La Guardia Civil esclarece menos de un tercio de los incendios forestales, que no esconden oscuras tramas

El fuego ha devorado, en apenas dos semanas, más que durante todo 2022, el que hasta ahora había sido el año más aciago en materia de incendios desde los noventa. Ya son más de 400.000 hectáreas arrasadas, una cifra que se acerca peligrosamente a los récords de 1978, 1985 y 1994. Y cuatro decenas de detenidos –y más de un centenar de investigados– en el marco de unas pesquisas que resultan extremadamente complejas. De hecho, la Guardia Civil es capaz de esclarecer menos de un tercio de los fuegos, que son intencionados en un porcentaje reducido y que, a tenor de los datos, no esconden tramas organizadas de ningún tipo.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) del Instituto Armado intervino durante 2023 en 2.943 fuegos. Ahora bien, solo pudo identificar el origen en 967, lo que equivale al 33%. Y esclarecer, es decir, determinar la autoría, en 761, lo que equivale a solo uno de cada cuatro –un 25%–. No es un hecho aislado. Es una tendencia que se repite ejercicio tras ejercicio, según consta en las memorias anuales del Instituto Armado. En 2022, cuando las llamas calcinaron más de 300.000 hectáreas por toda la geografía española, se esclarecieron casi el 31% de los fuegos. Y en 2021, de nuevo el 25%.

La investigación de un incendio forestal es sumamente difícil. Quien la conoce de primera mano explica que se asemeja a la de un homicidio. Eso sí, con la escena del crimen completamente destruida. "Primero, arrasada por el fuego; luego, inundada por el agua; y por último, pisoteada por los equipos de extinción", explica a infoLibre Mercedes Díaz, portavoz de la unidad de la Guardia Civil especializada en la protección del medioambiente. Un problema al que se suma, habitualmente, la ausencia de testigos: "Muchas veces, los incendios se producen en zonas completamente aisladas".

El trabajo de los investigadores se inicia, prácticamente, con el incendio. Los agentes charlan con las primeras personas que han visto las llamas para intentar determinar la zona de inicio –la existencia de varios focos puede indicar intencionalidad– y para recopilar toda aquella información que pueda resultar de ayuda para la investigación –por ejemplo, si han visto un coche o a alguien por la zona en aquel momento–. Tras esto, se analiza la vegetación y se estudia el terreno: si hay restos de acelerantes, colillas, maquinaria, líneas eléctricas... Y se habla con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para saber si ha habido una tormenta.

La compleja tarea de recopilar pruebas

Los investigadores determinan, de esta manera, si se encuentran ante un incendio originado por causas naturales o si el mismo ha sido provocado por el hombre, como suele ser habitual –ya sea de manera intencionada o por un accidente o negligencia–. Y en este último caso, tratan de dar con el autor o autores del mismo, otra tarea que resulta extremadamente compleja. "Ubicar a una persona en el lugar y a la hora a la que se ha originado un fuego no es fácil, por más que haya algún testigo", explica la portavoz del Seprona al otro lado del teléfono.

No son habituales, por tanto, casos tan claros como el de la vecina de Cerceda, en A Coruña, cazada in fraganti en agosto de 2016. Aquel verano se habían detectado en el término municipal varios fuegos en "un radio de tres kilómetros" que se producían en las mismas "franjas horarias". Detalles que pusieron a los agentes tras la pista de la mujer, a la que una mañana siguieron por todo su itinerario incendiario. Los agentes pudieron recopilar tal cantidad de material probatorio que a la incendiaria, que colocaba velas entre los matorrales, no le quedó más remedio que pactar con el Ministerio Público una condena de cuatro años y medio de prisión.

En 2023, según datos de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, se dictaron 90 condenas por incendio forestal. Y 28 absoluciones. Esto último sucedió, por ejemplo, con el fuego que en agosto de 2017 calcinó cerca de 10.000 hectáreas en la comarca leonesa de La Cabrera. La Audiencia de León reconocía que existía una "sospecha generalizada" de que el acusado podía ser el autor. Pero no elementos de cargo suficientes: "No bastan las conjeturas o sospechas sino que tiene que haber pruebas claras o, cuando menos, indicios que, acreditados de manera indiscutible se puedan concatenar hasta alcanzar una conclusión punitiva".

