La Xunta acaba de archivar el proyecto de fábrica de Altri en Palas de Rei por no tener garantizada su conexión eléctrica después de años de fuerte contestación social. Sin embargo, casi un lustro después de firmar con la empresa en octubre de 2021 un acuerdo para su instalación en ese lugar, ese pacto sigue siendo secreto. Tras reiteradas peticiones del Consello de Contas o de BNG y PSdeG en el Parlamento, el Gobierno gallego viene escudándose para ocultarlo en que fue un acuerdo entre dos empresas privadas, pese a que una de ellas, Impulsa Galicia, estaba controlada por la Xunta.

Praza.gal viene formulando desde hace años varias solicitudes de acceso al documento a través de la Ley de Transparencia, la última tras asegurar el presidente Rueda en marzo que él conoció el acuerdo a través de “representantes de la Xunta”. Una petición de transparencia también denegada, ahora con el argumento de que Rueda no lo conoció “en el ejercicio de sus competencias”, pero sin que se aclare en calidad de qué lo conoció.

La Xunta viene amparándose para denegar el acceso al pacto secreto con Altri en que no fue firmado por la administración sino por una empresa creada y controlada por ella, Impulsa Galicia, pero en la que el capital público no era mayoritario sino solo del 48,02%. Eso la dejaría al margen de la Ley de Transparencia, y para incidir en ese argumento la Xunta llegó a responder oficialmente que “desconoce” el pacto y que el entonces conselleiro de Economía, Francisco Conde, firmara el acuerdo como parte de un “negocio jurídico privado” y no como conselleiro.

Praza.gal viene defendiendo otra interpretación de la Ley de Transparencia, la de que al margen de quién firmase el acuerdo, este está en poder de la Xunta en el ejercicio de sus funciones de administración pública, tanto por su firma por parte del conselleiro Conde como por el control de su participación en sociedades como Impulsa Galicia.

Sería también en el ejercicio de sus funciones como presidente, y no como ciudadano particular, como Rueda conoció el pacto a través de “representantes de la Xunta”, según él mismo declaró en marzo. Por eso, dado que la Ley de Transparencia “entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder” de las administraciones, este diario reclamó ese acuerdo a la Presidencia de la Xunta.

Pero Presidencia de la Xunta remitió la petición dirigida a ella nuevamente a la Consellería de Economía y esta la rechazó de nuevo, esta vez con el argumento de que la ley le permite inadmitir “las solicitudes manifiestamente repetitivas o que tengan un carácter abusivo”.

Ante esa negativa, Praza.gal recurrió ante la Comisión da Transparencia de Galicia, que como primera consideración acaba de decir que la petición de este diario no tuvo carácter repetitivo ya que el destinatario de la solicitud, la Presidencia de la Xunta, “no es el mismo al que el interesado solicitó la información con anterioridad”.

En su respuesta a la Comisión da Transparencia, contra la que Praza.gal no pudo alegar pese a solicitarlo expresamente, la Xunta introdujo un nuevo argumento. Esta vez, según refleja la resolución de Transparencia, Presidencia de la Xunta rechazó que el acuerdo fuese adquirido “en el ejercicio de sus competencias”, requisito establecido por la ley.

La Comisión da Transparencia subraya que “las meras declaraciones públicas de la persona titular de la Presidencia de la Xunta de Galicia indicando que es conocedora del documento, en ningún caso implican que el memorando sea información pública en poder de la Presidencia, pues esta circunstancia implicaría que el memorando fue adquirido en el ejercicio de sus competencias, lo que rechazó la Presidencia al remitir la solicitud a la Consellería de Economía e Industria”. Esto es, según la Comisión da Transparencia, al remitir Presidencia la nueva petición de Praza.gal a Economía ya estaba rechazando que Rueda conociese el acuerdo en el ejercicio de sus competencias como presidente. Queda en el aire en calidad de qué conoció Rueda el acuerdo con Altri.

Esta nueva resolución de la Comisión da Transparencia favorable a la Xunta llega después de que en un análisis anterior de otro paso previo del caso se registrase el mayor cisma interno en sus 10 años de historia al discrepar los representantes de los consellos de Contas y Consultivo sobre cómo la Xunta argumentaba que no conoce el pacto. Entonces esos dos representantes discreparon de que la Xunta introdujese un argumento nuevo en el proceso sin dar la posibilidad de que este diario alegase antes de pronunciarse la Comisión da Transparencia.

Esta vez Praza.gal pidió expresamente poder alegar a las consideraciones que formulase la Xunta. Pero la Comisión da Transparencia volvió a emitir su resolución sin dar esa posibilidad y sin pronunciarse sobre esa petición.

La arquitectura del poder en Galicia no se sostiene únicamente sobre los pilares del Parlamento o de la sede administrativa de San Caetano, en Santiago de Compostela, sino sobre una red invisible y capilar que ha logrado, a lo largo de casi 40 años, domesticar el cuarto poder hasta convertirlo en una extensión de la comunicación institucional.

Lo que en ciencia política se denomina captura mediática ha dejado de ser en esta comunidad una anomalía para transformarse en un sistema perfeccionado de supervivencia mutua entre la clase política y los grandes grupos editoriales. Un fenómeno que hunde sus raíces en la era de Manuel Fraga y que ha demostrado una resistencia asombrosa a los cambios de signo político. Ni siquiera el breve paréntesis de cuatro años del gobierno de coalición entre el Partido dos Socialistas de Galicia (PSdeG-PSOE) y el BNG logró desmantelar este engranaje; por el contrario, los datos de aquel periodo revelan que se mantuvo el uso masivo de figuras jurídicas discrecionales para seguir regando con dinero público las redacciones de los medios dominantes.

Esta estructura de sometimiento no se apoya en un solo mecanismo, sino que despliega un abanico de vías de financiación que van desde la publicidad institucional directa hasta convenios de colaboración discrecionales, los patrocinios y también los contratos para la realización de programas a través de la televisión pública, conformando un círculo cerrado de retroalimentación financiera que pervierte las reglas del libre mercado y vulnera de forma sistemática el espíritu y la letra del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), en vigor desde hace casi un año.

El pilar fundamental de este modelo de control es la arbitrariedad en el reparto de los fondos. Una práctica que ha permitido a la Xunta de Galicia actuar como el principal anunciante y financiador de facto de la prensa privada.

No existen datos cerrados, completos y sistemáticos año a año, porque el Ejecutivo autonómico oculta cuidadosamente las cantidades y solo afloran, de manera parcial, cuando medios independientes lo solicitan aplicando la legislación sobre transparencia.

Durante la última etapa de la Presidencia de Alberto Núñez Feijóo, por ejemplo, la administración gallega llegó a distribuir al menos 12 millones de euros solo a través de la figura del convenio de colaboración bilateral, un camino rápido que permite otorgar dinero público a dedo eludiendo las exigencias de competencia, publicidad y libre concurrencia que marca la Ley de Contratos del Sector Público.

Estos acuerdos, cuyos textos completos a menudo permanecen ocultos al escrutinio ciudadano, se justifican bajo conceptos tan vagos como el interés general o la promoción de la identidad cultural, pero su objeto real es la inserción de campañas que, por ley, deberían haber sido licitadas de forma transparente y abierta. La asimetría en este reparto histórico es escandalosa: la Corporación Voz de Galicia lideró la recepción de estos fondos con 2,6 millones de euros, seguida por el grupo Editorial Prensa Ibérica y la propia Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG) —antes conocida como CRTVG y titular de la radio y la televisión autonómicas—, que a pesar de ser pública compite con los medios privados por estas inyecciones de liquidez. Es un sistema de dopaje financiero donde las empresas beneficiarias rara vez aportan recursos propios, desnaturalizando la figura de la colaboración no lucrativa para convertirla en un contrato de servicios encubierto.

La llegada de Alfonso Rueda a la Presidencia no solo no ha supuesto una moderación en estas prácticas, sino que ha intensificado el flujo de dinero directo a las empresas de comunicación a través de los llamados contratos menores.

Entre enero de 2025 y enero de 2026, la Xunta de Rueda adjudicó más de 14.300 euros al día en publicidad y suscripciones mediante más de mil licitaciones sin concurso, una fórmula que permite fragmentar el gasto para evitar los controles parlamentarios y asegurar un riego constante de liquidez a los medios afines.

Bajo su mandato, el gasto diario en contratos menores ha crecido un 35% en comparación con la era Feijóo, consolidando un modelo donde el presupuesto público funciona como una línea de vida para cabeceras que el mercado privado, por su cuenta, no sostendría.

Además, Rueda ha expandido este radio de influencia hacia Madrid, para dar soporte a Feijóo, destinando cerca de 600.000 euros en poco más de un año a diarios, radios y portales digitales de línea editorial conservadora o ultraconservadora con nula o escasa implantación en Galicia, lo que sugiere una estrategia de compra de imagen a nivel nacional con fondos de los contribuyentes gallegos.

Otro de los mecanismos más sutiles y eficaces para este control es el dopaje de las cifras de difusión. Dado que el reparto de las subvenciones ordinarias y la publicidad institucional se rige técnicamente por criterios objetivos de audiencia, la Xunta interviene directamente en el mercado comprando masivamente ejemplares de los principales periódicos.

Estas miles de copias se distribuyen gratuitamente en colegios, institutos y dependencias administrativas, permitiendo a las empresas editoras inflar artificialmente sus números de venta y lectores. Este círculo vicioso garantiza que los mismos grupos mediáticos que reciben el favor gubernamental puedan justificar legalmente la percepción de mayores ayudas en el ejercicio siguiente, bloqueando la entrada de nuevos actores y asfixiando a los medios que optan por la independencia o por el uso exclusivo de la lengua gallega, los cuales reciben apenas una fracción marginal del presupuesto total.

Gracias a este flujo constante de dinero, en Galicia sobreviven en la actualidad una docena larga de cabeceras de papel —una cifra desproporcionada para el tamaño de la comunidad—, la mayoría de ellas con tiradas minúsculas.

La captura mediática en Galicia no se limita a la prensa escrita; tiene en la CSAG su mayor buque insignia de propaganda y un canal indirecto de financiación para el sector privado afín. La televisión pública ha sido denunciada reiteradamente por su utilización obscena como instrumento de partido, llegando al extremo de reproducir textualmente en sus informativos el argumentario del Partido Popular y ocultar sistemáticamente cualquier noticia que pueda perjudicar al gobierno.

La dependencia económica de los medios privados tiene consecuencias directas sobre la formación de una opinión pública libre y el derecho fundamental a recibir información veraz. Los convenios que firma la Xunta con los grandes medios comprometen seriamente la independencia editorial. Bajo la cobertura de contenidos de interés general, se cuelan reportajes patrocinados que promueven una percepción favorable de la situación económica o avalan proyectos industriales controvertidos, como la minería o las macroinstalaciones energéticas, convirtiendo a los periódicos en meros altavoces de la administración. 

Este sistema de compraventa de información genera un efecto anestesiante sobre la sociedad gallega, donde los grandes escándalos son desenfocados o directamente ocultados para proteger al poder político.

El ejemplo más paradigmático de este silenciamiento mediático se produjo tras la publicación, en las páginas de El País, de las fotografías de Alberto Núñez Feijóo con el narcotraficante Marcial Dorado. La respuesta del engranaje de la Xunta fue inmediata: una inyección masiva de fondos a través de subvenciones que sirvió para acallar definitivamente el asunto en la prensa autonómica, garantizando que un escándalo de dimensiones nacionales tuviera un impacto limitado en el electorado gallego.

Este tipo de intervenciones demuestra que el dinero público no se utiliza para fomentar el pluralismo, sino para construir un blindaje mediático que permite a los dirigentes sestear en el poder al margen del control social. El resultado es una democracia dopada, donde el partido en el gobierno acude a las elecciones con una ventaja injusta proporcionada por los medios que él mismo sostiene con el dinero de todos.

La situación de Galicia es especialmente grave si se compara con otros territorios con lenguas propias en España y con los estándares europeos. Mientras que comunidades como Cataluña o el País Vasco destinan presupuestos millonarios específicamente para proteger la prensa en su idioma, en Galicia los medios escritos íntegramente en gallego sobreviven con migajas, obligados a competir en igualdad de condiciones de audiencia con los grandes emporios escritos en castellano que cuentan con el respaldo incondicional de la administración.

