que el CNI le comunicó que su móvil no había sufrido una infección. "Y me lo devolvieron, me parece, al día siguiente", ha señalado a los medios en el Centro de Estudios Jurídicos, antes de inaugurar una jornada sobre becas del Ministerio para acceder a las carreras judicial y fiscal, al cuerpo de letrados de la Administración de Justicia y al de la Abogacía del Estado.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha exigido al Partido Popular que proceda a renovar el Consejo General del Poder Judicial: "Feijóo prometió sentido de Estado, altura de miras, pero nos tememos que trae más de lo mismo: excusas y enredos para no cumplir con el mandato constitucional". "Pensábamos que con Feijóo entrábamos en una nueva etapa del PP, pero en esto, como en otras cosas, están faltando a su palabra", ha señalado la titular de Justicia en declaraciones difundidas a Europa Press.

Así lo ha manifestado este sábado Llop en respuesta al vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, quien ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez la "garantía" de que la renovación CGPJ lleve "en paralelo" la modificación futura del modelo de elección del órgano de los jueces para que ellos mismos escojan "independientemente" a sus representantes. "El apoyo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial no va a ser en ningún caso un cheque en blanco del PP al presidente del Gobierno", ha advertido Rollán en una entrevista concedida a Europa Press, donde ha explicado que el nuevo líder 'popular', Alberto Nuñez Feijóo, aspira a establecer este "compromiso" del Ejecutivo de Sánchez.

Tras las declaraciones del conservador, Llop ha resaltado que cada día sin renovar las instituciones la palabra del PP "se va a devaluar". "Hay una absoluta falta de coherencia entre lo que dice el PP y lo que hace, es una situación muy triste que no se merecen los españoles", ha lamentado.

En la misma línea, ha insistido en que es "increíble" que el PP "siga poniendo condiciones al cumplimiento de la Constitución después de más de 1.200 días bloqueando la renovación del CGPJ", algo que, en sus palabras, "perjudica la imagen y el posicionamiento institucional e internacional" de España y que además "afecta directamente a los ciudadanos y a las ciudadanas".

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a petición del Ministerio de Justicia, el anteproyecto de Ley por el que se Regula el Procedimiento de Evaluación de la Edad y que tiene como objetivo determinar la mayoría o minoría de edad, con "pleno respeto" a los derechos de la infancia y adolescencia, y con todas las garantías legales, cuando por carecer de documentación o no ser posible establecer la edad con seguridad, tenga que ser la autoridad judicial quien lo haga, según señala el ministerio de Justicia e informa Europa Press.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha explicado que el proyecto elimina todas las pruebas "atentatorias" contra la dignidad de los menores. En este sentido, ha subrayado que no se permitirá el desnudo integral o las inspecciones ginecológicas.

Según ha informado el departamento que dirige Pilar Llop, el proceso concluirá tras escuchar las alegaciones de las partes y realizar una valoración ponderada de la prueba que se ha hecho a la persona.

El Ministerio ha indicado que este nuevo anteproyecto se ajusta a las recomendaciones efectuadas por el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, el Defensor del Pueblo, el Tribunal Supremo, la Fiscalía General del Estado o el Comité Económico y Social Europeo (CESE), entre otros organismos.

También señala que es una ley más garantista que la anterior, y responde a reclamaciones de diferentes organismos nacionales e internacionales, con la nueva norma el menor será escuchado y el procedimiento será mucho más ágil y simplificado, con todas las garantías legales de que no habrá pruebas invasivas.

Del mismo modo, destaca que, con la aprobación del anteproyecto, España cumple con el compromiso adquirido en la Disposición final de la Ley Orgánica 8/2021, de aprobar dentro del plazo de 12 meses la regulación el procedimiento para la determinación de la edad de los menores, prevaleciendo el interés superior del menor, sus derechos y su dignidad.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha asegurado que la decisión de recurrir a una enmienda a la ley concursal para garantizar el acceso a la categoría de fiscal de sala del Tribunal Supremo a los fiscales generales del Estado, cuando estos finalicen su mandato, responde al objetivo de "agilizar" una reforma destinada a "reforzar la autonomía e independencia" del Ministerio Público. En este sentido, ha precisado que así cumplen con la petición que hace el Grupo de Estados contra la corrupción (GRECO) y justifica que se haga en la Ley Concursal por ser la más avanzada en su tramitación en la Comisión de Justicia del Congreso.

