El debate sobre la prostitución retrata a los partidos en el Congreso: qué dice (o no dice) cada cual

Podría parecer, al calor de la agenda política de las últimas semanas, que el de la prostitución es un debate nuevo. Pero el feminismo lleva décadas cavilando sobre sus implicaciones y el debate también ha sobrevolado la política parlamentaria de la mano de mujeres pioneras como Clara Campoamor. Trabajo sexual, dicen algunas voces, violencia y explotación, replican otras. Resolver el debate no es tarea sencilla, pero lo cierto es que los líderes políticos se muestran cada vez más proclives a, cuanto menos, abordarlo. En ese contexto se debate este martes la proposición de ley registrada por el Grupo Socialista, una propuesta abolicionista que no consiguió entrar en la ley del solo sí es sí, pero que aspira a salir adelante en la Cámara Baja.

El Pleno del Congreso aprobará, si las previsiones se cumplen, este martes la toma en consideración de la ley. El PSOE cuenta con el apoyo del PP y de Podemos. Fuentes de Igualdad insisten en que la propuesta puede ser un punto de partida para alcanzar un consenso amplio contra el proxenetismo: "Desde Igualdad seguiremos impulsando con todos los grupos que haya una mayoría contra la industria proxeneta”, un acuerdo que idealmente replicaría las mismas dinámicas que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, apoyo unánime sin contar con la extrema derecha. El departamento de Irene Montero recuerda, en cualquier caso, que el articulado relativo al proxenetismo ya lo recogía la ley del solo sí es sí en su redacción original, después de una ardua negociación en el seno del Gobierno. “Hay que abrirse a negociar” porque “hay consenso para perseguir a la industria proxeneta”, insisten.

La propuesta de los socialistas recoge la modificación del artículo 187 del Código Penal para que "castigue de forma general el proxenetismo, sin exigir relación de explotación". La iniciativa también recupera la tercería locativa que penaliza a aquellos que, con ánimo de lucro y de forma habitual, cedan bienes inmuebles para favorecer el ejercicio de la prostitución. Es decir, a los dueños de los clubes, locales y pisos donde las mujeres ejercen esta práctica. Y, finalmente, blinda la persecución de los puteros como camino inesquivable hacia la abolición de la prostitución.

El PSOE y su abolicionismo sin matices

Los socialistas están plenamente de acuerdo: la abolición de la prostitución es una prioridad y el momento de ejecutarla es ahora. En los últimos años, el partido ha ido afilando sus dardos contra la industria proxeneta a través de gestos simbólicos e iniciativas tangibles. El abolicionismo ha ido ganando peso en el discurso y el propio Pedro Sánchez lo ha blindado como objetivo irrenunciable. Si las líneas ya estaban claras, la ambición de la formación es cada vez mayor: "Abolicionismo, aunque nos quedemos solas", han repetido hasta la saciedad distintas voces del partido. 

En las resoluciones del 39 Congreso Federal, la formación ya tildaba a la prostitución como "uno de los rostros más crueles de la feminización de la pobreza, así como una de las peores formas de violencia contra las mujeres", por lo que ya entonces prometía dar "los pasos necesarios para la aprobación de una normativa que regule el abolicionismo". Pero su compromiso quedó definitivamente ratificado en su 40 Congreso. "El PSOE se declara como un partido abolicionista de la prostitución" y por eso aspira a construir una “sociedad donde las mujeres y las niñas no sean prostituidas” ni sus cuerpos “objeto de consumo”. El PSOE será, por ello, el “impulsor del necesario consenso político y social en nuestro país que permita la erradicación de la trata con fines de explotación sexual y la prostitución”. Así, continúa el partido, abolir la prostitución es “un proceso que debe estar marcado por iniciativas legislativas y cambios sociales, al tiempo que requiere de políticas públicas eficaces que ofrezcan una salida a las mujeres y hagan de la prostitución una práctica del pasado”.

El partido tiene sus objetivos bien claros y no renuncia tampoco a poner el foco en “quienes acuden a la prostitución para acabar con la mayor expresión de vulneración de los derechos humanos de las mujeres y las niñas en el mundo”. Siguiendo la estela del feminismo abolicionista, los socialistas creen indisolubles la trata y la prostitución, así que erradicar una solo será posible dando la batalla contra la otra. 

