La Fiscalía y el Ayuntamiento de Madrid han mantenido sus peticiones de pena para los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina por estafar al Consistorio en el momento más grave de la pandemia, y piden hasta 15 y 9 años de prisión, multa millonaria e indemnización de casi ocho millones de euros.

El juicio a Luceño y Medina se ha acercado a su fin en esta séptima jornada, aunque, en contra de lo previsto inicialmente, no ha finalizado porque la vista se ha alargado y, tras más de cinco horas, la Sala ha decidido continuar mañana jueves con los informes finales de las acusaciones populares que ejercen PSOE y Más Madrid y con los de las dos defensas.

En la recta final de la vista oral todas las partes han elevado a definitivas sus peticiones en lo esencial: las acusaciones consideran probados los delitos por los que se sientan en el banquillo los acusados, mientras que las defensas defienden su absolución.

El fiscal anticorrupción Luis Rodríguez Sol ha justificado el delito de estafa, sobre todo por el ánimo de lucro de los dos acusados, que queda claro en diferentes mensajes. Como ejemplo, en los que dicen "pá la saca" al cobrar la comisión o el de que el banco podría sospechar de un "pelotazo", y que se tradujo en una comisión mucho más elevada de lo habitual, que ascendió a seis millones (cinco para Luceño y uno para Medina).

"Es difícil encontrar mayor ánimo de lucro", ha dicho el fiscal, que ha puesto de relieve que los investigados "ocultaron comisiones" y trasladaron "la creencia de que actuaban altruistamente" con "declaraciones expresas" en las que negaban que se llevasen comisión.

Para la Fiscalía, Luceño incurrió en estafa agravada, falsedad en documento mercantil y oficial y en un delito agravado contra Hacienda. Al hijo del duque de Feria y Naty Abascal, Luis Medina, le considera coautor de estafa y falsedad en documento mercantil por esta operación de compraventa de material sanitario

Para Luceño pide 15 años de cárcel y una multa total de 5,6 millones de euros, y para Medina 9 años de cárcel y multa de 450.000 euros.

También reclama que indemnicen conjunta y solidariamente a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid, que fue la que formalizó la compra, con un total de 7,9 millones de euros.

En el caso de Luceño, la Fiscalía también quiere que abone 1,3 millones de euros a Hacienda si el tribunal considera que debió tributar por las comisiones que obtuvo.

Por su parte el Ayuntamiento de Madrid, acusación particular en la causa, ha ratificado que pide para Luceño 11 años de cárcel y una multa de 600.000 euros, mientras que para Medina solicita 9 años y 450.000 euros, así como que ambos indemnicen conjuntamente a la Empresa de Servicios Funerarios con 7,9 millones de euros.

La letrada del Ayuntamiento ha asegurado que los contratos investigados no se cerraron así por "ignorancia o falta de diligencia" de la que era jefa de compras municipal, sino por la trama que urdieron los procesados.

Antes de las conclusiones e informes finales ha declarado Alberto Luceño, quien ha explicado ante el tribunal que él fue "un transmisor de información" entre el vendedor, que era la empresa asiática Leno, y el comprador.

Ha asegurado que la responsable de compras municipal, Elena Collado, le pidió "ayuda" y que "no la dejara sola" porque necesitaba urgentemente material sanitario, y que ambas partes acordaron unos precios determinados sin que él supiera en ese momento la comisión que cobraría.

Sobre Luis Medina, ha dicho que fue el que le dio contacto de la responsable de compras del Ayuntamiento, y por tanto fue "el facilitador". "Sin él no habría operación, negocio", ha dicho. Al salir de la sede judicial no ha hecho declaraciones argumentando que ya había contado todo ante el tribunal.

El empresario Alberto Luceño ha explicado ante el tribunal que le juzga por presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compraventa de material sanitario que él fue "un transmisor de información" entre vendedor y comprador, que la responsable de compras municipal le pidió "ayuda" y que no la dejara "sola", y que ambas partes acordaron unos precios sin que él supiera la comisión que cobraría hasta después, según informa EFE.

La Audiencia Provincial de Madrid celebra este miércoles la séptima sesión del juicio a los empresarios Luceño y Luis Medina acusados de estafa al Ayuntamiento de Madrid al inicio de la pandemia, en tres contratos de compraventa de material sanitario en los que se embolsaron 6 millones de euros en comisiones. La Fiscalía pide 15 años de cárcel para Luceño por presunta estafa, falsedad documental y fraude, y nueve para Medina por presunta estafa y falsedad documental.

Luceño ha contestado a todas las partes y se ha mostrado seguro en sus respuestas, reconociendo que lo sabe "todo" del proceso, y de hecho la presidenta de la Sala ha dicho en una ocasión, al pretender intervenir su letrado, que el acusado estaba contestando detalladamente y sabe dónde están los documentos que se manejan en la causa.

Ha relatado que habló por primera vez con la responsable de compras entonces del Ayuntamiento, Elena Collado, el 22 de marzo de 2020 por la noche, porque su socio Medina le había dado su teléfono el día anterior, pero ese día no la pudo llamar porque él estaba en China. En una conversación de unos diez minutos él le preguntó a Collado qué necesitaba, y ella le dijo que tenía "una necesidad imperiosa de material sanitario", por lo que él le explicó que tenía experiencia de cuatro años en China y sabía cómo conseguirlo.

"Fue ella la que me llamó para pedirme ayuda. Me dijo: 'Alberto no sé de este negocio, por favor ayúdame, no me dejes sola... no se leer facturas'", ha detallado Luceño. Ha matizado: "Yo no voy ofreciendo un producto; es ella la que me manda un cuadro de suministros con 37 artículos y yo le digo que vamos a intentar ser rentables y conseguir los productos que más necesite la sociedad", que serían tres, aunque ella le dijo inicialmente que quería "todos".

Ha reconocido que en ese momento no le dijo a Collado expresamente que lo que quería era ayudar, pero que "evidentemente quería ayudar" entre otras cosas porque tiene familiares sanitarios. "Mi trabajo consiste en poner de acuerdo al vendedor y al comprador, en que se haga la operación", ha dicho, precisando que él representaba al vendedor, que era la empresa asiática Leno, y fue "un transmisor de información" entre las dos partes.

Ha dejado claro que durante todo el proceso "nunca" le dijo a Collado que él fuera agente de la empresa Leno, y sobre su intención en la compraventa ha llegado a asegurar: "Si yo hubiera querido vender, si tuviera el ánimo de estafar, podría haber vendido 26 artículos y podría haber ganado 26 veces más".

Sobre la comisión que acabó cobrando, de 5 millones, ha contestado al fiscal que "en ningún caso" el Ayuntamiento le preguntó ni él lo dijo. "No voy diciendo lo que se gana, y yo no sabía lo que se me iba a retribuir", ha añadido, dejando claro que la comisión la determinó luego la empresa Leno.

"Yo le dije (a Collado) el precio de 6,6 porque me lo dice Leno, y Leno es la persona que tiene contacto con la fábrica directamente", ha explicado, haciendo hincapié en que él no sabía "lo que Leno tuviera fijado con la fábrica" ni lo que él iba a cobrar de comisión. Ha asegurado que "cada operación es un mundo y unas veces puede quedar muchísimo o puede quedar menos" de comisión, y que en este caso solo supo su comisión cuando se acabó firmando el contrato y se hizo una transferencia.

Luceño ha relatado cómo su objetivo es que la mercancía llegase lo antes posible y con las características acordadas, y que "el miedo" de la responsable municipal de compras "no eran las comisiones" sino que efectivamente llegara la mercancía en tiempo y forma. También ha explicado cómo gestionó que, tras recibir el Ayuntamiento unos guantes que no se correspondían con el contrato, la empresa Leno devolviera casi todo el dinero.

