Irene Montero: "Si algo defendemos las feministas es la paz y el fin de los conflictos armados"

Irene Montero (Madrid, 1988) llega a su cita con infoLibre a pocas horas de que su ministerio haya lanzado la campaña institucional para este 8M, Día Internacional de la Mujer. Presume de haber incluido algunos de los temas que considera cruciales en la batalla por la igualdad, como la conciliación o el papel de los hombres. Pero esta vez no solo los asuntos de su cartera ocupan la conversación: la invasión de Ucrania está inevitablemente en el centro del debate y la ministra de Igualdad se mantiene firme en su "apuesta por la paz". La defiende, precisamente, como un objetivo genuinamente feminista.

Lejos de esquivar los debates que atraviesan al movimiento feminista, la ministra de Unidas Podemos los aborda con la mirada puesta en el consenso: dotar de derechos a las mujeres. Una prioridad que da respuesta al debate en torno a la prostitución, pero que también resuelve el problema de la explotación reproductiva y que marca el compromiso con los derechos del colectivo trans. Sobre esto último, una de las brechas más profundas en el feminismo, celebra la futura ley fruto de una dura negociación con sus socios de Gobierno. Pero lamenta la demora del CGPJ en emitir su informe. Las leyes feministas, destaca en la entrevista hecha este viernes, siempre van con retraso.

Una pandemia, una guerra en Ucrania, un panorama político muy convulso a ritmo de tuit… ¿Cómo llegamos a este 8M? ¿Ha perdido foco?

Creo que ocurre al contrario, el feminismo está siendo capaz de poner encima de la mesa un proyecto de país para dar respuesta a las principales preguntas que se hace nuestra sociedad: la forma de organizar nuestra economía basada en un reparto más justo de la riqueza, la incorporación de los cuidados, planchar, hacer la comida, lavar los baños, cuidar a los niños y a las personas dependientes, a nuestros mayores... hasta el fin de las violencias.

El feminismo es el principal proyecto político democratizador en este momento sobre la mesa

La agenda que tiene el feminismo responde a las crisis reveladas en los últimos años, particularmente con la emergencia sanitaria: el fortalecimiento de los servicios públicos o la necesidad de que todo el mundo pueda desarrollar sus proyectos de vida y ser quien es sin culpa, sin miedo y sin estigma. Y, por tanto, combatir los discursos de odio, pero mucho más. Ya nadie se imagina nuestro país sin las leyes feministas, pero tampoco sin el movimiento feminista. Es seguramente el principal proyecto político de carácter democratizador que en este momento está encima de la mesa.

¿Cree que ha calado de manera transversal o teme que la fragmentación acabe haciendo del feminismo una divisa aceptada por una parte de la sociedad y rechazada por otra?

Creo que cada vez hay más gente en nuestra sociedad que sabe que el feminismo es bueno para su país y para ellos y ellas. Por supuesto para las mujeres, pero también para el conjunto de la sociedad. Este año, la campaña que lanzamos desde el ministerio dice: "Nosotras lo llamamos feminismo, llámalo como quieras: conciliación, disfrutar más de tu tiempo libre, cuidar, igualdad, un reparto más equitativo de los cuidados o de la riqueza, servicios públicos... llámalo como quieras".

Cuando hablas de cosas concretas, el feminismo lo comparte todo el mundo

Al final el feminismo es un proyecto de país que dice que si más de la mitad de la población tenemos todos nuestros derechos garantizados, hará mejor a nuestra sociedad y también que los hombres vivan mejor. Hay mucha gente que se acerca tímidamente al feminismo, pero en realidad cuando hablas de las cosas concretas que el feminismo está proponiendo, lo comparte todo el mundo.

La penúltima víctima mortal de violencia machista había presentado varias denuncias contra su agresor. El año pasado fueron nueve mujeres, desde que hay datos son 235 las asesinadas por sus parejas o exparejas que habían dado el paso de denunciar. ¿Qué ha fallado?

En el caso de las asesinadas que habían pedido ayuda, es muy evidente que hay fallos todavía en el sistema. Seguimos fallando

El mensaje es claro: hay que revisar, actualizar y mejorar cada protocolo de actuación, cada medida que ponemos en marcha, desde la administración central hasta el último ayuntamiento, para conseguir detectar en qué podemos mejorar y en qué no podemos fallar. En el caso de las asesinadas que habían pedido ayuda, es muy evidente que hay fallos todavía en el sistema. Seguimos fallando. Y lo digo en primera persona porque soy consciente de la especial responsabilidad que tenemos. Estamos llevando a cabo la revisión coordinada de todos esos protocolos de actuación.