Llop ha defendido este jueves, en declaraciones a los medios de comunicación en Vitoria-Gasteiz, el procedimiento empleado por el grupo del PSOE en el Congreso de los Diputados para plantear esta modificación en la ley del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

La ministra ha asegurado que se trata de una medida que no está pensada en exclusiva para la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, sino que se trata de un cambio pensado para cualquier persona que pueda desempeñar este cargo.

Además, ha explicado que el hecho de haber optado por tramitar esta reforma a través de una enmienda a la ley concursal -una norma que nada tiene que ver con la regulación de la institución de la Fiscalía- se debe a que el proceso de tramitación de esta ley es el que está "más avanzado" en el seno de la Comisión de Justicia del Congreso.

"La intención es agilizar el trámite administrativo", ha subrayado. Asimismo, y en la misma línea que han mantenido en los últimos días otros miembros del Gobierno y del PSOE, ha afirmado que la decisión de modificar el estatuto de la Fiscalía responde a las propuestas que ha trasladado al Estado español el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa.

Este organismo -según ha indicado- ha recomendado a España que "fortalezca la institución de la Fiscalía y refuerce su independencia y su autonomía". Llop ha añadido que una de las medidas recomendadas se refiere, precisamente, a la conveniencia de "reforzar la independencia de la Fiscalía General del Estado".

"Lógicamente, teniendo en cuenta que la ley concursal es la más avanzada en su tramitación, y con el fin de evitar retrasos, porque estamos siendo observados permanentemente por el Greco, era necesario introducir (este cambio) en la ley que estuviera en un estadio más avanzado; y así lo ha hecho el grupo socialista", ha afirmado.

La ministra ha destacado que el Gobierno de España y el PSOE está "comprometidos con la regeneración democrática y el fortalecimiento de las instituciones", unos objetivos para los que este cambio del estatuto del Ministerio Fiscal era "necesario". "Era una medida necesaria para que quien sea el fiscal general del Estado, sea la señora Delgado o cualquier otro fiscal que se pueda nombrar, pueda decidir libremente y con autonomía cuando tenga ese cargo; y no deba estar pensando dónde tiene que volver una vez haya terminado su mandado", ha añadido.

El hecho de que, con este cambio, un fiscal general acceda a la categoría de fiscal de sala del Tribunal Supremo cuando deje su mandato "garantiza la libertad en la toma de decisiones en cuestiones tan complejas" como de las que se encarga la Fiscalía General del Estado, según ha dicho.

Llop ha añadido que lo que se pretende hacer "es lo que se hizo" con María José Segarra, que fue fiscal general del Estado entre 2018 y 2020, aunque ahora este procedimiento "se eleva a categoría de ley".

La ministra considera que esto es algo "que entiende todo el mundo", incluso quienes "están criticando" la reforma que se pretende llevar a cabo. Asimismo, ha indicado que la modificación propuesta responde al "sentir" manifestado en 2019 "por la propia Fiscalía" y del ámbito judicial.

De hecho, ha recordado que la Ley Orgánica del Poder Judicial "prevé que quienes sean presidentes de sala de tribunales superiores o de audiencias provinciales tengan preferencia frente a cualquier otro juez, durante dos años, para elegir destino".

"Es por el mismo motivo; para garantizar su libertad a la hora de tomar decisiones; para que no se vean condicionados o presionados; y para que se evite cualquier tipo de puerta giratoria, porque se sepa que la salida natural será el máximo rango" de fiscal, ha indicado.

La ministra de Justicia también se ha referido al hecho de que otras recomendaciones del Greco no hayan obtenido la misma respuesta del Gobierno que las relacionadas con la Fiscalía General del Estado.

