Las tácticas de elusión de los oligarcas rusos cuestionan la eficacia de las sanciones europeas

Las propiedades de oligarcas rusos sancionados que han sido congeladas en todo el mundo ascienden a 58.000 millones de dólares (53.244 millones de euros), según la última cifra publicada por el Grupo Operativo REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs), creado por la Unión Europea, el G7 y Australia. De esa cifra, 21.500 millones de euros corresponden a bienes embargados en la Unión Europea y casi una cifra equivalente, 18.390 millones, a Reino Unido.

Pero a día de hoy, ninguna de estas jurisdicciones ofrece una visión completa y pública de los activos que hay detrás de esas cifras. Ni a través de una lista consultable en internet, ni aunque se solicite esa información.

Mediapart, InfoLibre y el periódico italiano Domani, en colaboración con la ONG alemana Foro Civil para la Recuperación de Activos (Cifar) y el consorcio European Investigative Collaborations (EIC), y con el apoyo de IJ4EU, han investigado los activos que los magnates rusos poseen en Francia, España e Italia. En Francia suman 1.300 millones de euros, en España 1.023 millones y en Italia, 2.000 millones más. Pero el nivel de detalle que se comparte varía de un país a otro, lo que impide verificar la exactitud del cálculo del valor de los activos congelados presentado por los gobiernos europeos.

Mientras que Francia proporciona una lista parcial de empresas y direcciones de bienes inmuebles congelados, el Reino Unido no facilita dicha información amparándose en las leyes de Protección de Datos, según la información facilitada por el Tesoro británico. En Italia, la lista de propiedades confiscadas no es pública ni se puede acceder a ella solicitándola a través de los canales de información oficiales. Otro tanto ocurre en España.

De hecho, ningún país europeo facilita esos datos, “a pesar de que las partes interesadas del sector privado piden con frecuencia que se publique la lista, para ayudar en sus esfuerzos de aplicación [de las sanciones]”, según explica el abogado Edouard Gergondet, de la oficina parisina del despacho de abogados Hughes Hubbard Reed.

Es más, no hay indicios de que la UE o los Estados miembros tengan previsto difundir los datos de los activos congelados, pese a que tal publicación podría tener un efecto “disuasorio” para las personas u operadores financieros que intenten eludir las sanciones. También permitiría a los medios de comunicación y a la sociedad civil participar en el control de la aplicación de las sanciones, algo de lo que se beneficiarían igualmente las autoridades públicas, tal y como apunta Clara Portela, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Valencia.

Mansiones en el lago Como

Además de los 1.023 millones de euros contabilizados en España y repartidos entre 855 millones de euros en yates confiscados, 66 millones en inmuebles, 60 millones en aviones y 41 millones en cuentas bancarias e instrumentos financieros, cuyo detalle se puede encontrar aquí, en Italia la lista de bienes es igualmente jugosa.

Entre los activos incautados figuran las propiedades de Boris Rotenberg, uno de los amigos de la infancia de Putin que, como ha publicado infoLibre, también cuenta con una gran villa en España. El propietario del grupo SGM (StroyGazMontazh) tiene una mansión en Cerdeña y comparte un hotel con su hermano Arcadi. Otro lujoso complejo vacacional en Cerdeña (Forte Village) pertenece a Musa Bazhaev, quien en 2020 ocupaba el puesto 139 entre las 200 personas rusas más ricas, según la revista Forbes.

Pero los activos más valiosos embargados por la Guardia di Finanza son dos yates, el SY A y el Scheherazade. Ambos valen más de 1.000 millones de euros, aproximadamente la mitad de los activos confiscados en Italia hasta el momento. El primero pertenece a Andrei Melnichenko, dueño de las compañías de fertilizantes Eurochem y de carbón Suek. El segundo es propiedad de Eduard Judainatov, consejero delegado de la petrolera Rosneft, a quien se le ha embargado otro yate, el Crescent, en España. Y que, además, es dueño de un Porsche 911 Turbo S, una empresa no especificada, una mansión bautizada como Villa Altachiara en Portofino y otra como Villa Serena en Roma. Valor total de estas propiedades: 57 millones de euros.

