Los expertos dicen que es una de las colecciones de arte privadas más impresionantes del mundo. Compuesta por más de 300 piezas, incluidas obras de Picasso, Monet y Degas, fue valorada en 2018 en casi 1.000 millones de dólares.

Esta sorprendente colección fue adquirida a lo largo de los años por el multimillonario ruso Roman Abramovich y su exesposa, Dasha Zhukova, según revelan documentos corporativos filtrados desde Chipre. Y, a pesar de las sanciones impuestas contra los oligarcas rusos a raíz de la invasión de Ucrania el año pasado, la pareja todavía disfruta de acceso a estas valiosísimas obras.

En febrero de 2022, pocos días después de que el Gobierno británico advirtiera a los oligarcas cercanos al Kremlin de que la invasión podría acarrearles sanciones, el fideicomiso chipriota que poseía la colección fue reestructurado, reduciendo la participación de Abramovich por debajo del umbral crucial del 50%.

Los detalles se revelan en archivos encontrados por el periódico británico The Guardian, el consorcio de medios de investigación OCCRP, al que pertenece infoLibre, y otros medios asociados, entre la información filtrada de MeritServus HC Limited, un proveedor de servicios corporativos chipriota, y publicados por la plataforma de ciberactivistas Distributed Denial of Secrets (DDoS).

La afición de Abramovich y Zhukova por el arte no es nada nuevo. La pareja cultivó su reputación de amantes del arte a lo largo de sus nueve años de matrimonio, cofundando un importante museo de arte contemporáneo en Moscú. Zhukova es fideicomisaria del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Y cuando Abramovich pagó 33,6 millones de dólares por Supervisora de ganancias durmiendo, de Lucien Freud, considerada una de las cimas del arte moderno, estableció un precio récord para la obra de un artista vivo.

Pero el tamaño de su colección privada, revelada en los archivos chipriotas filtrados, supera con creces lo conocido hasta ahora. Entre las obras se encuentran Le Jeune Toreador de Picasso y La Plage à Trouville de Monet, además de esculturas de Henry Moore, Anthony Gormley y Alberto Giacometti.

Una base de datos de obras de arte propiedad de oligarcas rusos recopilada por el Gobierno ucraniano para confiscarlas sólo incluye cuatro piezas relacionadas con Abramovich, muy lejos de la colección ahora descubierta.

“Se podría llenar un museo con ella, es una colección asombrosa”, declara a The Guardian Andrew Renton, profesor de Comisariado de Arte en el Goldsmith’s College, de la Universidad de Londres. “No es la vulgar colección de un nuevo rico, demuestra muy buen gusto. Si tienes suficiente dinero, puedes comprar un pedazo de historia”.

El experto en arte y consultor Claudio Metzger está de acuerdo. “Son obras prestigiosas”, destacó a L'Espresso, uno de los medios de OCCRP. “Se trata de piezas icónicas, de museo. Me sorprende ver juntas todas estas creaciones”.

OCCRP y The Guardian ya revelaron en su día cómo MeritServus HC Limited parecía seguir trabajando para Abramovich incluso después de la invasión de Ucrania. La empresa fue sancionada posteriormente por el Gobierno del Reino Unido. Abramovich y MeritServus no han respondido a las preguntas que OCCRP les ha enviado por correo electrónico. Zhukova ha declinado hacer ningún comentario.

Las obras que se han descubierto gracias a la filtración eran técnicamente propiedad de Seline-Invest, una empresa domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas que fue trasladada a la isla británica de Jersey en junio de 2017 y finalmente mantenida en un fideicomiso con sede en Chipre llamado Ermis Trust Settlement.

Seline adquirió las obras a empresas de Abramovich en la época en que se divorció de Zhukova, en 2017 y 2018. Los precios que figuran en los documentos de venta desglosados ascienden a 963 millones de dólares.

En enero de 2021, Zhukova se convirtió en beneficiaria “adicional” de Ermis, que originalmente se había creado sólo para Abramovich en 2010. Las acciones de la pareja, ahora divorciada, se fijaron al 50%. Pero en febrero de 2022, justo antes de la invasión rusa, el fideicomiso se reestructuró para aumentar la participación de Zhukova al 51% y reducir la de Abramovich al 49%. El cambio pudo haberse diseñado para proteger las obras de arte de las sanciones que se avecinaban, ya que éstas a menudo se aplican sólo a los activos que son propiedad al 50% de las personas incluidas en la lista negra.

De hecho, Abramovich fue sancionado por el Reino Unido y la UE en la primera quincena de marzo de 2022 por su supuesta asociación con Putin. Aunque algunos de sus activos más visibles fueron congelados y se vio obligado a vender el Chelsea FC, las obras de arte permanecieron intactas.

“La regla del 50% funciona con ligeras diferencias según las jurisdicciones, pero en cualquier versión de las normas resulta atractivo reducir el interés del beneficiario de un fideicomiso que probablemente va a ser sancionado”, explica Tom Keatinge, director del Centro de Estudios sobre Delitos Financieros y Seguridad del think tank británico Royal United Services Institute. “Eso ocurrió en muchos casos en el periodo previo a la guerra, con la esperanza de mantener los activos fuera del alcance de las autoridades sancionadoras”, añade Keatinge.

Zhukova, que es ciudadana estadounidense, no ha sido sancionada y se ha manifestado en contra del ataque de Rusia a Ucrania. No hay indicios de que estuviera al tanto o involucrada en el cambio de su participación en Ermis, ya que los administradores del fideicomiso tenían el poder de hacer tales alteraciones sin su conocimiento.

Keatinge apunta que es probable que los oligarcas cercanos a Putin tuvieran “una estrategia para hacer frente al aumento de la presión [de las sanciones]” incluso antes de ser sancionados. “Este es un ejemplo de oligarca que aplica una estrategia bastante simple para salvaguardar su riqueza”, indica.

La filtración muestra cómo Abramovich y Zhukova reunieron su colección. A finales de 2010, Abramovich fichó a Sandford Heller, asesor de arte de los coleccionistas más ricos del mundo, con un contrato de 500.000 dólares al año. Durante los seis años siguientes, Heller ayudó a Abramovich y Zhukova a reunir la colección. Heller no respondió a la solicitud de comentarios que le ha cursado OCCRP.

La ubicación de las obras se desconoce. Pero los documentos a los que ha tenido acceso OCCRP muestran que algunas de ellas estuvieron almacenadas en Londres durante años. A diferencia de otros famosos inversores en arte, Abramovich y Zhukova no han expuesto toda su colección al público. Algunas piezas se han prestado ocasionalmente a exposiciones, pero normalmente de forma anónima; en sus etiquetas sólo podía leerse “colección privada”.

Un perfil de 2021 de Zhukova colgado en un sitio web de arte describía cómo sus residencias están llenas de obras de arte: “Convive con todo tipo de creaciones, desde una pintura figurativa de Mark Tansey hasta una abstracta de Piet Mondrian”. Pero las piezas de la colección no se han visto en público desde las sanciones contra Abramovich, probablemente debido a las complicaciones que le han causado.

“Es lamentable que el fideicomiso que posee estas obras no pueda prestarlas debido a las sanciones”, declara a The Guardian la experta en el mercado del arte Georgina Adam. “Estas sanciones”, señala, “se impusieron por una buena razón. Ahora, la consecuencia de las inversiones en arte de Abramovich es que el público se ve privado de la oportunidad de disfrutar de algunas de las más grandes obras modernas y contemporáneas”.

La filtración revela que, antes de ser sancionado, Abramovich hizo trasladar ciertas piezas a sus mansiones europeas o a su yate de 1.300 millones de dólares. Según los contratos de préstamo entre Seline y las empresas asociadas a las propiedades de Abramovich, las obras de arte salieron del almacén para ser expuestas en privado. “Es una tragedia que esta colección vaya a permanecer invisible durante mucho tiempo, a menos que se llegue a algún tipo de solución”, protesta Andrew Renton. “Hay muy pocos cuadros de este tipo para que eso ocurra”, concluye.

A primera vista, la lista de clientes de la gestora de inversiones suiza Finaport Holding puede parecer increíblemente limpia. Entre 2017 y 2019, la firma –que administra cuentas bancarias, empresas y activos para sus ricos clientes– presentó sólo dos alertas de transacciones sospechosas al regulador suizo. Cuando una asociación del sector lo investigó, el director de operaciones de Finaport respondió que él no había “oído ni leído nada [al respecto]”.

Sin embargo, durante ese mismo periodo, Finaport representó a más de una docena de clientes de todo el mundo que tenían conexiones políticas de alto nivel, estaban acusados de corrupción o se enfrentaban a cargos penales. Si un cliente proporcionaba los documentos adecuados, Finaport concluía su investigación en sólo 20 minutos.

Así lo demuestra una filtración de documentos que fueron publicados brevemente en internet por el grupo de hackers rusos APLHV el pasado febrero. Los obtuvo la televisión pública suiza RTS, que los compartió con periodistas de OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), entre ellos infoLibre, así como de Le Monde y Der Spiegel. Los periodistas accedieron a registros judiciales, buscaron en bases de datos comerciales y entrevistaron a expertos en blanqueo de capitales, académicos y activistas para corroborar e interpretar los datos filtrados y confirmar los antecedentes de los clientes de Finaport.

Entre estos clientes se encontraban un exministro afgano destituido por corrupción, un político peruano relacionado con el escándalo Lava Jato de sobornos masivos y el hijo de un antiguo jefe de los servicios de inteligencia de Uzbekistán . Entre sus clientes también se encuentra una sociedad registrada en España, filial de la venezolana Suelopetrol, una empresa privada creada en 1984 y presidida por Henrique José Rodríguez Guillén. Se trata de Suelopetrol Exploración y Producción SL, a través de la cual Suelopetrol es dueña del 40% Petrocabimas SA. El otro 60% es propiedad de la estatal PDVSA. Petrocabimas posee los derechos de concesión de cinco yacimientos petrolíferos.

En España, Suelopetrol tiene registradas otras dos sociedades, Suelopetrol Internacional SL y Suelopetrol SLU. Ninguna de estas dos empresas tiene personal, según consta las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, mientras que Suelopetrol Exploración y Producción SL sólo cuenta con un empleado. El 25% de su capital social lo han suscrito dos sociedades domiciliadas en Barbados, un conocido paraíso fiscal del Caribe. Suelopetrol no ha contestado a OCCRP cuando le ha preguntado por la naturaleza de la operativa que mantenía con Finaport ni los procedimientos de due dilligence a que fue sometida por la firma suiza.

Pero la mayoría de los clientes que deberían haber activado las señales de alarma más evidentes eran ciudadanos rusos.

A preguntas de OCCRP, Finaport responde que la información filtrada es una “selección arbitraria, desactualizada e incompleta” y que “sacar conclusiones de ella sobre las actividades empresariales de Finaport lleva a insinuaciones falsas y/o engañosas”.

La correspondencia filtrada revela que los empleados de Finaport estaban dispuestos a rebatir las solicitudes de diligencia debida (due dilligence) de los bancos, a veces en términos contundentes. Por ejemplo, en 2016, cuando un empleado del banco de inversión suizo Julius Baer escribió a Finaport para preguntarle por el origen del patrimonio de un cliente, un alto empleado de Finaport respondió con aparente incredulidad. “Esto ni siquiera es compliance [cumplimiento], es puro acoso”, escribió el empleado. “Esto se está volviendo ridículo... ¿Dónde ha ido a parar el espíritu del sí se puede y el sentido común...? En los próximos días, [el cliente] se irá con sus activos a un banco de [Liechtenstein]. ¿Les felicito?”.

Y al reenviar a un colega el intercambio de mensajes con el banco, escribió: “Esta es la clase de mierda con la que nos hacen tratar”. Preguntado por esa respuesta, Finaport asegura que el empleado estaba frustrado porque le habían pedido la misma información varias veces y que sería erróneo sacar conclusiones sobre “una cultura de cumplimiento insuficiente en Finaport o incluso incumplimientos de la diligencia debida a partir de este incidente puntual”.

Con una plantilla que no supera los 50 empleados, Finaport explica que su objetivo es “preservar el patrimonio y generar ingresos” para sus clientes, “esforzándose por invertir de forma altamente ética y sostenible”.

Con los documentos de la filtración no fue posible establecer cuántas transacciones supervisa o procesa Finaport para sus clientes cada año. Pero los expertos en compliance afirman que muchas de las transacciones descubiertas deberían al menos haber alertado a la Oficina Suiza de Comunicación y Denuncia sobre Blanqueo de Capitales, conocida como MROS.

La legislación suiza exige a las empresas de gestión de patrimonios como Finaport que informen a la MROS de las transacciones si tienen “motivos razonables para sospechar que los activos implicados en la relación comercial están relacionados con un delito”, o si los fondos o activos implicados pueden ser el “producto de un delito grave”.

Cuando se le presentaron algunas de las conclusiones de la investigación, un experto suizo en cumplimiento de la normativa, que pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias, explicó que los gestores financieros tienen las mismas obligaciones de compliance que los bancos y que algunas de las comprobaciones de diligencia debida realizadas por Finaport no estaban a la altura de las normas exigidas por la autoridad financiera suiza.

Contactada por los medios de OCCRP, Finaport responde que es una “gestora de activos pura”, que “lleva a cabo actividades de gestión de activos exclusivamente sobre la base de poderes limitados a acciones administrativas” y que “no puede abrir cuentas, aceptar fondos o ejecutar pagos en nombre de clientes”. También indica que respeta “todas las normas jurídicas aplicables a la empresa” y que su cumplimiento de la normativa se somete a auditorías anuales.

Finaport admite que prestó servicios a “un número muy pequeño de clientes clasificados como Personas Expuestas Políticamente”. “Teníamos y tenemos en todo momento una imagen completa de nuestros clientes y beneficiarios reales de los activos gestionados. Siempre hemos tenido y seguimos teniendo la certeza necesaria de que los activos bajo nuestra gestión no procedían de delitos subyacentes al blanqueo de capitales, ni estaban bajo el control de organizaciones delictivas”, argumenta Finaport. “En caso de duda al respecto”, concluye la firma suiza, “hemos aplicado sistemáticamente los requisitos legales para tales situaciones”.

Los documentos filtrados muestran que los clientes de mayor riesgo de Finaport se enviaban para una revisión adicional a Alexander Rabian, un abogado del bufete Streichenberg de Zúrich (Suiza) que era asesor jefe del departamento de cumplimiento de Finaport. Un correo electrónico interno de 2018, en el que aparentemente se explicaban los procedimientos de la empresa a un nuevo empleado, detallaba que Rabian normalmente no tardaba “más de 15-20 minutos en revisar” los expedientes de los posibles clientes, siempre que se incluyeran todos los documentos necesarios.

Contactado por OCCR, Rabian asegura que llevó a cabo “segundas revisiones” de comprobaciones anteriores sobre los clientes potencialmente de mayor riesgo. “Siempre devolví los expedientes incompletos al departamento de cumplimiento y a los asesores de los clientes para que los completaran, incluso varias veces si era necesario. En algunos casos, de hecho, era posible estudiar y evaluar un expediente perfectamente preparado en 15 o 20 minutos, siempre que la situación fuera sencillamente manejable a pesar de un posible aumento del riesgo”, explica, tras añadir que, normalmente, se tardaba mucho más.

Los documentos filtrados muestran que uno de los clientes revisados y aprobados por Alexander Rabian fue la empresa suiza Radamant Finance AG, propiedad de los bielorrusos Yuri y Alexei Khotin, padre e hijo. Apodados los “oligarcas secretos” por los medios rusos, los Khotin poseían más de un millón de metros cuadrados de propiedades en Moscú, incluido el hotel Four Seasons, según un informe publicado por la revista Forbes en 2019. A través de Radamant, los Khotin también poseían un banco ruso, Yugra Bank, ahora desaparecido, que bajo su gestión pasó de ser un pequeño prestamista regional a convertirse en uno de las mayores entidades financieras del país.

El presidente de Finaport, Hellmut Schümperli, fue nombrado administrador único de Radamant en mayo de 2016, después de que la empresa superara con éxito un proceso de diligencia debida. Una resolución de los accionistas sin firmar, fechada el 29 de noviembre de 2016, autorizaba a Schümperli a “ejecutar” una serie de 22 pagos por valor de 587 millones de dólares desde la cuenta de Radamant en Yugra a una empresa chipriota llamada Bittos Logistics Enterprises Ltd.