Llop ha recordado que para determinados cambios, es necesario contar con "mayorías reforzadas" en el Congreso, y ha subrayado que en la actualidad "es difícil conseguir ese consenso político en el ámbito parlamentario".

Por otra parte, ha explicado que se está trabajando para otorgar a la Fiscalía "funciones investigadoras", con lo que "desaparecería", de esa forma, la figura del juez instructor. En este sentido, ha indicado que "una vez tengamos aprobada la ley de enjuiciamiento criminal, tendremos que hacer una reflexión sobre los medios que necesita la Fiscalía".

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha señalado este miércoles que el Gobierno trabaja ya en la posibilidad de que distintos países de manera coordinada eleven ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) una denuncia por la invasión de Ucrania por parte de la Federación de Rusia. Ha explicado que esta acción iría en paralelo y por la vía internacional a las diligencias de investigación que se han abierto en la Fiscalía General del Estado por decreto de Dolores Delgado, según informa Europa Press.

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios antes de participar en la inauguración de las IV Jornadas de Justicia e Igualdad en las que participará junto a la vicepresidenta Nadia Calviño. Sobre la decisión de este martes de la FGE, ha explicado que lo que se trata de esclarecer desde el Ministerio Público es si "ha habido algún tipo de violación de las normas internacionales, en concreto del Convenio de Ginebra".

Con todo, Llop ha evitado dar más detalle al respecto y ha subrayado que se trata de una investigación interna —son diligencias preprocesales de investigación y han sido asignadas al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso—.

Asimismo, la ministra ha recalcado que según se desarrollen esas pesquisas acabará elevándose a la Audiencia Nacional que es el órgano competente para conocer estos asuntos, y que es quien tendrá que decidir si abre instrucción y si finalmente puede acabar en enjuiciamiento de los hechos.

Con todo, hasta el momento lo que hay es un decreto firmado por la fiscal general del Estado por el que incoa diligencias de investigación en relación a la invasión de Ucrania por parte de las fuerzas armadas rusas para "concretar la entidad delictiva de los hechos y practicar cuantas diligencias sean necesarias".

Estas diligencias tienen por objetivo establecer un marco jurídico que dé soporte a las actuaciones que a partir de ahora se puedan llevar a cabo, bien por propia iniciativa, bien como parte activa de la cooperación internacional. Delgado señalaba que estas pesquisas son el instrumento idóneo "para asegurar y canalizar la asistencia a las autoridades ucranianas y a otros países afectados por la guerra y en similar situación, permitiendo recopilar elementos de prueba que puedan ser usados en investigaciones de todo tipo".

Por otro lado, al ser preguntada por la repercusión jurídica que puede tener que ciudadanos españoles viajen a Ucrania para alistarse en la lucha contra el ejército ruso, Llop ha explicado que el ordenamiento jurídico "no prohíbe esa posibilidad", por lo que "es posible que personas de distintas nacionalidades puedan ir a otros países a alistarse para combatir en situaciones de conflicto armado".

En el marco de su discurso inaugural de las jornadas, Llop ha aprovechado para trasladar su solidaridad a las mujeres ucranianas que "están resistiendo en condiciones imposibles" el ataque de Rusia. "Más de un millón de mujeres han huido ya", ha lamentado.

A su vez, la ministra ha enviado un mensaje de agradecimiento a todos los voluntarios que están sirviendo en Ucrania, a quienes están acogiendo a refugiados y a los periodistas, "que están contando lo que pasa".

Según ha indicado la titular de Justicia, el Gobierno ha suscrito un compromiso con la prevención de la violencia sexual contra niñas y mujeres desplazadas. Al hilo, ha subrayado que desde el Ejecutivo seguirán trabajando para erradicar la prostitución y la trata. Así, ha reprochado a quienes con posiciones políticas "irresponsables" confunden la libertad con la prostitución o los vientres de alquiler.