Ha asegurado asimismo que vio al dueño de Leno, San Chin Choon, en una ocasión, aunque luego hablaron por teléfono y por correo en muchas ocasiones. "Hablé poco, porque tiene un ingles achinao", ha añadido.

El empresario Luis Medina ha reconocido que no informó al Ayuntamiento de Madrid de que iba a cobrar comisiones por la compraventa de material sanitario al inicio de la pandemia, porque “no tenía la obligación de decirlo” y “tampoco” se lo preguntó la responsable municipal de compras, según informa EFE.

La Audiencia Provincial de Madrid celebra este martes la sexta sesión del juicio a los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina acusados de estafa al Ayuntamiento de Madrid al inicio de la pandemia, en tres contratos de compraventa de material sanitario en los que se embolsaron 6 millones de euros en comisiones.

Visiblemente nervioso, Medina ha comenzado a declarar poco después de la una menos cuarto y, a preguntas del fiscal, ha asegurado que las comisiones no se pactaban hasta que no se completaban las ventas, y que el pago del material lo recibía la empresa malaya Leno, que es quien vendía las mascarillas y pagaba la eventual comisión. “Por anticipado no podíamos saberlo, ni anticiparlo”, ha subrayado el aristócrata, que ha afirmado que “nunca” habló con la empresa Leno, ya que su interlocutor en la operación era Luceño. Según su relato, tampoco fijó el precio de las mascarillas, sino que eso lo hacía su socio, quien tenía contacto con la empresa suministradora del material: “Eso tendrá que preguntárselo a Alberto (Luceño)”, ha respondido al Ministerio Fiscal.

El empresario ha señalado que tampoco llegó a “ningún pacto” sobre el cobro de las cuantías con Luceño, explicando que solo hablaron de unas “hipotéticas distribuciones de dinero” y recibió “la contraprestación de un servicio". “Con lo recibido, me di por satisfecho”, ha dicho sobre el millón de euros que se embolsó.

Medina ha descrito que en aquel momento, debido a que el mercado estaba “roto”, había “comisiones muy altas” por la “fortísima demanda” y la escasez de oferta. “Había transacciones donde las comisiones podían ser muy elevadas, otras más pequeñas, otras estaban diferidas… Eran muy variadas, en ese momento no había un estándar”, ha añadido.

La Sala ha escuchado varios mensajes entre Medina y Luceño en el que hablan de precios de mascarillas y el primero le dice al segundo que el precio de un determinado tipo -que define como "la repolla"- debe ser por debajo de 2,20 dólares, aunque ha precisado que no sabe a qué operación se refiere esa conversación porque hablaron de muchas compras en poco tiempo. 

El juez Adolfo Carretero ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra Luis Medina Abascal y Alberto Javier Luceño por el caso de las mascarillas en relación a la presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la venta de material sanitario durante el inicio de la pandemia.

Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que se abre juicio oral contra Luceño por un delito continuado de estafa agravada, delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular y delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por particular.

Respecto a Medina, se abre juicio oral por un delito continuado de estafa agravada y por un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular. El órgano competente para enjuiciar este procedimiento será la Audiencia Provincial de Madrid.

La decisión de Adolfo Carretero se produce después de que la Sección 3a de la Audiencia Provincial de Madrid haya desestimado los últimos recursos de apelación, confirmando así completamente la instrucción desarrollada por el magistrado del Juzgado de Instrucción número 47.

El fiscal Luis Rodríguez Sol ya adelantó su escrito de acusación en el que solicita una condena de 9 años de cárcel para el hijo menor de Naty Abascal y 15 años de prisión en el caso de Alberto Luceño.

En el caso de Luceño, el fiscal reclama una multa que asciende a los 5 millones, mientras que su socio deberá pagar si es condenado una multa de 450.000 euros. Además, se solicita que ambos indemnicen con casi 8 millones de euros a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y de Cementerios de Madrid.

A Luis Medina le imputa en concepto de coautor un delito continuado de estafa agravada y otro delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular. A Luceño le acusa de los citados delitos en calidad de autor, junto a otro delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por particular y otro contra la Hacienda Pública agravado.

De igual modo, el fiscal pide que Luceño indemnice a la Agencia Tributaria, en el caso de que se considere que las comisiones que obtuvo en las operaciones relatadas están sujetas a tributación, en la cantidad de 1.351.386,29 euros.

El fiscal considera que procede, asimismo, decretar el decomiso de los bienes actualmente embargados, así como de cualesquiera otros en poder de los acusados hasta alcanzar la cantidad de 4.623.350,05 euros en el caso de Alberto Luceño, y la cantidad de 912.700 euros, en el caso de Luis Medina.

"La intención de ambos acusados fue la de enriquecerse exageradamente a costa de la citada situación de extrema necesidad y carencia de materiales sanitarios, vendiendo los productos por un precio muy superior al que les era ofrecido por los suministradores, y ello como consecuencia de la imposición de unas comisiones desorbitadas que mantuvieron ocultas en todo momento al comprador", recalcó el fiscal.

Insistía Luis Rodríguez Sol en que los acusados "convencieron" al Ayuntamiento de Madrid de que actuaban movidos por razones altruistas, sin obtener ningún beneficio de la operación" a pesar de las comisiones millonarias que se desembolsaron.

En cuanto a las mordidas, el escrito recogía que las transferencias que consta en la causa corresponden "al cobro de las comisiones previamente pactadas entre Leno y los acusados, si bien Luis Medina no negoció con Leno el importe de su comisión, sino que dejó la esta gestión en manos de Alberto Luceño".

"Tanto en esta como en las otras operaciones, Alberto Luceño le dijo a Luis Medina que iban a ir a partes iguales, cobrando ambos idéntica comisión", expone el fiscal, quien agrega que para mantenerle en esta creencia, le envió un documento en que se reconocía a ambos una comisión de 1 dolar por mascarilla (1.000.000 dólares en total), y esta fue la cantidad que efectivamente cobró Luis Medina.

Sin embargo, según apunta el fiscal, "Alberto Luceño ocultó a Luis Medina que, en otro documento aparte, había pactado con Leno una comisión adicional de 2 dólares por mascarilla; es decir, Alberto Luceño cobró en total 3.000.000 dólares como comisión por esta operación, el triple que el otro acusado.

La Fiscalía sostiene en relación a la calidad de estas mascarillas que "no ha podido ser analizada en laboratorio con las debidas garantías por haber caducado su plazo de uso".

"Sin embargo, no se han aportado pruebas de que estas mascarillas no reunieran las condiciones técnicas de una mascarilla KN95, asimilable a una mascarilla FFP2, por lo que cabe presumir que reunían las especificaciones estipuladas en el contrato", añade.

En el auto de procesamiento, Adolfo Carretero sostuvo que las compraventas en las que intervinieron los investigados constituyen un caso de "negocio jurídico criminalizado al haber engañado al Ayuntamiento de Madrid, ocultando con dolo unas comisiones excesivas para cualquier tipo de negocio, sin tener poder alguno de la empresa vendedora y con falsedad de documentos mercantiles".

Carretero afirmó que Medina y Luceño se "enriquecieron" con ello y "perjudicaron" al Patrimonio Municipal en bienes de primera necesidad, como era en el momento de la venta los materiales sanitarios "y en cantidad superior a 50.000 euros". El magistrado también apunta que Alberto Luceño "engañó al propio Luis Medina en el reparto de comisiones" y que "fijó unilateralmente".

El comisionista Alberto Luceño se ha negado este viernes a declarar ante el juez Adolfo Carretero, que instruye el caso de las mascarillas, por presuntamente defraudar 1,3 millones de euros a la Hacienda Pública y manipular documentos oficiales, entre ellos una carta del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Luceño ha comparecido apenas unos minutos en el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid por la presunta comisión de un delito agravado contra la Hacienda Pública y por otro de falsedad en documento oficial. El delito fiscal se le imputa por no tributar en 2020 en relación a las operaciones de intermediación con la empresa malaya Leno investigadas por el juez Carretero dentro del caso de las mascarillas.