OCCRP no han podido verificar si la resolución se llevó a cabo finalmente, pero los registros financieros de Radamant muestran que los pagos se efectuaron y que el acuerdo se discutió en múltiples correos electrónicos posteriores. La resolución de los accionistas establece que el dinero se enviaría en relación con “acuerdos de compra y venta de pagarés”, pero no ofrece más detalles. En el momento en que se redactó la resolución, los Khotin supuestamente estaban vaciando Yugra de más de 2.000 millones de euros y escondiendo una fortuna en empresas de Chipre, según consta en un caso civil presentado en un tribunal de distrito ruso por la agencia de seguros que se hizo cargo del banco tras su colapso. El caso sigue abierto.

Los periodistas tampoco han encontrado pruebas de que Finaport hubiera tenido conocimiento de las acusaciones de malversación contra los Khotin mientras realizaban las transferencias a Bittos. Pero el volumen y la estructura de la transferencia deberían haber suscitado algunas dudas, según Tom Mayne, investigador de la Universidad de Oxford especializado en leyes anticorrupción. “Para empezar, es difícil ver la lógica económica de transferir 587 millones de dólares, especialmente si existía el peligro de no recibir los pagarés”, explica. Finaport tampoco respondió a las preguntas de OCCRP sobre las medidas que tomó en relación con estas transferencias. Y, a mediados de 2017, estaba claro que Yugra tenía problemas financieros.

En julio de ese año, el Banco Central de Rusia emitió un comunicado anunciando que había revocado la licencia bancaria de Yugra. La historia fue recogida por la agencia Reuters, que informó de que, según afirmaba el Banco Central ruso, “el modelo de negocio de Yugra se basaba en prestar a proyectos vinculados a sus propietarios”, además de haber realizado “transferencias sospechosas”.

En septiembre de 2018, Yugra fue declarado en quiebra. Pero Finaport siguió trabajando con Radamant –y, por extensión, con los Khotin– hasta mediados de 2019.

De forma que la suspensión de la licencia de Yugra por sospechas de transferencias y préstamos a sus propietarios, así como el colapso financiero del banco, deberían haber hecho sonar las alarmas, apunta Tom Mayne. “Deberían haber sido señales claras para Finaport de que había que extremar la precaución en las transacciones relacionadas con Yugra, incluida una mayor diligencia debida”, precisa.

Pero un documento filtrado de diciembre de 2018 muestra que Finaport trabajó en un acuerdo para que Radamant perdonara la deuda de Bittos a cambio de acciones en tres empresas chipriotas.

Sobre el papel, estas tres sociedades eran valiosas. Según figura en sus informes anuales, poseían los derechos de ocho yacimientos petrolíferos en Rusia, valorados en miles de millones de dólares. Pero ninguna de ellas, ni su sociedad de cartera, Hazapour Ltd., tenía una cuenta bancaria o fondos propios, de acuerdo con otro correo electrónico de Rabian. Los informes anuales también indican que las empresas se hicieron con los campos petrolíferos por entre 129 y 131 euros cada uno en septiembre y octubre de 2018, justo cuando Yugra estaba quebrando. Los documentos no ofrecen ninguna explicación a ese precio tan bajo.

En el borrador de otra carta incluido en la filtración, Rabian se preocupa por la legitimidad de las empresas, sus activos y el acuerdo. “A pesar de nuestras reiteradas peticiones, no se nos ha enviado ninguna información fiable sobre la viabilidad económica de [las tres] empresas”, escribió Rabian. También señaló que las partes en el acuerdo parecían estar estrechamente vinculadas a los Khotin, y sugirió que los propios Khotin podrían estar detrás de Hazapour y las empresas chipriotas. “Los controladores/propietarios reales de [Hazapour] son idénticos a los controladores/propietarios reales de Radamant o son al menos cercanos a ellos”, aseguraba, añadiendo que “pueden surgir dudas sobre si la adquisición por parte de Radamant de las acciones de las empresas se llevó a cabo de acuerdo con el principio de negociación en condiciones de mercado”.

Finaport cortó sus lazos con Radamant en julio de 2019, pero los registros internos de Finaport muestran que no activó ninguna alerta MROS ese año. Rabian siguió trabajando en el acuerdo en su calidad de abogado del bufete Streichenberg al menos hasta 2021, según muestran los correos electrónicos filtrados. No está claro si el acuerdo se cerró finalmente.

Cuando OCCRP les preguntó por clientes concretos, los directivos de Finaport dijeron que no podían responder porque están “sujetos al secreto profesional protegido por el derecho penal”. Los Khotin no han contestado a las preguntas de OCCRP.

Unos meses antes de que el Banco Central de Rusia revocara la licencia bancaria de Yugra, también suspendió las licencias de las compañías de seguros pertenecientes al empresario Alexander Kondratenkov. Dos años después, en agosto de 2019, el Ministerio de Justicia ruso acusó a Kondratenkov de malversación de fondos, alegando que había cometido fraude de seguros. El caso sigue abierto. Kondratenkov no ha respondido a las solicitudes de comentarios cursadas por OCCRP.

Pero, para cuando fue acusado, Kondratenkov ya había huido. Se desconoce su paradero actual, pero los documentos filtrados revelan cómo Finaport le ayudó a abrir cuentas bancarias en Suiza con una segunda identidad chilena.

En un memorando de octubre de 2018, un miembro del personal de Finaport que gestionaba la cuenta de Kondratenkov explicó que su cliente tenía una cuenta en el Banco UBP bajo su nombre ruso, y otra en el Banco Mirabaud bajo su recién obtenido nombre chileno, Alexander García Feskov. Según la nota, el nombre responde a una combinación del nombre original del padre de Kondratenkov, nacido en Chile, y el apellido de soltera de su madre. Con la ayuda de Finaport, consiguió mover varios millones de dólares de Rusia a Suiza y luego a sus cuentas abiertas como García Feskov en Mirabaud, tal y como muestran documentos internos.

Esos archivos desvelan que Finaport comenzó a trabajar con Kondratenkov, y lo ayudó a abrir cuentas bancarias bajo su nombre chileno, antes de que aparecieran publicadas en la prensa las acusaciones en su contra. Pero en agosto de 2019 los medios rusos ya habían cubierto ampliamente el caso. El periódico Kommersant, considerado uno de los principales diarios del país, informó de que Kondratenkov había sido acusado de un fraude “especialmente grave”.

Al parecer, las informaciones alarmaron al personal del Banco Mirabaud, que bloqueó una transferencia de 800.000 dólares realizada en nombre de Kondratenkov debido a “problemas de cumplimiento”.

Finaport escribió otro memorando, fechado en noviembre de 2019 y dirigido al banco, rechazando esas informaciones. Finaport dijo que los medios rusos que cubrían el caso eran prensa “basura” y afirmó que Kondratenkov no era el propietario de la empresa en el centro del escándalo. Sin embargo, una sentencia judicial rusa ha confirmado este año que la empresa era en realidad de Kondratenkov.

Sin embargo, Mirabaud presentó una alerta a las autoridades suizas de lucha contra el blanqueo de capitales a mediados de noviembre y cerró todas las cuentas de Kondratenkov entre enero y marzo de 2020, según una fuente cercana al asunto que no está autorizada a hablar oficialmente.

Incluso antes de conocerse las acusaciones de malversación, el uso de múltiples identidades por parte de Kondratenkov debería haber sido una señal de alarma, advierte un antiguo agente de la agencia francesa de lucha contra el blanqueo de capitales Tracfin. “Aunque no está prohibido tener dos pasaportes, tener dos identidades distintas es muy cuestionable”, asegura el ex agente bajo condición de anonimato, porque no está autorizado a hablar con la prensa.

El juicio de Kondratenkov está aún pendiente de sentencia y las autoridades rusas continúan buscándolo. Las informaciones publicadas por los medios rusos y los documentos judiciales obtenidos por OCCRP lo sitúan en Londres y en una lujosa ciudad de los Alpes franceses desde 2020.

Mientras tanto, los documentos internos de Finaport desvelan que la firma suiza continuó clasificando a Kondratenkov como cliente de “bajo riesgo” hasta al menos mayo de 2020, mucho después de que los cargos en su contra en Rusia se hicieran públicos. Los registros filtrados muestran que la firma seguía trabajando en nombre de su esposa en fecha tan reciente como abril de 2022.

Rabian, el abogado, explica a OCCRP que Kondratenkov no es actualmente cliente de Finaport. “Sobre la base de lo que hemos podido encontrar en fuentes públicas, tenemos serias dudas de que Alexander Kondratenkov haya sido objeto de un proceso penal en Rusia que cumpla las garantías del Convenio Europeo de Derechos Humanos”, añade.

Uno de los clientes más importantes de Finaport, a juzgar por el valor de los activos que gestionaba, era Liubov Komissarenko. Nacida en Ucrania en 1977, Komissarenko acababa de terminar sus estudios en Moscú a mediados de la década de 2000 cuando empezó a crear empresas de construcción, incluidos instaladores y un distribuidor de equipos técnicos para el suministro de agua.

En un documento de diligencia debida redactado por Finaport en 2022 se decía que Komissarenko había empezado fabricando ventanas antes de pedir un préstamo bancario para dedicarse a la construcción a mayor escala.

Lo que no mencionaba era que su empresa también había recibido contratos públicos de una empresa estatal rusa dirigida por su pareja sentimental, Alexander Ponomarenko, a quien no hay que confundir con el multimillonario empresario portuario y banquero sancionado del mismo nombre.

Un formulario KYC –Conozca a Su Cliente por sus siglas en inglés– elaborado en 2018 para Komissarenko establecía que Liubov y Alexander habían sido “pareja de hecho” desde 2003. Un abogado que responde en nombre de una de las empresas alemanas de Komissarenko indicó que la relación terminó “hace varios años”.

En 2012, Ponomarenko fue nombrado director de Mosvodokanal, el mayor proveedor de servicios de alcantarillado de Rusia, que entonces otorgó a la empresa de Komissarenko contratos por valor de millones de euros. El abogado que responde por la empresa alemana de Komissarenko niega que ella se beneficiara de forma significativa de estos contratos y afirma que hizo su fortuna de manera independiente gracias al sector inmobiliario y a la construcción. Ponomarenko no respondió a las solicitudes de comentarios hechas por OCCRP.

Komissarenko se convirtió en cliente de Finaport en noviembre de 2014. La hija de Ponomarenko, Natalia, se convirtió en cliente en diciembre de 2016, seguida por el marido de Natalia en julio de 2017 y luego por Andrei, hijo de Komissarenko de un matrimonio anterior, en diciembre de 2017. A finales de 2022, las diversas cuentas bancarias vinculadas a Ponomarenko gestionadas por Finaport tenían un total de 46 millones de dólares. Ninguno de los miembros de la familia ha contestado a las preguntas de OCCRP.

La invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022 puso a los banqueros europeos en una alerta aún mayor a la hora de ofrecer servicios a clientes rusos o vinculados con Rusia, y los paquetes de sanciones que se aprobaron después deberían haber provocado una revisión de la base de clientes de las firmas financieras. Es “enormemente peligroso” abrir cuentas o gestionar activos para clientes rusos, según advierte Viktor Winkler, experto en sanciones y perito en el Parlamento alemán, a Paper Trail Media, uno de los socios de OCCRP. El “pasillo” en el que tales servicios se pueden prestar legalmente es ahora “muy, muy estrecho”, resalta. “Y dentro de este pasillo enormemente estrecho, hay que realizar controles exhaustivos y completos, y aplicar numerosas salvaguardias”.

En octubre de 2022, un empleado de Reyl envió un correo electrónico en el que expresaba su dudas por la información incompleta del expediente de diligencia debida de Finaport sobre Komissarenko y, en particular, por su vinculación con Ponomarenko. El correo también mencionaba una información donde se aseguraba que Ponomarenko “ayuda [a Komissarenko] a obtener los contratos estatales necesarios”.

El empleado de Reyl también advirtió de que Finaport no había revelado que Komissarenko tiene nacionalidad rusa. En los correos electrónicos filtrados no queda claro cómo respondió Finaport ni si Reyl tomó alguna otra medida. Finaport rehúsa hacer comentarios a OCCRP sobre clientes concretos. Por su parte, Reyl contesta que el banco “siempre ha actuado, y sigue actuando, de acuerdo con todas las leyes y reglamentos aplicables, y no tiene más comentarios”.

El propio Ponomarenko no parece haber sido cliente de Finaport. Las actividades de Mosvodokanal desde febrero de 2022 probablemente habrían hecho extremadamente difícil para cualquier empresa europea trabajar con él: la empresa ha animado a sus trabajadores a luchar en nombre de Rusia en Ucrania.

Un vídeo publicado en Vkontakte, una red social rusa, anuncia que al personal de Mosvodokanal que se presente para el servicio militar se le darán garantías de que se les mantendrán sus puestos de trabajo hasta su regreso, y de que disfrutarán de “las mismas ventajas que el personal militar”. “La empresa sigue de cerca el destino de todos los que están en el frente”, proclama Mosvodokanal en el vídeo.

Con información de Begoña P. Ramírez, periodista de infoLibre

Los periodistas se han esforzado durante años por determinar qué patrimonio tiene Vladímir Putin.

El presidente ruso, que cultiva una imagen pública de patriotismo sobrio, ha sido vinculado a una serie de lujosas propiedades, como un inmenso palacio en el Mar Negro, las hectáreas de viñedos circundantes, una estación de esquí y un chalé al norte de San Petersburgo.

Pero siempre ha sido imposible relacionar la propiedad de estos bienes directamente con Putin a través de un rastro documental. Muchas veces han sido amigos de Putin quienes han dado un paso adelante para reclamarlos como propios.

Un viejo amigo y antiguo sparring de judo del presidente ruso, Arkady Rotenberg, dice ser dueño del palacio del Mar Negro. Los viñedos de los alrededores se reparten entre otros dos socios de Putin: el hijo de uno de sus amigos de la infancia y un conocido oligarca, Gennady Timchenko. La villa al norte de San Petersburgo pertenece a Sergei Rudnov, el hijo de otro viejo amigo que murió en 2015.

Pero todos estos activos, aparentemente en manos de varias personas diferentes, tienen algo en común: son propiedad de empresas y entidades sin ánimo de lucro que están conectadas entre sí por una infraestructura técnica subyacente visible a través de un dominio de correo electrónico: LLCInvest.ru.

Todos los activos importantes que se han atribuido públicamente a Putin comparten esta conexión.

Así lo prueban diversas pruebas documentales obtenidas por el consorcio periodístico OCCRP, que compartió su investigación con diversos medios de comunicación internacionales, entre ellos infoLibre en España.

Lo que podríamos denominar "empresas de LLCInvest" también poseen otras docenas de propiedades y negocios valiosos. Algunas están relacionadas con el Banco Rossiya, una entidad ampliamente conocida como "el banco de Putin", mientras que otras pertenecen en última instancia a miembros de su círculo íntimo. Esta entidad financiera comenzó a amasar un imperio empresarial con intereses en medios de comunicación, telecomunicaciones, inmuebles y turismo después de que Putin fuera elegido presidente por primera vez en el año 2000.

Los periodistas de OCCRP y de Meduza se fijaron en LLCInvest.ru después de que una investigación de 2017 del semanario ruso Sobesednik señalara que era utilizada por una red de organizaciones sin ánimo de lucro fundada por los amigos de Putin. Siguiendo esta pista, encontraron decenas de otras empresas y entidades sin ánimo de lucro cuyo personal y propietarios utilizan direcciones de correo electrónico en este dominio, y que parecen estar interconectadas.

El dominio LLCInvest.ru está alojado en una empresa tecnológica llamada Moskomsvyaz, que a su vez está estrechamente vinculada al Banco Rossiya. El año pasado, una fuente filtró a los periodistas una gran cantidad de metadatos de correos electrónicos de Moskomsvyaz, que revelaban que los gerentes, propietarios y empleados de estas empresas de LLCInvest, aparentemente sin relación entre sí, se comunicaban con frecuencia de un modo que sólo cabría esperar de personas que trabajan juntas.