UP no aspira a resolver un debate histórico

Algo más compleja es la postura de su socio de coalición, Unidas Podemos. Entre otras cuestiones, debido al amplio abanico de sentires que habitan en la formación confederal. ¿Qué dice el Ministerio de Igualdad? Irene Montero, en entrevista con infoLibre el pasado 8M, afirmaba no haber tenido nunca ningún problema en reconocerse abolicionista. “Milito desde los quince años y siempre lo he sido. Pero creo que este debate no va de si somos abolicionistas o no. Este debate va de cómo podemos garantizar los derechos de las mujeres que están en los contextos de prostitución”, señalaba. La ministra, por tanto, reconoce la existencia de un debate histórico, pero no aspira a resolverlo: no es responsabilidad del Gobierno, asiente. “La función del Ministerio y del Gobierno no es resolver un debate que es histórico en el feminismo y donde siempre va a haber abolicionistas, regulacionistas, proderechos y mujeres que encuentren matices y puntos en común”, zanja.

En su departamento conviven todos esos matices. Por un lado, voces como la de Ángela Rodríguez, secretaria de Estado de Igualdad, se declaran abiertamente proderechos. Otras como Antonia Morillas, directora del Instituto de las Mujeres, enmarcan la prostitución como una forma de violencia contra las mujeres. Es difícil de adivinar el peso que tiene el debate en el día a día del ministerio, pero lo cierto es que el equipo de Irene Montero ha encontrado un punto de consenso: el despliegue de políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de las mujeres prostituidas.

Unidas Podemos se mueve entre la oposición al llamado prohibicionismo o punitivismo –legislar a golpe de sanciones– y el rechazo a la regularización del denominado trabajo sexual. Esta última postura sí es defendida por los comunes de Ada Colau, que en su programa para los comicios municipales de 2019 avalaron la puesta en marcha de acciones "para favorecer la autoorganización política y social de las trabajadoras sexuales".

Precisamente es en la rama catalana del espacio confederal donde se producen las principales colisiones. De hecho, las parlamentarias Aina Vidal y Mar García Puig firmaron y registraron una enmienda al articulado relativo a la prostitución de la ley del solo sí es sí, bajo el argumento de que "la penalización de este tipo de conductas ha demostrado efectos muy perjudiciales como la clandestinización de la actividad, peores condiciones de trabajo y dificultades en el acceso o, incluso, la pérdida de la vivienda".

CUP y ERC, hacia posturas proderechos

La posición de los comunes bebe de una suerte de arraigo proderechos en parte del movimiento feminista catalán. No es poco el impacto del activismo regulacionista que se nutre gracias a la labor de entidades como la Asociación Genera y fue en suelo catalán donde nació la sección sindical de trabajadoras sexuales perteneciente a la Intersindical Alternativa de Catalunya. En sus manifiestos de cara a la huelga feminista, la Comisión 8M de Cataluña incluye el “reconocimiento de todos los derechos laborales y sociales de las trabajadoras de los ámbitos más precarios”, incluido el trabajo sexual.

La tendencia regulacionista se ha traducido también en políticas en el ámbito institucional. En Barcelona, la llegada de Ada Colau abrió la puerta a la participación activa de las trabajadoras sexuales en las políticas pensadas para abordar el debate. En 2016, Barcelona en Comú, Ciutadans, ERC y CUP rubricaron un acuerdo en el Ayuntamiento con el objetivo de garantizar los derechos de las trabajadoras sexuales. 

“El trabajo sexual no es lo mismo que la trata de personas”, insistía la portavoz de la CUP en la Comisión de Igualdad del Congreso, Mireia Vehí, hace apenas unas semanas. El partido independentista marcaba su posición, sin espacio para los matices: “Entendemos que las trabajadoras sexuales que ejercen su trabajo desde el consentimiento están dentro del movimiento feminista y son nuestras compañeras y, por tanto, no hay que ir en contra de sus pocos derechos laborales”. La CUP, expresaba la diputada, defiende que el abordaje del trabajo sexual “tiene que hacerse desde una perspectiva de derechos”.