Nos estamos centrando, por ejemplo, en la detección precoz. Ese fue uno de los acuerdos que llevamos en el plan de medidas urgentes al Consejo de Ministros. No son cosas que generen grandes titulares, pero desde luego son las que nos permiten llegar siempre a tiempo y para todas las mujeres, especialmente las más vulnerables, que son las que todavía ven más distancia con la institución. Y pienso, por ejemplo, en víctimas de violencia que están en situación administrativa irregular.

Cada vez se está hablando más de violencia económica, de otras formas de violencia, no necesariamente por parte de parejas o exparejas. ¿Es necesario reformar la Ley 1/2004 contra la violencia de género?

Como Estado necesitamos reconocer todas las formas de violencia contra las mujeres. La Ley 1/2004 se ocupa de una violencia específica, que es la violencia que se ejerce en el ámbito de la pareja o la expareja. Con la ley solo sí es sí vamos a avanzar en el reconocimiento de las violencias sexuales, la explotación sexual, poniendo el consentimiento en el centro y diciendo que no hace falta que haya violencia o intimidación para que hablemos de una agresión sexual. Y efectivamente hay otras violencias, como puede ser la económica, institucional o la vicaria, que cada vez tienen más protagonismo en el debate público. La técnica legislativa para mí no es lo más importante. Lo más importante es el objetivo de tener herramientas eficaces para combatir todas las formas de violencia.

La ONU ha lanzado un par de alertas muy recientes sobre la falta de protección por parte de la justicia a los hijos de padres abusadores y también respecto a la aplicación del Síndrome de Alienación Parental (SAP). ¿Qué falla en el sistema judicial?

Esta es una demanda histórica del movimiento feminista y quiero reconocer a las mujeres y asociaciones feministas que se han partido la cara por defender a las madres protectoras desde hace muchos años, cuando además eran absolutamente criminalizadas por hacerlo. Hay que reconocer a las que, aun siendo cuatro, estaban con la pancarta y tendiendo la mano a la mujer que estaba sufriendo esa violencia y acompañándola en el camino. Eso es lo más valioso que tiene el movimiento feminista, que nunca deja sola a una mujer que lo necesita. 

Lo más valioso del movimiento feminista es que nunca deja sola a una mujer que lo necesita

Para nosotras ha sido una prioridad esta cuestión desde el inicio de la legislatura. En la Ley de Infancia hemos prohibido la aplicación del Síndrome de Alienación Parental, que es un falso síndrome creado por un pedófilo para justificar sus comportamientos, y hemos decretado la suspensión del régimen de visitas ante el más mínimo indicio de maltrato. Porque un maltratador nunca puede ser un buen padre. Los cambios legislativos son fundamentales pero no suficientes. Tenemos que ayudar a esos jueces a no aplicar ni el SAP directamente, ni los prejuicios que están detrás: confundir la protección que una mujer hace de sus hijos e hijas, con una madre que manipula a sus hijos para ponerlos en contra del padre.

¿Esos prejuicios son producto de una falta de formación o de una justicia patriarcal?

Lo que nos dice Naciones Unidas es que son producto de una justicia patriarcal. Es una obligación del Estado revertir esta situación.

PSOE y Unidas Podemos parecen no ponerse de acuerdo sobre la comisión de abusos dentro de la Iglesia y el Episcopado ha iniciado su propia investigación. ¿Qué es mejor: que lo haga el Defensor del Pueblo, una comisión parlamentaria o un despacho de abogados cercano a la Iglesia?

Lo más importante es que todas las instituciones nos volquemos en reconocer a esas víctimas que durante demasiados años han sido olvidadas, negadas y apartadas del espacio público con una clara voluntad de que no incomoden. Es importante que estén en el centro del debate público y que nos volquemos en la reparación del daño causado y en poner los mecanismos para que esas agresiones no se sigan produciendo. Seguramente habrá víctimas que se sientan cómodas con un trabajo que pueda desarrollar el Defensor del Pueblo y habrá otras muchas que lo estén en un contexto como el de las Cortes Generales, el Congreso o el Senado. Lo que más nos tiene que importar es que aquellas que quieren hablar y que quieren hacerlo públicamente, lo puedan hacer también en las instituciones que decidan.