Por ejemplo, Rudnov, el hijo de un viejo amigo de Putin, es el propietario de una empresa llamada Volna que utiliza el dominio LLCInvest.ru. Los correos electrónicos filtrados muestran al cofundador de una empresa de LLCInvest completamente diferente debatiendo sobre las finanzas de Volna con otro hombre que utilizaba una dirección LLCInvest.ru. Ninguno de ellos tiene ninguna conexión pública con Volna.

Otra filtración proporciona pruebas adicionales de que las empresas LLCInvest trabajan juntas. Los correos electrónicos de una empresa constructora que levantó una villa al noroeste de San Petersburgo conocida localmente como "la dacha de Putin" muestran que tres empresas diferentes de LLCInvest son propietarias de distintas parcelas alrededor del complejo, mientras que una cuarta entidad –una organización sin ánimo de lucro aparentemente dedicada al "renacimiento de las tradiciones marinas"– gestionó la construcción.

"La única explicación que veo es que estas empresas están unidas por un sistema de gestión común", indicó un experto en corrupción en Rusia que revisó los hallazgos de OCCRP. [No se le identifica porque relacionarse con OCCRP, considerada una entidad "indeseable" por las autoridades rusas, puede conllevar ahora una severa sanción legal, incluido ir a prisión).

Muchos de los propietarios de las empresas de LLCInvest proceden de un grupo de amigos y socios que se agruparon en torno a Putin cuando éste era un alto funcionario de San Petersburgo en la década de 1990, añadió. "[LLCInvest] se parece sobre todo a una cooperativa, o a una asociación, en la que sus miembros pueden intercambiar beneficios y propiedades", concluyó.

En total, los periodistas pudieron identificar 86 empresas y entidades sin ánimo de lucro que parecen formar parte de esta red informal. En conjunto, poseen activos por valor de cerca de 4.300 millones de euros, incluyendo mansiones, aviones, yates y cuentas bancarias repletas de fondos. Todas ellas están interconectadas y comparten los mismos administradores, direcciones de registro y proveedores de servicios, como auditores y registradores.

Un puñado de estas sociedades son propiedad directa del Banco Rossiya, mientras que varias docenas más pertenecen a miembros del consejo de administración o accionistas del banco, entre los que se encuentran el empresario multimillonario Yuri Kovalchuk y la rumoreada amante de Putin, Svetlana Krivonogij. Unas 18 empresas parecen no tener ninguna relación con el banco a primera vista, pero en realidad pertenecen a empleados de la entidad de menor nivel. El resto son mayoritariamente propiedad de amigos y socios de Putin, como Rotenberg y Rudnov.

En un intento por entender mejor la configuración de LLCInvest, los periodistas enviaron correos electrónicos a más de 100 cuentas descubiertas en el curso de esta investigación, incluyendo directivos y accionistas de las compañías. Un rastreador de correos electrónicos mostró que se abrieron docenas, y algunos enviaron respuestas automáticas de "fuera de la oficina", pero ni una sola persona respondió a las preguntas planteadas.

Los periodistas también se pusieron en contacto por teléfono con cinco representantes de empresas de LLCInvest. Cuatro colgaron sin hacer comentarios. Un hombre que figuraba como administrador de varias empresas confirmó que utiliza una dirección LLCinvest.ru, que se le asignó después de ser contratado, pero dijo que no sabía quién era el propietario de las empresas. "Soy un humilde empleado y me ocupo de mis asuntos. Sólo firmo papeles", confesó. "¿Saben que a veces personas indigentes son registradas como directivos de una empresa? Yo no soy un indigente, pero firmo los papeles, como ellos, sin entrar en detalles".

Moskomsvyaz, la empresa que aloja el dominio LLCInvest, no respondió a las preguntas planteadas. Cuando una periodista llamó, haciéndose pasar por un potencial cliente, para ver si era posible que alguien utilizara los servicios de Moskomsvyaz, fue dirigida a un empleado de soporte técnico que pidió que se enviaran las solicitudes por correo electrónico y señaló que la "política" de la empresa era no aceptar "clientes privados". Los repetidos correos electrónicos quedaron sin respuesta.  

OCCRP envió al Kremlin una descripción detallada de los hallazgos realizados para conocer su versión. Un portavoz oficial se limitó a responder: "El presidente de la Federación Rusa no está vinculado ni relacionado de ninguna manera con los activos y organizaciones que ustedes mencionan".

Todavía se desconocen muchas cosas sobre las empresas de LLCInvest, entre ellas si representan una especie de estructura de holding informal o simplemente comparten infraestructura técnica. Incluso se desconoce el alcance total del universo LLCInvest, siendo la cifra de 86 empresas y entidades sin ánimo de lucro una estimación conservadora. Pero analizados en conjunto, estos hechos ofrecen una imagen intrigante de cómo el Banco Rossiya conecta miles de millones en activos, procedentes del círculo íntimo de Putin, de una manera que parece beneficiar al propio presidente.

En la norteña república rusa de Carelia, a orillas del Golfo de Finlandia, se encuentra una hermosa mansión de ladrillo conocida como Villa Sellgren. Diseñada por un célebre arquitecto finlandés antes de la revolución rusa, fue utilizada para rodar una exitosa película soviética sobre Sherlock Holmes.

En 2017, la casa se hizo famosa por segunda vez. Citando fuentes de la administración local y de los residentes de la zona, el canal de televisión independiente Dozhd informó de que la mansión se había convertido en un destino vacacional para Putin. Dozhd también descubrió que la villa era propiedad de Rudnov, el hijo de un viejo amigo de Putin.

Rudnov utiliza una dirección de correo electrónico de LLCInvest, al igual que el directivo de la empresa a través de la cual posee la casa, llamada Sever. La propiedad es administrada por alguien sin conexión externa con Sever, un hombre llamado Pavel Zaitsev que también es dueño de varias otras compañías de LLCInvest, según muestran los correos electrónicos filtrados.

Y no se trata sólo de Villa Sellgren. Casi todos los demás bienes que investigaciones periodísticas anteriores han asociado con Putin, incluido el palacio del Mar Negro, son propiedad de una empresa del universo de LLCInvest. Entre ellas se encuentran la estación de esquí de Igora, donde su hija celebró su boda; múltiples casas de vacaciones supuestamente utilizadas por Putin; y una mansión en una zona lujosa cerca de Moscú que en su día perteneció a la hija de Putin y a su marido.

Las empresas de la red también son propietarias de varios yates de lujo, dos de los cuales han sido vistos navegando entre diferentes propiedades vinculadas a Putin. Un tercero es propiedad de su supuesta amante, Svetlana Krivonogij.

Al menos una de estas embarcaciones parece estar gestionada conjuntamente por varias empresas de LLCInvest.

Un yate de aluminio de 14 metros de eslora, llamado Brizo 46, fue adquirido por una empresa llamada Unison por 1,2 millones de euros en 2015. El único accionista y antiguo director de Unison, Vladimir Avramenko, utiliza una dirección de correo de LLCInvest.ru.

Pero los correos electrónicos filtrados muestran que gestores asociados a una entidad de LLCInvest completamente diferente –una organización sin ánimo de lucro destinada a promover las "tradiciones de la aviación rusa"– organizaron la importación del yate a Rusia.

Estos gestores, Larisa Isaeva y Alexander Samosyuk, no tienen sobre el papel ninguna relación con Unison, pero elaboraron juntos una estrategia para reducir el pago de impuestos por el yate cuando se importó.

Según los registros de aduanas, los yates de las empresas LLCInvest suelen pasar el invierno en un almacén de yates cerca de la ciudad finlandesa de Kotka, no muy lejos de San Petersburgo. Se trata de la misma instalación en la que el supuesto yate Fotinia del ex presidente y primer ministro Dmitri Medvédev fue descubierto recientemente por periodistas finlandeses.

Y la instalación también tiene una conexión con los amigos de Putin: Dmitry Gorelov, antiguo accionista del Banco Rossiya que supuestamente ayudó a financiar la construcción del palacio de Putin en el Mar Negro, le concedió un préstamo sin intereses a la empresa propietaria.

No se trata sólo de yates y casas de vacaciones: los últimos registros disponibles muestran que las entidades de LLCInvest tienen más de 475 millones de euros en efectivo en sus cuentas, según descubrieron los periodistas.

Las sociedades de LLCInvest son en su mayoría empresas privadas que mantienen una presencia pública mínima. Russair es una excepción. Aunque utiliza la misma infraestructura técnica que las demás, también tiene en funcionamiento una página web que anuncia una serie de servicios relacionados con los aviones.

Presentándose a sí misma como una "compañía aérea de desarrollo dinámico", Russair afirma que ofrece vuelos chárter que puede organizar en cualquier momento, de día o de noche. "Área de vuelo: todo el mundo", proclama la página web.

Pero cuando un reportero de OCCRP llamó a la compañía para reservar un vuelo chárter, la mujer que contestó no parecía dispuesta a cerrar el trato. Se negó a responder a preguntas sobre los servicios de Russair y pidió que se le enviara una consulta por correo electrónico. Nunca hubo respuesta.

De hecho, los registros de la agencia de aviación civil rusa muestran que Russair tendría problemas para transportar clientes. No tiene aviones, y sólo dos helicópteros, registrados para el transporte comercial. Otros cuatro helicópteros y dos jets de negocios Falcon 7X están registrados para su propio uso, pero no pueden transportar clientes comerciales.

Varios indicios sugieren que Russair puede estar vinculada a Putin.

Según la web de seguimiento de vuelos FlightRadar, los aviones de la compañía realizan rutas entre San Petersburgo, Crimea y la ciudad turística del Mar Negro de Gelendzhik. Estas zonas albergan algunos de los activos más importantes relacionados con Putin que poseen las empresas de LLCInvest.

El avión más caro de la flota de Russair, valorado en casi 40 millones de euros, es un Falcon 7X que vuela con el número de serie RA-09009. El mismo número fue utilizado en su día por otro Falcon 7X que perteneció a la Administración presidencial rusa.

Utilizando datos de FlightRadar, OCCRP pudo corroborar las afirmaciones de varias fuentes del sector de que Russair transporta pasajeros de alto perfil protegidos por el Servicio Federal de Seguridad.

En varias ocasiones, algunas tan recientes como el pasado mes de julio, su Falcon 7X voló con el número de serie RSD09009. Según el sistema internacional de códigos de aerolíneas, las letras RSD hacen referencia al Destacamento de Vuelos Especiales, una aerolínea estatal que transporta al presidente y a otros altos cargos. Según fuentes del sector, esta designación indica que el vuelo transportaba pasajeros especialmente protegidos. Sólo Putin y otros siete altos cargos tienen derecho a esa protección, aunque el presidente puede decidir concederla a otras personas de forma discrecional.

A la vista de estos hechos, cabe recordar que un bloguero ruso vinculó en su día el avión a Alina Kabaeva, una campeona olímpica de gimnasia rítmica y presunta novia de Putin. El autor no aportó ninguna prueba documental de que ella estuviera a bordo, pero señaló fuentes públicas que mostraban que el avión estuvo presente en ciudades que se sabe que ella visitó.

A pesar de coordinar todos estos vuelos, los registros contables de Russair muestran que en realidad no es propietaria de ninguno de los aviones que opera. En su lugar, todos son alquilados a una compañía de seguros llamada Sogaz, que era propiedad del gigante estatal del gas Gazprom hasta que fue vendida en 2004 como parte de una reestructuración.

Para sorpresa de muchos agentes del mercado, Sogaz fue adquirida por estructuras vinculadas al Banco Rossiya, poco conocido en aquel momento.

Aunque las empresas de LLCInvest poseen palacios, residencias y yates que parecen ser activos privados, muchas de ellas parecen funcionar más bien como vehículos de inversión, manteniendo grandes participaciones en empresas.

Hace tiempo que se sabe que algunas de estas compañías están vinculadas al Banco Rossiya. Otras pertenecen a un grupo aparentemente dispar de propietarios que, hasta ahora, no tenían ninguna conexión evidente con el banco ni entre sí.

Una de las inversiones más llamativas está en manos de una empresa LLCInvest llamada Altituda, que en 2019 recibió una participación del 51% de una compañia llamada Rusgazdobycha, con activos por valor de unos 360 millones de euros.

La valiosa participación parece haber sido transferida por un viejo amigo de Putin, Arkady Rotenberg, que anteriormente era dueño de Rusgazdobycha a través de estructuras corporativas opacas con sede en Rusia y Chipre. La otra participación del 49% se trasladó a dos fondos de capital privado cuyos propietarios se desconocen. No está claro por qué Rotenberg podría haber hecho esto, especialmente teniendo en cuenta que utiliza sus propias estructuras de gestión para sus otros activos.

Otro estrecho aliado de Putin, Gennady Timchenko, también trasladó valiosas inversiones a dos oscuras empresas con un administrador compartido que parece tener vínculos con el universo de LLCInvest.

En 2017, Timchenko transfirió su participación del 17% en el gigante petroquímico Sibur a una empresa asociada a LLCInvest llamada Delta. Al año siguiente, transfirió el 19% del productor de gas natural ruso Novatek a otra empresa asociada, Ena-Invest.

Aunque el valor exacto de estas participaciones es difícil de calcular, Sibur y Novatek son dos de las mayores empresas de Rusia.

Delta y Ena-Invest tienen activos por un valor de casi 11.500 millones de euros, según sus últimos informes financieros disponibles, más del doble que todos los demás activos de las empresas de LLCInvest juntos. Sin embargo, Delta y Ena-Invest no están tan claramente asociadas al grupo, por lo que los periodistas no incluyeron esta cifra en el recuento total de activos.

Ni Rotenberg ni Timchenko respondieron a las preguntas planteadas por OCCRP.

En cierto modo, LLCInvest parece una versión más secreta y menos formal de una estructura descrita hace 10 años por Sergei Kolesnikov, un empresario que huyó de Rusia después de denunciarse a sí mismo.

En una explosiva carta abierta, describió una trama corrupta que había ideado y que permitía a un grupo de los principales oligarcas rusos reunir miles de millones de rublos en una especie de "fondo de inversión" en beneficio de Putin, que entonces era primer ministro.

El dinero, denunció Kolesnikov, había sido desviado de un proyecto solidario para comprar equipos médicos para los hospitales rusos. Luego se canalizó hacia una empresa llamada Rosinvest que debía invertirlo en empresas rusas bajo la supervisión de Putin.

Pero Putin pronto dio instrucciones al grupo para que cancelara los proyectos empresariales y destinara el dinero a la construcción de un lujoso palacio en el Mar Negro, evidentemente para su uso. Un frustrado Kolesnikov huyó de Rusia y lo contó todo.

Rosinvest se disolvió tras las revelaciones de Kolesnikov, y desde entonces poco más se ha sabido de cómo Putin y sus amigos estructuran sus activos.

El experto en anticorrupción que habló con los periodistas explicó que la estructura de LLCInvest tenía algunas similitudes clave con Rosinvest, pero estaba menos centralizada, por lo que no era tan vulnerable a otro denunciante. “Reduce la posibilidad de que un ‘nuevo Kolesnikov lo revele, ya que no hay una oficina principal, ni un punto de unión para todos estos negocios", indicó.

Esto lo confirma el directivo de la empresa LLCInvest entrevistado por OCCRP, cuando aseguró que no estaba al tanto –ni siquiera interesado– en saber lo que significaba LLCInvest, ni de si había otras empresas vinculadas a la suya. "Si mi empresa formara parte de un gran holding, no lo sabría", admitió.

Otro experto, un consultor financiero ruso, destacó que incluso dejando a un lado la cuestión de quién es el propietario final de los activos en el sistema LLCInvest, podría ser ilegal ocultar la conexión del Banco Rossiya con muchos de ellos.

Registrar activos a nombre de empleados de bajo perfil u de otros apoderados es una práctica que los bancos rusos han utilizado para eludir las restricciones sobre la concesión de préstamos a las partes vinculadas, explicó dicho consultor: "Decenas de entidades que han tenido problemas con el Banco Central han sido sancionadas por estas prácticas con la revocación de sus licencias por parte del Banco Central".

