Las comisiones de la venta de material sanitario cercan a Almeida por la relación de un familiar con la trama

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

La compra de material sanitario durante los momentos más duros de la pandemia ha puesto en serios aprietos políticos al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Tras año y medio de investigación, la Fiscalía Anticorrupción ha decidido finalmente poner en manos de la justicia a través de una querella las comisiones millonarias supuestamente percibidas por dos empresarios –Luis Medina y Alberto Luceño– al calor de varios contratos adjudicados por la funeraria pública a una compañía de Malasia para la adquisición de test de anticuerpos o mascarillas. En la querella, Anticorrupción acusa a ambos empresarios de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. Y deja una frase que acorrala al regidor: "La persona que inicialmente contactó con el Ayuntamiento de Madrid fue Luis Medina, aprovechando su condición de personaje conocido en la vida pública y su amistad con un familiar del alcalde de Madrid".

Las pesquisas de Anticorrupción se iniciaron en noviembre de 2020. Ocho meses después de que la pandemia pusiese al borde del precipicio a todas las administraciones públicas. El material sanitario era escaso. Y ayuntamientos, gobiernos autonómicos y Ejecutivo central se veían obligados a encontrar mascarillas, pruebas diagnósticas o equipos de protección en lo que se había convertido en un auténtico mercado persa. Fue ahí cuando aparecieron Medina y Luceño. "Actuando de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico, ofrecieron al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de conseguir grandes remesas de material sanitario (mascarillas, guantes, etc.) fabricado en China", recoge el ministerio público en su escrito. Entre ambos se hicieron con seis millones de dólares en comisiones.

Siempre según los datos recabados por Anticorrupción, fue Luis Medina quien se puso en contacto con el consistorio, que a su vez le derivó a la persona encargada de concretar las operaciones que por aquel entonces se estaban haciendo a través de la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid con el visto bueno de todos los grupos políticos. Medina se presentó como experto en la importación de productos dependientes del mercado asiático, con fábricas en China a su disposición, y como agente exclusivo de la firma malaya Leno SDN BHD. Decía que actuaba "movido por el deseo de colaborar en la lucha contra la pandemia". Pero nada de esto se ajustaba con la realidad. Primero, porque ni tenía experiencia en importación ni representaba a empresa alguna. Y segundo, porque sus intenciones eran de todo menos altruistas.

A la hora de abrir esa vía de diálogo con el Ayuntamiento de Madrid, Medina se aprovechó de dos cosas. Por un lado, de su "condición de personaje conocido en la vida pública": es hijo del fallecido duque de Feria y Naty Abascal. Y, por otro, de su "amistad" con un familiar del propio alcalde. Según ha adelantado El Periódico de España, la citada persona, cuyo nombre se evita dar en la querella, es el primo del alcalde Carlos Martínez-Almeida, abogado, árbitro de la Corte Española de Arbitraje y secretario del consejo de administración y asesor jurídico de distintas sociedades del ámbito sanitario, industrial, tecnológico y financiero, según consta en la página web del despacho del que forma parte. La querella, sin embargo, no se dirige ni contra él ni contra el consistorio. Solo y exclusivamente lo hace contra los otros dos empresarios.

Desde el Ayuntamiento de Madrid han tratado de desvincular tanto al alcalde como a su familia de la trama. "El familiar del alcalde no conoce a Luis Medina. Se pusieron en contracto con él a través de una tercera persona", apuntan fuentes del Palacio de Cibeles, que añaden que este familiar "facilitó" la misma dirección de correo electrónico que se facilitaba "a todos aquellos que contactaban" para la "venta de material sanitario" porque "todas las empresas debían seguir el mismo cauce".

En esto mismo ha insistido el propio Almeida. "Le contacta una conocida común", ha resaltado el alcalde, quien ha querido dejar claro que ni su familiar ni él mismo han sido en ningún momento llamados a declarar "ni en calidad de testigo ni en calidad de imputado" y que la querella solo se centra en los dos empresarios. Sobre Medina, ha asegurado que ni le conocía ni ha tenido trato con él. No obstante, eso no quiere decir que jamás tuviesen contacto. De hecho, ha asegurado que la única vez que habló con él fue por teléfono para agradecerle que hubiese hecho "una donación de 183.000 mascarillas". "Por cierto, como lo hice con todas aquellas personas que donaron al Ayuntamiento", ha remarcado Almeida, quien ha señalado que ha dado "orden" para que el consistorio se persone "inmediatamente en el procedimiento judicial" en caso de demostrarse que fueron víctimas de una estafa.

La querella de Anticorrupción ha vuelto a poner a la oposición en pie de guerra. "Madrid no puede volver a los tiempos del chanchullo y la corrupción. Se merece un gobierno limpio y honesto que utilice el dinero público para dar servicios públicos y no para llenar los bolsillos de los amigos", ha resaltado la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre. Su homóloga en el PSOE, Mar Espinar, ha exigido al nuevo PP de Alberto Núñez Feijóo que "ponga a funcionar todos los mecanismos internos de su partido y depure responsabilidades, si las hay". "Queremos poder fiscalizar y conocer todos esos contratos en profundidad para tener una opinión certera porque la gente espera de nosotros soluciones, no que embarremos más la política", ha completado la edil socialista.