Las víctimas de abusos en la Iglesia han sido olvidadas, negadas y apartadas del espacio público con una clara voluntad de que no incomoden

Es decir: Defensor sí y comisión de investigación parlamentaria también.

Son perfectamente compatibles.

Si la Iglesia no colabora, ¿el Gobierno tendría que tomar alguna medida o replantearse la relación entre la Iglesia y el Estado?

La Iglesia cada vez es más consciente, fruto precisamente de la lucha de esas víctimas, de que no se puede quedar parada ante una realidad evidente. Creo que debería colaborar, pero a mí no me corresponde tomar decisiones por esa institución sino decir que desde luego la administración y el Gobierno tienen que estar del lado de las víctimas.

¿Es la prostitución una forma de violencia machista?

La explotación sexual y la trata con fines de explotación sexual son formas de violencia contra las mujeres, de las más graves, y así lo dicen todos los organismos internacionales. Una de nuestras prioridades es entender cómo las políticas públicas pueden responder por fin a esas mujeres que están en esos contextos y que siempre han estado en los márgenes de las políticas públicas y sintiendo una absoluta desconfianza de las instituciones.

La mayoría de mujeres que son víctimas de explotación sexual o de trata son además mujeres en una situación administrativa irregular. Eso quiere decir que no pueden abrir una cuenta corriente, que tienen enormes dificultades para la escolarización de niños y niñas, para tener una casa, para figurar en el padrón, para acceder a su derecho a su salud y ya no digamos otros derechos como el del descanso, el ocio o la cultura. Cuando nosotras hablamos de la abolición de la prostitución lo que tiene que estar en el centro son los derechos de esas mujeres.

Yo le pregunto por prostitución, usted me responde por explotación y trata. ¿Hay algún tipo de prostitución que pueda ser respetable, homologable o normalizable?

El debate, al menos como yo creo que debemos afrontarlo desde el Gobierno, no tiene que ver con la libertad de las mujeres para decidir si prostituirse o no, sino si existe en nuestro país una institución en la que se dan las peores violencias que se ejercen contra las mujeres. Y existe. Vamos a mirar a la cara a la industria proxeneta. La propuesta de recuperar la tercería locativa y tipificar el proxenetismo no coactivo está incluida en la Ley de Garantía de Libertad Sexual. Es una industria que mueve cinco millones de euros al día en dinero negro, según datos de la Fiscalía, que nos está diciendo que es imposible perseguir a la industria proxeneta con las herramientas legales actuales. Por ejemplo, tenemos que conseguir que el dinero que se incauta pueda servir para contribuir a la reparación e integración de esas mujeres víctimas. Si queremos hablar de un horizonte abolicionista de la prostitución…

…Y usted quiere hablar de ese horizonte abolicionista.

Yo nunca he tenido problema en reconocer que soy abolicionista. Milito desde los quince años y siempre lo he sido. Pero creo que este debate no va de si somos abolicionistas o no, sino de cómo podemos garantizar los derechos de las mujeres que están en los contextos de prostitución. Y la realidad, cuando aterrizamos, es que esas mujeres son víctimas de muchas formas de violencia. Los cálculos que tenemos en el ministerio es que para hacer un plan de inserción sociolaboral que pueda cubrir las necesidades de esas mujeres necesitaríamos más de mil millones de euros en tres años. Es una decisión contundente, pero es la única manera efectiva.

Recientemente en la Comisión de Igualdad prometió que el aborto estaría garantizado en todos los hospitales públicos. ¿Cómo y cuándo se llevará a cabo ese compromiso?

Lo antes posible. Estamos en la fase de construcción y negociación de esa ley en el seno del Gobierno. Ya hay un texto propuesto y lo estamos trabajando. Por nuestra parte, cuanto antes.

Cualquier mujer que quiera abortar, algo que es un derecho en España, ¿podrá hacerlo en un hospital público?

Tiene que poder. Es que si no, lo que está ocurriendo, y el motivo por el que proponemos esto, es que hay muchas mujeres que a pesar de tener el derecho a interrumpir voluntariamente su embarazo reconocido por la ley, tienen que desplazarse cientos de kilómetros para poder reconocer ese derecho o hay algunas que directamente no pueden acceder.

