Esta semana culmina por fin el plazo para que la Comunidad de Madrid inicie el proceso para implementar en España el nuevo sistema para devolver botellas y latas al supermercado a cambio de recuperar unos céntimos: el conocido como SDDR (Sistema de Depósito, Devolución y Retorno), un mecanismo que en teoría debe estar instaurado en el país antes del mes de noviembre.

Según la ley de residuos, aunque el sistema de retorno de envases será nacional, las organizaciones que lo conformen deben ser avaladas por la comunidad autónoma en la que se encuentre su sede social, y las cuatro están en Madrid, de manera que todos los ojos están ahora puestos en esta administración. A preguntas de infoLibre, fuentes de la Consejería de Medio Ambiente madrileña no aclaran por ahora si cumplirán con el calendario legal. "Estamos trabajando en el expediente. Está aún en tramitación", responden.

Su equipo ya prorrogó seis meses esta tarea, pero el calendario ha pasado y debe dar una respuesta antes del próximo sábado. Con el retraso que acumula el proceso, todo apunta a que no habrá máquinas para devolver envases antes de 2029, más de dos años después de lo que contempla la ley de residuos.

Tanto empresas como activistas ambientales llevan meses preguntándose por qué la Comunidad de Madrid ha alargado tanto este proceso. En mayo del 2025 comenzó la evaluación de las cuatro asociaciones que se presentaron (Procircular, Ecoembes, Coripet y Asociación SDDR España) y, según fuentes del sector, no fue hasta hace un mes cuando pidió información complementaria a las organizaciones. En noviembre de 2025, todo el sector organizó una jornada en Madrid para pedir a la Consejería de Medio Ambiente que acelerase el proceso.

La semana pasada, más de un centenar de organizaciones civiles volvieron a reclamar a la Comunidad de Madrid, a través de un comunicado y de una carta dirigida a la Puerta del Sol, que cumpla con su parte. Principalmente, preocupa que la Comunidad no cumpla con el plazo legal, que vence este 22 de mayo, y que esta modernización del sistema de recogida de residuos se prorrogue todavía más.

"De no llegar ahora a los objetivos, las entidades lamentan que se puedan tardar varios años más en instaurar un sistema necesario por ley, ya que no cumplimos con los objetivos de reutilización y reciclaje que marca Europa", se lee en el comunicado. Los firmantes recuerdan que cada día en España se quedan sin reciclar 35 millones de latas, botellas y briks, que acaban en la naturaleza, en vertederos o incinerados. 

César Sánchez, portavoz de Retorna, una ONG que defiende la implantación de este sistema de reciclaje, subraya que, un año después de que el equipo de Isabel Díaz Ayuso tenga en sus manos el futuro del SDDR, no tienen ninguna información sobre la situación. "Este viernes vence el plazo y no sabemos nada. Nos ha llegado que las empresas han hecho sus trámites y tienen voluntad de avanzar. La pregunta es por qué la Comunidad ha tardado tanto si recibió la documentación hace un año", opina.

La tarea en la que la Comunidad de Madrid lleva un año atascada consiste en revisar las solicitudes y propuestas de cada una de las cuatro organizaciones para coordinar el SDDR, una documentación en la que cada asociación detalla cómo pretende garantizar que el sistema de devolución de residuos funcione de manera eficiente, cuánto calcula que costará el mecanismo y cómo piensa financiarlo, ya que es obligación de estas empresas costear el reciclaje de las botellas y latas que ponen en el mercado.

Una vez que la Puerta del Sol recopile y compruebe que la documentación es correcta, debe enviarla a la Comisión de Coordinación en materia de residuos, formada por el Ministerio de Transición Ecológica y las comunidades autónomas. El último visto bueno lo dará después, de nuevo, la Comunidad de Madrid. Pero toda esta tarea continúa parada en el primer punto.

El SDDR es importante en España porque la alternativa actual, basada en cubos amarillos, no solo es extremadamente ineficiente y un desastre ambiental, sino que provoca que España incumpla la obligación europea de recoger por separado el 77% de las botellas de plástico. El Ministerio de Transición Ecológica calcula que en 2023, el último dato disponible, solo se recogió por separado el 43,1%. Esto expone a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas a eventuales multas de Bruselas, por mucho que la responsabilidad de recoger estos envases sea de las empresas que los ponen en circulación.

Portavoces del sector de los residuos también han señalado en los últimos meses al Ministerio de Transición Ecológica, que aunque no sea el responsable de avalar a las asociaciones, supuestamente no estaba ayudando a la Comunidad de Madrid a resolver diferentes dudas jurídicas del proceso. Al fin y al cabo, la ley de residuos que estipula las fechas y los pasos a seguir, fue elaborada por el Ministerio dirigido por Sara Aagesen. Fuentes de este organismo, sin embargo, desmienten que Transición Ecológica esté detrás de este retraso, y subrayan que ya resolvieron "en agosto de 2025 las dudas que remitió la Comunidad". 

El pasado mes de noviembre, cuando empresas y consultores de reciclaje se reunieron en Madrid, calcularon que a este ritmo no habrá SDDR en España hasta 2029, más de dos años de retraso frente a lo establecido en la ley de residuos. Si las gestiones administrativas ya van con meses de retraso, después hay que instalar en España miles de máquinas donde depositar las botellas y latas –la mayoría en los supermercados– y organizar un sistema de recogida, tratamiento y valorización de los residuos.

Ignasi Puig, de la consultora ambiental ENT, opina que todo esto es imposible que se logre antes del 22 de noviembre de 2026, la fecha límite estipulada en la ley de residuos. "Ya sea por poco interés por parte del sector de residuos, o poca diligencia de la administración, claramente no se va  a cumplir el plazo de 2026, lo cual dice mucho de la poca seriedad de este país. Mi pronóstico es que tratarán de retrasarlo lo máximo posible, probablemente a 2029", explica.

La principal consecuencia de que el sistema SDDR se retrase mucho más allá de 2026 es medioambiental. Está demostrado que si se devuelven unos céntimos al usuario, la probabilidad de que recicle correctamente los envases crece exponencialmente, con una tasa de recuperación de botellas y latas superior al 90% en los países en los que ya funciona –más de la mitad de los países de la Unión Europea–. Es decir, de cada 100 envases que se tiran a la basura, más de 90 llegan de nuevo al fabricante en condiciones idóneas para ser reutilizadas o recicladas.

La segunda ventaja del SDDR es que en la actualidad, por cómo está diseñado el sistema de reciclaje de residuos en España, las empresas de envases solo se hacen cargo económicamente de las latas y botellas que acaban en los contenedores amarillos, y las que se tiran a las papeleras, al contenedor gris o acaban en la naturaleza, si se recogen, es a cargo del ayuntamiento, incrementándo el gasto municipal de recogida de basuras.

El sistema de reciclaje basado en devolver los envases vacíos al supermercado gana adeptos en el continente a toda velocidad y ya está implantado en 16 países de la Unión Europea. Mientras tanto, en España el proceso de implantación sigue estancado, pese a que debería ponerse en marcha antes del mes de diciembre y el sector no espera que vea la luz hasta 2029, saltándose así el reglamento español y europeo de residuos.

Portugal se sumará el 10 de abril a esta extensa lista poniendo en marcha el conocido como Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), un mecanismo de reciclaje basado en que cada botella y lata vendida cuesta unos céntimos de más –10 céntimos en el caso portugués– que se recuperan al devolver el envase vacío y en buen estado a unas máquinas específicas o en mano en miles de establecimientos del país.

En los últimos dos años también han introducido el SDDR Austria, Hungría, Irlanda, Rumanía y Polonia, hasta el punto de que ya son mayoría el número de países de la UE que lo tienen. La razón, explican los expertos, es que el sistema funciona y da muy buenos resultados en tiempo récord porque el consumidor se beneficia económicamente de reciclar, o sufre las consecuencias de no hacerlo. También es más transparente que el sistema actual, en el que todos los envases tienen un pequeño sobrecoste que es invisible para los ciudadanos, de alrededor de 1 céntimo por lata o botella, que además no se recupera.

"Es evidente que si queremos un modelo de economía circular hay que pasarse al SDDR en España", opina César Sánchez, portavoz de Retorna, una ONG que defiende la implantación de este sistema de reciclaje. "En todos los países que se ha puesto en marcha es eficiente para la sociedad y la industria, con unos índices de recuperación de envases del 90%".

Austria, que cumplió un año con el sistema de recuperación de envases el pasado 1 de enero, demuestra que el modelo logra un cambio de mentalidad y de comportamiento inmediato en la población. En doce meses han conseguido que el 81,5% de los envases que compran los hogares se devuelva a las máquinas, reintroduciendo en el circuito de reciclaje 1.400 millones de latas y botellas.

El caso austriaco es solo una prueba más de la eficacia del SDDR. En los países que lo han adoptado en Europa se recuperan de media el 88% de los envases adheridos a este sistema, con algunos ejemplos donde se roza la circularidad plena. Finlandia (99%), Alemania (98%), Dinamarca (93%) y Noruega (92%) son los países con los sistemas más eficientes de recuperación, mientras que el único que rompe la estadística es Países Bajos (68%).

Lo interesante del sistema SDDR es que garantiza que las latas y botellas se recogen en máquinas que facilitan enormemente su reciclaje porque se clasifican automáticamente y se conservan relativamente limpias. La alternativa actual son los contenedores amarillos, donde se mezclan todo tipo de residuos: bidones de aceite, latas de conservas, briks de zumo, papel de aluminio, basura que termina ahí por error... encareciendo el tratamiento de los envases e incentivando que se acaben incinerándose o llevándose a vertederos.

El funcionamiento del sistema depende de cada país. En Portugal, según publica Expresso, para que el reembolso sea válido los recipientes deben estar intactos, con sus tapones y etiquetas. El incentivo para devolver el envase va a ser importante porque a 10 céntimos por envase, detalla el diario portugués, supone que un paquete de seis botellas de agua que costaba hasta ahora un euro, pasará a costar 1,60 euros, un 60% más.

Por supuesto, implantar este sistema cuesta mucho dinero porque supone instalar miles de máquinas de recuperación de envases en lugares públicos, pero en todos los países donde funciona se ha demostrado económicamente viable, según César Sánchez. Al incrementar el porcentaje de reciclaje de plástico y aluminio, las empresas pueden vender estos materiales y recuperar la inversión, y también se generan ingresos de los céntimos no reclamados por los usuarios que no devuelven los envases. En última instancia, si todo eso no es suficiente para costear el mecanismo, son las empresas que ponen esos envases en circulación las responsables de pagar la diferencia.

En Portugal, por ejemplo, el Gobierno calcula que el SDDR costará de entrada 150 millones de euros, además de 90 millones de euros anuales para costear la operativa, y contará con 2.500 máquinas de recogida.

En teoría, el Gobierno debe implementar en España el sistema de devolución de botellas al supermercado este año, pero nadie en el sector cree que se llegará a tiempo. En noviembre de 2024 el Gobierno confirmó que España había incumplido los objetivos de recogida separada de botellas de plástico y eso obligaba, según la Ley de Residuos, a instaurar el SDDR en un plazo de dos años, que vence antes del 22 de noviembre de 2026.

Sin embargo, diferentes fuentes del sector coinciden en que esto no ocurrirá hasta al menos 2029 porque ni siquiera se ha dado autorización a las empresas productoras y comercializadoras de plástico, agrupadas en organizaciones llamadas SCRAP (Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor) para que empiecen a organizar el sistema. En España se han postulado a esa tarea tres SCRAP (SDDR España, Ecoembes, Procircular), que necesitan la homologación de la Comunidad de Madrid para poder empezar a trabajar.

El problema es que el Gobierno regional inició en mayo del año pasado el proceso de concesión de autorizaciones para gestionar el sistema, un papeleo que en principio debía resolverse en seis meses, pero se prorrogó otros seis, hasta mayo de 2026, y todo apunta a que se volverá a extender el proceso una vez más.

Arancha Bengoechea, experta de Derecho Público del despacho Andersen, descarta que este primer paso se cierre antes de mayo porque la Ley de Residuos choca en algunos puntos con el reglamento de la Unión Europea sobre este asunto, que entra en vigor el próximo mes de agosto. Por ejemplo, la ley española no contempla que el canal de distribución forme parte del SDDR y el reglamento europeo sí.

"Si ahora ponemos en marcha el sistema con la normativa en vigor, en agosto va a ser incompatible con el reglamento europeo", opina la experta. Como ese proceso de autorizaciones finaliza en mayo y no se puede volver a posponer, Bengoechea cree que se cerrará en esa fecha y se volverá a iniciar después en el punto en que quedó, por lo que no hay una fecha clara para que el sistema eche a andar.

Una vez que la Comunidad de Madrid aclare qué SCRAP tienen permiso para operar, deberán sentarse con la supervisión del Ministerio de Transición Ecológica a organizar el sistema de devolución de botellas: aclarar cómo funcionará, dónde estarán los puntos de recogida, comprar la maquinaria, contratar al personal y adaptar los centros de tratamiento de residuos al SDDR, de ahí que se vaya a retrasar probablemente a 2029.

Eso supondrá, por un lado, que España incumplirá la Ley de Residuos porque no llegará a la fecha tope de noviembre de 2026 o la adaptará a la nueva realidad. Por otro lado, España incumplirá probablemente también el Reglamento europeo de Residuos, que obliga a la recogida separada del 90% de las botellas y latas en cada país antes del 1 de enero de 2029. España apenas recogió por separado en 2023 el 41,3% de las botellas de plástico.

Hace seis años que Ecoembes, la organización que tiene el monopolio de la recogida de envases domésticos en España, implantó un sistema que según ellos "evolucionaría" la manera de reciclar en el país. Crearon una app de móvil llamada Reciclos que daba boletos para sorteos a quienes demostrasen que tiraban al contenedor amarillo las botellas o las latas, pero una investigación de infoLibre demostró que el sistema era un despropósito porque se podía canjear una y otra vez el mismo envase. Lo que entonces se anunció con stands publicitarios por toda España, fue discretamente cancelado el pasado 31 de diciembre.

Ecoembes –que aglutina a gigantes de los envases como Coca-Cola, Nestlé, L'Oreal, Alcampo o Mercadona– presentó Reciclos en 2020, un momento clave del sector, cuando el Gobierno estaba elaborando la nueva Ley de Residuos y la nueva Ley de Envases, que entraron en vigor a lo largo de 2022. En los años anteriores se discutía cómo reconvertir el sistema de reciclaje de España, que algunas organizaciones civiles ya calificaban de desastroso –como se confirmó oficialmente en 2024–. Ecoembes, que tiene desde los años 90 el monopolio del reciclaje de las botellas y las latas, anunció entonces Reciclos para corregir la situación, pero seis años después solo ha servido para incentivar el reciclaje de una fracción ínfima de los envases, aunque Ecoembes no da cifras oficiales de la campaña.

Una investigación de infoLibre de 2023 demostró que estaba en las antípodas de solucionar los pésimos datos de reciclaje de España, donde solo se tiran al contenedor amarillo el 43% de las botellas de plásticos. El sistema consistía en fotografiar con el móvil el código de barras de un envase y depositarlo en un contenedor amarillo que también tuviese un código QR. A cambio, el usuario recibía dos puntos "R" por botella y uno por lata, que podía canjear en la app para entrar en sorteos de tecnología, comida y viajes o donarlos a causas solidarias.

El problema era que un solo envase podía escanearse infinitas veces y simplemente había que repetir el proceso una y otra vez para conseguir más puntos. La solución para evitar el trampeo pasaba porque una persona solo podía canjear un máximo de seis envases del mismo tipo (botella o lata) al día y 25 a la semana, pero eso derivaba en el segundo absurdo: un mecanismo pensado para incentivar el reciclaje limitaba el reciclaje. 

Más allá de los problemas técnicos, los expertos en residuos advirtieron desde el primer momento que el programa era "una huida hacia adelante" de Ecoembes, como lo calificó Greenpeace, porque era la propuesta de la industria para evitar implantar en España un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), un mecanismo de reciclaje basado en que cada botella y lata vendida cuesta unos céntimos de más que se recuperan al devolver el envase vacío al supermercado.

El SDDR es la fórmula más popular en el mundo para incentivar la recogida selectiva de botellas y permite, en cuestión de meses, lograr una recogida de estos envases por separado del 90%, facilitando enormemente su reciclaje. Sin embargo, Ecoembes se creó en 1997 precisamente para evitar implantar en España un sistema SDDR, más costoso para las grandes empresas. No obstante, como los datos de reciclaje de botellas continúan hoy siendo pésimos, la Ley de Residuos de 2022 finalmente obligó a imponer el mecanismo SDDR, aunque parece que no llegará hasta 2029.

Desde que Reciclos empezó a funcionar en 2020, Ecoembes lo ha utilizado como el gran expositor de su compromiso con el reciclaje, con numerosos influencers haciéndose eco del proyecto en redes sociales, campañas de publicidad en medios de comunicación y stands en diferentes ciudades para atraer al público. Sin embargo, la organización no anunció públicamente el fin del programa, solo a los usuarios suscritos.

En su mensaje de despedida, Ecoembes hablaba de Reciclos como un "proyecto piloto". "Cada participación, cada reciclaje y cada interacción nos ha ayudado a avanzar con paso firme por un futuro sin residuos", decían a los usuarios. Fuentes de la organización confirman que Reciclos ya está dado de baja porque "ha cumplido el cometido con el que nació, que no fue otro que ensayar en un terreno real el uso del incentivo para empujar aún más el reciclaje en España". "A partir de ahora ese terreno corresponderá al SDDR", añaden desde Ecoembes. Sin embargo, aunque ahora hablen de Reciclos como un experimento para la transformación del sistema en el futuro, Ecoembes nunca promovió el cambio a un modelo SDDR.

César Sánchez, portavoz de Retorna, una ONG que defiende desde hace 20 años la implantación de un sistema SDDR en España, opina que Reciclos se puso en marcha "para tapar lo que luego se confirmó, que solo se recuperaban el 40% de los envases de bebidas" en los cubos amarillos. "Fue una operación de marketing que llegó cuando se empezó a discutir en el Congreso la nueva ley de residuos. Su cierre ahora demuestra que nunca tuvo recorrido y que no estaba controlado", añade.