Ante los abogados personados, el fiscal y su defensa, se ha acogido a su derecho a no declarar. A su salida, se ha parado amablemente unos minutos ante los periodistas que le esperaban y se ha limitado a agradecer su trabajo.

Al empresario se le investiga en el marco del caso de las mascarillas por una presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la venta de mascarillas y otros productos sanitarios. A raíz de estas pesquisas judiciales, el juez ha extraído una pieza separada ante la aparición de nuevos indicios de delito.

Primero estaba llamada a testificar la perito de la Agencia Tributaria que elaboró el informe económico que apunta a la existencia de un posible delito fiscal, trabajo que ha sido ratificado ante el instructor.

El informe concluye que el investigado había dejado de ingresar en las arcas públicas en relación al IRPF de año 2020 la cantidad de 1.351.386 euros, como consecuencia de las operaciones de intermediación investigadas en el presente procedimiento".

Luceño no pudo imputar sus ingresos a la sociedad Takamaka Invest "porque no estaba constituida al momento de hacer las operaciones", y por lo tanto aprecia "indicios de la comisión de un delito fiscal agravado del que habla el Ministerio Público".

En la pericial, la experta ha insistido a preguntas de los abogados que el investigado no tenía ninguna voluntad de pagar a Hacienda y que incluso les ha trasladado que regularizará la cantidad supuestamente defraudada en el año 2020 cuando haya sentencia firme en el caso de las mascarillas.

"Takamaka lo constituyó dos meses después. Había una intención de defraudar a Hacienda", ha reseñado la perito ante el magistrado y las partes personadas, según apuntan fuentes jurídicas.

La perito ha apuntado ante Adolfo Carretero que Luceño podría incluso incurrir en un delito contable al carecer de libros que recojan los ingresos contables por ejercer una actividad profesional.

La abogada Nuria Zapico, que representa a la acusación popular de Más Madrid, ha destacado que la perito ha sido "muy tajante" en afirmar que Alberto Luceño no tenía intención de pagar a la Agencia Tributaria.

"Ella explica que es una actividad que realiza a título personal y está obligado a abonar esos tributos. Lo hizo luego cuando Hacienda se lo dice pero a través de Takamaka, pero no estaba constituida. Y esto es una irregularidad", ha reseñado.

En relación a la falsedad en documento oficial, el juez esgrime en su auto que la imputación se basa en un informe de la Policía Nacional que apuntaba a la manipulación de varios documentos oficiales hallados en los registros practicados el pasado mes de septiembre en su vivienda y en la sede de su empresa.

Entre estos documentos manipulados, figura una carta firmada por el alcalde de Madrid; un certificado emitido por el personal del Hospital Puerta de Hierro; y un certificado emitido por el director general de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid.

En el caso de la carta firmada por el alcalde, el documento señala que "existe una elevada cantidad de archivos con diferentes versiones modificadas en torno a la misma, llegando a incluir en algunos casos emblemas del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social".

En esta carta, el Ayuntamiento de Madrid recomendaba al empresario para así facilitar que cerrara los contratos en China ante los obstáculos que ponían las autoridades de este país.

El magistrado investiga a Luceño y a su entonces socio Luis Medina por una presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la venta de material sanitario para afrontar el inicio de la pandemia del covid-19, una operación en la que el Consistorio desembolsó cerca de 11 millones de euros.

El pasado septiembre, la Policía Nacional localizó en la vivienda de Luceño una placa en la que ponía "agente de autoridad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)" y varias impresiones de imágenes de tarjetas de la Policía Nacional y del Ministerio de Defensa.

El juez Carretero abrió entonces una pieza separada del caso de las mascarillas a instancias de la Fiscalía Anticorrupción para investigar las comunicaciones entre Luceño y el empresario malasio San Chin Choon, el proveedor del material sanitario que se vendió al Ayuntamiento.

Anticorrupción pidió a Carretero que la Policía registrase el domicilio del comisionista Alberto Luceño al sospechar que detrás de un correo firmado por San Chin Choon estaría el propio Luceño con la finalidad de avalar falsamente su tesis de que él y su entonces socio Luis Medina eran agentes exclusivos de la empresa malaya.

La Policía Nacional halló en el registro del domicilio y la empresa de Alberto Luceño varias versiones falsificadas de documentos oficiales, entre ellas de una carta firmada por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en la que el Ayuntamiento de Madrid recomendaba al investigado de cara a facilitar la importación de China de material sanitario. "De todos ellos —señala el informe policial— habría multitud de versiones con modificaciones que desvirtuarían el contenido original de los mismos".

Así consta en un informe de la Policía Nacional, al que tuvo acceso Europa Press, en el que concluye que Luceño disponía de "muchas versiones" modificadas de documentos de entidades públicas.

Los documentos se localizaron en los registros practicados el pasado mes de septiembre por orden del juez Adolfo Carretero en el marco de una pieza separada abierta a instancias de la Fiscalía Anticorrupción para investigar las comunicaciones entre el investigado y el proveedor malayo San Chin Choon.

Entre estos documentos, figura una carta firmada por el alcalde de Madrid; un certificado emitido por el personal del Hospital Puerta de Hierro; y un certificado emitido por el director general de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid.

En el caso de la carta firmada por el alcalde, el documento señala que "existe una elevada cantidad de archivos con diferentes versiones modificadas en torno a la misma, llegando a incluir en algunos casos emblemas del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social".

En esta carta, el Ayuntamiento de Madrid recomendaba al empresario para así facilitar que cerrara los contratos en China ante los obstáculos que ponían las autoridades de este país.

En relación al certificado del Puerta de Hierro, expone que se corrobora que en una de las modificaciones Luceño hacía constar que era agente oficial del gobierno chino, sin que se correspondiera con el documento oficial.

El informe detalla que el documento del director de Emergencias que le permitía desplazarse fuera del territorio nacional, en época de restricciones por el Covid, contaba con varias modificaciones, entre ellas que igualmente hacia constar que era agente del gobierno chino.

En otro apartado del informe se expone que Luceño dio instrucciones al empresario San Chin Choon a través de un email sobre los términos concretos en los que debería responder a la comisión rogatoria enviada a las autoridades malayas en el marco de la instrucción del caso investigado por el juez Adolfo Carretero.

En concreto, según el informe policial, el proveedor de material debía apuntar que había firmado varios documentos con Alberto Luceño y que reconoce que las firmas que figuran son suyas.

"Estas comunicaciones arrojan indicios que indican que podría tratarse de un acuerdo de voluntades posterior, para aunar versiones, ante las dudas, de la autoridad judicial sobre la autoría y legitimidad de los documentos objeto del estudio en la instrucción judicial, tratando de solventar "posibles irregularidades en su confección".

El juez Adolfo Carretero ha ampliado la investigación que dirige contra el comisionista Alberto Luceño a un delito de falsedad documental en relación al informe de la Policía Científica que concluyó que la tarjeta identificativa del CNI y una placa localizadas en su vivienda en un registro son íntegramente falsas, según informa Europa Press.

Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que también se requiere, a instancias de la Fiscalía, al Ayuntamiento de Madrid y a la empresa Kuehne & Nagel para que informen acerca de la cantidad exacta de guantes de nitrilo recibidos de la empresa Leno en 2020 con destino a la empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid.

El magistrado investiga a Luceño y a su entonces socio Luis Medina por una presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la venta de material sanitario para afrontar el inicio de la pandemia del Covid-19, una operación en la que el Consistorio desembolsó cerca de 11 millones de euros.

En la resolución se solicita que el Consistorio exprese claramente si se trata de pares o unidades y, en el caso de que se hubiesen recibido en distintas remesas, la fecha y los detalles de cada una de las operaciones de importación, aportando documentación justificativa que obren en su poder.

