El juez Joaquín Aguirre, instructor de los casos Negreira y Volhov, se jubila este miércoles, a los 66 años, sin que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya decidido aún si lo investiga por prevaricación a raíz de la querella que presentó contra él el expresident Carles Puigdemont.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles la jubilación del magistrado, titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona desde 1988 y uno de los más veteranos de la Ciudad de la Justicia, con 40 años de servicio en los que ha tenido en sus manos complejas -y dilatadas- investigaciones.

Desde su juzgado dirigió la causa de Grand Tibidabo, que en 2007, trece años después, sentó en el banquillo al empresario Javier de la Rosa, o el caso Macedonia de presunta corrupción en los Mossos d'Esquadra vinculada al narcotráfico que, al cabo de una década de investigaciones, se saldó en 2022 con la absolución de los principales acusados.

Durante esas cuatro décadas de ejercicio, siempre al frente del mismo juzgado, ha cultivado un estilo de instrucción obstinado -prospectivo según sus detractores-, con largas causas que se dispersaban en múltiples ramificaciones, mientras era cada vez más temido entre los abogados por sus golpes de efecto, como el que en 2012 lo llevó a registrar la central de Mossos d'Esquadra en busca de unas escuchas que creía que le ocultaban.

Pero ha sido la gestión de sus dos últimos casos estrella, Volhov y Negreira, a menudo sin el apoyo de la Fiscalía, junto a su declarada aversión por la ley de amnistía, lo que ha acabado por situarlo en el punto de mira, conforme arreciaban los reveses de la Audiencia de Barcelona a sus resoluciones.

El pasado mes de junio, desoyó un auto de la Audiencia que ponía freno a su investigación sobre las supuestas conexiones rusas con el procés por haberla prorrogado injustificadamente y, con la amnistía ya en vigor, abrió una nueva pieza para implicar a los expresidents Carles Puigdemont y Artur Mas por traición y malversación.

Todo ello mientras varios medios publicaban la grabación de una supuesta conversación suya en la que se jactaba de haber provocado la retirada de la ley de amnistía cuando en enero de 2024 Junts impidió que se aprobara en el Congreso -"se tumbó por mí"- y añadía: "Al Gobierno le quedan dos telediarios alemanes".

En una dura resolución que no ahorraba reproches al juez, la Audiencia de Barcelona dio carpetazo el mes pasado a la nueva pieza que Aguirre abrió para seguir investigando los supuestos contactos del procés en el Kremlin, mientras le emplazaba a acatar su decisión "sin excusas" y le advertía de que, de no hacerlo, podía incurrir en responsabilidades.

El varapalo de la Audiencia a ese último movimiento del juez puede dar sustento a la querella por prevaricación y malversación que Puigdemont presentó hace ya medio año contra Aguirre, al que acusa de investigarlo ilegalmente por la supuesta injerencia rusa en el procés. La Fiscalía se opuso a su admisión a trámite, pero al TSJC se le ha pasado el plazo para la jubilación de Aguirre sin haber decidido si lo investiga. Fuentes jurídicas apuntan a que el caso podría remitirse a un juzgado ordinario al perder el juez su condición de aforado, una vez retirado.

También han sido desautorizadas por la Audiencia sus últimas resoluciones en el caso Negreira: en contra del criterio de la Fiscalía, imputó un delito de cohecho al club y a su presidente Joan Laporta por los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros durante su primer mandato, entre los años 2008 y 2010.

El tribunal le rectificó en mayo del año pasado: no hay delito de cohecho en las dádivas al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) porque no es funcionario público y, para más inri, esos pagos imputables a Laporta estarían prescritos desde 2015.

El juez que suceda a Aguirre al frente del primero de los juzgados de instrucción de Barcelona heredará una investigación de casi dos años que ya va a por su cuarta prórroga y en la que, con la excepción de Jose María Enríquez Negreira -que sufre deterioro cognitivo-, no han declarado aún los principales imputados, los expresidentes del Barça Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu.

La sección 21 de la Audiencia de Barcelona ha anulado el auto del instructor del caso Negreira en el que extendió la investigación sobre el presidente del FC Barcelona Joan Laporta y también sobre los miembros de su junta directiva en su mandato de 2003 a 2010.

En un auto consultado por Europa Press este viernes, el tribunal estima los recursos que presentaron la defensa de Laporta, la Fiscalía, los expresidentes blaugranas Sandro Rosell y Joaquim Bartomeu y el club como persona jurídica contra la decisión que el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona tomó el 18 de octubre de 2023.

Cuando el juez decidió imputar a Laporta, argumentó en el auto ahora anulado que la causa no estaba prescrita para él, a diferencia de lo que el mismo instructor justificó unos días para rechazar la petición del FC Barcelona de personarse como acusación en la causa.