Fuentes de Ecoembes explican que Reciclos tuvo en esos seis años 900.000 usuarios en España, aunque no trasladan cifras de cuántos envases se reciclaron con esta plataforma. Un comunicado de la organización a cierre de 2024 decía que se habían repartido hasta ese momento 2,5 millones de puntos, que en el mejor de los casos –si solo se devuelven latas, que daban un punto– equivaldrían a 2,5 millones de envases. Sin embargo, en España se consumen cada día 50 millones de ellos. Y esto sin contar con que el sistema permitía fácilmente el fraude, permitiendo canjear una sola botella o lata repetidas veces.

En la guerra alrededor de las nuevas –o actualizadas– tasas de basuras hay una pieza que hasta ahora ha sido ignorada: el papel de Ecoembes. Esta asociación empresarial debe pagar cada año a los ayuntamientos para que recojan los más de 50 millones de envases que pone en circulación en España cada día, pero lleva más de dos décadas evitando hacerse cargo de una parte destacada de esos costes, trasladando ese peso a las cuentas municipales. Ese agujero, que Greenpeace estimó en 1.700 millones de euros al año en toda España en 2021, infla el gasto de los consistorios en su sistema de recogida de basuras y ese coste extra se traslada a las nuevas tasas de residuos implantadas en todo el país.

La ley de residuos aprobada en 2022 obligó a que, a partir de 2025, el coste de los servicios municipales de basuras se cubriese íntegramente mediante una tasa específica, y miles de municipios han tenido que crear una nueva –porque hasta entonces financiaban ese gasto a través de otros impuestos como el impuesto de bienes inmuebles (IBI)– o subir drásticamente las que tenían ya implantadas. Este cambio se ha empezado a materializar en los últimos meses, cuando han llegado a los hogares facturas desde los 56,87 euros de Toledo a los 249,38 de Valencia, lo que ha derivado en una tormenta política y jurídica.

La tasa ha logrado precisamente lo que pretendía cuando se traspuso desde la normativa europea: aflorar el coste real de la recogida y el tratamiento de basuras y demostrar qué ayuntamientos tienen bien gestionadas sus áreas de residuos, frente a los que abusan del vertedero o la incineración. Sin embargo, la subida drástica de las tasas también ha vuelto a evidenciar el agujero milmillonario del sistema de recogida de basura por cubos de colores, impulsado por Ecoembes hace más de 25 años.

Esta organización, que aglutina a gigantes como Coca-Cola, Nestlé, L'Oreal, Alcampo o Mercadona, debe pagar cada año a los ayuntamientos a cambio de que estos recojan los envases (de plástico, papel, metal y vidrio) que ponen en circulación sus miembros. Pero la organización lleva años reinterpretando la ley para devolver a los alcaldes solo una parte del coste de la recogida, pese a que la ley ambiental europea se rige bajo la premisa de que "quien contamina paga".

Entre 1997 y 2022, Ecoembes interpretó que ellos solo tenían que abonar a los municipios el coste de recoger los envases del contenedor amarillo, verde (vidrio) y azul (papel), pese a que una parte muy importante de la basura de la que Ecoembes es responsable termina en papeleras de la calle o en los contenedores de restos.

Un estudio de Greenpece calculó en 2021 que la diferencia entre lo que se gastan los ayuntamientos en recoger los envases de Ecoembes y lo que luego esta reembolsaba es de alrededor de 1.700 millones de euros al año. El problema, señalan los expertos, es que no hay ninguna administración que tenga un cálculo oficial de esta cifra, sino que se ha preferido ignorar el problema.

Francisco Peula, director de la ONG Rethinking y autor de aquel estudio, explica que a día de hoy la cifra de 1.700 millones apenas ha cambiado. "Entre el 30% y el 40% de los costes de recogida de basuras de un municipio se destinan a tratar residuos que están dentro de sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor [aquellos cuyo coste debe asumir la empresa que los fabrica o los pone en circulación], pero yo calculo que los productores solo pagan el 15% de ese coste", opina el experto.

Para poner en perspectiva esos 1.700 millones de euros, equivalen al 49% de la cantidad que han ingresado los ayuntamientos de toda España con las nuevas tasas de basuras hasta el mes de octubre (3.488 millones de euros). Es decir, que solo con lo que dejan de pagar las compañías por la recogida de sus envases se podría financiar un gran porcentaje de las nuevas y polémicas tasas. Es cierto que, según la Fundación ENT, las tasas de basuras abonadas hasta octubre no cubren íntegramente el gasto municipal de España para basuras de 2025 (5.325 millones), por lo que el agujero que deja Ecoembes representaría alrededor del 32% del presupuesto total de los ayuntamientos.

Fuentes de la organización empresarial opinan lo contrario, que el dinero que abonan a los consistorios es el que corresponde según la ley de residuos. "En el convenio que firmamos con la administración pública, Ecoembes propone una fórmula de pago ajustada a derecho, previamente revisada por todas las partes y analizada por sus respectivos servicios jurídicos", señalan desde el consorcio.

El experto en tasas de residuos Ignasi Puig, de la Fundación ENT, confirma que en este momento hay un desequilibrio entre lo que los fabricantes de envases y otros productos pagan a los ayuntamientos, y lo que deberían pagar. "Hasta ahora Ecoembes (en envases) y otros SCRAP han soportado en el mejor de los casos el coste de la recogida separada [en cubos amarillos, verdes y azules], pero no el littering [las papeleras] ni la gestión de residuos de fracción restos [el cubo gris o naranja].

Cuando Puig habla de SCRAP se refiere a los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor, las organizaciones donde las empresas que fabrican diferentes tipos productos se agrupan para compensar a los municipios por recogerlos. Ecoembes es el más conocido, y se dedica a costear la recogida de envases domésticos de plástico, metal, vidrio y papel (como latas de refresco, botellas de vino o envases de champú), pero también hay otros SCRAP muy relevantes como los de recogida de pilas, fármacos o envases industriales. 

Desde el 1 de enero de 2025 también es obligatorio que los fabricantes de textiles formen su propio SCRAP, así como los productores de aceite, pero en el sector de los residuos es común que la ley se incumpla porque se une que la Administración lo permite con que las empresas hacen todo lo posible para ahorrarse millones. "Todo lo que no asumen los SCRAP va a la factura del municipio y en el momento en el que afloran los costes, como ha pasado con las nuevas tasas de basuras, se producen subidas que no serían tan fuertes si la ley se cumpliese de manera exhaustiva", valora Puig.

Por otra parte, el cálculo de Greenpeace de 1.700 millones se queda corto porque solo incluye envases, vidrio y papel, pero falta sumar el coste no abonado a los ayuntamientos de la recogida de textil –cada año llegan 990.000 toneladas de ropa a vertederos en España– y el de otros productos que ni siquiera están obligados a formar un SCRAP, como muebles o colchones, de los que los productores se desentienden por completo.

Para acabar con ese agujero mil millonario en las cuentas locales, el Ministerio de Transición Ecológica introdujo en 2022 en la ley de envases que "los sistemas de responsabilidad ampliada del productor en materia de envases domésticos financiarán todos los costes que las entidades locales, o en su caso, las comunidades autónomas, tengan efectivamente que soportar por la gestión de los residuos de envases.

Esa frase pretendía acabar con las interpretaciones legales de Ecoembes y obligar a las grandes empresas a pagar no solo por los envases recuperados en el contenedor amarillo, sino también los que se recogen en el gris y el naranja, o en las papeleras. El detalle no es menor porque el 70% de los envases acaba en el contenedor "resto". 

Esto supone pagar también por su traslado, su separación del resto de la basura, su clasificación y su eventual incineración o depósito en vertedero. Multiplicado por los 20.000 millones de envases que se consumen cada año en España, se entiende que un pequeño cambio legal pone en juego tantísimo dinero. 

No obstante, aunque la ley entró en vigor hace tres años, este cambio en la metodología de cálculo todavía no se ha introducido en la gran mayoría del país. Los pagos de Ecoembes a los ayuntamientos a cambio de la recogida de sus envases están estipulados en acuerdos que tiene firmados con cada comunidad autónoma y que datan mayoritariamente de 2014. Ahora tienen que ser actualizados con las nuevas exigencias del ministerio, pero solo Cataluña, Navarra y Canarias han modernizado sus contratos. 

El resto de comunidades lleva casi un año negociando con Ecoembes para pactar una mejor retribución que haga a las empresas asumir el 100% del coste de sus envases, pero Francisco Peula, que colabora como asesor en esas negociaciones, afirma que la oferta inicial de Ecoembes "eran un plato de lentejas" y ahora están en discusiones a tres –comunidades, Ministerio y Ecoembes–. Si no se alcanza un acuerdo antes de marzo, la negociación acabará en arbitraje, según recoge la ley de envases.

Hace un año que el Ministerio de Transición Ecológica activó el calendario para imponer en España un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), un mecanismo de reciclaje basado en que cada botella y lata vendida cuesta unos céntimos de más que se recuperan al devolver el envase vacío al supermercado. La ley obliga a implantarlo en todo el país antes del 22 de noviembre de 2026, pero nadie en el sector espera que esté listo antes de 2029, lo que forzaría a saltarse la ley de Residuos o a modificarla antes de que llegue la fecha.

La culpa es principalmente de la Comunidad de Madrid, que debe autorizar a las asociaciones del sector que se postulan a coordinar ese nuevo sistema, que será organizado y controlado por las empresas privadas que produzcan y vendan los envases, bajo supervisión del Ministerio de Transición Ecológica. Aunque el sistema de reciclaje será nacional, las organizaciones deben estar avaladas por la comunidad autónoma donde se encuentra su sede social, y las más importantes –Asociación SDDR España y Procircular– están en Madrid.

Fuentes del sector culpan también al Ministerio de Transición Ecológica, el autor del marco normativo nacional que regirá la implantación del SDDR. Según afirman, la Comunidad de Madrid "está pidiendo aclaraciones jurídicas" al ministerio de Sara Aagesen y las dos administraciones no terminan de ponerse de acuerdo. La realidad es que el sector sabe poco sobre lo que pasa en esas conversaciones. "Lo que pedimos es un impulso político general porque tanto las asociaciones sociales como la industria coincidimos en que todos saldríamos beneficiados de implantar el SDDR", opina César Sánchez, portavoz de Retorna, una ONG que defiende la implantación de este sistema de reciclaje.

El sistema SDDR garantiza que los hogares, los bares y las oficinas se molesten en separar las botellas, las latas –y posiblemente también los briks– del resto de la basura, porque si los llevan a una máquina de depósito reciben un incentivo económico. Esto permite recuperar los envases mucho más limpios para facilitar su reciclaje y evita que una parte importante acabe en la naturaleza o en los vertederos, como ocurre ahora.

Tal y como está montado el sistema actual de reciclaje, monopolizado por Ecoembes, los municipios tienen que hacerse cargo ahora de los envases que se reciclen incorrectamente –del resto se ocupa Ecoembes–, y eso supone un sobrecoste de cientos de millones al año para los alcaldes. Sánchez subraya que cuanto antes se implemente el SDDR en España, mayor será el ahorro de los ayuntamientos: "Si seguimos con el sistema actual durante más tiempo, solo recogemos por separado el 40% de las botellas, un sobrecoste que pagan los municipios y los contribuyentes".

Todo el sector del reciclaje se ha reunido este martes en Madrid para meter presión a las administraciones, aunque tanto las empresas como los activistas son muy pesimistas. "Tenemos un calendario muy exigente y cada vez somos más los que sabemos que no se va a poder cumplir. Lo que no entendemos es por qué, ya que el calendario lo conocíamos desde hace tiempo y es responsabilidad del Ministerio de Transición Ecológica que se cumpla", afirmó durante una mesa redonda Ignasi Puig, de la consultora ambiental ENT.

Según el calendario que dicta la ley, las comunidades autónomas tenían seis meses desde mayo de 2025 para autorizar a las diferentes asociaciones el permiso para coordinar el sistema SDDR. Ese plazo termina el 22 de noviembre, pero la Comunidad de Madrid ya ha avisado al sector de que el proceso se pospone otros seis meses, porque las consejerías tienen la posibilidad de extender el plazo hasta un año. "Acaban de darnos una prórroga de seis meses argumentando que hay dificultades en el procedimiento, y la dificultad es que no hay una regulación jurídica segura [desde el ministerio]", opinó también Arancha Bengoechea, consultora jurídica de reciclaje. "No podemos mover un dedo hasta mayo de 2026, y en teoría debería estar funcionando el 22 de noviembre. Ni por asomo", añadió.

Además del sobre coste para los ayuntamientos, implementar el sistema SDDR en 2029 significa que será prácticamente imposible para España cumplir la Directiva europea de Resiudos, que marca que en 2029 todos los países de la Unión Europea deberán recoger por separado el 90% de sus botellas de plástico y sus envases metálicos de menos de tres litros, fundamentalmente latas. Esto expondría a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas a eventuales multas de Bruselas, por mucho que la responsabilidad de recogerlas sea de las empresas que los ponen en circulación.

El establecimiento de un sistema de devolución de botellas se fijó hace un año, cuando el Ministerio de Transición Ecológica publicó los primeros datos independientes sobre la recogida de botellas de plástico en España. En 2023 solo se recogieron por separado el 43,1%, una cifra muy inferior al objetivo de Bruselas para ese año (al menos un 70%). Pero eso no es todo. Ese número es muy inferior a los datos que había dado en años anteriores Ecoembes, que estimaba una recogida separada del 74,4%, una cifra artificialmente inflada, como denunciaban expertos del sector. Ese maquillaje de los números, que se produjo durante años, permitió a las compañías evitar la implantación de un SDDR durante años, más caro para la industria que el sistema actual.

Me siento estafada por mi alcalde. Tanto, que interpuse hace unos días un recurso en el tribunal económico-administrativo de mi municipio tan pronto recibí y pagué los cerca de 200 euros de la liquidación de la nueva tasa de basuras que, según él y sus cálculos, me corresponden.

Hace algo más de un año escribía “Se busca: sensatez hasta en la basura”, donde anticipaba temores que ahora constato y comparto: la nueva tasa de basuras, en la mayoría de los casos, no cumple con las dos premisas que la Ley 7/22 de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular dicta que deben guiar su diseño: “Cobertura total de los costes de la prestación del servicio” y “Quien contamina, paga”.

El modelo económico adoptado por las entidades locales para determinar, mediante ordenanza fiscal, el importe de la tasa o prestación patrimonial de carácter público no tributaria, diferenciada y específica para los servicios que deben prestar en relación con los residuos de su competencia y que deben tender hacia el pago por generación tal como establece la Ley, es un despropósito.

Diseñar una ordenanza fiscal de estas características no es tarea fácil, especialmente para los municipios de menor tamaño, que son la mayoría en España. Las ordenanzas fiscales son las disposiciones aprobadas por el pleno en las que las corporaciones locales establecen la regulación de los tributos de ámbito local, ya sean impuestos (como el IBI), contribuciones especiales (por la obtención de un beneficio o de un aumento de valor de los bienes del obligado como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos), o tasas como la que nos ocupa.

Son muchos los detalles del diseño de la tasa de basuras que desconocemos porque se nos ocultan, o no están contemplados.

El primero de ellos es que, si reduzco, reutilizo y separo para reciclar como si no hubiera un mañana, o lo contrario, ¿se ha tenido en cuenta mi comportamiento en el cálculo de la tasa que me corresponde pagar? ¿Se tiene en cuenta el comportamiento de las vecinas y vecinos de mi barrio? ¿De los de mi calle? No he visto nada de esto en mi liquidación.

El segundo es que, entendiendo perfectamente que el coste del servicio de recogida y gestión de las basuras es muy considerable (lo conocemos ahora, que es visible), y que debe estar cubierto por unos ingresos suficientes estimados a partir de dicho coste, tengo la sospecha de que esos ingresos pueden no estar incluyendo la contribución económica de quien gestiona la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) a la que la Ley 7/22 dedica el Título IV.

Sospecho que en el modelo económico que determina el importe de la tasa de basuras nos han endosado a los residentes la parte correspondiente al cumplimiento de la RAP. En otras palabras, sospecho que Ecoembes no está cumpliendo su parte del trato.

Si la RAP no está contemplada en el cálculo de la tasa –no la veo en muchas ordenanzas fiscales–, estamos pagándola los ciudadanos. Dos veces, para más inri. Y es muchísimo dinero. Otra forma de cuestionar el asunto es preguntarse si las corporaciones locales están ingresando de Ecoembes lo que les corresponde por los materiales recuperados de envases a la luz de la nueva normativa.

Creo que hay pocos asuntos más cotidianos y cercanos a la ciudadanía como la basura. Una basura que generamos y de la que debemos todos y todas, consumidores y productores, responsabilizarnos. 

España eligió en su momento que de la RAP de la gestión de determinados residuos se encargaría la propia industria que los produce y coloca en el mercado, y que nosotras compramos. Se llaman Sistemas Integrales de Gestión (SIG) y hay uno para cada tipo de residuo.

El SIG de los envases que nos desbordan lo ejerce desde hace 25 años Ecoembes, autodenominada organización sin ánimo de lucro, de la que son accionistas participantes de la industria que produce productos envasados (en la que predominan las empresas de alimentación, de limpieza, belleza e higiene y de bebidas), y de la que los distribuye y vende (supermercados, grandes superficies). Como lo del lobo cuidando a las gallinas.

¿Cómo podríamos verificar, como ciudadanos atracados por una tasa mal diseñada, que Ecoembes está poniendo de su parte todo lo que tiene que poner? ¿Nos han endosado la totalidad del coste sin tener en cuenta la contribución que debe hacer Ecoembes por la RAP? ¿Está reflejada esta contribución de la RAP en los ingresos de las corporaciones locales? ¿Forman parte estos ingresos de los cálculos de la tasa de basuras? ¿Estamos pagando dos veces, los ciudadanos, por la RAP?

Echadle una mano a vuestro alcalde o alcaldesa. Preguntadle acerca de los detalles de la tasa de basuras cuyo recibo acabáis o estaréis próximos a recibir y que, como yo, pagaréis. Y luego, si queréis, recurriréis. Sinceramente, creo que no es mala fe; creo que estamos frente a una flagrante captura del regulador por una parte muy interesada y poderosa que se oculta tras la imagen bondadosa de una supuesta ONG que, si en algo es experta, es en practicar green washing de libro. Ecoembes es un polizón que nos sale muy caro a todos y a todas.