Los vientres de alquiler son ya algo ilegal en nuestro país, quiero dejarlo claro. Puede haber subterfugios, pero es una práctica ilegal

La reforma de la ley del aborto incluirá la violencia obstétrica como forma de violencia machista. ¿En qué consiste exactamente y sobre todo, tienen ustedes datos sobre su dimensión?

Esa es nuestra propuesta. Lo que nos dice Naciones Unidas, que ha condenado a España precisamente por un caso de violencia obstétrica, es que esas prácticas existen. Quiero dejar claro que en nuestro país muchos profesionales sanitarios han dado un salto de gigante en las prácticas respetuosas con los derechos de las mujeres. Potenciar esas buenas prácticas y todo el proceso de elaboración de la ley del aborto que ha comandado Toni Morillas, la directora del Instituto de las Mujeres, nos ha servido para conocer muchas unidades de ginecología y obstetricia, grupos específicos contra la violencia obstétrica en muchos hospitales públicos, que tienen profesionales sanitarios que son los que más saben de eso. La promoción y extensión de esas buenas prácticas es la tarea que tenemos. Lo que nos dicen los organismos internacionales es que hay aproximadamente un 44% de mujeres que en el proceso de embarazo, parto y posparto han sufrido procedimientos innecesarios, dolorosos y además la gran mayoría no habían sido debidamente informadas.

Otro asunto delicado: vientres de alquiler. ¿Se va a prohibir la exigencia de agencias que actúen en este ámbito o que haya parejas que inscriban a niños y niñas obtenidos por este método?

La explotación reproductiva ya es algo ilegal en nuestro país, quiero dejarlo claro. Puede haber subterfugios, pero es una práctica ilegal. A partir de ahí, lo que nosotras creemos es que hay que reconocerlo como una forma de violencia contra la mujer: detrás de cada vientre de alquiler hay una mujer explotada en unas condiciones de precariedad absoluta. Ucrania es un país muy permisivo con la práctica de esta violencia contra las mujeres. También, efectivamente, tenemos que ser capaces de reforzar todos los mecanismos que impidan que haya empresas en nuestro país que publicitan una práctica que es ilegal y que se pueda perseguir penalmente. 

Casi la mitad de las mujeres en nuestro país dice que ha sufrido reglas tan dolorosas que le impedían el ejercicio de su labor profesional y por tanto hubiesen necesitado una baja laboral

¿Pero seguirá siendo legal por ejemplo que una pareja de hombres homosexuales se vaya a otro país y vuelva con un niño que puedan inscribir?

El ministerio es muy consciente de la necesidad de proteger al máximo los derechos de los niños y las niñas. Eso lo vamos a hacer siempre. Pero la explotación reproductiva supone una forma de violencia contra las mujeres que no solamente ya es ilegal, sino que requiere reforzar todos los mecanismos que, respetando los derechos de los niñas y niñas, permitan también proteger los derechos de las mujeres. Eso pasa por reforzar esas prohibiciones a las empresas que anuncian y hacen negocio con la violencia contra las mujeres, y también que esos contratos que se firman sean nulos de pleno derecho y puedan ser perseguibles.

Este martes llega al Consejo de Ministros el Plan Estratégico de Igualdad. ¿En qué aspectos aspira a cambiar la vida de las mujeres?

El plan propone medidas para las administraciones públicas en la promoción de la igualdad y veíamos que era importante adaptarlo a las consecuencias de la pandemia sobre la vida de las mujeres. Es un plan ambicioso que reconoce obligaciones, por ejemplo, de todas las unidades ministeriales en la promoción de la igualdad, y que se destinen partidas específicas en el ámbito de sus competencias. Además plantea medidas concretas que van desde la lucha contra la violencia hasta el reparto equitativo de la riqueza, el tiempo o los cuidados. El feminismo es luchar contra las violencias machistas, pero también es tener consultorios médicos en cada lugar del territorio o que haya servicios de conciliación, y que igual que hay un sistema de salud o de educación, lo tiene que haber de conciliación para garantizar los cuidados. El plan también nos va a servir para reconocer el trabajo que ya estamos haciendo como Gobierno. Nos queda mucho por hacer, pero este Gobierno está haciendo objetivamente inversiones presupuestarias históricas en igualdad: por primera vez más de 500 millones en el año 2022.

Usted misma ha incidido en la necesidad de avanzar hacia políticas de salud menstrual. ¿Está sobre la mesa el impulso de permisos menstruales en el ámbito laboral?

