Dos comisiones del Parlamento Europeo retomaron este miércoles el intento de que toda la Unión Europea (UE) tipifique de la misma forma el delito de violación, en base al consentimiento explícito y no por el uso de la fuerza, algo que el bloque se quedó a las puertas de hacer en 2024, informa EFE.

Las comisiones de Igualdad y Libertades Civiles de la Eurocámara aprobaron una resolución sobre el asunto, que había quedado pendiente de revisión antes de 2029.

El texto pide a la Comisión Europea "que proponga sin retraso legislación que establezca una definición de violación a escala de la Unión basada en el requisito del consentimiento libre, informado y revocable", en base a un artículo del Convenio de Estambul que sitúa el consentimiento como eje en este tipo de violencia sexual.

"Sólo es válida una indicación clara, afirmativa, libre e inequívoca de consentimiento (...). El silencio, la falta de resistencia verbal o física o la ausencia de un 'no' no pueden interpretarse como consentimiento; ni el consentimiento previo ni la conducta sexual pasada ni ninguna relación pasada o presente con el agresor (...) implican el consentimiento actual o futuro para cualquier acto sexual", inciden.

El texto, negociado por una docena de eurodiputadas de todos los grupos políticos, salió adelante por 75 votos a favor, 27 en contra y tres abstenciones.

La resolución apunta a que el consentimiento "debe evaluarse en el contexto de las condiciones circundantes" y no puede darse en casos de violencia, amenaza, abuso de poder, coerción, vulnerabilidad o incapacidad resultante de una intoxicación, una pérdida del conocimiento o la edad, entre muchos otros casos.

La ausencia de una definición armonizada de violación basada en el consentimiento en toda la UE "da lugar a marcadas disparidades en la protección de las personas supervivientes en toda la UE y socava el acceso a la justicia y el enjuiciamiento efectivo de la violencia sexual". señalan las eurodiputadas.

Tanto el Parlamento como la Comisión quisieron incluir la homologación penal del delito de violación en la directiva europea pionera sobre violencia de género, aprobada en 2024, pero un grupo de Estados miembros -con Francia y Alemania a la cabeza- lo vetaron.

La directiva incluía una cláusula por la que los delitos bajo su paraguas se revisarían en cinco años. Si bien no es vinculante, el texto aprobado este miércoles por la comisión de Igualdad es un paso en esa dirección, señalan fuentes parlamentarias.

No obstante, el pleno del Parlamento Europeo que tendrá que dar el visto bueno final a esta resolución está más escorado a la derecha que el que en 2024 (antes de las últimas elecciones) estaba plenamente a favor de la igualar la tipificación penal de la violación.

Fuentes cercanas a la negociación explican a EFE que para llegar al texto final han hecho falta casi una docena de reuniones técnicas, más de lo habitual, y que el grupo socialdemócrata habría cedido en varios puntos clave -como una mención a la cultura de la violación- para asegurarse el voto a favor del Partido Popular Europeo, sin los cuales es inviable alcanzar una mayoría.

Fuentes del PP en el Parlamento Europeo aseguraron que su voto a favor refleja "el apoyo a la protección de las víctimas y el principio de consentimiento como puntos vectores", su defensa del Convenio de Estambul y el esfuerzo por "garantizar la formación especializada de todos los actores implicados, como policía, jueces, fiscales, servicios sociales y el personal sanitario que atiende a las víctimas".

No obstante, recalcan que respaldar la definición de consentimiento en este informe "no es en ningún caso apoyar la ley del 'solo sí es sí'" española, de la que lamentan lo que describen como sus "consecuencias devastadoras".

Podemos, por su parte, incidió en que el texto que ha salido adelante "va en consonancia a la legislación española impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero en 2023".

"El Parlamento Europeo aprueba hoy que solo sí es sí, que el consentimiento debe ser siempre explícito y que la ausencia de un no jamás constituye un sí", celebró la delegación morada.

El debate público que acompañó a la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual nunca fue realmente un debate jurídico. Tampoco fue una discusión moral sobre el deseo ni un intento de regular las prácticas sexuales. Fue, desde el inicio, una disputa política sobre qué se considera violencia sexual y, sobre todo, sobre quién tiene el poder para ejercerla sin consecuencias. Como sucede con el sexo, el debate sobre lo que es o no un delito contra la libertad sexual, es un debate sobre poder. El ruido, las bromas y el alarmismo sirvieron para ocultar lo esencial. La ley no venía a determinar cómo se debe o no tener sexo, sino a cuestionar una forma histórica de impunidad.

Durante meses, el foco se desplazó deliberadamente hacia aspectos técnicos —penas, horquillas, revisiones de condena— como si el núcleo del conflicto o del redactado de la norma fuera estrictamente penal. Pero lo que estaba en juego era algo más profundo que no era otra cuestión que la redefinición de la violencia sexual como una cuestión estructural de poder, y no como una desviación individual, un malentendido o un exceso puntual. Nombrar esas violencias en toda su amplitud y ámbitos suponía alterar un equilibrio tácito que había beneficiado durante décadas a quienes ocupaban posiciones de autoridad política, cultural y simbólica. Hay que decirlo bien claro. La ley solo sí es sí no hablaba de sexo sino que hablaba de poder, siendo también una explicación de cómo quien ejerce el poder se mantiene en él ejerciendo violencia sexual contra quien le sostiene. 

No es casual que una parte significativa de la oposición a la ley procediera de hombres con poder público como políticos, escritores, directores, figuras centrales del espacio mediático. No reaccionaban ante una mala técnica legislativa —que puede y debe discutirse, aunque nunca está de más recordar que fueron muchos de esos hombres, como los juristas del presidente, los que la redactaron—, sino ante la pérdida de un terreno históricamente ambiguo, ese espacio gris donde determinadas conductas eran toleradas, justificadas o directamente invisibilizadas. Cuando se redefine la violencia sexual, se redefine también cómo se puede ejercer poder. Tras la cancelación política de todas las mujeres que lideraron este proceso de reconceptualización de la violencia sexual, hoy este debate vuelve como un boomerang contra quien empujó esa cancelación. Quisieron evitar por todos los medios que el consentimiento fuera una herramienta definida legalmente para garantizar la libertad de las mujeres y, sin embargo, hoy mujeres de todas las ideologías usan esa herramienta para denunciar las agresiones sexuales por parte de compañeros de partido que en público insistían en los errores del Ministerio de Igualdad. 

En este contexto, la irrupción de un MeToo político en España no es una anomalía ni una reedición cultural acrítica, sino una consecuencia lógica. Los relatos que han ido emergiendo en los últimos tiempos, desde testimonios vinculados a figuras históricas de la Transición hasta denuncias públicas que afectan a distintos partidos de todas las ideologías, no constituyen una suma de comportamientos individuales desordenados. Dibujan un patrón reconocible de relaciones atravesadas por jerarquías, dependencia, capital simbólico y una profunda asimetría sexual.

La mención de figuras históricas como Adolfo Suárez en relatos sobre comportamientos sexuales impropios no pretende reescribir la historia ni someterla a juicios morales retrospectivos. Sirve, más bien, para entender hasta qué punto determinadas conductas fueron normalizadas en un contexto político y social donde el poder masculino no encontraba límites claros. No se trata de equiparar épocas ni de ignorar los cambios sociales, sino de asumir que la impunidad también tiene historia y sobre todo merece reparación. 

Lo mismo ocurre con los casos más recientes que afectan a cargos públicos en activo o retirados. El problema no es solo lo que hicieron, que corresponde investigar y valorar, sino el orden social y político que lo hizo posible. Organizaciones políticas jerárquicas, culturas internas tolerantes con el abuso y una tendencia persistente a proteger al poder antes que a las mujeres que lo señalan. La incomodidad que genera el MeToo en la política no responde a un exceso de puritanismo, sino a la amenaza que supone una redistribución del poder.

Por eso el rechazo a la Ley de Libertad Sexual fue tan visceral. Porque no hablaba de consentimiento como un contrato privado entre iguales, sino como una condición política que exige simetría real. Porque no convertía el deseo en delito, sino la imposición. Y porque señalaba algo que durante demasiado tiempo se dio por hecho: que no todo lo posible es legítimo, y que no todo lo legítimo para algunos lo es para todas. No iba de sexo, iba de poder. 

Es por todo ello que ley fue presentada interesadamente como una reforma penal, cuando en realidad su apuesta más ambiciosa fue la construcción de una arquitectura preventiva e institucional que limitara la impunidad allí donde históricamente ha sido más resistente. No se dirigía solo a los juzgados, sino a los espacios donde el poder se organiza y se reproduce, como administraciones, empresas, medios de comunicación y, de forma explícita, partidos políticos y organizaciones sociales. Frente a la idea de que la violencia sexual es un problema privado o excepcional, la ley introducía por primera vez la obligación de protocolos, formación y mecanismos de detección en ámbitos donde la jerarquía y la dependencia generan condiciones propicias para el abuso. De hecho, para el caso de los partidos políticos, la ley reconoce algo que durante años fue un tabú y es que estos son también espacios laborales, de militancia y de socialización atravesados por relaciones de poder desiguales, y que por tanto requieren medidas específicas de prevención y respuesta frente a las violencias sexuales. No se trata de criminalizar organizaciones, sino de asumir que ninguna estructura de poder es neutral y que la ausencia de reglas claras ha funcionado, durante demasiado tiempo, como una forma de protección informal para quienes ocupaban posiciones de autoridad.

Nada de esto habría sido posible sin la acción persistente del movimiento feminista y sin el trabajo de quienes han asumido el coste de hacer visible lo que el poder prefería mantener en silencio. Las periodistas que investigan, los medios que publican y las mujeres que deciden hablar —a menudo sin garantías, con enorme desgaste personal, económico y profesional— no actúan movidas por una pulsión moral, sino por una exigencia democrática elemental. Las leyes no crean los testimonios, pero los hacen audibles. Y los testimonios, cuando se sostienen colectivamente, fuerzan a las instituciones a dejar de mirar hacia otro lado. A todas ellas no podemos dejar de agradecerles su tarea. 

Y es con este agradecimiento en el centro que se hace necesario señalar que quienes hoy denuncian un supuesto clima de linchamiento son precisamente quienes han guardado silencio durante décadas ante una cultura de la impunidad ampliamente conocida. El escándalo no fue que la ley prohibiera algo nuevo, sino que nombrara algo viejo. La incomodidad actual no procede de un exceso de denuncia, sino de la pérdida del monopolio sobre el relato y sobre las reglas del juego. En ese sentido, la Ley de Libertad Sexual ha operado también como un boomerang político para el propio Pedro Sánchez. Aquello que en su momento fue presentado como un debate que había ido demasiado lejos, como una discusión sobre si determinadas formas de comportamiento masculino, normalizadas durante décadas, podían ser consideradas o no violencia regresa hoy transformado en un problema político de primer orden. No por la ley en sí, sino porque el marco que esta ayudó a abrir permite leer de otro modo los casos que han ido surgiendo en su entorno político y orgánico. Lo que entonces se quiso cerrar como exceso aparece ahora como diagnóstico de sentido común. Ya no se trata de una exageración feminista, sino de una pregunta incómoda sobre poder, consentimiento e impunidad que ya no puede volver a formularse en abstracto.

El MeToo político no exige cancelaciones automáticas ni juicios sumarios. Exige algo más sencillo y, a la vez, más incómodo. Exige asumir que el poder, también el poder progresista, debe someterse a límites. La restauración de todo lo que el debate sobre la  ley de Libertad Sexual canceló es una de las condiciones de posibilidad de este proceso. Porque un proyecto político que no es capaz de revisar cómo se ejerce el poder sexual en su interior, es decir, de garantizar la libertad de las mujeres, difícilmente puede llamarse progresista.

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Ángela Rodríguez 'Pam' es ex secretaria de Estado de Igualdad.

Íñigo Errejón será juzgado como presunto autor de un delito contra la libertad sexual de Elisa Mouliaá. Así lo ha decidido el juez que instruye el caso, Adolfo Carretero, en un auto dictado este viernes, al que ha accedido infoLibre. El magistrado estima que existen indicios suficientes para continuar con el procedimiento penal y subraya que el testimonio de la víctima es suficiente para investigar al exlíder político.

Carretero señala que el principal indicio probatorio es la declaración de la actriz, pues no existen testigos presenciales de los hechos y únicamente se cuenta con "algunos testimonios de referencia y pruebas periciales". En ese sentido, pasa a analizar los motivos por los que la declaración de la denunciante cumple con los requisitos para ser entendida como un indicio probatorio.

