Luceño sostiene ante el juez que es "normal" llevarse una comisión del 47% en contratos sanitarios

Algo menos de media hora. Eso es lo que ha durado este lunes la comparecencia en el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid de Luis Medina y Alberto Luceño, los dos comisionistas acusados de embolsarse más de 5,5 millones de euros en plena pandemia al calor de varios contratos para la compra de material sanitario del Ayuntamiento de Madrid. Ninguno de ellos ha querido responder a las acusaciones o la Fiscalía. Sólo se han limitado a contestar a las preguntas del juez instructor, Adolfo Carretero. Durante la declaración, ambos han ratificado sus versiones, defendiendo la legalidad de las comisiones cobradas. "No tengo conciencia de haber cometido ningún delito", ha llegado a asegurar el aristócrata. Mientras, su socio en esta operación ha mantenido que su objetivo era ayudar al consistorio en un momento tan complicado como la primera ola de la pandemia. Eso sí, no de forma altruista. "Mi intención era parte ayudar al ayuntamiento y, por supuesto, cobrar con mi trabajo", ha afirmado Luceño ante el juez, quien considera "normal" haberse llevado una comisión "del 47%" en el marco de las adjudicaciones.

Aristócrata y empresario llegaron a los juzgados antes de la hora prevista. Ambos solicitaron poder acceder en coche. Sin embargo, la petición fue rechazada por el decanato. De ahí, que los dos comisionistas tuvieran que enfrentarse a la nube de cámaras y micrófonos apostados a la entrada de la sede judicial. El primero en entrar, casi horas antes de la citación y por el acceso principal, fue Luceño. Luego, llegó el turno de Medina. Ambos socios coincidieron en los pasillos. Nada más verse, señalan fuentes jurídicas a este diario, se saludaron e intercambiaron algunas palabras. Y, a continuación, cada uno se fue directo a un banco a la espera de ser llamados a declarar ante el juez, Ministerio Público y acusaciones populares –PSOE, Más Madrid o Podemos–, que esperaban poder apretar las tuercas a ambos investigados.

Pero ninguno aceptó las preguntas de la Fiscalía o las representaciones de las diferentes formaciones personadas en la causa. De ahí, que sus comparecencias se hayan prolongado algo menos de media hora. Las fuentes jurídicas consultadas por infoLibre señalan que el juez ha sido "bastante incisivo", sobre todo en lo relativo a la estafa. Así, señalan esas mismas fuentes, Carretero ha preguntado si el objetivo real era "lucrarse" con esos contratos, a lo que han respondido que lo que querían era "ayudar" pero, por supuesto, cobrando por el trabajo. "Mi intención era parte ayudar al ayuntamiento y, por supuesto, cobrar con mi trabajo", ha señalado el empresario, quien ha normalizado ante el juez las cantidades percibidas: "Me llevé el 47%, que en nuestro trabajo es un porcentaje normal".

Carretero también hizo hincapié en la relación que ambos mantuvieron con la empresa Leno, a la que se adjudicaron los contratos del Ayuntamiento de Madrid y desde cuya cuenta bancaria salió posteriormente el dinero que ingresaron Medina y Luceño. En este sentido, el aristócrata aseguró que no conoce ni a la compañía ni a su representante, el empresario San Chin Choon. Y dijo que quien tenía ese contacto era su socio, quien en su comparecencia reiteró que llevaba desde 2018 siendo "agente exclusivo" de la firma malaya. No obstante, y ante la sorpresa de Carretero, reconoció que antes de la crisis sanitaria "no había hecho ninguna operación" con la empresa.

Las preguntas del magistrado eran extremadamente pertinentes. Al fin y al cabo, Anticorrupción mantiene en su querella que la documentación aportada por ambos investigados es falsa. En cuanto a los precios, el empresario aseveró que fue Chin Choon quien los fijó. Es más, llegó a decir que se ha "puesto en contacto con él" y que cree que "ya ha declarado". Algo que ha sorprendido al magistrado: "Es la primera noticia que tengo". De hecho, hace solo unos días las autoridades malayas comunicaron a las españolas que el empresario se negaba a colaborar. "Una declaración solo será grabada si la persona accede", recogía una carta firmada del jefe de la Unidad de Crimen Internacional de la Fiscalía de ese país.

"Al ser primo del alcalde, imaginé que me podría dar un contacto"

"Facilitador". Ese fue el papel que Luceño atribuyó a Medina en el negocio alrededor de la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid en plena crisis sanitaria. En su comparecencia en sede judicial, el aristócrata aseguró que "hasta que empezó" el coronavirus no se había "dedicado a temas sanitarios". Y que mientras era su socio el que estaba ligado a Leno, él era quien "tenía" el contacto con el consistorio de la capital. En este sentido, ha sacado a relucir al primo del actual alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida: "Al ser primo del alcalde, imaginé que me podría dar un contacto en el ayuntamiento".