En otros casos, resulta complicado conseguir condenas por incendios derivados de imprudencias graves. Por un lado, por la dificultad de demostrar que el fuego se originó por una situación determinada –como ejemplo, la decisión de la Audiencia de Asturias de absolver a un hombre ante la falta de pruebas de que las llamas se iniciaran por una chispa salida del tubo de escape en mal estado de su quad–. La Audiencia de La Rioja, por su parte, también se ha quejado de la falta de una definición clara por parte del legislador de lo que se entiende por imprudencia.

Del Código Penal a las inexistentes tramas incendiarias

La ola de incendios registrada en el oeste peninsular en lo que va de agosto, y que se ha cebado especialmente con las provincias de Ourense, León, Zamora y Cáceres, ha vuelto a reavivar el clásico discurso punitivista de la derecha. "Es difícil coger a un pirómano, pero cuando tenemos la suerte de cogerlo, lo que no podemos tener es un Código Penal inocuo. Tiene que ser mucho más duro para las personas que ponen en peligro el patrimonio natural y personal de muchas familias y la vida de muchas personas", lanzaba la pasada semana en una entrevista radiofónica el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.

Para Jorge Aguado, especialista del programa de bosques de WWF, no es más que el "típico discurso" que sirve para "desviar el foco" de los "problemas reales": "cambio climático, falta de gestión y abandono rural". "Los castigos que hay son suficientes", expone. El Código Penal contempla penas que pueden llegar a los 20 años de cárcel para aquellos causantes de incendios que hayan puesto en peligro la vida o la integridad física de las personas. O hasta seis en el caso de fuegos graves o con los que se busque un posterior beneficio económico. "Lo que tiene que haber son más medios y financiación para la investigación", sentencia Aguado.

Los bomberos forestales se exponen a un "cóctel de cancerígenos" durante horas protegidos solo con un pañuelo

Ver más

Y en medio de ese discurso punitivista emerge el clásico del terrorismo y las tramas organizadas. "Hay una actividad de terrorismo incendiario en España. La conocemos", lanzaba la pasada semana el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. No es la primera vez que utiliza esta expresión. Ya lo hizo en octubre de 2017, cuando era presidente de la Xunta, en plena oleada de incendios en Galicia. Y eso que entonces la Fiscalía le dejó claro que no podía determinarse que los fuegos obedecieran "a una iniciativa criminal compleja de grupos de personas u organizaciones que actúen de forma coordinada o planificada y persigan objetivos supraindividuales".

Tanto Aguado como la portavoz del Seprona rechazan esas teorías. "No es algo que nosotros nos encontremos en aquellos incendios en los que conseguimos descubrir o determinar la causa", explica Díaz. Es más, la gran mayoría de incendios de origen humano no son ni siquiera buscan arrasarlo todo, sino que se deben a negligencias o accidentes –barbacoas, colillas mal apagadas, maquinaria utilizada cuando no se debe...–. Según la última memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, en 2023 solo un 19% de los incendios fueron intencionados, una cifra que en los cuatro años anteriores osciló entre el 24,3% y el 26%.

Dentro de este pequeño grupo, concede Díaz, puede haber intereses económicos o personales. Por ejemplo, venganzas entre agricultores o quemas para renovar pasto y que los animales tengan hierba fresca. "Pero no grandes tramas organizadas", insiste. De hecho, según la última edición de la estadística de incendios que el Gobierno elabora por decenios, el principal origen de los fuegos intencionados entre 2006 y 2015 fue la quema agrícola ilegal y abandonada, seguido de la quema para regeneración de pastos. Las venganzas representaron un 2%. Y solo en un 0,37% se buscaba la modificación de los usos del suelo. La Ley de Montes, no obstante, impide la recalificación de áreas quemadas durante 30 años.