La ampliación de la investigación sobre Luceño se realiza en relación con el informe de la Sección de Documentoscopia de la Unidad Central de Criminalística de la Comisaría General de Policía Judicial, que concluyó que la tarjeta y placa del CNI halladas en su vivienda eran falsas.

En cuanto a la petición al Ayuntamiento, el instructor requiere al Consistorio y a la empresa Kuehne & Nagel para que informen en el plazo de un mes a este Juzgado acerca de la cantidad exacta de guantes de nitrilo recibidos de la empresa Leno Sdn Bhd en 2020.

El juez expone que los requerimientos pedidos por el Ministerio Fiscal tanto al Ayuntamiento de Madrid, como a la empresa Kuehne & Nagel, son necesarios para acreditar el perjuicio del Ayuntamiento y de la Funeraria, toda vez que de los 2.500.000 pares de guantes contratados, sólo llegaron al parecer a España 1.250.000 pares .

El pasado septiembre, la Policía Nacional localizó en su vivienda una placa en la que ponía "agente de autoridad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)" y varias impresiones de imágenes de tarjetas de la Policía Nacional y del Ministerio de Defensa.

El juez Carretero abrió entonces una pieza separada del caso de las mascarillas a instancias de la Fiscalía Anticorrupción para investigar las comunicaciones entre Luceño y el empresario malasio San Chin Choon, el proveedor del material sanitario que se vendió al Ayuntamiento.

Anticorrupción pidió a Carretero que la Policía registrase el domicilio del comisionista Alberto Luceño al sospechar que detrás de un correo firmado por San Chin Choon estaría el propio Luceño con la finalidad de avalar falsamente su tesis de que él y su entonces socio Luis Medina eran agentes exclusivos de la empresa malaya.

Alberto Luceño ha solicitado al juez Adolfo Carretero una nueva comisión rogatoria a Malasia para interrogar a San Chin Choon, el empresario malaya proveedor del material sanitario vendido al Ayuntamiento de Madrid objeto del procedimiento judicial que investiga el caso de las mascarillas. En un escrito, al que tuvo acceso Europa Press, el investigado, a través de su defensa, insiste en que se reactive la comisión rogatoria dada "la importancia del testimonio" del empresario malayo para el hallazgo de la verdad procesal".

La petición se produce a tenor de la respuesta que ofrecieron las autoridades malayas el pasado abril en relación a que el empresario rehusaba colaborar con la Justicia española. Sin embargo, el letrado menciona una entrevista de San Chin Choon a un medio español en el que manifiesta que está colaborando con la investigación. "Mucho nos tememos que pueda haber existido acaso alguna clase de decalaje temporal o, peor, administrativo en la comisión rogatoria. Puede que San Chin Choon haya contestado después de estar de vuelta la Comisión Rogatoria, o puede que lo haya hecho ante una autoridad diferente", recoge el escrito judicial.

Ante ello, plantea instar de nuevo la Comisión Rogatoria a través de una doble vía para "el buen fin de la comisión". En primer lugar, pide que se libre, traducida al idioma inglés, a la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia español, como la anterior, para que la haga llegar por conducto diplomático a la autoridad central de este país.

Además, solicita que sea adelantada, a través de la Unidad Adscrita a los Juzgados de Madrid-Policía Nacional, a la División de Cooperación Internacional de la Dirección General de Policía, para que ésta pueda trasmitírsela al Agregado del Ministerio del Interior en la Embajada de España en Tailandia.

La investigación del denominado caso mascarillas continúa avanzando. Seis semanas después de admitirse a trámite la querella de Anticorrupción, las diligencias llevadas a cabo por el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid van estrechando poco a poco el cerco alrededor de los investigados Luis Medina y Alberto Luceño. La información recibida en los últimos días ha empezado ya a desbaratar la defensa armada por ambos comisionistas. Sobre todo, en lo que tiene que ver con la falsedad documental o el alzamiento de bienes. Sin embargo, ahí queda la cosa. Los intentos de las acusaciones populares por tirar del hilo político han sido, por el momento, infructuosos. Anticorrupción no parece estar por la labor. Y el juez, si bien no escatima en preguntas sobre la conexión entre comisionistas y consistorio, cree que no hay por el momento indicios suficientes como para imputar a ningún cargo público.

Tanto el empresario como el aristócrata han sostenido en todo momento que actuaron como agentes exclusivos de Leno, la firma malaya a la que el Ayuntamiento de Madrid adjudicó varios contratos para la compra de material sanitario. La Fiscalía, sin embargo, no se lo cree. Parece convencida, y así lo deja constar en la querella, de que ninguno de los documentos que Medina y Luceño aportaron a sus entidades bancarias para justificar la naturaleza y el origen de los fondos recibidos es "auténtico". A Anticorrupción, según se desprende del casi año y medio de investigación, le chirría que estén fechados mucho antes de la pandemia, a pesar de que la relación de Medina con la firma antes del covid había sido nula. O que incluyan en la cabecera las señas del FBI o la Interpol. De ahí que uno de los delitos por los que están siendo investigados sea la falsedad documental.

El empresario ha insistido una y otra vez en la validez de los papeles, reconociendo únicamente ante el juez Adolfo Carretero "una errata en una fecha". Pero un informe remitido al instructor esta misma semana refuerza la tesis de la falsedad y hace temblar la defensa armada por los comisionistas. El documento ha sido elaborado por la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés), a quien parecen atribuidos los diferentes contratos –algunos de ellos a través de logotipos antiguos–. Y es categórica al respecto: "La Cámara de Comercio Internacional no es su autora, ni ha participado en su elaboración o redacción de sus estipulaciones, ni ha autorizado el uso de un membrete antiguo". De hecho, recalca que los contratos que acompañaban al oficio que recibieron "son el habitual modelo" que se ha atribuido "erróneamente" al foro empresarial "desde hace 17 años". Un modelo sobre cuyo uso ya alertaron.

Pero de las siete páginas del informe se desprende otra cuestión importante. Es sobre la dimensión de las comisiones, que entre empresario y aristócrata ascendieron a cinco millones de euros. Y choca de lleno contra lo que mantuvo Luceño durante la investigación llevada a cabo por Anticorrupción. "Siempre seguimos las recomendaciones de la Cámara de Comercio de París, que no las obligaciones. La Cámara de Comercio de París, que es la ICC, dice que recomienda que no se puede nunca llevar una persona más del 50% de la operación", aseguró Luceño en su declaración ante el fiscal. "¿Esa recomendación la tiene usted recogida, sabe usted qué recomendación es?", le interrumpe el representante del Ministerio Público. "[Se me ha dicho] verbal siempre", respondía entonces el investigado.

Pero la ICC no sabe nada de eso. "La Cámara de Comercio Internacional no tiene ninguna pauta o recomendación sobre el porcentaje de la comisión en operaciones de intermediación ocasional", sostiene en su informe. Según la querella de Anticorrupción, Luceño se embolsó una comisión del 44,8% en el caso de las mascarillas y del 49,4% en el de los test, mientras que en el caso de Medina esa cifra fue del 14,9% y 21,5%, respectivamente.

Más allá de los delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales, sobre el aristócrata pende también un posible alzamiento de bienes. Al fin y al cabo, se deshizo de parte de los bienes que adquirió con el dinero de la comisión tras tener conocimiento de que estaba siendo investigado por el Ministerio Público. "Si el día de mañana [la investigación] va al juzgado, hay que pedir el embargo de los bienes. Y su abogado le podrá decir, si usted hiciera cualquier maniobra intentando, no sé, ponerlo a nombre de otro, eso sería un delito", le advirtió el fiscal durante su declaración ante Anticorrupción el 13 de abril de 2021. Pocos días más tarde, llevó a cabo una operación de venta de títulos de valores de uno de los bonos adquiridos, a la que siguieron otras tantas.