La ausencia de incredibilidad subjetiva es el primer aspecto puesto en valor por el juez. Mouliaá "no tenía ningún móvil espúreo, enemistad, odio o venganza" contra el acusado, sino "más bien todo lo contrario", describe. La actriz mantenía una relación amistosa con él, hablaban habitualmente e incluso existía una admiración explícita por "sus ideas de izquierda moderada y feministas".

En segundo lugar, existe verosimilitud en su declaración. "Es coherente en lo esencial, aunque no recuerde detalles secundarios", asiente el magistrado. Carretero no penaliza a la víctima por las "posibles lagunas o contradicciones en su declaración", sino que las encaja dentro de la normalidad, pues "en todo momento mantuvo la coherencia" durante el interrogatorio. "No se ven vaguedades ni contradicciones en su declaración", salvo lo que describe como una "falta de reacción" ante los hechos, "explicable por su bloqueo emocional y la repetida personalidad" del exdiputado, quien además "dimitió de su cargo por conductas inapropiadas con mujeres, hecho posterior que debe destacarse".

El juez instructor reseña también la "persistencia en la incriminación" por parte de la denunciante. Carretero admite que "el retraso en la denuncia, según el Tribunal Supremo, es un dato a tener en cuenta", pero también enfatiza en que "no supone que la denuncia tenga que ser falsa". En esa línea, lo cierto es que la actriz "tardó en denunciar", pero ella misma ha señalado que lo hizo así por "miedo ante la personalidad del denunciado", dando el paso de denunciar únicamente "cuando vio que otras mujeres comentaban en medios hechos semejantes".

El juez recoge que la víctima denunció "al sentirse más fuerte, manteniendo su versión tanto en la declaración policial como en el juzgado, sin que reste credibilidad que haya relatado los hechos ante los medios de comunicación, incluso a cambio de remuneración". El relato en los platós de televisión, sostiene el juez, no difiere de lo dicho en sede judicial y la víctima tiene "derecho a contar su intimidad como quiera en un Estado democrático".

Tampoco le resta credibilidad, abunda el instructor, haber tenido "alguna conversación intrascendente" con Íñigo Errejón posteriormente a los hechos. Los peritos explicaron que "resulta frecuente que mujeres maltratadas o abusadas mantengan contacto con sus agresores", destaca Carretero. "Ya sea por dependencia emocional o para que estos se disculpen de sus actos".

El magistrado tampoco cree relevante que la víctima hubiera puesto en duda, en una conversación privada, el carácter delictivo de lo sucedido. El hecho de que la actriz "haya dicho que le parecía que los hechos no eran delito pero que tenía que denunciar, no supone que no lo sean, pues la denunciante no es experta en derecho ni tiene que calificar los hechos, bastando que los exponga", zanja.

El juez fue muy criticado en su día por el duro interrogatorio al que sometió a la víctima, en ocasiones con un marcado sesgo revictimizante. Sin embargo, el auto dictado este viernes supone un ejercicio riguroso sobre el valor del testimonio de las víctimas, más allá de las conclusiones a las que llegue el tribunal sentenciador. "El instructor únicamente debe limitarse a determinar si existen unos mínimos indicios para que la causa llegue a juicio oral", puntualiza el juez. Bajo su punto de vista, así sucede.

Errejón será juzgado por un delito de abuso sexual, al ser los hechos previos a la reforma que introdujo la ley del sólo sí es sí y en aplicación del principio de la ley penal más beneficiosa en el momento de los hechos. Errejón, entrevé el juez, no "empleó violencia o intimidación", por lo que sus actos le situarían como presunto autor de un delito de abuso.

Más de un centenar de jueces especializados en violencia machista advierten de que la ley de eficiencia judicial supondrá el "colapso total" de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer por la asunción de todos los delitos sexuales que hasta ahora no se instruían, según recoge EFE.

A raíz de la entrada en vigor de la ley de eficiencia, que incorpora algunas reformas de la llamada ley del sí es sí, los juzgados de violencia sobre la mujer asumirán todos los delitos sexuales, aunque no se circunscriban al ámbito de la pareja, así como otros de trata y acoso que hasta ahora no instruían, en un plazo de nueve meses desde la puesta en vigor de la norma el pasado 3 de enero.

Ello supondrá un aumento de un 20% en la carga de trabajo de los juzgados de violencia de género, según admitió el ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, que trasladó la intención de reforzar las secciones especializadas con recursos procedentes de las de instrucción.

En un comunicado difundido este lunes y firmado por un total de 135 magistrados del ámbito de la violencia de género, los jueces avisan de que el aumento de competencias, que tendrá lugar a partir del 3 de octubre de 2025, se producirá "antes de la fecha prevista" de la entrada en funcionamiento de las secciones de instrucción y de violencia sobre la mujer, previstas para el 31 de diciembre de este año.

En el lapso de tiempo entre octubre y diciembre auguran un colapso "total" de los juzgados especializados en violencia machista, pues, según afirman, la reconversión de las secciones de instrucción en secciones de violencia sobre la mujer no se dará hasta finales de diciembre de 2025.

Critican además que en los últimos veinte años se ha producido un aumento "progresivo y exponencial" de los delitos relacionados con la violencia sexual sin la correlativa ampliación del número de juzgados.

También subrayan la "absoluta precariedad de medios" en cuestiones como los equipos de valoración forense, el asesoramiento y asistencia a la víctima, el "deficiente" funcionamiento de los dispositivos telemáticos o la falta de forenses de guardia, entre otras.

Con todo ello, creen que se producirá "significativo paso atrás en la lucha contra la violencia de género" que redundará en la "desprotección y riesgo para las mujeres víctimas de dicha violencia y sus hijos e hijas", así como la "imposibilidad material" de poder atender cada asunto civil y penal.

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha rebajado de 15 a 14 años de prisión la pena a dos de los cinco condenados por la violación grupal perpetrada en los Sanfermines de 2016 en Pamplona, en aplicación de la Ley Orgánica 10/2022, de Garantía Integral de la Libertad Sexual, según informa EFE.

En sendas resoluciones judiciales, que pueden ser recurridas ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), la Audiencia considera “jurídicamente obligado” seguir la doctrina jurisprudencial dictada en julio de 2024 por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que entonces confirmó la rebaja de 15 a 14 años decretada en septiembre de 2023 por la Sala de lo Civil y Penal para Ángel Boza, el primero de los cinco condenados que lo solicitó. Posteriormente, otros dos condenados, José Ángel Prenda y Jesús Escudero, interpusieron recursos de revisión de sus penas, que se han resuelto en el mismo sentido.

Como sostuvo el TSJN, el propio Tribunal Supremo había señalado en su sentencia sobre la violación grupal que imponía una condena de 15 años, “próxima” o “cercana” al mínimo legal, unos mínimos que la Ley Orgánica 10/2022, de Garantía Integral de la Libertad Sexual, rebajó “sensiblemente”. Así, la pena máxima continuaba inalterada, pero la mínima descendía 1 año y 3 meses, pasando de 14 años, 3 meses y 1 día a 13 años.

En consecuencia, los 15 años de prisión impuestos a los condenados quedaban 2 años por encima del mínimo posible y por este motivo, la Sala de lo Civil y Penal del TSJN, con un voto particular discrepante, rebajó la pena de 15 a 14, recuerda el tribunal en un comunicado. Tras ratificar el Supremo esa resolución en julio de 2024, a principios de este mes el abogado defensor de otros dos condenados interpuso sendos recursos de revisión.

La Sección Segunda de la Audiencia, el tribunal sentenciador, dio traslado de los mismos a las partes para que presentaran alegaciones. La fiscal consideró que procedía estimar los recursos y, por tanto, rebajar las penas habida cuenta de que “debe seguirse el criterio fijado” por el Tribunal Supremo.

Por su parte, tanto la acusación particular, ejercida por la víctima, como las acciones populares —el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona— se opusieron a las reducciones solicitadas. En sus resoluciones, la Sección Segunda de la Audiencia reproduce la argumentación expuesta tanto por el TSJN como por el Supremo para estimar los recursos de los penados.

No son solo acusaciones anónimas. Lo que hay ya sobre la mesa es toda una denuncia formal contra el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón por violencia sexual. La actriz y presentadora Elisa Mouliaá ha sido quien ha dado el paso en nombre de aquellas mujeres que un día fueron "acosadas" por el político. Lo hizo la noche del jueves, el mismo día que el también exfundador de Podemos, con el que rompió hace años, anunció su salida de la política institucional con una carta plagada de eufemismos. La denuncia es el relato de una agresión sexual ocurrida en septiembre de 2021. "Cerró con pestillo y comenzó a tocarme", puede leerse en el escrito, en el que se cita a testigos y se acompaña de una captura de pantalla en la que la víctima relata a una amiga lo sucedido. El Juzgado de Instrucción nº47 de Madrid se hará cargo del caso.

La denuncia fue interpuesta, como es habitual en este tipo de casos, ante la Unidad de Familia y Mujer (UFAM). Son las especializadas en la lucha contra la violencia de género, doméstica o sexual dentro de la Policía Nacional. Tienen su central en la capital, donde también hay unidades en la Jefatura Superior de Policía y en todas las comisarías locales y de distrito. Y en el resto del país, según el Ministerio del Interior, existe una UFAM en cada cuartelillo "integrada por agentes especializados que cuentan con gran formación y están especialmente sensibilizados con el tema". En total, hay unas 173 unidades de este tipo por todo el territorio nacional. Y están integradas por más de un millar de funcionarios policiales.

Cuando la víctima se presenta en una unidad de este tipo, se le ofrece una atención "especial", empleando una "escucha activa", "respetando" sus "tiempos" y ofreciendo "recursos especializados". Incluso si la persona no tiene claro si va a denunciar, se le ofrece información sobre todo el proceso y aquellos recursos que le pueden ayudar. Una vez presentada, la unidad especializada, que cuenta con "intérpretes" de lengua de signos e idiomas extranjeros, comprueba la veracidad de los hechos a través de determinadas diligencias –desde toma de declaraciones a visionado de imágenes–. Y si hay indicios suficientes, se procede contra el agresor.

Desde el primer contacto con las autoridades y funcionarios, incluyendo el momento previo a la presentación de la denuncia, las víctimas tienen derecho a recibir información sobre las medidas de asistencia y apoyo disponibles, el procedimiento para obtener defensa jurídica y las condiciones para que sea gratuita, la posibilidad de solicitar medidas de protección, las indemnizaciones a las que se puedan tener derecho, los supuestos en los que puede obtener el reembolso de los gastos judiciales o la recepción de información sobre la causa penal. De hecho, cuando se le entrega copia de la denuncia a la víctima, la misma suele ir acompañada de un acta en el que se detallan sus derechos.

La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida popularmente como ley del solo sí es sí, vino a reforzar, precisamente, la protección de las víctimas de este tipo de delitos. Así, por ejemplo, se retocó el Estatuto de la Víctima del Delito para vedar la "mediación y conciliación" en supuestos de este tipo o para que en las investigaciones de aquellos casos de violencia sexual se reciba declaración a la persona agredida "en dependencias adaptadas para tal fin" y por profesionales –del mismo sexo cuando así se solicite– "que hayan recibido una formación especial para reducir o limitar perjuicios a la víctima".

Del mismo modo, y para evitar que el desarrollo de la investigación o la celebración del juicio terminen convirtiéndose en una "nueva fuente de perjuicios", se reformó la norma para que también en el caso de víctimas de violencia sexual –y no solo las menores de edad y aquellas con discapacidad necesitadas de especial protección– las declaraciones en la fase de investigación puedan ser "grabadas por medios audiovisuales" y "reproducidas en el juicio". Además, cuando se esté indagando en un caso de violencia sexual, pueden acordarse medidas de protección de la víctima que pueden acompañarse del uso de dispositivos telemáticos para el control de su cumplimiento.

Todas las víctimas tienen derecho, recoge la ley del sólo sí es sí, a una asistencia "integral" especializada y accesible "que les ayude a superar las consecuencias físicas, psicológicas, sociales o de otra índole" derivadas de las violencias sexuales. Esto comprende, por ejemplo, la atención médica y psicológica especializada o el "asesoramiento jurídico previo" y la "asistencia jurídica gratuita". Del mismo modo, la norma también recoge ayudas sociolaborales o económicas. Así, por ejemplo, cuando la renta de la víctima sea inferior al salario mínimo interprofesional, se contempla "una ayuda económica equivalente a seis meses de subsidio por desempleo".

Para el reconocimiento de estos derechos, las situaciones de violencia sexual podrán acreditarse mediante "una sentencia condenatoria", una "orden de protección", cualquier "resolución judicial que declare la existencia de la misma o acuerde una medida cautelar a favor de la víctima" o bien por un "informe" del Ministerio Fiscal que indique la "existencia de indicios" de que la demandante sufrió una agresión sexual. Sin embargo, la denuncia no es elemento imprescindible para acreditar la existencia de esta violencia. Hay otros caminos, como informes "de los servicios sociales", de los "servicios especializados en igualdad", de los "servicios de acogida" destinados a este tipo de víctimas, de la Inspección de Trabajo, de la Seguridad Social o "sentencias recaídas en el orden jurisdiccional social".