El hijo de Naty Abascal y el duque de Feria ha querido dejar claro que no conocía "de nada" a Carlos Martínez Almeida. Que su "contacto" se lo facilita "una amiga en común", que preside la CIS University. "Le dije que quería contactar con el ayuntamiento o con la Comunidad", ha apuntado Medina. "Carlos Martínez Almeida me dio un mail, que creo que era de Elena Collado, como responsable de compras que estaba en ese momento", ha completado el aristócrata, quien asegura que no ha visto a la alto cargo del consistorio de la capital en su "vida" y que quien llevó prácticamente todo el contacto con ella posteriormente ha sido su socio.

De hecho, el nombre de la coordinadora general de Presupuestos también ha estado presente en la declaración de Luceño. "Cuando Elena me dijo que nos estaban estafando, me enfadé con ella", ha relatado el empresario. Se refiere, en concreto, a los whatsapp que le mandó Collado en relación con los guantes que había adquirido el ayuntamiento. "Por favor, llámame. Esto es lo peor que me ha pasado en mi vida", le escribió la alto cargo del área de Hacienda y Personal. "Los guantes eran los estipulados, otra cosa que las expectativas del ayuntamiento fueran otras", ha dicho Medina sobre aquel suceso, que terminó propiciando la devolución de parte del dinero pagado por la capital.

"No tengo conciencia de haber cometido ningún delito"

Ambos comisionistas han defendido que todo lo que hicieron era legal. "No tengo conciencia de haber cometido ningún delito", ha llegado a decir Medina, que está siendo investigado por estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales o alzamiento de bienes. Parte del interrogatorio, de hecho, ha girado alrededor de este último tipo delictivo. Con la comisión recibida, el aristócrata adquirió un velero de más de 300.000 euros y dos bonos bancarios por 400.000 euros. Sin embargo, en cuanto el juez ha ido a embargar las cantidades exigidas por Anticorrupción, se ha encontrado que Medina apenas tenía 250 euros en sus cuentas bancarias. De una parte de esos productos financieros se deshizo sabiéndose ya investigado por el Ministerio Público.

"Antes de ser llamado por la Fiscalía en abril de 2021, ya dispuse de gran parte del dinero de los bonos, préstamos, ayudar a la gente", figura en el acta de su declaración. Es más, Medina ha asegurado que si dispuso de parte de esos bienes fue porque no pensó "que hubiera nada irregular". "No me dijo el fiscal expresamente que tuviera prohibido disponer de ellos. (...) No me advirtió que si lo hacía fuera delictivo", ha sostenido.

No fue el único. Luceño, quien ha asegurado que antes del negocio con la capital "obtenía entre 3.000 y 7.000 euros al mes", también ha reconocido ante el juez que vendió alguno de los vehículos de lujo que adquirió con el dinero de las comisiones "después de declarar" ante el fiscal. "Compré vehículos, en principio para alquilarlos, lo hice para hacer negocio", se recoge en el acta de su comparecencia ante Carretero. Como ha sucedido con Medina, tampoco el juez ha sido capaz de embargar bienes por el montante total que reclama Anticorrupción. No obstante, y a fin de cumplir con las reclamaciones económicas, fuentes jurídicas consultadas por infoLibre aseguran que el empresario ha entregado este mismo lunes dos relojes en dependencias judiciales.

El juez les retira el pasaporte

Antes de la hora de la comida, tanto Luceño como Medina habían acabado de declarar ante el magistrado. Y un par de horas más tarde, Carretero daba respuesta a las peticiones de las partes. En un auto conocido a primera hora de la tarde, el juez retiraba el pasaporte a los dos comisionistas y les imponía la obligación de comparecer cada quince días. "Los delitos anteriores son graves no solo por su enorme trascendencia pública, al ser cometidos en la peor época de la pandemia covid-19, (...) sino también porque llevan aparejadas penas de 23 años de prisión, que supone la posibilidad de riesgo de fuga, por mucho que el investigado tenga arraigo y quiera colaborar con la justicia", apunta el magistrado.

Carretero, en su decisión, también valora el hecho de que se disponga "de un dinero ilícitamente obtenido y aún no controlado en la presente causa" y el riesgo existente de que el investigado pueda abandonar el país "para manipular pruebas con el pagador malayo de las comisiones, cuya colaboración con la justicia española hasta el momento es nula".

El juez retira el pasaporte a Luis Medina y a Alberto Luceño

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