Tierra adentro, los lagos de Lombardía y la Riviera de Liguria son algunos de los lugares preferidos por los oligarcas rusos para pasar sus vacaciones en Italia. Además de Cerdeña. Al periodista Vladimir Solovyev, sancionado por la UE por ser considerado uno de los principales defensores de la propaganda bélica rusa, se le han congelado sus 19 propiedades en el lago Como. Grigory Berezkin, fundador del grupo Esn una de las mayores sociedades de inversión de Rusia, ha perdido el control de su villa de 15 millones de euros en Sirmione, con vistas al lago de Garda. Las autoridades italianas necesitaron seis meses para seguir el rastro de la propiedad, en manos de una firma luxemburguesa, Cristal Purple SARL que, a su vez, pertenece a un fideicomiso llamado The Heron desde 2021.

Pero quien acumula las propiedades inmobiliarias más valiosas en Italia es Alisher Usmanov: 133 millones de euros. Dueño en Rusia de empresas que operan en los sectores del mineral de hierro y el acero, los medios de comunicación e Internet, posee junto con su hermana, Gulbakhor Ismailova, seis villas en el municipio de Arzachena, en la Costa Esmeralda, algunas en propiedad y otras a través de una red de sociedades offshore, según las autoridades italianas. Según publicó en su día infoLibre, Usmanov creó una empresa en la isla de Man para el amarre de su superyate, Dilbar, de 156 metros de eslora, en el puerto de Barcelona.

Hipotecas con bancos en Mónaco

Más allá de estas disparidades en la información públicamente disponible, surgen también discrepancias en cuanto a la aplicación real de estas sanciones. Cada jurisdicción las impone basándose en los reglamentos de su propio Ministerio de Economía.

Así, el examen realizado por Mediapart del patrimonio de los oligarcas rusos y de su estado actual en Francia muestra que varios de ellos y sus familiares cercanos han conseguido mantener el control de sus sociedades inmobiliarias.

El mecanismo consistió en dos hipotecas firmadas con bancos de Mónaco por familiares de los magnates rusos sobre dos complejos inmobiliarios situados en la Costa Azul francesa, que consiguieron sin que las entidades financieras o el Tesoro francés hiciera ningún tipo de verificación.

Una de estas hipotecas benefició a la esposa de Andrei Zubitski, hermano del oligarca Boris Zubitsk, que todavía no figura en la lista de sanciones de la UE a pesar de sus vínculos “familiares y empresariales”. Al frente del gigante metalúrgico ruso Industrial Metallurgical Holding (IMH), Zubitski es también el dueño de Villa Della Robbia, una mansión de 25 millones de euros ubicada en Saint-Jean-Cap-Ferrat, una península paradisíaca de la Costa Azul. Es vecino de Boris Rotenberg y Musa Bazhaev. Y sigue disfrutando de Villa Della Robbia con total tranquilidad porque no ha sido sancionado, pese a estar implicado junto a su hermano en la gestión de IHM.

Francia podría haber pedido que Bruselas impusiera sanciones al oligarca, e incluso haber decretado sanciones nacionales contra él. El Gobierno también podría haber hecho extensivas a Andrei Zubitski las sanciones impuestas a su hermano Eugueni. Preguntado por Mediapart, el Ministerio de Economía se negó a comentar casos concretos y advierte de que el marco jurídico no facilita su trabajo: "Las medidas restrictivas de congelación de activos son medidas personales", que no pueden extenderse automáticamente a otros miembros de la familia, argumenta.

Evidentemente, para congelar los activos de familiares de oligarcas es necesario demostrar que están implicados en sus negocios o que se les está utilizando para eludir sanciones. Esto requiere un "examen meticuloso caso por caso", explica el abogado Edouard Gergondet. En su opinión, sin embargo, Economía "no realiza controles sistemáticos" sobre los familiares de los oligarcas, ya que esta tarea se delega en gran medida "en los operadores comerciales y financieros", como los bancos y los notarios, que están obligados a informar a las autoridades. Estos últimos "ejercen una gran vigilancia, [...] incluso cuando la elusión se realiza por medio de personas próximas a la persona sometida a las sanciones", asegura por su parte el ministerio.

250 euros por el 25% de un piso de lujo en París

Pero, a tenor de la investigación realizada por Mediapart, infoLibre y Domani, hay agujeros en el sistema.

Por ejemplo, Andrei Zubitski poseía el 51% de la sociedad propietaria de Villa Della Robbia y el resto pertenecía a su esposa. En septiembre de 2022, cuatro meses antes de que el hermano de Andrei fuera sancionado, la pareja llegó a un "acuerdo parcial sobre la liquidación de su régimen económico matrimonial", y Andrei Zubitskiy transfirió su participación del 51% a su esposa. Ella es ahora la única propietaria, con su nombre de soltera. Como resultado, los vínculos entre la propiedad y el oligarca son más difíciles de detectar.