Todo esto tiene una razón de ser: sólo el 8% de las mujeres que ha sufrido violencia sexual fuera de la pareja denuncia –un 11,1% si se tienen también en cuenta las denuncias interpuestas por una tercera persona o institución–, según los datos recogidos en la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer que el Ministerio de Igualdad publicó allá por 2020. En el caso de aquellas mujeres que habían sufrido una violación, el motivo principal para no denunciar fue la vergüenza –lo citaron el 40,3% de las encuestadas–, mientras que un 36,5% hablaba del temor a no ser creída y el 23,5% aludía al miedo al agresor. Mouliaá no denunció antes, precisamente, "por miedo", "por el poder de la política que no se sabe hasta dónde puede llegar".

La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual contemplaba la creación de centros contra la violencia sexual. Se trata de recursos a los que se puede acceder sin denuncia previa y que están pensados para brindar atención psicológica, jurídica y social bajo criterios de "atención permanente y actuación urgente": "Incluyen el acompañamiento y la información telefónica y presencial las 24 horas del día todos los días del año". La norma obliga a construir uno en cada provincia. Y deberían estar en funcionamiento antes de que termine el año. Sin embargo, a mediados de octubre sólo ocho de 52 provincias habían abierto estos centros.

Otro recurso al que puede accederse sin necesidad de denuncia previa es Atenpro, el servicio telefónico de atención y protección para víctimas de violencia contra las mujeres. Se basa en el uso de tecnologías de comunicación telefónica móvil y de telelocalización y permite que víctimas de violencia contra las mujeres "puedan entrar en contacto en cualquier momento" con un centro atendido por personal "específicamente preparado para dar respuesta a sus necesidades". Además, y ante situaciones de emergencia, los trabajadores están preparados para "dar respuesta a la crisis" por sí mismos o movilizando otros recursos humanos y materiales.

Superada la crisis institucional ligada a las rebajas de penas que conllevó la ley del sólo sí es sí, todas las voces especializadas en violencia sobre las mujeres parecen estar de acuerdo en algo: las muchas virtudes de la ley integral. La norma vino a cambiar el paradigma sobre la definición misma de violencia sexual, pero trajo consigo además una batería de medidas encaminadas a prevenir, detectar y combatir este tipo de violencia, hasta entonces relegada a un segundo plano. Un conjunto de iniciativas que requieren de desarrollo e implantación. Y ahí es donde la ley no está dando los frutos esperados. Un ejemplo claro: los centros de crisis de atención a la violencia sexual tendrán que estar implementados en todas la provincias antes de que termine el año. A día de hoy, casi nadie ha hecho los deberes.

Antes de que la ley obligara a construir al menos un centro en cada provincia –es decir, un total de cincuenta y dos–, había dos territorios donde ya funcionaba este modelo: Madrid y Asturias. El año pasado, a esas dos provincias se sumaron otras tres: Cantabria, Bizkaia y Murcia. Y desde entonces, en lo que va de año sólo otras cinco provincias han inaugurado sus propios centros: Huesca (Aragón), Albacete (Castilla-La Mancha), Araba (Euskadi), Iruña (Navarra) y la ciudad autónoma de Melilla. La tarea es urgente: en diciembre finaliza el plazo para consolidar al menos 52 centros de atención a víctimas de violencia sexual.

No hacerlo tiene consecuencias de peso: la devolución inmediata de los fondos europeos pensados para tal cometido. El anterior Ministerio de Igualdad solicitó dedicar parte de los fondos europeos a tal efecto y la Unión Europea aceptó. Entre 2021 y el primer semestre de 2023, se aprobó el reparto de un total de 83.058.700 euros para dar impulso al proyecto.

Además, el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia instaba a la creación de "centros de asistencia integral 24 horas a víctimas de violencia sexual en todas las provincias y las ciudades autónomas, con atención presencial, telefónica y telemática". La ley del sólo sí es sí, en su artículo 35, emplaza igualmente a construir centros de crisis en todas las provincias. La norma concedía inicialmente un plazo de seis meses, pero el ministerio decidió ampliarlo hasta finales de 2023 porque era el tiempo fijado para liquidar los fondos europeos. Tampoco esa concesión fue suficiente y hoy la tarea sigue sin cumplirse.

Carmen Martínez, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, detalla en conversación con infoLibre que uno de los principales deberes del Ministerio de Igualdad es precisamente estar en contacto constante con las comunidades para cumplir con el mandato. La delegada no tiene duda alguna de que el objetivo se materializará en estos dos meses. "Trabajamos codo a codo con todas las comunidades, cada día", asiente. Esta misma semana abrió sus puertas el centro oscense y el ministerio prevé aperturas "inmediatas" en Gipuzkoa, Teruel y Madrid –con un segundo centro–. No está sobre la mesa, dice tajante, una nueva prórroga.

La delegada habla de prórroga porque el equipo pilotado por la exministra Irene Montero ya concedió un tiempo extra a las comunidades para ejecutar su obligación. Fue a finales del año pasado, poco antes de que el cronómetro marcara cero. El compromiso no terminaba de arrancar, así que las autonomías decidieron solicitar una prórroga. Lo hicieron de manera abrumadora: la inmensa mayoría estaba de acuerdo. A dos meses de que finalizara el tiempo concedido, la Comisión Europea aprobó una adenda para prorrogar la puesta en funcionamiento de los centros a diciembre de 2024.

María Naredo, abogada y una de las redactoras de la ley del sólo sí es sí, recuerda que la primera prórroga se realizó "a petición de las comunidades y con mucho miedo", porque lanzaba un mensaje a las víctimas: sus problemas no eran urgentes. La situación no puede repetirse este año, asegura la delegada del Gobierno.

Martínez reconoce como principales barreras para la construcción de los centros aquellas relacionadas con la adquisición de inmuebles. "Ya sabemos el problema inmobiliario que hay en este país. Tenemos concursos públicos desiertos, otros que tuvieron que repetirse y casos en los que ha habido que idear con creatividad otras formas, como aprovechar los centros propios de la comunidad", expone. Para Naredo, no obstante, el hecho de que las regiones aleguen falta de recursos es en realidad una excusa. "Las comunidades tienen posibilidades para construir esos centros. No hacerlo es una dejación de un calibre que avergüenza", sentencia.

La de los centros de crisis no es la única tarea pendiente de la Ley de libertad sexual. El texto legal también introduce otro recurso imprescindible en el marco de la violencia sexual: los centros de atención a niñas y niños, conocidos como Barnahus. La norma establece "las bases para la implementación en España del modelo Children’s House anglosajón o Barnahus escandinavo (Casa de Niños y Niñas), que desde hace una década se está extendiendo a otros países europeos. Este modelo sitúa en el centro de la intervención a la niña o al niño víctima de violencias sexuales, lo cual requiere la participación conjunta y coordinada, en un lugar específico, adaptado y adecuado a sus necesidades, del conjunto de profesionales que intervienen en la ruta de atención y de obtención de justicia", recoge la ley.

Existe todo un "itinerario específico para la atención de niños y niñas", así como la construcción de unos centros que "ni están, ni se les espera", lamenta Naredo. Al menos, no de manera homogénea por todo el mapa. Territorios como Cataluña, Euskadi y Madrid sí han ido implementando estos modelos, pero lo cierto es que las casas "han ido brotando a modo de pilotos y con desigualdades territoriales", expone la jurista. Algunos, señala, tampoco incorporan "en absoluto una perspectiva de género, así que no están garantizando los postulados de la ley".

Amparo Díaz, abogada especializada en violencia sexual, estima que la "vocación transformadora" de la ley del sólo sí es sí cae en saco roto si no es "desarrollada descendiendo al detalle, articulando servicios y dando una respuesta eficaz" a las mujeres. Y en ese sentido, se está "avanzando muy lentamente". En este punto entra en juego la especialización de la justicia, implementaciones que "requieren de leyes orgánicas" en muchos casos, recuerda Naredo. 

La ley, en vigor desde septiembre de 2022, concede un año para que el Gobierno modifique dos leyes clave: la del Poder Judicial y la del Estatuto del Ministerio Fiscal. El objetivo es introducir la violencia sexual como especialización en los juzgados de violencia y en la fiscalía de sala. El mandato legal es que ambos órganos, especializados en violencia de género, atiendan también la violencia sexual sobre las mujeres en los términos que contempla la ley.

"Es fundamental que las víctimas tengan una fiscalía" cuya especialización "vaya más allá del propio nombre", argumenta Díaz. Es necesaria una "formación amplia en victimología, violencia machista, psicología de la memoria, en cómo entrevistar a las víctimas e intervenir en situaciones de crisis", enumera la letrada. Lo mismo ocurre con los tribunales: la ley obliga a regular la composición y funcionamiento de los juzgados de violencia sobre la mujer, para incorporar en su seno la violencia sexual. Sin embargo, el hecho de que la justicia esté especializada en violencia en el marco de la pareja, excluye a buena parte de las víctimas, critican las expertas.

La norma fija un año de plazo también para modificar la Ley de asistencia jurídica gratuita, con el fin de incoportar a las víctimas de violencia sexual, equiparándolas a otras como las víctimas de terrorismo o violencia de género dentro de la pareja, sin atender a la renta. Sobre todas estas ausencias ha puesto la lupa Podemos en el Congreso, mediante una iniciativa parlamentaria pensada para impulsar su aplicación.

"Tenemos una ley pionera que supuso un cambio de paradigma muy importante en el abordaje de las violencia sexuales, no sólo en relación con el significado del consentimiento, sino en la percepción de las violencias sexuales que sufren las mujeres y que excede el ámbito privado", elogia la actual delegada. Martínez enfatiza en que se trata de un cambio profundo, cuyos frutos no se recogen "en un día ni en dos" y que requiere de una "intervención por parte de todas las administraciones". Queda trabajo por hacer, reconoce la delegada, pero no renuncia a poner en valor los muchos cambios que ya se han materializado gracias a la ley, desde la introducción de la violencia sexual en el teléfono 016 hasta la puesta en funcionamiento de la Oficina Nacional contra las Violencias Sexuales (Onvios).

Desde que Adán y Eva salieron del Paraíso, según nos cuenta la mismísima Biblia, ya se nos advirtió que no íbamos a estar siempre de fiesta y que tendríamos que trabajar con el sudor de nuestra frente y parir con dolor. Sin embargo, para nada se nos dijo que tendríamos que trabajar para matarnos ni que tendríamos que parir con dolor para que nos mataran a nuestros hijos con más dolor añadido todavía.

Hoy día, la vida se nos ha vuelto más dura y apenas nos dejan imaginar la barbarie genocida que estamos viendo desde nuestras enrejadas miradas, tal vez para que no suframos más de la cuenta. Por todos sitios se nos cuentan historias fantásticas, justificaciones políticas, novedades hipócritas, noticias falsas...

Hoy, Caín, que no Sem, ha impuesto su ley del más fuerte, como Jacob, fuerte hasta contra Dios y precisamente en Tierra Santa, porque se ha declarado una guerra exterminadora, una guerra Santa también.

El mundo se está llenando de tanto ruido, incluido el de las bombas, que nos obliga a cerrar los ojos y así se nos impide ver con claridad todo lo que nos está pasando, porque hay gente interesada en que nos pase lo peor, porque así aprendemos. Otra cosa es que nos eduquemos. La educación nos concede las luces de las que carecemos, nos hace críticos, justos y hasta generosos.

Está visto que los medios de comunicación de masas no nos pueden educar por mucho que nos manoseen y manipulen la palabra Educación.

El otoño  nos educa a aceptar la caída de las hojas pero no a deshojar todo el bosque. Los hombres que con demasiada ciencia y tecnología y saberes son amigos de la Parca no son parcos a la hora de esquilmar las buenas conciencias y convierten los parques en cenizas. Son los mismos que nos mienten y tienen la desfachatez, también, de aparecer, junto a Zelenski, que firma sonriente sobre los misiles cuidadosamente fabricados, brillantes y pulidos, como bellas píldoras y obras de arte, que son llamados a rebato.

Queremos que estos tipos de fiesta se terminen y que seamos convocados para redimirnos a nosotros mismos.

También todos los que estamos a favor de la “educación y aborto cero” vemos con claridad la llamada “Ley del sí es sí”, como un paso más que seguro hacia el aborto cero. Esta ley nos ahorraría tiempo en discutir otras leyes y, también, gastos en recursos jurídicos.