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Verónica López Sabater es economista.

En julio de 2024, la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC) publicó un duro informe sobre el sector de los residuos de envases en España en el que señalaba que el mercado está completamente monopolizado por Ecoembes, la organización sin ánimo de lucro donde están representados gigantes de la industria como Coca-Cola, Nestlé o los grandes supermercados.

Este lunes, el Ministerio de Transición Ecológica junto con responsables de la CNMC y expertos del sector se han reunido en Madrid para buscar una solución que dé transparencia a este sector opaco e introduzca nueva competencia para mejorar su eficiencia. El Gobierno afirma que hay seis sociedades que ya cuentan con autorizaciones provisionales para empezar a operar y desplazar a Ecoembes en la recogida de envases domésticos, pero todavía hay barreras que dificultan la apertura de este negocio.

En teoría, la entrada de competencia en un mercado sirve para abaratar un servicio, pero en este caso los expertos opinan que los ayuntamientos —y los vecinos— apenas notarán en sus presupuestos la entrada de nuevos operadores en la recogida de residuos urbanos. Aunque Ecoembes cubre el coste de la recogida de envases en los cubos amarillos (plásticos y latas) y azules (papel y cartón), en realidad quien gestiona la recogida, la clasificación y el reciclaje son los ayuntamientos. De manera que, si la competencia consigue arrebatar contratos a Ecoembes en ayuntamientos y comunidades autónomas, pagará más o menos lo mismo que en la actualidad, porque el coste del sistema de recogida y tratamiento de envases no cambiará.

"El impacto para el ciudadano de una mayor competencia en la recogida de residuos será realmente bajo o imperceptible", opina Josep Simó, director del Área de Infraestructuras de la Agencia de Residuos de Cataluña. "En realidad, aproximadamente el 95% del coste de la recogida lo determina el sistema que tenga contratado cada ayuntamiento. Podría abaratarse un poco si la nueva competencia es más eficiente en su organización, o si logra sacar más dinero vendiendo los materiales reciclados, pero el margen es muy pequeño", añade el experto, que participó este lunes en la mesa redonda organizada por la CNMC.

En el informe que publicó el año pasado Competencia, se recogía el caso alemán, que en 2003 decidió abrir las puertas del sector de la recogida de basuras para que entrasen nuevos actores. En una década logró reducir los costes de recogida un 44 %, y los de clasificación y procesamiento un 76 %. En total, según un informe del regulador alemán, lograron un ahorro anual de 1.000 millones de euros para los consumidores. 

Pero la estrategia de Alemania no puede trasladarse a España porque allí incorporaron el llamado sistema organizativo, en el que son las empresas de envases las que organizan su recogida (contratan los camiones y costean el tratamiento de los residuos) en lugar de pagar a los ayuntamientos para que lo hagan, como en España (modelo financiero). De esta manera, la competencia entrante en Alemania realizó una recogida y una clasificación de residuos mucho más eficiente, lo que permitió ese ahorro sustancial.

En todo caso, durante el encuentro de este lunes se debatieron otras fórmulas para tratar de abaratar la recogida de basuras, que el año pasado costó a los ayuntamientos españoles 3.947 millones de euros, según calcula la fundación de residuos ENT. Margarita Ruiz, subdirectora general de Residuos del Ministerio para la Transición Ecológica, explicó este lunes que el Gobierno está trabajando con las comunidades autónomas para elaborar acuerdos marco para facilitar la negociación de estas administraciones con Ecoembes y con sus futuros competidores.

Uno de los principales agujeros contables de los ayuntamientos en materia de residuos es que Ecoembes no paga actualmente a los alcaldes el coste real de la recogida de los envases, sino unas cantidades previamente pactadas con los ayuntamientos o las comunidades autónomas. De esta manera, si la recogida se encarece en los siguientes años (los acuerdos duran de media 4,2 años), la diferencia se cubre con los presupuestos municipales. Lo que busca Transición Ecológica es que en esta negociación plurianual entre Ecoembes y las comunidades autónomas y los alcaldes, los funcionarios negocien acuerdos que reflejen el coste real del tratamiento de los envases.

Otro de los asuntos que se discutieron en la jornada fue cómo facilitar la entrada de competencia en la recogida de los envases generados por los hogares, un sector que lleva 25 años dominado por Ecoembes. Salvo en municipios puntuales, esta sociedad es responsable de la recogida de los envases de papel, cartón, aluminio, plástico y vidrio que generan las familias en todo el país. En este sentido, la CNMC insiste en que es imprescindible que empiecen a operar otros rivales para garantizar la eficiencia en el sector.

Las sociedades encargadas de costear la recogida de envases se denominan Scrap (sistemas de responsabilidad ampliada del productor), y son organizaciones que reúnen a las empresas que ponen cada día millones de envases en el mercado (botellas, latas, tetrabriks, cajas…). Como estas compañías están obligadas por ley a hacerse cargo de estos residuos, la función de los Scrap es reclamar a cada fabricante un dinero —en función de su volumen de ventas— para entregárselo anualmente a los ayuntamientos a cambio de la recogida. En este momento, Ecoembes es el único Scrap que opera en España para el tratamiento de envases doméstico, pero el objetivo es que entren nuevos en los próximos años. 

Margarita Ruiz, de Transición Ecológica, señaló que el Gobierno ya está trabajando para garantizar la competencia en el sector. "Estamos iniciando el proceso a esa apertura de la competencia. Ya hemos emitido 19 autorizaciones temporales para que empiecen a funcionar nuevos Scrap", dijo este lunes la alto cargo del ministerio. De esas 19 autorizaciones, seis son para sistemas de recogida de envases domésticos, y el resto para envases comerciales e industriales. 

Para fomentar la entrada de esta competencia, los representantes de la CNMC pidieron al Gobierno más facilidades para crear un Scrap en España, ya que consideran que se les exigen demasiada documentación. También flexibilizar el proceso que tiene que realizar una empresa que pone plásticos en circulación para cambiar de Scrap, de manera que sea más fácil cambiarse a la competencia. Entre otras cosas, proponen además que cada uno de los Scrap no tenga que negociar con un ayuntamiento o comunidad para operar en ella, lo que puede demorar durante meses su entrada en funcionamiento, sino que puedan suscribirse a convenios previos que tenga esa administración.

"Los Scrap se han dado cuenta de que pueden enterar en el sector doméstico, donde ha existido un monopolio de facto durante los últimos 20 años", señaló Lara Tobías, de la sección de Estudios e Informes de la CNMC. "Esto supone una oportunidad para los productores [de plástico] de elegir qué vehículo que quieren utilizar para cumplir con sus obligaciones y fuerza a los Scrap a ser más atractivos. La duda está en si esta competencia mejorará la gestión de los residuos, porque en España eso recae en los ayuntamientos, no en los Scrap", resumió la analista.

El Ministerio de Transición Ecológica y Ecoembes se han visto este lunes las caras tras conocerse que España suspende ampliamente en la separación de botellas de plástico. Este incumplimiento de la directiva europea supone que el país debe implantar antes de noviembre de 2026 un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), un mecanismo que trastoca el negocio del gigante del plástico y reconfigura el sistema de reciclaje del país. Tanto el Gobierno como Ecoembes han evitado adelantar cómo se organizará el sistema, pero el Ministerio de Transición Ecológica ha aprovechado para disipar cualquier duda sobre el cumplimiento del calendario por parte de Ecombes, pero también de posibles competidores que surjan en el sector.

La encargada de trasladar el mensaje ha sido Margarita Ruiz, subdirectora general de Residuos del ministerio, que dejó claro este lunes al sector que tiene dos años para reinventarse. "El reglamento dice que para garantizar una recogida separada de botellas del 90% en 2029 hay que establecer un SDDR. Para alcanzar ese objetivo hay que establecerlo antes de esa fecha, porque si no no lo vamos a alcanzar". Y lo reiteró a continuación: "No es que el plazo [para implantarlo] sea hasta 2029, sino que ese año ya tenemos que cumplir con el objetivo".

El mensaje aplaca las dudas que surgían estos días entre expertos del sector, que insisten en que Ecoembes siempre ha sido contrario a establecer un sistema de retorno de envases al supermercado, y que trataría de posponer su entrada en vigor más allá de 2026. "La experiencia nos dice que las empresas tratan de alargar el proceso lo máximo posible. Te dicen que el calendario es demasiado apretado, que son objetivos inviables… lo que pedimos al Ministerio de Transición Ecológica es que la fecha de puesta en marcha se cumpla", opinaba la semana pasada César Sánchez, portavoz de Retorna, una ONG que apoya la implantación de sistemas SDDR. 

Otro analista del sector, Ignasi Puig, Doctor en Ciencias Ambientales y fundador de la Fundación ENT, especializada en residuos, añade que dos años "es un plazo ajustado, pero asumible". "Nuestros estudios de implantación de un SDDR en España contemplan plazos superiores, pero se puede cumplir el calendario si no se enredan pensando en cómo hacerlo. Hay que ponerse ya en marcha porque hay que construir plantas de clasificación de envases, plantas de conteo… son inversiones potentes que requieren permisos y ejecución de obras", añade el experto.

El encuentro de este lunes entre Transición Ecológica y Ecoembes en el Congreso Nacional de Medioambiente (Conama) era muy esperado por el sector porque se produjo solo diez días después de que el Gobierno publicase por primera vez cifras oficiales de la recogida separada de botellas de plástico en España, unos datos que las organizaciones civiles y los analistas de reciclaje llevan años esperando.

Las cifras son muy importantes porque en la práctica son el primer examen que hace la Administración Pública del trabajo de Ecoembes, que lleva operando por libre y sin auditoría pública desde 1996, pese a que gestiona cada día decenas de millones de envases en todo el país. En concreto, según las estadísticas publicadas ahora por el ministerio, en España solo se recogieron por separado el 43,1% de las botellas de plástico en 2023, una cifra muy inferior a la obligatoria por la Directiva Europea de Residuos (al menos un 70%). La cifra oficial es mucho menos ambiciosa que la de Ecoembes, que estima una recogida separada del 74,4%, una cifra artificialmente inflada, como denuncian expertos del sector.

Incumplir la normativa europea supone que España debe implantar de facto un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR). Este mecanismo se basa en que cada botella y lata vendida cuesta unos céntimos de más que se recuperan al devolver el envase al supermercado cuando ya está vacío. Esto garantiza que los hogares se molesten en separar las botellas y las latas del resto de la basura, porque si los llevan a una máquina de depósito reciben un incentivo económico.

Durante la mesa redonda en la que participó el Gobierno y Ecoembes, junto con otros miembros clave del sector, se esperaba algún adelanto de cómo funcionará este mecanismo SDDR, que transformará la manera en que los ciudadanos reciclan y gestionan sus envases. Pero ninguno de los dos actores protagonistas ha querido adelantar cómo funcionará, ni si el Gobierno intervendrá en él para garantizar la transparencia.

"Nosotros estamos abiertos a trabajar conjuntamente, pero no puedo decir cómo se organizará el sistema porque es una decisión que deben tomar los productores [de productos envasados], no del ministerio", apuntó Margarita Ruiz. Aunque sí apuntó a que el sistema de devolución de envases al supermercado tendrá que "basarse en modelos europeos, pero con nuestras particularidades; será un modelo a la española", afirmó la alto cargo del ministerio. "El año que viene vamos a comenzar un camino que no se ha dado en España, puesto que nunca se ha aplicado [un SDDR]. Va a ser una situación novedosa porque vamos a tener muchos SCRAP [Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor] y sistemas individuales en competencia, y tendremos que vigilar que se cumplan loas obligaciones de todos los agentes", añadió.

Por el lado de Ecoembes, quien representa la voz de las empresas del plástico en España, con más de 14.000 asociados, se aclaró cuáles serán sus próximos pasos, preguntado por infoLibre. "No puedo dar una respuesta porque son los productores los que tienen que decidir a través de quién y como cumplen con esa responsabilidad. Nosotros estaremos ahí para aportar nuestra ayuda", apuntó Begoña de Benito, directora de Relaciones Externas de Ecoembes.

El Ministerio de Transición Ecológica ha confirmado lo que diferentes organizaciones civiles llevan años denunciando: que Ecoembes ha publicado datos ampliamente maquillados sobre reciclaje desde hace dos décadas para evitar asumir el coste real de los 50 millones de envases de bebidas que se venden cada día en España.

En la trampa ha participado el Gobierno y las comunidades autónomas, que han mirado hasta ahora para otro lado en lugar de elaborar sus propias estadísticas. La Administración ha confiado en ellas hasta tal punto que las cifras de los fabricantes se han entregado cada año a la Comisión Europea para que elabore los censos de residuos de la UE, pese a tratarse de una información adulterada por gigantes como Coca-Cola, Nestlé, L'Oreal, Alcampo o Mercadona. Estos son algunos de los accionistas de Ecoembes, la organización que tiene el "monopolio" de la recogida de envases.

Las consecuencias de publicar cifras irreales es que los ayuntamientos de todo el país han asumido durante un cuarto de siglo el costoso trabajo de hacerse cargo de las latas, las botellas o los envases de comida que no llegan al contenedor amarillo. Greenpeace calculó en 2021 que las administraciones locales asumen un sobrecoste de 1.700 millones de euros al año en recogida de basuras que debería asumir Ecoembes.

El Gobierno publicó el pasado viernes 22 de noviembre que la recogida separada de botellas de plástico en España fue del 41,3% en 2023, una cifra que corrige el dato de Ecoembes, que eleva la estimación hasta el 73,4%. Los resultados del ministerio están en la línea de dos informes previos de Greenpeace y de Alianza Resiudos Cero, que llevan años denunciando que el sector privado adultera las cifras. Desde Ecoembes, explican que sus cifras son diferentes porque emplean otra metodología, y señalan que se sentarán con el Gobierno en los próximos meses para adecuar sus cálculos a los oficiales.

La diferencia los números oficiales y los de Ecoembes es muy importante. Primero, porque es la primera vez que Transición Ecológica elabora sus propias cifras de recogida de envases, y demuestra que los datos de Ecoembes son radicalmente falsos. Segundo, porque supone que España inclumple la Directiva europea de Residuos, y ahora el país está obligado a implantar un sistema de devolución de envases al supermercado (SDDR), un mecanismo que la industria lleva esquivando desde 1997. Y tercero, porque significa que 6 de cada 10 botellas de plástico —uno de los residuos más comunes— no entran en el contenedor amarillo, lo que equivale a unos 5.000 millones de envases al año solo en España.

Que las botellas terminen en otros contenedores o en el suelo de las calles es determinante para Ecoembes. Hasta hace apenas dos años, la normativa establecía que las empresas del plástico solo tienen que hacerse cargo de los envases que estén dentro del cubo amarillo, y los ayuntamientos de los que entran en el contenedor gris —el genérico—y las papeleras. Aunque esto cambió con la nueva Ley de Residuos de 2022, todavía está pendiente de implementarse, y en la práctica se sigue cubriendo con los presupuestos municipales.

De esta manera, Ecoembes se ahorra esta recogida, por mucho que la ley establezca que todos los envases son responsabilidad de quien los pone en el mercado. Es cierto que esta organización paga una especie de incentivo económico a las administraciones por los envases que se recuperan en las plantas públicas de tratamiento, pero es muy inferior a lo que cuesta en realidad recogerlos, moverlos y separarlos del resto de la basura.

Este detalle es especialmente importante si se tiene en cuenta que alrededor del 70% de todos los envases acaban fuera del contenedor amarillo, de manera que los ayuntamientos se hacen cargo de la mayor parte del trabajo de Ecoembes, según calcula Francisco Peula, experto en residuos de la ONG Rethinking y colaborador del informe de Greenpeace de 2021. "Eso supone que alrededor del 40% del volumen de residuos que recogen los ayuntamientos en el contenedor gris son envases, que debería gestionar Ecoembes", añade Peula.

Por si fuera poco, todos los consumidores pagan entre 1 y 2 céntimos extra cada vez que compran una botella, una lata, un tetrabrik —y cualquier envase-—para financiar su reciclaje, la llamada tasa de punto verde. Este dinero lo ingresan las empresas que venden el envase y lo transfieren a Ecoembes. De esta manera, cada vez que un ayuntamiento se encarga de un envase, el consumidor paga dos veces: una con la tasa de punto verde, y otra con los impuestos municipales. Pero esto está a punto de cambiar.

La Ley de Residuos de 2022 incluyó un objetivo de alcanzar un 70% de recogida de botellas de plástico por separado en 2023, pero los datos publicados el viernes por el Gobierno confirman que España está muy lejos de cumplir —nada menos que 30 puntos porcentuales por debajo—.

La norma establece que si no se alcanza la cifra, hay que implantar en España un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) en un plazo de dos años, antes del 22 de noviembre de 2026. Este mecanismo se basa en que cada botella y lata vendida cuesta unos céntimos de más que se recuperan al devolver el envase al supermercado cuando ya está vacío. Esto garantiza que los hogares se molesten en separar las botellas y las latas del resto de la basura, porque si los llevan a una máquina de depósito reciben un incentivo económico.

Sin embargo, los expertos ponen en duda que se vaya a cumplir el calendario de dos años. Según la ley, es la industria la que debe implantar el mecanismo de retorno de envases, y es de sobra conocido que Ecoembes no está por la labor. En los últimos años ha tratado de introducir lo que las organizaciones civiles llaman "una falsa solución", el sistema Reciclos, un supuesto mecanismo SDDR que mantiene intacto su negocio y que no funciona. A día de hoy no hay cifras transparentes de su funcionamiento.

De hecho, el origen de Ecoembes está directamente ligado a evitar implantar un sistema de retorno de envases en España. La primera Ley de Envases del país, de 1997, contemplaba la creación de un sistema SDDR, pero daba la opción a la gran industria de "eximirse" de ese mecanismo si creaba su propio sistema de tratamiento. Precisamente, un año antes, Ecoembes se constituyó "para proporcionar una respuesta a las obligaciones derivadas de la Ley 11/97 de envases", como reconoce hoy en su propia web.