Esta asimetría ha llevado a organismos internacionales como la Asociación Europea de Diarios en Lenguas Minorizadas (Midas) a calificar la situación gallega como la peor de toda Europa en materia de protección de la prensa en lenguas minorizadas.

En la actualidad, este modelo de gestión opaca choca frontalmente con la normativa europea. El Reglamento Europeo de Libertad de Medios exige que las administraciones publiquen con absoluta transparencia todas las transferencias financieras a las corporaciones editoriales y que el reparto se base en criterios científicos y no discrecionales.

Galicia, sin embargo, carece de una ley autonómica de publicidad institucional que regule de manera transparente este reparto, después de múltiples promesas incumplidas de los sucesivos presidentes de la Xunta. La ausencia de un registro de medios independiente y la falta de datos detallados sobre cuánto dinero recibe exactamente cada cabecera y por qué conceptos sitúan a Galicia en una posición de rebeldía frente a las directrices comunitarias destinadas a proteger la independencia de la prensa frente a la injerencia estatal.

La captura de los medios en Galicia, que nació con Manuel Fraga en la Presidencia y se consolidó después con Feijóo al frente de la Xunta, se ha convertido, a lo largo de 40 años, en un sistema de corrupción legalizada que ha pervertido las reglas del mercado y ha erosionado la calidad democrática de la comunidad. Al convertir a los periódicos en dependientes de la subvención y del contrato menor, se ha destruido el incentivo para el periodismo de investigación y la fiscalización del poder.

La Xunta de Galicia presidida por Alberto Núñez Feijóo concedió en 2018 un préstamo de dinero público de 2,5 millones de euros a la empresa editora del diario El Correo Gallego, en un momento en que el propio consejo de administración del periódico reconocía por escrito una situación financiera de quiebra. Lo recoge un auto judicial dictado el pasado 20 de mayo por un juzgado de Santiago y al que ha tenido acceso infoLibre.

El crédito fue concedido a través de Xesgalicia (Xestión de Capital Risco de Galicia), la sociedad pública de capital riesgo de la Xunta, y el Igape (Instituto Galego de Promoción Económica), el organismo autonómico de fomento económico. Ambos dependen del Gobierno a través de la Consellería de Economía, en ese momento dirigida por Francisco Conde, mano derecha y amigo personal de Feijóo, hasta el punto de formar parte del selecto grupo de dirigentes del partido que le han acompañado desde Galicia en su etapa en Madrid. 

En teoría, el dinero se concedió dentro de una reestructuración financiera que Editorial Compostela, la sociedad propietaria de la cabecera, negoció ese año con sus acreedores. Abanca, el principal de todos ellos, perdonó entonces al periódico más de 5,5 millones de euros de deuda.

Lo llamativo de la ayuda millonaria del Gobierno de Feijóo no es solo que tuviera como destinatario a un diario afín en quiebra, sino que, antes de recibir el dinero, el hombre que controlaba el periódico, José Manuel Rey Novoa, presumía ante su consejo de administración de que la Xunta tenía “voluntad” para aliviar lo que él mismo llamaba “la mochila financiera” del medio.

En esas mismas actas, citadas en el auto pero que no han dado lugar a la apertura de ninguna investigación por tráfico de influencias, Rey Novoa aseguraba que iba a “movilizar toda su capacidad de influencia” para conseguir el préstamo. Lo hacía mientras negociaba con una Xunta entonces presidida por Alberto Núñez Feijóo, que acabó concediéndole el dinero.

El Correo Gallego es una cabecera fundada en 1878, de tirada modesta y línea editorial afín al PP desde la etapa de Manuel Fraga hasta la de Feijóo. El periódico dejó de pertenecer a Rey Novoa y su entorno en noviembre de 2022. El Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña adjudicó entonces Editorial Compostela, dentro del concurso de acreedores, al grupo Prensa Ibérica, propiedad del empresario Javier Moll, que ya edita en Galicia Faro de Vigo y La Opinión A Coruña. La operación se cerró por 1,6 millones de euros, con una deuda acumulada de 20 millones. Prensa Ibérica asumió entonces 32 de los 46 contratos laborales que quedaban en la plantilla.

El auto que ha sacado a la luz un posible caso de tráfico de influencias para conseguir un crédito de 2,5 millones está firmado por la magistrada Ana López-Suevos. Se dirige contra los anteriores responsables del periódico y ordena continuar el procedimiento penal contra Rey Novoa y otras diez personas físicas y jurídicas por un presunto delito de alzamiento de bienes, previsto en el artículo 257 del Código Penal.

El alzamiento de bienes consiste en ocultar o sacar patrimonio de una empresa para impedir que los acreedores puedan cobrar sus deudas. La resolución añade un cargo de apropiación indebida, del artículo 253 del Código Penal, contra Rey Novoa y contra Ángel María Remesar Zabaleta, histórico directivo del diario. 

La causa se inició por la denuncia de varios antiguos empleados de El Correo Gallego que pasaron meses sin cobrar sus salarios, aunque a ella se sumaron el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y el Ministerio Fiscal. Ni Xesgalicia, ni el Igape ni la Xunta se han personado en los juzgados para tratar de recuperar el dinero público prestado y que el periódico nunca devolvió.

El juicio oral no tendrá lugar hasta 2027, cinco años después de la presentación de la primera denuncia, según las previsiones de Francisco Méndez, el abogado que lleva la acusación en nombre de nueve extrabajadores del diario. Pero las primeras reclamaciones por impagos se remontan a 2018.

El Correo Gallego arrastraba problemas financieros desde antes de la pandemia, algo que ya aparecía en sus cuentas anuales. La crisis del covid-19 aceleró un deterioro que el consejo de administración admitía por escrito en 2018, según consta en el auto de la jueza.

Fue en ese contexto cuando Rey Novoa negoció el préstamo de Xesgalicia e Igape. El auto cita también campañas publicitarias de la Xunta y convenios institucionales como fórmulas a corto plazo con las que el máximo responsable del periódico, con la ayuda indispensable de la administración dirigida por Feijóo, trataba de mantener el diario en marcha.

Gracias al dinero del préstamo, Editorial Compostela saldó deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. Eso garantizó, a su vez, según recoge el auto, el cobro de convenios como el firmado con la Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG), otra de las vías habituales a través de las cuales la Xunta ha financiado durante décadas a los diarios gallegos para asegurarse líneas editoriales complacientes.

Pese a ese alivio contable, la deuda con la plantilla siguió creciendo. En octubre de 2020 alcanzaba ya los 4,7 millones de euros, según los cálculos incorporados a la causa.

En febrero de 2022, el Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña admitió a trámite el preconcurso de Editorial Compostela. La empresa terminó solicitando el concurso voluntario, declarado el 22 de junio de ese mismo año.

El grueso del auto se apoya en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, ratificado por un inspector del grupo en su declaración del 9 de abril de 2025 ante el juzgado.

Según ese informe, Editorial Compostela, Código Televisión, Anova Multiconsulting, Think First y la Agrupación Deportiva El Correo Gallego funcionaban como un único grupo empresarial con “unidad de caja”. Los ingresos de unas se usaban para pagar gastos de otras, de modo que el dinero no se acumulaba en las cuentas embargables de la editora para así eludir los compromisos con los acreedores, entre ellos los trabajadores.

El informe detalla movimientos concretos. De los más de 11,1 millones de euros ingresados en una sola cuenta de Editorial Compostela, 8,94 millones acabaron en la Agrupación Deportiva El Correo Gallego, una asociación sin apenas actividad real más allá de organizar una carrera popular, según reconoció el propio Remesar Zabaleta ante los investigadores.

La Inspección de Trabajo llegó a conclusiones similares en un informe propio. Detectó que la publicidad del periódico se facturaba indistintamente desde varias de esas sociedades y que unas avalaban las pólizas de crédito de las otras.

Junto al préstamo autonómico, el auto documenta decenas de préstamos privados que entraron en las cuentas del grupo a lo largo de los años, buena parte de ellos sin que conste su devolución. Entre los prestamistas aparecen empresas y particulares gallegos, así como sociedades vinculadas a personas con antecedentes por estafa.

La resolución judicial recoge también operaciones de vaciamiento patrimonial. En junio de 2021, Rey Novoa vendió sus acciones de Editorial Compostela, valoradas en más de 1,19 millones de euros, y su participación en Think First por un precio simbólico de 1 euro a Open Knowledge Consulting, sociedad de Arsenio Olmo Chaos.

La operación se revirtió meses después mediante un pacto de retroventa, también por 1 euro. El auto señala que Olmo Chaos y su socio Romualdo Soriano Medina acumulan varias causas judiciales por presuntas estafas a empresarios que buscaban financiación.

Entre las vías de ingreso del grupo figuran también contratos con la CRTVG, una compañía controlada también por la Xunta de Feijóo. Código Televisión ofreció como garantía a favor de la financiera privada Visualiza Business el derecho de cobro de dos producciones para la televisión pública gallega, SoanCampás y 48 horas para o sí, por las que la CRTVG llegó a pagar 494.000 y 400.000 euros respectivamente.

De ese segundo contrato, según el auto, solo 48.400 euros llegaron a Visualiza Business pese al importe total pactado. Think First dio en garantía de forma similar el cobro de otro contrato con la CRTVG, por 1,1 millones de euros, a favor de la sociedad CTV.

Mientras el grupo empresarial garantizaba el pago a la Seguridad Social y a Hacienda, las nóminas se abonaban de forma irregular, según constata el auto. Varios extrabajadores obtuvieron sentencias favorables en la jurisdicción social que no pudieron ejecutar por la insolvencia declarada de las empresas.

El Fogasa tuvo que abonar 1.839.069,70 euros a los extrabajadores dentro del concurso de acreedores. De esa cantidad, la administración concursal solo ha devuelto al fondo 138.231,36 euros, por lo que restan pendientes 1.700.838,34 euros.

Los trabajadores personados en la causa reclaman además una responsabilidad civil que suma, entre los distintos grupos representados por sus procuradores, más de 1,02 millones de euros.

El abogado de los trabajadores, que está a punto de conseguir sentar en el banquillo a Rey Novoa, recuerda ejemplos sangrantes para los empleados. Entre las prácticas irregulares del hombre que controlaba el periódico y que muestran hasta dónde desviaba el dinero que recibía, en su mayor parte de una Xunta en la que, según sus propias palabras, tenía gran influencia, destaca la compra de un piso de 400.000 euros a nombre de su mujer. O el pago de un salario mensual a su hija cuando vivía en Miami (Estados Unidos), ajena al periódico, mientras los empleados estaban sin cobrar.

infoLibre ha preguntado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a través de la dirección de comunicación del partido, por qué Xesgalicia, presidida por Francisco Conde y empresa de la Xunta, concedió 2,5 millones a El Correo Gallego cuando ya estaba en quiebra. También si ejerció algún tipo de influencia José Manuel Rey Novoa para conseguir que la Xunta le concediese ese préstamo, como él mismo afirmó ante su consejo de administración, echando mano de sus contactos con Conde o con él mismo. Y también por qué ni Xesgalicia, ni el Igape ni la Xunta se han personado para tratar de recuperar judicialmente el dinero público prestado, que nunca fue reintegrado.

Feijóo, a través de su servicio de prensa, ha declinado responder estas preguntas y ha señalado que las cuestiones debían dirigirse al actual Gobierno gallego, presidido por Alfonso Rueda. La respuesta del Ejecutivo autonómico, después de calificar este asunto, que se está ventilando ahora en los tribunales, de “tema antiguo”, ha sido de defensa de la concesión del crédito.

“Las líneas de financiación que se le concedieron a esta empresa, como todas las que proceden de fondos públicos, cuentan con la necesaria justificación económica y jurídica”. Las decisiones que se adoptaron, añade la respuesta oficial del actual Gobierno gallego, “tenían el objetivo de garantizar la viabilidad del proyecto empresarial y el mantenimiento del empleo”. “Ni las decisiones adoptadas por la empresa ni las declaraciones de sus entonces responsables competen a la Xunta”. El Ejecutivo de Rueda no aclara en su respuesta si Rey Novoa intentó ejercer influencia para obtener el crédito o el motivo por el que la Xunta no reclamó judicialmente por vía penal la devolución del dinero.

