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El futuro de la amnistía

Aguirre, el magistrado de las investigaciones eternas convertido en ariete contra la amnistía

El juez Joaquín Aguirre sale del edificio de la Diputación de Barcelona tras un registro de la UDEF en una macrooperacion por un presunto fraude de subvenciones para financiar asociaciones colaboradoras del 'procés'.

Antes de que el Supremo acaparase la atención por el bloqueo de la amnistía para los principales líderes del procés, todo el foco mediático se situaba a comienzos de semana sobre un magistrado canario convertido en uno de los principales arietes contra la medida de gracia. Se llama Joaquín Aguirre. Y es el instructor más veterano de la Ciudad Condal. Lleva 36 años en la parte más baja de la pirámide judicial. Tres décadas al frente del Juzgado de Instrucción nº1 de Barcelona repletas de algunas luces y muchas sombras. La última, la que tiene que ver con la filtración de unos audios, publicados por Diario Red, en los que el magistrado habría presumido de haber hecho caer la primera versión de la amnistía con sus resoluciones sobre la trama rusa del procés.

Aguirre, que afronta ya su última etapa en la judicatura –está a punto de cumplir 67 años–, accedió a la carrera a mediados de los ochenta. Primero, estuvo destinado en juzgados de distrito barceloneses. Luego, en el de Primera Instancia de Calatayud. Y en 1988 llegó a la que hasta ahora ha sido su casa. Una de las primeras investigaciones que llevó a cabo al frente del Juzgado de Instrucción nº1 de la Ciudad Condal giraba en torno a un fraude alrededor del servicio militar obligatorio: jóvenes que pagaban importantes sumas de dinero por certificados médicos que les permitiesen esquivar la mili. Fue, probablemente, la primera causa que situó el nombre de este magistrado en las páginas de los periódicos.

Pero su consagración como juez estrella llegó a mediados de los noventa con el caso Grand Tibidabo, centrado en la descapitalización de la empresa del mismo nombre. Aquel procedimiento se alargó durante más de una década. El juicio, que acabó con la condena al empresario Javier de la Rosa por apropiación indebida de 68 millones de euros de la compañía, tardó 13 años en celebrarse. De ahí que la Audiencia de Barcelona, en su sentencia, apreciase la atenuante de dilaciones indebidas. Los magistrados, sin embargo, rechazaron achacar los retrasos a la instrucción: "Resultaría difícil reprochar una duración de cuatro años y medio de fase instructora, habida cuenta de la complejidad de los hechos investigados, y del elevado volumen que fue adquiriendo la causa".

Un fantasma, el de las investigaciones eternas, que ha acompañado al magistrado hasta la actualidad. Aguirre lleva casi un lustro indagando sobre la trama rusa del procés. Un caso Volhov, centrado en los supuestos lazos del independentismo catalán con el Kremlin, que arrancó con la información extraída de dos móviles en el marco de unas diligencias por corrupción y que ha acabado convirtiéndose en otro de los grandes escollos alrededor de la amnistía. Al fin y al cabo, el instructor, que ha apuntado directamente hacia el expresident Carles Puigdemont, cree que hay indicios para investigar, entre otros, un delito de traición, que se encuentra, con ciertas condiciones, dentro del ámbito de exclusiones que fija la norma de olvido jurídico.

El fiasco de Macedonia

Eterno, y repleto de sombras, fue también el caso Macedonia, que ha quedado como una de las grandes manchas en el historial del magistrado. La causa arrancó allá por 2009, cuando la Guardia Civil interceptó un coche cargado con varias decenas de paquetes que parecían contener una droga que, en realidad, era en su mayor parte azúcar y yeso. Y terminó derivando en una supuesta trama de corrupción policial vinculada al narcotráfico en la zona que salpicó al Instituto Armado, a la Policía Nacional y a los Mossos d'Esquadra. Un caso en el que el magistrado no pasó, para nada, desapercibido. Para la posteridad quedan, por ejemplo, sus fotografías durante un registro en una joyería de la Ciudad Condal.