En su cambio de criterio sobre la prescripción, el juez Joaquín Aguirre hizo referencia a que en los delitos continuados la prescripción computa desde el día de la última infracción, por tanto 10 años atrás desde el último pago a Negreira (julio de 2018), lo que incluiría en el plazo parte del primer mandato de Laporta (2003-2010).

Para considerarlo un delito continuado, el instructor señaló una supuesta "participación adhesiva" del delito, es decir que los distintos presidentes blaugranas hubieran cometido de forma sucesiva un mismo delito de forma continuada en lugar de atribuir un delito a cada uno.

Ahora la Audiencia descarta esta interpretación y replica al instructor que cada investigado debe "responder por los pagos indebidamente realizados durante el período en el que ejercieron sus cargos", por lo que la prescripción no debe contarse desde el último pago a Negreira sino desde que Laporta dejó su primera presidencia, el 30 de junio de 2010, de manera que un eventual delito estaría prescrito para él.

La semana pasada, la misma sección de la Audiencia de Barcelona anuló las imputaciones por presunto delito de cohecho (soborno) que el instructor no había atribuido a Laporta pero sí a los otros investigados en esta causa que indaga sobre los pagos del FC Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico Arbitral (CTA), José María Enríquez Negreira a través de sus empresas.

Están investigados el propio Negreira, su hijo Javier, los exdirectivos del club Óscar Grau y Albert Soler, Rosell, Bartomeu y el club como persona jurídica, y el instructor les atribuía el delito de cohecho (ahora anulado) y mantiene la presunta administración desleal y falsedad documental, y como alternativa al cohecho el instructor señaló el delito de corrupción deportiva.

La sección 21 de la Audiencia de Barcelona ha anulado las imputaciones por presunto delito de cohecho que el instructor del caso Negreira hizo sobre los investigados en la causa.

En un auto consultado por Europa Press este viernes, el tribunal estima los recursos que presentaron en este sentido los expresidentes del Barça Josep Maria Bartomeu y Joan Laporta, el FC Barcelona como persona jurídica y los exdirectivos del club Óscar Grau y Albert Soler.

En el mismo auto, los magistrados han rechazado la petición del expresidente blaugrana Sandro Rosell, que pidió archivar la causa para él porque considera que había prescrito.

La Guardia Civil está practicando este jueves una entrada y registro en las dependencias del Comité Técnico de Árbitros en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por orden del juez de Barcelona que investiga los pagos realizados por el FC Barcelona, han informado a Europa Press fuentes judiciales.

La diligencia se está llevando a cabo en la investigación del juez Joaquín Aguirre y participan agentes del Grupo de Delitos Económicos de Policía Judicial de la Guardia Civil de la Zona de Cataluña.

En concreto, se busca documentación sobre la causa en la que figuran como imputados los expresidentes del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell. No se prevé detenciones, según añaden fuentes policiales.

La investigación gira sobre si el que fuera vicepresidente del organismo arbitral, José María Enriquez Negreira, favoreció al club azulgrana a la hora de designar los colegiados para sus partidos.

El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, que investiga el caso Negreira, atribuye a todos los investigados del caso un presunto delito de cohecho, incluyendo el FC Barcelona como persona jurídica, según el auto consultado por Europa Press este jueves.

En esta causa que investiga los pagos del FC Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico Arbitral (CTA), José María Enríquez Negreira, están investigados el propio Negreira, su hijo Javier, el Barça como persona jurídica, los expresidentes blaugranas Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, los exdirectivos del club, Óscar Grau y Albert Soler, y la empresa de Negreira DASNIL 95 SL.

En concreto, el juez atribuye a Negreira un presunto delito continuado de cohecho pasivo como autor, y a su hijo lo considera cooperador necesario, mientras que al FC Barcelona y a los exdirectivos investigados les atribuye un presunto delito de cohecho activo.

El instructor mantiene, como calificación alternativa al delito de cohecho, que los hechos supusieron un presunto delito de corrupción deportiva.

Los implicados han recibido este auto este mismo jueves, coincidiendo con los registros que la Guardia Civil hace en la sede del CTA por orden del instructor.

Por lo que ha investigado hasta ahora, el juez sabe que los pagos perduraron unos 18 años y que se multiplicaron desde los 70.000 euros anuales a los 700.000: "Por deducción lógica los pagos realizados por el FC Barcelona satisfacían los intereses del club en atención a su duración y al incremento anual".

El juez también deduce que "los pagos produjeron los efectos arbitrales deseados por el FC Barcelona, de tal manera que debió existir una desigualdad en el trato con otros equipos y la consiguiente corrupción sistémica en el conjunto del arbitraje español".