A pesar de la atmósfera de supremacismo de género que vuelve a rodearnos, casi como verdad bendecida por la tradición, no queremos tener que recordar aquella canción mejicana que nos daba el cante con lo de “si los hombres parieran, el aborto sería sacramento”.

La educación afectiva y sexual de la mujer, y también del hombre (no vayamos a olvidar el machismo, que lo tiene demasiado fácil a la hora de satisfacer sus deseos y necesidades de sexo, que no de amor), por la que todos y todas abogamos, podrá evitar también, por supuesto, que la mujer tenga que someterse, como compromiso añadido, a la intervención o prestación de un aborto.

Hace pocos días, al principio de la feria, como señal de alerta de cómo está el cotarro, pudimos saber que un chico de un pueblo cercano, que había contribuido alegremente al embarazo de su novia, le dijo que a él le "quedaba mucho por divertirse" y que "no quería saber nada”. No sabemos cómo va el tema, pero lo dicho, dicho queda.

Todos los que abogamos por una verdadera “educación afectiva y sexual y un aborto cero” saldremos a la calle también, todas las veces que hagan falta, para parar las armas, las guerras y a los armeros.

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José María Barrionuevo Gil es socio de infoLibre.

No hay descanso en la cárcel de las togas, negra, lúgubre y luctuosa, donde purgan injusta pena la Libertad, la Solidaridad y la Democracia. Usted, señoría, le hace la puñeta, y la peineta, al Estado de derecho. Usted, señoría, hace piña con las hordas rancias de la tradición hispánica, con el verde caqui y las camisas pardas, con el áureo tilín del dinero y el tolón negro de las sotanas, con las fichas y los dados del casino, con la pandereta y la charanga. ¿Duerme bien su señoría? ¿Concilia a gusto el sueño?

Usted, su libertina señoría, hace de su toga un sayo sin nadie que lo critique, que le pida cuentas, que lo juzgue o que lo reprenda, ni dios siquiera. Usted, su soberbia señoría, se sitúa más allá del bien y del mal, por encima de la Ley y el Derecho, a la extrema derecha del padre y del hijo, y del santo espíritu de las herencias judeocristiana y nacionalcatólica que tantos sueños quemaron en hogueras de la santa inquisición y que usted, su pirómana señoría, alimenta hoy quemando en su juzgado los códigos legales y la letra malherida de la Constitución. Duerma bien su señoría. Concilie a gusto el sueño.

Hay jueces justos, juezas que aplican la ley, juezas y jueces que elevan la Justicia a la categoría ética de necesidad social, jueces y juezas que duermen bien, que concilian a gusto el sueño. Y, a otro lado, su señoría y toda la cohorte prevaricadora y torticera que no están en el negocio de la justicia, sino de la política. No es caso único su señoría, ni minoritario, sino que forma parte de esa metástasis que corroe los tuétanos del Estado como cosa natural, como un designio divino dirían su señoría y sus secuaces. ¿Duerme bien su señoría? ¿Concilia a gusto el sueño?

Mientras el común de los mortales cuenta ovejas o le pega al Temazepam para dormir, para conciliar el sueño, su indecente señoría cuenta causas abiertas contra los enemigos de su patria, contra rojos y asociados, contra mujeres y migrantes, contra bolleras y maricones, contra ateos y no católicos, contra juglares y titiriteros, contra cómicos y tuiteros. A su militante señoría le complace que se hable mucho de ello, ver su nombre en las portadas, ser el centro de tertulias fachas. ¿Duerme bien su señoría? ¿Concilia a gusto el sueño? En raras noches de insomnio, repasa las causas y contabiliza a sus víctimas trazando imaginarias rayas en el muro de sus injustos sueños.

Su ridícula señoría es enmendada en Europa, desde Suiza hasta Escocia, por la evidencia de su videncia, por su amplia colección de varas de medir o por sus sentencias interesadas. A su delictiva señoría le valen pruebas fabricadas, falsos testimonios, mentiras a la cara, retorcidas contabilidades, recortes de prensa manipulada, una tarjeta de móvil, una niñera improvisada, facturas falsificadas o la patada inventada de un diputado con rastas. ¿Duerme bien su señoría? ¿Concilia a gusto el sueño? A la contra, nadie se explica, su cómplice señoría, que sea usted la única que no atina a identificar el apunte M. Rajoy, a apreciar delito en la destrucción de pruebas a martillo, a no ver incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica o a promover el incumplimiento de la ley del sólo sí es sí o de la de amnistía.

¿Duerme bien su fétida señoría? ¿Concilia a gusto el sueño? Esperemos que no y que su conciencia arda en el infierno tras su condena en el juicio final, su hipócrita, creyente y practicante –el colmo de los colmos– señoría.

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Verónica Barcina es socia de infoLibre.

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la rebaja de 15 a 14 años de prisión que fijó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Navarra para uno de los cinco integrantes de La Manada condenados por la violación grupal cometida en los sanfermines de 2016, en aplicación de la ley Orgánica 10 /2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la ley del sólo sí es sí.

La Sala de lo Penal avala la interpretación que realizó el TSJ de Navarra cuando acordó reducir en un año la pena para uno de los condenados al entender que el Tribunal Supremo en su momento impuso la pena de 15 años por ser "próxima" o "cercana" al mínimo legal vigente entonces, antes de entrar en vigor la ley.

En su sentencia, recogida por Europa Press, el alto tribunal recuerda los argumentos del tribunal navarro que indicaba que al entrar en vigor la ley, impulsada por el Ministerio de Igualdad cuando estaba al frente del mismo Irene Montero, se rebajó el mínimo legal del delito en 1 año y 3 meses (de 14 años, 3 meses y 1 día a 13 años) y por tanto la pena debía también reducirse puesto que tras la reforma legal quedaba situada dos años por encima del nuevo mínimo legal.

La Sala Segunda, con ponencia del magistrado Julián Sánchez Melgar, considera razonable el criterio expresado por el TSJ de Navarra en tanto que se ajusta a los parámetros que estableció el Pleno de la Sala Segunda cuando abordó la línea a seguir en relación con los asuntos afectados por la nueva ley. En línea con esa doctrina recuerda que resulta esencial respetar el criterio de dosimetría penológica que tomó en consideración el tribunal sentenciador.

"En nuestro caso -señala la Sala- es claro que el Tribunal Supremo situó la pena muy poco por encima de su umbral mínimo. En concreto dijo lo siguiente: Lo que justifica la imposición de una pena superior al mínimo legalmente previsto, aunque muy cercano al mismo".

La Sala analiza los arcos penológicos que estaban establecidos cuando el Supremo resolvió el recurso de casación e indica que impuso una pena 9 meses por encima del mínimo legal de aquel momento.

Esa pena establecida entonces (15 años) es ahora, con la nueva regulación, superior en dos años al mínimo imponible, "luego la nueva ley es más favorable para el acusado porque ha bajado 1 año y 3 meses el umbral mínimo imponible, y mantiene el mismo techo".

El tribunal indica que no hay duda alguna de que la ley del sólo sí es sí resulta más favorable que la regulación anterior y buena prueba de ello fue que el propio legislador modificó su inicial conceptuación penológica para elevarla, a la vista de la realidad social y las revisiones que se estaban produciendo.

La sentencia añade que no pueden hacerse diferencias "entre este caso, por más que sea particularmente mediático, y los cientos de casos que han sido analizados por esta Sala Casacional, en donde de forma muy reiterada se ha declarado que el marco penológico instaurado por la nueva Ley Orgánica 10/ 2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, es más beneficioso que la regulación anterior".

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido la ley del solo sí es sí, que ha dicho que es "una buena ley", y ha pedido al PP que deje de generar "miedo, ansiedad y de asustar a la sociedad", en la sesión de control al Gobierno en el Senado, según informa Europa Press.

"Señoría, esta ley es verdad, tuvo dificultades en el pasado pero debemos mirar hacia el futuro, debemos mirar hacia adelante y le pido de verdad que deje de generar miedo, que deje de generar ansiedad, que deje de asustar a la sociedad, a la ciudadanía española", ha asegurado a la pregunta de la senadora del Grupo Parlamentario Popular María José Pardo, sobre si la ministra cree que la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual ha protegido más a las mujeres.

En este sentido, Redondo ha dicho que la ley del solo sí es sí "es una buena ley para prevenir las violencias sexuales contra las mujeres y para atender mejor a las víctimas".

Asimismo, ha dicho que la ley es una "buena ley" porque "pone el consentimiento en el centro de las relaciones sexuales, porque cumple con el convenio de Estambul, porque dota de más recursos a las víctimas con, por ejemplo, los centros de crisis, 24 horas, los 365 días del año, en todo el territorio nacional".

Además, ha señalado que la ley "cree en las mujeres, porque no cuestiona su palabra, porque confía en que dicen la verdad". En esta línea, ha añadido que el "incremento" de las denuncias es también síntoma de que la violencia sexual es "más visible" y que la sociedad en general y las víctimas están "más sensibilizadas".

Igualmente, la titular de la cartera de Igualdad ha recalcado que "la España de hoy ha cambiado mucho" y que "en nada tiene que ver con la España de hace 20 años". "España ha cambiado y esta es una buena ley que se adecua a la situación y a las necesidades de España", ha subrayado.

En este sentido, Redondo ha agregado que lo "realmente peligroso" son los discursos negacionistas, que ha dicho que "están corriendo como la espuma en las redes sociales". "Me sorprende mucho de verdad que ustedes estén tan preocupadas por la violencia de género cuando están gobernando con la extrema derecha en ayuntamientos, en comunidades autónomas, esa extrema derecha negacionista que quiere devolvernos a la caverna, eso es lo que debería preocuparle, señoría", ha afirmado.

Por su parte, la diputada ha señalado que la ley del solo sí es sí ha bajado la condena a 1.233 agresores sexuales y ha excarcelado a 126. "Estos son los datos, este es su feminismo y esto señora ministra sí merece que le digamos: ¡Vergüenza, vergüenza, vergüenza!", ha apuntado Pardo, refiriéndose a la intervención de la ministra en el Congreso de los Diputados, donde Redondo estalló contra el PP, tras sus acusaciones sobre la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.

En esta misma línea, Pardo ha afeado a la ministra que defendiese a Begoña Gómez con "tesón" y no "a las víctimas de esos agresores sexuales que fueron excarcelados o rebajados" como consecuencia de la ley del solo sí es sí.

"La ley de la que usted exalta ahora su buenismo es aquella ley que también decía el señor presidente del Gobierno, que era un hito, que era una ley de vanguardia cuando fue finalmente un verdadero peligro para las mujeres y sí tuvo que llegar este partido para poner fin a ese peligro para las mujeres", ha subrayado. Finalmente, la popular le ha añadido a la ministra que "su feminismo de pancarta ya no convence a nadie".

Unidas Podemos ya ha registrado en el Congreso de los Diputados su iniciativa para reformar el Código Penal y que la reparación del daño no sea atenuante en casos de delitos sexuales como en del futbolista Dani Alves, que ingresó 150.000 euros a la víctima antes del juicio, informa Europa Press.

Los morados han registrado una proposición de ley para el impulso de la aplicación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como del solo sí es sí, y la plena protección de las víctimas de violencias sexuales para su tramitación ante el Pleno del Congreso.

En concreto, según señala la formación en la exposición de motivos, modifica el artículo 21.5 del Código Penal, ya que, a su juicio, "no se puede entender reparado ni disminuido el daño en casos de violencias machistas, como la violencia de género, la vicaria o la violencia sexual con el ofrecimiento o pago de una indemnización económica".

Así, indica que con esta modificación normativa se da cumplimiento a la Medida 107 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que insta a "suprimir la atenuante de reparación del daño en los casos de violencia de género".

El artículo en cuestión quedaría redactado de la siguiente manera: "La de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral. No obstante, en los delitos de violencia de género y contra la libertad sexual, la reparación deberá comprender todos los conceptos contenidos en las leyes integrales".

Además, la norma recoge otro cambio en la Ley del Poder Judicial para atribuir la especialización y competencias en materia de violencias sexuales a los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer, tal y como prevé la ley del sólo sí es sí.

A juicio de la formación, resulta "necesario" garantizar la especialización de los operadores de justicia. La ley del solo sí es sí emplazaba al Gobierno, en el plazo de un año desde su entrada en vigor, a remitir un proyecto de modificación normativa para la especialización de la Fiscalía y los jueces que sirvan o pretendan servir en juzgados de violencia sobre la mujer.

Así, señala que a través de esta proposición de ley se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y, en consecuencia, la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, y de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, con el fin de atribuir especialización y competencias en materia de violencias sexuales, a los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer.