Sí. Para aquellas reglas que sean especialmente dolorosas. Ahí de nuevo los datos son muy brutales: casi la mitad de las mujeres en nuestro país dice que ha sufrido reglas tan dolorosas que le impedían el ejercicio de su labor profesional y por tanto hubiesen necesitado el reconocimiento de ese derecho de una baja laboral. Esa es nuestra propuesta, reconocer ese derecho para las reglas incapacitantes. Del mismo modo, hay una de cada cuatro mujeres en nuestro país que no puede pagarse los productos de salud menstrual que querría porque no tiene dinero, porque son productos que a pesar de ser necesitados por la inmensa mayoría de las mujeres, están gravados como si no fueran de primera necesidad. Tenemos que afrontar, idealmente, la cuestión del tipo impositivo. Pero también que puedan ser distribuidos de manera gratuita en espacios públicos y para sectores especialmente vulnerables como la gente más joven.

Las leyes feministas casi siempre se toman su tiempo en el Consejo General del Poder Judicial. A mí esa situación no me tiene contenta, pero lo asumo como parte de la realidad que vivimos las feministas

No hay apenas ejemplos ni experiencias a nivel internacional sobre ese permiso laboral. ¿En qué modelo se están basando o qué tienen en mente?

Estamos intentando que sea lo más parecido a otros permisos de incapacidad temporal que ya existen, pero vinculados al hecho concreto de tener una regla especialmente dolorosa que te incapacita.

La justicia europea ha concluido que el régimen laboral de las empleadas del hogar es discriminatorio. ¿Qué va a hacer el Gobierno contra la precariedad en los sectores más feminizados?

Es importante que reconozcamos el respaldo para las trabajadoras del hogar, mujeres muy precarias que realizan una tarea esencial en nuestra sociedad. La emergencia sanitaria lo ha puesto de manifiesto. Llevan muchos años luchando por el reconocimiento de sus derechos y ahora reciben un apoyo muy importante con esta sentencia. Nosotras tenemos que actuar con urgencia, tanto en la ratificación del Convenio 189 de la OIT, como en la garantía de todos sus derechos. Es el objetivo hacia el que caminamos. Las competencias son del Ministerio de Trabajo y trabajamos en estrecha coordinación porque esa sentencia nos deja claro que tenemos que cumplirla y las trabajadoras del hogar tienen derecho a que el Estado reconozca todos sus derechos. La ratificación del 189 de la OIT es un proceso y nos gustaría que fuese más rápido

Otro asunto que parece que se está tomando su tiempo en el CGPJ es la ley trans. ¿Qué espera de ese informe de este CGPJ?

En general las leyes feministas casi siempre se toman su tiempo en el Consejo General del Poder Judicial. A mí esa situación no me tiene contenta, pero lo asumo como parte de la realidad que vivimos las feministas y que viven las leyes feministas en nuestro país. Las leyes feministas de la legislatura Zapatero, desde la Ley de Violencia de Género, pasando por la Ley del aborto, la Ley de Igualdad o la Ley de matrimonio igualitario, también sufrieron muchas de las trabas que hoy estamos viendo en las leyes que forman parte de esta nueva generación de derechos feministas.

¿Qué nos intenta trasladar? ¿Tenemos un CGPJ machista?

Tenemos un Consejo General del Poder Judicial que objetivamente se toma su tiempo con las leyes feministas y creo que no es ninguna sorpresa que casi siempre se muestra crítico o contrario a los avances feministas, incluso aquellos que muy poco tiempo después de ser aprobados se demuestra que son las leyes que más hacen avanzar a nuestro país y las que más consenso social generan. La ley trans o la ley del solo sí es sí, pese a todas esas trabas, son de las leyes mejor valoradas en el conjunto de la acción legislativa del Gobierno de coalición. Nosotras vamos a seguir legislando y avanzando. Eso no sólo pasa por las leyes, pero desde luego también pasa por ellas. Yo tengo la confianza de que la ley trans en este periodo de sesiones pueda llegar a Cortes. A partir de ahí también los grupos tienen que hablar. Fue una negociación muy difícil, yo creo que la ley que hemos presentado es una buena ley, preserva lo fundamental, pero hay cosas que se quedaron en el tintero.