Añade que el Barça prescindió de los servicios de Negreira en cuanto él cesó de la vicepresidencia del CTA, tras lo que él "envió una carta intimidatoria al expresidente del FC Barcelona Bartomeu indicándole, en esencia, que si no le seguían pagando revelaría una serie de hechos que podrían perjudicar gravemente al club".

Para el juez, de esta carta "se desprende que Enríquez Negreira tenía conciencia de que se habían producido actos ilícitos en favor del FC Barcelona de bastante gravedad".

En el auto, el juez Joaquín Aguirre expone que la Real Federación Española de Futbol (RFEF), de la que es parte el Comité Arbitral, "tiene a efectos penales la condición de entidad jurídico-pública", y por tanto añade que sus directivos deben ser considerados como funcionarios a efectos penales.

El juez también recoge la jurisprudencia sobre el delito de cohecho, que afecta a los funcionarios públicos cuando reciben pagos de un particular, es decir, un soborno.

Respecto a este delito, el juez avisa de que el cohecho "se ha consumado al haberse realizado el pago, se demuestre o no la corrupción sistémica del arbitraje español a causa de tales pagos".

El Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona ha imputado a Javier Enríquez, hijo del exvicepresidente del Comité Técnico Arbitral (CTA), José María Enríquez Negreira, por los pagos del Futbol Club Barcelona (FCB) a su padre, según han explicado fuentes conocedoras a Europa Press este viernes. El juzgado ha adoptado esta decisión a petición de LaLiga, que había pedido que el hijo de Negreira pasara a ser investigado en la causa a pesar de que la Fiscalía había decidido dejarlo fuera de las pesquisas, según ha confirmado El Mundo.

Las mismas fuentes han explicado que la causa se decretó secreta después de las personaciones, y que "se ha extendido el intervalo de investigación, los delitos y se ha incluido a Negreira Jr.", modificando así su condición de testigo a imputado.

En esta causa, el FC Barcelona está investigado como persona jurídica en la causa por los pagos al exvicepresidente del CTA José María Enríquez Negreira. También están investigados el propio Negreira, los expresidentes blaugranas Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, los exdirectivos del club Óscar Grau y Albert Soler y la empresa de Negreira DASNIL 95 SL.

El pasado viernes, el juzgado aceptó al Real Madrid CF como acusación particular en la causa y descartó la personación del Consejo Superior de Deportes (CSD). La jueza argumentó la admisión del Real Madrid porque participa en La Liga y la presunta corrupción que se investiga para supuestamente favorecer al FC Barcelona habría afectado también al equipo madrileño.

Por contra, argumentó que el CSD es "un organismo de naturaleza meramente administrativa, con reconocimiento de competencias disciplinarias propias, instando la sanción de conductas que, en caso de exceder los límites del ámbito puramente deportivo", corresponden a las autoridades judiciales. También para justificar la exclusión del CSD, recordó que los organismos públicos no pueden actuar como acusación popular "salvo que exista habilitación legal expresa, la cual únicamente está prevista para el caso de violencia de género".

El CSD respeta la decisión del juzgado de instrucción de rechazar, en un auto que aún no es firme, su personación en este caso. No obstante, ha solicitado a la Abogacía del Estado que recurra esta decisión, al entender que hay cuestiones jurídicas discutibles.

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, insistió este lunes que el club azulgrana "no ha realizado jamás ninguna actuación que tuviese como objetivo final o intención alterar la competición para conseguir algún tipo de ventaja deportiva", al mismo tiempo que reiteró que el caso Negreira "no es un delito de corrupción deportiva" y denunció el "linchamiento público" contra la institución, por lo que pidió a "instituciones y medios de comunicación" respetar el "principio de inocencia", según informa Europa Press.

"El FC Barcelona no ha realizado jamás ninguna actuación que tuviese como objetivo final o intención alterar la competición para conseguir algún tipo de ventaja deportiva. El caso Negreira no es un delito de corrupción deportiva", reiteró Laporta durante una comparecencia ante los medios de comunicación para dar explicaciones por el caso Negreira.

El dirigente arrancó su intervención denunciando una "gigantesca campaña de desprestigio internacional", con afirmaciones "difamatorias que nada tienen que ver con la realidad". "En el Barça queremos ganar, y nos gusta mucho el cómo ganamos, jugando bien. No nos gusta ganar con ayudas arbitrales. Es obvio que tenemos detractores, que intenta erosionar nuestro prestigio, a veces por envidia, por sentimiento y otras veces por cuestiones extradeportivas", expresó.

"No lo van a conseguir, ninguna campaña de desprestigio evitará que el Barça pueda continuar siendo una institución o un club de referencia para el deporte mundial", agregó.

Laporta relató que el Barça cuenta con "asesoramiento profesional" de una persona con "trayectoria en el estamento arbitral" que realizaba su trabajo "con claridad y transparencia". "Este asesoramiento existía y esta en las facturas, pagadas por transferencia bancaria", comentó.