Esto ya fue algo que dejó entrever un resumen de los movimientos de cuenta del aristócrata facilitado al juez. Una información que hace pocos días pudo contrastar Carretero a través de los extractos bancarios enviados desde el Deutsche Bank. Los documentos vienen a confirmar cuatro operaciones de Medina relacionadas con uno de los dos bonos adquiridos tras declarar ante el Ministerio Público. El primer extracto de "liquidación de venta de títulos" está fechado el 21 de abril de 2021 por un importe de 12.239 euros. El último, el 26 de agosto por 18.973 euros.

Pero las acusaciones populares –PSOE, Más Madrid, Podemos y Recupera Madrid– no han sido capaces, por el momento, de meter en el cerco de la investigación a ninguno de los protagonistas, políticos y no políticos, que tuvieron relación con los comisionistas. Todos los intentos han sido en vano. La Fiscalía Anticorrupción ha levantado un cortafuegos alrededor del consistorio. Y no se ha movido ni un ápice en lo que va de instrucción. El Ministerio Público ha insistido hasta el momento en delitos que no afectan directamente al Ayuntamiento de la capital. Y se ha negado a cualquier imputación que tenga que ver con la derivada política de la investigación. Algo en lo que se ha encontrado con el respaldo del juez instructor.

Primero se intentó con el gerente de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios (EMSF), a través de la cual se hicieron los contratos. Más Madrid solicitó su declaración como investigado al considerar que existían algunas irregularidades alrededor de la documentación que facilitó durante la investigación a Anticorrupción. Pero el Ministerio Público, si bien reconoció las "diferencias" detectadas por el grupo municipal, la rechazó alegando que no se había alterado "ningún elemento o requisito esencial de los documentos", un argumento que hizo suyo el juez para rechazar finalmente la petición.

Tampoco se ha aceptado la inclusión en la lista de investigados de la jefa de Compras del Ayuntamiento, Elena Collado, que fue quien estuvo en contacto con los comisionistas. Ni tampoco de Carlos Martínez-Almeida, el primo del alcalde que facilitó a Luis Medina el famoso "correo genérico" para ponerse en contacto con el consistorio. "Para cualquiera que analice objetivamente el material obrante en las diligencias (...) resulta evidente que la señora Collado no tuvo intención de causar un quebranto al erario público", argumentaba Anticorrupción sobre la primera. "Dicha declaración resulta irrelevante a los efectos de investigar los presuntos delitos que son objeto de la presente causa, pues se cometieron con posterioridad a la intervención de Martínez-Almeida en los hechos", decía respecto al segundo.

El juez, de nuevo, dio la razón al Ministerio Público. Consideró que Collado, hasta donde se conoce, "fue engañada por los comisionistas". Eso no quita, no obstante, que Carretero no haya explorado el desembarco de Medina y Luceño en el Ayuntamiento de Madrid citando en calidad de testigos. La pasada semana declararon en sede judicial tanto el primo del alcalde como la antigua profesora del aristócrata, quien hizo de nexo de unión entre el comisionista y Martínez-Almeida. Pero la Fiscalía estuvo ausente. En el primer caso solo lanzó una cuestión: "¿Recuerda si Medina cuando habló con usted por teléfono le dijo si la operación la hacía el solo o si tenía un socio?". En el segundo, rechazó preguntar. De hecho, durante un rifirrafe con una abogada dejó caer que "el modo" en el que Medina y Luceño accedieron al consistorio "no es objeto" de la causa.

A esto se le suma la imposibilidad de acceder al informe del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), el que puso a Anticorrupción tras la pista de Medina y Luceño. El documento, como desveló elDiario.es, tiene su importancia puesto que hacía alusión a posibles delitos de blanqueo de capitales y malversación de fondos públicos, un tipo penal atribuible a funcionarios o autoridades. La Fiscalía rechazó entregarlo a comienzos de mayo amparándose en la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales. Algo que también descartó el director del Sepblac: "La información que obra en poder del Servicio Ejecutivo tiene un régimen jurídico de confidencialidad".

Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde de Madrid, ha declarado ante el juez Adolfo Carretero, que en ningún momento habló con el regidor sobre el interés de Luis Medina en ofrecer material sanitario al Ayuntamiento de la capital pero ha reconocido que contactó con la coordinadora general de la Alcaldía por su relación de amistad desde hace 15 años para obtener un correo a dar al investigado, han informado fuentes jurídicas, recogidas por Europa Press.

Martínez-Almeida, abogado de profesión, ha comparecido como testigo en contra de la pretensión de Podemos, el Grupo Mixto y PSOE de declarar como investigado. Anoche, esta última acusación popular cambió su postura y solicitó que fuera convocado como imputado ante las dudas planteadas tras las declaraciones de la antigua profesora de Luis Medina, María Díaz de la Cebosa.

La directora de la universidad CIS manifestó el pasado lunes al juez que Carlos Martínez-Almeida le comentó en una llamada que iba a hacer gestiones para conseguir al investigado un correo genérico. Sin embargo, Luis Medina siempre ha manifestado, tanto ante el fiscal como ante el juez, que el primo de Almeida le dio el "email" de Elena Collado, la responsable de Compras del Ayuntamiento de Madrid y la persona que negoció con Alberto Luceño la operación de compra-venta.

El testigo ha llegado a primera hora de la mañana a los juzgados para evitar ser captado por los fotógrafos y cámaras congregadas a las puertas de las dependencias judiciales. De igual modo, ha salido a la carrera por los juzgados de guardia, entrando rápidamente en un vehículo Range Rover de color blanco.

Antes del interrogatorio, el juez ha resuelto el recurso de reforma presentado por el PSOE y ha acordado mantener al familiar del alcalde la condición de testigo.

En su declaración, Carlos Martínez-Almeida ha reconocido que medió entre Luis Medina y el Ayuntamiento de Madrid a raíz de una llamada de su amiga María Díaz de la Cebosa, afirmando que su intervención se limitó a facilitar al investigado un correo que le dio Matilde García Duarte, la coordinadora general de Alcaldía y única persona que conoce del Consistorio madrileño. Sin embargo, sus manifestaciones contradicen a lo dicho por el hijo menor de Naty Abascal.

Según el testigo, María Díaz de la Cebosa sí le comentó que el interesado en ofrecer material era Luis Medina, a pesar de que en su declaración aseguró que no le comentó tal extremo. Carlos ha dejado entrever ante el juez que siempre pensó que el comportamiento del aristócrata era de tipo "altruista", según han apuntado fuentes jurídicas presentes en la declaración judicial.

Tras la llamada de Díaz de la Cebosa, el testigo se puso en contacto con la coordinadora general de Alcaldía, con quien ha dicho que le une una amistad desde hace quince años al igual que le une con el alcalde madrileño al compartir con ésta la misma promoción.

Esta persona le facilitó el correo cg.alcaldia.madrid.org para recoger propuestas de ofrecimiento de material sanitario y Carlos se lo trasladó al investigado durante una llamada. Tras esta conversación, asegura que no sabe más de lo que sucedió posteriormente.

Ayer mismo, el juez solicitó en una resolución al Ayuntamiento de Madrid que le informe si en el año 2020, cuando se inició la pandemia, había un correo general para recoger las propuestas sobre material sanitario, a instancias de una solicitud de Podemos.

En la comparecencia, la letrada de Más Madrid ha solicitado al testigo que ofreciera su teléfono para poder ser investigado, a lo que el juez se ha negado.