El proyecto de Altri para instalar una fábrica en Palas de Rei se resiste a morir mientras permanecen ocultas algunas de las gestiones que facilitaron la llegada de la empresa a Galicia. La compañía acaba de alegar contra el archivo de su proyecto por parte de la Xunta al no facilitarle el Estado una conexión eléctrica y, al tiempo, el Gobierno gallego insiste en mantener oculto su acuerdo con la empresa e incluso considera “abusivo” preguntarle por él al presidente Rueda.

Hace unos meses, tras una petición formal de transparencia de Praza.gal, la Consellería de Economía argumentó que “desconoce” el pacto secreto firmado en octubre de 2021 para la llegada de Altri a Galicia porque no lo firmó la Xunta sino una empresa impulsada por ella. Tras esa respuesta, y preguntado directamente por ese pacto, el presidente Rueda admitió en febrero que él sí conoce ese acuerdo, por lo que este diario formuló una nueva petición de transparencia dirigida expresamente a la Presidencia de la Xunta. Sin embargo, el Gobierno gallego derivó esa solicitud nuevamente a Economía, que ahora acaba de denegarla obviando la petición dirigida a Presidencia y argumentando que, tras las solicitudes previas, considera que esta última tiene “un carácter abusivo”.

La Xunta viene amparándose para denegar el acceso al pacto secreto con Altri en que no fue firmado por la Administración sino por una empresa creada y controlada por ella, Impulsa Galicia, pero en la que el capital público no era mayoritario sino solo del 48,02%. Eso la dejaría al margen de la Ley de Transparencia, y para incidir en ese argumento la Xunta llegó a responder oficialmente que “desconoce” el pacto y que el entonces conselleiro de Economía, Francisco Conde, firmó el acuerdo como parte de un “negocio jurídico privado” y no como conselleiro.

Praza.gal viene defendiendo otra interpretación de la Ley de Transparencia: que, al margen de quién firmase el acuerdo, este obra en poder de la Xunta en el ejercicio de sus funciones de Administración pública, tanto por su firma por parte del conselleiro Conde como por el control de su participación en sociedades como Impulsa Galicia.

También habría sido en el ejercicio de sus funciones como presidente, y no como ciudadano particular, como Rueda conoció el pacto, según él mismo declaró a través de “representantes de la Xunta”. Por eso, dado que la Ley de Transparencia “entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder” de las Administraciones, este diario reclamó a la Presidencia de la Xunta ese acuerdo después de que el propio Rueda declarase que él sí lo conocía y por “representantes de la Xunta”, esto es, en el ejercicio de su función como presidente.

Pero Presidencia de la Xunta remitió la petición a ella dirigida nuevamente a la Consellería de Economía y esta, en su nueva respuesta, reitera textualmente los argumentos de anteriores denegaciones y añade ahora que la ley le permite inadmitir “las solicitudes manifiestamente repetitivas o que tengan un carácter abusivo”. “La reiteración de una solicitud sobre la misma materia constituye motivo suficiente para su inadmisión”, añade Economía, sin tener en cuenta que la anterior petición fue realizada a Economía, que respondió que desconocía el pacto, y la ahora rechazada iba dirigida a la Presidencia de la Xunta después de admitir Rueda que él sí lo conoce.

Ante esta nueva negativa, el largo proceso desarrollado por Praza.gal para conocer el acuerdo con Altri vuelve ahora a estar en manos de la Comisión de la Transparencia de Galicia, que en un análisis anterior sobre otro paso previo del caso registró el mayor cisma interno en sus 10 años de historia al discrepar los representantes de los consellos de Contas y Consultivo sobre cómo la Xunta argumentaba que no conoce el pacto.

El Consello de Contas hizo públicos el jueves varios informes de fiscalización de la Xunta de Galicia, entre ellos uno específico sobre la atención primaria en el país, pero también los habituales informes anuales sobre las cuentas públicas, correspondientes en este caso al ejercicio 2024, en los que volvió a pedir más transparencia en la empresa con la que la Xunta pactó la llegada de Altri.

Ese 2024 una de las decisiones más significativas del Gobierno gallego fue el rescate de cuatro autovías con peaje en sombra planificadas por Feijóo en las que Contas había detectado que la Xunta estaba pagando más de lo que debía. Un rescate que supuso un desembolso inmediato para la Xunta de unos 300 millones de euros a cambio de ahorrar en futuros pagos comprometidos. Pese a esa reducción a instancias del Consello de Contas, el ente fiscalizador refleja que los compromisos de pagos futuros de la Xunta ascendían a finales de ese año a 19.916 millones de euros.

En esos compromisos futuros que tiene ya adquiridos la Xunta hasta 2073, gobierne quien gobierne, se incluyen los cerca de 12.000 millones de euros de deuda financiera de la administración general, a los que hay que añadir otros 4.500 millones de otro tipo de compromisos de la administración general y otros 3.500 millones de compromisos futuros de organismos autónomos (fundamentalmente el Sergas) y agencias públicas. Para contextualizar las cifras, el total de gasto no financiero en los presupuestos de la Xunta para este 2026 es de unos 14.000 millones de euros.

Los informes de Contas destacan cómo en la última década y media se fue reduciendo el número de entidades instrumentales de la Xunta, pero con un aumento del importe total de fondos públicos que gestionan, especialmente en las generalizadas agencias. Así, Contas señala que en 2024 las entidades instrumentales disponían "aproximadamente del 17% del presupuesto autonómico" y que "pese a la reducción considerable en el número de entidades desde 2011, el volumen de fondos del sector instrumental desde ese ejercicio y, en particular, las transferencias y subvenciones, crecieron por la generalización del modelo de agencia".

En 2024 esas entidades instrumentales gestionaron un total de 2.309 millones, cifra que aumentó por la transferencia de la Xunta a la Axencia de Infraestruturas de unos 300 millones para el rescate de las cuatro antedichas autovías de peaje en sombra: AG-11 Autovía do Barbanza, AG-41 Autovía do Salnés, AG-31 Autovía de Celanova y AG-56 Autovía Santiago-Brión. A cambio de esos 300 millones del rescate inmediato, la Xunta ahorrará unos 641 millones que se había comprometido a ir pagando en los próximos años por la construcción y mantenimiento de esas autovías. Por el contrario, ahora tendrá que ser la Xunta la que asuma el mantenimiento de esas infraestructuras con contratos ordinarios de conservación ordinaria.

Los informes de Contas divulgados el jueves también reiteran diversas deficiencias contables en toda la Xunta, especialmente en el Sergas, que sigue sin contar con un plan de contabilidad adecuado. En el ámbito sanitario, el ente fiscalizador insiste en criticar las reiteradas modificaciones y ampliaciones presupuestarias que se producen cada año por una incorrecta planificación de gastos que el Sergas ya debería dar por supuestos y estables. En general, toda la Xunta insiste en presentar como inversiones gastos que deberían ser corrientes. Igualmente, Contas vuelve a cuestionar la elevada temporalidad en el empleo público.

En el ámbito municipal, el ente fiscalizador señala que seis ayuntamientos no le rindieron cuentas del ejercicio 2024, entre ellos la ciudad de Ourense, además de Cambre, Culleredo, Narón, Verín y Rois. Contas también constata que en aquel ejercicio 81 entidades locales contaban con un presupuesto prorrogado de años anteriores, alguna desde hace muchos años, como Gondomar desde 2012 o Salvaterra de Miño desde 2017.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, viajará la próxima semana a China. Un viaje que llega después de críticas directas del PP estatal y veladas de Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez por la visita oficial que está realizando esta semana al mismo país. En Galicia también viene siendo habitual que cargos del PPdeG critiquen a PSOE o BNG por reuniones con cargos políticos chinos pese a que el propio Feijóo también las mantuvo tanto en el viaje que realizó como presidente de la Xunta a Pekín en 2017 como recibiéndolos en Galicia.

El viaje de Rueda de la próxima semana, a Pekín y Shanghái, acompañado de la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, tendría un contenido fundamentalmente económico para mejorar los intercambios comerciales gallegos. Y llega al tiempo que el PP retoma sus críticas a Sánchez por hacer lo mismo.

Este martes el propio Feijóo criticó de modo velado el “coqueteo con terceros países al margen de Europa” y dijo que Sánchez debe aclarar “si tiene previsto alterar las alianzas de España en el exterior”. Unas declaraciones que se producen pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también tiene previsto realizar una visita oficial a China dentro de un mes.

Además, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, cuestionó que reunirse con China sea conciliable con la defensa “de la democracia y los derechos humanos”. El PP de Madrid, al tiempo, llamó a contrastar que “Sánchez se reúne con la dictadura china” mientras su líder, Díaz Ayuso, lo hace con la venezolana María Corina Machado.

Sin embargo, el propio Feijóo se reunió con cargos del Gobierno chino en su visita de 2017. También recibió a varios embajadores chinos en Santiago.

En el pasado Feijóo y el PP estatal también cargaron contra encuentros entre el Gobierno de Sánchez y otros estados como Cuba que el propio Feijóo visitó en dos ocasiones, incluso reuniéndose con Raúl Castro.

Ya venía siendo una tendencia habitual en los últimos años, pero ahora con un porcentaje mucho más elevado. Cuando el Gobierno de España no está en manos del PP, las propuestas de resolución populares en el debate de política general del Parlamento de Galicia, como el que se está celebrando esta semana, disparan el número de peticiones al Estado. En anteriores debates las reclamaciones al ejecutivo central solían situarse en alrededor de la mitad del total de las propuestas de resolución, pero en el debate de este año 27 de las 40 propuestas contienen peticiones expresas al Gobierno de Sánchez.

Por su parte, las peticiones de BNG y PSdeG se centran en reclamar actuaciones a la Xunta, sobre la que tiene las competencias de control e impulso el Parlamento gallego. Pero mientras las 40 propuestas del PP tienen garantizada su aprobación gracias a su mayoría absoluta, las formuladas por nacionalistas y socialistas deben ser negociadas con los populares para que estos acepten apoyar alguna en la votación final que se producirá este viernes.

En este documento puedes consultar las 160 propuestas, 40 por grupo, formuladas por PP, BNG, PSdeG y DO:

Las propuestas de resolución del PP piden actuaciones del Gobierno de Sánchez en cuestiones tan dispares y habituales en su discurso político como volver a rechazar el terrorismo de ETA, impulsar el Xacobeo o que el pazo de Meirás no solo recuerde la dictadura de Franco sino también a Pardo Bazán. Son resoluciones que reclaman al Estado mejores infraestructuras, le atribuyen responsabilidades en la situación de la sanidad gallega o le piden mayor implicación en el desarrollo industrial del país.

Las propuestas del PPdeG fueron presentadas por la número 2 del partido, Paula Prado, quien volvió a criticar a la oposición, como también hizo este miércoles en el debate su portavoz, Alberto Pazos, tirando de una supuesta "ouija bloqueira".

Por su parte, desde la oposición el BNG apuesta con sus propuestas de resolución por "quitarle el freno de mano" a la Xunta. Según la viceportavoz primera del BNG, Olalla Rodil, el presidente debe "una disculpa por criminalizar a las y los trabajadores tratándolos de vagos y defraudadores con las bajas". Los nacionalistas también ponen el foco en sus propuestas en reclamar más vivienda pública, el refuerzo de la atención primaria y la dependencia o una financiación autonómica justa.

Por el PSdeG fue su secretario general, José Ramón Gómez Besteiro, quien presentó sus propuestas de resolución destacando que "Galicia necesita un gobierno que actúe ya". Los socialistas ponen el foco en la vivienda, la sanidad o en una "implicación real de la Xunta en la candidatura de Vigo como sede del Mundial de fútbol".

Por su parte, el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, centró sus propuestas de resolución en peticiones que reclaman un mejor reequilibrio territorial con el interior de Galicia.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha mostrado su disposición a seguir yendo "de la mano" con el Gobierno central para recurrir contra la indemnización a los herederos del dictador Francisco Franco por los gastos que les ocasionó el Pazo de Meirás.