"La industria vio lo que se le venía encima y creó una estructura societaria para cumplir la ley a su manera", afirma Alberto Vizcaíno, consultor ambiental y autor del libro Contenedor Amarillo S.A., donde desgrana el sistema de residuos en España. El experto añade que el sistema Ecoembes, organizado por grandes empresas de alimentación y plásticos, se saltó la ley a los pocos años, porque establecía que en 2001 se valorizaría el 50% de los envases generados, y todavía no se ha logrado más de 20 años después.

De nuevo, en 2011, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero volvió a actualizar la Ley de Residuos para introducir que los productores y vendedores de envases "podrán ser obligados a establecer sistemas de depósito y retorno del producto para su reutilización o tratamiento", pero no duró ni un año. Uno de los primeros reales decretos de Mariano Rajoy modificó la Ley de Residuos para darle al SDDR un "carácter voluntario", de manera que Ecoembes continuó con su negocio intacto.

Sin embargo, en este momento no hay margen normativo para esquivar el cambio de modelo. El propio ministerio de Transición Ecológica publicó hace diez días los datos de recogida de botellas (43,1%) y añadió que "no se alcanzan los objetivos de la Ley de Residuos". Por lo tanto, "se deberá implantar, en todo el territorio nacional y en el plazo de dos años, un sistema de depósito, devolución y retorno".

Fuentes de Ecoembes niegan que sus accionistas estén en contra del sistema de retorno de envases, y afirman que ellos no quieren entrar "en ninguna guerra de sistemas" de separación de residuos. De hecho, admiten que van a trabajar, ahora que lo impone la ley, en implantar un SDDR en España. "Ecoembes ayudará a la administración pública y a las empresas a que cumplan en plazo y con la mayor agilidad posible sus obligaciones derivadas tanto del actual Real Decreto como del inminente Reglamento europeo de envases", señalan.

Sin embargo, la posibilidad ha estado sobre la mesa desde 1997, y hasta ahora no se ha abordado. ONG y grupos de consumidores llevan más de dos décadas reclamando su implantación, y en 2009 se agruparon en la ONG Retorna para aumentar su altavoz. Otras organizaciones han realizado estudios sobre su implantación en España, como la catalana ENT, o incluso Tragsa, que publicó un extenso informe en 2021 con el Ministerio de Transición Ecológica. En Europa, el sistema SDDR ya está presente en 14 países, con una tasa de recogida separada de envases del 90% (frente al 41,3% de España solo en botellas)

Los defensores de los sistemas de devolución y retorno explican que sus beneficios son arrolladores porque permite disparar la tasa de reciclaje de envases. Buena parte de las botellas y latas que se depositan en los contenedores grises y en las papeleras —las que recogen los ayuntamientos— acaban en vertederos, de forma que su vida útil es ínfima. Pero si se recogen por separado en supermercados, "se recuperan juntas y limpias, con un proceso de reciclaje puedes hacer nuevas botellas", explica César Sánchez, portavoz de Retorna.

Entonces, ¿por qué Ecoembes ha evitado hasta ahora implantarlo? Simplemente porque el sistema actual le beneficia, es más barato. Y porque si los consumidores devuelven los envases a máquinas con lectores de etiquetas, habría cifras exactas de cuántas botellas y latas ponen las multinacionales en circulación en España, un dato muy en entredicho hasta ahora porque era imposible de verificar, según explica una fuente del sector, que prefiere omitir su nombre.

"Por un lado, el SDDR daría más ingresos a Ecoembes porque puedes vender materiales reciclados de alta calidad, pero también es más caro porque tendría que mantener los cubos amarillos en las calles —para botellas de aceite, envases de comida, latas de conservas…— y pagar además las máquinas para recoger las botellas y latas, y construir plantas de clasificación y conteo. Por otra parte, cada empresa que forma parte de Ecoembes paga cada año en función de los envases que pone en el mercado, y las cantidades que se dan no se sustentan con los estudios de composición de la basura. El SDDR aporta una transparencia que no interesa a Ecoembes", señala esta persona.

El problema, en todo caso, es que el nuevo sistema de devolución y retorno tiene que ser ideado y organizado por el sector privado, según recoge el Real Decreto de Envases de 2022. Los expertos consultados creen que Ecoembes tratará de crear una nueva marca para este mecanismo —ya tiene Ecoembes y Ecovidrio—, aunque también podrían surgir otras agrupaciones empresariales similares (llamados SCRAP) que le hagan la competencia. Por ejemplo, desde los supermercados, ya que en su interior se ubicarán las máquinas para devolver las botellas.

Ignasi Puig, Doctor en Ciencias Ambientales y fundador de la fundación ENT, reclama al Ministerio de Transición Ecológica que forme parte de ese proceso de desarrollo del sistema de devolución y retorno para que esta vez las multinacionales cumplan con su obligación. "No sé si dejará libertad total al sector privado, pero no tiene por qué hacerse así. La presencia de las administraciones públicas garantiza la transparencia, y esa es una de las decisiones que se tienen que tomar a corto plazo", resume.

El Ministerio de Transición Ecológica confirmó el viernes lo que era un secreto a voces en el sector del reciclaje: que España lleva años publicando datos falsos sobre la recogida separada de botellas de plástico. Frente al 73,4% que cifraba Ecoembes (las empresas del plástico), en realidad es el 41,3%, una cifra muy inferior a la obligatoria en la Unión Europea (al menos un 70%), de manera que España tendrá que implantar antes de 2027 un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), en el que cada botella o lata vendida cuesta unos céntimos de más que se recuperan al devolver el envase. Esto provocará una disminución de los envases que acaban en contenedor amarillo de alrededor de un 14,7%, según cálculos de Francisco Peula, director de Rethinking, una ONG especializada en economía circular.

El experto, que asesora a diferentes comunidades autónomas en materia de residuos, afirma que el sistema de devolución y residuos permitirá alcanzar el objetivo de la UE que recoge la Directiva Marco de Residuos. En los 50 países que tienen un mecanismo SDDR, se recogen por separado entre el 90% y el 95% de las botellas de plástico y las latas, de manera que luego se pueden reciclar fácilmente, ahorrando dinero y materias primas. De lo contrario, como ocurre ahora, esos envases acaban enterrados en vertederos y su ciclo de vida apenas dura un día, lo que tarda una persona en beberse una botella de agua o una lata de refresco.

Teniendo en cuenta ese 90% de efectividad, Peula calcula que el contenedor amarillo recogería un 14,7% menos de toneladas de envases, porque ese porcentaje es el que la población devolvería al supermercado para recuperar el dinero que adelantó cuando compró el producto. Esa cantidad es normalmente entre 10 y 25 céntimos por botella o lata, en función de la cifra que acuerde la entidad que organice el sistema, y cuanto más alta sea, mayor será la implicación de los ciudadanos con el reciclaje.

Si la tasa de separación es del 90%, ¿por qué se reduce la recogida total solo un 14,7% en el contenedor amarillo? Porque el sistema SDDR se aplica solo sobre algunos tipos de envases: los más comunes y los más manejables, que serían fácilmente almacenables en casa para luego llevarlos al súper. El resto, se seguirán vertiendo en el contenedor amarillo. Peula ha utilizado en sus estimaciones las botellas de plástico PET de agua y refrescos, que suponen ahora alrededor del 11% de todo lo que acaba en este contenedor, las botellas de PEAD de lácteos (el 1%), las latas refrescos y de conservas de acero (el 1%) y las latas de refresco de aluminio (el 2%). 

En otros países donde ya hay implantados sistemas SDDR han incluido también otro tipo de envases del día a día para aumentar su efectividad. La mayoría de países de Europa con este mecanismo (Alemania, Suecia, Países Bajos, y cinco estados más) también incluyen las botellas de vidrio de hasta tres litros, desde cascos de cerveza a botellas de vino. La experiencia europea también revela que la población tiene una buena acogida del sistema: Finlandia y Suecia lo tienen desde los años 90, y el resto desde la década de los 2000. En Alemania, la tasa de retorno de envases alcanza el 98%, es decir, prácticamente ni una sola botella acaba en el vertedero.

Lo más determinante es establecer quién organizará el nuevo sistema de recogida de envases, el organismo que decidirá cuáles se introducen en el SDDR, cuánto se paga por botella o lata en forma de comisión, y dónde se realiza la devolución (supermercados, tiendas, edificios públicos…). La Ley recoge que tendrá que ser gestionado y costeado por las empresas que ponen ese plástico en circulación, aunque está la opción de que el Gobierno acompañe o forme parte de la entidad para garantizar que funciona correctamente, porque es el Estado el que se expone a inclumplir la directiva de Bruselas.

A la vista de la experiencia reciente de Ecoembes, que lleva casi 30 años en activo y solo ha servido para incumplir reiteradamente la normativa y maquillar las cifras de reciclaje, los expertos del sector temen que las compañías de bebidas y plásticos vuelvan a intentar evadir sus obligaciones, que conisten en hacerse responsable de los envases que ponen en el mercado.

"La experiencia nos dice que las empresas tratan de alargar el proceso lo máximo posible. Te dicen que el calendario es demasiado apretado, que son objetivos inviables… lo que pedimos al Ministeruo de Transición Ecológica es que la fecha de puesta en marcha [antes de noviembre de 2026] se cumpla", opina César Sánchez, portavoz de Retorna, una ONG especializada en implantar sistemas de retorno de envases.

Desde Ecoembes, contestan que las cifras que aportaban hasta ahora de separación de botellas de plástico (73,4% para 2023) son radicalemnte diferente a la de Transición Ecológica (41,3%) "porque no hay una metodología unificada". "Llevamos años pidiendo al ministerio concreción sobre cómo contabilizar las botellas. Es la primera vez que se hace algo así en España y sin una metodología clara hay un riesgo de que haya diferentes interpretaciones", señala Álvaro Otero, portavoz de la organización. Ecoembes se organiza como una sociedad anónima y entre sus accionistas están gigantes como Coca Cola, Nestlé o Danone.

El Ministerio de Transición Ecológica apura las últimas horas del plazo para publicar el porcentaje de botellas de plástico que se reciclaron en España de 2023: debe hacerlo antes del 1 de noviembre. Lo que debería ser un informe rutinario sobre residuos se ha convertido en un documento decisivo que podría cambiar el sistema de tratamiento de envases en el país. Si la cifra de recogida separada de plásticos es inferior al 70%, el Gobierno tendrá que implantar en 2025 un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), en el que cada botella vendida cuesta unos céntimos de más que se recuperan al devolver el envase. Aunque Ecoembes —el sector plástico— afirma que España tiene una tasa de recuperación del 71%, organizaciones civiles y expertos rebajan la cifra al 38% y dan por hecho que habrá que implementar el nuevo sistema.

El SDDR es un modelo de gestión de residuos en el que el consumidor paga un pequeño sobrecoste al comprar una botella de plástico o una lata de bebida (el depósito), que se le reembolsa cuando el envase es devuelto (la devolución) de tal forma que se asegure su recuperación y reintroducción en la cadena de producción (el retorno). El importe del depósito suele variar entre 10 y 25 céntimos, dependiendo de cada país. El Ministerio de Transición Ecológica publicó en 2021 un estudio preliminar sobre cómo funcionaría un hipotético SDDR en España, y valoró cobrar un extra de 10 céntimos por envase.

La principal aportación de este sistema es que consigue disparar las tasas de recogida de botellas de plástico, mientras que ahora alrededor del 60% de ellas acaban en un contendor gris junto a residuos de todo tipo y no se reciclan. En su estudio de 2021, el Gobierno calculó que el 86% de los consumidores estarían dispuestos a devolver los envases para recuperar esos céntimos, de manera que será muy fácil clasificarlos y reciclarlos. Además, según estas estimaciones, se evitaría lanzar al medioambiente 6.752 toneladas de plásticos y vidrio.

La Ley de Residuos de 2022 incluyó un objetivo de alcanzar un 70% de recogida de botellas de plástico por separado en 2023, y cada dos años aumenta, hasta alcanzar el 90% en 2029. El problema, según los expertos, es que las cifras de reciclaje de envases en España las ha proporcionado siempre Ecoembes, la empresa que tiene el monopolio de la gestión del plástico y que aglutina a gigantes como Coca Cola, Nestlé o Danone. Incluso los datos oficiales de reciclaje que el Gobierno traslada a la Comisión Europea provienen de este lobby, que defiende que el 71,1% de las botellas PET utilizadas en España en 2021 se recuperaron.

Sin embargo, diferentes ONG han recabado por su cuenta datos muy diferentes. Dos investigaciones publicadas por Greenpeace y Zero Waste Europe calculan que, en realidad, ese año solo se recuperaron entre el 36% y el 37% de las botellas de plástico, una cifra en las antípodas del objetivo del 70% para 2023. El Gobierno tiene la obligación de publicar antes del 1 de noviembre "el estado de cumplimiento de los objetivos fijados para 2023", y en lugar de replicar los datos que traslada Ecoembes, el Ejecutivo lleva meses reuniéndose con todos los actores para que la cifra sea la real, por lo que se espera un número cercano al 40%.

Francisco Peula, consultor de residuos y director de la ONG Rethinking, insiste en que ya es hora de dejar de lado las cifras erróneas con las que España ha estado "engañándose" durante años. "Ecoembes ha vendido un bulo que las administraciones se han querido creer, pero que ya es insostenible. El Estado prefería usar esas cifras para evitar una multa de Bruselas, y las Comunidades Autónomas para vender unos resultados fantásticos. El problema lo han tenido los ayuntamientos, que han asumido el coste real de los plásticos que no ha gestionado Ecoembes durante años", afirma.

Si se incumple la meta del 70% para 2023, la ley obliga al Gobierno a implementar un sistema SDDR en un periodo de dos años. Desde el Ministerio de Transición Ecológica confirman que eso equivale a que entre en vigor el 1 de enero de 2025, cosa que no ocurrirá porque no se ha organizado nada. Los expertos dudan incluso que un sistema así a escala nacional pueda implementarse a lo largo del año que viene.

Por otra parte, si el SDDR es tan efectivo como estima el Gobierno —con una tasa de devolución de botellas del 86%— la meta que contempla la Ley de Residuos sdel 70% sería relativamente fácil de cumplir. La estimación está dentro de los parámetros habituales de este sistema, puesto que la tasa de retorno media de los envases es del 91% (en Alemania del 98%), según el Global Deposit Book 2022, un estudio global sobre el sistema SDDR. Este informe afirma que hay al menos 50 países que lo utilizan, como Países Bajos, Suecia, Canadá o Australia.

Hay diferentes métodos para intercambiar las botellas por dinero en un sistema SDDR. El más común es mediante máquinas distribuidas por la ciudad que funcionan de manera automática: se introduce una botella y esta devuelve los céntimos que en su día adelantó el consumidor.

También se puede aplicar sobre toda clase de botellas, aunque siempre menores de tres litros de capacidad. El estudio de viabilidad que elaboró hace dos años Transición Ecológica se realizó teniendo en cuenta envases tanto de plástico como de cristal y que contienen agua, cerveza, bebidas refrescantes y zumos en envases de un solo uso, pero excluyó lácteos, vinos y bebidas espirituosas. 

En España, la acogida sería bastante buena, según una encuesta publicada este año por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), en el que el 57% de los españoles declararon "muy probable" devolver sus envases al súper a cambio de recuperar el dinero. El 21% se mostró "bastante probable", el 15% "poco" y el 7% "nada".

Ecoembes afirma a infoLibre que está "a la expectativa" de que Transición Ecológica publique las cifras oficiales de recuperación de botellas de plástico, y afirma que en los últimos meses se ha reunido con el Gobierno para trasladar que sus cálculos de reciclaje "están auditados y cumplen con los estándares de la Comisión Europea", por mucho que difieran de las cifras que dan las ONG.

Las empresas de plásticos tienen mucho que perder si el Gobierno termina por imponer un sistema de depósito, devolución y retorno, ya que en este momento los envases que no se depositan en el contenedor amarillo ya no son responsabilidad suya, sino de los ayuntamientos, que se gastan millones de euros en recogerlos del suelo, de las papeleras o de los cubos grises. "Mis cálculos son que si Ecoembes asumiese el coste real de su cometido, sus gastos subirían un 250%", afirma Peula.

Ignasi Puig, coordinador de Residuos en la organización ENT, ha elaborado diversos informes sobre la introducción del SDDR en España, y afirma que sería un sistema mucho más caro para Ecoembes que el actual. La empresa tendría que hacerse cargo de tres veces más de plásticos que ahora, pero recuerda que su obligación es hacerse cargo de cada una de las toneladas de envases que pone en el mercado.

"El sistema SDDR se financiaría de tres formas: vendiendo los materiales que se logren reciclar, los céntimos que no sean reclamados por los ciudadanos, y las aportaciones que hagan las empresas de Ecoembes por haber productores de plásticos. La tercera pata servirá para compensar las otras dos, y en función del coste de las materias primas y del porcentaje de retorno, pagarán más o menos por tratar los residuos", aclara el experto.

Desde el sector de las ONG temen que Ecoembes proponga al Gobierno sustituir el sistema convencional de SDDR por uno que ya tiene implantado y que no tiene resultados demostrables, el sistema Reciclos, una aplicación digital que otorga premios por reciclar. infoLibre publicó en 2023 una investigación en la que demuestra que es un agujero que permite el fraude en el reciclaje y no incentiva su uso por parte de la sociedad. Sobre esta cuestión, un portavoz de Ecoembes garantiza que ellos aceptarán un sistema SDDR si lo impone el Gobierno porque no quieren que haya "un debate sobre sistemas". "No tenemos líneas rojas, solo queremos que España cumpla con los objetivos".

Ecoembes, la empresa sin ánimo de lucro controlada por grandes multinacionales del consumo y responsable de gestionar los envases usados de los hogares españoles, reconoce que sus cifras de reciclaje real son inferiores a las que publica anualmente. La empresa anunció este martes en la víspera del Día Mundial del Reciclaje que en 2022 dio una nueva vida a 1,62 millones de toneladas de envases de diferentes materiales, un máximo desde que comenzó a funcionar hace más de dos décadas y un 3,6% más que el año pasado. No obstante, la compañía ha reconocido a infoLibre que en realidad recicló el año pasado 1,43 millones de toneladas, un 11,7% menos de la cifra original. 