Los cuatro primeros grandes contratos de emergencia que el Ayuntamiento de Madrid adjudicó en marzo de 2020 para material de protección frente al covid son justamente los cuatro que han terminado bajo sospecha de estafa y pendientes de lo que decidan los tribunales. Tres de ellos son los que reportaron a los comisionistas de oro Luis Medina y Alberto Luceño un corretaje de seis millones de euros que, por lo que se sabe a la fecha actual, les pagó la empresa adjudicataria –la malaya Leno– y que les mantiene imputados por graves delitos: blanqueo, estafa, falsedad y alzamiento de bienes. El cuarto contrato de emergencia de esa meteórica serie es el que fue a parar a la oscura firma estadounidense Sinclair&Wilde Ltd. Es decir, la empresa protagonista de un segundo caso judicial por estafa cuya reapertura ha pedido ya la oposición tras localizar infoLibre a su propietario, a quien oficialmente se daba por desaparecido. Precisamente ese destino incógnito se convirtió en el motivo por el que las diligencias se cerraron provisionalmente a los cuatro meses de haberse abierto.

Todo lo relativo a esos grandes contratos –más de un millón de euros por pieza– empezó al día siguiente de que la empresa municipal funeraria (EMSF) y la concejalía de Hacienda madrileña estamparan su firma digital en un convenio por el que el consistorio se comprometía a financiar la compra de material de protección frente al virus. Fue entonces –el 24 de marzo– cuando el consejo de administración de la EMSF aprobó vía whatsapp la compra de un millón de mascarillas a Leno por 6,68 millones de dólares y la de otras 500.000 a Sinclair&Wilde Ltd. por 2,5 millones de euros.

Por el confinamiento y por la urgencia de recabar mascarillas, guantes y test, y así lo aseguran las fuentes consultadas, la reunión del 24 de marzo no fue presencial. Antes de dar vía libre a los dos contratos reseñados e igualmente a propuesta del equipo directivo, el consejo aprobó también en aquella sesión el convenio firmado por el gerente de la funeraria, Fernando Sánchez, con la edil de Hacienda, Engracia Hidalgo. La fecha mecanografiada que figura en el acuerdo es la del 20 de marzo. Pero la firma digital aparece datada el 23 de marzo. El porqué de tal disparidad, insólita según los expertos a los que ha acudido este periódico, no se conoce aún.

Cuarenta y ocho horas más tarde, una nueva sesión del consejo aprobó el 25 de marzo la adquisición a Leno de 250.000 test rápidos por 4,25 millones de dólares y la de 2,5 millones de guantes de nitrilo por cinco millones de dólares.

Traducido a euros y con los números que luego la junta de gobierno municipal tardó un año en validar –no quedó formalmente "enterada" de las adjudicaciones a Leno y a Sinclair hasta el 11 de marzo de 2021–, el coste total de las cuatro compras ascendió a 13.701.152,95 euros. Inicialmente, a esa suma habría que haberle añadido otros 3,66 millones. Pero la baja calidad de los guantes de nitrilo cuyas virtudes habían proclamado a bombo y platillo Luis Medina y Alberto Luceño hizo que el precio final se recortara: exactamente, el 13 de abril.

Tanto la suma total de pagos por esos cuatro contratos como el recorte lo atestigua el documento público que da fe de los acuerdos adoptados por la junta local de gobierno el 11 de marzo de 2021. Pero mucho antes se produjo un desfase cuya motivación ignora este periódico. Y ese desfase se condensa en una pregunta: ¿por qué si solo por esas cuatro adjudicaciones ya había abonado la EMSF el 13 de abril 13,7 millones, el consistorio aprobó tres días más tarde dotar el convenio con 11,87 millones? Esa cifra, y así consta en el acta de la junta local de gobierno del 16 de abril, era la que se correspondía en aquella fecha con la compra de "materiales sanitarios y de seguridad, según la memoria y justificantes aportados por la empresa [municipal]". infoLibre le trasladó la pregunta al consistorio en cuanto localizó esos datos el viernes por la tarde. De momento, no ha habido respuesta.

En resumen: el convenio bilateral cobra vigencia administrativa el 23 de marzo de 2020. Al día siguiente Medina y Luceño han asistido, en sentido metafórico, a la aprobación del primero de sus tres contratos y su patrocinada malaya ha recibido ya un pago de 3.171.186,2 euros. Ese mismo 24 de marzo, la estadounidense Sinclair&Wilde también ha colocado su medio millón de mascarillas defectuosas y recibido un primer pago de 1,25 millones de euros: los otros 1,25 millones se le pagaron el 14 de abril, como desveló el diario El País.

Ya antes, la malaya Leno había recibido el resto del dinero por su millón de mascarillas (3,07 millones). Y por supuesto, los demás pagos: 1,98 millones el 26 de marzo como primera entrega por sus test y 2,019 como segundo abono. El 13 de abril, una vez confirmada la estafa de los guantes de nitrilo, la funeraria le obligó a devolver por esa parte del lote 3,6 millones de los 4,6 inicialmente pactados. No obstante, se quedó con 952.000 euros la empresa Leno, que granjeó a la pareja empresarial formada por el aristócrata sevillano y su amigo Luceño nada menos que seis millones de comisión. Transmutados en yate, piso de lujo, estancia en un hotel de precio astronómico, coches de altísima gama y relojes estelares, el dinero parece haberse esfumado: el juez del caso no ha logrado aún que ninguno de los dos aporte la fianza exigida.

El pufo de los guantes no fue el único. Y por eso hay un segundo caso bajo sospecha de estafa: las deficientes características de las mascarillas de Sinclair&Wilde Ltd. fueron el detonante de la alerta lanzada apenas mes y medio después de que se efectuara el segundo pago. La lanzó quien desde la última etapa de Manuela Carmena era director de emergencias. Aquellos tapabocas –fue su aviso– en absoluto se ajustaban a lo exigido.

Tras una investigación interna que duró 10 meses se presentó finalmente una denuncia contra el dueño de Sinclair, un tal Phillippe Solomon cuya oferta había llegado de la mano de una consultora madrileña: Araceli Vida, que hizo de intermediaria en otra veintena de contratos –la lista de proveedores de la EMSF muestra 60 adjudicaciones de emergencia en 2020– tal como confirmó el ayuntamiento a infoLibre.

Tras verse estafado, el Ayuntamiento de Madrid puso el caso en manos de la Policía Municipal. Durante meses, se trató de localizar sin éxito a Philippe Solomon, la cara visible de Sinclair&Wilde. Incluso participó la Policía de Nueva York, que tampoco consiguió dar con él. Algo que sí logró la semana pasada este periódico. En conversación con este diario, el empresario franco-israelí aseguró que todo se hizo conforme a la ley, que “en absoluto” está “escondido” o que nadie le ha enviado una “carta oficial” con una reclamación concreta. “Nunca pagué comisiones y creo que ahí comenzó el problema”, aseveró en declaraciones a este diario.

Introducida en el circuito contractual de emergencia a través del concejal del PP y consejero de la empresa funeraria Borja Fanjul Fernández-Pita, la administradora de Aifos e introductora de Sinclair&Wilde ha rehusado en cambio responder a las preguntas de este periódico.

Lo que hizo Borja Fanjul Fernández-Pita fue reenviar a la presidenta de la EMSF un correo electrónico que le había mandado el abogado Carlos Fernández-Pita González. En ese email, Araceli Vida esbozaba su trayectoria profesional y ofrecía sus servicios en lo que al suministro de material de protección frente al Covid se refería. Una empresa de Araceli Vida, Aifos Servicios Legales y Consultoría SL, aparece con medio millón de euros en la lista de proveedores que la funeraria municipal entregó a la Fiscalía Anticorrupción en enero de 2021. Ahora, el consistorio asegura que aquello se trataba de "un error". Y que el documento aportado al departamento del ministerio público que de forma específica investiga la corrupción era un papel "interno". Nadie ha explicado aún qué empresa suministró las mascarillas atribuidas a Aifos ni cobró aquel medio millón.