El Ministerio de Justicia está valorando distintas observaciones y se muestra abierto a estudiar modificaciones en el Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia después de que este jueves la Asociación Nacional Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil (ANAVA-RC) alertara de que en la disposición final segunda de esa norma se incluye una modificación en el IRPF que supondría un grave impacto para los perjudicados por ese tipo de accidentes al gravar las indemnizaciones, informa Europa Press.

Fuentes del departamento dirigido por la ministra Pilar Llop indican a Europa Press que desde el Ministerio y el Gobierno ya estudian las observaciones realizadas al respecto, recuerdan que siempre se apoya a las víctimas, y advierten de que actualmente ese anteproyecto está en la fase prelegislativa. Indican que una vez llegue a las Cortes se buscará el máximo acuerdo y consenso con el resto de fuerzas políticas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y en este caso de los familiares de las víctimas de los accidentes de tráfico. "Para nosotros es necesaria y obligada la reparación y en eso estamos trabajando", advierten esas mismas fuentes.

Recuerdan asimismo que de momento el Anteproyecto de eficiencia procesal está siendo analizado por el Consejo de Estado, y que se sigue dando audiencia a todos los sectores de la sociedad civil afectados por la reforma. En este sentido, apuntan que se estudiará con detenimiento la cuestión ante la preocupación de las víctimas de accidentes por ser ésta una de las cuestiones prioritarias establecidas por la ministra.

Este jueves la Asociación Nacional Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil (ANAVA-RC) alertaba de que el Gobierno pretendía "recaudar impuestos con las indemnizaciones" de las víctimas de siniestros viales. Así lo advertía la entidad, que informaba de que ya había enviado sendos escritos de protesta al secretario general técnico del Ministerio de Justicia, Jacobo Fernández Álvarez, y al director general de Seguros, Sergio Álvarez Camiña, manifestando su "más radical oposición" a una proposición de reforma legal referida al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

ANAVA-RC ha solicitado una reunión urgente con representantes del Ministerio de Justicia en la que también estén presentes el resto de asociaciones de víctimas de accidentes y de abogados de víctimas a nivel nacional. "Su puesta en marcha causaría un daño irreparable a las víctimas de accidentes de tráfico y muy especialmente a los lesionados graves", ha asegurado la asociación que engloba a más de 200 despachos de abogados de víctimas de toda España y con mayor representatividad en este sector.

En un comunicado, recogido por Europa Press, ANAVA-RC trasladaba su "preocupación" por la redacción de la Disposición final segunda del anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, firmada por el anterior titular del Ministerio de Justicia, Juan Carlos Campo, y aprobada por el Consejo de Ministros el 15 de diciembre de 2020.

Según detallaba la asociación, en la citada disposición, "de forma escondida, se realiza una importante" modificación de la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, "que no tiene en consideración el grave impacto económico que supondría para estas víctimas, para los perjudicados en caso de fallecimiento e incluso para las aseguradoras".

"No tiene en cuenta que los perjudicados o víctimas en accidentes de circulación, lamentablemente, sufren unos perjuicios personales y patrimoniales en el momento en el que sufren un accidente de circulación por culpa de un tercero, y lo que pretende la indemnización es precisamente compensar esa disminución patrimonial con la restitución íntegra de los daños y perjuicios sufridos, dejando a la víctima, en la medida de las posibilidades de la norma vigente (Art. 33 de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre), en la misma posición que estaba antes de tener el accidente", apuntaba Manuel Castellanos, presidente de ANAVA-RC.

En este sentido, Castellanos ponía de relieve que, desde el punto de vista fiscal, "las indemnizaciones nunca se han considerado como un incremento de patrimonio si no una compensación de las disminuciones sufridas a consecuencia del accidente".

Asimismo, la asociación de abogados considera que esta proposición de reforma "incurre en una grave confusión" de la terminología legal de la Ley, que por vía de Disposición Adicional, pretende reformar, por lo que "debe quedar claro que la exención de impuestos debe aplicarse a todos los perjuicios, tanto extrapatrimoniales (los daños morales) como patrimoniales". "Estos ciudadanos más vulnerables son perjudicados por la culpa o negligencia de un tercero que les provoca un daño corporal que debe ser resarcido en su totalidad y se vería totalmente afectado en el supuesto que sea aprobada la mencionada Disposición", añadía.