La diferencia entre esas cifras radica en que hasta 2021 solo se contaban como recicladas las toneladas de envases que llegaban a las plantas de procesamiento, pero en 2022 se ha empezado también a pesar el total de material reciclado que sale de esas instalaciones. La diferencia entre los puntos se debe a que a lo largo del proceso los envases se limpian, pierden la humedad, se descartan aquellos que no se pueden reciclar o se retiran las materias primas que no tengan salida en el mercado, por lo que la cifra real de reciclaje que se publicará a partir de ahora es sustancialmente menor a la que se daba en el pasado.

Alberto Vizcaíno, autor del libro Contenedor Amarillo S.A., explica que en esta criba no solo se limpian los envases, sino que al pasar por una especie de lavadora industrial para eliminar líquidos y restos viscosos también se cuelan por los agujeros objetos pequeños como vasos de yogurt, botes pequeños o cápsulas de café. "Tiene agujeros de 6 a 10 centímetros por el que caen todo tipo de envases, y eso que hemos pagado por su tratamiento", afirma el experto en reciclaje. 

Según explican desde Ecoembes, es la primera vez que realizan este conteo de reciclaje al final de la cadena, por lo que los datos publicados desde 1999 tendrían una desviación sobre lo tratado en realidad, como ha ocurrido este año, aunque no es posible saber cuál es el agujero total en las cuentas a lo largo de este tiempo.

La diferencia entre usar una cantidad u otra no es menor, ya que Ecoembes es el único organismo que conoce el volumen total de envases reciclados procedentes de los hogares y sus estadísticas son utilizadas por el Gobierno y la Comisión para determinar el grado de reciclaje en España y la Unión Europea. 

La empresa argumenta que hasta ahora medía los envases en el punto de llegada porque era el procedimiento que marcaba la ley española, pero con la entrada en vigor del nuevo real decreto de tratamiento de residuos que traspone la directiva europea de envases, desde 2022 se pasa a contabilizar los envases reciclados una vez han sido procesados, como tendrán que hacer el resto de países de la UE. Además, desde Ecoembes argumentan que como ya era conocido el desfase de cifras entre lo publicado y lo reciclado realmente, ellos empezaron a publicar sus cifras motu proprio con la coletilla "toneladas enviadas a instalaciones recicladoras". 

Francisco Peula, consultor del negocio del reciclaje y presidente de Rethinking, Observatorio de Residuos, cree que en todo caso la nueva cifra publicada por Ecoembes no es realista. Según su experiencia como técnico de residuos en la Diputación de Granada, el paso de una tonelada de envases por una planta de reciclaje no supone una reducción de su peso del 11,7%. "Me parece muy poco. Nosotros estudiamos la pérdida de humedad y suciedad durante el proceso de reciclaje y yo pondría la cifra de Ecoembes en cuarentena", asegura.  

Según su análisis, las impurezas suponen el 17% del peso de un brik recogido de un contenedor amarillo. Los plásticos van desde un 7% en el caso del PEAD al 25% en el plástico film, mientras que el aluminio que llega a las plantas tendría de media un 7% de suciedad y humedad. Todos los porcentajes aumentan si los envases se recogen fuera de los cubos de reciclaje. 

Las empresas que embalan sus productos con envases de plástico, papel, cartón, metal o madera –Coca-Cola, Nestlé, Danone o Mercadona, entre muchas otras– tienen que hacerse cargo de reciclar las botellas, cajas, bolsas, latas y otros envases que comercialicen. Para ello, pagan a Ecoembes cada año por cada envase que saquen al mercado. Ese dinero, se reparte a su vez entre los ayuntamientos a cambio de la recogida selectiva de basuras en los contenedores y su transporte en camiones. Según afirma Ecoembes, el año pasado las 15.000 empresas adscritas al sistema movieron 1,92 millones de envases en España, de los que se terminaron reciclando 1,43 millones, el 74% del total. 

Sin embargo, ecologistas y otros miembros de la sociedad civil denuncian desde hace años que la cifra total de envases en circulación es muy superior a la publicada por la empresa y los índices de tratamiento de residuos son mucho peores de lo que se cree. Como explicó este periódico, en una reciente investigación sobre Ecoembes, habría una tercera consecuencia: como Ecoembes no pagaría nada por la gestión de los envases no declarados, serían los Ayuntamientos quienes tendrían que asumir ese coste. En otras palabras: las empresas estarían trasladando a los contribuyentes –vía Ayuntamientos– parte de los costes que tendrían que asumir ellas.

Es cada vez más difícil encontrar a ciudadanos que públicamente se muestren contra el reciclaje, como cada vez son menos los que niegan el cambio climático. Pero, tras las declaraciones de principios, políticamente correctas, siguen operando potentes intereses. ¿Por qué en España no se implanta un sistema de reciclaje de plástico para devolver botellas de plástico o latas que ya funciona en numerosos países de Europa? ¿Quién hace negocio con la recogida y el tratamiento de nuestros residuos? ¿Es Ecoembes una ONG o un poderoso lobby del plástico?

Hablamos con Manuel Rico, que lidera en España la investigación sobre el plástico y el reciclaje junto a periodistas de la alianza periodística internacional Investigate Europe.

El quinto párrafo es un podcast de infoLibre dirigido por Daniel Basteiro y hecho en Taller de Ideas.

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Es muy difícil encontrar en España una empresa que tenga unos accionistas más poderosos que Ecoembes SA. Ahí están todas las grandes multinacionales del consumo, desde Coca-Cola a Mercadona pasando por El Corte Inglés, Danone, Nestlé o Colgate Palmolive (puedes consultar aquí quienes son todos sus socios). Y también es inusual que siendo una empresa con dueños tan poderosos, exista un desconocimiento generalizado sobre qué intereses defiende y a quién representa. “Ecoembes, esos son los del reciclaje, ¿no?”, es quizá la respuesta más común.

Que más de media España piense que “los de Ecoembes” son una especie de organización ecologista y no uno de los lobbies más poderosos del país es, sin duda, un éxito que hay que anotar en el haber de la propia compañía. Es cierto que también ayuda la simbiosis entre su política de comunicación y lo que se publica en muchos medios.

Ecoembes es la compañía que montaron las principales empresas del sector consumo para cumplir con lo que se llama “responsabilidad ampliada del productor” (RAP), que es una manifestación del principio “quien contamina, paga”. La idea de la RAP es que quien hace negocio vendiendo un producto no es solo responsable de lo que ocurra hasta que lo compra el consumidor, sino que esa responsabilidad se amplía hasta la fase en que se convierte en residuo. Por eso, tiene que encargarse de la gestión de los residuos de envases que ponen en el mercado.

Periodistas de infoLibre y de Investigate Europe, dentro de una amplia investigación sobre la amenaza de los residuos de plástico en Europa, analizaron el funcionamiento de Ecoembes y de sus entidades homólogas europeas (puedes leer aquí el artículo centrado en Europa y aquí el resto de reportajes de nuestra investigación).

Hay que destacar que Ecoembes colaboró en todo momento a la hora de facilitar su versión. No solo respondió a las 55 preguntas escritas enviadas por infoLibre e Investigate Europe sobre el funcionamiento de la empresa, sino que tres de sus directivos mantuvieron una larga reunión presencial con un periodista para aclarar todas las dudas pendientes.

El primer asunto clave en torno a Ecoembes es la fiabilidad de sus datos. Y lo es porque esos datos no son una mera cuestión interna, sino que sirven para calcular la tasa oficial de reclaje de envases que España declara ante la Unión Europea o para determinar si en España hay que implantar un sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) para la recogida selectiva de botellas de plástico (puedes leer aquí, aquí y aquí las informaciones que hemos publicado sobre el SDDR).

Una de las principales polémicas se refiere a las cifras sobre producto puesto en el mercado, es decir, cuántas unidades pone en España a la venta Coca-Cola o cualquier otra empresa. La compañía productora o envasadora tiene que pagar a Ecoembes según sea ese volumen y, a su vez, Ecoembes debe retribuir a los ayuntamientos por recoger y transportar los residuos de envases. Además, el “denominador” de la tasa de reciclaje es el número de envases puestos en el mercado.

Por tanto, si la cifra de envases puestos en el mercado fuese menor que la real, eso produciría tres efectos directos: las empresas pagarían menos a Ecoembes al no declarar parte de sus envases, Ecoembes abonaría menos dinero a los ayuntamientos del que debería y la tasa de reciclaje aumentaría al dividirse la cifra de material reciclado por un denominador más bajo del real. Y también habría un efecto indirecto: como Ecoembes no pagaría nada por la gestión de los envases no declarados, serían los Ayuntamientos quienes tendrían que asumir ese coste. En otras palabras: las empresas estarían trasladando a los contribuyentes –vía Ayuntamientos– parte de los costes que tendrían que asumir ellas.

Ese potencial fraude puede tener dos orígenes: que las empresas adheridas a Ecoembes –12.890 en 2021– declarasen menos de lo que realmente venden o que existan compañías que ponen en el mercado envases sujetos a la RAP pero que no forman parte del sistema y por tanto no pagan nada a Ecoembes. Esta última práctica se conoce en el sector por el término inglés free-riders (gorrón, que va por libre).

Respecto a la primera opción, Ecoembes descarta que se produzca básicamente porque las declaraciones de las empresas están auditadas. “El 93% de las toneladas adheridas a Ecoembes están controladas a través de las auditorías de las empresas”, explican sus portavoces. No es que Ecoembes envíe personal propio a las multinacionales, sino que “existen procedimientos acordados, de forma que la firma de auditoría que controla las cuentas de una compañía tiene que revisar que es correcta la declaración sobre productos puestos en el mercado que ha enviado a Ecoembes. Es decir, tendría que falsear sus cuentas para engañarnos y eso no tiene sentido para una multinacional o un gran grupo”. Además, Ecoembes asegura que “realiza análisis de razonabilidad sobre los datos que recibe”. En cuanto al 7% restante, producido por empresas más pequeñas que no tienen la obligación legal de tener sus cuentas auditadas, Ecoembes sostiene que realiza “controles aleatorios” para controlar la calidad de los datos.

Respecto al segundo problema, los free-riders, Ecoembes sí admite que existe y le pone cifras por primera vez en público: “Durante los últimos cuatro años hemos trabajado en dimensionar este incumplimiento a través de dos aproximaciones distintas e independientes entre sí: el Instituto Cerdá (Observatorio de innovación en gran consumo) estimó una tasa de incumplimiento del 15,2% utilizando datos de puesta en el mercado, mientras que el grupo de trabajo constituido en 2020 por Ecoembes y que actualmente cuenta con representantes de siete CC.AA. (Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha y La Rioja) calculó un 15,4% a partir de los resultados de estudios de composición de residuos. En el caso de los envases de plástico llega al 20,6%”.

Los resultados de ese grupo de trabajo, que en Ecoembes conocen internamente como el G7, “encajan con lo que ocurre en otros lugares. En Bélgica es un 10% y en otros países también está en torno al 15%”.

¿Y quiénes son esos free-riders? Ecoembes explica que tanto el estudio del G7 como el del Instituto Cerdá coinciden en señalar como principales “nichos de incumplimiento de la norma” al pequeño comercio, por los envases tipo bolsas; al canal Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías) por los envases para llevar; al comercio online, y a las importaciones. Sus portavoces ponen especial énfasis en distinguir entre “fraude consciente” e “incumplimiento involuntario”, y atribuyen este último a muchos pequeños comercios “que desconocen” que deben cumplir con la responsabilidad ampliada del productor.

Ecoembes asegura que cuando detecta casos de “fraude” los denuncia a las comunidades autónomas. A preguntas de los periodistas, señala que en 2022 tramitó en total 326 denuncias, de ellas 68 en Madrid, 51 en Cataluña, 44 en Canarias, 34 en Andalucía, 27 en la Comunidad Valenciana y 21 en Galicia.

“Llevamos años reclamando al Ministerio para la Transición Ecológica la creación de un órgano público y oficial con capacidad observadora, controladora y sancionadora que permita minimizar el riesgo de incumplimiento y fraude al sistema”, se queja Ecoembes, que en todo caso confía en que la obligación de crear un Registro de Productores a partir de este año “facilitará el conocimiento y cumplimiento de la ley en este aspecto”.

El Ministerio que dirige Teresa Ribera encargó a la consultora ENT, quizá la más prestigiosa en el sector de los residuos, un informe sobre el nivel de fraude existente. A preguntas de infoLibre e Investigate Europe, una portavoz del Ministerio indicó que “el estudio elaborado por ENT finalizó en diciembre de 2022, estando pendiente su publicación. La conclusión más importante del mismo es que a partir de los datos recopilados no es posible realizar una estimación del fraude para 2019 a escala estatal que cumpla estándares mínimos de representatividad estadística en los envases sujetos a RAP a través de caracterizaciones”. Por ello, añade la portavoz, “en los próximos meses se va encargar la realización de un nuevo Plan de caracterización de residuos a escala estatal, que actualice el realizado por este Ministerio en 2012”.

Sin embargo, el fraude atribuible a quienes están fuera del sistema no da completa respuesta a las dudas que existen entre expertos en el sector de los residuos. Esas dudas se llegaron a plasmar en un estudio encargado por el Gobierno de Baleares para contrastar con la realidad los datos que le facilitaba Ecoembes. La conclusión del informe era que en 2016 las empresas declararon que se habían puesto en el mercado 49.385 toneladas de envases ligeros en dicha comunidad, mientras que el análisis de los flujos de envases a lo largo de toda la cadena de valor situaba esa cifra en 91.965 toneladas. Es decir, el fraude se situaría en el 86%. 

Ecoembes defiende que ese estudio tiene “dos sesgos muy importantes”. El primero sería que no incorpora “la corrección por suciedad y humedad” a la caracterización que se realizó de la basura en las islas, que puede llegar a ser hasta el 30% del peso del producto. El segundo sería “que no diferencia los residuos domésticos, que son los adheridos a Ecoembes, de los residuos comerciales e industriales”. También atribuye la discrepancia en los datos a “los pocos muestreos que se hicieron” y mantiene que estudios posteriores desmintieron los datos de ese estudio del Gobierno balear.

La encargada de realizar el informe fue precisamente la consultora ENT. Uno de los autores del estudio fue Sergio Sastre, doctor en Ciencias Ambientales, que explica así aquel trabajo: “Lo primero que hay que tener en cuenta es que Ecoembes no dispone de datos de puesta en el mercado por comunidades autónomas, sólo el agregado a nivel estatal, y utiliza los datos de la consultora Nielsen. Por tanto, el propio dato de Ecoembes es una estimación. ¿Nosotros qué hicimos en Baleares? Ir a la basura y contar y pesar residuos, analizar las caracterizaciones de residuos municipales disponibles y calcular a partir de ella cuántos envases estaban sujetos a RAP”. Sastre sostiene que trabajaron “con los datos oficiales del Gobierno balear y eran los mejores datos disponibles en ese momento”.

En todo caso, destaca Sastre, “el factor central respecto a los datos de Ecoembes es el siguiente: da igual las caracterizaciones que hagas, da igual que en la metodología descuentes la humedad o los impropios de los materiales, en la fracción resto siempre nos encontramos más envases de los que debería haber si los datos de Ecoembes reflejasen la realidad de la puesta en el mercado de envases sujetos a RAP”.

Vicenç Vidal, ahora senador por la coalición Més per Mallorca, era el consejero de Medio Ambiente cuando decidió encargar el informe para contrastar los datos de Ecoembes y no tiene dudas sobre a quién creer: “Yo siempre le decía a Ecoembes que no estaban pagando lo que debían de acuerdo con la responsabilidad ampliada del productor. Y que, en consecuencia, los costes que no pagaba Ecoembes, lo pagaban los ciudadanos. El informe del Govern balear sobre los productos puestos en el mercado demuestra que Ecoembes nos estaba engañando con ese dato. Los datos que da Ecoembes son imposibles. No son en absoluto creíbles”.

Francisco Peula, presidente de la ONG Rethinking y con amplia experiencia laboral como técnico en el servicio de tratamiento de residuos de la Diputación de Granada, compara de forma sistemática los datos que ofrece Ecoembes con los de otras fuentes como Administraciones Públicas y asociaciones sectoriales. Y sus resultados suelen discrepar abismalmente de los de Ecoembes. Por ejemplo, Peula sostiene que en 2021 la producción de residuos de envases plásticos fue de 1.566.966 toneladas, en vez de las 775.454 declaradas oficialmente.

Pero, ¿por qué deberíamos creer sus datos? Peula responde: “Porque las cifras de Ecoembes no concuerdan con lo que se percibe a diario en las instalaciones de tratamiento de residuos. Tanto mi experiencia personal, de más de 25 años trabajando en gestión de residuos municipales, como los comentarios de compañeros del sector, cuando nos encontramos en congresos y conferencias relacionadas con los residuos municipales, van en la misma dirección: la cantidad de residuos de envases que gestionan las entidades locales es muy superior a la que admite Ecoembes como envases adheridos”.

El gran poder de Ecoembes no se deriva solo del hecho de quiénes son sus accionistas, sino de la posición dominante que tiene en los cuatro momentos de la cadena de reciclaje donde hay dinero en juego.

En primer lugar, Ecoembes fija las llamadas “tarifas del punto verde”, ese logotipo que encontramos en los envases y que lo único que indica es que está adherido al sistema. Como los accionistas de Ecoembes son los grandes productores, son ellos mismos los que deciden cuánto van a pagar por los envases que ponen en el mercado.

Después, está la negociación con las Administraciones. Los residuos son en España una competencia municipal. Ecoembes tiene la obligación de encargarse de los envases cuando se convierten en residuos, pero son los ayuntamientos quienes disponen de las infraestructuras de transporte y recogida de la basura. Por tanto, Ecoembes firma convenios con las distintas Administraciones por ese trabajo que realizan para la empresa: recoger los envases de la basura y llevarlos a las plantas de selección. Los convenios se renuevan cada cinco años. Personas que han participado en esas negociaciones explican que “como Ecoembes es un monopolio, tiene un enorme poder para decidir cuánto paga a cada Administración, lo que incluye tratar mejor a quienes protestan menos”. En 2021, Ecoembes abonó 560 millones a las diferentes Administraciones.