En su comparecencia tras el Consello de la Xunta de este lunes, ha considerado que sería "positivo" este recurso desde el punto de vista político y solo queda que los expertos jurídicos de cada uno de los dos Gobiernos, el central y el autonómico, estudien los argumentos jurídicos.

Tras confirmar la semana pasada el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña y ordenar a la familia Franco la devolución al Estado del pazo, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, avanzó que el Ejecutivo central "dará la batalla" contra la indemnización que el mismo tribunal reconoce para los herederos del dictador por los gastos realizados en el inmueble.

Una vez obtenida esta sentencia de devolución, por la que hay que "felicitarse", ha dicho Rueda, ahora "si podemos conseguir que no se pague indemnización, nosotros estamos dispuestos a colaborar si es jurídicamente viable", ha constatado.

La Sala Primera del Supremo ha desestimado todos los recursos interpuestos contra la sentencia de la Audiencia provincial, tanto el de la familia del dictador, que aspiraba a que se le reconociera la propiedad de la finca, como el de las administraciones públicas, que pretendían no tener que indemnizar a los herederos por los gastos realizados en el inmueble.

Rueda ha destacado que para conseguir la titularidad pública del Pazo de Meirás, la Xunta y el Gobierno central fueron "de la mano" lo que demuestra que cuando hay voluntad de colaboración "se salda con éxito", así que este "es el camino" a seguir.

Ha recordado que la Abogacía del Estado utilizó documentación aportada por la Xunta y "salió bien" y ahora si el Gobierno se está planteando recurrir la indemnización y considera que "hay argumentos" el Ejecutivo autonómico tiene la intención de "seguir de la mano también".

Sobre el informe aportado por la Xunta y si fue un elemento clave para decidir la indemnización, en contra del voto particular del Ayuntamiento de Sada (A Coruña) —donde se sitúa el pazo— Rueda se ha limitado a argumentar que el Gobierno autonómico hizo la colaboración que se le solicitó y el documento "fue aprobado por el Parlamento gallego" y sus argumentaciones sirvieron para la "sentencia favorable" a la devolución.

Por eso, ha apuntado que "otras consideraciones" que fuera tenidas en cuenta por el tribunal quedan a la interpretación del mismo y a otras valoraciones jurídicas. 

Tras archivar el proyecto de Altri, el pasado lunes 23 de febrero el presidente de la Xunta aseguró conocer el contenido del pacto secreto firmado con la empresa en octubre de 2021 para su llegada a Galicia, que el Gobierno gallego se viene negando a revelar. Ante esa afirmación, Praza.gal formuló una petición oficial de transparencia a la Presidencia de la Xunta para acceder a la información que obre en poder de ese departamento. La respuesta dada por el gabinete de Rueda, firmada apenas dos horas después de recibir la solicitud formal y sin motivación alguna, fue desentenderse de ella y remitirla a la Consellería de Industria, que previamente ya había negado conocer ese documento ante la Comisión de la Transparencia de Galicia.

La Ley de Transparencia establece que "se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder [de las Administraciones] y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Sin embargo, la Xunta ha esquivado la aplicación de ese artículo en sucesivas peticiones de transparencia formuladas por Praza.gal con respecto al pacto con Altri.

En febrero del pasado año, cuando todo apuntaba a que el primer dictamen ambiental de la Xunta sobre el proyecto de Altri sería inminente —la declaración de impacto ambiental favorable para la factoría acabó siendo firmada el 5 de marzo—, Praza.gal solicitó a la Consellería de Economía e Industria acceder al acuerdo con la empresa. La consellería obvió la petición y solo contestó cuando intervino la Comisión de la Transparencia de Galicia, dependiente de la Valedora do Pobo (Defensora del Pueblo), tras un recurso de Praza.gal.

En su respuesta, la consellería inadmitió la petición de Praza.gal con el argumento de que el acuerdo no había sido firmado por la Xunta sino por una empresa privada, Impulsa Galicia, creada por la Xunta para apoyar proyectos como el de Altri pero en la que el capital público era del 48%. Al no llegar al 50%, la Xunta consideraba esa empresa privada y, por tanto, al margen de la Ley de Transparencia, pese a que el Consello de Contas insistió de manera reiterada y también sin éxito en que las características de Impulsa Galicia debían someterla a una mayor fiscalización pública.

Praza.gal recurrió esa inadmisión ante la Comisión de la Transparencia subrayando que el documento había sido firmado por el entonces titular de Economía, Francisco Conde, presidente de Impulsa Galicia precisamente por ser conselleiro. La respuesta que dio la Xunta a esa alegación fue que Conde no había firmado el acuerdo como conselleiro sino como parte de un "negocio jurídico privado".

Tras esa respuesta, Praza.gal formuló una segunda petición de transparencia a Economía e Industria poniendo ahora el foco no en quién o cómo había firmado el documento, sino en que obraba "en poder" de la Xunta, como contempla la Ley de Transparencia, "en el ejercicio de sus funciones" de control de su propia participación en empresas. La respuesta de la Xunta, al límite del plazo legal, obvió el énfasis de la petición de Praza.gal en el hecho de que el documento estuviese en poder de la Administración en el ejercicio de sus funciones y se limitó a reiterar los argumentos denegatorios de la petición previa, esto es, que había sido firmado por Impulsa Galicia, una empresa privada.

Praza.gal recurrió nuevamente esa respuesta ante la Comisión de la Transparencia incidiendo en el elemento jurídico de que el documento sea público por estar "en poder" de la Administración. Pero la respuesta que dio Economía e Industria a la Comisión de la Transparencia, según reflejó esta, fue que la información solicitada era "desconocida" para la consellería y, por tanto, no podía facilitarla.

Tras esa alegación del pasado enero de que Economía e Industria "desconoce" el pacto firmado por quien en 2021 era conselleiro y como tal presidente de Impulsa Galicia, el pasado lunes 23 de febrero el presidente Rueda dijo que él sí conocía el acuerdo con Altri y que no contempla "ningún tipo de compensación" para la empresa. Ante esa afirmación, Praza.gal formuló una tercera petición formal de transparencia, pero esta vez ya no a la Consellería de Economía e Industria, que decía desconocer el documento, sino a la Presidencia de la Xunta.

En la petición se expusieron los antecedentes de las dos solicitudes de transparencia previas y se hizo hincapié en que se pide el pacto con Altri como documento conocido por el presidente. Un presidente de la Xunta que no tuvo ningún cargo en Impulsa Galicia y, por tanto, solo pudo conocer el documento como presidente de la Xunta, no como miembro de una empresa privada.

Pero la respuesta de Presidencia de la Xunta, firmada apenas dos horas después de que Praza.gal registrase su petición y sin incluir en ella ninguna motivación o argumentación de la decisión, fue remitir la solicitud a la Consellería de Economía e Industria. Lo hace tergiversando y simplificando el texto de la petición de Praza.gal, obviando que la petición expresa es a la Presidencia de la Xunta y remitiéndola a un departamento que ya dijo que no conoce el documento solicitado. El gabinete de Rueda se desentiende así de la afirmación del presidente de que conoce el pacto con Altri y deja en manos de Economía e Industria explicar cómo pudo conocerlo si la consellería dice desconocerlo.

A punto de sumar tres décadas trabajando en la TVG, Ana Pérez hace tiempo que no tiene reparo en hablar claro. La periodista, que fue uno de los rostros más conocidos de la televisión pública, abandonó la pantalla en 2019 tras 23 años delante de las cámaras como presentadora en diferentes espacios informativos. "Sí, fue una represalia", dice con contundencia ahora, advirtiendo de los "castigos" que asegura que ella y otros compañeros sufren por haberse movilizado contra la "manipulación y el control político", el "desmantelamiento" de los medios públicos y por la creación de un consejo de informativos. Entonces llevaba 24 semanas apoyando los viernes negros impulsados por el colectivo Defende A Galega. Va por la 403.

"Nuestra guerra viene de mucho antes", recuerda Pérez. Ya en 2011 había presentado junto a Alfonso Hermida en la Praza do Toural un telediario de protesta en contra de la reforma de la ley de medios, lo que les costó a ambos una amenaza de expediente. Ahora, detrás de la pantalla y desde la redacción de Galicia Noticias, sigue denunciando una situación de los medios públicos que cree "crítica" y que en los últimos años dice ver agudizada por la "desafección" y el "desapego" que nota en la sociedad gallega hacia ellos, más allá de los bajos datos de audiencia. "Antes, entrabas en un bar en cualquier punto de Galicia y tenían la gallega puesta; ahora no está en casi ninguno", sentencia.

¿Cómo empezó en la TVG?

Entré de prácticas en 1996. Luego, a principios de 1997, me hicieron el primer contrato en la delegación de Vigo. Empecé allí subcontratada por la productora del Faro, una de aquellas contrataciones fraudulentas que derivó en más de 400 denuncias años después, y una circunstancia que marcó los inicios de muchos de nosotros. Fueron seis años allí, haciendo sobre todo información local. Luego me mudé a Santiago en 2002 y desde entonces estuve siempre ligada a informativos.

Lleva casi 30 años en la televisión pública. ¿Cambió mucho la cosa desde entonces?

Era diferente en muchos aspectos. En lo laboral, ahora tenemos más estabilidad; antes la precariedad laboral era mayor, evidentemente, y eso era algo con lo que también se jugaba, metiéndole miedo a la gente para que no levantase la voz si quería que la volviesen a contratar. Encadenábamos contratos de obra, artísticos... Todos los fraudes habidos y por haber. En lo que es la función de servicio público, empeoramos a pasos agigantados. Entonces trabajábamos con mucha más libertad.

¿Durante los Gobiernos de Manuel Fraga?

Con Fraga, que fue ministro de Información con Franco, estábamos mejor en ese aspecto. Habiendo censura y manipulación, que siempre la hubo, no era tan descarada ni tan evidente... No se producía como ahora, que se lleva a cabo sin ninguna vergüenza. La situación actual es muy crítica, pero es cierto que entonces el pastel televisivo era otro, el mapa de las televisiones era diferente y la tarta estaba mucho menos repartida, por lo que las audiencias también cambiaron mucho. Lo que sí creo es que evolucionamos hacia una desafección total. Estamos perdiendo el crédito de los gallegos y de las gallegas, desapegándonos a pasos agigantados.

Usted siempre se significó claramente en contra de la "manipulación" y del "control político" en los medios públicos...

Llevamos con los viernes negros desde 2018, pero nuestra guerra viene de mucho antes. Ya en 2011 habíamos hecho un telediario reivindicativo en la Praza do Toural que tuvo mucha repercusión. Las caras visibles de aquella acción, Alfonso Hermida y yo, fuimos amenazados con expedientes. Entonces ya denunciábamos que se aprobaba una ley de medios que amenazaba que la TVG y la Radio Galega siguieran siendo públicas, que se iba hacia una mayor privatización de los contenidos que hoy en día se está produciendo más que nunca.

¿Tanto es así?

Si examinamos la parrilla de la programación de la TVG la mayoría de los contenidos son de productoras ajenas. De producción propia tenemos los informativos y un programa cultural casi residual como el Zig Zag... Teníamos programas como O Agro o Labranza que eran mucho más extensos y que se fueron reduciendo al mínimo, y con Vivir o Mar, tres cuartos de lo mismo. Teníamos contenidos propios muy interesantes, que atendían a sectores fundamentales para el país que ahora no tienen representación.

¿A qué cree que se debe esta apuesta de la corporación?

La directora lo dijo claramente en su última comparecencia en el Parlamento, donde anunció que íbamos hacia una mayor privatización e incluso que habría más contenidos externalizados también en la Radio Galega. Creo que la razón fundamental es que esa es una manera mucho más fácil de controlar la información porque los productos que compras ya exiges que sean de una determinada manera. Dentro saben que hay una masa de trabajadores que seguimos luchando, intentando ser lo más honestos, plurales y transparentes con lo que debe ser nuestra profesión, pero el producto que compras fuera es mucho más fácil de controlar, evidentemente.