Una entrada en escena gracias a un primo del alcalde. Unos precios desorbitados que a nadie parecieron llamar la atención. Un trato vip que les eximió de pagar el transporte aéreo asumido por las demás empresas suministradoras de material de protección contra el covid. Errores en los números del listado con que la funeraria municipal de Madrid debía informar a la Fiscalía Anticorrupción sobre el coste exacto de las tres adjudicaciones relacionadas con los dos comisionistas. Un año de tardanza entre la fecha de los contratos y el refrendo oficial de la junta de gobierno local de Madrid.

Lo anterior son piezas que se han ido conociendo sobre el escándalo de Luis Medina y Alberto Luceño, un auténtico puzle del que todavía se sabe poco y que, de momento, ha conducido a la imputación del aristócrata sevillano y su amigo por estafa, blanqueo, falsedad documental y, en el caso del primero, también por alzamiento de bienes. El último trozo del rompecabezas lleva fecha del pasado lunes, cuando en su declaración judicial Luceño le dijo al magistrado que le parece "normal" cobrar una comisión del 47% en contratos sanitarios. Y Medina espetó que no tiene "conciencia" de haber cometido ningún delito. "No pactamos comisiones. Entendí que me iba a tocar un tercio", fueron también sus palabras.

Hasta ahora, lo único sobre lo que no caben dudas es que ambos se hicieron de oro al cobrar seis millones en comisiones: la mitad de lo que en total le costaron al erario madrileño las adjudicaciones a la empresa malaya Leno, o sea, la que les pagó. A lo largo de año y medio, tres fueron los contratos bajo la lupa de Anticorrupción. El primero, por 6,23 millones de euros, para la adquisición de mascarillas. El segundo, por 3,93 millones, para la compra de pruebas de autodiagnóstico. Y el último, por 4,62 millones, para hacerse con guantes de nitrilo en la peor fase de la pandemia, aunque el importe final se quedó en 952.000 euros cuando salió a la luz que su calidad era ínfima.  

En el polo opuesto, el de la confusión y las dudas, se sitúa la nebulosa en que se ha visto envuelta la corporación que preside el alcalde José Luis Martínez-Almeida.

Pero, en espera de que la investigación judicial resuelva las dudas —si es que ello acaba por suceder—, la historia de quienes aprovecharon la mortífera pandemia para engrosar de manera insospechada su patrimonio —coches de lujo, un yate, una vivienda de alta gama, etc.— destapa como mínimo una serie de agujeros: los de una red de gestión cuyo objetivo confeso era proteger a los ciudadanos acelerando adjudicaciones imprescindibles: las de emergencia. Hoy, las preguntas siguen en el aire.

Los elegidos y el primo del alcalde

El primer interrogante que amenaza con dejar al descubierto irregularidades en el procedimiento de adjudicación o, cuando menos, las brechas del sistema seguido cuando el estallido de la pandemia disparó los contratos de emergencia se resume así: ¿por qué fueron Luis Medina y Alberto Luceño los elegidos para una compra de material cuyo importe final (11,2 millones de euros en números redondos) equivale casi a la partida que en abril de 2020 (11,87 millones) aportó el consistorio a la funeraria municipal para adquirir material de protección frente al Covid-19?

La querella de Anticorrupción relata cómo fue el hijo del fallecido duque de Feria quien inicialmente contactó con el Ayuntamiento de Madrid. Lo hizo, prosigue la Fiscalía, “aprovechando su condición de personaje conocido en la vida pública y su amistad con un familiar del alcalde de Madrid”. El texto se refiere al abogado Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde. Desde ese momento, marzo de 2020, fue Luceño quien tomó las riendas en nombre propio y de su amigo Medina. Y su interlocutora, Elena Collado, coordinadora de presupuestos y jefa de compras de la corporación local, cuya imputación pide el PSOE. El regidor madrileño solo contactó con los dos comisionistas para agradecerles que su oferta de productos incluyera una donación de mascarillas.  

Como subraya el ministerio público, quien negoció con Collado fue Alberto Luceño. "Ni tenía experiencia significativa en negocios de importación —escribe el fiscal Luis Rodríguez en la querella— ni disponía de fábricas en China". Y tampoco "era agente exclusivo de ninguna empresa malaya ni actuaba movido por ninguna intención altruista". ¿Por qué entonces fueron él y su amigo los elegidos para una operación de enorme relevancia económica y que, de no haberse visto menguada en más de tres millones por la ínfima calidad de los 2,5 millones de guantes suministrados, habría rondado los 15 millones de euros? La respuesta, como se plantea al inicio de este texto, permanece en espera.

 Los tapabocas más caros de España

Seis meses antes de que saliera a la luz que la Fiscalía Anticorrupción estaba investigando los contratos del Ayuntamiento de Madrid vinculados a Luis Medina y Alberto Luceño, el Tribunal de Cuentas publicó el 28 de octubre de 2021 un informe casi profético de lo que acabaría por ocurrir. En sus páginas, el máximo organismo fiscalizador dejaba constancia de que en 2020 el Ayuntamiento de Madrid aparecía como el que más había pagado por mascarillas entre las 12 grandes ciudades del país. Luego se supo que esos tapabocas eran los adquiridos por la funeraria municipal a la empresa malaya Leno. Cada unidad costó 6,23 euros en marzo de 2020. En aquellas fechas, las principales urbes estaban comprando modelos FFP2 y KN95 que nunca superaron los 4 euros. Los test le costaron a la corporación capitalina 15,73 euros la unidad, frente a los 10,90 euros que como mucho estaban abonando las otras capitales.

Ahora, y una vez el caso está ya en manos de un juzgado de instrucción con el aristócrata sevillano y su amigo investigados por supuesta estafa, blanqueo, falsedad documental —y alzamiento de bienes en el caso de Medina—, la información que en enero de 2021 remitió la empresa funeraria de Madrid a la Fiscalía Anticorrupción destapa algo más: que el 20 de marzo de 2020, tres días antes de adjudicar a la empresa malaya Leno la compra de un millón de mascarillas a 6,23 euros la unidad, la funeraria había adquirido 100.000 mascarillas FFP2 a una empresa gallega, Sibucu 360 SL, por 3,3 euros la unidad. Los expertos consultados por infoLibre aseguran que lo lógico habría sido lo contrario: a menor cantidad de material, mayor precio por las dificultades de negociar con el fabricante un precio más bajo.

En su querella contra Medina y Luceño y en referencia expresa a las mascarillas suministradas por Leno, Anticorrupción ya destacó que los dos comisionistas incrementaron un "148% el precio real del producto". De no ser porque ambos se embolsaron seis millones en comisiones, la empresa proveedora "habría estado dispuesta a vender por un precio muy inferior al pagado”, agregaba la Fiscalía. Porque —concluía la querella— "el precio real de venta de las mascarillas era de 2.689.300 millones de dólares (2.469.611 euros)". O sea, cuatro millones menos. Los dos millones restantes hasta los seis que se repartieron el hijo del fallecido duque de Feria y Naty Abascal y Luceño correspondían al sobreprecio de los guantes de nitrilo y los test del Covid-19 incluidos en el lote.

El Ayuntamiento no ha aclarado aún si cuando se lanzó a la búsqueda de mascarillas, guantes y test contactó con la asociación de empresas del sector (Asepal), que ya entonces agrupaba a un centenar de mercantiles especializadas en equipos de protección.

Transporte aéreo gratis: una exclusiva para el dúo comisionista

Las adjudicaciones de mascarillas, guantes y test fue lo principal pero no lo único que Medina y Luceño obtuvieron del Ayuntamiento de Madrid. En contra de la norma aplicada a los otros 59 contratos de emergencia adjudicados entre marzo y diciembre de 2020 por la funeraria municipal, la empresa municipal de servicios funerarios (EMSFCM ) hizo que el transporte aéreo del material desde China le saliera gratis a la empresa malaya Leno, la que desembolsó los seis millones para los dos comisionistas. En total, y según el listado de operaciones remitido a Anticorrupción, la EMSFCM abonó 325.000 euros adicionales por el transporte aéreo del material. Pero ni siquiera esa cifra está clara: como se explica justo en el siguiente apartado de este texto, la cuantía reflejada el 11 de marzo de 2021 en los acuerdos de la junta de gobierno local supera de largo esa cifra.