En las plantas de selección se separan las fracciones recuperables de los diferentes residuos para luego compactarlos y enviarlos a las plantas de reciclaje. Ecoembes ofrece dos tipos de acuerdo a esas plantas: pagarles por el trabajo que hacen para recuperar el material, o quedarse además con el propio material (lo que en el argot se llama “retoma”). De las 97 plantas que recuperan envases procedentes del contenedor amarillo, prácticamente en todas se produce la retoma por parte de Ecoembes, mientras que en las 96 que trabajan con la llamada “fracción resto” de la basura (lo que no se recoge de forma separada), se queda con el material en aproximadamente el 60%. Hay una parte significativa de envases que se siguen depositando en la fracción resto y no en el contenedor amarillo

Por último, Ecoembes vende el material adquirido a las empresas que se dedican al reciclaje. Para Ecoembes es la segunda principal vía de ingresos (104 millones en 2021), aunque lejos de lo que percibe por las tarifas del punto verde (650 millones en 2021). Pero, lógicamente, para muchas empresas de reciclaje es fundamental que Ecoembes les adjudique material ya que es la materia prima que necesitan para funcionar. “Si tienes una empresa de reciclaje, y Ecoembes no te da materia prima, pues puedes ir cerrando”, resume una persona conocedora del proceso.

Las prácticas de Ecoembes con las subastas de material le han costado una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competenia (CNMC), presentada por la sociedad PET Compañía para su Reciclado. La CNMC inició un proceso de información reservada, que incluyó inspeccionar la sede de Ecoembes y requerir información a diferentes operadores del mercado, y concluyó que había indicios suficientes para abrirle un expediente sancionador “por supuestas conductas constitutivas de un posible abuso de posición de dominio”.

La CNMC investiga si, al menos desde 2004, existió en Ecoembes “un procedimiento de susbastas ejecutado de forma arbitaria, que no garantizaba su transparencia ni la trazabilidad e integridad de las ofertas presentadas”. Además, intenta averiguar si se establecieron “barreras de acceso para participar y resultar adjudicatario en dichas subastas, que no estarían justificadas por razones técnicas, medioambientales o económicas”.

Ecoembes niega, lógicamente, cualquier práctica irregular, pero admite que los procedimientos eran mejorables: “Estamos ya en proceso de implementar un nuevo sistema de adjudicación digital de los materiales para aportar al proceso una mayor transparencia y flexibilidad”. Es decir, hasta ahora Ecoembes recibía las ofertas para la subasta a la vieja usanza, en un sobre cerrado.

En cuanto al cuadro general, a su posición dominante en esos cuatro momentos donde hay negociación económica por medio, Ecoembes prefiere utilizar otra terminología: “Es verdad que tenemos un papel importante en la cadena de la gestión de los residuos, pero más que como poder Ecoembes lo ve como una responsabilidad. Responsabilidad compartida con otros agentes en la cadena, con el único objetivo de mejorar el reciclaje”. Y rechaza expresamente que tenga la capacidad de imponer a las Administraciones las condiciones de los convenios. “Existe mucha colaboración entre Ecoembes y las Administraciones”, resaltan sus portavoces.

Julio Barea, director de campañas de Greenpeace, no tiene ninguna duda sobre el cabildeo que practica Ecoembes. “Para concluir que Ecoembes es un lobby sólo hace falta ver quiénes son sus asociados: todas las grandes empresas productoras y envasadoras de este país. Lógicamente, Ecoembes lo que va a buscar es lo que genere más beneficio para sus miembros. Eso se traduce en que sus asociados paguen lo menos posible por las tarifas del punto verde y por la gestión de los residuos. Los socios de Ecoembes no quieren hacerse cargo del coste completo de sus residuos y hacen cualquier cosa para lograr ese objetivo”. Además, añade el ecologista, “tienen un aparato de propaganda tremendo. Pueden gastar hasta dos millones y medio de euros al mes en campañas de marketing y publicidad. Solo hace falta ver qué se publica sobre Ecoembes en la mayoría de los medios”.

El monopolio de Ecoembes, sobre el papel, podría terminar pronto. Una empresa denominada Procircular está en proceso de conseguir las autorizaciones necesarias para operar, algo que espera poder hacer a lo largo de 2024. Cuando llegue ese momento, cualquier empresa sujeta a RAP podrá elegir si se adhiere a Ecoembes o a Procircular. Esta última pertenece al grupo alemán Reclay, que opera en diversos países europeos. La presidenta de Procircular, Carmen Sánchez, sostiene que su modelo se basará “en la transparencia y la participación de todos los productores, independientemente de su tamaño”, una indirecta clara al poder que ejercen las grandes multinacionales en Ecoembes. Y es que, a priori, parece claro que el campo para crecer de Procircular serán las empresas más pequeñas.

Ecoembes defiende que paga lo que debe, ya que cumple escrupulosamente con la ley. Puede ser. Pero lo que no tiene duda es que, en su caso, no se cumple estrictamente el principio de que “quien contamina, paga”.

En todo caso, merece la pena fijarse un momento en la legislación, efectivamente. La Ley de Envases que estuvo vigente hasta el año pasado fue aprobada en 1997 por el Gobierno de José María Aznar, con Isabel Tocino como ministra de Medio Ambiente. Y era una ley especialmente considerada con los grandes productores y envasadores, de forma que sólo debían pagar “la diferencia de coste” entre el sistema ordinario de recogida de basura y el de recogida separada de determinados envases que se implantaba en esa norma. Eso sirvió a Ecoembes, que curiosamente se había constituido antes incluso de la aprobación de la ley, para defender que sólo debía pagar por la gestión de los envases depositados en el contenedor amarillo. En otro términos: si la botella de Coca-Cola estaba en el contenedor amarillo, Ecoembes entendía que ese coste corría de su cuenta, pero si el mismo envase aparecía en la fracción resto de un cubo o en un parque, consideraba que no era su responsabilidad.

La realidad es que muchos envases se tiran en los cubos de la fracción resto o se abandonan en un parque o en la playa, así que productores y envasadores se han ahorrado bastante dinero todos los años gracias a la ley del Gobierno Aznar, que no reformó ninguno de los posteriores hasta el actual. Con la nueva norma aprobada por el Gobierno de coalición, las empresas deberán abonar a partir de 2024 parcialmente los gastos asociados a la recuperación de envases de la fracción resto, de la limpieza viaria y de parques y playas, y los de sensibilización e información a los ciudadanos. Ese “parcialmente” va ligado a la obtención de determinados objetivos de reciclaje, que si no se alcanzan les obligarían a pagar la factura completa.

Un estudio de Rethinking y Greenpeace sobre los “costes ocultos” de la mala gestión de los residuos cifró en 1.033 millones lo que Ecoembes se ahorra cada año por el reciclaje de envases ligeros que se depositan en la fracción resto. O, planteado desde otro punto de vista, 1.033 millones que los contribuyentes pagan de más vía ayuntamientos. Ecoembes afirma que esa cifra “está muy alejada de la realidad”, pero ante la pregunta de los periodistas de qué cantidad es la que manejan ellos, la respuesta es que no dispone de un cálculo alternativo. Tampoco lo tiene de lo que se incrementarán los costes que tendrán que abonar a partir de 2024, para cumplir con la nueva ley: “Ecoembes está trabajando en una propuesta de pagos que presentará en un mes a las comunidades autónomas y con la que se iniciará el diálogo entre ambas partes para establecer el coste final”.

En 2021, Ecoembes pagó en total a 560 millones a las Administraciones públicas, a través de 58 convenios de ámbito autonómico o municipal. A petición de los reporteros, la empresa facilitó la distribución por comunidades, que se reproduce en el gráfico que figura más arriba. Las cuatro comunidades que percibieron más fondos fueron Cataluña (103,6 millones), Andalucía (101,6 millones), Madrid (70,5 millones) y Comunidad Valenciana (52,9 millones). Un experto al que infoLibre e Investigate Europe pidió que analizase las cifras globales concluyó que los “datos de unas comunidades con otras son congruentes atendiendo a los envases que recogen”.

Un año interesante, sin duda, el que espera a Ecoembes. Tiene que renegociar todos los convenios con las Administraciones, es probable que la CNMC decida si sanciona a la empresa por abuso de posición dominante, después de 25 años quizá tenga un competidor por pequeño que sea y en la batalla por la fiabilidad de los datos el círculo se estrechará un poco más cuando el Ministerio realice después de una década un nuevo plan de caracterización de residuos.

"Esto confirma lo que de alguna forma es conocido: es un sistema de SDDR fraudulento que pretende contrarrestar uno verdadero". Quien habla es Carlos Arribas, responsable de Residuos de Ecologistas en Acción, y se refiere de este modo a Reciclos, un sistema de reciclaje proyecto de Ecoembes, la empresa que coordina el reciclaje de envases ligeros en España. Según ha desvelado infoLibre este jueves en una investigación liderada por el consorcio Investigate Europe sobre la amenaza del plástico en Europa, se trata de un sistema ilógico y abierto al fraude. Vendido como una "iniciativa tencológica pionera", permite contabilizar el mismo envase reciclado hasta el infinito y, al mismo tiempo, limita a 25 el número de botellas y latas que se pueden reciclar a la semana. La exclusiva ha hecho que organizaciones ecologistas carguen contra la empresa. "No nos sorprende para nada. Ya conocemos a Ecoembes", critica con ironía Julio Barea, director de Campañas de Greenpeace.

Para entender la polémica, lo primero es conocer exactamente qué es Reciclos. Presentado por sus defensores como un “nuevo modelo de reciclaje”, funciona a través de una app que hay que descargarse en el móvil: el usuario debe escanear el código QR de la botella de plástico o lata antes de llevarla a un contenedor amarillo, donde tiene que escanear otro código QR. Cada envase escaneado se recompensa con un “punto Reciclos”, que luego se pueden canjear por participaciones en sorteos o donarlos a proyectos sociales o medioambientales. Es una forma, sostiene Ecoembes, “de captar a través de incentivos, no a los convencidos del reciclaje, sino a quienes necesitan un plus para reciclar”.

Ecoembes bautizó el proyecto como Sistema de Devolución y Recompensa (SDR), un nombre no escogido al azar. "Se ha elegido la palabra para añadir confusión y que la gente que está un poco concienciada piense que es lo mismo que SDDR, aunque no lo es. Yo creo que es algo que han hecho a propósito", critica Arribas. ¿Por qué dice esto? Las siglas de SDDR corresponden a Sistema de Depósito, Devolución y Retorno, y se trata de un modelo de gestión de residuos en el que el consumidor paga un pequeño sobrecoste al comprar una botella de plástico o una lata de bebida (el depósito), que se le reembolsa cuando el envase es devuelto (la devolución) de tal forma que se asegure su recuperación y reintroducción en la cadena de producción (el retorno). Es un sistema que funciona con éxito en 13 países europeos y que Ecoembes rechaza para España.

"Es por la acción de lobby que está haciendo Ecoembes, que no quiere perder su monopolio", explica Barea. La diferencia fundamental es que el sistema SDDR sí funciona, y hay datos que lo avalan en Europa. Es el único sistema conocido que logra de media tasas de recogida selectiva de botellas de plástico superiores al 90%, llegando en países como Alemania o Noruega a cifras superiores al 95%. El modelo SDR, en cambio, no tiene datos. La "falta de transparencia", como critica Arribas, es una constante en la empresa, que está siendo investigada por la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) por "supuestas conductas constitutivas de un posible abuso de posición de dominio".

Pero es que además los agujeros de la aplicación que permiten escanear el mismo envase una y otra vez dificulta la elaboración de datos. Que nadie pueda controlar qué se deposita en los contenedores —ya que los "puntos Reciclos" se otorgan sin comprobar si la botella o lata se deposita en el contenedor—, tampoco ayuda a la tarea. Y eso, según los ecologistas consultados, hace que surja la duda sobre el resto de datos ofrecidos por la empresa sobre reciclaje. "Si el sistema tiene tantos agujeros, no nos podemos fiar de los datos que ofrezca Ecoembes. Tendrían que darnos resultados. No sabemos ni la eficiencia que ha tenido Reciclos en el reciclaje ni en el presupuesto", critica Arribas. "Inflan sus cifras. Tienen acaparado el reciclaje en el país", añade Barea.

Como publica infoLibre, en España, Ecoembes asegura que en 2021 la tasa de recogida separada de botellas de plástico fue del 71,1%. Esa cifra ya supera el objetivo del 70% marcado en la ley para 2023, pero está veinte puntos porcentuales por debajo de la mayoría de países con SDDR.

A finales de 2022, Reciclos contaba con 35.900 contenedores amarillos y 267 máquinas de devolución en 107 municipios. La cifra de contenedores equivale a algo más del 9% de los existentes en toda España, pero llama la atención el bajísimo número de máquinas, que son la base de los sistemas SDDR y que en Reciclos sólo constituyen el 0,7% de los puntos de recogida de envases.

Tanto Barea como Arribas se muestran partidarios de implantar ya el sistema SDDR. Hace un año se aprobó la Ley de Residuos y el Real Decreto de Envases pero las patronales y multinacionales del sector quisieron evitar a toda costa que se estableciera la obligación legal de implantar en España el SDDR. Así que firmaron una declaración de apoyo al sistema Reciclos. Por ahora, las leyes de envases y de residuos aprobadas en España el año pasado establecen la obligación de crear un SDDR si no se consiguen determinadas tasas de recogida separada de botellas de plástico en 2023, 2025, 2027 y 2029. El objetivo para 2023 es el 70%, listón que casi con toda seguridad se superará, puesto que Ecoembes asegura que en 2021 la tasa ya estaba en el 71%.

Arribas se muestra preocupado, concretamente, por la ley valenciana. "Le da el visto bueno a implantar 10.000 máquinas de Reciclos a 31 de diciembre de 2024", critica, lo que torpedea, añade, la implantación de verdaderos SDDR.

Hay un modelo de reciclaje que está abriéndose paso en Europa de manera inexorable. Y España, pionera en otras cuestiones de transición energética, se está quedando en el lado torpe de la historia.

El Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) es un modelo de gestión de residuos en el que el consumidor paga un pequeño sobrecoste al comprar una botella de plástico o una lata de bebida (el depósito), que se le reembolsa cuando el envase es devuelto (la devolución) de tal forma que se asegure su recuperación y reintroducción en la cadena de producción (el retorno). El importe del depósito suele variar entre 10 y 25 céntimos, dependiendo de cada país.

El SDDR se implantó por primera vez en Suecia en 1984. Otros países nórdicos siguieron su ejemplo ya en el siglo pasado: Islandia, Finlandia y Noruega. Y al comienzo del nuevo milenio se extendió por Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Estonia y Croacia. Este último país lo inauguró en 2006, año que marcó un parón que duró tres lustros. Desde entonces hasta 2021 sólo un nuevo socio se añadió al selecto club: Lituania en 2016. Pero Europa vive ahora una explosión de países que se suman al SDDR: en 2022 comenzó a funcionar en Eslovaquia, Letonia y Malta y otros seis Estados han aprobado su implantación antes de que finalice 2025: Portugal, Rumanía, Irlanda, Hungría, Reino Unido y Austria.

En 2025, por tanto, habrá un SDDR operativo en 19 países europeos –16 de ellos de la UE–, pero España no estará en ese grupo. Quedará descolgada junto a las otras dos grandes economías del sur de Europa, Francia e Italia.

El SDDR volvió con fuerza a la agenda europea a raíz de la Directiva sobre plásticos de un solo uso (conocida como Directiva SUP por sus siglas en inglés), aprobada por las instituciones comunitarias en 2019. Entre otras medidas para reducir el consumo de plásticos fija un objetivo de recogida selectiva de botellas de plástico del 77 % para 2025 y del 90 % para 2029.

La fijación de la UE con el plástico tiene su razón de ser. Contrariamente a lo que muchos suponen, la mayoría de los envases de plástico no se reciclan, sino que acaban en vertederos o en incineradoras potencialmente tóxicas. Se calcula que como máximo se recicla el 40% de los envases de plástico generados en Europa. Diversos estudios han calculado recientemente que cada año llegan a los océanos 11 millones de toneladas de residuos plásticos. En 2030 podrían ser el doble si no se actúa con contundencia.

El SDDR es el único sistema conocido que logra de media tasas de recogida selectiva de botellas de plástico superiores al 90%, llegando en países como Alemania o Noruega a cifras superiores al 95%. Ese es el motivo por el que los políticos de muchos Estados europeos están apostando por el sistema de retorno para las bebidas que se consumen en botellas de plástico y latas. Pero no en España.

El Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos aprobó el año pasado dos normas que contienen múltiples avances en la protección medioambiental: la Ley de residuos y el Real decreto de envases. Sin embargo, en lo referente al SDDR, apostaron por una normativa que en la práctica supone dilatar su implantación como mínimo hasta el final de la década.

Ambas normas fijan unos objetivos de recogida selectiva de botellas de plástico del 70% en 2023 y del 85% en 2027 y establecen que, si no se logran, será obligatorio implantar un SDDR en España en un plazo máximo de dos años desde la fecha de incumplimiento. El problema está en la letra pequeña: ¿quién cuenta y quién controla los datos?

El monopolio de los datos lo tiene hasta ahora Ecoembes, la empresa que coordina el reciclaje de envases domésticos ligeros en España y que tiene como accionistas a todos los grandes productores y envasadores del país, desde Coca-Cola a Mercadona pasando por El Corte Inglés, Danone, Nestlé o Colgate Palmolive (puedes consultar aquí quienes son todos sus accionistas). Y resulta que Ecoembes lleva más de una década oponiéndose frontalmente a la puesta en marcha de un SDDR en España, un sistema cuya implantación podría costar cientos de millones anuales a sus accionistas, según un estudio realizado por la empresa pública Tragsatec en 2021.

Periodistas de infoLibre y de Investigate Europe, dentro de una amplia investigación sobre la amenaza de los residuos de plástico en Europa cuya publicación se inicia este jueves (puedes leer aquí y aquí otros reportajes de la serie), analizaron el funcionamiento y la situación del SDDR en los países de la UE. Entre otras cuestiones preguntaron a Ecoembes cuáles eran los últimos datos que tenía sobre recogida selectiva de botellas de plástico y cuál era su previsión para este 2023, primer año en el que la ley fija un requisito de cumplimiento. Según Ecoembes, España logró en 2021 una recogida selectiva del 71,1%.