"Hay personas físicas de una entidad externa al club, que no el Barça, que han aprovechado el contexto para sacar un beneficio, nosotros defenderemos al honorabilidad del club, somos los primeros interesados en que se conozca el tema hasta el final. El FC Barcelona es una victima en esta cuestión. En ningún caso el Barça sería responsable".

El presidente azulgrana compareció junto a los 629 informes técnico-arbitrales, 43 CD's y 4 informes diversos que analizó la investigación externa, apelando a la "presunción de inocencia que el Barça no ha tenido a nivel mediático hasta ahora". "Ha sido sometido a una condena y linchamiento mediático sin juicio. Estamos asistiendo a un juicio salomónico, es intolerable e inexplicable", lamentó.

"LaLiga ha tenido una actuación poco prudente, irresponsable y una falta de profesionalidad evidente. Pido a Tebas deje de alimentar esta polémica. Está validando una hipótesis que es falsa", criticó al presidente de la patronal, antes de agradecer la "actuación prudente" de Luis Rubiales, presidente de la RFEF; José Manuel Franco, presidente del CSD; y Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

La comisión de Ética y Disciplina de la UEFA ha anunciado este jueves la apertura de una investigación al FC Barcelona por una "posible violación" del marco legal de la UEFA a raíz del caso Negreira, ha informado Europa Press.

"De acuerdo con el artículo 31(4) del Reglamento Disciplinario de la UEFA, los inspectores de Ética y Disciplina de la UEFA han sido designados este jueves para llevar a cabo una investigación sobre una posible violación del marco legal de la UEFA por parte del FC Barcelona en relación con el llamado caso Negreira", anunció el organismo europeo.

De momento la UEFA no dio más detalles y tan solo confirmó la apertura de la investigación contra el club blaugrana. "Más información sobre este asunto estará disponible a su debido tiempo", añadió UEFA.

A raíz de informaciones periodísticas se destacó el conocido como caso Negreira, con más de 7 millones de euros pagados por el FC Barcelona entre 2001 y 2018 al entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira.

La versión del club, a falta de una comparecencia para desvelar una investigación interna, es que esos pagos eran por informes arbitrales —posteriormente también ojeo de jugadores jóvenes— que Negreira enviaba a la entidad.

El caso está ya siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción española, que presentó denuncia contra el FC Barcelona y sus ex presidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu por presunta corrupción por los 7,3 millones de euros que el club habría pagado a Negreira.

La denuncia de Fiscalía apunta a posibles delitos de corrupción en los negocios en el ámbito deportivo, administración desleal, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil.

El abogado Cristóbal Martell representará al FC Barcelona en el caso Negreira, han explicado a Europa Press fuentes conocedoras. Martell defiende al futbolista Dani Alves en su causa por presuntamente agredir sexualmente a una chica en la discoteca Sutton y también ha trabajado para la familia Pujol.

Otras fuentes consultadas por Europa Press han añadido que el club ha encargado una investigación interna al abogado Andreu Van den Eynde, el abogado que defendió a Oriol Junqueras en el juicio en el Tribunal Supremo.

El club está investigado como persona jurídica en la causa por los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira, y también están investigados el propio Negreira, los expresidentes blaugranas Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, los exdirectivos del club Óscar Grau y Albert Soler y la empresa de Negreira DASNIL 95 SL.

El Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona investiga esta causa por presunta corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal y falsedad en documento mercantil tras admitir a trámite una denuncia de la Fiscalía y una querella del árbitro Xavier Estrada Fernández.

La Fiscalía calcula que desde 2001 hasta 2018, Negreira cobró más de 7,3 millones de euros en pagos que supuestamente no correspondían a servicios de asesoramiento técnico reales sino a un "acuerdo verbal estrictamente confidencial" para favorecer al club en decisiones arbitrales.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha emitido este martes un decreto en el que ordena que la Fiscalía Anticorrupción asuma el conocido como caso Negreira, un asunto que hasta ahora estaba en manos de la Fiscalía Provincial de Barcelona, al considerar que se trata de delitos de especial trascendencia, según ha informado el Ministerio Público y ha recogido Europa Press.

La decisión tiene lugar después de que el pasado viernes la Fiscalía Provincial presentara una denuncia ante el Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona contra el Fútbol Club Barcelona y sus expresidentes Sandro Rosell y Josep María Bartomeu por presunta corrupción por los 7,3 millones de euros que el club habría pagado al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira entre 2001 y 2018. Dicha denuncia se dirige también contra el propio Negreira y los exdirectivos del club Óscar Grau y Albert Soler.

A partir de ahora será la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada la que asuma la acusación en el caso Negreira, donde se apunta a posibles delitos de corrupción en los negocios en el ámbito deportivo, administración desleal, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil.