Por otro lado, ANAVA-RC explicaba que el anteproyecto de Ley introduce cambios en el trámite de los acuerdos amistosos extrajudiciales entre las aseguradoras y los perjudicados que "incrementarían los costes de los mismos, pues introduce la intervención de una figura denominada un tercero neutral, sin definición alguna de su función o cometido, y exige escritura pública cuando el pago lo realiza una entidad aseguradora".

Finalmente, avisaba de que al tributar las indemnizaciones conseguidas en los acuerdos amistosos "lo que generaría es un desbocado aumento de litigios, pues los ciudadanos deberían esperar a la sentencia judicial para que su indemnización quede exenta de tributación, cargando más, si cabe, a la ya desbordada administración de Justicia".

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha inaugurado este lunes las IV Jornadas contra la Violencia de Género organizadas por el Ministerio de Justicia, en donde ha explicado que su departamento está trabajando en reforzar la especialización de la planta judicial, a través de la creación de nuevos juzgados y extendiendo la jurisdicción de otros ya existentes; e impulsando la coordinación y la atención a las víctimas de esta lacra, entre otras medidas.

"Tenemos el firme propósito de hacer trasversal la igualdad en todas las políticas del Ministerio y reforzar la atención y protección a las víctimas", ha explicado Llop en su intervención recogida por Europa Press.

En este sentido, también ha señalado la intención de Justicia de avanzar en la comunicación y compartición de datos entre las bases de datos de las diferentes administraciones públicas, en concreto entre el sistema VioGén y el Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Justicia.

Estas jornadas, en las que la ministra ha participado a través de videoconferencia, llevan por título 'Nuevos retos para mejorar la atención y protección de las víctimas de la violencia de género', y durarán hasta el miércoles 24 de noviembre, un día antes de la celebración del Día Internacional contra la Violencia contra la Mujer.

Violencia estructural

En la inauguración, Llop ha hecho también un repaso de los "escalofriantes" datos de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género: 37 mujeres asesinadas en España en este año en el ámbito de la pareja o expareja, que han dejado 21 niñas y niños huérfanos; 1.118 mujeres asesinadas desde enero de 2003; y 75.7022 denuncias en el primer semestre de 2021.

"Tampoco podemos olvidar la violencia vicaria, la manifestación más cruel de la violencia contra las mujeres", ha señalado la ministra.

Según ha defendido en su discurso, los poderes públicos tienen que poner en marcha "herramientas que den respuesta al sufrimiento de tantas mujeres y de sus hijas e hijos". Según ha apuntado, "este tipo de violencia es de carácter estructural" y, por ello, ha considerado "imprescindible la formación y sensibilización en esta materia de los distintos agentes".

Llama a la unidad

"La violencia de género requiere una actuación unitaria y máxima coordinación, colaboración y colaboración", ha apuntado la responsable de Justicia, antes de añadir que, ante esta situación, el Ministerio tiene el "firme propósito de hacer trasversal la igualdad en todas las políticas" del departamento y "reforzar la atención y protección a las víctimas".

Finalmente, Llop ha recordado la participación del Ministerio de Justicia en diversas iniciativas legislativas, como la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como Ley de 'solo sí es sí', o la futura Ley contra la trata de mujeres, ambas impulsadas por el Ministerio de Igualdad. "Es imprescindible seguir avanzando en la lucha contra la violencia de género", ha concluido la ministra de Justicia.

Las jornadas, organizadas por la Dirección General para el Servicio Público de Justicia, en colaboración con el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), están destinadas a miembros de la carrera judicial y fiscal; cuerpo de letrados de la administración de Justicia; institutos de medicina legal y ciencias forenses; cuerpos generales de gestión, tramitación y auxilio judicial; y oficinas de asistencia a las víctimas del delito.

Al acto de inauguración, además de la ministra de Justicia, han asistido la directora general para el Servicio Público de Justicia, Maria dels Àngels García, y la directora del CEJ, Abigail Fernández.