En otras palabras: España ya habría logrado en 2021 el porcentaje que la ley fijó en 2022 como un objetivo a conseguir en 2023.

Con ese dato en la mano, los empresarios del gran consumo son optimistas y están convencidos de que esquivarán el SDDR obligatorio a corto plazo. “Ecoembes, teniendo en cuenta que el dato de recogida separada ya fue del 71,1% en 2021, prevé que se supere el objetivo fijado para 2023”, reconocen sus portavoces a los periodistas.

Los datos que facilita Ecoembes son cuestionados por ecologistas y expertos en el sector. Greenpeace lleva tiempo quejándose de ese monopolio estadístico. “El propio Ministerio de Transición Ecológica no tiene capacidad para hacerles frente. Nosotros le decimos a los funcionarios del Ministerio: “¿Cómo es posible que dejéis en manos de Ecoembes todo el tema de los datos, que aceptéis como buenos los datos que os dan ellos? No responden, pero es evidente que están en sus manos, que el Ministerio no tiene capacidad para verificar de forma independiente los datos de Ecoembes”, denuncia Julio Barea, director de campañas de Greenpeace.

Francisco Peula, presidente de la ONG Rethinking y con amplia experiencia laboral como técnico en el servicio de tratamiento de residuos de la Diputación de Granada, tampoco se cree los datos oficiales. Peula monitorea de forma sistemática en su consultora los datos de reciclaje y calcula que la recogida selectiva de botellas de plástico en España se situó en el 32,8% en 2021, menos de la mitad de lo que sostiene Ecoembes. 

En la Ley de Residuos se dan algunos pasos para cambiar ese monopolio. Por ejemplo, se crea un Registro de Productores donde las empresas tendrán que aportar diversa información, incluido un dato que es clave a la hora de calcular las tasas de reciclaje: cuántos productos han puesto en el mercado. Es cierto que seguirá siendo una autodeclaración de las empresas, pero expertos en el sector lo valoran positivamente. “No es lo mismo para una empresa defraudar con los datos a Ecoembes que al Ministerio. El incentivo para declarar bien es mayor y eso disminuirá el fraude”, sostiene Sergio Sastre, doctor en Ciencias Ambientales que trabaja en ENT, quizá la consultora con mayor prestigio en el ámbito de los residuos.

El ejemplo paradigmático del buen funcionamiento de un SSDR es Noruega. "Aquí tenemos unos hábitos de devolución muy arraigados. La inmensa mayoría de la gente devuelve sus botellas, y si te sientas en un parque y la dejas tirada o en una papelera, viene alguien y la recoge. Eso es lo bueno de este sistema. Si no tienes un depósito en las botellas, nadie se molestará en recogerlas. Sólo hay que ir a Inglaterra o Francia o cualquier país donde no tengan un SDDR y comprobarlo". Quien habla es Kjell Olav Maldum, consejero delegado de Infinitum, la empresa que gestiona el sistema en Noruega.

Italia es uno de los lugares donde no existe el SDDR para la recogida de envases de un solo uso. Pero contrariamente a lo que piensa Maldum, y al igual que ocurre en España, la mayoría de los productores y envasadores italianos consideran que no lo necesitan. Conai, el consorcio nacional de envases, advierte de que la introducción de un SDDR en su país constituiría "una duplicación innecesaria de costes económicos y medioambientales".

Podría parecer que en Noruega prima la conciencia medioambiental, mientras que en Italia sólo están más preocupados por el coste económico. Pero no es tan sencillo porque los productores italianos también afirman que son capaces de alcanzar altas tasas de reciclaje combinando la recogida tradicional a través de contenedores con un sistema de recogida selectiva, "que cuesta diez veces menos" que un SDDR, según Conai.

La clave del modelo noruego está en un impuesto que se aprobó junto a la implantación del SDDR. Para evitar que las latas y las botellas de plástico no se reciclen, las autoridades del país nórdico establecieron en 1999 un elevado impuesto medioambiental sobre los envases de bebidas. La tasa disminuye en función de la proporción de envases recogidos. En 2023, el impuesto para las botellas de PET –el plástico utilizado en envases para bebidas– es de 3,91 coronas noruegas (0,34 euros) por unidad, mientras que para el vidrio y el metal alcanza las 6,46 coronas noruegas (0,57 euros). Pero la industria no paga hoy esta tasa. La tasa de recogida supera el 95%, que es el requisito para que se suprima el impuesto. Para 2022, la cifra de botellas y latas recogidas se acercaba al 99%, según los datos de Infinitum.

Kjell Olav Maldum, el jefe en Infinitum, destaca por qué esa combinación del impuesto elevado con el SDDR es tan importante: "Las tiendas de comestibles y los fabricantes de Noruega recibieron un incentivo económico. Siéntase libre de vender botellas de plástico, pero si luego no las recogen, deberán pagar. Este es el tesoro más maravilloso: te costará la camisa, a menos de que hagas un buen trabajo, en este caso te saldrá más barato". Hacerlo bien en Noruega en 2023 significa la recogida separada del 95% de las botellas, mientras que hacerlo bien en España equivale a conformarse con el 70% fijado por el Gobierno y celebrado por Ecoembes.

La mayor tasa de recogida selectiva de envases es una de las principales ventajas de un SDDR. Sin embargo, aunque el debate suele centrarse en ese porcentaje, hay otras cuatro poderosas razones que respaldan este modelo.

En primer lugar, un SDDR conlleva una reducción sustancial del littering o basura dispersa, las botellas y latas que se abandonan en parques o en la playas y que muchas veces terminan contaminando los mares. La razón es obvia: los ciudadanos tienen un claro incentivo económico para retornarlos. Incluso si son abandonados por el consumidor inicial, el depósito actúa como aliciente para que otra persona los recoja y los devuelva para reclamar el dinero. Diferentes estudios sobre el impacto del SDDR en lugares de Europa, Estados Unidos, Canada y Australia donde está operativo mostraron una reducción del 70-80% en el littering de envases de bebidas y del 30-40% en la basura dispersa total. Una parte importante de esta contaminación acaba en los océanos.

En una pequeña playa a pocos kilómetros de Bergen (Noruega) nos encontramos con Kenneth Bruvik. Lleva muchos años recogiendo basura y residuos plásticos a lo largo de la costa occidental de su país, procedentes sobre todo de Reino Unido, Portugal y España, tres Estados donde no existe SDDR aunque en los dos primeros ya está aprobada su puesta en marcha. La corriente oceánica hace que el plástico que se arroja en esos países llegue flotando hasta las costas noruegas. Bruvik ha decidido pasar el resto de su vida luchando contra la contaminación por plástico. Primer objetivo: conseguir que se introduzca en toda Europa un sistema de retorno de botellas de plástico. "Aquí hay botellas rotas en trocitos muy, muy pequeños. No podemos seguir así. A todos los que fabricáis estas botellas desechables: ¡basta ya! Establezcan un SDDR. El plástico debe tener un valor para que no se desperdicie. No puede acabar en la naturaleza y destruirla", reclama Bruvik.

En segundo lugar, la introducción de un SDDR aumenta la pureza del material recogido y, por tanto, la calidad de lo que se recupera. La pureza es clave para alcanzar el objetivo de circularidad del plástico establecido en las normas comunitarias.

En tercer lugar, existe una ventaja en términos de reducción de emisiones de CO2. En Portugal, la entidad que aspira a gestionar el SDDR estima que el sistema evitará la emisión anual de más de 217.000 toneladas de CO2 equivalente, ya que será necesario producir menos envases nuevos y ello significa menos plástico virgen, que se produce a partir del petróleo o del gas natural (puedes leer aquí nuestro reportaje sobre cómo Coca-Cola, Mercadona y Día impulsan en Portugal un sistema que rechazan en España).

Y, en cuarto lugar, el SDDR crea más puestos de trabajo que el reciclaje tradicional a través de los contenedores. "La razón principal es que al maximizarse las tasas de recuperación se garantiza que un mayor volumen de envases pase por cada etapa del proceso de reciclaje (recogida, transporte, selección) y se generen los puestos de trabajo asociados", explica un documento de Reloop, una ONG activa en temas relacionados con la economía circular.

Por supuesto, un SDDR no sólo tiene beneficios. También tiene costes, debidos principalmente a la creación de la infraestructura de recogida y al funcionamiento del sistema. El primero incluye la compra o el alquiler de máquinas de devolución, mientras que el segundo debe cubrir, entre otros, la mano de obra de la recogida y el transporte.

Mario Grosso, profesor de Gestión de Residuos de la Universidad Politécnica de Milán (Italia), señala otro aspecto crítico del SDDR: "No pretende evitar la producción de plástico. Se corre el riesgo de transmitir el mensaje de que el plástico es bueno si se recicla. El SDDR no es más que un seguro de vida para los plásticos".

Conai en Italia y Ecoembes en España agrupan a la industria del gran consumo para cumplir con lo que se llama “responsabilidad ampliada del productor” (RAP), que es una manifestación del principio “quien contamina, paga”. La idea de la RAP es que quien hace negocio vendiendo un producto no es solo responsable de lo que ocurra hasta que lo compra el consumidor, sino que esa responsabilidad se amplía hasta la fase en que se convierte en residuo. Por eso, tiene que encargarse de la gestión de los residuos de envases que ponen en el mercado. Lo podrían hacer individualmente, pero la inmensa mayoría de las empresas prefieren hacerlo colectivamente, y así es como surgen Conai en Italia o Ecoembes en España.

Por tanto, esa industria del gran consumo es la que tiene la obligación de asumir los costes por la gestión de residuos que ponen en el mercado. Y como el SDDR es una forma mucho más cara para esas empresas de cumplir con la RAP, su propio interés les lleva a preferir sistemas que les salgan más baratos, como la recogida a través de contenedores.

Por supuesto, ni Conai ni Ecoembes se presentan ante la opinión pública admitiendo que rechazan un SDDR porque les costaría más dinero. Eso las convertiría en organizaciones ciertamente antipáticas a los ojos de la gente: grandes multinacionales con enormes beneficios que prefieren enriquecerse un poco más aún a costa de convertir los océanos en mares de plástico. Para ganar el debate público, utilizan otra estrategia: hablar sólo de objetivos de recogida selectiva –no de littering, ni de emisiones contaminantes, ni de puestos de trabajo, ni de calidad del material recogido– y argumentar que se pueden alcanzar sin un SDDR y a un coste económico menor. Si se pueden lograr los mismos objetivos gastando diez veces menos, como argumenta la italiana Conai, ¿quién va a ser tan descerebrado como para optar por la opción cara?

Por supuesto, los mismos objetivos no se logran ni siquiera en el terreno de las tasas de recogida separada de botellas de plástico. Y un ciudadano italiano o español puede preguntarse razonadamente: ¿por qué tenemos que conformarnos con el objetivo marcado por la UE del 77% en 2025 y no apostar por el 99% que tienen ya los noruegos o los alemanes?

Después de más de una década de oposición frontal a un SDDR, Ecoembes ha cambiado de discurso. Tras la aprobación en 2022 de las nuevas normas estatales sobre residuos y sobre envases, que condicionan la puesta en marcha de un SDDR al incumplimiento de objetivos de recogida separada de envases, la industria entiende que “la guerra de modelos” está superada. “Creemos que se trata de una decisión correcta en la medida en que el marco normativo antepone el cumplimiento de objetivos por encima de una confrontación de sistemas que en realidad no existe, zanjando un debate artificial en el que parecía que era más importante la lucha de modelos (contenedores vs. depósito) que las metas ambientales a alcanzar. Nuestra obligación por lo tanto es cumplir con los objetivos y trabajamos mano a mano con las Administraciones para conseguirlo”, sostiene Ecoembes.

Unos objetivos que Ecoembes está seguro de poder conseguir “con un sistema de reciclaje de participación voluntaria como el que tenemos en España, que se basa en un “símbolo muy reconocible como es el contenedor amarillo”, potenciado por “modelos de incentivación apoyados por la tecnología móvil”, en referencia a Reciclos (puedes leer aquí nuestra investigación sobre este sistema de reciclaje, con un diseño ilógico y abierto al fraude).

Los portavoces de Ecoembes respondieron a todas las preguntas planteadas por los periodistas de infoLibre y de Investigate Europe. Pero fue imposible que admitieran las ventajas que, según todos los estudios internacionales, tiene el SDDR en el tema del littering, la calidad del material o la creación de puestos de trabajo. A todas las preguntas sobre si conocían esos hechos respaldados por una amplia evidencia científica, la respuesta fue siempre la misma: “No lo sabemos”.

¿Puede la misma empresa deshacerse en elogios hacia un sistema de reciclaje en Portugal y rechazarlo al mismo tiempo en España? Sí puede. De hecho, Coca-Cola, Mercadona y Dia lo hacen. ¿Puede una patronal oponerse en España a un modelo de reciclaje y al mismo tiempo pertenecer a una organización europea que lo defiende como la mejor opción? Sí puede. De hecho, las patronales de bebidas refrescantes y de aguas minerales están en esa situación.

Las multinacionales hacen negocios en diferentes países, lo que las obliga a adaptarse a marcos regulatorios y condiciones de mercado diferentes. Pero es difícil encontrar que la misma compañía defienda posiciones tan opuestas en dos países vecinos como ocurre con el sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) para envases de un solo uso.

El SDDR es un modelo de gestión de residuos en el que el consumidor paga un pequeño sobrecoste al comprar una botella de plástico o una lata de bebida (el depósito), que se le reembolsa cuando el envase es devuelto (la devolución) de tal forma que se asegure su recuperación y reintroducción en la cadena de producción (el retorno). En 13 países europeos ya funciona con éxito un sistema así para botellas de plástico o latas (puedes leer aquí el reportaje sobre cómo España se queda cada vez más sola en su rechazo al SDDR).

En España ha existido en la última década una oposición frontal al SDDR liderada por Ecoembes, la empresa que coordina el reciclaje de envases domésticos ligeros y que tiene como accionistas a todos los grandes productores y envasadores (aquí puedes consultar quiénes son los dueños de Ecoembes). Entre ellos están cuatro compañías –Coca-Cola, Mercadona, Dia y Lidl– que son también socias de la entidad SDR Portugal, que impulsa en este país el modelo de retorno de envases.

En Portugal el SDDR se denomina Sistema de Depósito e Reembolso (SDR), de ahí el nombre de la compañía lusa. Constituida en septiembre de 2021 como una asociación sin ánimo de lucro, su objetivo es “crear y gestionar un sistema de depósito, devolución y retorno de envases de bebidas de un solo uso”. En Portugal se aprobó por ley la implantación de un SDDR, que debería haber empezado a funcionar en enero de 2022, pero el Gobierno luso aún está pendiente de decidir quién se encargará de gestionarlo. Los principales productores y envasadores portugueses crearon la asociación para hacerlo ellos.

La página web de SDR Portugal recoge de forma sucinta y clara las principales ventajas que tiene un sistema de retorno. Lo que se relata coincide, por cierto, con las conclusiones de decenas de estudios a nivel internacional sobre los beneficios de los SDDR implantados en países de Europa, en Canadá, en diferentes territorios de Estados Unidos o en Australia.

El SDDR, sostiene la asociación, “permitirá a Portugal reciclar y reutilizar más y mejor las decenas de millones de envases de bebidas no reutilizables”, con tasas de reciclaje previstas en torno al 90%. Es una “alternativa sustancialmente más sostenible y eficiente” para el reciclaje y la reutilización, puesto que “garantizará muy eficazmente” la reincorporación de los envases “al circuito de producción y, con ello, a un verdadero sistema de economía circular”.

Con el SDDR, afirman los productores y envasadores lusos, se conseguirá “que los envases de bebidas no reutilizables sean considerados como una materia prima y no como un residuo, como ocurre en la actualidad” y tendrá “enormes beneficios medioambientales”.

La entidad pone cifras a ese impacto medioambiental favorable: el aumento de las cantidades recuperadas de envases “permitirá evitar la emisión anual de 108.000 toneladas equivalentes de CO2 en la producción de nuevos envases”; la mejora de la calidad del material recogido, al ser utilizado en la producción de nuevos productos, “evitará la emisión anual de 109.000 toneladas equivalente de CO2”; se reducirá el littering (basura dispersa abandonada en parques o playas) “entre un 30 y un 40% en total, y entre un 70 y un 90% en el littering de envases de bebida; habrá una “reducción de la basura marina” y también una “reducción de contaminantes (entre el 18 y el 26%)”.

El SDDR también tendrá importantes efectos positivos en la economía. Para empezar, la industria y distribución del gran consumo calcula que se crearán más de 1.500 puestos de trabajo. Además, como está previsto que se duplique “con creces” la cantidad de envases de PET –el plástico que se utiliza en las botellas– recuperados de alta calidad, ello “brindará la oportunidad de invertir en la duplicación de las capacidades nacionales de reciclado de PET”.

Todas estas explicaciones constan en una página web que está presidida por los logos de las 24 empresas que forman parte de SDR Portugal, que en conjunto controlan el 90% del mercado de bebidas refrescantes y el 80% del comercio minorista de alimentación.

Periodistas de infoLibre y de Investigate Europe, dentro de una amplia investigación sobre la amenaza que suponen los residuos de plástico en Europa cuya publicación se inicia este jueves (puedes leer aquí y aquí otros reportajes de la serie), plantearon a Coca-Cola, Mercadona, Dia y Lidl una serie de preguntas para saber qué razones explican que mantengan “dos posturas aparentemente contradictorias sobre el SDDR en Portugal y en España”. En el primer país impulsan ese sistema de recogida de residuos, que pretenden gestionar y cuyos beneficios difunden públicamente, mientras que en España forman parte de Ecoembes y de otras patronales sectoriales que llevan años oponiéndose a la implantación de un SDDR.

Coca-Cola ofreció la siguiente explicación: “En España, nuestra posición respecto al SDDR está estrictamente alineada con la Asociación de Bebidas Refrescantes (Anfabra), que está trabajando con el resto de la industria para implantar la mejor solución para cumplir con los plazos marcados por la normativa aprobada recientemente en nuestro país". Anfabra, como parte de Ecoembes y también de la patronal de Alimentación y Bebidas (FIAB), se opone a la puesta en marcha de un SDDR en España.