Según consta en la denuncia, a la que tuvo acceso Europa Press, el Ministerio Público considera que los pagos que se efectuaron a Negreira por más de 7,3 millones de euros en 2001 y 2008 suponen "una auténtica remuneración no prevista en los estatutos del club ni aprobada por la Asamblea General" e incide en que las percepciones recibidas por Negreira "no tuvieron soporte legal ni estatutario alguno".

En concreto, en la denuncia se dice que dos empresas de Negreira giraron facturas al Barça "sin que las mismas respondieran a ninguna prestación o servicios de asesoramiento técnico real". La Fiscalía apunta que el árbitro facturó al club 2.971.673,01 euros entre 2014 y 2018.

El escrito añade que las dos cuentas bancarias en las que Negreira recibía los pagos "se nutrían prácticamente en su totalidad de los ingresos procedentes del FCB los cuales eran retirados, en su gran mayoría, mediante cheques al portador" que cobraban terceras personas por encargo del árbitro, a quien entregaban luego el efectivo.

Negreira fue relevado del CTA en mayo de 2018 y entonces el Barça dejó de pagarle, lo que el árbitro recriminó a Bartomeu en un burofax que reproduce el Ministerio Público en su denuncia. "No tengo voluntad de dar publicidad a todas las irregularidades que he conocido y vivido de primera mano en relación con nadie del club, pero usted me obligará a ello si no reconsidera su decisión y cumple con el acuerdo que teníamos de seguir contando con mis servicios hasta fin de mandato presidencial", señala.

En el marco de su escrito, la Fiscalía Provincial pide al juzgado que tome declaración en calidad de investigados a Negreira, Rosell, Bartomeu y el resto de denunciados, así como al representante legal del FC Barcelona.

Asimismo, solicita que se realice una investigación patrimonial a Negreira y a su "entorno familiar más próximo" para conocer el destino dado a lo cobrado. Requiere también que recabase de Negreira y del Barça la copia de las facturas acreditativas de las operaciones comerciales mantenidas desde 2011 y 2014.

Hasta el momento, está pendiente que el titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona se pronuncie sobre las peticiones efectuadas por el Ministerio Público.

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, ha anunciado este lunes que se personarán en el caso Negreira en el "momento oportuno", es decir, si el juzgado admite la denuncia presentada por la Fiscalía, al tiempo que ha pedido al Fútbol Club Barcelona y a su presidente, Joan Laporta, que expliquen lo sucedido para saber si no es "tan grave como aparenta", según informa Europa Press.

"La intención del CSD es personarse pero en el momento oportuno, porque no hay que olvidar que la Fiscalía ha denunciado ante un Juzgado de Instrucción, ese juzgado tiene que admitirlo a trámite y ahí será cuando nosotros, con nuestros servicios jurídicos, nos personemos ya en esta causa", ha asegurado en declaraciones en El programa de Ana Rosa de Telecinco.

En cuanto a por qué han tardado tanto en comunicar que se personarán, ha afirmado que quieren ser "responsables y coherentes". "Hay que dejar que las instituciones funcionen, que están funcionando muy bien. El tema surge en la Agencia Tributaria, pasó a Fiscalía y ellos han decidido denunciarlo. Vamos a ver si el Juzgado de Instrucción lo admite a trámite, vamos a seguir el proceso lógico", ha manifestado.

"Me preocupa este caso porque al deporte español no le viene bien, le viene mal. Lo que es malo para el fútbol, es malo para el deporte español. Un club no paga así por nada al vicepresidente de los árbitros. Es verdad que hay que investigarlo", ha reconocido.

Por ello, además, quisiera escuchar la versión del club blaugrana. "Le pediría al FC Barcelona un tipo de aclaración, que digan qué ha pasado. Podría no ser tan grave como aparenta, pero el tema es muy feo y nos preocupa y supone un descrédito para el deporte y fútbol español", ha manifestado Franco.

"Pido al señor Laporta que nos aclare de una vez qué es lo que ha pasado, si hay cosas que las desconocemos, que las diga. La masa social del FC Barcelona también merece una explicación", ha reclamado.

Por otro lado, respecto a que el exdirector general del CSD, Albert Soler, esté implicado en el caso Negreira, ha asegurado que no tiene nada que ver con su salida del CSD. "No sé si Albert Soler lo sabía o no, yo lo desconocía totalmente. Pero cuando sale el caso, el señor Soler no estaba ya en el CSD. Pero hay muchos implicados y tendrán que aclararlo ante el juez. Eso está claro", ha apuntado.

"La nueva Ley del Deporte, aprobada en diciembre, marca un plazo de prescripción para infracciones muy graves de tres años, en línea con la ley de régimen jurídico del sector público. La nueva ley agrava las infracciones", ha comentado sobre la prescripción del posible delito y la implicación de Soler en la redacción de la nueva Ley del Deporte.