En el caso del Banco Rossiya, la ocultación de los verdaderos propietarios de sus activos puede estar sirviendo a los intereses de algunas de las personas más poderosas del país.

Los reporteros hablaron con un exfuncionario del Tesoro de Estados Unidos que trabajó para la OFAC, la oficina que aplica las sanciones financieras. Tras revisar los hallazgos, describió el montaje de LLCInvest como "extremadamente sospechoso. Es difícil encontrar una explicación inocente para las cosas que ha descrito. Dado que se dice públicamente que el Banco Rossiya es donde Putin y sus socios tienen sus activos, esto plantea muchas cuestiones legales".

Este exfuncionario recordó que muchos oligarcas relacionados con las empresas de LLCInvest, así como el propio Banco Rossiya, habían sido sancionados por Estados Unidos y la UE. "No especularía sobre quién es el verdadero propietario, pero hay claros indicios de un esquema de evasión de sanciones", concluyó.

El experto en corrupción rusa puso el foco en la opacidad de algunas de las participaciones de LLCInvest: "Estas formas opacas de poseer activos, relacionadas con personas políticamente influyentes, indican un mayor riesgo de corrupción y blanqueo de capitales. Establecer el verdadero propietario es una parte clave de las prácticas contra el blanqueo".

En respuesta a la invasión rusa de Ucrania, el oligarca ruso Alisher Usmanov –una de las 100 personas más ricas del mundo– ha sido sancionado por la Unión Europea, el Reino Unido y Estados Unidos.

Como figura especialmente bien conectada con el poder, Usmanov es un objetivo obvio. Se le ha acusado de estar cerca del presidente Putin, de proporcionar casas de lujo al ex primer ministro Dmitri Medvédev y de apoyar al régimen gobernante de Rusia. Como propietario del diario económico Kommersant, despidió a un editor y a un alto directivo que supervisaba su información sobre las violaciones electorales cometidas por el partido gobernante Rusia Unida.

Las sanciones occidentales contra los oligarcas rusos pretenden negarles el disfrute de su riqueza y, de hecho, castigarlos por su apoyo al régimen de Putin. Pero, como el mundo está descubriendo rápidamente, no es tan sencillo sancionar a un oligarca.

La villa sarda de Usmanov, de 17 millones de euros, parece haber sido confiscada por el Gobierno italiano. Sin embargo, las autoridades alemanas parecen haber tenido problemas para incautar formalmente su yate de 540 millones de euros, el Dilbar, que está amarrado en Hamburgo.

"El yate está registrado en las Islas Caimán y es propiedad de Klaret Continental Leasing, una empresa con sede en Malta", informó Forbes, "lo que dificulta su vinculación directa con Usmanov a efectos de sanciones". [Otros registros indican que ahora pertenece a Navis Marine Ltd].

Sobre el papel, Usmanov sólo tiene una participación del 49 por ciento en su principal conglomerado empresarial, lo que lo convierte en un objetivo difícil porque el Tesoro de Estados Unidos utiliza un umbral del 50 por ciento a la hora de imponer sanciones. (Él ha descrito este acuerdo como una "coincidencia").

Y tiene miles de millones en activos que serán aún más difíciles de rastrear. El empresario, nacido en Uzbekistán, ha pasado años moviendo dinero por todo el mundo entre familiares, empresas pantallas y fideicomisos.

Dada la habilidad de Usmanov para explotar el sistema financiero mundial y sus vacíos legales, no está claro que sea posible identificar todos sus activos, y mucho menos sancionarlos.

A partir de la información obtenida de varias filtraciones periodísticas y datos financieros, como los Suisse Secrets, los Papeles de Panamá y los FinCEN Files, los periodistas del consorcio OCCRP y de The Guardian han reconstruido una imagen parcial de cómo Usmanov ha ocultado sus activos en paraísos fiscales como Chipre, Bermudas y las Islas Vírgenes Británicas, y de cómo su dinero ha seguido fluyendo a través de entidades offshore (extraterritoriales) durante años, a pesar de que entidades bancarias han dado la voz de alarma sobre su origen desconocido y los indicios de posible blanqueo de capitales.

Aunque algunos de los datos se remontan a 2004, al menos algunas de las sociedades pantalla que Usmanov utilizó estaban operativas en fecha tan reciente como 2021.

En respuesta a las preguntas enviadas por los periodistas, un portavoz del oligarca negó que "el Sr. Usmanov haya repartido alguna vez su riqueza entre sus familiares con el fin de ocultarla a cualquier gobierno" y añadió que esta acusación es "infundada y sin fundamento".

Sin embargo, en una comunicación anterior, el servicio de prensa de Usmanov escribió que sus propiedades inmobiliarias en el Reino Unido y su enorme yate fueron "transferidos hace mucho tiempo a fideicomisos irrevocables" cuyos derechos de usufructo pertenecen ahora a su familia.

"Todos los negocios del señor Usmanov han sido auditados por las cuatro grandes [auditoras], desde su creación, al igual que sus declaraciones de impuestos y gastos personales", escribió su servicio de prensa. "Todas sus inversiones, sus gastos y sus ingresos han pasado por estrictos procedimientos de cumplimiento".

Saodat Narzieva es una obstetra y ginecóloga de 56 años que vive en Uzbekistán.

Lleva más de treinta años ejerciendo la medicina, y es de suponer que obtiene unos ingresos holgados como médico jefe adjunto del Hospital de Maternidad número 6 de Tashkent, la capital del país.

Aun así, su nivel de vida es inusualmente alto para una médico uzbeka.

Sus fotos de Facebook muestran que ha viajado a Venecia, Cerdeña y Dubai, volando en un jet privado, disfrutando de una sala VIP de la aerolínea y navegando en un yate.

También ha estado de vacaciones en la Costa Esmeralda, una franja de tierra a lo largo de la costa noreste de Cerdeña conocida por sus excelentes playas y aguas turquesas.

Y por si fuera poco, los datos filtrados de Credit Suisse muestran que Narzieva figura como beneficiaria de 27 cuentas bancarias suizas por las que han pasado miles de millones de euros a lo largo de los años. En su saldo máximo en abril de 2011, sólo una de estas cuentas tenía más de 1.900 millones de euros. Muchas de las otras también tuvieron saldos máximos de cientos de millones.

Obviamente, Narzieva no es una ginecóloga cualquiera.

De hecho, es la hermana de Alisher Usmanov.

Su estilo de vida es un ejemplo del tipo de lujo al que pueden acceder los familiares de los oligarcas. Pero sus riquezas –y esas cuentas en bancos suizos en particular– son también una prueba de cómo incluso los bancos occidentales más respetados pueden ayudar a ocultar las conexiones entre los oligarcas y su dinero.

No está claro por qué aparece Narzieva como beneficiaria de estas cuentas. Los datos muestran que se trata de cuentas corporativas, y en dieciséis de ellas aparece información de contacto asociada a USM Group, el holding gigante que su hermano utiliza para agrupar sus intereses empresariales.

Los datos filtrados de Credit Suisse no nombran las entidades legales concretas que poseen las cuentas. Pero uno de los números de cuenta de Narzieva coincide con un número de cuenta encontrado en los FinCEN Files, una filtración que contiene informes sobre transacciones financieras sospechosas. Esto permitió a los periodistas identificar la entidad como Gallagher Holdings, una de las principales sociedades de cartera que Usmanov utilizaba para controlar su fortuna.

Dado que se sabe que Usmanov era el beneficiario efectivo de Gallagher Holdings, los registros del Credit Suisse en los que figura su hermana como beneficiaria efectiva de su cuenta bancaria plantean dudas.

Además, diez de las cuentas de Credit Suisse se abrieron en 2013, un tiempo en el que Usmanov estaba reestructurando su imperio empresarial y abriendo empresas para Narzieva, para su otra hermana, Gulbakhor Ismailova, su marido y dos socios comerciales.

"Esta es una historia extraña", escribió Graham Barrow, especialista en delitos financieros, después de que los periodistas le transmitieran estos hallazgos.

"Desde mi experiencia, es bastante inusual que un miembro tan cercano de la familia sea utilizado como apoderado", destacó. "Es difícil saber por qué decidieron hacerlo en este caso, pero tal vez el hecho de que la hermana no fuera muy conocida, y una relación potencialmente estrecha y de apoyo entre el banco y Usmanov, condujo a un fallo en la debida diligencia".

El servicio de prensa de Usmanov se limitó a negar las conclusiones: "Negamos categóricamente que la Sra. Saodat Narzieva tuviera posesión o control de ninguna cuenta en bancos suizos en nombre de su hermano, el Sr. Alisher Usmanov, ni que tuviera ningún control de firma sobre ninguna cuenta relacionada con el Sr. Usmanov", indicó.

En una declaración enviada por correo electrónico a los periodistas, un portavoz de Credit Suisse afirmó que el banco "no puede hacer comentarios sobre posibles relaciones con clientes", señaló que "aplica todas las sanciones, en particular las dictadas por la UE, por Estados Unidos y por Suiza", y rechazó "las acusaciones e insinuaciones sobre las supuestas prácticas comerciales del banco".

Aunque 27 cuentas en bancos suizos parezcan muchas, sólo representan una fracción de las cuentas asociadas a Usmanov en el Credit Suisse y en otras instituciones bancarias de todo el mundo.

La filtración de los FinCEN Files –más de 2.100 Informes de Actividades Sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés) presentados al Departamento del Tesoro de Estados Unidos por bancos y otros agentes financieros– muestra que Usmanov y sus empresas tenían decenas de cuentas más en el Credit Suisse y en otros bancos de Chipre, Rusia y Letonia.

Mientras que algunas de estas cuentas eran personales de Usmanov o pertenecían a sus negocios rusos, muchas otras estaban en manos de sus sociedades de cartera en el extranjero o de empresas pantalla que no parecían tener un objetivo empresarial claro y estaban registradas en jurisdicciones secretas como Chipre y las Islas Vírgenes Británicas.

Lo interesante de los datos de los FinCEN Files no es sólo la existencia de tantas cuentas bancarias, sino cómo Usmanov las utilizó para ocultar su riqueza.

Incluso los profesionales de la banca tuvieron problemas para averiguar cómo y por qué el dinero de Usmanov fluía por todo el mundo, desconcertados por el gran número de empresas aparentemente no relacionadas con las que realizaba transacciones.

Los SAR muestran cómo los funcionarios de los bancos señalaron repetidamente transacciones sospechosas por un total de miles de millones de euros, muchas de las cuales no tenían un objetivo comercial claro, mostraban signos de posible blanqueo de capitales, no tenían un origen claro o levantaban otras sospechas.

Por ejemplo, un empleado bancario del BNY Mellon, una entidad de crédito con sede en Nueva York que actuaba como banco corresponsal de Gallagher Holdings de Usmanov, identificó nueve cuentas bancarias pertenecientes a la empresa que realizaron 182 transferencias electrónicas sospechosas, por un total de más de 1.600 millones de dólares (unos 1.450 millones de euros), entre marzo de 2003 y enero de 2015.

En un informe presentado al Tesoro de Estados Unidos el 23 de diciembre de 2016, el empleado escribió que "las transferencias son principalmente sospechosas porque Gallagher... parece ser una entidad ficticia, constituida en Chipre y con operaciones bancarias en Chipre, Rusia y Suiza, que realiza una cantidad significativa de transferencias con otras numerosas entidades pantalla".

Como razones adicionales para la sospecha, el funcionario señaló una serie de otros puntos:

– Gallagher y varias de sus contrapartes fueron "identificadas en la investigación de los Papeles de Panamá, lo que significa que utilizaron al desprestigiado proveedor de servicios offshore Mossack Fonseca.

– “Muchas de las transferencias fueron enviadas en cantidades grandes, redondas y/o repetitivas".

– "Algunas transferencias enumeran bancos como remitente/beneficiario y el verdadero remitente/beneficiario no parece estar identificado en otra parte de los detalles de la transferencia".

– "El origen de los fondos y la finalidad de las transacciones no pueden determinarse".

Como ejemplo de una transacción especialmente sospechosa, el funcionario describió una transferencia de 49,5 millones de dólares (45 millones de euros) que Gallagher recibió en abril de 2004.

El dinero procedía de un "prestamista corporativo" con sede en las Bahamas llamado Sevenkey Limited –cuyo propietario, escribió el empleado bancario, "era un fideicomiso en beneficio de Igor Shuvalov, un antiguo ayudante de alto nivel de Putin".

Gallagher utilizó los 49,5 millones de dólares para adquirir una participación en un fabricante de acero británico llamado Corus Group.

"A BNY Mellon... le preocupa que los fondos provengan en última instancia de un individuo con vínculos tan estrechos con Putin", escribió.

Si bien estas transacciones involucraron a remitentes y destinatarios externos, un informe diferente presentado por Deutsche Bank en julio de 2017 muestra que Usmanov también movió dinero dentro de su propio imperio empresarial de manera que levantó sospechas.

Deutsche Bank informó de seis transferencias, por un total de más de 190 millones de dólares (más de 170 millones de euros), que Usmanov se envió a sí mismo durante un período de tres meses en 2017. Las transacciones se movieron "a través de múltiples cuentas personales y cuentas de entidades en el extranjero que [Usmanov] controla... sin ningún propósito económico aparente", dice el informe.

"Aunque los detalles de la transacción indican que los pagos se realizaron como ‘Transferencia de fondos propios’ o ‘pago de dividendos’”, Deutsche Bank advirtió de que "no pudo confirmar el propósito comercial de ninguna de estas transacciones a través de una investigación independiente."

En otro informe de febrero de 2017, Deutsche Bank mostró cómo Usmanov envió dinero a su hermana Narzieva, de una manera que planteaba dudas sobre su verdadera intención. El empleado del banco enumeró dos transferencias, por un total de más de 667.000 dólares (más de 600.000 euros), que le había enviado el año anterior bajo la descripción "transferencia de fondos familiares".

"Esto parece ser una suma de dinero inusualmente alta para transferir a un miembro de la familia", escribió el empleado bancario.

Un informe de mayo de 2017 presentado por el banco JP Morgan Chase destacó una transferencia de 2012 de tres millones de dólares (2,7 millones de euros) a Narzieva marcada simplemente como "regalo".

Cinco meses después, ella envió 100.000 dólares (90.000 euros) de vuelta a su hermano en dos transferencias. Los detalles del pago indicaban que los fondos habían sido enviados "al hermano para gastos corrientes", una afirmación divertida, teniendo en cuenta que el hermano de Narzieva es un multimillonario de fama mundial.

Otro informe, este presentado por Standard Chartered Bank en octubre de 2017, muestra lo que Narzieva parece haber hecho con la mayor parte de los tres millones de dólares que le envió su hermano.

"Después de recibir el regalo de tres millones de dólares", escribió el empleado del banco", ella "remitió fondos por un total de más de 2,5 millones de dólares a [Shokhrukh] Nasirkhodjaev", que ha sido "identificado como director de una empresa siderúrgica en los Emiratos Árabes Unidos".

"El propósito de las transferencias electrónicas entre Narzieva y la contraparte Nasirkhodjaev... no pudo establecerse", escribió Standard Chartered Bank, "ya que parecen dedicarse a diferentes líneas de negocio como médico y director general de una empresa siderúrgica, respectivamente".

Lo que no menciona el informe, pero que OCCRP confirmó a través de los comentarios que aparecen en su cuenta de Facebook, es que Nasirkhodjaev es el yerno de Narzieva.

Los activos más concretos de Usmanov –acciones de su imperio empresarial, bienes inmuebles y un megayate– están ocultos en fideicomisos o son propiedad de empresas offshore cuya propiedad exacta, y conexión con él, es difícil de establecer.

En 2018, después de que Rusia se enfrentara a una nueva ronda de sanciones de Estados Unidos, Usmanov reorganizó sus estructuras corporativas, poniendo el 49 por ciento de los activos principales de USM bajo su propio control inmediato a través de Rusia. El 51 por ciento restante sigue disperso entre múltiples socios comerciales y empresas en paraísos fiscales de todo el mundo, lo que hace imposible sancionarle con las normas actuales.

Gracias al derroche de Usmanov en el uso de sociedades offshore secretas, resulta difícil atribuirles de forma indubitada los activos personales que él y los miembros de su familia han adquirido a lo largo de los años.