Defende A Galega y usted misma insisten también en el aumento de la manipulación informativa...

Es una deriva que viene desde la anterior dirección, que decidió controlar el discurso y ser el altavoz del partido que está en el Gobierno de la Xunta. Hay un control continuo del relato de cualquier cuestión crítica con cualquier política del Gobierno actual: se oculta o se tergiversa. Si la maquinaria manipuladora funciona, también es gracias al ejército de mercenarios a sueldo que existe y existirá. La dirección premia el servilismo y la sumisión, con pluses y cargos, y castiga la profesionalidad, la valía.

¿Con qué consecuencias?

Lo vimos y lo estamos viendo, por ejemplo, con las manifestaciones por la sanidad pública o por la educación pública. Son servicios esenciales sobre los que debería haber una cobertura acorde con la dimensión que tienen, pero estamos más pendientes de asuntos de Madrid y de desprestigiar al Gobierno de España que de lo que ocurre aquí, de las cosas que afectan realmente a los gallegos. Les estamos dando la espalda constantemente, y más que nunca... Y eso también se nota en la desafección que muestran las audiencias.

¿Son tan malas las audiencias de la TVG?

Los datos son los que son, pero también son muy manejables porque al final todas las cadenas son líderes de audiencia dependiendo de cómo hagas la lectura de las cifras. Pero hay termómetros que son verídicos y reales y yo tengo dos: uno es el de mis padres, que siempre vieron la TVG y son el prototipo de espectadores de la gallega, pero que ya no la ven. Les aburre, no les interesa... No hay información local, además, porque fueron cerrando delegaciones, y únicamente se atienden cuestiones si son para sacarles los colores a un determinado ayuntamiento que no está gobernado por el partido que gobierna la Xunta. En cambio, cuando en uno de estos municipios hay algo digno de darle visibilidad, pues no se le da. Cuando esto ocurre, cuando no encuentras información, la gente la busca en otros lados.

¿Cuál es el otro termómetro?

Desde que me apartaron y me vetaron en pantalla, trabajo en la redacción de Galicia Noticias, que supone recorrer cantidad de aldeas y municipios. Antes, entrabas en un bar en cualquier punto de Galicia y tenían la gallega puesta, y ahora no está en casi ninguno. Hay muy pocas tabernas donde encuentres la gallega... Y eso, para mí, es un dato muy objetivo de lo que ocurre.

Habla de que fue apartada, una situación que dijeron vivir otros profesionales y que fue denunciada por personal de la TVG. ¿Son represalias por movilizarse?

Sí, fueron represalias. Si haces repaso de las personas que éramos caras visibles en la TVG en 2018 y que luego nos vinculamos e implicamos en Defende A Galega, no queda ninguno en pantalla. Algunos se marcharon por decisión propia, como Alfonso Hermida o Tati Moyano, que dimitieron como presentadores precisamente por discrepancias con la línea editorial, y otros fueron apartados con maniobras vulgares, alegando que había que renovar las caras y cosas así. Yo pedí quedarme como redactora en Galicia Noticias. Luego hay casos de gente que se significó en los viernes negros, que se sacó fotos con Defende A Galega y a quienes les dieron un toque... Dejaron de participar o implicarse en las protestas y siguen saliendo en pantalla.

Entiendo que la situación del personal no debe de ser fácil...

No es fácil, no. Ahora mismo el clima es muy tóxico. Siempre digo que esta empresa tuvo y tiene un comportamiento bélico. Ya en los comienzos tuvimos que luchar para que se nos reconociesen nuestros derechos, nuestras antigüedades, para ser contratados por la CRTVG y no a través de subcontratas... Y los tribunales nos dieron la razón, en unos casos por cesión ilegal, en otros por contratación fraudulenta porque encadenábamos contratos de obra... La empresa se dedicó a recurrir sentencias favorables, actuando como una maquinaria contra la plantilla.

¿Cómo se lleva esa circunstancia, querer trabajar de una manera y no poder hacerlo?

Nosotros queremos hacer nuestro trabajo como debe ser, siendo lo más rigurosos, honestos, plurales e independientes posible, pero no nos dejan. Si protestas o levantas la voz, eres apartado para que tengas menos visibilidad. Incluso hay gente que no tiene carga de trabajo, personal al que castigan prohibiéndoles hacer su labor. Yo y muchos de los que alzamos la voz contra la manipulación tenemos conciencia de ser servicio público y de que debemos ser honestos con los gallegos y gallegas porque nos debemos a ellos. Desgraciadamente, la dirección no trabaja en ese sentido, sino en el de agradar y no enfadar al partido del Gobierno, por lo tanto se anula cualquier opción de crítica, de cuestionamiento al poder.

¿No se está perdiendo mucha valía profesional en los medios públicos gallegos?

¡Claro! Hay compañeros que son brillantes, monstruos televisivos, que no tienen carga de trabajo o que no cubren aquello en lo que son expertos. Pienso en Ana Expósito, una referente en Galicia de la información internacional, que cubrió muchos conflictos bélicos, que recibió numerosos premios y a quien tenían castigada por alzar la voz y protestar por querer hacer su trabajo. La apartaron de la información internacional cuando es la que más sabe. Es absurdo, algo que no pasaría en ninguna empresa privada. Si una profesional es buena, cuentas con ella y ya la castigarás trabajando más... Pero aquí no, aquí lo que hacen es humillarte profesionalmente, no dándote carga de trabajo mientras ves que se paga a una productora externa por emplear los medios de la compañía para hacer el trabajo que otras personas, ya contratadas y dentro del presupuesto de los medios públicos, ya cubrían. Es lo que pasó con los programas A Revista u O Termómetro, casos flagrantes.

¿Siente que se están desaprovechando los medios y los profesionales, que se podría hacer mucho más en cuanto a la información política, deportiva, cultural...?

Es que no hay ningún espacio crítico. Se emite en la G2 el coloquio político que hay en la Radio Galega, algo totalmente residual, cuando en la televisión pública debería fomentarse precisamente el debate político y tener espacios críticos. Pero aquí cualquier voz susceptible de ser crítica con el Gobierno de la Xunta es aplacada.

¿Qué siente cuando escucha a Feijóo o a Tellado denunciar manipulación y control político en TVE?

Me da urticaria. Ves lo que ellos implementaron en los medios públicos gallegos y, claro, ¿cómo puedes ver la paja en el ojo ajeno y no ver un toro en el tuyo? Es absolutamente indignante, porque además llevamos muchos años en la lucha... Y entendemos que mucha gente se baje del carro.

¿Es complejo mantener la movilización, el ánimo?

Es que hay un cansancio psicológico también. Hay incluso gente que enfermó por la situación que estamos viviendo. Si quieres hacer tu trabajo, si te gusta tu trabajo y no te dejan hacerlo... Eso es algo muy deprimente, demoledor. Es muy fácil decir que somos funcionarios, que vamos a cobrar igual a fin de mes... Pero no poder hacer lo que te gusta hacer es muy triste.

¿Cómo ve el futuro a medio plazo en los medios públicos gallegos?

Hay un ambiente muy tóxico, desesperanzador, porque cada vez vamos a peor, la sensación de que esto no tiene forma de mejorar. El futuro que veo es que cada vez vamos a estar más acorralados, con un control más férreo y con unos medios públicos que tienden a tener audiencias ridículas. Pero no hay voluntad por cambiar nada y cuando no hay voluntad... Además, también hay mucha autocensura por parte de los directivos, que ponen el parche antes de la herida para no molestar al político que toque. Hay temas que, a lo largo de toda mi carrera, no se tocaron nunca.

¿Por ejemplo?

La educación y la sanidad, dos de los grandes servicios públicos, fundamentales para la sociedad. Si hay protestas en un colegio porque no tienen profesores de apoyo o les pasa cualquier cosa, esa información no se da. Y todos los problemas con las listas de espera o falta de atención en los centros de salud no se tocan en absoluto. Creo que los gallegos tienen derecho a saber lo que está pasando y a verlo reflejado, que tenga visibilidad en los medios públicos. ¡Porque los pagan ellos! Nos debemos a la sociedad, no a los políticos. La gente es la verdadera propietaria de los medios públicos y todos tienen que sentirse representados, pero cuando hay una voz discordante, esa no va a estar presente nunca.

¿No parece fácil cambiar la situación, entonces?

Al tener el PP mayoría absoluta, y por lo tanto también en el Consejo de Administración, cualquier crítica, cuestionamiento a la gestión, aunque sea por parte de la oposición en la comisión de control, por ejemplo, cae en saco roto. El problema de la actual dirección es la prepotencia y la carencia total de autocrítica. Además, carecemos de órganos como un Consejo de Redacción que velase y garantizase el cumplimiento de nuestro deber como medio de comunicación público.

El Estatuto de Autonomía dice, en su artículo 27, que es competencia exclusiva de Galicia la “organización y régimen jurídico de las comarcas y parroquias rurales como entidades locales propias de Galicia”. En desarrollo de esa competencia, la Xunta de Manuel Fraga aprobó en 1996 una ley comarcal y dividió Galicia en 53 comarcas.

El incipiente desarrollo formal de esas comarcas fue liquidado de hecho en la práctica en la pasada década durante los mandatos de Alberto Núñez Feijóo y ahora el Gobierno de Alfonso Rueda dará el paso definitivo y las derogará expresa y legalmente a través de la nueva Ley de Administración Local de Galicia que está tramitando.

La nueva ley local impulsada por el actual Gobierno gallego, con la que podrá imponer fusiones de ayuntamientos en crisis, contempla en su disposición derogatoria única la derogación expresa de la ley 7/1996, de 10 de julio, de desarrollo comarcal. Esa ley impulsada por Fraga derivó unos meses después en un decreto que estableció 53 comarcas. Pero su desarrollo fue escaso.

Un año más tarde, la ley 5/1997 de administración local, la que ahora va a actualizar la Xunta, siguió contemplando las comarcas y apostó por planes de desarrollo comarcal, pero renunció expresamente a dotarlas de personalidad jurídica para no duplicar funciones y costes. Fraga apostó, por el contrario, por crear fundaciones comarcales centradas en actividades de desarrollo rural.

Aquellas fundaciones comarcales comenzaron a ser desactivadas por la Xunta del PSdeG y el BNG y Feijóo culminó su supresión en 2012 argumentando que así se lograría un ahorro en 53 chiringuitos que para el Consello de Contas fue “residual”. Al mismo tiempo, los gerentes de esas fundaciones comarcales, parte de ellos cargos del PP, fueron recolocados en otros puestos.

Tras quedar así en 2012 las comarcas vacías de contenido, en 2016 Feijóo también las liquidaría sobre el mapa al impulsar la fusión de los ayuntamientos de Cerdedo y Cotobade, que previamente formaban parte de dos comarcas distintas, la de Tabeirós-Terra de Montes el primero y la de Pontevedra el segundo.

Ahora la nueva ley local que tramita la Xunta deroga expresamente la ley comarcal de 1996. Opta al mismo tiempo por “reforzar el papel de las diputaciones provinciales” y “consolidar la existencia de otras entidades locales diferentes de los municipios y de las provincias, como son las mancomunidades de municipios, apostando claramente por estas figuras y fomentando el asociacionismo municipal con la finalidad de lograr una mejora en la calidad de la prestación de los servicios públicos”.

Nada dice la nueva norma respecto a las parroquias, el otro tipo de entidades locales “propias de Galicia”, según el Estatuto de Autonomía. La anterior ley local de 1997 se limitaba a reiterar la posibilidad de desarrollo contemplada en el Estatuto, pero aplazándola a un futuro indeterminado al señalar que “la organización, el funcionamiento y las competencias de la parroquia rural serán regulados, en su día, por una ley del Parlamento de Galicia”.

La nueva ley local no cita el concepto de parroquia en absoluto. Se limita a reiterar la legislación previa para las nueve entidades locales menores existentes en Galicia.