Un mes antes de esta transferencia, el oligarca había obtenido de la filial monegasca de Société Générale la renovación de una hipoteca de 24,8 millones de euros. Este acto, que permite obtener o ampliar un préstamo pignorando la villa, está prohibido cuando se congelan los activos, ya que es un medio de recuperar su valor en efectivo —la casa pertenece en parte al banco hasta que se devuelva el préstamo—.

¿Informó Société Générale de esta operación al Ministerio de Economía francés? El banco se ha negado a responder alegando "secreto profesional", aunque sí declara que cumplió "rigurosamente las leyes y reglamentos vigentes y está aplicando diligentemente las medidas necesarias, en coordinación con las autoridades competentes".

La segunda hipoteca detectada por Mediapart benefició a uno de los más fieles seguidores de Vladimir Putin, Dimitri Peskov, su portavoz desde hace 23 años. Su hija Elizaveta Peskova vendió a su madre la participación del 25% que poseía en Sirius, la empresa propietaria de un lujoso piso de 180 metros cuadrados en París, por sólo 250 euros. Esta transferencia se realizó dos meses antes de que Elizaveta fuera sometida a sanciones europeas el 3 de junio de 2022. En cualquier caso, fue una decisión acertada, ya que la madre, Ekaterina Solotsinskaya, que se mantiene como la única propietaria del piso, es también el único miembro de la familia libre de sanciones. Ni el piso ni la empresa figuran en la lista de activos congelados por Francia.

Suleimán Kerimov, que ha labrado su fortuna en empresas de metales preciosos y fertilizantes, y se encuentra bajo investigación judicial por blanqueo de capitales en Francia, también hizo su propio intento de eludir las penalizaciones europeas. Poseía cuatro villas de lujo en Cap d'Antibes a través de una persona interpuesta. Las vendió en 2019 por 286 millones de euros a su hija Gunara, que pagó con dinero aportado por su hermano. Este, a su vez, lo obtuvo del grupo familiar Polyus Gold, un importante productor ruso de oro. El oligarca y su hijo fueron sancionados en 2022. Pero no su hija. A día de hoy, sus residencias tampoco han sido congeladas por el Gobierno francés. El abogado de Gulnara Kerimova asegura que su cliente compró las villas "con total transparencia ante las autoridades competentes para cumplir con toda la normativa", y que la operación "no viola por tanto ninguna sanción europea".

Intento de reparar el fallo

Es evidente, por tanto, que “los familiares pueden ser utilizados para burlar las sanciones y que Europa aún no ha resuelto este problema", subraya Clara Portela, catedrática de Ciencias Políticas de la Universidad de Valencia.. Es más, la reciente exclusión de la lista de familiares de personas sancionadas por el Tribunal de Justicia de la UE, como la madre del líder del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, mandaba igualmente un mensaje desalentador, y bastante contradictorio.

Los Estados miembros del G7 y de la UE, a través de su participación conjunta en la REPO, compartieron el pasado mes de mayo su primer catálogo de tipos de elusión de las sanciones en mayo de 2023 mediante una declaración conjunta. El documento menciona claramente el “uso [por parte de los sancionados] de familiares y allegados para garantizar un acceso y control continuados” de los activos congelados, al tiempo que recomienda a los miembros del grupo que “impongan sanciones a los familiares y allegados”, siempre que se sospeche que se está produciendo un intento de eludir las sanciones.

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No obstante, estas recomendaciones ya las había aprobado el Consejo de la UE e incluso figuran en los reglamentos aplicados en Francia. Pero carecen de una propuesta clara para incluir a los familiares y terceros en los paquetes de sanciones.

El Consejo de la UE está trabajando para desarrollar un marco armonizado; en concreto, una directiva de noviembre de 2022 considera cualquier violación de las sanciones como “delito de la UE”. Se trata de un intento de superar las disparidades nacionales, según explica Clara Portela.

Además, a principios de mayo se adoptó otra directiva destinada a facilitar la inclusión en la lista de los familiares directos. “Tal vez para poner remedio a las decisiones del Tribunal de Justicia de la UE en la materia”, comenta la profesora valenciana en alusión a la sentencia sobre Prigozhin. La Unión Europea se ha dado cuenta de los fallos de su propio sistema.