Aunque se sabe que el superyate Dilbar, de 540 millones de euros, pertenece a Usmanov, la propiedad de un helicóptero Airbus H175 que se encuentra en el yate fue transferida en 2018 a una empresa de las Islas Caimán que no puede ser rastreada hasta él.

El helicóptero puede ser vinculado definitivamente a Usmanov después de esa fecha sólo porque ha sido fotografiado en el yate.

El servicio de prensa de Usmanov escribió a los periodistas que el propio yate ha sido transferido a un "fideicomiso irrevocable" del que no es propietario y cuyos derechos de usufructo han sido "donados" a su familia.

También pertenecen a un fideicomiso, escribió su portavoz, los bienes inmuebles que Usmanov posee en el Reino Unido. La más conocida de sus propiedades es Sutton Place, una casa señorial del siglo XVI en el condado inglés de Surrey.

La propiedad, que valía al menos 36 millones de euros cuando se puso a la venta en los años 90, está tan vinculada a Usmanov que incluso en su página de Wikipedia figura como propietario. Pero las dos empresas chipriotas que la poseen son a su vez propiedad de una sociedad de servicios fiduciarios que no puede ser vinculada a Usmanov a través de documentos. El Financial Times investigó la cuestión de si Usmanov es "realmente dueño" de Sutton Place, y no pudo llegar a una respuesta.

Por último, como parte del proyecto Radar de Activos Rusos (Russian Asset Tracker, en inglés) coordinado por OCCRP, los periodistas identificaron seis villas costeras relacionadas con Usmanov en la isla italiana de Cerdeña.

Sólo es propietario directo de una de ellas. Otras dos son propiedad de su hermana Gulbakhor Ismailova. El resto están en manos de complejas estructuras societarias que conducen a una empresa constituida en las Bermudas.

El rastro se habría perdido allí, si no fuera por una hoja de cálculo de facturación que vincula a la empresa con Usmanov y que fue desenterrada en un conjunto de registros filtrados de un proveedor de servicios offshore.

Estas son las averiguaciones que se necesitan para conectar a uno de los multimillonarios de Rusia con sus propias posesiones.

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Olesya Shmagun (OCCRP), Matthew Kupfer (OCCRP), Rustam Ismailov (OCCRP) y Cecilia Anesi (IrpiMedia) han contribuido a este reportaje con sus informaciones.

En el corazón de la península de Saint-Jean-Cap-Ferrat, una majestuosa puerta metálica decorada con follaje plateado, enmarcada por pilares de mármol marrón, protege el acceso a la villa “La Serena”, cuyo nombre está grabado en las piedras del muro que la rodea. Desde la calle, es imposible ver nada. Hay que acercarse para intentar atisbar la enorme villa moderna de estilo californiano entre los huecos del espeso seto que la rodea. Pero, enseguida, un joven con un fuerte acento ruso sale por una pequeña puerta: “¿Son ustedes turistas?”.

Informado del tema de nuestro reportaje –los oligarcas de Saint-Jean-Cap-Ferrat frente a las sanciones internacionales–, pierde inmediatamente los nervios: “¡Está prohibido hacer preguntas aquí! ¡Váyase inmediatamente o llamo a la Policía!”. En su jersey azul marino puede leerse “Major International Protect”, la empresa de seguridad que le contrata, fundada en 2014 en Antibes por un antiguo oficial de la gendarmería.

Apenas nos alejamos, otro vigilante nos llama la atención. Aún más nervioso que su colega, nos graba con el teléfono móvil, mientras grita: “¡Los periodistas nos revoloteáis como lo hacen las moscas alrededor de una mierda!”. Poco después, aparece una patrulla de la gendarmería y se detiene a nuestra altura. El conductor nos dice que les han avisado de la presencia de una “manada de periodistas”, nos pregunta qué hacemos allí y se marcha tras decir “si necesitan ayuda, llamen al 17. ¡Besos!”.

Este viernes, 18 de marzo, reina una extraña atmósfera en Saint-Jean-Cap-Ferrat, el lugar de la Costa Azul más apreciado por los multimillonarios, en el que las grandes fortunas rusas han puesto sus ojos en los últimos 20 años. La calma de las calles bordeadas de majestuosos y cuidados jardines es sólo una ilusión. Tras los altos muros, reina la tensión. Empresarios cercanos a Vladimir Putin han adquirido aquí, una tras otra, las más bellas propiedades de esta verde península, entre Niza y Mónaco.

Han renovado, sin reparar en gastos, las casas que antes habían pertenecido a fortunas industriales francesas e italianas, han construido piscinas, instalado ascensores interiores, habilitado cines y spas... Han sellado herméticamente las vallas, protegido las entradas con imponentes puertas, reconocibles a simple vista, e instalado cámaras de vigilancia no sólo en el interior de sus parcelas, sino también en la vía pública, para controlar el acceso.

Estas parcelas se han vendido a precios de vértigo. Saint-Jean-Cap-Ferrat, donde el metro cuadrado sale a 18.511 euros (precio medio de los chalets en marzo de 2022, según Meilleurs Agents), es la ciudad más cara de los Alpes Marítimos.

Irónicamente, la transacción más loca de los dos últimos años no la hizo un ruso, sino ¡un ucraniano! En 2020, Rinat Akhmedov, el hombre más rico de Ucrania, enemigo del actual presidente Zelensky (al que acusa de haber saqueado su país), pagó 200 millones de euros por la villa “Les Cèdres”, en lo alto de la península: un palacio de 18.000 metros cuadrados rodeado de un parque botánico de 14 hectáreas salpicado de invernaderos tropicales, que fue propiedad de Leopoldo II, rey de los belgas, y en los últimos años de la familia Marnier-Lapostolle, una fortuna francesa de las bebidas espirituosas.

Desde el 15 de marzo de 2022, las villas rusas son el centro de atención. Europa ha decidido aplicar sanciones a personas cercanas al régimen de Vladimir Putin, en represalia por la invasión de Ucrania. Todos sus bienes y propiedades están congelados. Conservan la propiedad de sus bienes, pero no pueden venderlos ni alquilarlos. Estados Unidos y el Reino Unido también han elaborado su propia lista de personas afectadas por las sanciones y la congelación de activos. Según informaciones recogidas por Mediapart (socio editorial de infoLibre), media docena de grandes propietarios de Saint-Jean-Cap-Ferrat figuran en estas listas.

Los pocos vehículos que circulan en este día gris invernal son los camiones de las empresas de construcción, las furgonetas de los jardineros, los coches de las empresas de seguridad y los minibuses de las empresas de limpieza. Ni un oligarca a la vista. Pero el personal encargado de la vigilancia de sus villas está desbordado.

Según hemos podido saber, “La Serena”, ubicada al abrigo de miradas indiscretas en un parque de dos hectáreas junto al mar, con piscina y pista de tenis, pertenece a Oleg Deripaska, de 54 años, amigo íntimo de Vladimir Putin, que hizo su fortuna en condiciones sospechosas durante la privatización de la industria rusa a finales de los años 90.

Es el principal accionista del gigante del aluminio Rusal y del holding En+ Group. Su nombre no figura en la lista de sanciones de la UE, pero sus activos están congelados desde el 6 de abril de 2018 en Estados Unidos, donde se le investiga judicialmente por blanqueo, extorsión y chantaje.

También se sospecha que trató de influir en la campaña presidencial estadounidense de 2016 a favor de Donald Trump. El 10 de marzo de 2022, el Reino Unido lo incluyó a su vez en su lista de sanciones, congeló todos sus activos y le prohibió entrar en su territorio. Cuatro días más tarde, su lujosa casa de Londres era tomada por manifestantes proucranianos, que colocaron pancartas en los balcones en las que se leía “This property has been liberated” (Esta propiedad ha sido liberada) y “Putin go fuck yourself” (Putin vete a la mierda).

Oleg Deripaska, cuya propiedad en Saint-Jean-Cap-Ferrat era hasta ahora un secreto bien guardado, ha dado instrucciones a su personal para que proteja su propiedad de acciones así en Francia.

No está solo. En otras dos ocasiones a lo largo del día, nos vimos así asediados por musculosos vigilantes con acento ruso: frente a la villa “Shoshana”, una elegante villa azul en la costa oriental de la península, propiedad de Arcadi Rotenberg, objetivo de las sanciones europeas desde la invasión de Crimea en 2014. Y frente a la villa “Empyrean”, un edificio contemporáneo del promotor inmobiliario Kirill Pisarev, que no ha sido objeto de las sanciones.

Cada vez que preguntamos a los vigilantes de las otras villas sobre la identidad de los propietarios, nos topamos con un muro de silencio.

El alcalde de Saint-Jean-Cap-Ferrat tampoco quiere hablar del tema. Sin embargo, las sanciones tendrán un fuerte impacto en la economía de la ciudad, muy dependiente de los rusos. De hecho, aunque estén ausentes la mayor parte del año, los oligarcas dan trabajo a un buen número de personas.

¿Cómo van a cobrar estas empresas de construcción, jardinería o limpieza, ahora que las cuentas bancarias de sus ricos empleadores están congeladas?

Así, esta mañana, frente a la villa “Mauresque”, propiedad de Mikhail Fridman, en el punto de mira de las sanciones europeas (cercano a Vladimir Putin y fundador de Alfa Bank, el mayor banco privado de Rusia), un guardia que no habla una palabra de francés abre la camioneta de una empresa de jardinería registrada en Mónaco.

En el otro extremo de la península, un jardinero se afana en podar los olivos de una villa. “Son muy desconfiados y emplean sobre todo a personas que hablan su idioma. Prefiero no trabajar con ellos, faltan al respeto a su personal”, dice, mirando por encima del hombro a la villa “La Chabanne”.

Esta propiedad de 1,2 hectáreas pertenece a la familia de Alexander Ponomarenko, que es objeto de sanciones europeas. El valor de la villa se estimó en 91 millones de euros en 2015, en el momento de la última transacción entre los socios de la sociedad inmobiliaria dueña del bien. Ponomarenko, antiguo campeón de boxeo, propietario de un puerto comercial en el mar Negro y de numerosas empresas de transporte y construcción, ha emprendido unas obras titánicas en la propiedad que parecen no tener fin. Las empresas (ORRSA y CPMG) que realizan las obras, cuyos carteles figuran en la verja, son ambas propiedad de letones, con sede en la Costa Azul, que se negaron a responder a nuestras preguntas.

Al ser la seguridad una de sus obsesiones, los oligarcas se inclinan por confiarla a compatriotas. Beaulieu Sécurité, por ejemplo, cuyo logotipo adorna las puertas delanteras de muchas villas de la península, se la compró el año pasado, a su fundador de la Costa Azul, un inversor ruso. “No puedo pasarle con el gerente, tengo órdenes. No puedo hablar con nadie”, responde la telefonista.

Su principal competidor, SPG, también cuenta con muchos oligarcas entre su clientela. Incluso estuvieron a punto de comprarla los rusos el verano pasado, antes de que el fundador optara finalmente por traspasar la empresa a su hija. Uno de sus directivos accede a hablar con nosotros, con la condición de que no se mencione su nombre. “Tenemos una alta proporción de rusos en nuestra base de clientes. No escatiman en servicios: instalan cámaras, exigen televigilancia las 24 horas y patrullas que rondan dos o tres veces por noche. También se nos pide con frecuencia que contratemos guardias para vigilar sus obras. Hasta ahora, las sanciones no han afectado a nuestras finanzas, ya que los servicios se pagan por adelantado, pero estamos preocupados por el futuro, tememos que no puedan pagar sus facturas”.

Hay que acercarse al pueblo que bordea el pequeño puerto de Saint-Jean-Cap-Ferrat para encontrar un ambiente menos opresivo. En el balcón de la florida casa de campo donde nació hace 75 años, Marcelle Secchi ha colgado una bandera ucraniana, en apoyo del pueblo agredido por la Rusia de Putin. No le sorprende la tensión y la omertá que reina en la península: “Es un tema sensible aquí. Pero no les tengo miedo, mi corazón está con el pueblo ucraniano. Me entristece ver que Saint-Jean-Cap-Ferrat se ha convertido en un refugio de oligarcas. Viven en un mundo paralelo al nuestro, en sus propiedades cerradas a cal y canto, y no pasean por la ciudad”.

La atención mediática internacional centrada en los oligarcas desde la invasión de Crimea ha tenido al menos el mérito de despertar la curiosidad de los ciudadanos sobre la identidad de los propietarios de las villas. El secretismo del que se han rodeado hasta ahora, pronto dejará de ser tal. Pero de ahí a ver, como en Londres, a los manifestantes ocupar las villas de los rusos afectados por las sanciones y exigir que se aloje allí a los refugiados ucranianos, hay un paso que la población de los Alpes Marítimos no parece aún dispuesta a dar.

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Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Radar de Activos Rusos, la investigación periodística internacional que coordina el consorcio OCCRP y en la que participa infoLibre como único medio español, ha investigado en una primera fase las propiedades de las 35 personas incluidas en la conocida como “lista Navalny” y de sus familiares más cercanos. En España se encontraron bienes o derechos vinculados a dos de las personas de la lista: el oligarca Alisher Usmanov y el fiscal jefe de Moscú, Denis Popov. El primero disfruta, a través de una empresa que constituyó en la Isla de Man, de un derecho de uso preferente de un amarre de 160 metros en el puerto deportivo de Barcelona. En cuanto a Popov, su entonces esposa adquirió una vivienda de 225 metros, dos garajes y dos trasteros en una urbanización de Marbella en 2010.

El proyecto Radar de Activos Rusos se lanzó públicamente el lunes 21 de marzo, después de que periodistas de 25 medios de comunicación trabajasen conjuntamente durante tres semanas para localizar propiedades de jerarcas rusos fuera de su país. El punto de partida del proyecto es una lista de personas a las que el líder opositor Alexéi Navalny acusó el año pasado de “participar activamente en la opresión y corrupción que caracteriza al régimen de Putin” [en esta información te explicamos en detalle qué es la llamada “lista Navalny” y quiénes la integran]. En posteriores fases está previsto actualizar la lista con nuevos bienes e incluir a más personas, que hayan sido sancionadas por la Unión Europea, el Reino Unido o Estados Unidos.

De momento, los periodistas han identificado 145 activos vinculados a las personas nombradas por Navalny. En conjunto, su valor supera los 15.800 millones de euros. Sólo se han incluido las posesiones cuya propiedad puede establecerse mediante pruebas documentales y otras fuentes fiables. Por tipo de bienes hay, entre otros, 35 mansiones, 43 viviendas, 11 aviones, 7 barcos y 12 empresas. La mayoría de los bienes más valiosos se encuentran en Reino Unido, Francia e Italia.

En España, el activo más valioso localizado pertenece a Alisheir Usmanov, que figura desde el pasado 28 de febrero en la lista de personas sancionadas por la UE en relación con la invasión rusa de Ucrania. “Es un oligarca pro-Kremlin que tiene lazos especialmente estrechos con el presidente ruso. Se considera que es uno de los funcionarios-empresarios de Rusia a los que se les ha encomendado la gestión de los flujos financieros, aunque sus puestos dependen de la voluntad del presidente. Usmanov, presuntamente, ha sido testaferro de Putin y ha resuelto sus problemas empresariales. De acuerdo con expedientes de FinCEN, pagó 6 millones de dólares a Valentin Yamshev, influyente asesor de Putin”, se argumenta en la Decisión de la UE que acordó sancionarle.

Alisheir Usmanov disfruta de un amarre en el puerto deportivo de Barcelona, tal y como adelantó Crónica Global en una información el pasado 3 de marzo, en la que indicaba que el presidente de la Autoridad Portuaria –Damià Calvet– había “avisado a la UE” de la existencia de dicho bien. Los periodistas del proyecto Radar de Activos Rusos han localizado la empresa utilizada por Usmanov en la operación y otros datos sobre dicho activo.

La Autoridad Portuaria de Barcelona realizó en su día una concesión administrativa a la sociedad Marina Port Vell para que explotase comercialmente los espacios del puerto deportivo de Barcelona. Marina Port Vell los arrienda a través de diferentes tipologías: algunos se alquilan por días y otros lo están hasta el final del periodo de concesión. Esa fecha era inicialmente 2036, pero se ha alargado hasta 2048.