Precios que bailan en los papeles

De las tres adjudicaciones a la empresa malaya Leno, la más jugosa fue la de un millón de mascarillas. A ese millón se añadían “183.000 unidades gratis” que en parte —50.000— acabaron en el hospital Puerta de Hierro, donde trabaja la mujer de Luceño. En enero de 2021, y en el listado de los 60 contratos de emergencia para la adquisición de equipos de protección realizados el año anterior, la funeraria municipal de Madrid anotó en la casilla de importe de aquellos cubrebocas la cifra de “6.689.300”. En realidad, esa era la cuantía en dólares. Traducido a euros, se quedaba en 6.242.490 euros, como atestigua el acuerdo adoptado el 21 de marzo de ese año por el que la junta de gobierno del consistorio queda “enterada” de la resolución dictada un año antes por la empresa funeraria.

En este caso, la discordancia obedece a un claro error de índole menor: confundir dólares con euros. Pero aparece en una relación de contratos cuyo destinatario no es cualquiera sino la Fiscalía Anticorrupción, que por segunda vez había requerido documentos a la empresa municipal.

Pero la de los dólares no es tampoco la única discrepancia en cifras que afecta a contratos adjudicados 10 meses antes de la remisión del listado de proveedores a la Fiscalía. Por ejemplo, en la casilla del importe final de los 2,5 millones de guantes de nitrilo, aquellos cuyo precio se despeñó desde los 4,6 millones (4.613.605,81) a los 952.212,20 por la baja calidad del producto, aparece otra cifra: 975.000.

¿Un "documento interno" y no oficial para Anticorrupción?

El viernes y citando fuentes municipales, El País publicó que el Ayuntamiento considera la lista de proveedores enviada a Anticorrupción como "un documento interno que nada tiene que ver con los documentos oficiales". Como se refleja en el sumario judicial, esa lista aparece adjunta a la respuesta que la Empresa Municipal de Servicios Funerarios (EMSF) remitió el 25 de enero de 2021 a la Fiscalía tras un nuevo requerimiento de información. "Se le adjunta como anexo -se lee en el escrito que el gerente envió al ministerio público- las empresas suministradoras a este ayuntamiento de material sanitario relacionado con el Covid 19". Es en la página siguiente donde figura la citada relación de suministradores.

En ella, y con medio millón de euros como importe de compra por un millón de mascarillas turcas, aparece una empresa, Aifos Consultores, que según las fuentes municipales nunca tuvo ningún contrato. Su inclusión fue un "error", sostienen las fuentes del gobierno local. Pero el consistorio sigue sin aclarar qué empresa debería entonces haber ocupado el espacio donde, según sus datos, quedó escrito de manera equivocada el nombre de Aifos, intermediaria en una veintena de contratos siempre según el equipo de Almeida.

El desfase de las fechas que envió la funeraria a la Fiscalía

Los números no se erigen en el único elemento con distorsiones en este confuso caso. El miércoles, una de las partes personadas en la causa, el grupo municipal de Más Madrid, pidió al magistrado que tome declaración como investigado al gerente de la empresa funeraria. Pero el fiscal se opone a ello. La clave de la solicitud de Más Madrid estriba en la disparidad de fechas en documentos oficiales sobre los pedidos de material a la empresa malaya Leno, la que luego pagó a los comisionistas. En este caso, la discrepancia afecta a las llamadas “cartas de encargo”, donde se plasma qué exactamente requiere el ayuntamiento de la empresa suministradora, en qué condiciones y a cambio de qué importe.

Por ejemplo, en lo que concierne a las mascarillas, Más Madrid lo explica así: “Pese a que la carta de encargo de la contratación de las mascarillas está fechada el día 25 de marzo de 2020, la carta aportada por la EMSFM está firmada electrónicamente por el gerente de la EMSFM, don Fernando Sánchez González, el 29 de marzo de 2020, es decir, una vez realizado ya el primero de los dos pagos por el suministro de las mascarillas”. Es la diferencia de fechas y lo que implica a efectos de pago la razón por la que la formación que en el consistorio madrileño lidera Rita Maestre ha pedido la imputación del gerente de la funeraria municipal.

El logotipo que ya ni se usaba

Tanto Luis Medina como Alberto Luceño permanecen desde el principio imputados no solo por estafa y blanqueo sino también por falsedad documental. Como subraya la Fiscalía en su querella, en dos documentos se falsificó la firma del supuesto director de la empresa malaya Leno, San Chin Choon. Ninguno de esos documentos, sostiene Anticorrupción en su querella, era auténtico. La firma de San Chin Choon aparecía “simulada”.

No es la única falsificación detectada. El martes, el diario El Mundo reveló cómo en sus primeras declaraciones ante la Fiscalía Anticorrupción los comisionistas enarbolaron en su defensa las recomendaciones de la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés) sobre el cobro de comisiones. El logotipo de la ICC encabezaba, de hecho, los contratos con el proveedor malayo Leno. Pero ni esos contratos tenían respaldo de la Cámara ni las recomendaciones que mencionaron existen. En un comunicado, la rama española del ICC lo explicó así: "Ese contrato se ha basado en un falso modelo atribuido a la Cámara de Comercio Internacional (ICC). Ese falso modelo, con inclusión no autorizada del antiguo logotipo de la Cámara de Comercio Internacional (ICC), es un texto que no se corresponde con ningún modelo de documento avalado por la ICC".

 Un año para darse por enterado el gobierno local

Las tres adjudicaciones de mascarillas, guantes y test que en marzo de 2020 para Leno tardaron 12 meses en llegar a la junta de gobierno local, a la que la ley obliga a cumplir el trámite de quedar oficialmente “enterada” de los contratos de organismos autónomos y empresas. Esa toma de conocimiento no la llevó a cabo la junta de gobierno hasta el 11 de marzo de 2021. La legislación sobre adjudicaciones públicas ordena que en los de emergencia el contratista –aquí, la empresa municipal de servicios funerarios, EMSFCM– traslade toda la información al Gobierno responsable en un mes.

Es decir, hasta el 11 de marzo de 2021 y a efectos formales, Almeida y su equipo de gobierno no supieron oficialmente nada de aquellas adjudicaciones.

La comisión de seguimiento que no se sabe si existió

La asignación a la funeraria de los contratos de emergencia fue consecuencia del convenio suscrito el 20 de marzo por la empresa con la concejal de Hacienda, Engracia Hidalgo, para garantizar el suministro de material sanitario y de seguridad personal de la plantilla municipal. Una comisión de seguimiento debía vigilar el cumplimiento del convenio municipal en virtud del cual la EMSFCM otorgó adjudicaciones de emergencia a lo largo de 2020. Para su ejecución, el Gobierno local de Madrid aprobó en abril de 2020 aportar 11,87 millones. En diciembre de ese año, amplió la cuantía en otros 24 millones. En total, casi 36 millones.

¿Se reunió alguna vez la comisión? ¿Comparó los elevadísimos precios manejados por Medina y Luceño con los obtenidos por otras grandes ciudades o incluso el Gobierno central? ¿Se preguntó por qué tres días antes de encargarle a Leno un millón de mascarillas por 6,23 euros la unidad la empresa gallega Sibucu 360 SL había vendido a la funeraria municipal 100.000 tapabocas, también FFP2, por 3,3 euros IVA incluido, es decir, por la mitad?

Miguel Montejo, concejal de Más Madrid y miembro del consejo de administración de la funeraria municipal, asegura que la comisión “nunca” se reunió. “El 4 de abril preguntamos justamente por ello. La respuesta de Elena Collado fue que como la empresa municipal y ellos ya hablaban 50 veces, pues no se reunieron nunca”.