"No es aceptable la excusa (no acreditada) de que 'no había camas disponibles' en dicho gran hospital". Así, en referencia al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, un juez desmonta uno de los argumentos con los que la Consellería de Sanidad intentó exculparse de las graves secuelas que sufrió una mujer a causa de un ictus, después de que en el Hospital do Salnés no la derivaran, por una supuesta falta de camas, al de Vigo, donde habría recibido el tratamiento adecuado, y la enviaran al de Santiago, donde no conocían sus antecedentes.

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 1 de Pontevedra, ahora hecha pública, analiza el caso de una mujer con aneurismas que fue operada en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo para implantarle dos stent. Al día siguiente de recibir el alta, la mujer acudió a urgencias del Hospital do Salnés. Allí, en lugar de remitirla al hospital de Vigo, la enviaron al de Santiago, donde le retiraron un medicamento antiagregante que tenía prescrito a raíz de la operación previa. Esa retirada le causó un ictus con graves secuelas.

El juez, basándose en varios informes periciales de médicos expertos, considera que, si la mujer hubiera sido atendida en el hospital vigués donde había sido operada, no se le habría retirado la medicación y se habría evitado el ictus que sufrió. Según la sentencia, cuando acudió a urgencias en el Hospital do Salnés "debió ser derivada inmediatamente al Hospital Álvaro Cunqueiro, al tratarse muy probablemente de una complicación postoperatoria". Pero no se hizo, y el juez considera que "no es aceptable la excusa (no acreditada) de que 'no había camas disponibles'" en el Álvaro Cunqueiro.

El hospital vigués, dice la sentencia, "dispone de una capacidad total de casi 1.500 camas; su infraestructura está diseñada con la mayoría de sus habitaciones individuales, pero con capacidad para convertirse en dobles cuando la demanda lo requiere, como ocurrió durante picos de urgencias o en la atención a pacientes de COVID-19".

En ese hospital vigués, señala el juez, "no se le habría suspendido la medicación" que tenía prescrita tras la operación anterior. Por el contrario, fue derivada al hospital de Santiago, "en el que no conocían con precisión absoluta su estado previo" y en el que se le retiró la medicación "sin un diagnóstico definitivo de ictus".

Ante estos hechos, que el juez considera "mala praxis", la sentencia condena al Sergas a indemnizar a la mujer con 70.000 euros.

"Ante la bajada de efectivos, no es posible garantizar la prestación de servicios que no son competencia autonómica y, por lo tanto, deberá hacerse cargo de ellos el Ministerio del Interior, como autoridad competente. Es el caso de la protección en casos de violencia de género". Así lo plasmó por escrito este jueves el Gobierno gallego y lo verbalizó de modo semejante el conselleiro de Presidencia y Justicia, Diego Calvo, en plena negociación de la Xunta con el Gobierno de España para renovar el convenio con el que se viene gestionando la unidad adscrita de la Policía Nacional, la denominada policía autonómica.

Calvo convocó expresamente a los medios de comunicación este jueves para lanzar su amenaza subrayando que las unidades de la policía adscritas a otras comunidades no prestan el servicio de protección a víctimas de la violencia de género que presta la unidad gallega, "motivo por el que el Gobierno gallego cree que el Ejecutivo estatal tiene motivos más que suficientes para llegar a un acuerdo consensuado con la Xunta".

La amenaza de Calvo fue contestada por el delegado del Gobierno de España en Galicia, Pedro Blanco, para quien "las palabras del conselleiro son de una gravedad intolerable". "Espero que sean solo una pésima ocurrencia personal y no una orden del presidente de la Xunta", comunicó Blanco, para quien "si de verdad consideran que la seguridad y la protección de las mujeres no es un servicio prioritario estamos ante una falta de responsabilidad de una magnitud inaceptable". El delegado del Gobierno incidió en que "las mujeres víctimas de violencia de género no son una moneda de cambio ni un instrumento de chantaje político".

En línea similar se pronunció el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, para quien en el Gobierno gallego "traspasaron todas las líneas rojas". Besteiro calificó de "indecentes y vergonzosas" las declaraciones de Calvo. "Emplea la protección a las víctimas para presionar al Ministerio y evitar la firma del convenio de la policía adscrita caducado desde 2008", criticó.

Besteiro incluso dijo que "según fuentes sindicales, en Galicia hay 350 policías adscritos y solo 13 dedicados a la protección de las víctimas frente a los 20 agentes destinados en exclusiva al servicio de seguridad de Rueda".

En sus declaraciones de este jueves Calvo fue preguntado si, ante las discrepancias con el Gobierno de España para el mantenimiento y financiación de la policía adscrita, el Gobierno gallego contempla crear su propia policía autonómica. Aunque Manuel Fraga llegó a proponer en 2005 un proyecto de ley de creación de ese cuerpo y la norma fue finalmente aprobada en 2007, el PP viene negándose a cumplir esa ley y este jueves Calvo reiteró que el modelo del actual Gobierno gallego sigue siendo el de la policía adscrita, no el de un cuerpo autónomo.

La semana pasada la Audiencia Nacional hizo pública la condena a casi 20 años de cárcel por varios delitos fiscales en empresas privadas a Norberto Uzal, que fue director general de Administración Local en la Xunta entre 2009 y 2013, con Alberto Núñez Feijóo como presidente y Alfonso Rueda como conselleiro de Presidencia y jefe directo de Uzal. Sobre esa condena y posibles actuaciones del Gobierno gallego fue preguntado este lunes Rueda, que no ve "razones" para revisar el trabajo de Uzal en la Xunta.

El nombramiento de Uzal como director general de Rueda en 2009 fue polémico por su pasado en Falange, y tras su salida en 2013 hizo públicos desencuentros con altos cargos del PPdeG, incluido el propio Rueda. Aún así, fue concejal del PP en Rianxo hasta 2016.

Este lunes el presidente fue preguntado si confía en la gestión que hizo Uzal como alto cargo o si va a investigar sus actuaciones en la Xunta ahora que acaba de ser condenado por diversos delitos en el sector privado. Rueda incidió en que Uzal "hace casi 13 años que ya no trabaja en la Xunta". "Es cierto que fue alto cargo en su momento, y que las cuestiones por las que tuvo esta condena nada tienen que ver" con aquellos cometidos, dice el presidente.

"Mientras fue director general no tengo percepción, ni la tuve en aquel momento, de que hiciese nada en contra de la normativa", asegura el presidente. "No veo razones para revisar la labor de una persona condenada por cosas que no tienen nada que ver", concluyó Rueda.

La Consellería de Educación no está actuando de manera diligente ante denuncias de acoso escolar o laboral. No es que no establezca medidas correctoras adecuadas, que tampoco, sino que en algunos casos ni siquiera investiga las denuncias como está obligada. Así lo vienen diciendo tanto la Valedora do Pobo como la justicia, que ahora emite otra sentencia que condena a la Xunta a indemnizar a una profesora por tardar más de ocho meses en activar el protocolo de acoso laboral tras una denuncia. Educación ya había sido condenada en agosto en otro caso que archivó incumpliendo también el protocolo contra el acoso.

La sentencia ahora hecha pública por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ratifica parcialmente otra previa de un juzgado de lo Social que no consideró probado que la profesora denunciante sufriese acoso laboral. Pero el TSXG profundiza sobre el procedimiento seguido por Educación cuando así lo denunció, y la conclusión judicial es que la Xunta vulneró la normativa de prevención de riesgos laborales con una falta muy grave por la que debe indemnizar a la docente con 7.501 euros.

Según la sentencia, la profesora presentó el 5 de octubre de 2022 ante la Xunta un escrito solicitando la activación del protocolo contra el acoso laboral. Sin embargo, la primera respuesta que recibió fue que al ser una docente no se la podía considerar protegida por el protocolo contra el acoso de la Xunta, que a su juicio solo protegería al funcionariado de la administración general.

Como viene contando Praza.gal desde hace años, la Xunta no se dotó de su primer protocolo de lucha contra el acoso laboral hasta 2016, pero lo restringió a la administración general, dejando fuera entre otros al personal de Educación o al de Justicia, este último con un procedimiento específico solo desde abril de 2023. En Sanidad hay diversos protocolos, planes de acción y documentos contra la violencia laboral de todo tipo, pero la justicia también dejó en evidencia sus carencias en un caso de acoso así probado en el que ni siquiera se puso en marcha el procedimiento administrativo.

En el caso ahora analizado en Educación, la Xunta respondió a la afectada el 19 de octubre de 2022 que el asunto no entraría dentro del ámbito del protocolo general contra el acoso, y le dijo que lo remitía a la Consellería de Educación, quedando en manos de la Inspección Educativa. La mujer volvió a pedir nuevamente una actuación el 1 de marzo de 2023, y acabó presentando una demanda judicial el 20 de junio de ese año. Para entonces, ocho meses después de su primera denuncia ante la Xunta, “aún no se había activado el protocolo”, según el TSXG.

Solo “a raíz de la demanda interpuesta” es cuando Inspección acaba emitiendo un informe en enero de 2024 concluyendo que no había acoso. Sin embargo, sin entrar en esa cuestión, el TSXG considera que “la demora en la activación del protocolo de acoso por parte de la Xunta de Galicia constituye una actuación que contraviene la normativa de prevención de riesgos laborales”.

En agosto otra sentencia de un juzgado de Vigo se pronunció sobre otra denuncia de acoso laboral en la misma Consellería de Educación y desestimó ya el intento de la Xunta de restringir su protocolo contra el acoso solo al personal de la administración general. El juez decía que le “llamó la atención” que “de existir un protocolo de actuación su ámbito de aplicación excluya a la mayor parte del sector público autonómico”, y negó esa posibilidad diciendo que el protocolo general contra el acoso laboral “comprende a todos los empleados públicos de la administración autonómica”.

En aquel caso Educación había realizado investigaciones pero terminó archivando la denuncia sin convocar el comité de intervención previsto en el protocolo y que la sentencia consideró “indispensable”. De hecho, los expertos y la Valedora do Pobo vienen reiterando que en muchos casos el hecho de que la administración inicie algún tipo de actuación ante una denuncia, aunque no se pueda acabar confirmando una situación de acoso, supone que el ambiente laboral mejore.

Sin embargo, son reiterados los casos en que Educación —y la Xunta en general— demora “meses o años” sus actuaciones frente al acoso laboral o, cuando las inicia, no aplica como debe los procedimientos normativos. Una situación que se reproduce también en el acoso escolar, como acaba de señalar el último informe anual de la Valedora do Pobo: Sin confidencialidad, sin hablar con la víctima y obviando a los médicos: carencias en la lucha contra el acoso escolar.

“Hablar con Cacharro”. Durante décadas, en la provincia de Lugo estas tres palabras podían significarlo prácticamente todo. Que un alcalde —del PP, obviamente— lograse una determinada inversión para su Ayuntamiento, que la Xunta de Fraga hiciese de una vez tal obra, que tal otra empresa saliese de un atolladero, que las fiestas de cierta parroquia tuviesen el esplendor que merecían o que tal persona encontrase un trabajo. “Hablar con Cacharro”, con Francisco Cacharro Pardo, presidente de la Deputación por Alianza Popular y por el PP (lo único que había cambiado era el nombre, sostenía) entre 1983 y 2007, era la puerta a todo eso porque Cacharro era el poder político, institucional y fáctico personificado.

Lo era hasta unos niveles en los que lo que realmente hacía se mezclaba con el mito. Con lo que la gente decía que podía llegar a hacer aquel mandatario, que tenía —cuentan testigos directos— mesa fija diaria (acudiese o no) en el que entonces era uno de los mejores restaurantes de la ciudad amurallada, La Barra, muy próximo al Pazo de San Marcos —sede de la Deputación— y junto al cual estuvo abierta durante un tiempo una tienda “todo a cien” [pesetas] cuyos propietarios decidieron bautizar como Cacharriños, dando lugar a chistes y risas que solo se manifestaban por lo bajo en el Lugo de finales del siglo XX.

Llegó, efectivamente, a existir un cierto halo de niebla legendaria en torno al que para muchos era el gran hacedor de aquel Lugo: impulsor clave del campus universitario o conseguidor de infraestructuras impensables sin su mano —el Pazo dos Deportes, por ejemplo, financiado al 100% por la Xunta con casi 700 millones de pesetas—. Y, para otros, un dirigente afable en el trato más cercano si lo veía conveniente, pero con mano de hierro hacia los propios y —sobre todo— los ajenos. O, sencillamente, un cacique que solo cedió el bastón de mando cuando lo obligaron las confabulaciones internas impulsadas por el PP que empezaban a dirigir Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda, el mismo que ahora, diez años después de su muerte, acaba de empezar a rehabilitarlo.