En la bancada de Esquerra, la diputada Pilar Vallugera expresaba también su oposición a las medidas abolicionistas, porque coartan "la libertad de las mujeres que ejercen la prostitución en libertad”. “Reconocemos a las mujeres que ejercen el trabajo sexual con libertad como compañeras de movimiento y también vamos a tener que garantizar sus derechos”, coincidía. No es la primera experiencia de la parlamentaria en el debate sobre la prostitución. La misma Vallugera, durante su etapa al frente de la Consejería de Derechos Civiles y Mujer de Barcelona en 2006, puso en marcha una agencia de abordaje del trabajo sexual que buscaba ofrecer alternativas a las mujeres que quisieran abandonar la prostitución. La propuesta, pionera, partía de una ordenanza municipal de civismo y convivencia no exenta de polémica que abrió un cisma entre los socialistas y sus socios republicanos. En 2009, ERC registró una moción a favor de incluir a las prostitutas en la Seguridad Social dentro del régimen especial. Entonces, Joan Tardà aseguraba que la prostitución ejercida de manera voluntaria es “un trabajo que no atenta contra los derechos de nadie”.

EH Bildu, PNV y contar con las mujeres

EH Bildu se suma a las voces que reclaman un debate pausado. Así lo expresó la diputada Bel Pozueta en la Comisión de Igualdad que votó el dictamen sobre la ley del solo sí es sí: estamos ante un “debate necesitado de un espacio y de un tiempo amplio, con la participación de las mujeres que ejercen la prostitución”, afirmó. Es la línea, a rasgos generales, que sigue la formación abertzale. Varios ejemplos. En 2015, el Ayuntamiento de Bilbao anunciaba su intención de intensificar la vigilancia policial y reforzar el control a través de cámaras disuasorias en la vía pública para evitar el ejercicio de la prostitución. Entonces, Bildu votaba en contra e incidía en la necesidad de hablar con las mujeres que ejercen la prostitución para concederles el espacio que merecen. 

Dos años después, el grupo de EH Bildu en el mismo ayuntamiento se abstuvo a la hora de suscribir un acuerdo para pedir al Gobierno fondos para otorgar alternativas a las mujeres que ejercen la prostitución. Entonces, la formación argumentaba que su prioridad era la de “garantizar los derechos de las personas que ejercen la prostitución y darles voz”. El año pasado, el partido tampoco se sumó a la moción aprobada en el Parlamento de Navarra para pedir una ley integral contra la trata y la prostitución. En la sociedad existen “diferentes y profundos debates sobre la prostitución y hay que considerar todos ellos", insistía la formación.

Algo similar plantea el PNV. El diputado Joseba Agirretxea ha intervenido en el debate en torno a la ley del solo sí es sí asegurando que “es fundamental escuchar, debatir y proponer, antes de legislar”. Su grupo se opuso también al articulado relativo a la prostitución, especialmente en lo que respecta a la tercería locativa. “¿No creen que la prostitución, su entorno, sus consecuencias, su reflejo social, las personas que lo ejercen, independientemente de la opinión que se tenga, no merecen un debate, una reflexión y un aparte profundo?”, planteaba el parlamentario vasco.

El PP, contrario al regulacionismo

Si en alguien ha encontrado un aliado el PSOE, parece haber sido en el PP. Los conservadores ya han anunciado que votarán a favor de la proposición de ley abolicionista, aunque este lunes han señalado que escucharán a los grupos parlamentarios para comprobar que la propuesta no es simple “maquillaje político”. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, subrayó que se trata de un asunto "tan importante, tan trascendente y tan relevante para tantísimas mujeres", que se hace fundamental conocer al detalle la propuesta socialista y sopesar si existe una "voluntad sincera de avanzar en los derechos de las mujeres". Los conservadores, aseguró su secretaria general, buscan "dar la máxima protección a esas mujeres que están siendo explotadas”. 

El PP se ha pronunciado en contra de la regulación en diversas ocasiones. Tras la polémica del registro del sindicato de trabajadoras del sexo (OTRAS) hace ahora cuatro años, el partido se apresuró a exigir al Gobierno "una inmediata solución" que pusiera fin a lo que calificaron como un error "muy grave". Además, en el año 2019 el PP apoyó una proposición no de ley abolicionista registrada también por el Grupo Socialista.