El producto estrella en la marina barcelonesa era un amarre de lujo de 160 metros. A principios de 2017, Usmanov adquirió el “derecho de uso preferente” a través de la sociedad Klaret ME1 Limited, registrada en la Isla de Man el 20 de diciembre de 2016. El nombre de la compañía es inequívoco: ME1 es precisamente como se denomina el amarre del puerto de Barcelona, mientras que Klaret es un nombre que Usmanov ha utilizado en otras muchas compañías suyas.

El coste por el derecho de uso preferente del amarre se acerca a los 20 millones, según fuentes conocedoras de los precios que cobra Marina Port Vell por las concesiones que comercializa. Pero hay que tener en cuenta que ese sería el precio pactado por el uso del espacio en el puerto catalán durante todo el periodo de la concesión, que en el caso de Usmanov era inicialmente de 20 años (entre 2017 y 2036). No está claro si el oligarca, una vez incluido entre los sancionados por la UE, podrá seguir utilizando el amarre. infoLibre preguntó al respecto al Gobierno el pasado 14 de marzo, pero aún no ha obtenido respuesta.

El oligarca ruso necesitaba un amarre de esas características para su superyate Dilbar, que con 156 metros de eslora es uno de los más grandes del mundo. Construido en los astilleros alemanes Lurssen, le fue entregado a Usmanov en mayo de 2016. Con un precio de unos 540 millones de euros, su coste de funcionamiento supera los 45 millones de euros al año, incluida una tripulación de 80 personas. Puede acoger a 36 invitados.

Klaret ME1 Limited ya no está en la Isla de Man. El 26 de enero de 2022, apenas un mes antes de la invasión de Ucrania, Usmanov decidió mover la compañía a Chipre. Un país de la UE con un régimen fiscal muy beneficioso para las grandes fortunas y donde el oligarca ruso tiene registradas otras sociedades.

El Dilbar, mientras tanto, se encuentra desde hace semanas parado en Hamburgo. Aunque inicialmente se informó de que las autoridades alemanas habían intervenido la embarcación, no era cierto. En el astillero Blohm+Voss estaban realizando trabajos de mantenimiento y reforma del superyate, que fueron suspendidos cuando Usmanov fue sancionado por la UE. No está claro que pueda navegar hasta que concluyan esas tareas, aún en el caso de que Alemania le permitiese abandonar sus aguas.

La embarcación tiene bandera de las Islas Caimán y formalmente ha cambiado tres veces de compañía propietaria, aunque todas ellas están controladas por Usmanov. La primera se llamaba Klaret Ocean Ltd., la segunda Klaret Continental Leasing Ltd. y la última Navis Marine Ltd. Esta última es dueña del Dilbar desde el 19 de marzo de 2018.

Los periodistas que participan en el proyecto Radar de Activos Rusos localizaron 20 bienes de Usmanov, valorados en total en 3.000 millones de euros. El oligarca es propietario de un Airbus A340-300, registrado en la Isla de Man, y operado por Klaret Aviation Limited, cuyo precio supera los 270 millones de euros. A través de la empresa chipriota Klaret Development Limited, Usmanov es dueño de la compañía Castellum Aquae. Esta tiene dos mansiones y una importante extensión de tierra en la península de Pelješac, en el extremo sur de Croacia, sobre el mar Adriático. La propiedad está valorada en más de cinco millones de euros. También es propietario de mansiones en Baviera (Alemania), en Londres y en la costa italiana de Cerdeña.

La segunda persona vinculada a la lista Navalny con propiedades en España es Irina Popova, exesposa del fiscal de Moscú, Denis Popov. El opositor ruso incluyó a Popov entre los 35 al entender que desde su cargo juega un papel fundamental en la represión de las libertades, incluyendo “la persecución” que han sufrido el propio Navalny y su Fundación Anti-Corrupción. Popov no está de momento entre los sancionados por la UE.

En noviembre de 2019, Navalny publicó un amplio informe sobre Denis Popov en el que le atribuía diversos bienes fuera de Rusia, entre ellos un hotel en Montenegro y un apartamento en Marbella. Todos ellos figuraban oficialmente a nombre de su exmujer, Irina Popova, pero habían sido adquiridos cuando estaban casados: la propiedad montenegrina en 2009 y la española en 2010. Ninguno de esos bienes fueron incorporados en las declaraciones oficiales presentadas por Popov en su calidad de fiscal, en las que constaba que su mujer no trabajaba y él tenía un sueldo de funcionario que malamente daba para que una familia de cuatro miembros realizase algún ahorro. 

Irina Popova sigue figurando a día de hoy como única propietaria del inmueble, que en realidad más que un apartamento son dos viviendas unidas, con una superficie total de 225 metros. Está situado en la urbanización Bahialcántara y Popova también es dueña de dos garajes y de dos trasteros. Todos los bienes fueron adquiridos en 2010 y su valor de mercado entonces superaba los 650.000 euros. Ahora puede acercarse al millón.

Los oligarcas rusos se enfrentan a sanciones en medio mundo y todas las miradas están puestas en la enorme riqueza del círculo más cercano a Vladímir Putin. Además de las deslumbrantes villas francesas y de los superyates multimillonarios atracados en Barcelona y Mónaco, este grupo de ultrarricos es conocido por sus aviones privados.

El OCCRP lleva mucho tiempo rastreando las rutas de vuelo de los poderosos, pero a medida que más países bloquean los vuelos rusos en su espacio aéreo, el rastreo de aviones es más útil que nunca para ayudarnos a vigilar a los individuos sancionados y examinar sus próximos movimientos. 

Los investigadores del OCCRP que rastrean aviones se fijan en dos cuestiones:

1. Identifican los aviones que poseen o utilizan con frecuencia las personas de interés.

2. Analizan sus historiales de vuelo o sus ubicaciones actuales. 

La identificación suele ser el paso más difícil, ya que es habitual que se utilicen empresas pantalla y otros mecanismos de ocultación para ocultar la verdadera propiedad de activos como los aviones. Ahí es donde entra la segunda fase: rastrear el paradero de un avión puede ayudar a identificar quién lo utiliza y conducirnos hasta su propietario.

La coincidencia entre los movimientos de un avión y la prueba de que una persona de interés ha estado en la misma zona puede ser una pieza crucial para solucionar el rompecabezas del rastreo de aviones. 

El OCCRP sigue el dinero de los corruptos del mundo. Esto implica el seguimiento de los activos, incluidos los aviones privados, que estas personas han adquirido con sus dudosas ganancias. 

Ahora mismo estamos prestando especial atención a los aviones propiedad de oligarcas rusos, pero registrados fuera de Rusia. Lo hacemos para vigilar si siguen volando libremente, y para tomar nota de hacia dónde se dirigen o pueden dirigirse. Está claro que las medidas drásticas están surtiendo efecto. Por ejemplo, después de que el Reino Unido impusiera nuevas normas a las aeronaves relacionadas con Rusia, la Isla de Man, un popular paraíso de la aviación, canceló el registro de al menos 18 aviones y helicópteros privados rusos. 

Entre ellos se encuentra un avión Airbus A340 que se cree que es propiedad del multimillonario ruso Alisher Usmanov. Voló de Alemania a Kazajistán el 28 de febrero. Tres días después, fue dado de baja en la Isla de Man. Mientras tanto, el también multimillonario Alexéi Mordashov aparentemente llevó su Bombardier Global 6000 desde las Seychelles hasta Moscú, y un día después también fue borrado del registro de la Isla de Man. 

Decimos "aparentemente" porque, aunque se dice que el Bombardier Global 6000 pertenece a Mordashov, el propietario oficial es una empresa registrada en la Isla de Man llamada Springtime Limited. La empresa se constituyó en 2015, más o menos cuando se registró el avión, y desde entonces ha tenido diferentes directivos domiciliados en la Isla de Man. Muchos aviones se esconden en complejas estructuras societarias diseñadas para mantener ocultos a sus verdaderos propietarios. 

Desbloquear la clave de la propiedad de un avión puede proporcionar a los periodistas datos importantes. En esta historia, las aeronaves vinculadas a Yevgeny Prigozhin, un estrecho colaborador del presidente ruso Vladimir Putin, proporcionaron pistas sobre lo que estaba haciendo en África. También utilizamos datos de seguimiento de vuelos para descubrir que el gobierno de Estados Unidos utilizó Kenia como plataforma de lanzamiento de aviones de vigilancia que apoyaban los ataques aéreos en Somalia.  

Hay muchos servicios de seguimiento de vuelos comerciales que permiten rastrear los movimientos en tiempo real e históricos de aviones comerciales y privados, como FlightRadar24, FlightAware, Plane Finder y Radar Box. Giancarlo Fiorella, del medio de investigación Bellingcat, ha redactado una descripción detallada de lo que ofrece cada servicio. 

Estos sitios web recogen principalmente señales de una banda de radio de alta frecuencia pública que es utilizada principalmente por los sistemas de control de tráfico aéreo y otras aeronaves. Esto se conoce como Sistema de Vigilancia Dependiente Automática (ADS-B, por las siglas en inglés de Automatic Dependent Surveillance Broadcast). 

Sin embargo, los gobiernos y los particulares pueden solicitar que los datos de sus aviones sean eliminados de estos servicios, y normalmente se cumplen estas solicitudes. Para eludir estas medidas, OCCRP recurre a proveedores de datos como Icarus Flights, del Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), y OpenSky Network, que proporcionan datos de seguimiento de vuelos globales sin censura. Los datos de Icarus se remontan a 2016 y son proporcionados por ADSB-Exchange, que se autodenomina "la mayor fuente mundial de datos de vuelo sin filtrar".  

Estos proveedores de código abierto se basan en los datos de los receptores instalados en todo el mundo por aficionados y voluntarios, lo que significa que la calidad y el alcance de la cobertura varían según el lugar. Para ayudar a aumentar la cobertura ADS-B en un lugar determinado, puedes ofrecerte como voluntario para instalar un receptor. Si estás interesado en empezar, OpenSkyNetwork explica cómo puedes comprar, construir u obtener un receptor gratuito. Del mismo modo, el C4ADS proporciona equipos ADS-B a cualquier persona que se ofrezca a instalar una estación.

Hay que tener en cuenta algunas cosas:

– Icarus Flights no está disponible públicamente, pero los investigadores pueden ponerse en contacto con C4ADS para solicitar el acceso a la plataforma.

– OpenSkyNetwork es una organización sin ánimo de lucro orientada a investigadores y académicos, pero está dispuesta a ayudar a los periodistas que tengan solicitudes claramente definidas.

Tanto si se trata de encontrar al propietario de un avión como de rastrear dónde ha estado, hay que recopilar toda la información posible relacionada con su identificación. Para encontrar al propietario, se necesita la matrícula de la aeronave, a menudo denominada número de cola. Se trata de un identificador único, normalmente cerca de la cola del avión, que indica dónde se ha registrado. Puede encontrar una lista completa de identificadores de países aquí. Por ejemplo, todos los aviones civiles de España tienen una matrícula que empieza por las letras EC.

Aunque en algunos territorios (entre ellos Estados Unidos y la Isla de Man) la información sobre la propiedad de los aviones está disponible a través de registros públicos en los que se pueden realizar búsquedas, el propietario registrado rara vez es el dueño real. A menudo se trata de una empresa pantalla, un fideicomiso o una empresa de fletamento. En esos casos, se necesitan fuentes adicionales. Filtraciones como los Papeles de Panamá y los Papeles del Paraíso han ayudado a los periodistas a vincular a personas con empresas offshore, algunas de las cuales poseen aviones privados. Las fotos publicadas en las redes sociales también son una buena forma de relacionar a las personas con los aviones.

Cuando se registra un avión, a menudo se le asigna un código único para su transpondedor ADS-B, llamado “código hexadecimal en Modo S” o “dirección OACI”, que proporciona datos de seguimiento de vuelo como la posición, la altitud y la velocidad para los aviones equipados con transpondedores. Como la mayoría de las aeronaves no emiten directamente sus números de matrícula a través de ADS-B, la mayoría de los sitios web de seguimiento de vuelos vinculan los códigos de los transpondedores a los números de matrícula para dar sentido a los datos de seguimiento.

A medida que los aviones cambian de propietario o de jurisdicción registrada, los identificadores como su matrícula y el código hexadecimal en Modo S también cambian. Por lo tanto, si intentas rastrear un avión a lo largo de varios años y cambios de propiedad, necesitarás conocer el número de serie del fabricante, el identificador único asignado por el fabricante del avión. Éste nunca cambia.

El último identificador que se debe conocer es el indicativo de llamada, que las aeronaves utilizan para identificar vuelos específicos. En el caso de los aviones privados, el indicativo de llamada suele ser la matrícula del avión, y en el caso de los vuelos comerciales suele ser el código de la compañía aérea más el número de vuelo. La página web de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo ayuda a descifrar los códigos de las aerolíneas que aparecen en determinados indicativos. Hay que tener en cuenta que un mismo avión puede tener varios indicativos en un mismo día, y que distintos aviones pueden tener el mismo indicativo a lo largo de varios días.

No existe una ventanilla única para obtener la información de identificación de un avión, por lo que es importante utilizar todas las herramientas disponibles para obtener lo que se busca. Empieza por buscar en Google lo que sabes y utiliza sitios web como Plane Logger, Airframes, Rzjets y Antonakis Spotters. Ten en cuenta que estos sitios pueden no estar actualizados o contener información inexacta, así que intenta siempre corroborar lo que has encontrado con tantas fuentes como sea posible.

Por último: ¿has probado Twitter o Telegram? En estas rede hay muchos aficionados al rastreo de aviones que publican información sobre las aeronaves que detectan. Estos entusiastas también suelen compartir sus fotos en sitios de rastreo de aviones como planespotters.net y jetphotos.com. Casi siempre se incluyen las ubicaciones, fechas y horas, información que puede ser una mina a la hora de rastrear una aeronave.

Para obtener explicaciones más detalladas sobre cómo rastrear aviones por ti mismo, la Red Mundial de Periodismo de Investigación ha recopilado una completa guía para principiantes.

He aquí un buen ejemplo.

Mientras rastreaban el patrimonio del ex presidente de Kazajistán Nursultan Nazarbayev, los reporteros del OCCRP obtuvieron un documento clave. En él se afirmaba que la Fundación Nursultan Nazarbayev, de carácter benéfico, recibió una exención de los controles de importación de Kazajstán cuando compró un flamante Airbus ACJ320neo. El avión de alta gama estaba valorado en más de 100 millones de dólares (algo más de 90 millones de euros al cambio actual).

Sospechábamos que el avión era utilizado por el propio Nazarbayev, como parte de un enorme banco de activos supuestamente propiedad de fundaciones benéficas, aunque en realidad beneficiaban al gobernante. Pero teníamos que demostrarlo.

Utilizando sólo la fecha de importación y el tipo de avión que figuraba en el documento, los investigadores pudieron localizar el avión exacto utilizando Icarus Flights, que permite filtrar por tipo de avión y lugar de despegue y aterrizaje. Resulta que solo un Airbus ACJ320neo había sobrevolado por el espacio aéreo de Kazajistán desde junio de 2020.

Un poco más de investigación en el "código hexadecimal" de ese avión mostró que la aeronave había sido reinscrita en Kazajistán en la misma época en que fue importada.

Una vez identificado el avión, aún quedaba trabajo por hacer. Necesitábamos saber quién lo utilizaba. Aunque Icarus Flights tiene buenos datos, se basa en sensores instalados por voluntarios, por lo que la cobertura no siempre es completa. Para este avión en particular, Icarus sólo mostraba tres vuelos en total.

¿Recuerdas lo que dijimos sobre las mejores prácticas? Comprueba siempre varias fuentes.

Con esto en mente, nuestros reporteros sacaron los datos de vuelo de OpenSkyNetwork, que identificaron muchos otros vuelos que el avión había realizado desde que fue importado a Kazajistán. Esta información fue el arma definitiva, ya que los reporteros pudieron cotejar los movimientos oficiales de Nazarbayev con tres viajes que el avión había realizado a Moscú y dentro de Kazajistán.