“Hace 25 años se decía en la ciudad que Lugo se regía por el Evangelio según San Marcos”, ironizaba a mediados del pasado octubre Xulio Xiz, uno de los colaboradores de los populares en el homenaje que le tributaron este 5 de noviembre en la facultad de Veterinaria del campus lucense para, en el aniversario del centro, simbolizar que Cacharro fue clave en su creación e impulso. Al acto acudió Rueda junto a la actual líder provincial de la formación, Elena Candia, antiguos cargos y familiares de Cacharro.

De ese Evangelio renegó la dirección gallega del partido definitivamente en el verano de 2006. Un año después de perder la Xunta y a los pocos meses de sustituir a Fraga, Feijóo (presidente) y Rueda (secretario general) ratificaron que el candidato a presidir la Diputación lucense tras las municipales de 2007 sería José Manuel Barreiro. El antiguo hijo político de Cacharro era, a la sazón, vicepresidente del PPdeG, cargo creado ad hoc en el proceso precongresual en el que el principal afán del sector apodado del birrete —con José Manuel Romay Beccaría como principal padrino y referente— había sido dejar fuera de juego a los de la boina, representados por Xosé Cuíña. En esa longitud de onda estaba también Cacharro, que no había dudado en enfrentarse con Fraga en innumerables ocasiones. Aunque siempre con “lealtad”, reiteraba.

Pero Barreiro no fue presidente de la Diputación en 2007. Quien sustituyó a Cacharro fue el socialista José Ramón Gómez Besteiro al frente de una coalición con el BNG en la primera vez “desde los romanos” —como gustaba ironizar al actual líder del PSdeG— con un Gobierno progresista en la institución. El impulso de una izquierda que crecía en muchos municipios, que gobernaba en el Ayuntamiento de Lugo desde 1999 y en la Xunta desde 2005, fue clave en aquel cambio, pero algunos versículos del Evangelio según San Marcos también apuntan a que Cacharro movió hilos para que no funcionasen tan bien como antaño ciertos resortes que le habían garantizado la hegemonía electoral al PP en la provincia –y, por lo tanto, la Deputación– durante tantos lustros.

Perdida la Diputación, Cacharro aún se permitió sugerir en público que no descartaba nuevas aventuras políticas al margen de un PP de Lugo que había moldeado ayuntamiento a ayuntamiento pero que, decía, ya no reconocía como propio. Lo hacía mientras afirmaba abiertamente que había sido víctima de conspiraciones internas concretadas por cargos como Barreiro, un “muñeco dirigido por control remoto desde Santiago y Madrid”, lamentó en declaraciones a El Progreso en el verano de aquel 2007.

Una conspiración política, consideraba, había sido también la Operación Muralla, lanzada en 2006 por el entonces fiscal jefe de Lugo (pero no lucense), Jesús Izaguirre, acusando a Cacharro y parte de su equipo de presuntas irregularidades en obras de la Deputación. El histórico barón acabó exonerado meses antes de su muerte, en 2015, al no darse por probado que cometiese delitos como prevaricación.

Esa operación había sido parte del argumentario utilizado por el PP para renegar de él hasta dejarlo públicamente solo e incluso tener conflictos internos para rendirle tributo en la hora de su fallecimiento. El mismo PP —incluso, en algunos casos, con las mismas personas— que en la cita de este pasado miércoles elogió de Cacharro cualidades como la “estabilidad”, “fiabilidad” o el “rigor”, en palabras de Rueda.

Cacharro era “sabio, tolerante y bueno”, añadió Candia. La máxima responsable orgánica del actual PP lucense da por saldada una “deuda”. Dijo agradecer que la familia del antiguo dirigente colaborase en el evento y en sus acciones paralelas —una exposición y un documental— sin “rencores”.

El hijo mayor, Francisco Cacharro Gosende —actual secretario del Ayuntamiento de Ourense, y antes coordinador general en el Gobierno de Gonzalo Pérez Jácome, entre otros cargos en la Administración local—, dio la “herida” por cerrada ante la plana mayor de un partido que fantasea con volver a gobernar la Deputación y hacerlo, además, con la misma holgura que en los años del cacharrismo. El objetivo, salvo un breve paréntesis vía transfuguismo temporal en el mismo 2015, se les resiste desde que en San Marcos no rige el Evangelio.

Las Medallas de Galicia son un reconocimiento discrecional del Gobierno gallego, pero su concesión está regulada por un decreto que establece la tramitación de un expediente administrativo previo. Ese expediente no existió en el caso de la Medalla de Galicia otorgada este año a la princesa Leonor porque, según responde la Xunta a una petición oficial de transparencia formulada por Praza.gal, nadie le presentó más candidaturas, “por lo que no resulta necesario el inicio del expediente de investigación de los méritos”.

Toda la documentación oficial al respecto de esa medalla, según la Xunta, es el propio decreto de concesión publicado en el Diario Oficial de Galicia el 10 de julio que se limita a otorgar la condecoración a Leonor de Borbón y Ortiz “en atención a los méritos que concurren”, sin detallarlos.

Las Medallas de Galicia fueron creadas en 1984 por el entonces presidente Gerardo Fernández Albor y su primer galardonado, a título póstumo, fue Castelao, en la polémica llegada de sus restos a Galicia.

El decreto de creación de la distinción firmado por Albor justificaba así la distinción: “Les corresponde a las sociedades que tienen conciencia de su ser y de su presencia histórica, reconocer y honrar a las personas e instituciones que les prestasen relevantes y meritorios servicios dignos de agradecimiento público”, por eso creaba la medalla “para distinguir y recompensar a los que, dentro o fuera de Nuestra Tierra, pusieran como razón de sus actividades, e incluso de su existencia, el quehacer diario de Galicia, o a los que son merecedores de la gratitud o del homenaje que corresponde hacerles”. Pero ninguno de esos méritos fue analizado formalmente por el Gobierno gallego en el caso de la princesa Leonor.

El decreto que regula la concesión de las medallas establece su discrecionalidad matizando que “la hará el presidente de la Xunta de Galicia, bien por iniciativa propia o de autoridades, instituciones o entidades públicas y privadas gallegas con personalidad jurídica”.

“La presentación de propuestas razonadas de candidatos a la Medalla de Galicia se formalizará desde el día 15 de enero al 15 de marzo de cada año”, añade el decreto, que establece que “los expedientes de concesión de la Medalla de Galicia se iniciarán por orden del conselleiro de Presidencia” y “en la misma orden se designará un instructor del expediente con categoría de director general”, que a su vez “nombrará secretario de las actuaciones a un funcionario”. En ese expediente el instructor “adoptará todas aquellas providencias que estime necesarias para lograr la más completa y contrastada investigación de los méritos”. Y “concluida la instrucción del expediente, este se elevará al Consello da Xunta”.

Sin embargo, según la respuesta oficial que acaba de dar la Xunta a una petición formal de Praza.gal al amparo de la Ley de Transparencia, en el caso de la Medalla de Galicia a la princesa Leonor, así como en las también entregadas este año unos días después a los alcaldes de Oporto y Braga, Rui Moreira y Ricardo Rio, no hubo ningún tipo de expediente administrativo. El Gobierno gallego se limitó a entregar a este diario, como “expediente de concesión” en el caso de Leonor de Borbón, el decreto final publicado en el Diario Oficial de Galicia el 10 de julio, que solo justifica la concesión “en atención a los méritos que concurren”, sin detallarlos.

La petición oficial de este diario hacía referencia a los requisitos de tramitación exigidos en el reglamento de las Medallas de Galicia, pero la respuesta de la Xunta es que en este caso la propuesta del galardón fue del conselleiro de Presidencia, como canciller de la medalla, “sin que se presentasen propuestas razonadas por otras autoridades, instituciones o entidades públicas o privadas gallegas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 del Decreto, por lo que no resulta necesario el inicio del expediente de investigación de los méritos”. Es decir, la Xunta no ponderó los méritos de la Princesa de Asturias en comparación con otras posibles personas galardonadas y, si los valoró de algún modo, no dejó constancia administrativa de esa actuación.

La Xunta no solo dice que no hubo “expediente de investigación de los méritos”, sino que tampoco facilita ningún otro tipo de expediente administrativo previo al Consello da Xunta que el 7 de julio aprobó el decreto de concesión que se publicaría en el DOG tres días después. Sin embargo, la concesión de la medalla a Leonor de Borbón ya era conocida un mes antes. Una entrega que acabó realizándose el 14 de julio, en un acto separado del Día Nacional de Galicia al que tradicionalmente se ligaron esas distinciones.

El Observatorio para la Defensa de los Derechos y Libertades Esculca considera que la distinción a la princesa Leonor “carece de fundamento” y está impulsando un “control judicial” sobre ella.

El Observatorio hizo público este miércoles que, tras presentar un recurso contencioso-administrativo contra el decreto de concesión de la Medalla de Galicia a la princesa Leonor, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de requerir a la Xunta el expediente administrativo completo del proceso.

Esculca quiere “saber cuáles fueron las razones para otorgar dicha distinción que, a nuestro juicio, carece de fundamento”. Por eso presentó el recurso contencioso-administrativo contra la Xunta, con el que dice que “podrá llevarse a cabo un control judicial sobre la misma”. Ese recurso fue admitido a trámite, según reveló este miércoles Esculca, y el TSXG acaba de pedir a la Xunta “que aporte el expediente administrativo completo relativo al procedimiento para acordar la concesión”.

Según la respuesta oficial de la Xunta recibida por Praza.gal en la petición formal de transparencia formulada por este diario al margen del proceso de Esculca, dicho expediente no existe y se limita al propio decreto de concesión de la medalla.

Galicia encara con impotencia los incendios forestales que está sufriendo en este mes de septiembre, tras haber pasado por un agosto terrible, al vivir la mayor oleada de fuegos de su historia, informa EFE.

El avance de las llamas en el incendio que este fin de semana asola a los municipios lucenses de Pantón y Sober, originado en el primero de ellos, ha dejado sensaciones de desesperación entre los afectados por una orden de desalojo.

En declaraciones a EFE, Patricia, ante la casa de sus abuelos, ha mostrado su esperanza de que las condiciones meteorológicas, con la previsión de nuevas precipitaciones para el domingo, faciliten la extinción.

Camilo, otro de los residentes en el lugar, ha admitido que lo pasaron "muy mal todos; si marchamos, la mitad del pueblo arde", y ha señalado que el hórreo de su vivienda fue víctima del fuego, además de parte de sus vides, en pleno período de vendimia.

"Nos quedamos sin luz; impresionante, para no volver a vivirlo", ha relatado a EFE, un testimonio que coincide con el de Pablo o Ángeles, también propietarios de casas en la zona, que se quejan de los daños materiales y el miedo en una jornada de "infierno, para olvidar".

El agente ambiental de la Xunta de Galicia Xosé Bieito Rodríguez Carballo, ha contado a EFE que la noche fue "bastante complicada" tras saltar las llamas el río Cabe e introducirse a modo de "lenguas de fuego" hacia el ayuntamiento de Sober.

Pese a las complicaciones para la extinción, ha celebrado que se hayan podido "estabilizar la mayoría de perímetros", con una "gran parte del incendio estabilizado", aunque hay "dos zonas activas que son caídas en grandes pendientes hacia el río Sil", lugares de "difícil acceso" en los que se acomete "una labor bastante tediosa", ha explicado.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha visitado este sábado el puesto de mando avanzado de Pantón (Lugo) para el incendio que afecta a ese municipio y al de Sober (Lugo) y ha manifestado que los "efectivos antiincendios están trabajando ininterrumpidamente para atajar los fuegos de estos días".

"La prioridad siempre es garantizar la seguridad de las personas", ha escrito en su cuenta de la red social X tras acudir a la zona junto a la conselleira del Medio Rural, María José Gómez.

