Los 2,5 millones para Sinclair, una supuesta estafa repleta de incógnitas que tardó un año en llegar al juez

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, presenta este miércoles en Madrid el Plan Adapta Madrid 2022.

El cuarto contrato del Ayuntamiento de Madrid que, al igual que los tres ligados a los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño, está bajo sospecha de estafa se ha convertido en una fuente de incógnitas por aclarar. Adjudicado en marzo de 2020 a la empresa estadounidense Sinclair&Wilde Ltd. por 2,5 millones de euros a cambio de medio millón de mascarillas, ya el 4 de mayo de ese año fue objeto de una denuncia ante la Policía Municipal por parte de quien desde la última etapa del gobierno de Manuela Carmena es director municipal de Emergencias: había “indicios” –puso por escrito el director, Enrique López Ventura– de que las mascarillas no se ajustaban ni “a los requisitos técnicos ni a la normativa” aplicable. Pero la investigación interna, que incluyó análisis del material, duró casi un año. Y el atestado policial no llegó a los juzgados hasta el 5 de marzo de 2021. En julio de ese año, el juez archivó provisionalmente las diligencias ante la imposibilidad de localizar a Phillippe Solomon, el dueño de Sinclair. Ahora, y como adelantó este periódico, estudia reabrirlas.

La dirección electrónica que envió la Policía neoyorquina

El atestado policial entregado a la judicatura incluye como documento adjunto el informe que la Policía neoyorquina envió a la Policía Municipal de Madrid el 18 de noviembre. En ese documento, fruto de la solicitud de ayuda lanzada desde Madrid, sus autores relataban que Phillipe Solomon estaba ilocalizable en la dirección facilitada. Allí –explicaban los investigadores– solo encontraron a un contable, Henry Fong, quien les facilitó un email de contacto con Solomon.

¿Trató la empresa municipal contratante de Sinclair, la de servicios funerarios (EMSF), de contactar con Sinclair a través de esa nueva dirección electrónica? Es todavía un misterio. Pero si hubo algún intento el atestado policial no ofrece ningún dato de ello.

A preguntas de este medio, el Ayuntamiento tampoco ha explicado hasta ahora si al juez que abrió diligencias a raíz de la denuncia de la Policía Municipal –el de instrucción 30– se le avisó de que Sinclair&Wilde podía ser ilocalizable pero que en la misma ciudad de Madrid tenía su sede y un teléfono de acceso universal la empresa española que operó como intermediaria en aquella operación: Aifos Servicios Legales y Consultoría SL. Este periódico ignora en qué condiciones económicas se efectuó aquella intermediación. O si se llevó a cabo de forma altruista. Aifos figura en la lista de proveedores de material de protección frente al covid con una adjudicación de 500.000 euros. Infolibre no ha localizado rastro oficial de ningún contrato con esa compañía, si este existe. Y el Ayuntamiento ha rehusado dar respuesta.

Como desveló este periódico, Aifos contactó con la Empresa Municipal de Servicios Funerarios (EMSF) a través de un concejal del gobierno local, Borja Fanjul Pérez-Pita. Lo que hizo el edil fue reenviar a la presidenta de la EMSF un correo electrónico que le mandó el abogado Carlos Fernández-Pita González. En ese email, la administradora de Aifos, Araceli Vida, esbozaba su trayectoria profesional y ofrecía sus servicios en lo que al suministro de material de protección frente al Covid se refería.

"Incumplimiento" de contrato antes de que llegaran las mascarillas

La omisión sobre la intermediaria española no aparece como la única incógnita por resolver en lo que afecta a Sinclair&Wilde. Aquel medio millón de mascarillas adquiridas como si fuesen FFP2 y que resultaron ser de peor calidad había llegado a Barajas el 23 de abril de 2020. Con una adjudicación datada el 23 de marzo, el primer pago –1.250.000 euros– se hizo al día siguiente. Pero el 7 de abril, es decir, cuando faltaban dos semanas para su paso por la aduana y su recepción, el director financiero de la empresa funeraria pidió a Bankinter “la retrocesión de la transferencia”. O sea, su anulación. “El motivo de dicha solicitud es el incumplimiento del contrato por parte del proveedor beneficiario de dicha orden de transferencia”, se lee en uno de los emails adjuntos al atestado policial. ¿Cuál era ese incumplimiento? ¿Generó alguna alerta destinada a evitar el desembarco de las mascarillas? Nada de eso ha trascendido.

Un email fechado... tres meses después de la alerta de Emergencias

Pese a aquella solicitud de retrocesión -el atestado no desvela si logró anularse el pago ya hecho de 1,25 millones- no es el único email que figura en el atestado. “Se instó nuevamente –dice el informe de la Policía Municipal– a la consultora Sinclair&Wilde a través de correo electrónico para que se remitieran los correspondientes certificados” de las mascarillas. Pero, adjunto como documento con el juez como destinatario, ese correo no lo envió la jefa de compras del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado, a Phillippe Solomon hasta el 4 de agosto de 2020.

Habían transcurrido, exactamente, tres meses desde que el director municipal de emergencias, Enrique López Ventura, había dado la voz de alerta ante la Policía Municipal. Y lo que se lee en ese correo introduce dudas sobre la rapidez con que se estaba actuando. Y afianza la idea de que la transferencia de 1,25 millones no llegó a anularse: “Estimado Phillippe, llevamos varios días esperando, tal y como estaba comprometido, el certificado de conformidad de las mascarillas FFP2. Al efecto te he enviado varios mensajes que no has contestado. Es por ello que de no recibir la documentación adecuada a la mayor urgencia posible debemos acordar la devolución del producto y del dinero”.

Un acuerdo posterior al atestado policial pero sin nada que sugiriese su existencia

El atestado entregado a la jueza decana de Madrid lleva fecha del 5 de marzo de 2021. Pero seis días más tarde, el 11 de marzo, la junta local de gobierno que preside Martínez-Almeida quedó “enterada” de la resolución por la que un año antes la funeraria municipal había adjudicado a Sinclair&Wilde medio millón de mascarillas por 2,5 millones de euros. Para entonces, el gobierno local ya conocía que Anticorrupción estaba investigando los contratos a la empresa malaya Leno, que luego pagó seis millones de comisión a Luis Medina y Alberto Luceño.

En uno de los acuerdos con los que el equipo de Almeida se dio aquel día también por oficialmente enterada de los tres contratos a Leno aparece un párrafo cuyo texto equivale a un aviso: que al comprobar que parte del lote adjudicado –los guantes de nitrilo– poseía una calidad muy inferior a la pactada, el pago se había reducido desde 3,6 millones a 952.212,20 euros. En el caso de Sinclair&Wilde no figura nada que denote que ya en aquel momento se había denunciado una supuesta estafa. Y que un año antes la EMSF le había pedido al banco la retrocesión de la transferencia de 1,25 millones.

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