¿El resultado final de todo este seguimiento del avión? El Airbus se convirtió en un capítulo clave de una reciente investigación sobre el patrimonio de Nazarbayev.

El OCCRP te necesita.

Las búsquedas en Internet de imágenes o vídeos recientes de oligarcas, o personas similares, que lleguen o salgan de aeropuertos específicos son muy valiosas. Mejor aún, envíanos imágenes o vídeos de oligarcas saliendo o entrando en aviones. Si el número de cola del avión es visible, es el premio gordo. Compartir la información nos ayudará a desarrollar un creciente cuerpo de pruebas para seguir el dinero, dondequiera que vuele.

La Rusia de Vladímir Putin lleva años controlada por un grupo reducido de personas: empresarios poderosos –los oligarcas– y altos funcionarios afines al Kremlin. Ellos actúan como un elemento esencial para que Putin se mantenga en el poder, mientras se benefician de su sistema clientelista. 

Una parte considerable de la riqueza de estas personas se mantiene en el extranjero: cuentas bancarias suizas, lujosas mansiones en Londres, villas en Cerdeña y yates en los puertos del Mediterráneo. Una propiedad que se esconde casi siempre a través de sociedades radicadas en paraísos fiscales, lo que complica los esfuerzos de los Gobiernos de la Unión Europea por congelar los activos de las 893 personas que el pasado 18 de marzo estaban en su lista de sancionados por la agresión de Rusia contra Ucrania. Esas sanciones fueron aprobadas inicialmente en 2014, tras la anexión ilegal de Crimea, y su número se ha disparado tras la invasión rusa iniciada el pasado 24 de febrero.

Más de 85 periodistas de 25 medios de comunicación han trabajado conjuntamente durante las tres últimas semanas para rastrear activos de los jerarcas rusos. Así nació el proyecto Radar de Activos Rusos (Russian Asset Tracker, en inglés), en el que infoLibre participa como único medio español. La investigación está coordinada por el consorcio OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) y participan en ella, entre otros, los periódicos The Guardian, Le Monde y Miami Herald, la televisión alemana NDR y las ONG Transparency International UK y Follow the Money.

El resultado es la auditoría más completa que se ha publicado hasta ahora sobre el patrimonio que poseen fuera de Rusia algunos de los oligarcas y funcionarios más poderosos del país. Los activos detectados incluyen bienes inmuebles, yates, jets privados y acciones en empresas.

El punto de partida del proyecto es una lista de 35 personas a las que el líder opositor Alexéi Navalny acusó el año pasado de “participar activamente en la opresión y corrupción que caracteriza al régimen de Putin” [en esta información te explicamos en detalle qué es la llamada “lista Navalny” y quiénes la integran].

Hemos identificado 145 activos vinculados a las personas nombradas por Navalny. En conjunto, su valor supera los 15.800 millones de euros. Sólo hemos incluido las posesiones cuya propiedad puede establecerse mediante pruebas documentales y otras fuentes fiables. Por tipo de bienes hay, entre otros, 35 mansiones, 43 viviendas, 11 aviones, 7 barcos y 12 empresas. Los periodistas están buscando pruebas para certificar la titularidad de otros nueve activos, entre ellos valiosos aviones y yates, que tienen un valor conjunto que supera los 1.600 millones de euros.

Las 35 personas identificadas por Navalny han sido el punto de partida, pero Radar de Activos Rusos es un proyecto vivo. El objetivo es ir actualizando la lista con nuevos bienes e incluir a más personas, que hayan sido sancionadas por la UE, Reino Unido o Estados Unidos.

"En OCCRP llevamos 15 años investigando y exponiendo activos rusos presentes en Occidente, por eso sabemos cómo suelen ocultarse. Queríamos contribuir al esfuerzo global que se enfoca en los aliados más descarados del régimen autocrático de Vladímir Putin. Rastreamos el mayor número posible de activos de estas personas y los recopilamos en una base de datos, tras realizar todas las comprobaciones necesarias, para que los ciudadanos puedan ver esa información", resumió el proyecto Drew Sullivan, cofundador y editor jefe de OCCRP.

El opositor ruso Alexéi Navalny, gran enemigo del presidente Vladimir Putin, fue envenenado el 20 de agosto de 2020. La investigación médica consiguió establecer que había sido envenenado con el agente nervioso de uso militar novichok. Un hecho que, junto a otras pruebas, apuntala la denuncia de Navalny de que su intento de asesinato fue ejecutado por el régimen de Putin. En febrero de 2021, la Fundación Anti-Corrupción creada por Navalny se dirigió a la Unión Europea y al Reino Unido para pedir que sancionase a 35 personas.

Los 35 de Navalny no son un listado de oligarcas. De hecho, solo diez de ellos entran en esa categoría de empresarios ultrarricos con poder e influencia gracias a su cercanía al Kremlin. El resto son personas que, según el opositor ruso, estuvieron directamente implicadas en su persecución o a las que acusa de cometer “abusos contra los derechos humanos”.

Radar de Activos Rusos, en el momento de su lanzamiento el lunes 21 de marzo, había identificado 145 activos fuera de Rusia pertenecientes a once personas de la lista Navalny. Puedes consultar el detalle de dichas propiedades en la base de datos del OCCRP, pulsando en el banner.

Uno de los personajes más poderosos de Rusia desde finales de los noventa, Roman Abramovich fue diputado y gobernador de la región de Chukotka de 2000 a 2008. Es una de las personas más ricas de Rusia. Hizo fortuna comprando activos petroleros rusos en la ola de privatizaciones tras el final de la Unión Soviética. Se calcula que su patrimonio neto ascendía, a principios de este año, a más de 11.100 millones de euros. Ha negado con vehemencia las acusaciones sobre su cercanía a Putin. 

Abramovich es conocido internacionalmente por ser dueño del equipo de fútbol londinense Chelsea. A raíz de la invasión rusa de Ucrania, anunció su intención de venderlo. El oligarca controla el club a través de la compañía británica Fordstam Limited. Su valor de mercado podría superar los 2.200 millones de euros.

A través de Fordstam Limited, dispone de decenas de propiedades en el barrio de Chelsea, el más exclusivo de Londres. La cartera inmobiliaria de esta sociedad supera los 50 millones de euros. 

Abramovich o sus familiares directos son dueños de una casa junto a los Campos Elíseos en París, de propiedades en Saint-Tropez (Francia), de un chalé en Salzburgo (Austria) y de una villa junto al Lago de Como (Italia).

El fideicomiso HF Trust de Chipre, vinculado a Abramovich, llegó a acumular en 2016 más de 800 millones de euros. Aunque el millonario no aparece en los documentos de registro del HF Trust, información del regulador financiero de Estados Unidos FinCen muestra que es el único beneficiario. 

El millonario ruso también disfruta de un superyate, Solaris, valorado en más de 540 millones de euros. La embarcación figura a nombre de una sociedad llamada Beautiful Seascapes Limited. Cuando se inició la invasión rusa el Solaris se encontraba en Barcelona, en el astillero de la empresa de mantenimiento de yates MB92, pero el 8 de marzo abandonó España en busca de otro lugar donde no pudiera ser intervenido por las autoridades.

Abramovich tiene varios jets privados y helicópteros. Uno de ellos es un Gulfstream G650, con matrícula LX-RAY. La empresa de Jersey Clear Skies Flights Limited es dueña de la aeronave. En esta sociedad figura como directivo Eugene Tenenbaum, uno de los socios más cercanos de Abramovic. El avión vale como mínimo 35 millones de euros.

En total, en la base de datos de Radar de Activos Rusos constan 84 bienes valorados en más de 6.900 millones de euros.

Según cables diplomáticos estadounidenses filtrados en 2006, el magnate del aluminio y aliado de larga duración de Putin era "más o menos un elemento permanente" en los viajes del presidente ruso al extranjero y uno de los pocos oligarcas con los que Putin se reunía regularmente. Estados Unidos también cree que blanqueó dinero en nombre del presidente.

En España, Oleg Deripaska llegó a estar imputado por blanqueo en 2010, acusado de lavar dinero de la mafia rusa a través de una sociedad radicada en Alicante. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y el fiscal José Grinda llegaron a desplazarse a Moscú para tomarle declaración. A finales de 2011 Andreu decidió enviar la investigación a Rusia, y nunca más se supo.

Lo que no es una presunción sino un hecho es que fue socio y empleó al lobista estadounidense Paul Manafort, que dirigió durante varios meses la campaña presidencial de Donald Trump en 2016, hoy caído en desgracia tras acumular dos condenas relacionadas con la trama rusa para influir en las elecciones de EEUU.

En Radar de Activos Rusos figuran identificados 20 bienes vinculados a Deripaska, valorados en más de 5.100 millones de euros. Entre ellos se encuentra un hotel en los Alpes austriacos –llamado Aurelio Leach–, que era de su propiedad hasta enero de 2021 a través de compañías de Chipre. Ahora el dueño es Pavel Ezubov, socio de Deripaska, a través de la firma rusa Gost Hotel Managament LLC. Su valor asciende a 2,7 millones de euros.

Por medio de la empresa de Chipre Kefoujin Ltd es propietario del Eurocopter Ec 15T2, que puede llevar seis pasajeros. 

También le pertenece el superyate Clio, un barco de 72 metros que controla a través de empresas en las Islas Vírgenes Británicas y en Chipre.

El multimillonario de origen uzbeko es conocido por su cercanía con Putin, con el que supuestamente tiene vínculos financieros, así como con el expresidente Dmitri Medvédev. Este habría usado personalmente las lujosas residencias de Usmanov.

A través de USM Group, un holding que fundó y en el que tiene el 49 por ciento de participación, los intereses empresariales de Usmanov abarcan las telecomunicaciones, los medios de comunicación y la minería.

A Usmanov le pertenece el Dilbar, que en 2020 era el sexto yate más grande del mundo con sus 156 metros de eslora, y cuya valor supera los 500 millones de euros. El Dilmar visitaba con frecuencia Barcelona, donde Usmanov tiene el derecho de uso de un amarre en el puerto deportivo.

El oligarca es propietario de un Airbus A340-300, registrado en la Isla de Man, y operado por Klaret Aviation Limited. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, vale entre 270 y 450 millones de euros, es una de las aeronaves privadas más grandes de Rusia y su matrícula M-IABU hace referencia a “I’m Alisher Burhanovich Usmanov" (“Soy Alisher Burhanovich Usmanov”). 

A través de la empresa chipriota Klaret Development Limited, Usmanov es dueño de la compañía Castellum Aquae. Esta tiene dos mansiones y una importante extensión de tierra en la península de Pelješac, en el extremo sur de Croacia, sobre el mar Adriático. La propiedad está valorada en más de cinco millones de euros. 

También es propietario de mansiones en Baviera (Alemania), en Londres y en la costa italiana de Cerdeña.

Saodat Narzieva, la hermana de Usmánov, ha sido beneficiaria de 27 cuentas en Credit Suisse, uno de los principales bancos de Suiza. En estas se llegaron a acumular más de 1.900 millones de euros en 2011. Narzieva es ginecóloga y ha trabajado en el campo de la medicina durante más de 30 años, lo cual hace poco probable que el dinero en estas cuentas sean sus ahorros. Además, casi todas estas cuentas corporativas están vinculadas a correos electrónicos de USM, el grupo empresarial fundado por su hermano. Usmanov le dijo a los periodistas que su hermana “nunca ha tenido cuentas personales en Credit Suisse”.

Abramovich, Deripaska y Usmanov son, con diferencia, los tres integrantes de la lista Navalny con más propiedades. Pero hay otros que tienen activos importantes.

Igor Sechin, amigo de Putin desde la época en que ambos estaban en el ayuntamiento de San Petersburgo, es desde 2012 director ejecutivo de Rosneft, el gigante energético estatal ruso. Las autoridades francesas indicaron que es el principal accionista de la compañía de las Islas Vírgenes Británicas Kazimo Trade & Invest Limited, que es la dueña del yate Amore Vero, de pabellón de las Islas Caimán y valorado en cien millones de euros.

En España, las autoridades acordaron la semana pasada la retención provisional de otro superyate, el Crescent. Fuentes del Gobierno español indicaron a infoLibre que “sospechan” que pertenece a Sechin, pero que no lo tienen “confirmado”. “Y va a ser de los difíciles de comprobar”, admitieron. De momento, esta embarcación no está incluida en la base de datos de Radar de Activos Rusos.

Igor Shuvalov ejerció durante más de una década cargos en el Gobierno ruso y ahora es presidente de la corporación estatal de desarrollo (VEB.RF). Hasta 2017, controlaba un castillo en Salzburgo (Austria) a través de una compleja estructura societaria que incluía una compañía austriaca, un fideicomiso en Liechtenstein, controlado por una empresa en las Islas Vírgenes Británicas, asociada a Evgeny Shuvalov, el hijo del jerarca que en ese momento tenía 24 años. En la actualidad el dueño del castillo, cuyo valor se acerca a los diez millones de euros, es desconocido. Pero aviones privados vinculados a empresas de Shuvalov han aterrizado en un aeropuerto en la vecindad del castillo, lo que sugiere que la familia todavía lo usa. 

Gennady Timchenko es cofundador de Guvnor, una de las mayores comercializadoras de crudo que hasta hace poco negociaba buena parte del petróleo ruso. Es además accionista del Rossiya Bank, considerado como el banco personal de los altos funcionarios de la Federación de Rusia. Entre sus bienes se encuentra el yate Lena, valorado en casi 50 millones de euros. La embarcación figura a nombre de la sociedad Roxlane Corporate Limited de Islas Vírgenes Británicas. Timchenko es el beneficiario último de la empresa. El yate fue intervenido por las autoridades italianas tras la invasión de Ucrania.

Nikolai Tokarev es amigo de Putin desde que ambos trabajaron como agentes del KGB en Dresde (Alemania Oriental) en los años ochenta. En 2007, asumió la presidencia de Transneft, una de las empresas estatales más importantes de Rusia, que transporta por sus oleoductos el 82 por ciento del petróleo que produce el país. Él y su familia también han acumulado un imperio empresarial e inmobiliario que se extiende por toda Rusia y Europa. La hija de Tokarev –Mayya Nikolaevna Tokareva– es dueña de la empresa Katina D.O.O., a través de la que tiene una mansión del siglo XIX que fue construida por el emperador Francisco José I de Austria. Está ubicada en la isla de Losinij en el mar Adriático de Croacia, conocida por ser un imán para el dinero ruso. La mansión está valorada en unos 3,7 millones de euros.

Vladímir Soloviov, presentador de programas televisivos de gran influencia, es dueño de un apartamento en Griante y una mansión en Menaggio. Ambos están a su nombre y se ubican a orillas del Lago de Como, en el norte de Italia.

“Radar de Activos Rusos”, la investigación periodística internacional que coordina el consorcio OCCRP y en la que participa infoLibre como único medio español, ha investigado en una primera fase las propiedades de las 35 personas incluidas en la conocida como “lista Navalny”. ¿Pero qué es esa lista y quién forma parte de ella?

El opositor ruso Alexéi Navalny, gran enemigo del presidente Vladimir Putin, fue envenenado el 20 de agosto de 2020. Trasladado a Alemania, los médicos lograron salvar su vida y establecieron que había sido envenenado con el agente nervioso de uso militar novichok. Un hecho que, junto a otras pruebas, respalda la denuncia de Navalny de que su intento de asesinato fue ejecutado por el régimen de Putin. El 17 de enero de 2021 regresó a Moscú, donde fue detenido nada más llegar. Tres semanas después, el 8 de febrero, la Fundación Anti-Corrupción creada por Navalny se dirigió a la Unión Europea y al Reino Unido para pedir que sancionasen a 35 personas “que participan activamente en la opresión y corrupción que caracteriza al régimen de Putin”.

La carta enviada al entonces ministro de Exteriores del Reino Unido, Dominic Raab, trascendió públicamente y en ella se argumentaba así la solicitud del opositor ruso: “Durante años, Alexéi Navalny ha defendido la imposición de sanciones contra las personas que desempeñan un papel clave en la ayuda a Putin y que encabezan la persecución de quienes tratan de expresar sus opiniones libremente y exponer la corrupción en el sistema. Las sanciones existentes no afectan a las personas adecuadas. Occidente debe sancionar a los responsables que han convertido en política nacional el amaño de elecciones, el robo del presupuesto y el envenenamiento de sus enemigos. También debe sancionar a las personas que esconden su dinero. Cualquier otra cosa no logrará que el régimen cambie su comportamiento”.