Tengo la sensación de que, lidere quien lidere el PP, han confiado su futuro a la alianza con la extrema derecha y creo que el conflicto de las últimas semanas demuestra que lo único que une a todo el mundo en el PP es la mentira y la corrupción

Hay un cambio en el liderazgo del Partido Popular pendiente. Todo el mundo dice que va a ser Alberto Núñez Feijóo, que ya ha declarado su intención de presentarse en el Congreso. ¿Qué esperan de este cambio? ¿Es Feijóo un hombre feminista?

Yo tengo la sensación de que, lidere quien lidere el Partido Popular, ellos han confiado su futuro a la alianza con la extrema derecha y creo que el tipo de conflicto que han mostrado al conjunto del país en las últimas semanas demuestra que lo único que une a todo el mundo en el Partido Popular es la mentira y la corrupción. Y eso es muy grave. Mejor que estén alejados del gobierno y de los gobiernos, no sólo del gobierno nacional, porque la mentira y la corrupción son muy malas cartas para gobernar en servicio del interés general y más en un momento donde nuestro país necesita transformaciones muy profundas, no parches. Transformaciones muy profundas en sus estructuras, en sus instituciones, en sus formas de organización de la economía y de la vida, para que realmente podamos hablar de un país que es feminista, donde todas las mujeres pueden tener tiempo para vivir y no sólo para trabajar y cuidar por un salario de miseria y en unas condiciones mucho más precarias que el conjunto de la población.

¿Pero cree que puede haber un cambio en Igualdad? Por ejemplo, ¿han analizado ustedes las políticas de Igualdad de Galicia?

Reconozco que con Galicia, en el seno de la coordinación interinstitucional, hacemos un buen trabajo. Cuando hay tareas de gobierno y de gestión hay la obligación de ponerse de acuerdo en muchas más cosas que en la contienda política o en el debate parlamentario.

No hay nada más lejos de la neutralidad que las propuestas de paz y de negociación, yo creo que son la única forma efectiva de ayudar a los ucranianos y ucranianas y de pararle los pies a Putin

Hay quien hace entre la invasión rusa en Ucrania y algunas materias de su ministerio algún tipo de paralelismo: un agresor en una posición de poder que agrede a una persona que no se puede defender. ¿Se puede estar en el medio entre un agresor y una víctima que además ve violada su soberanía, sus fronteras y también su determinación democrática de perseguir el futuro que quiera?

Creo que todos los demócratas en este momento sabemos que la prioridad de cualquier país tiene que ser pararle los pies a Putin. La mayoría en nuestro país y en el mundo entero entiende que esa agresión unilateral que se ha producido es absolutamente intolerable, viola todas las normativas internacionales, supone una violación de los derechos fundamentales de millones de ucranianos y ucranianas, que es insostenible en el tiempo y que debe cesar de inmediato. No hay nada más lejos de la neutralidad que las propuestas de paz y de negociación, yo creo que son la única forma efectiva de ayudar a los ucranianos y ucranianas y de pararle los pies a Putin. 

Precisamente en el marco de Naciones Unidas hay una petición permanente de que las mujeres tengan un mayor protagonismo en la paz. Si algo hemos defendido siempre las feministas es la paz, y que nuestra participación en las negociaciones puede ser efectiva para poner fin a los conflictos armados, precisamente porque las mujeres sufren muchas de las principales consecuencias negativas de las guerras. En todo conflicto armado, dure más o dure menos, incluso en aquellos en los que se machaca militarmente al adversario, termina habiendo acuerdos y diálogo para establecer de nuevo la convivencia. La alternativa a la paz es la escalada bélica, con consecuencias impredecibles, seguramente las de un conflicto global. Y eso no lo estoy diciendo yo, el ex jefe del Estado Mayor del Ejército Europeo lo decía con claridad en la televisión pública española: "El envío de armas seguramente no sea una medida eficaz para ayudar a los ucranianos".

¿Ha hablado usted de esto con Yolanda Díaz? Escuchándolas hablar no dicen lo mismo a pesar de compartir un espacio y en teoría un objetivo.

Hablamos. Y Yolanda Díaz es nuestra candidata, aunque tengamos posiciones diferentes en algunas cuestiones. Por supuesto lo hablo con mis compañeros y compañeras de Unidas Podemos y también con los compañeros del Partido Socialista cuando nos encontramos. El diálogo es la base del trabajo que realizamos y claro que lo podemos conversar, intercambiamos opiniones, yo les transmito qué es lo que pienso y ellos también me dicen lo que piensan y a veces pensamos diferente.