El Real Madrid se personará en el caso Negreira como parte perjudicada si se admite a trámite la denuncia de la Fiscalía, una decisión tomada tras la reunión este domingo de la Junta Directiva del club blanco, que mostró su "profunda preocupación sobre la gravedad de los hechos", según un comunicado emitido este domingo que recoge Europa Press.

"El Real Madrid manifiesta su profunda preocupación sobre la gravedad de los hechos y reitera su plena confianza en la acción de la justicia y ha acordado que, en defensa de sus legítimos intereses, se personará en el procedimiento en cuanto el juez lo abra a las partes perjudicadas", señaló la entidad madridista en un comunicado.

La decisión se ha tomado después de que la Junta Directiva tomase conocimiento "de las graves acusaciones" formuladas por la Fiscalía de Barcelona contra el FC Barcelona, dos de sus presidentes, Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, y los exdirectivos Albert Soler y Oscar Grau, "sobre la base de potenciales delitos, entre otros, de corrupción" en el ámbito deportivo, en el marco de las relaciones entabladas por el club azulgrana con el que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira.

Tras conocerse esta información, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha pedido a los socios y aficionados azulgranas que estén "tranquilos". Además, ha reconocido que no es "ninguna sorpresa" que el club blanco se haya unido al resto de equipos. "El Barça es inocente de lo que se le acusa y víctima de una campaña contra su honorabilidad en la que ahora ya están todos", ha escrito en su cuenta de Twitter el líder del club catalán que también señla que "muchos tendrán que rectificar".

El viernes, la Fiscalía presentó una denuncia contra el FC Barcelona y sus expresidentes, además de contra el propio Negreira y los exdirectivos Grau y Soler. La Fiscalía les acusa de haber cometido presuntamente los delitos de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal y falsedad documental. La denuncia se ha presentado en el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, que ya recibió una querella del árbitro Xavier Estrada Fernández contra Negreira y su hijo Javier Enríquez Romero por estos hechos.

Sin embargo, la Fiscalía deja fuera de su denuncia a Enríquez Romero, que era administrador único de la empresa de Negreira DASNIL 95 SL, porque no ha quedado acreditado que "conociera y compartiera el propósito de su padre".

El 21 de febrero, los clubes profesionales de LaLiga, a excepción de FC Barcelona y Real Madrid, expresaron su "rechazo" y su repulsa por los presuntos pagos a Negreira, mientras que LaLiga advertía de que actuaría "con firmeza".

La Fiscalía ha presentado este viernes una denuncia contra el FC Barcelona por presunta corrupción en pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira. La denuncia, consultada por Europa Press, también se dirige contra el propio Negreira, contra los expresidentes blaugranas Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, y los exdirectivos del club Óscar Grau y Albert Soler.

La Fiscalía les acusa de haber cometido presuntamente los delitos de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal y falsedad documental. La denuncia se ha presentado en el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, que ya recibió una querella del árbitro Estrada Fernández contra Negreira y su hijo Javier Enríquez Romero por estos hechos.

Sin embargo, la Fiscalía deja fuera de su denuncia a Enríquez Romero, que era administrador único de la empresa de Negreira DASNIL 95 SL, porque no ha quedado acreditado que "conociera y compartiera el propósito de su padre".

El escrito de la fiscal expone que, a través de Rosell y Bartomeu como presidentes, el Barça "mantuvo un acuerdo verbal estrictamente confidencial" con Negreira, que entonces era vicepresidente del Comité Arbitral. El acuerdo, según la fiscal, era para que Negreira, "a cambio de dinero, realizase actuaciones tendentes a favorecer al FCB en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el club, y así en los resultados de las competiciones" y, en este sentido, remarca que la designación de árbitros para cada partido en competiciones oficiales las hace el Comité Arbitral.

La Fiscalía calcula que desde 2001 a 2018 Negreira cobró más de 7,3 millones de euros, a lo que la fiscal señala: "Supuso una auténtica remuneración no prevista en los estatutos del club ni aprobada por la Asamblea General. En definitiva, dichas percepciones no tuvieron soporte legal ni estatutario alguno".

La denuncia de la fiscal afirma que dos empresas de Negreira giraron facturas al Barça "sin que las mismas respondieran a ninguna prestación o servicios de asesoramiento técnico real", y concreta que facturó al Barça 2.971.673,01 euros entre 2014 y 2018.

El escrito añade que las cuentas bancarias donde Negreira recibía los pagos "se nutrían prácticamente en su totalidad de los ingresos procedentes del FCB los cuales eran retirados, en su gran mayoría, mediante cheques al portador" que cobraban terceras personas por encargo de Negreira, a quien entregaban luego el efectivo.