La misiva continuaba explicando que “sancionar a estas personas, congelar sus activos, prohibirles la entrada en el Reino Unido y que hagan negocios con empresas británicas supondría un coste sustancial por sus acciones y serviría de disuasión para otros miembros de la élite política y empresarial. Sería una forma poderosa de fomentar el cambio”.

La lista estaba dividida en cuatro grupos: ocho nombres “especialmente prioritarios”; cinco oligarcas “a los que Putin ha otorgado riqueza y poder y que lo ejercen en nombre del régimen”; doce individuos “específicamente implicados en la persecución de Navalny” y su fundación, y diez personas a las que acusaba de cometer “abusos contra los derechos humanos”. [Puedes leer aquí la carta íntegra].

La Unión Europea había impuesto las primeras sanciones a jerarcas rusos en 2014, tras la anexión ilegal de Crimea. Esa lista inicial se fue actualizando en los años posteriores. De hecho, cuando Navalny realizó su solicitud, tres personas de las 35 ya estaban en la lista de sancionados de la UE: el alto mando militar Andrei Kartapolov figuraba desde febrero de 2015, mientras que el director del Servicio Federal de Seguridad –Alexander Bortnikov– y el director adjunto de la Oficina Presidencial –Serguéi Kiriyenko– habían sido incorporados en octubre de 2020, precisamente como reacción al envenenamiento del opositor ruso.

Lo cierto es que las autoridades europeas no hicieron demasiado caso a Navalny. Ninguno de los ocho nombres “prioritarios” fue sancionado. Y de todos los demás, sólo tres fueron incluidos en el listado de la UE en marzo de 2021: el presidente del Comité de Investigación de la Federación de Rusia –Alexander Bastrykin–, el director del Servicio Penitenciario Federal –Alexander Kalashnikov–, y el director del Servicio Federal de las Tropas de la Guardia Nacional –Victor Zolotov–.

Las cosas cambiaron repentinamente con la invasión de Ucrania. La lista negra de la UE pasó de tener apenas 200 nombres a principios de este año a estar formada por 893 el pasado 18 de marzo. Y cada semana se añaden nuevos nombres. Una circunstancia que ha impactado de lleno en los componentes de la lista Navalny: seis de los ocho individuos calificados como “prioritarios” ya están entre los sancionados. Y, en total, el castigo afecta a 21 de los 35.

A continuación, infoLibre repasa el quién es quién de los 35 señalados por Navalny. Si están en la lista de la UE, se resumen las razones ofrecidas por las autoridades comunitarias para incluirles en ella. En el resto de los casos, se transcribe la descripción que ofreció la fundación del opositor ruso para solicitar que fuesen castigados.

1. Roman Abramovich. Sancionado por la UE el 15 de marzo de 2022.

“Es un oligarca ruso que mantiene una estrecha vinculación desde hace tiempo con Putin. Ha tenido un acceso privilegiado al presidente. Este vínculo le ayudó a conservar su considerable fortuna. Es accionista mayoritario del grupo siderúrgico Evraz, uno de los mayores contribuyentes de Rusia. Es también uno de los empresarios rusos de primer orden implicados en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia”.

2. Denis Bortnikov. Sancionado por la UE el 23 de febrero de 2022

“Es el vicepresidente y gerente del consejo de administración del VTB Bank. Al ejercer dicho cargo trabaja para legitimar los ingresos opacos/ilegales de su padre [el director del Servicio Federal de Seguridad, FSB]”.

3. Andrei Kostin.  Sancionado por la UE el 23 de febrero de 2022.

“Es presidente del Vneshtorbank (VTB), uno de los principales bancos de titularidad estatal de Rusia, y miembro del Consejo Supremo del partido político Rusia Unida. Ha hecho declaraciones públicas en apoyo de la anexión de Crimea y animado a los ciudadanos rusos a pasar sus vacaciones en Crimea. También está asociado a una bodega y a un lujoso hotel en Crimea, de los que es propietario según informaciones publicadas en medios de comunicación”.

4. Mijaíl Murashko.

“Ministro de Sanidad, responsable de encubrir el envenenamiento de Navalny y de obstaculizar los esfuerzos para evacuarlo a Alemania para recibir tratamiento médico”.

5. Dmitri Patrushev.

“Ministro de Agricultura. Es el hijo de Nikolai Patrushev, director del Consejo de Seguridad de Rusia y aliado clave de Putin. Actúa como gestor de las ganancias irregulares de su padre para ocultar su verdadero beneficiario y evitar así las sanciones”.

6. Igor Shuvalov. Sancionado por la UE el 23 de febrero de 2022.

“Es presidente de la Corporación de Desarrollo Estatal VEB.RF y miembro del Consejo de la Comisión Económica Euroasiática. Anteriormente fue viceprimer ministro de Rusia. En calidad de tal, hizo observaciones en las que afirmaba que Rusia cambiaría las normas presupuestarias para reflejar dos millones de personas adicionales tras la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia”.

7. Vladímir Soloviov. Sancionado por la UE el 23 de febrero de 2022.

“Es propagandista y presentador del canal Rossiya 1 y Rossiya 24. Ha recibido una medalla (Orden de Alexander Nevsky) por su ‘alta profesionalidad y objetividad en la cobertura de los acontecimientos en la República de Crimea’. Soloviov es conocido por su actitud extremadamente hostil hacia Ucrania y sus elogios al Gobierno ruso”.

8. Alisher Usmanov. Sancionado por la UE el 28 de febrero de 2022

“Es un oligarca pro-Kremlin que tiene lazos especialmente estrechos con el presidente ruso. Se considera que es uno de los funcionarios-empresarios de Rusia a los que se les ha encomendado la gestión de los flujos financieros, aunque sus puestos dependen de la voluntad del presidente. Usmanov, presuntamente, ha sido testaferro de Putin y ha resuelto sus problemas empresariales. De acuerdo con expedientes de FinCEN, pagó 6 millones de dólares a Valentin Yamshev, influyente asesor de Putin”.

9. Oleg Deripaska.

“Empresario multimillonario con una amplia cartera de participaciones en Rusia y en todo el mundo, uno de los principales facilitadores y beneficiarios de la cleptocracia del Kremlin, con importantes vínculos y activos en Occidente”.

10. Alexei Miller.

“Presidente del comité de dirección de Gazprom, la empresa de gas controlada por el Estado, y un importante instrumento de influencia rusa encubierta en el extranjero”.

11. Igor Sechin. Sancionado por la UE el 28 de febrero de 2022.

“Es director ejecutivo de Rosneft, empresa petrolera estatal rusa y uno de los mayores productores mundiales de crudo. Es uno de los asesores más cercanos y de mayor confianza de Putin, además de su amigo personal. Se considera que es uno de los miembros más poderosos de la élite política rusa. Sus vínculos con Putin son prolongados y profundos. Trabajó con el presidente en la alcaldía de San Petersburgo en los años 90 y ha demostrado su lealtad desde entonces”.

12. Gennady Timchenko. Sancionado por la UE el 28 de febrero de 2022.

“Tiene desde hace largo tiempo relación con el presidente ruso y se le considera uno de sus confidentes. Es fundador y accionista de Volga Group, un grupo con una cartera de inversiones en sectores clave de la economía rusa. También es accionista del Banco Rossiya, que se considera el banco personal de los altos funcionarios de la Federación de Rusia”.

13. Nikolai Tokarev. Sancionado por la UE el 28 de febrero de 2022.

“Es director ejecutivo de Transneft, importante empresa de petróleo y gas de Rusia. Conoce a Putin desde hace mucho y es su colaborador directo. Sirvió con Putin en la KGB en los años 80. Tokarev es uno de los oligarcas del Estado ruso que asumió el control de gran cantidad de bienes estatales en los años 2000, al tiempo que Putin consolidaba su poder. Dirige Transneft, una de las empresas controladas por el Gobierno más importantes de Rusia, que transporta una cantidad considerable de petróleo ruso a través de una red de oleoductos bien desarrollada”.

14. Alexander Bastrykin. Sancionado por la UE el 2 de marzo de 2022

“Ejerce el cargo de presidente del Comité de Investigación de la Federación de Rusia desde enero de 2011 (y en funciones entre octubre y diciembre de 2010). Es responsable de violaciones graves de los derechos humanos cometidas en Rusia, incluidos arrestos y detenciones arbitrarias”.

15. Alexander Bortnikov. Sancionado por la UE el 15 de octubre de 2020

“Es el director del Servicio Federal de Seguridad (FSB) y, como tal, es el responsable de las actividades de la principal agencia de seguridad de Rusia. Un laboratorio especializado de Alemania halló claros indicios de que Navalni había sido envenenado con un agente neurotóxico del grupo novichok, lo que fue corroborado por otros laboratorios de Francia y Suecia. Solo las autoridades estatales de la Federación de Rusia tienen acceso a este agente neurotóxico”.

16. Konstantin Ernst. Sancionado por la UE el 15 de marzo de 2022

“Es el consejero delegado de Channel One Russia, una de las empresas rusas de comunicación más grandes, que ha sido utilizada durante muchos años con fines propagandísticos por las autoridades rusas. Desde su cargo, es responsable de haber organizado y difundido la propaganda antiucraniana de las autoridades rusas”.

17. Victor Gavrilov.

“Jefe del Departamento de Transporte del Servicio de Seguridad Económica dentro del FSB. Fue responsable de la coordinación de varios organismos durante la llegada del vuelo de Navalny a Moscú, incluido su desvío a Sheremetievo, donde fue detenido”.

18. Dmitri Ivanov.

“Jefe del FSB de Tomsk cuando Navalny fue envenenado allí”.

19. Alexander Kalashnikov. Sancionado por la UE el 2 de marzo de 2022

“Es director del Servicio Penitenciario Federal Ruso (FSIN) desde el 8 de octubre de 2019. En su calidad de director del FSIN, es responsable de violaciones graves de los derechos humanos cometidas en Rusia, incluidos arrestos y detenciones arbitrarias”.

20. Serguéi Kiriyenko. Sancionado por la UE el 15 de octubre de 2020

“Es el director adjunto de la Oficina Ejecutiva de la Presidencia de la Federación de Rusia. Como tal, es responsable de asuntos de interior, lo que comprende grupos y actividades políticas”.

21. Elena Morozova

“La jueza de Distrito de Khimki que presidió el tribunal, ilegal y ad hoc reunido en el interior de una comisaría de policía local, que condenó Navalny a 30 días de prisión sin fianza para permitir su posterior juicio”.

22. Denis Popov

“Fiscal jefe de Moscú, cuya oficina ha encabezado una campaña contra el equipo de Navalny”.

23. Margarita Simonyan. Sancionada por la UE el 23 de febrero de 2022.

“Es una figura central de la propaganda gubernamental. También es directora de la cadena de televisión de contenido informativo en lengua inglesa RT (Russia Today). Ha promovido una actitud positiva ante la anexión de Crimea y las acciones de los separatistas en el Dombás”.

24. Igor Yanchuk

“Jefe del Departamento de Policía de Khimki, responsable de la detención de Navalny a su regreso a Rusia y de la organización de su juicio ilegal en una comisaría local”.

25. Victor Zolotov. Sancionado por la UE el 2 de marzo de 2021.

“Es director del Servicio Federal de las Tropas de la Guardia Nacional de la Federación de Rusia (Rosgvardia) desde el 5 de abril de 2016. Responsable de violaciones graves de los derechos humanos cometidas en Rusia, incluidas violaciones sistemáticas y generalizadas de la libertad de reunión pacífica y de asociación, en particular mediante la represión violenta de protestas y manifestaciones”.

26. Alexander Beglov.

“Gobernador de San Petersburgo y estrecho aliado de Putin. Sus actividades corruptas fueron puestas de manifiesto por una investigación de Navalny, y desde entonces ha apoyado las medidas para limitar la libertad de manifestación y de reunión”.

27. Yuri Chaika.

“Representante presidencial en la región del Cáucaso. Hasta el año 2020 fue fiscal general y responsable de la campaña sostenida del Kremlin de persecución de la sociedad civil”.

28. Andrei Kartapolov. Sancionado por la UE el 16 de febrero de 2015

“Excomandante de la Zona Militar Occidental de Rusia. Exdirector del Departamento de Grandes Operaciones y jefe adjunto del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Implicado activamente en la definición y ejecución de la campaña militar de las fuerzas rusas en Ucrania. Viceministro de Defensa desde julio de 2018”.

29. Pavel Krasheninnikov. Sancionado por la UE el 25 de febrero de 2022

“Miembro de la Duma Estatal que ratificó las decisiones del Gobierno del Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre la Federación de Rusia y las Repúblicas de Donetsk y de Lugansk”.

30. Mijaíl Mishustin. Sancionado por la UE el 25 de febrero de 2022

“Primer ministro de la Federación de Rusia. En su calidad de miembro del Consejo de Seguridad Nacional ha apoyado el reconocimiento inmediato por Rusia de las dos repúblicas autoproclamadas”.

31. Ella Pamfilova.

“Jefa de la Comisión Electoral Central, que ha avalado y legitimado de forma sistemática las elecciones y votaciones consultivas del Kremlin, que no son libres ni justas”.

32. Dmitri Peskov. Sancionado por la UE el 28 de febrero de 2022.

“Es el portavoz del presidente Putin. Ha defendido públicamente la política agresiva de Rusia contra Ucrania, incluida la anexión ilegal de Crimea. Negó, en contra de los hechos, que hubiera tropas rusas en el Dombás”.

33. Serguéi Sobyanin.

“Alcalde de Moscú y principal ejecutor de la política del Gobierno ruso en la capital, incluido el fraude electoral y la facilitación de la actividad delictiva mediante proyectos municipales corruptos”.

34. Anton Vaino. Sancionado por la UE el 23 de febrero de 2022.

“Es el jefe del gabinete de la Oficina de la Presidencia. Desempeña un papel activo en el proceso de toma de decisiones del Kremlin al participar en el Consejo de Seguridad e influir en la elaboración de decisiones por parte del presidente en el ámbito de la defensa y la seguridad nacional de Rusia”.

35. Andrei Vorobyev.

“Gobernador de la región de Moscú, cuyas actividades corruptas ha revelado Navalny”.

Los países de la Unión Europea llevan unas semanas actuando sobre los activos de determinados jerarcas y oligarcas rusos. El respaldo legal para ello está en la normativa comunitaria aprobada en 2014, después de que Rusia se anexionase ilegalmente la península de Crimea. La lista de sancionados se ha disparado ahora, tras la invasión de Ucrania.

La UE entiende que esas personas son clave para sostener el régimen de Putin y que participan o se aprovechan de los ataques a Ucrania. Autoridades de países europeos han acordado la “retención provisional” de superyates (tres de ellos en España), “cancelado el registro” de aeronaves o “congelado” bienes inmuebles.

En este marco se encuadra el nuevo proyecto internacional de investigación periodística en el que participa infoLibre, “Radar de activos rusos” (“Russian Asset Tracker”, en inglés), cuyo objetivo es comprobar cuáles son los activos que realmente controlan los jerarcas próximos al Kremlin.

Se trata de un trabajo en el que participan 85 periodistas de 25 medios y organizaciones, entre ellos The Guardian, Le Monde, Miami Herald, la televisión alemana NDR y las ONG Transparency International UK y Follow the Money. infoLibre es el único medio español que participa en el proyecto, que está coordinado por el consorcio Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Las primeras informaciones se publicarán este lunes 21 de marzo.

infoLibre ha participado en el último año en otros dos grandes proyectos de investigación coordinados por OCCRP: OpenLux, que destapó los nombres de españoles con sociedades en Luxemburgo en busca de opacidad o ventajas fiscales, y Suisse Secrets, una filtración con los datos de más de 18.000 cuentas de Credit Suisse que desveló la identidad de dictadores, criminales y políticos corruptos a quienes la identidad financiera tuvo como clientes durante décadas.