La causa sobre la supuesta trama policial se alargó tanto que la Audiencia de Barcelona tuvo que exigir en diferentes ocasiones a Aguirre que pusiera fin a las pesquisas. Al final, todo quedó en nada. Sólo un mando de los Mossos se sentó en el banquillo de los acusados. Y la Audiencia de Barcelona, en una sentencia que estableció penas mínimas para aquellos traficantes que habían pactado con la Fiscalía, le absolvió. Una resolución muy dura con el modo de proceder del instructor. Así, los magistrados subrayaron la dificultad que habían tenido a la hora de seguir el "reconstruir el ítem procesal" de la causa por la multitud de piezas separadas que se abrieron. Y señalaron que la investigación que se había realizado había sido por momentos prospectiva, "errática" y "desproporcionada".

Durante cinco meses se llegaron a intervenir más de ochenta teléfonos, "con miles de llamadas y mensajes interceptados, la mayoría de los cuales completamente irrelevantes". "La afectación de derechos fundamentales de muchos ciudadanos fue evidente y no estaba justificada de forma idónea en muchos casos", sostuvieron los magistrados. Pinchazos sobre los que habló también el major de los Mossos, Josep Lluís Trapero, cuando declaró como testigo en el juicio: "El juez iba a por la implicación de los guardias civiles, y me planteó que le pidiésemos la intervención telefónica de todos los miembros del grupo ECO". Algo a lo que se negó, diciendo al juez que si quería las escuchas tendría que ordenarlas él mismo por escrito.

Pero ahora el magistrado, al que Trapero sitúa como una de las teclas que tocó la brigada política del Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz para intentar hacerle caer, tiene otros procedimientos de gran impacto mediático sobre la mesa. Uno de ellos es el caso Negreira, en el que se investigan los pagos que el FC Barcelona realizó durante años al exvicepresidente de los árbitros José María Enríquez Negreira y que la Audiencia de Barcelona ha ido desinflando –en mayo, descartó los delitos de cohecho y blanqueo de capitales que había advertido el instructor–. El otro es el que tiene que ver con la injerencia rusa del procés, una supuesta trama que la Audiencia Nacional ya descartó en su día seguir investigando al no haber indicios suficientes.

Las maniobras de Volhov

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El caso Volhov ya ha costado al magistrado alguna reprimenda de sus superiores. La más dura, hace solo unas semanas. A comienzos de junio, la Sección Veintiuna de la Audiencia de Barcelona tumbó la prórroga decretada por Aguirre el verano pasado y declaró finalizado el plazo de instrucción. Los magistrados entendían que los hechos investigados revestían "complejidad". Pero no consideraban que su estudio fuese "inabordable" en los cuatro años transcurridos hasta entonces. En su resolución, reprochaban que la pieza de la injerencia rusa hubiese permanecido durante seis meses en "completa inactividad" y consideraban que la investigación no había "avanzado sustancialmente".

Pero Aguirre maniobró. El magistrado, consciente de que la decisión de la Audiencia de Barcelona "abocaba a un sobreseimiento de la injerencia rusa ante la falta de instrucción suficiente", decidió abrir una pieza separada sobre este asunto desgajada a su vez de otra pieza que colgaba de las diligencias de investigación con las que empezó todo. Y deslizó su intención de elevar, en cuanto la acabase, su investigación al Supremo para que se hiciese cargo de la parte relativa Puigdemont. Un movimiento que ha llevado al expresident, el jefe de su oficina y su abogado –todos ellos bajo la lupa del instructor– a interponer una querella contra Aguirre por los delitos de prevaricación y malversación.

Los querellantes piden que se le aparte de la investigación. Y lo hacen al entender que el magistrado tiene "interés personal" en el caso. Algo que, sostienen, revelan los audios desvelados a comienzos de semana. "Me han dicho que ayer lo de la ley de amnistía se tumbó por mí", se escucha en uno de los fragmentos publicados, que el medio impulsado por el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias fecha un día después de que Junts hiciese caer la primera versión de la norma de olvido jurídico tras un auto de Aguirre dando impulso a Volhov. "Al Gobierno le quedan dos telediarios alemanes, y ya está, a tomar por el culo. Entonces, hay gente que se está situando ya, que ya ha tomado partido y el partido soy yo", se oye en otro fragmento.

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