También se atribuiría esta especialización a los Juzgados de lo penal y Secciones de las Audiencias Provinciales con competencias en violencia de género, para la instrucción y el enjuiciamiento respectivamente; y a las fiscalías de violencia sobre la mujer, lo que comprende la atribución competencial de la Fiscalía de Sala de Violencia sobre la Mujer, con el consiguiente refuerzo de su estructura.

Asimismo, la proposición de ley incluye la asistencia letrada accesible y especializada, que añade que resulta "fundamental" para la protección de los derechos de las víctimas, así como la "adecuada" defensa de sus intereses en escenarios como el de la revisión de condenas.

"Es urgente acometer esta reforma, para que las víctimas vean plenamente reconocido su derecho a la asistencia jurídica gratuita en pie de igualdad con otras víctimas especialmente protegidas, como las de violencias de género, trata, o terrorismo", afirma.

Países con legislaciones avanzadas como España o Suecia, rezagados como Bélgica y Francia y directamente suspensos como Dinamarca y Hungría. La violencia de género tiene, gracias al movimiento feminista y a la la mayor implicación de los partidos políticos, un peso cada vez mayor en los países de la Unión Europea. Sin embargo, los estados miembros no han avanzado de forma uniforme y, como en tantas materias, Europa también va, en violencia de género, a varias velocidades. Durante estos años, mientras algunos países se han implicado en redactar leyes concretas sobre violencia machista, separándola de la violencia doméstica (la que se produce dentro del hogar contra cualquier miembro) y reconociendo un delito específico cuando esta se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo, otros se han quedado atrás no incluyendo en sus legislaciones los cambios reclamados por el movimiento feminista.

Durante este año, de hecho, el principal avance en materia de lucha contra la violencia de género no ha tenido lugar en los países miembros, sino en la propia Unión Europea. El club comunitario aprobó en los primeros meses de 2024, con el final de la legislatura en el horizonte, dos directivas claves para proteger los derechos de las mujeres. Ambas legislaciones eran las primeras en los 30 años de existencia de la UE tal y como la conocemos que blindaban a nivel europeo materias como la trata de mujeres, la violencia de género o la violación.

La primera en acordarse, en el mes de enero, fue la reforma de la directiva contra la trata de personas, que había sido aprobada hace 12 años y se había quedado anticuada para las nuevas problemáticas. Con los cambios, la UE incluía la explotación por vientres de alquiler en la legislación y la criminalización de usuarios que consuman servicios sexuales a sabiendas de que los ofrecen víctimas de trata. 

Sin embargo, la directiva contra la violencia de género trajo mucha más polémica. Con ella, la Unión Europea reconocía por primera vez  a nivel comunitario delitos como la mutilación genital, el matrimonio forzoso o la difusión de imágenes sin consentimiento, pero a costa de dejar fuera algo tan prioritario para el Parlamento y para países como España como la tipificación de la violación basada en el consentimiento. La oposición de Francia y Alemania hizo que esa parte fundamental cayera, dejando en la legislación europea la definición del delito de violación previa a la aprobación de la ley del solo sí es sí en España. 

La directiva, pese a que finalmente no se incluyera la figura del consentimiento, ha sido un avance histórico en el conjunto de la UE ya que sirve como paraguas a nivel comunitario para una materia en la que los países miembros tienen enormes diferencias. En el club comunitario, sólo dos miembros tienen leyes específicas sobre contra las mujeres, separando el delito de violencia doméstica del de género y, en su mayoría, también tienen la tipificación de violación basada en la fuerza y no en el consentimiento.

En este sentido, España es un país pionero. No solo ha impulsado de forma decisiva las negociaciones de la directiva europea, también cuenta con una de las legislaciones más avanzadas en cuanto a la protección de las mujeres. En nuestro país, desde hace años se separa la violencia de género de la doméstica, contando con una ley específica (la Ley Integral de Violencia de Género) y tipificando el delito de violación en base al consentimiento. Todo ello en línea con lo establecido por el Convenio de Estambul.

“Es difícil encontrar países que regulen la violencia de género tal y como la entendemos en España. Personalmente, creo que el legislador español fue valiente, porque el mensaje que quiso mandar fue que el ámbito del hogar no iba a permanecer en lo privado bajo la premisa de una malentendida intimidad de los hogares cuando las puertas se cierran. Nuestro legislador reconoció que las mayores vulneraciones de derechos humanos de mujeres y de niños sucedían en el lugar en el que más a salvo deberían sentirse”, explica sobre la legislación española Raquel Borges, profesora de Derecho Procesal en la Universidad de Valencia y experta en temas de género. 

El otro país que cuenta con una ley que reconoce una violencia específica contra las mujeres es Suecia. El país escandinavo cuenta en su legislación con un delito diferenciado de violencia de género que solo se aplica cuando la víctima es una mujer, algo que, según indica un informe del EIGE (Instituto Europeo de la Igualdad de Género), no es lo habitual en las leyes suecas. Además, Suecia también tiene, desde el año 2018, una ley que tipifica el delito de violación en función al consentimiento, tal y como lo hace la ley del solo sí es sí en España.

Pese a todo, los casos de nuestro país y de Suecia son la excepción y no la regla en los estados miembros de la Unión Europea. “Hoy en día no disponemos de un concepto unitario de violencia de género en la Unión y esto acarrea problemas de reconocimiento mutuo. Son múltiples los motivos: el hecho de que, en sus orígenes, la Unión nació con intereses monetarios; la invisibilización social de la violencia de género y la difícil armonización de conceptos penales de leyes son fruto del contexto de cada país”, señala Borges.

En la mayoría de los estados miembros, la violencia de género queda equiparada, según el repositorio del Instituto EIGE, a la violencia doméstica. Entre ellos, están países como Bélgica, Bulgaria, Croacia, Francia, Países Bajos o Malta, que no tienen un delito específico separado. Sin embargo, otros países van aún más rezagados. Entre ellos está Dinamarca que no tiene en su Código Penal un apartado específico para la violencia de género en el ámbito de la pareja. Allí, el delito se persigue en base a párrafos generales relativos a violencia física, sexual o psicológica.

En cuanto a violencia sexual, Dinamarca tampoco aprueba. El país no tiene la violación tipificada en base al consentimiento, e informes de Amnistía Internacional denunciaban la alta impunidad de los violadores daneses. La organización recogía testimonios de víctimas que contaban las dificultades para denunciar y, sobre todo, para ser creídas. “El consentimiento es algo que la mujer manifiesta de forma individual y, normalmente, cuando hay relaciones sexuales, se trata de delitos que se cometen en la intimidad y por eso la palabra de la mujer es sustancial. Hay un viejo estereotipo que estuvo muy arraigado en las legislaciones que es el de la mujer mentirosa. Creo que todavía late en determinados dirigentes de los estados de la UE y eso puede presentar la posibilidad de presentar denuncias falsas”, explica Gloria Poyatos, magistrada de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Otros países en una situación similar son Alemania, el cual tampoco tiene una definición legal de violencia de género, Letonia, que no separa ni siquiera violencia doméstica de otros tipos de violencia o Hungría, donde la violencia dentro del ámbito de la pareja no es un delito en sí mismo sino un agravante. El país gobernado por Viktor Orbán es, junto con Polonia, uno de los lugares donde la igualdad entre hombres y mujeres está más comprometida. La herencia del anterior Ejecutivo conservador polaco aún sigue permeando pese a la victoria electoral de Donald Tusk en octubre de 2023. Tanto es así que el anterior gobierno de Mateusz Morawiecki fue condenado por el Consejo de Europa por “no estar previniendo y combatiendo la violencia contra las mujeres y las niñas” y por tener "unas leyes obsoletas y una cultura de impunidad y de culpar a la víctima", que hacían una "mezcla explosiva". Algo que se repite, todavía hoy en muchos otros países del viejo continente.

“Nada más que feminismo, nada menos que igualdad” es el lema que luce en las marquesinas de todo Madrid, engalanadas con ocasión del 8M. Veo a unos chavales riendo con ganas delante de una de ellas, sacándose vídeos, expresando lo que parece complicidad con el mensaje. Hace sol, se está a gusto, y por un momento casi olvido que es invierno, que gobierna quien gobierna en la ciudad de Madrid y hasta me creo que puede ser una campaña que conecta con los jóvenes, esos que el CIS ha mostrado tan alejados de los objetivos de la igualdad. Casi me parece que es una buena campaña, pero rápidamente esta cabeza ácida y sarcástica que habito, esta cabeza feminista, me devuelve a la cruda realidad.

No es una mala campaña, de hecho, en términos de mensaje, es incluso más acertada que muchos de los mensajes por los que el Gobierno y algunos partidos de izquierdas están apostando para este 8M. Pero más allá del marketing, en términos políticos, esta campaña no puede ser una peor noticia. ¿Qué ha pasado para que un gobierno que recorta en todas las políticas de igualdad ya no tenga problema ninguno en llamarse feminista? Parece que esa derecha antifeminista hubiera fagocitado ya los propios lemas del movimiento femenista para regurjitarlos en forma de inútil consigna. Esas marquesinas de Almeida son el feminismo muriendo de éxito: feminismo era esto, nada más. Paren rotativas, que hemos ido demasiado lejos.

Esta pregunta permanece. El actual Ministerio de Igualdad se lo pregunta. Muchos enfoques de reportajes en los medios de comunicación lo deslizan. Algunos intelectuales de izquierdas lo defienden con ahínco en las tribunas mejor pagadas del Estado. Algunas influencers y actrices se quejan con sorna de lo poco identificadas que se sienten con los lamentos feministas. Y como esto, señores, es lo que se conoce como un marco, me meto de lleno en él y me pregunto: ¿Hemos ido demasiado lejos?

No voy a hacer aquí una lista de argumentario para explicar por qué creo que en absoluto hemos ido demasiado lejos. No creo que nadie que vaya a leer este artículo tenga ninguna duda acerca de la existencia real de desigualdades de género en España, las cuales se expresan en sus distintos grados desde lo muy probable que es que si eres mujer y me lees, incluso aunque no te consideres feminista, habrás cotizado menos, cuidado más y sufrido muchas más situaciones de violencia por el simple hecho de ser mujer. Y si eres hombre, y me lees, seguramente algo consciente seas de que esto le sucede a tu alrededor a muchas mujeres, y quizás por ello también empieces a notar que algún privilegio sí tienes. (Un recordatorio amable aquí, ya que me lees. Privilegio no solo significa ventaja, sino también falta de obligación. Cuando el feminismo plantea que los hombres quizás deban perder privilegios para que caminemos hacia la igualdad, no solo se trata de que tengáis menos ventajas, sino de que tengáis, al menos, las mismas obligaciones que las mujeres.)

Tampoco quiero dedicar este pequeño espacio a debatir con otras feministas sobre qué es el feminismo, qué es una mujer, o cuáles deben ser las prioridades en nuestra agenda; no esta vez. Hoy que es 8M me interesa mucho más lanzar una respuesta alternativa a la pregunta que se está haciendo España. Después de un ciclo feminista extraordinario que movilizó y politizó a millones de mujeres, en el que tras las huelgas, La Manada, el Yo sí te creo, el Ni Una menos, El Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, el Ministerio de Igualdad, la ley trans, la leydel solo sí es sí, la ley del aborto, el #SeAcabó de las jugadoras de la selección y el del mundo del cine; tras todo lo que ya hemos conseguido, ¿habremos ido demasiado lejos? ¿Esto es todo? Para nada, queridas, esto acaba de empezar. Y digo más. Que esa hortera y falsa sensación que se pueden permitir las izquierdas llamada “ fin de ciclo” no nos contagie.

El feminismo debe ir aún mucho más lejos. Y el motivo fundamental por el que esto es así es bien sencillo. En un mundo en el que te comes tu plato de lentejas viendo por la televisión cómo los niños se mueren de hambre en Gaza mientras no dejamos de enviarles armas a Israel, en el que Milei gobierna y Trump calienta, de corrupción en lo peor de la pandemia, de crisis en la cadena alimentaria, de inflación, de pantanos vacíos y deshielo del Ártico, de rearme en Europa, de cuidados, de soledad y de presentes distópicos de IA, chips implantados en humanos, retinas vendidas y algoritmos que suplantan la voluntad; en este mundo de antipolítica, reacción, violencia y odio constantes, muy pocas cosas dan esperanza. Pero te invito a que pienses en cualquiera de estas crisis que estamos viviendo. Todas ellas tienen en común algo y es que si pensamos cómo van a estar las cosas dentro de unos años, lo único que no da miedo es pensar en la igualdad. En que si hay menos recursos, los redistribuiremos; que a quien no llega, no le dejemos atrás; que el mundo pueda ser un lugar en el que vivir en paz y para ello nada más que feminismo, nada menos que igualdad. Lo de que el futuro será feminista o no será, más que un deseo es hoy una predicción.