Mientras, desde Ciudadanos, socio del gobierno municipal, han asegurado que no bloquearán ninguna investigación en el marco de estos contratos marcados por el cobro de comisiones. "Hay que seguir profundizando. No vamos a vetar", ha apuntado el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes. Eso sí, dejando claro que "en ningún caso peligra" la coalición que en el consistorio mantienen PP y la formación naranja.

Precios inflados y productos de baja calidad

Durante año y medio, tres han sido los contratos bajo la lupa de Anticorrupción, valorados en un total de 14,79 millones de euros. El primero, por 6,23 millones de euros, para la adquisición de mascarillas. El segundo, por 3,93 millones, para la compra de pruebas de autodiagnóstico. Y el último, por 4,62 millones, para hacerse con guantes de nitrilo en los momentos más negros de la pandemia. En este último caso, buena parte de lo abonado fue finalmente devuelto. Al fin y al cabo, el material que se entregó era de una calidad muy inferior a lo acordado. "Luceño había asegurado que se trataba de guantes de 40 mm de longitud, de gran calidad y que cubrían la mayor parte del brazo. Sin embargo, los guantes que se recibieron eran de ínfima calidad y solo llegaban hasta la muñeca", recoge el Ministerio Público.

No fueron los únicos productos que no se ajustaban a lo prometido. Anticorrupción también destaca el caso de los test de anticuerpos. De las 250.000 pruebas que se adquirieron, casi una cuarta parte (60.000) eran "inservibles" por su "reducido nivel de sensibilidad (66,7%)", mientras que otros 115.000 eran de "dudosa eficacia" por tener una sensibilidad del 80%.

Según la querella, fue el propio Luceño quien "fijó" los precios y los "impuso" al Ayuntamiento de Madrid. "Al hacerlo, ocultó que un elevado porcentaje del precio ofertado (aproximadamente el 60% en el caso de las mascarillas, el 81% en el de los guantes y casi el 71% en el de los test) correspondía a comisiones que los querellados iban a percibir", sostiene Anticorrupción. Hace casi una década, tal y como desveló infoLibre, Luceño era apoderado de Escuela Europea de Dirección y Empresa SL (EUDE), una de las mercantiles supuestamente involucradas en la financiación ilegal del PP madrileño a tenor de lo investigado en Púnica. Entre los documentos informáticos que se intervinieron en el marco de la investigación figura una carpeta denominada "Marrones", que a su vez contenía otras dos en su interior. Una de ellas, con el siguiente nombre: "Marrones Alberto Luceño".

Las adjudicaciones de las que se beneficiaron ambos comisionistas fueron examinadas en su día por el Tribunal de Cuentas en el marco de una fiscalización centrada en la contratación de emergencia de los doce consistorios más grandes del país. Un estudio en el que, como contó este diario, se ponía de manifiesto que tanto las mascarillas como los test adquiridos por la capital habían sido los más caros de las principales ciudades españolas durante aquella época. Es algo en lo que también se detiene Anticorrupción: "El precio real de venta de las mascarillas era de 2.689.300 dólares y los querellados lo inflaron artificialmente para llevarse como beneficio neto de la operación 4.000.000 de dólares; es decir, el 148% del precio real del producto".

Relojes Rolex, Lamborghini y yates

A cambio de sus labores, Luceño recibió 5,1 millones de comisión y Medina 1 millón, siempre según el relato de la Fiscalía. En ambos casos, las transferencias se realizaron desde Malasia a cuentas en Madrid. Y en ambos casos, los empresarios fueron requeridos por las entidades para que justificaran la naturaleza y el origen de los fondos recibidos. Cuando esto ocurrió, entregaron una serie de papeles. Sin embargo, no eran reales. "Ninguno de estos documentos es auténtico", apunta Anticorrupción.

El Ministerio Público también ha seguido el rastro posterior del dinero. Luceño, dice la querella, costeó una estancia en un hotel de lujo de Marbella –60.000 euros por seis noches de estancia–, compró tres relojes Rolex –42.450 euros–, adquirió una docena de coches de lujo –desde un Mercedes A 200 AMG hasta un Lamborghini Huracan Evo Spider, Ferrari 812 Superfast o Aston Martin DBS Superleggera–, algunos de los cuales fueron entregados posteriormente al concesionario para afrontar el pago de otros. Además, continúa, con esos fondos se compró también una vivienda con tres plazas de garaje y un trastero anejos por 1,1 millones de euros. Tanto el inmueble como los vehículos de alta gama figuran a nombre de una empresa cuyo "titular real" es Alberto Luceño.

Mientras, Medina transfirió "la práctica totalidad del saldo de la cuenta en la que había recibido las transferencias" a "otra cuenta personal suya abierta a su nombre en la misma oficina". Con ese dinero, adquirió dos bonos, a razón de 200.000 euros cada uno: "Bono Nota Global Dividend 10-50" y "Bono Nota Phoenix MSCI World". Sin embargo, la compra gorda fue la de un yate modelo Eagle 44, por cuya adquisición se pagó 325.515 euros. Le puso de nombre Feria, como el título que ostentaba su padre. Y aparece registrado en el Registry of Pleasure Yachts de Gibraltar. Los socios y titulares reales de la embarcación son Medina y su hermano.

Uno de los empresarios de los contratos bajo sospecha en Madrid participó en una mercantil ligada a 'Púnica'

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