La información aportada por el Gobierno autonómico a primera hora de la tarde del sábado indica que continúan activos en Galicia los incendios de Pombeiro, en Pantón, ya con 2.000 hectáreas afectadas y la situación 2 vigente, y de O Torbo, en A Fonsagrada (Lugo), con 20 hectáreas arrasadas.

El foco de Vilaseco, en O Bolo (Ourense), permanece estabilizado y con la situación 2 ya desactivada tras haber afectado a una superficie que ronda las 250 hectáreas.

Las 17 personas evacuadas durante la noche en el núcleo de Abelairas, en Pantón, han regresado a sus casas. Además, según informa el 112 Galicia, en la últimas horas no se han producido nuevos desalojos ni confinamientos debido a este fuego.

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha explicado que las llamas han calcinado varias casas y, aunque la situación ha mejorado notablemente con respecto a la jornada del viernes, hay puntos de "mucha complejidad".

Los efectivos están perimetrando para intentar controlar la situación lo "más rápido posible", pero el fuego avanza por zonas de "muy difícil acceso".

La representante autonómica ha alertado en declaraciones a la prensa de que el período de alto riesgo "no ha finalizado" y, por ende, hay todavía "muchísima sequía y mucho material para generar combustión".

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el Gobierno central ya "está caduco" y "huele a rancio" antes de iniciar el curso político, por lo que considera que este cuatrimestre va a ser "determinante para el futuro de España".

En el acto del partido en la Carballeira de San Xusto, en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra), para inaugurar el curso político, junto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha criticado que el Gobierno se haya puesto "de perfil" ante la oleada de incendios, por lo que ha dicho que no es el Estado es el que está "fallido", sino el Ejecutivo central.

"No falla, la culpa siempre es del PP, de las comunidades del PP o de un tal Feijóo", ha reprochado, por lo que se ha preguntado "qué pacto de Estado" plantea el Gobierno tras los incendios y cómo puede ser creíble si "no son capaces ni de aprobar unos presupuestos".

Así que Feijóo ha considerado que "no hay que cambiar la arquitectura del Estado", sino "al Gobierno central porque no da más de sí", ha insistido, cargando también contra la política migratoria, la política exterior, la falta de presupuestos estatales o los casos de corrupción.

Por eso, ante este inicio del curso político se ha comprometido a ser él quien se encargue de "limpiar el buen nombre de la política en España" para lo que tiene intención de "derogar muchas leyes" porque no está dispuesto a gestionar lo que considera "los escombros del sanchismo".

"Vamos a reparar y a preparar España", ha proclamado, para "sacarla del bucle de la incompetencia y de la indecencia en la que la tiene sumida este Gobierno", del que cree que solo se dedica a "escapar de sus responsabilidades" y está "en prórroga y en los minutos de descuento".

Entre las cosas que ha dicho que hará si gobierna es tener la "valentía" de "asumir el mando cuando crea que una comunidad no tiene capacidad frente a una catástrofe" y no aplicar la "dejación de funciones" por la que considera que ha optado el Ejecutivo central ante los incendios.

A su juicio, España "no puede reconocerse en esta competición de insolidaridad y egoísmo" y con un Gobierno ante el que la única certeza es "el próximo escándalo, el próximo abuso o la próxima dejación de funciones" por lo que el PP estará preparado para el cambio y "no se va a resignar" solo porque no haya fecha para las elecciones.

"No tenemos ansiedad", ha apostillado Feijóo, quien ha terminado su discurso -ante unas 2.000 personas, según el PP- instando a su partido a no bajar la guardia, ni la cabeza y seguir "mirando a los ojos de la gente porque el Gobierno no puede hacerlo" y al futuro, porque el Ejecutivo central ya es "pasado".

Cambian los figurantes y la puesta en escena, pero no el guion. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha repetido durante la crisis incendiaria de agosto el mismo manual de control de daños que empleó cuando las inundaciones de Valencia pusieron en evidencia la incapacidad del Gobierno de Carlos Mazón a la hora de gestionar una emergencia que acabó saldándose con un trágico resultado de 227 víctimas mortales.

En ambos casos, el líder de la derecha respaldó desde el primer momento a sus presidentes autonómicos, pese a las evidencias en su contra. Mazón estuvo desaparecido en las horas críticas de la dana y su Govern fue incapaz de advertir a tiempo a los ciudadanos, pese a los múltiples avisos que le trasladaron los servicios de meteorología de que se avecinaba una peligrosa riada. Alfonso Fernández Mañueco, a su vez, ignoró las lecciones aprendidas en los incendios de 2022 en su comunidad y recortó recursos contra incendios. No hizo nada, a pesar de que todo indicaba, desde hacía meses, como constatan técnicos y especialistas en gestión de montes, que se avecinaba una situación crítica en materia de incendios como consecuencia combinada de las lluvias de la primavera y el incremento de las olas de calor producto del cambio climático.

Feijóo no solo defendió la gestión de ambos presidentes autonómicos, ampliamente cuestionada por los hechos y que en los dos casos ha desencadenado manifestaciones de protesta y exigencias de dimisión, sino que se ha dedicado a señalar la supuesta responsabilidad del Gobierno central. En la Comunitat Valenciana intentó, sin éxito, dirigir la responsabilidad a la entonces vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a pesar de que las responsabilidades en materia de prevención de catástrofes y protección civil están claramente en manos de Mazón. En Castilla y León repitió el mismo mensaje, señalando en este caso a los ministerios de Defensa, Interior y también a Transición Ecológica por supuestamente haber regateado medios estatales en la lucha contra el fuego, a pesar de que no hay ninguna evidencia que lo demuestre.

La principal y casi única diferencia entre la estrategia de Feijóo en la dana y en los incendios es que esta vez no ha reclamado que el Gobierno de España se hiciese cargo de la emergencia para no cuestionar a sus presidentes autonómicos en Galicia y Castilla y León, reacios a ceder esa responsabilidad. Sí lo hizo, en cambio, en València, donde, en contra del criterio de Mazón, pidió reiteradamente a Pedro Sánchez que su Ejecutivo asumiese la gestión de la crisis. El Gobierno aplicó en ambos casos el mismo criterio: mostrar su disposición, pero dejar la decisión en manos de quien tiene las competencias.

Feijóo también intentó, en los dos casos, mostrarse como la cabeza visible de la respuesta a las dos crisis. En València, haciendo ver que la ayuda no llegaba. En Castilla y León y Galicia, denunciando que el auxilio del Estado se hacía de rogar. En ambos casos se desplazó inmediatamente al centro de mando correspondiente para fotografiarse con sus presidentes autonómicos, defender su gestión y pedir cuentas al Gobierno central.

En València presentó un plan de reconstrucción exigiendo al Gobierno una inversión de 12.000 millones de euros en industria, infraestructuras y gestión de recursos para la recuperación de las comarcas afectadas, a ejecutar en 10 años. Una iniciativa que combinaba ayudas y exenciones fiscales muy similar, en lo sustancial, a la que ha presentado ahora para los incendios, esta vez con el añadido de proponer la creación de un registro de pirómanos de más que dudosa legalidad obligados a portar, en temporada de incendios, una pulsera telemática.

Los portavoces del PP han repetido, siempre que han tenido un micrófono delante, el bulo de que los responsables del Gobierno estuvieron desaparecidos tanto en el caso de la dana como en el de los incendios (no solo no lo estaban, sino que no eran responsables de la gestión de ambas crisis).

En las dos situaciones, siempre con el objetivo de poner en el foco al Gobierno de Pedro Sánchez, los de Feijóo han multiplicado las solicitudes de comparecencia en las Cortes. Con los equipos de emergencias todavía trabajando tras la catástrofe de la dana, propusieron citar al presidente y a siete ministros, así como al expresident de la Generalitat, Ximo Puig, pero no a Mazón. Ahora, con el fuego todavía fuera de control en algunas localidades, han llevado al Senado a cuatro ministros: Defensa, Transición Ecológica, Interior y Agricultura.

Con esta estrategia, el PP trata de dar la vuelta a las responsabilidades de sus gobiernos autonómicos pensando en el próximo ciclo electoral, que comienza precisamente por Castilla y León.

Las últimas encuestas publicadas, antes de que el fuego sacase a la luz la deficiente planificación de la lucha contra los incendios en esta comunidad, apuntaban a que Mañueco estaría en situación de volver a gobernar, aunque de nuevo teniendo que apoyarse en un acuerdo con Vox.

Sobre el papel, el PP, como responsable de la pésima gestión forestal en la comunidad, es el principal señalado por lo ocurrido, pero solo si la población percibe que hubo mala prevención, falta de medios o descoordinación. Para Mañueco, el riesgo es que la oposición logre fijar la idea de que la gravedad de lo ocurrido ha sido consecuencia directa de los recortes ordenados por la Junta y del abandono en que se encuentran las áreas rurales de Castilla y León.

Sin embargo, el PP tiene una base electoral muy sólida en Castilla y León, lo que puede amortiguar el impacto en las urnas de lo ocurrido. Que los votantes pierdan la confianza en Mañueco no significa que el día de las elecciones se vayan a quedar en casa o a votar por el PSOE; también pueden reforzar las candidaturas de Vox, especialmente si acaba imponiéndose la narrativa de que lo sucedido es consecuencia por igual también del Gobierno de Pedro Sánchez.

Para el PSOE es clave rentabilizar políticamente el malestar de una parte importante de la población, en particular en las provincias afectadas. Pero también existen riesgos, sobre todo si el PP es capaz de imponer el falso relato de que el Ejecutivo central no envió suficientes recursos estatales para atajar el fuego e impedir la catástrofe.

A falta de encuestas fiables que revelen el posible impacto del fuego en las expectativas electorales, catástrofes anteriores sugieren que la memoria social de los incendios no se diluye fácilmente cuando hay víctimas mortales o una devastación que marque a la población durante mucho tiempo. De aquí al día de votación —el 16 de marzo es la fecha límite, si Mañueco no la adelanta— es previsible que las consecuencias sociales, económicas y medioambientales del fuego sigan muy presentes. Al final, el resultado dependerá de quién consiga imponer el relato: abandono y falta de prevención (si domina el PSOE) o catástrofe inevitable más ayudas estatales insuficientes (si domina el PP).

Mañueco anticipó por sorpresa las últimas elecciones, que se celebraron en febrero de 2022, para aprovecharse de las horas bajas de Ciudadanos y buscar una mayoría que le permitiese gobernar en solitario. Pero la jugada no le salió bien; se quedó muy lejos de la mayoría absoluta que buscaba y las urnas acabaron dando la llave de la Junta a Vox. Para no correr el riesgo de una repetición electoral, el PP, con el visto bueno de Feijóo, que por entonces ya era el único aspirante a liderar el partido tras la defenestración de Pablo Casado, abrió por primera vez la puerta de un Gobierno a la ultraderecha después de negociar y asumir una parte sustancial del discurso radical, xenófobo y contrario a las políticas ambientales de Santiago Abascal.

Castilla y León no solo es un feudo muy importante para el PP —gobierna ininterrumpidamente desde que, hace casi cuarenta años, José María Aznar ganó allí sus primeras elecciones—, sino que es la primera gran cita del nuevo ciclo electoral. Si no hay sorpresas en el calendario, en forma de adelanto estratégico, después vendrán las de Andalucía, no más tarde del mes de junio, en las que Juanma Moreno tiene que defender su mayoría absoluta del PP frente a un PSOE liderado por la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Para Feijóo es muy importante empezar el nuevo ciclo electoral con buen pie y situar en el imaginario colectivo que la gestión del PP en las comunidades autónomas es ejemplar y un modelo de lo que él quiere hacer si gana las generales de 2027. De ahí que en Génova preocupe la mala gestión que Carlos Mazón hizo de las inundaciones de 2024 —que acabaron costando la vida a 227 personas— y la que acaba de protagonizar Mañueco, con un saldo provisional de más de 166.000 hectáreas arrasadas, poblaciones destruidas por las llamas, enclaves únicos de la comunidad, como el paraje de Las Médulas, fatalmente dañados, y tres muertos: dos voluntarios y un bombero forestal.