Suena casi cursi defender esto hoy, pero por más vueltas que he dado creo que es lo mejor que se puede decir un 8M. Hay motivos para tener esperanza y para ello el feminismo debe ir mucho más lejos aún. Feliz 8M, queridas, a celebrar con las mujeres de vuestra vida que ya hemos conseguido muchas cosas y que lo mejor está por llegar, y que si ha sido posible, es porque lo hemos hecho entre todas.

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Ángela Rodríguez es secretaria de feminismos de Podemos y exsecretaria de Estado de Igualdad.

Releyendo el maravilloso Pickwick de Charles Dickens reparo en un pasaje inocuo que describe muy bien, sin embargo, la distancia cultural entre dos épocas. Durante la visita a la finca de los Wardle, Mr. Tupman, el amigo mujeriego del héroe, se queda a solas con la solterona Raquel, encantada con los escarceos del caballero, el cual, tras declarar a la dama su amor, se yergue y –escribe el autor– “estampó en sus labios numerosos besos, que después de una resistencia y de una lucha, que eran obligadas, recibió ella con perfecta aquiescencia”. Esta era una situación normal en la Inglaterra de 1830 y siguió siéndolo en Europa y en el mundo durante mucho tiempo; en algunos lugares aún resulta familiar. Dickens está describiendo, en efecto, una sociedad tradicional (es decir, machista) en la que besos realmente deseados solo podían aceptarse tras una “resistencia y lucha obligadas”; una sociedad en la que las mujeres solo podían satisfacer sus deseos contra su voluntad; en la que mujeres saludables fantaseaban con raptos y violaciones, como única forma de irresponsabilizarse de una sexualidad culpable; en la que la mujer que no ofrecía la resistencia “obligada” era considerada“fácil” y enseguida despreciada; en la que los hombres se casaban conmujeres castas y buscaban mujeres fáciles; en la que la mujer se reservaba la voluntad, viciada o no, para el matrimonio (el sí rotundo ante el altar) mientras que el deseo le era descubierto, a fuerza de insistencia, por machirulos intrépidos e indelicados; una sociedad, en definitiva, en la que eran los hombres los que sabían lo que la mujer quería, sentía y deseaba.

Por muchos pasos que deba dar aún el feminismo, solo el negacionismo más radical sostendría que nada ha cambiado desde 1830. En la España de 2023 la ley no protege el honor del hombre sino la libertad sexual de la mujer; y las mujeres tienen una sexualidad más rica y más libre que en cualquier otro momento de la historia de nuestro país. Sucesivas revoluciones sexuales, espoleadas por varias olas feministas, han aliviado en buena medida la carga de culpabilidad asociada durante siglos a la expresión del deseo sexual. En tiempos de Tinder podría decirse que la voluntad y el deseo coinciden con más frecuencia que nunca; ninguna mujer tiene ya que ocultar su deseo ni comprometer para siempre su voluntad. A menudo, es verdad, me preocupa, como a la socióloga Eva Illouz, una cierta radical banalización de la sexualidad, inseparable de la nueva antropología neoliberal. Pero reconozco que mása menudo me preocupa, al contrario, su resacralización, obra no solo del pensamiento reaccionario sino también de un cierto feminismo puritano que, en su expresión extrema, acaba considerando la sexualidad misma como un atentado contra la libertad sexual de la mujer. 

Lo que quiero decir es que la humanidad no ha resuelto ni resolverá nunca la cuestión del deseo, que es pegajoso, apremiante, doloroso, abismal, contradictorio, oscuro; que sabe y no sabe lo que quiere; que fantasea y se equivoca a menudo; y que, por todas estas razones, tiene un abordaje muy complejo desde el Derecho, cuyo cometido es el de objetivar jurídicamente las conductas. No es fácil. A partir de la Ley Orgánica de junio de 1989, la jurisprudencia española está de acuerdo en considerar el consentimiento como la condición de todo intercambio sexual libre y, por lo tanto, no punible. La dificultad estriba más bien en definir el consentimiento, como ha puesto de relieve la polémica Ley del sólo sí es sí. ¿Hablamos del consentimiento de la voluntad o del consentimiento del deseo? ¿Se puede y se debe legislar sobre el deseo? Y respecto de la voluntad, ¿cómo reconocer cuándo está viciada por las circunstancias o las relaciones de poder? Creo que jurídicamente es menos peligroso, y más acorde con el principio de igualdad, atribuir a la mujer tanta libertad y responsabilidad como al hombre. Quiero decir que una mujer no es víctima como mujer; solo es víctima si es víctima de un delito. El peligro de cierto feminismo punitivista y puritano es que trata a la mujer como víctima ontológica y universal, de manera que acaba criminalizando la masculinidad misma y reclamando la multiplicación de los delitos.

En medio de la polémica aún latente sobre el caso Rubiales, Vicky Rosell, jurista a la que respeto y admiro, enunciaba el pasado mes de septiembre un principio objetivo con el que es difícil no estar de acuerdo: “Es importante que tengamos en cuenta que si en el momento del acto este no fue consentido, ningún acto posterior, ningún gesto ni de alegría, ni de tristeza, ni de trabajo, ni de fiesta, puede borrar que el acto no fue consentido”. Esta tentativa de objetivación es propia del Derecho y, desde luego, debe recordarse cada vez que se pretende justificar a un violador o incluso revertir la culpa a partir de la conducta de la víctima. El problema es que Rosell introduce inmediatamente la dimensión subjetiva y a partir de dos paralelismos desafortunados: “No creemos a las mujeres. Apreciamos un robo con intimidación en un portal de Pamplona si cinco hombres rodean a una señora y le piden el bolso. Nadie se plantea que se lo diera voluntariamente”. Rosell está comparando, por un lado, el nefando caso de La Manada con el del beso forzado de Rubiales, que nada tienen que ver, ni en el desarrollo ni en la gravedad. Por otro, compara un delito sexual con un delito de hurto. Es engañoso. Puede haber, claro, denuncias falsas de robo, pero lo que excluye de entrada el concepto mismo de robo es el consentimiento. La sexualidad, en cambio, es monstruosa: hay besos robados como el de Rubiales, pero hay también besos deseados, como el que Raquel esperaba tímidamente del señor Tupman. Nadie quiere ser robado; todo el mundo quiere ser besado. Y eso complica mucho las cosas. Porque si una mujer puede desear un beso y no puede desear, en cambio, que le arranquen el bolso del brazo, hay que aceptar que una mujer podría desear que la besaran cinco hombres en un portal; o incluso que la besara el abyecto presidente de la RFEF. No es eso lo que ha ocurrido en ninguno de los dos casos, pero no se puede negar a la mujer, como insiste la psicoterapeuta feminista Cristina Garaizábal, una sexualidad tan compleja y oscura como la del hombre. Precisamente por eso lo que dice la mujer delante de un juez, junto a otras pruebas e indicios, debe contar más que en un robo; y por eso, lo que dice la mujer delante de un juez la expone a una potencial revictimización. Pero no porque la víctima sea una mujer sino porque la mujer es sexualmente libre y su subjetividad forma parte, más que en otros casos, de los procesos destinados a clarificar (o emborronar) la objetividad del proceso. En cuanto al citado Rubiales, actualmente en los tribunales, no creo que haya dudas sobre la cuestión del consentimiento ni que el caso sea útil en este debate; Jenni Hermoso no tuvo tiempo ni de decir sí ni de decir no; ni siquiera de claudicar; la cuestión aquí es la de saber si debe intervenir o no el Derecho para objetivar jurídicamente lo que todos vimos y ella no pudo evitar. La cuestión es la de saber hasta qué punto el código penal debe contribuir a sacralizar la sexualidad femenina. La llamada ley del “Solo sí es sí”, mucho me temo, implica esa deriva peligrosa.

Es verdad que se sigue culpabilizando a las víctimas, ¿pero no lo hace también cierto feminismo cuando instruye a las mujeres sobre lo que realmente les ha ocurrido y lo que tienen que sentir? ¿No las obliga a reconocerse como víctimas –y víctimas legales– allí donde se han sentido solo molestas, incómodas o disgustadas? Pensemos justamente en el “caso Rubiales”. Ha sido muy estimulante y muy esperanzador ver cómo desde la entraña misma de la reserva patriarcal de Occidente –el mundo del fútbol, corrupto y machista– se ha alzado una nueva ola feminista, espontánea y transversal. Jenni Hermoso ha sido sometida a presiones ignominiosas por parte de Rubiales y sus compinches, que han tratado de doblegarla y desprestigiarla mediante chantajes y mentiras. Ahora bien, ¿no ha recibido también la jugadora enormes presiones públicas por parte de un sector del feminismo que la ha obligado a construirse como víctima, quisiera ella o no, forzándola a vivir como traumática una experiencia que, en términos subjetivos, podría ser vivida por parte de una mujer como desagradable y molesta y, si bien merecedora de rechazo, no constitutiva de delito sexual? ¿O es que acaso deberíamos convertir todo lo molesto y desagradable en delito para poder rechazarlo como sociedad? No veo por qué sería menos grave el gesto infame de Rubiales, desde un punto de vista social, administrativo, ético y político, si disminuyésemos su carga sexual y retirásemos su carga penal. Hoy, una parte del feminismo, a contracorriente de las voces más dominantes, insiste cada vez más en los peligros del punitivismo, ese impulso securitario que antepone la protección penal a la libertad sexual, una enorme conquista feminista, llena de peligros, como la sexualidad misma, que permite a las mujeres no tener que esperar la llegada de ningún señor Tupman que les descubra lo que realmente quieren, lo que realmente sienten y lo que realmente desean.

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Santiago Alba Rico (Madrid, 1960) es filósofo y ensayista.

Si algo caracteriza al discurso oficial sobre el consentimiento es la constante apelación a la transparencia. Parece ser que defender hoy el consentimiento pasa necesariamente por defender su simplicidad. En el consentimiento, se dice, “no hay líneas borrosas ni terrenos grises”, “está muy claro cuándo alguien consiente o no”, “respetar el consentimiento es muy sencillo” y, por supuesto, legislar sobre esta materia es tan fácil como “hacer que la ley defina el consentimiento”. Algo de sospechoso tiene este empeño por apelar insistentemente a su obviedad. La cuestión, claro, es por qué haría falta insistir tanto en la autoevidencia de algo que es ya indudable y cristalino. ¿Qué revela este modo de defender el consentimiento que consiste en afirmar que no necesita defensa alguna?

La reforma del consentimiento incorporada en la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, ha venido envuelta de una enorme polémica. La fusión de los delitos de abuso y agresión abrió la puerta –de forma inesperada para el legislador– a algunas rebajas de condenas, lo que ha desatado un huracán. Una derecha punitiva ha agitado oportunistamente el discurso del peligro tratando de alarmar a la sociedad y construyendo el fantasma de una supuesta excarcelación masiva de delincuentes sexuales. La gestión de esta crisis política ha dado lugar a desacuerdos internos en el propio gobierno de coalición. El resultado ha sido una enmienda de la ley aprobada por el PSOE y asumida forzosamente por Podemos, quien, a su vez, también ha trasladado las culpas señalando a los jueces como los responsables de una mala interpretación de la ley. Con este cruce de acusaciones mutuas el estruendo mediático estaba servido.

Bajo ese ruido ensordecedor, lo que no ha tenido espacio para hacerse oír es el debate que cabe tener sobre qué entendemos por consentir, dónde están los límites del consentimiento o cuáles son sus condiciones. Es eso precisamente lo que queda también obturado por ese insistente discurso oficial que dice que, cuando hablamos de consentimiento, está ya todo totalmente claro. Si el consentimiento es una cosa tan obvia, si no hay ninguna pregunta que hacernos sobre él, el único obstáculo parece ser una judicatura machista que se niega a incorporarlo a la ley. Sostener la sencillez del consentimiento sirve para blindar su univocidad, para negar su posible polisemia, para ocultar que la palabra consentimiento puede encerrar diversos sentidos posibles y proyectos políticos contrapuestos.

La propaganda oficial de la ley del sólo sí es sí ha consistido en repetir que la aprobación de esta reforma supone que, por primera vez, el consentimiento tenga que ser tenido en cuenta. Pero la verdadera discusión no es la de si incorporar o no el consentimiento, que era ya desde hace mucho tiempo el criterio central de nuestra legislación para distinguir la violencia sexual. La cuestión es que hay diferentes maneras de trasladar a la ley el requisito del consentimiento: una es la que entiende que la existencia del consentimiento depende de la posibilidad de expresar una negativa (no es no), otra la que entiende que consentir exige la necesidad de una afirmación (solo sí es sí). La teoría del consentimiento afirmativo es una particular manera de pensar el consentimiento, pero no la primera ni la única que hay. Y, precisamente, con respecto a este nuevo paradigma, heredado del contexto anglosajón y de las doctrinas jurídicas pioneras en EEUU, las feministas llevan décadas teniendo una larga discusión que ha estado plagada de desacuerdos.