Negreira fue relevado del CTA en mayo de 2018 y entonces el Barça dejó de pagarle, lo que Negreira recriminó a Bartomeu en un burofax que la fiscal reproduce: "No tengo voluntad de dar publicidad a todas las irregularidades que he conocido y vivido de primera mano en relación con nadie del club, pero usted me obligará a ello si no reconsidera su decisión y cumple con el acuerdo que teníamos de seguir contando con mis servicios hasta fin de mandato presidencial".

La Fiscalía ultima una denuncia contra el Barça por presuntos delitos de corrupción por los pagos que el club azulgrana habría hecho al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

La presentación de una denuncia implica poner fin a las investigaciones llevadas a cabo en sede de Fiscalía para, en su caso, adentrarse ya en la fase judicial.

La investigación del ya conocido como caso Negreira, que se abrió el año pasado y se prorrogó en el mes de octubre, se centraba en un presunto delito de corrupción entre particulares a la empresa del ex 'número dos' del TAC.

Tras conocerse las indagaciones del Ministerio Público, el Barça dijo en un comunicado que "contrató en el pasado los servicios de un consultor técnico externo, quien suministraba, en formato vídeo, informes técnicos referidos a jugadores de categorías inferiores del Estado español para la secretaría técnica" del club.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado en el marco del caso Soule, relativo a las presuntas irregularidades en la gestión de Ángel María Villar como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que se oficie a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para que en un nuevo informe se pronuncie sobre una serie de pagos que hizo la RFEF al hijo del ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira, recoge Europa Press.

Fuentes fiscales consultadas por Europa Press, apuntan que de esta manera se informa al juez instructor, Alejandro Abascal, quien interesó su criterio sobre la petición de La Liga, que quería que investigara esos pagos. Se trata de unos 4.400 euros que la RFEF habría pagado en varias tandas entre 2011 y 2016 a Javier Enríquez, según avanzó Vozpopuli.

Fuentes del caso, han explicado que en su día La Liga ya pidió en el marco del caso Soule que la RFEF aclarara una serie de pagos que estarían injustificados, pero que una vez conocido el ya denominado caso Negreira ha insistido en aclarar este extremo.

Cabe recordar que el responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1 acordó el pasado agosto prorrogar sus pesquisas sobre Soule a la espera de recibir varios informes pendientes. En los últimos remitidos por la IGAE, a los que tuvo acceso Europa Press, advertía al instructor de la existencia de irregularidades de distinta índole en las obras y la construcción de varios campos de fútbol en España.

Precisamente, el pasado 22 de febrero trascendió que Anticorrupción respaldaba otra petición de La Liga y pedía la imputación del que fuera presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) hasta 2019 Victoriano Sánchez Arminio. El ente dirigido por Javier Tebas pidió a la Audiencia Nacional que se le investigara por el presunto desvío de 8 millones de euros que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) debía destinar a los árbitros.

En el informe de la fiscal Inmaculada Violán, al que tuvo acceso esta agencia, Anticorrupción se adhería a varias de las diligencias solicitadas por La Liga si bien rechazaba que se investigara por estos hechos a la propia RFEF.

La Fiscalía investiga los pagos que el Fútbol Club Barcelona hizo, desde 2016 hasta 2018, a José María Enríquez Negreira, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) durante 24 años, porque sospecha que detrás de ellos no existió contraprestación real alguna. Pero el club había empezado en 2001 a remunerar al exárbitro por un asesoramiento técnico del que, de momento, ni la Agencia Tributaria ni el fiscal ha encontrado pruebas.

El Barça retribuía a Enríquez Negreira facturando con dos empresas del éxarbitro: Nidsal SCP (Sociedad Civil Privada) y Dasnil 95 SL –el mismo nombre al revés–. Pero también están en el foco de la investigación los pagos del club a Javier Enríquez Romero, hijo del exárbitro, a través de una tercera empresa, Soccercam SL.

La Fiscalía sostiene, además, que los pagos al hijo se hicieron través de Tresep 2014 SL, una empresa que vincula con Josep Contreras, directivo del Barça fallecido el pasado diciembre. En su calidad de intermediario, Contreras cobraba comisiones de hasta el 50% de las cantidades abonadas a Javier Enríquez.

Los miles de documentos de Football Leaks, la investigación que destapó la cara más sucia del fútbol, desde los fraudes fiscales por los que han sido condenados Cristiano Ronaldo y Mourinho hasta Messi, detallan también todos los pagos realizados por el Barça a Enríquez Negreira, así como a Josep Contreras. En las investigaciones de Football Leaks participa infoLibre, miembro de European Investigative Collaborations (EIC), la red integrada por una quincena de medios europeos con los que la revista almena Der Spiegel compartió la filtración de documentos. Las empresas de todos los implicados aparecen en la lista de proveedores del club e incluso se presupuestan cada temporada las partidas a ellos destinadas. En noviembre de 2016, el director ejecutivo del club, Óscar Grau, ordena paralizar el pago de una factura a Tresep 2014 hasta que hable con Albert Soler, entonces director de Deportes Profesionales. Unos días más tarde, Pancho Schröder, el director financiero, pide a la jefa de administración, “para OG [Óscar Grau]”, un histórico de los pagos del club tanto a Nidsal y a Dasnil como a Tresep. Las tres empresas al mismo tiempo.