¿Está usted preocupada por el futuro del espacio de Unidas Podemos? En las últimas elecciones en Castilla y León se dejó cuarenta mil votos, mientras que la extrema derecha subió hasta casi el 18%.

Nuestro espacio político ha demostrado la utilidad que tiene para este país, incluso a pesar de los errores propios, como pueden ser los conflictos internos, o a pesar del acoso judicial y mediático al que hemos sido sometidas como ninguna otra fuerza democrática. A pesar de eso, estamos demostrando a España que se podía subir el salario mínimo, que ya está en mil euros y lo único que ha pasado es que ahora somos un país mejor y que las familias más vulnerables tienen más dinero para poder vivir sus vidas con dignidad. Que cuando decíamos que se podía sacar una ley del solo sí es sí, o una ley trans, o que se podía gobernar en coalición, al final hemos demostrado que era posible. Y este es un espacio político que a veces también pasa por momentos de mayor crecimiento y por momentos de mayor retroceso electoral. Ahí es donde se curte la militancia política, en ser capaces de defender tu proyecto y de hacer conquistas, incluso cuando no nos vienen bien dadas o incluso cuando tienes malos resultados electorales. Lo que nos toca es seguir trabajando a las duras y a las maduras para demostrar la utilidad y lo positivo que Unidas Podemos aporta a este país. Y ahora en concreto, por una posibilidad que creo que es ilusionante para mucha gente: que Yolanda Díaz pueda ser la primera mujer presidenta de nuestro país.

El tipo de violencia que sufrimos algunas mujeres que estamos ahora en la política institucional se llama violencia política y es una estrategia que despliegan los reaccionarios y la extrema derecha que consiste en destruir tu vida personal

Ha hablado del acoso que sufren los miembros de su partido. Usted misma ha conjugado en primera persona el acoso que ha sufrido muchas veces fruto de su actividad política. ¿Es la política institucional compatible con los cuidados, con los autocuidados? 

Quiero hacer una distinción. El tipo de violencia que sufrimos algunas mujeres que estamos ahora en la política institucional y la que sufren activistas como Pamela Palenciano se llama violencia política y es una estrategia que despliegan los reaccionarios que consiste en destruir tu vida personal, escrutar tu vida, ridiculizarte, infantilizarte, hacer que no seas respetable para la opinión pública. Es una estrategia que se llama violencia política contra las mujeres. Y otra cosa diferente es que efectivamente la política institucional, al menos a determinados niveles de responsabilidad, implica una dinámica de trabajo que está hecha por y para hombres que hasta hace muy poco tiempo delegaban en otras personas, normalmente mujeres, todo el resto de tareas que no tuviesen que ver con su actividad política. 

Sí creo que la política puede hacer una reflexión para ajustar y adecuar sus dinámicas, sus tiempos, ya no a la participación de las mujeres, sino a la compatibilidad con la vida. Precisamente por eso yo creo en la temporalidad de estas responsabilidades.

¿Usted ha hecho la reflexión de 'esto a mí no me compensa, que metan a mi pareja, a mis hijos, a mi familia… si lo sé no vengo'?

Inevitablemente. Ha habido momentos muy difíciles en el primer año de Gobierno, con el acoso en nuestra casa, el acoso a nuestros hijos y con la impunidad judicial con la que esos casos se resuelven en muchas ocasiones. Precisamente por eso, entre otros motivos, soy una firme defensora de la organización política y de la organización colectiva. Porque quienes hacemos política para transformar, ya sea desde un movimiento social, desde un partido político, desde un sindicato y ahora desde las instituciones, no tenemos medios para cuidarnos y para seguir adelante más allá del codo con codo y de los compañeros y compañeras. No es solo que efectivamente pensamos mejor juntas y que las conquistas de derechos siempre son una tarea colectiva, es que en el plano más personal yo no hubiese aguantado aquí ni cinco minutos si no es por mis compañeros y compañeras, algunos con nombres y apellidos. Y precisamente por eso, en ese sentido hermoso de saber que no estás sola nunca, defiendo la lealtad como uno de los valores más importantes en la política y en la vida. Porque me parece que solo junto a otras puedes puedes estar y ser feliz, incluso a pesar de que pueda ser muy hostil el entorno en determinados momentos en los que tienes que desarrollar tu actividad política.