Para entender por qué las actuales reformas del consentimiento están proponiendo pasar de un modelo positivo a afirmativo –eso que en el ámbito jurídico se conoce también como yes model– habría que preguntarse por qué en el marco de ese paradigma, el “no es no” debe ser dejado atrás. ¿Qué se juega entre ambos modelos jurídicos? ¿Qué dos nociones sobre el consentimiento están uno y otro defendiendo? ¿Y qué han dicho sobre esta cuestión los distintos feminismos?

Precisamente el disparador de las controversias sobre el sexo que en el contexto norteamericano se conocieron como las Sex Wars fue la siguiente pregunta: ¿En un mundo patriarcal es posible por parte de las mujeres decir que no a las proposiciones sexuales de los hombres? Una de las maneras posibles de responder a esta pregunta la dio el llamado feminismo de la dominación que tiene como principal referente teórico a la jurista Catharine MacKinnon. En el libro Sexual Harassment of Working Women: A Case of Sex Discrimination, el octavo libro legal estadounidense más citado desde 1978, MacKinnon analizaba el problema del consentimiento a partir de contextos laborales donde los hombres ostentaban el poder empresarial y las mujeres ocupaban los puestos subalternos como trabajadoras. ¿Cuando una de las partes tiene el poder y la otra parte carece de él podemos decir que existe libertad para consentir o no una proposición sexual? ¿Pueden las mujeres decir que no a alguien que ocupa un cargo superior y con quien mantienen una relación de dependencia? La conclusión de MacKinnon fue un rotundo no. Y transportó este mismo análisis al conjunto de la sociedad: si en condiciones de desigualdad, el consentimiento está viciado, la imposibilidad de decir que no va más allá del ámbito laboral. La desigualdad de género no existe solo entre jefes y empleadas. Los hombres siempre son más poderosos que las mujeres. Y, por tanto, la asimetría que vicia e invalida el consentimiento no podría ser delimitada a ciertos contextos particulares. En términos generales, no es nunca posible sostener que las mujeres son libres para consentir el sexo en una relación heterosexual. A partir de este análisis sobre el consentimiento, MacKinnon y la WAP (Women Against Pornography) emprenderán una lucha política contra la validez de determinados pactos sexuales. La pornografía, el trabajo sexual o el sadomasoquismo son aparente y formalmente consentidos pero, dado que están hechos en condiciones de desigualdad de poder, deben ser invalidados por la ley.

El feminismo contrario a la pornografía impugnó la figura del consentimiento desde una crítica antiliberal. En realidad, viciadas las condiciones del consentimiento, existen constantes violaciones consentidas. Si las relaciones de desequilibrio de poder anulan las condiciones del consentimiento, entonces en un mundo patriarcal es en último término imposible distinguir el sexo de la violencia. Otra corriente feminista se opuso enérgicamente a hacer naufragar esta distinción, acusando a MacKinnon y las suyas de extender de forma ilimitada el peligro al conjunto del sexo y de abrir una imparable expansión punitiva donde la tarea del Estado era protegernos de la sexualidad misma. Normalmente recordamos que el gran tema protagonista de estas históricas controversias feministas fue la prohibición del porno, pero se olvida a menudo que el siguiente asunto de colisión fue el sadomasoquismo. La única manera de defender que las relaciones bdsm no son un delito es separar lo que el feminismo de MacKinnon había juntado y reivindicar la distinción entre el poder y la violencia. Para el feminismo pro sexo es justamente el consentimiento el que sirve para trazar esa frontera, es decir, el consentimiento sirve para delimitar la violencia sexual, no para extenderla por doquier. El consentimiento, dentro de esta perspectiva, es incompatible con la violencia, pero no ha de ser incompatible con el poder. Y, por tanto, se puede, en condiciones de desigualdad de poder, decir que no o decir que sí al sexo. Es más, se puede tener un sexo consentido que juegue con las relaciones de poder y las erotice. ¿No es exactamente eso el sexo sadomasoquista?

Si una parte del feminismo consideró el bdsm (disciplina, sumisión, sadomasoquismo) un sexo antifeminista es porque ligó la libertad sexual de las mujeres a una sexualidad depurada de poder. Si los hombres desean violentamente las mujeres desean amorosamente; lo que para otra parte del feminismo no era sino una idealista moralización de un deseo femenino bueno que solo conducía a culpabilizar a las mujeres por sus deseos. “Debemos vivir con el peligro de nuestros deseos reales”, decía Amber Hollibaugh, una de las voces del feminismo norteamericano contrario a la prohibición de la pornografía. “El estado actual de las conversaciones feministas ha exigido que las mujeres vivan fuera del poder en el sexo. Al parecer hemos decidido que el poder en el sexo es masculino porque conduce al dominio y a la sumisión, que a su vez se definen como exclusivamente masculinos. Casi toda nuestra teorización sugiere que cualquier excitación causada por el poder que sientan las mujeres es simplemente falsa conciencia. En la vida real, esto obliga a muchas feministas a renunciar al sexo tal y como lo disfrutan y obliga a un grupo aún mayor a pasar a la clandestinidad con los sueños [...].

Silencio, ocultación, miedo, vergüenza: es algo que siempre se ha impuesto a las mujeres [...] ¿Nos lo impondremos ahora a nosotras mismas?” (1).

Una parte del feminismo nunca ha estado dispuesta a separar el deseo del poder. Como afirma claramente Butler, “el poder y la sexualidad son coextensivos, no hay sexualidad sin poder. Diría que el poder es una dimensión muy excitante de la sexualidad” (2). Así pues, no es la existencia del poder en el mundo ni la influencia del poder en la configuración del deseo lo que supone un obstáculo a la libertad de las mujeres en el terreno del sexo. Aun en condiciones de desigualdad, aun contando con un deseo siempre contaminado por el poder, se puedeconservar una manera de distinguir el sexo de la violación. Para el feminismo pro sexo, preservar la noción de consentimiento implica que su invalidación jurídica ha de estar condicionada a la existencia de violencia, no solo de poder o desigualdad. Allí donde se prueba la existencia de fuerza, coacción, intimidación, se vulneran las condiciones del consentimiento y por tanto el derecho ha de presuponer que no se puede decir que no. No obstante, de forma general, el derecho ha de presuponer que las mujeres, aun en condiciones de desigualdad, podemos y sabemos decir que no y que no respetar el no de las mujeres es vulnerar su consentimiento. Si hay una práctica sexual coherente con el marco del “no es no” esta es el sadomasoquismo, un sexo profundamente vinculado a la cultura del consentimiento, es decir, un sexo que, si puede explorar un deseo compatible con el poder, es dejando permanentemente abierta la posibilidad de decir que no.

Así pues, la pregunta es: ¿Podemos decir que no? ¿O debemos dar por perdida esa posibilidad? Para un tipo de feminismo, el que identifica el poder con la violencia, decir que no es imposible. Para otro tipo de feminismo, el que separa la fuerza del poder, decir que no es, al contrario, irrenunciable. Y lo que se juega entre una y otra perspectiva es la conservación del consentimiento como criterio de lo que es un sexo lícito. La pregunta, por tanto, en la actualidad, es la de si de verdad, en esta apuesta actual por abandonar el marco del “no es no”, estamos avanzando hacia el consentimiento o, más bien, lo estamos abandonando.

La voluntad y el deseo: ¿Qué significa decir que sí? Parecería que, una vez asumido que en un mundo patriarcal las mujeres no pueden expresar un no, es mejor esperar un sí. Quizás parezca más garantista que, si antes los hombres debían parar cuando las mujeres dijeran no, ahora deban conseguir que las mujeres digan sí. Ahora bien, ¿qué puede resolver el sí en un contexto de coacción en el que no es posible decir que no? ¿Si no se puede decir que no qué significa decir que sí? Asumido el marco de la dominación, esto es, pensando la sexualidad como un escenario donde la desigualdad es equiparable a la violencia, decir que sí no resolvería nada. ¿Debería acaso el derecho validar los síes dichos bajo amenaza? ¿No sería justamente esa la peor de todas las trampas?

En realidad, cualquier tipo de validez de un sí depende de la posibilidad del no. Cuando no hay espacio para decir que no, el consentimiento está ya puesto en cuestión y, por tanto, ningún sí resuelve nada. De hecho, siendo coherente con su análisis de la dominación, el feminismo que partió de la constatación de la imposibilidad de decir que no llegó a defender la invalidación jurídica del sí de las mujeres al trabajo sexual, al porno o al bdsm. ¿Pero entonces? ¿Qué significa esta predilección por el sí de los nuevos discursos del consentimiento? ¿Por qué apostar sería mejor un paradigma afirmativo del consentimiento? ¿De dónde sale esa confianza en la afirmación tan propia de nuestro presente? ¿No es contradictorio asumir la imposibilidad de decir que no y, después, confiar en la veracidad del sí? Lo es, a no ser que el sí incorpore algo nuevo en la ecuación.

A pesar de que en nuestra conversación no se deja de decir que hoy el consentimiento está en el centro, es mucho más apropiado decir que lo que está permanentemente en la escena es más bien un discurso sobre el deseo. El deseo es el gran protagonista de los actuales discursos de la sexualidad, aparece permanentemente reclamado como eso que debe ser expresado, pactado, comunicado. Y este protagonismo del deseo ha llegado también a los nuevos discursos del consentimiento. Es más, de un tiempo a esta parte, se dice que una relación no deseada –no solamente no consentida– es una forma de violencia sexual y, así, se escucha cada vez más hablar de besos “no deseados” o fotos sexuales “no deseadas” como ejemplos de lo que el derecho debe denominar agresión. El deseo está siendo investido como el auténtico criterio contra la violencia sexual, deviniendo así la verdadera vara de medir para distinguir el sexo de la violencia. Bajo los marcos del feminismo de la dominación, una vez puesta en duda la voluntad, el deseo aparece como una forma de recuperar algún punto válido de anclaje. ¿Cómo saber lo que realmente quieren las mujeres? Dando la palabra a un deseo auténtico genuino y veraz. La noción de “consentimiento entusiasta”, una fórmula asentada en los discursos contemporáneos oficiales –desde la web de la ONU hasta algunas legislaciones que lo incluyen ya–, expresa bien cómo hoy, para considerar que el consentimiento es verdadero, le exigimos que venga acompañado por el deseo. El tránsito hacia el “solo sí es sí” no es un tránsito hacia la afirmación sino una manera de dar con una afirmación deseante.

El segundo gran desacuerdo que enfrenta a los distintos feminismos a la hora de pensar el consentimiento radica precisamente aquí: ¿Queremos pensar coextensivamente el deseo y la voluntad? ¿Para dar por válido el consentimiento hemos de exigir a las mujeres que deseen aquello que consienten? ¿Y qué noción de deseo es esa que nos hace confiar en él como cortafuegos de la violencia? Exigirle al consentimiento que venga acompañado de deseo no es ampliar el consentimiento sino, de hecho, empequeñecerlo, estrecharlo y decretar su insuficiencia. Ahora bien, si no hemos de confiar en el consentimiento y hemos de confiar en el deseo es porque previamente hemos hecho del deseo un modo de civilizar el sexo. Una vez puesto en duda el consentimiento, una vez anulada la voluntad, hemos decidido que podemos confiar en un deseo femenino alejado de todo poder, un deseo purificado que se vuelve así la verdadera vara de medir de la violencia sexual. Vuelve así a aparecer un profundo desacuerdo. Para una parte del feminismo, las mujeres siempre tenemos deseos mesurados y civilizados y, por lo tanto, siempre deseamos lo que consentimos y consentimos a lo que deseamos. Para otra parte del feminismo, el avance de la libertad sexual tiene que ver más bien con desculpabilizar a las mujeres por sus deseos en vez de erigirlas en las guardianas de la moralidad del sexo. Sostener que el deseo o el sexo deseado ha de ser el criterio fundamental con el que distinguimos lo que es una violación de lo que no lo es, es una manera de exigir la santidad de nuestro deseo.