En el Excel que se le envía poco después, aparece la relación de todos los abonos hechos a las sociedades de Enríquez Negreira desde 2001 hasta 2017. Por meses y por temporadas, sin IVA y con IVA. En otro Excel figuran los pagos a Tresep desde 2014 –fecha de constitución de la sociedad– hasta 2017. Dasnil 95 fue creada en 1995 y fue la primera con la que Enríquez Negreira facturó al Barça: 135.227,74 euros, 163.625,56 euros si se le suma el 21% de IVA. En las tres temporadas siguientes, el club no facturó “nada” –con esa palabra lo consignan en el Excel–.

Es decir, el primer desembolso a Enríquez Negreira se hizo con Joan Gaspart de presidente, que no siguió pagándole. Cuando Joan Laporta ocupó ese cargo, en 2003, no le pagó hasta la temporada 2005/2006, en que comenzó a cobrar Nilsad, la sociedad civil privada del exárbitro. Laporta presidió el club hasta 2010. Ese año le sucedió Sandro Rosell, hasta 2014, año en que llegó Josep María Bartomeu, en el puesto hasta 2020. Enríquez Negreira siguió facturando al Barça a través de Nilsad hasta la temporada 2015/2016, cuando volvió a utilizar Dasnil 95 para ese fin. El 11 de enero de 2016, el entonces responsable de Tesorería, Manel Mangado, informa a la directora financiera del cambio. “Han cambiado unilateralmente la razón social argumentando los cambios normativos respecto a las SCP, sin más”, es la sucinta explicación que le da.

Los cobros de Nidsal entre la temporada 2005/2006 y la temporada 2014/2015 suman 4,37 millones de euros. En la siguiente, factura medio ejercicio Nidsal y medio Dasnil 95, un total de 521.613 euros. En la temporada 2016/2017, Dasnil 95 recibe 157.528 euros. Si a estas cifras se les añade el 21% del IVA, la cantidad total percibida por Enríquez Negreira asciende a 6,2 millones de euros desde 2001. Y sin contar la temporada 2017/2018, cuando el exárbitro abandonó la vicepresidente del CTA y el club dejó de pagarle su asesoría técnica.

Por tanto, según consta en las cuentas del club a las que ha tenido acceso Football Leaks, Enríquez Negreira empezó a cobrar cantidades por debajo de 200.000 euros en 2001 y 2005, pero sus honorarios fueron creciendo con el tiempo, hasta casi rozar los 729.000 euros en la temporada 2013/2014. En la anterior alcanzaron los 722.460 euros. Desde la temporada 2009/2010 siempre estuvieron por encima del medio millón. Los pagos eran mensuales, normalmente de entre 40.000 y 50.000 euros, excepto los que cerraban cada temporada, en junio, cuando se duplicaba o incluso de triplicaba esa cantidad, hasta 125.000 o 145.000 euros. También se hicieron estos pagos más abultados en las facturas de los meses de diciembre algunos años.

En los apuntes contables del club, los servicios por los que se hacían estos desembolsos figuran como “asesoramiento vídeos técnicos”. En el caso de un pago de 100.569,15 euros, que en la contabilidad figura como correspondiente a junio de 2015, el club lo vincula a una “grabación de los partidos de equipos españoles en competiciones europeas”, por un importe de 83.115 euros más IVA.

En el Excel donde el Barça recoge los desembolsos a Tresep 2014, la sociedad de Josep Contreras, se consignan 10 pagos entre enero de 2015 y noviembre de 2016, por un importe total de 394.460 euros, IVA incluido. Pero las facturas no eran mensuales; por lo general, se emitían cada dos meses. Normalmente por 29.040 euros, IVA incluido, pero también las hay de hasta 65.340 euros, como en junio de 2016. El concepto que figura en ellas es bastante inconcreto: “Por la prestación de diversos servicios educativos-deportivos”, con emisión de “informes sobre la participación de diversos actores de las diferentes competiciones deportivas y del seguimiento de aspectos que puedan interesar en un futuro en dicho ámbito educativo-deportivo”.

Las cantidades de estas facturas contrastan con las partidas inicialmente apuntadas en los presupuestos del club. En los de la temporada 2016/2017, se preveía un pago mensual a Tresep 2014 de 12.000 euros al mes, un total de 144.000 euros en toda la temporada.