Lo primero que merece ser puesto radicalmente en cuestión es que el consentimiento sea un asunto claro. Quizás, más bien, defender hoy el consentimiento sea empezar por afirmar su oscuridad. Bajo esta presunta obviedad con la que habla hoy el discurso oficial, se está escondiendo una discusión política que ha enfrentado a los feminismos en su manera de entender el sexo. El debate político sobre el consentimiento, el que justamente no ha tenido espacio para dejarse oír, pone en juego la disyuntiva entre proyectos contrapuestos. Si separamos la violencia del poder, si no estamos dispuestos a equipararlos, debemos entonces también separar el consentimiento del deseo. De otro modo, lo estaremos apostando todo a un deseo femenino bueno que no está atravesado por el poder, que no puede fantasear con la dominación, que no puede erotizar la violencia. Si hacemos de toda desigualdad de poder un obstáculo para el consentimiento e investimos al deseo de autenticidad, tendremos que hacerlo a costa de asumir que las mujeres desean siempre de forma correcta, respetuosa, civilizada. Por el contrario, si no estamos dispuestas a asumir que la condición para que las mujeres seamos protegidas de la violencia es que deseemos bien, entonces tenemos que reivindicar la separación del consentimiento y el deseo. Y eso exige como condición que la validez del consentimiento sea posible en una sociedad atravesada de relaciones de poder y que consentir siga teniendo sentido en el marco de una sexualidad donde el poder es inseparable del sexo. Tendremos en este caso que decir que defender el consentimiento es defender la posibilidad de decir que no. Quizás, lo que realmente se esconde en el intento de dejar ese modelo es un modo de volver a moralizar la sexualidad. Quizás, una vez más, regular la sexualidad se está haciendo a costa de la libertad sexual de las mujeres, es decir, invalidando nuestra voluntad y santificando nuestro deseo.

(1) Amber Hollibaugh, El deseo del futuro: la esperanza radical en la pasión y el placer, en Placer y Peligro, Talasa, 1989.

(2) Judith Butler, Hacia una ética de la sexualidad, Vacarme, 2003.

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Clara Serra (Madrid, 1982) es filósofa. Su último libro es El sentido de consentir (Anagrama, 2023).

El Tribunal Supremo (TS) ha anulado una rebaja que la Audiencia Provincial de Alicante aplicó a un agresor sexual en virtud de la conocida como ley del solo sí es sí al considerar que la "extrema" violencia empleada en la violación no permitiría modificar su pena de prisión a la baja sino que la elevaría, según recoge Europa Press.

Los magistrados subrayan que, en este caso, el acusado empleó "una violencia intensa, inusitada" y "prolongada" que —tras la reforma del Código Penal— conlleva una pena mínima imponible de 11 años de prisión por el delito de agresión sexual, cifra superior a los 9 años que se le impuso al agresor en la sentencia de instancia o los 7 años que se le aplicó tras la revisión.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Penal explica que la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual contempla penas mayores para los casos en los que la agresión se produzca con "violencia de extrema gravedad". Por ello, considera que en este caso la nueva redacción legal no beneficia al reo y que lo pertinente es aplicarle el Código Penal anterior y dejarle la pena original de 9 años de cárcel.

El hombre fue condenado por una agresión que tuvo lugar en junio de 2015, cuando quedó con su entonces pareja en un 'pub' en un municipio de Alicante. Aquella noche, ella le dijo que quería "dejar la relación". Ambos se fueron juntos, en el mismo coche, con la intención de "irse a sus respectivos domicilios". Él, sin embargo, se desvió "por un camino rural" y la violó mientras le gritaba "guarra", "puta".

Ella consiguió zafarse en plena agresión y huyó corriendo. Él la siguió hasta que la alcanzó. Según consta en la sentencia, "la empujó, cayó al suelo, y una vez tumbada le dio multitud de patadas y puñetazos por todo el cuerpo, incluida la cabeza y la cara". Ella quedó semi-inconsciente.

El acusado "tras ver la violencia con la que había agredido" a su pareja le dijo: "Nena, cómo te he puesto". Y la llevó a Urgencias. Eso sí, la avisó de que tenía que decir a los sanitarios que "se había caído".

La Audiencia Provincial de Alicante le condenó a 9 años de prisión por un delito de agresión sexual y a 3 años por un delito de lesiones; además, le impuso orden de alejamiento y de comunicación por 11 años.

En enero de este año, a raíz de la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual --conocida como 'ley del solo sí es sí'--, se le rebajó la pena de prisión relativa al delito de agresión sexual a 7 años al resultarle más beneficiosa. La mujer, disconforme con la rebaja, presentó recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La víctima alegó que se había vulnerado su derecho a una tutela judicial efectiva y criticó que no se hubiese aplicado la disposición transitoria quinta del Código Penal que, a su juicio, "neutraliza toda posibilidad de rebaja de la pena fijada en la sentencia firme". La Fiscalía se adhirió a su recurso.

En la resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Javier Hernández García, el Supremo explica que, en este caso, "no ha habido infracción de ley por la no aplicación, en el juicio de revisión de la pena, de los distintos regímenes transitorios invocados".

Dicho esto, los magistrados analizan si la decisión de la Audiencia Provincial de revisar la pena se ajusta a la regla de retroactividad del Código Penal, "a la luz de la jurisprudencia plenaria" del propio Tribunal Supremo. "La respuesta, que ya adelantamos, debe ser negativa", apuntan.

Así, el tribunal declara ha lugar al recurso de casación presentado por la mujer, anula la revisión de la condena e impone la pena de instancia --de 9 años de prisión-- por el delito de agresión sexual.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha desestimado la revisión, en aplicación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la ley del sólo sí es sí, de una pena de 14 años de prisión impuesta por un delito continuado de agresión sexual a un hombre que violó en diversas ocasiones a una hija de 9 años de su pareja, ha informado Europa Press.

En la resolución judicial, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, la Sala de lo Civil y Penal del TSJN ha rechazado el recurso interpuesto por la defensa contra la decisión del pasado febrero de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de no rebajar la condena a 11 años o, en equivalencia con la sentencia condenatoria, a 11 años y 6 meses.

La Sala sostiene que el tribunal sentenciador impuso una pena "próxima al límite máximo de la mitad inferior", una condena que resulta imponible con idénticos criterios en aplicación de la reforma legal, ha informado el TSJN en una nota.

En noviembre de 2019, el procesado fue condenado por la Sección Segunda de la Audiencia a 14 años de prisión por un delito continuado de agresión sexual (violación) con la concurrencia de la circunstancia agravante de especial vulnerabilidad de la víctima, así como a 8 meses más por un delito de maltrato no habitual.

La individualización de la pena se realizó en la sentencia ponderando la personalidad del autor, el prolongado lapso temporal en que sucedieron los hechos y su incidencia en la trayectoria vital de la perjudicada, junto con el daño y las secuelas sufridas.

El tribunal sentenciador rechazó el pasado febrero la reducción de la condena solicitada por la defensa. La Audiencia determinó que la pena debía imponerse en su mitad superior (de 13 años y 6 meses y 1 día a 15 años, pudiendo llegar hasta la mitad inferior de la pena superior en grado). Entendió justificada la pena de 14 años de prisión, próxima al límite máximo de la mitad inferior.

La defensa recurrió ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJN, que también ha ratificado la pena impuesta. El Tribunal Superior considera que, tras la modificación operada en la Ley Orgánica 10/2022, con la concurrencia de la agravante contemplada en la sentencia, la pena a imponer podría ir de 11 años y un día a 15.

Para los magistrados, a la vista de que la sentencia de la Audiencia entendió justificada expresamente "la pena próxima al límite máximo de la mitad inferior", la condena de 14 años de prisión "no resulta más gravosa que la que resulta imponible con idénticos criterios en aplicación de la mencionada modificación".

La fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía General del Estado, Teresa Peramato, ha considerado este viernes que los "muchísimos beneficios" derivados de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la ley del sólo sí es sí, se han visto "opacados" al haberse centrado el debate público "exclusivamente" de la aplicación del derecho transitorio y de la ley penal más favorable que ha derivado en la reducción de condenas en delitos de agresión sexual, ha informado Europa Press.

"Es la primera vez que tenemos una ley integral de garantía de la libertad sexual y eso creo que es lo más importante; 61 artículos dedicados exclusivamente a detección, a la prevención, al apoyo, a la asistencia integral, sanción, recuperación de la víctima y la reparación, y todo eso parece que ha quedado olvidado", ha trasladado la fiscal en declaraciones a los medios antes de ofrecer una conferencia sobre dicha ley en la Subdelegación de Gobierno de Almería.

Para Peramato, el haber centrado el debate de la ley sobre "los efectos del derecho transitorio" que han dado lugar a 1.205 las reducciones de pena y a 121 las excarcelaciones en aplicación de la norma, conforme a los últimos datos aportados por el CGPJ el pasado 18 de septiembre, ha impedido hasta ahora "poner en valor lo bueno que tiene la ley", como la creación de centros urgentes 24 horas o programas de formación especifica para los profesionales, entre otros beneficios.

En esta línea, ha asegurado que desde la Fiscalía están posicionados "al lado de las víctimas", por lo que se ha mostrado comprensiva con "la tristeza, la rabia y la consternación a la que se puedan haber visto abocadas" ante la reducción de condenas de los agresores, si bien tras su corrección ha invitado a avanzar a "otro estadio" en su aplicación e "intentar salir adelante evitando que en el futuro ocurran situaciones como esta".

Con ello, ha incidido en que la ley "tenía que corregirse" ante el "efecto indeseado" que "de forma inesperada" para el legislador, según ha analizado, se produjo la aplicación de la ley penal más favorable a través de una aplicación de criterios por parte de los jueces en base a la ponderación de circunstancias concurrentes que "no son coincidentes con los que mantuvo la Fiscalía" pero que "en algunas de sus partes ha confirmado el Tribunal Supremo", según ha reconocido.

De otro lado, la fiscal ha señalado que conforme a la actual legislación, e incluso con anterioridad y en base además a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, está "absolutamente claro que un beso en la boca, que es una zona erógena, es un acto de naturaleza sexual" que si además está "efectuado sin consentimiento" puede derivar "obviamente" en un "delito de agresión sexual".

Peramato, que ha evitado pronunciarse sobre supuestos concreto, ha incidido en que un beso o un tocamiento en "zonas erógenas" como puede ser "en el pecho, en el trasero o un beso en la nuca" pueden ser actos de naturaleza sexual "con independencia de cuál sea incluso la intención".

"Un acto de naturaleza sexual es cualquier de connotación sexual que se produzca sobre las zonas claramente erógenas del cuerpo de otra persona sin su consentimiento", ha atajado la fiscal.

La Fiscalía ha anunciado este mismo viernes un recurso ante el Tribunal Supremo (TS) contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) de rebajar un año --de 15 a 14-- la pena de prisión impuesta a uno de los cinco condenados por 'La Manada' por la violación grupal de los Sanfermines de 2016, al aplicarle la conocida como ley del sólo sí es sí.

Según fuentes fiscales consultadas por Europa Press, el anuncio ha venido por parte de la Fiscalía navarra y será la del TS quien tenga la última palabra, si bien todo apunta a que se formalizará recurso.

El TSJ explicó que le bajaba la pena porque el propio Supremo señaló en la sentencia con la que agravó la condena a La Manada que imponía una pena de 15 años, "próxima" o "cercana" al mínimo legal, unos mínimos que la citada ley rebajó "sensiblemente". En concreto, detalló que con la nueva ley la pena mínima cae 1 año y 3 meses, pasando de 14 años, 3 meses y 1 día a 13 años.

"En consecuencia, los 15 años de prisión impuestos quedan 2 años por encima del mínimo posible que, efectivamente, están dentro del arco penológico posible, pero que, a juicio de la mayoría de esta Sala, ya no cumple el parámetro fijado por el Tribunal Supremo en su sentencia, cuando calificaba la pena impuesta como 'muy próxima al mínimo legal', o como 'pena superior al mínimo legalmente previsto, aunque muy cercana al mismo", argumentó el TSJ.

No obstante, la rebaja se acordó con el voto particular de la magistrada Esther Erice Martínez, que aboga por mantener la condena dictada en su día por el Supremo, en contra de la decisión mayoritaria. La Audiencia Provincial ya rechazó el pasado febrero la revisión solicitada por la defensa de este condenado, que pedía pasar de 15 años a 13 años y 9 meses.

En declaraciones a Europa Press, la abogada Teresa Hermida, que representa a la víctima de La Manada, también anunció que recurrirá la rebaja de pena, al tiempo que contó que la joven se encuentra "intranquila", "disgustada" y "apenada" tras conocerse la resolución del TSJ.

El Supremo fijó criterio el pasado junio sobre las revisiones de condenas firmes efectuadas a causa de la ley del sólo sí es sí y avaló las rebajas de pena al rechazar la aplicación de la disposición transitoria quinta del Código Penal (CP) de 1995, que recoge la tesis del Ministerio Público.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, había instruido a los miembros del Ministerio Público para que abogaran por mantener la pena antigua cuando fuera posible conservarla con el nuevo marco penal.