Al mismo tiempo, en su respuesta, Coca-Cola admite que “los sistemas SDDR han demostrado ser la forma más eficiente de garantizar una alta tasa de recogida en los países en los que se han implantado”.

En otras palabras: Coca-Cola no apuesta en España por el sistema que sabe que es más eficaz para la recogida de botellas de plástico y se escuda detrás de la posición de la asociación de bebidas refrescantes, donde es probablemente la compañía con más poder a la hora de tomar decisiones y fijar postura.

Mercadona ha sido especialmente activa en la lucha contra el SDDR, sobre todo cuando el Gobierno de Ximo Puig lo intentó implantar en la Comunidad Valenciana. El proyecto al final no salió adelante y su gran defensor, el secretario autonómico de Medio Ambiente Julià Alvaro, fue destituido a principios de 2018.

Una portavoz de la multinacional que preside Juan Roig explica así su postura: “En Mercadona siempre hemos entendido que hay que trabajar por una solución global para todos los envases, no solo botellas y latas de bebidas. El SDDR da respuesta a una parte mínima de los residuos de envases que se generan en nuestro país, y a un coste muy elevado (coste que finalmente acabará pagando el consumidor). Somos de la opinión de que esa inversión debería ir destinada a mejorar la gestión de todos los residuos de envases”.

Es más, dicha portavoz entiende que “la postura de Mercadona es la misma en España y en Portugal”. Algo que sostiene en el hecho de que en ambos países respeta la legalidad: “Portugal aprobó en 2018 la implantación por ley de un SDDR, y desde la compañía se respeta esa decisión (como no puede ser de otra manera), mientras que en España se ha condicionado su implantación al incumplimiento de los objetivos”. Efectivamente, las leyes de envases y de residuos aprobadas en España el año pasado establecen la obligación de crear un SDDR si no se consiguen determinadas tasas de recogida separada de botellas de plástico en 2023, 2025, 2027 y 2029. El objetivo para 2023 es el 70%, listón que casi con toda seguridad se superará, puesto que Ecoembes asegura que en 2021 la tasa ya estaba en el 71%.

Dia, por su parte, respondió con una declaración genérica sobre su compromiso “con el medio ambiente y con la implementación de las medidas necesarias para cumplir y superar los objetivos que marca la normativa vigente, ya sea optimizando los sistemas actualmente existentes o implementando otros que resulten técnica y económicamente viables”. Al igual que Mercadona, su portavoz también hace referencia a la situación legal en el país vecino: el SDDR es allí “obligatorio, razón por la que en 2022 Dia se asoció a SDR Portugal con el objetivo de dar cumplimiento a la norma y avanzar en la implementación de las obligaciones que se establecen”. 

Hay que señalar que infoLibre e Investigate Europe no preguntaron a ninguna de las cuatro multinacionales si tenían previsto respetar la legalidad, sino si consideraban que los argumentos que utilizan para defender el SDDR en Portugal (tasas de recogida del 90%, mayor calidad de los envases recogidos, menores emisiones, creación de puestos de trabajo…) también son aplicables en España. Ni Coca-Cola, ni Mercadona, ni Dia respondieron a esa sencilla pregunta.

Quien sí lo hizo, con todo tipo de detalle, fue Lidl. En su caso, los periodistas incluyeron en sus preguntas referencias al hecho de que la cadena de supermercados no solo defiende el sistema de retorno en Portugal, sino que en Alemania presume de la eficiencia y los beneficios del SDDR propio implantado en sus tiendas, y también lo ha apoyado públicamente en Austria y Reino Unido.

“Gracias a nuestra experiencia internacional e implementación en otros países como en Alemania, sabemos que el SDDR para plásticos de un solo uso sería una de las mejores opciones para contribuir de forma positiva al medio ambiente. En efecto, en Alemania el reciclaje de materiales de un solo uso alcanza ya el 98,5%, y a su vez, gracias a la recogida separada, proporciona más materiales reutilizables de alta calidad. Es decir, a través de este sistema se permite el reciclaje de botella a botella o lo que es lo mismo, que una botella vuelva a ser otra botella tras su proceso de reciclaje”, indica el portavoz de Lidl en España.

Por otro lado, añade dicho portavoz, “también nos encontramos con una ventaja desde el punto de vista de reducción de emisiones de CO2. Su sistema de compresión [de las máquinas del SDDR] supone ahorrar espacio a la hora de transportar las distintas botellas para reciclar. Con ello, y según se desprende del estudio Ifeu realizado en Alemania, se lograría compactar en un solo camión todo el material para el que hasta ahora serían necesarios 26 camiones”. Ifeu son las siglas del Instituto de Investigación Energética y Medioambiental de la ciudad alemana de Heidelberg.

“En definitiva, contamos con datos que avalan el éxito de este sistema y por tanto siempre y cuando se logre el consenso entre todos los actores partícipes en España, desde Lidl apoyaremos la implementación de este sistema de reciclaje”, concluye la cadena de supermercados alemana.

Las dos principales patronales del sector de las bebidas también tienen posturas diferentes sobre el SDDR según dónde firmen los comunicados. En Europa piden cosas a las que en España se oponen.

La Asociación de Bebidas Refrescantes (Anfabra) forma parte de Unesda, la patronal europea del sector, mientras que la Asociación de Aguas Minerales de España (Aneabe) está integrada en Natural Mineral Water Europe (NMWE, antes denominada EFBW).

Pues bien, en septiembre de 2020, las dos patronales europeas firmaron una declaración conjunta en la que solicitaban “un amplio despliegue de sistemas SDDR bien diseñados en los países de la UE” (puedes ver aquí el comunicado conjunto en inglés).

"Tanto Unesda como la EFBW consideran que un SDDR bien diseñado es un sistema de recuperación eficaz para alcanzar los objetivos europeos de recogida de botellas de bebidas y para salvaguardar la calidad del PET reciclado que necesitan nuestras industrias. Además, también puede contribuir a los objetivos climáticos de la UE, por ejemplo, al requerir el uso de menos materiales vírgenes gracias al reciclado en circuito cerrado, lo que se traducirá en una menor huella de CO2. Por este motivo, cada vez son más los Estados miembros de la UE que se plantean la introducción del SDDR”, se lee en la declaración conjunta.

Anfabra y Aneabe no solo son accionistas de Ecoembes, punta de lanza contra el SDDR en España, sino que su gran apuesta es Reciclos, un falso sucedáneo de SDDR. Como ha desvelado la investigación de infoLibre e Investigate Europe, Reciclos es un sistema abierto al fraude y con un diseño completamente ilógico, que dice pretender fomentar el reciclaje estableciendo límites a las botellas y latas que se pueden reciclar (puedes leer aquí el artículo sobre Reciclos).

En febrero de 2021, Anfabra y Aneabe (a través de la Federación España de Industrias de Alimentación y Bebidas) firmaron junto a otras patronales del sector del gran consumo una declaración en Barcelona mostrando su apoyo a Reciclos, iniciativa que calificaban como “pionera en Europa” y en la que realizaban afirmaciones sin ningún tipo de evidencia científica o fáctica, como que Reciclos “puede contribuir a frenar” el littering.

Es decir, las dos patronales reclamaron en septiembre de 2020 en Bruselas "un amplio despliegue" de los SDDR en la UE y cinco meses después respaldaron públicamente en Barcelona la estrategia de Ecoembes para evitar la implantación del SDDR en España.

infoLibre e Investigate Europe plantearon a Anfabra y Aneabe una serie de cuestiones para aclarar esa contradicción. En concreto, preguntaron si estaban de acuerdo con que un SDDR es la mejor forma de recoger más envases y de mayor calidad y de contribuir a los objetivos climáticos, tal y como se afirma en la declaración europea, y también si comparten la conclusión de los estudios internacionales que sostienen que un SDDR reduce de forma considerable el littering.

Ambas organizaciones respondieron a los periodistas, pero con afirmaciones genéricas que no abordan las cuestiones planteadas.

Anfabra asegura que “el SDDR es una realidad impuesta normativamente que implicará nuevas dinámicas, tiempos de preparación y puesta en marcha, así como grandes inversiones por parte de toda la cadena de valor”. Esto en realidad no es cierto, ya que el SDDR no se ha “impuesto” en España, sino que la ley “condiciona” su puesta en marcha a que se incumplan unos objetivos determinados de recogida separada de botellas de plástico en 2023, 2025, 2027 y 2029. Si se logran esos objetivos, no es necesario implantar un SDDR.

La breve respuesta de Anfabra se completa con la siguiente afirmación: “En línea con nuestro firme compromiso con la sostenibilidad y circularidad de los envases, nuestro sector seguirá avanzando para encontrar las soluciones que mejor encajen con la realidad y las particularidades del mercado y los consumidores en España, en colaboración con toda la cadena de valor, otros sectores y, en particular, nuestros clientes del retail”.

Aneabe, aunque sin responder tampoco a las cuestiones concretas, transmite una posición más matizada. “Nuestra prioridad es continuar trabajando, junto a nuestras empresas asociadas, para alcanzar la plena circularidad de nuestros envases, que es uno de los retos del sector”, asegura la patronal de aguas minerales, que añade lo siguiente: “Por este motivo, estamos centrando nuestros esfuerzos y nuestra atención en la tramitación del Reglamento Europeo sobre Envases y Residuos de Envases, porque creemos, firmemente, que la nueva normativa es una oportunidad única para lograr la circularidad completa para los envases de bebidas, acompañando a las empresas en este viaje con las condiciones y herramientas más adecuadas”.

El Reglamento Europeo que menciona Aneabe está ahora en fase de negociación en las instituciones comunitarias. El primer borrador difundido, en octubre del año pasado, establece la obligación de implantar un SDDR salvo que un Estado logre una recogida selectiva del 90% de botellas de plástico en 2026 y 2027. Pero, lógicamente, nadie puede saber si se aprobará finalmente dicho Reglamento y cómo quedará redactado.

“Desde Aneabe queremos seguir impulsando, como hasta ahora, la recogida de botellas de bebidas de PET, de la manera más eficiente y sostenible posible. En la actualidad, en España, se recoge ya, de forma separada, un 71% de las botellas de bebidas de menos de tres litros, según los últimos datos de Ecoembes”, destaca también esta asociación.

Por último, infoLibre e Investigate Europe recabaron la opinión sobre el SDDR a la Asociación España de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas). No existen en su caso posturas contradictorias, pero es una voz autorizada en el sector ya que representa tanto a los grandes distribuidores como a los pequeños supermercados. “El debate de ‘SDDR sí o SDDR no’ está superado, hay otros objetivos para la cadena con un gran poder transformador, como la ecomodulación, las medidas de prevención en su conjunto o el porcentaje de plástico reciclado en envases de PET”, señala María Martínez-Herrera, directora de Sostenibilidad de Asedas.

No obstante, la directiva de Asedas pone el énfasis en alguno de los posibles inconvenientes de un SDDR. “Tenemos que decir que el almacenamiento en tienda es complicado por las propias características del supermercado de proximidad, situado en zonas urbanas y basado en la rotación de productos, por lo que tiene muy poco espacio”, explica, en referencia a aquellas tiendas más pequeñas que optasen por recoger los envases devueltos de forma manual y no a través de máquinas.

“En nuestra opinión, tenemos que abordar el debate desde un punto de vista amplio y centrado en objetivos. El mayor desafío es que un envase no se convierta en desperdicio y, para ello, es necesario que todo ciudadano, empresa y administración haga sus deberes y asuma su responsabilidad”, concluye Martínez-Herrera.

“Las organizaciones que integran a la industria y la distribución del gran consumo declaran su apoyo al SDR de Reciclos, una iniciativa tecnológica pionera en Europa que incentiva al consumidor que recicla sus latas y botellas de plástico de bebidas”. La lista de abajo firmantes de esa declaración de apoyo la verdad es que impresiona. Hasta siete patronales que entre sus asociados tienen a Coca-Cola, Mercadona, El Corte Inglés, Eroski, Carrefour, Alcampo, Lidl, Dia, Ikea, FNAC, MediaMarkt, Leroy Merlín, Norauto, ToysRUs, Colgate-Palmolive, Henkel, Johnson’s Wax, Unilever…

Las siete patronales que firmaron esa declaración el 2 de marzo de 2021 en Barcelona llevaban razón en una cosa: Reciclos es una iniciativa “pionera”. Pero se quedaron cortas al señalar “Europa” como ámbito geográfico: no se conocen precedentes en ningún país del mundo de alguna de sus innovaciones. Por ejemplo: es un sistema para fomentar el reciclaje… ¡que limita el número de envases que se pueden reciclar!

Pero, ¿qué es Reciclos?

Se trata de un proyecto de Ecoembes, la empresa que coordina el reciclaje de envases domésticos ligeros en España y que tiene como accionistas a todos los grandes productores y envasadores (la inmensa mayoría de los abajo firmantes de la declaración de Barcelona). Presentado por sus defensores como un “nuevo modelo de reciclaje”, funciona a través de una app que hay que descargarse en el móvil: el usuario debe escanear el código QR de la botella de plástico o lata antes de llevarla a un contenedor amarillo, donde tiene que escanear otro código QR. Cada envase escaneado se recompensa con un “punto Reciclos”, que luego se pueden canjear por participaciones en sorteos o donarlos a proyectos sociales o medioambientales. Es una forma, sostiene Ecoembes, “de captar a través de incentivos, no a los convencidos del reciclaje, sino a quienes necesitan un plus para reciclar”.

Periodistas de infoLibre y de Investigate Europe, dentro de una amplia investigación sobre la amenaza de los residuos de plástico en Europa cuya publicación se inicia este jueves (puedes leer aquí y aquí otros reportajes de la serie), analizaron el funcionamiento de ese proyecto que las grandes empresas defienden como “una herramienta clave para contribuir a que España cumpla los objetivos en materia de reciclaje”. El resultado es que no dispone de controles eficaces para evitar el fraude, impone unas limitaciones ilógicas al reciclaje y carece de las principales ventajas de los sistemas de depósito, devolución y retorno (SDDR).

Hay que destacar que Ecoembes colaboró en todo momento a la hora de facilitar su versión. No solo respondió a las 55 preguntas escritas enviadas por infoLibre e Investigate Europe sobre el funcionamiento de la empresa –una veintena de ellas sobre Reciclos–, sino que tres de sus directivos mantuvieron una larga reunión presencial con un periodista para aclarar todas las dudas pendientes.

El primer gran agujero detectado por los reporteros es quizá el más grave: la misma botella o lata se puede escanear las veces que uno quiera y el sistema sigue otorgando “puntos Reciclos” sin descanso. Los periodistas hicieron pruebas en ciudades y días diferentes y el resultado fue siempre idéntico: el mismo envase se puede escanear hasta el infinito. A veces es necesario dejar pasar un par de segundos entre escaneos o apartar un momento la botella del móvil. Tras ese mínimo descanso, el contador continúa sumando. Los reporteros grabaron una prueba para difundirla como parte de esta investigación periodística.

Cuando se escanea el envase, los “puntos Reciclos” pasan a estar “disponibles” porque falta el segundo paso para recibirlos definitivamente: escanear el código QR del contenedor amarillo. Si en este punto existiera algún control, el fraude potencial del escaneo infinito del mismo envase se podría detectar. Pero tampoco lo hay. De hecho, cuando uno escanea ese código QR del contenedor amarillo, el sistema ya le otorga al usuario definitivamente sus “puntos Reciclos”, sin necesidad de depositar realmente la lata o la botella en la basura. Ahí está por tanto el segundo gran agujero: nadie controla qué se deposita en el contenedor.

Esta falta absoluta de control pone en la diana precisamente uno de los elementos que lleva años bajo sospecha en la gestión de Ecoembes: la veracidad de los datos que ofrece.

Los periodistas plantearon expresamente a Ecoembes las dos siguientes preguntas: “¿Cómo controla que un usuario no escanea dos o más veces la misma botella? ¿Cómo controla que una botella que se ha escaneado realmente se deposita en el contenedor?”. La respuesta literal de la empresa fue la siguiente: “Para evitar dobles escaneos de una misma botella y controlar que las botellas escaneadas entran en el contenedor o la máquina, hemos desarrollado sistemas de Inteligencia Artificial que mediante el análisis de imagen y algoritmia de datos nos permiten identificar mediante diversos factores las situaciones potencialmente anómalas y los usos fraudulentos de la aplicación, garantizando así que se use y funcione de forma correcta”.

Parece indiscutible que algo falla en esa algoritmia…

Cuando el usuario de Reciclos realiza el segundo escaneo en el contenedor amarillo, para recibir sus puntos, aparece un mensaje sorprendente en la pantalla de su móvil: sólo puede escanear un máximo de seis envases del mismo tipo (botella o lata) al día y un máximo de 25 a la semana.

La lógica indica que un sistema que pretende fomentar el reciclaje, lo único que a priori no puede hacer es limitar el número de envases que se reciclan. Por ello, los reporteros plantearon a la empresa estas dos cuestiones: “¿No cree Ecoembes que limitar el número de envases que se pueden canjear por puntos Reciclos choca directamente contra la lógica de fomentar el reciclaje? ¿Conoce Ecoembes algún otro sistema de reciclaje en el mundo que limite el número de envases que se pueden reciclar?”.

El motivo para fijar límites, sostiene Ecoembes, "es muy simple: eliminar el riesgo de que Reciclos pueda fomentar el consumo de bebidas. Como se pueden obtener premios, queremos evitar que alguien compre con el único objetivo de obtener más puntos Reciclos. Quizá pecamos de un exceso de prudencia. Es un riesgo que habíamos identificado de forma teórica, pero que quizá en la práctica no se manifieste como algo real”.

Por supuesto, el riesgo de generar adicción a los puntos Reciclos parte de la idea de que el sistema funciona correctamente y no se puede escanear la misma botella una y otra vez. Quien descubra ese agujero ya no necesita comprar botellas o latas para tener más posibilidades de ganar alguno de los premios de Reciclos. En las últimas semanas, Ecoembes ha sorteado “cinco packs de seis botellas de aceite ecológico”, “cinco maletas de cabina”, “cinco packs de cosmética natural” o “cinco fantásticos packs de accesorios para bicicleta”, entre otros premios.

En cuanto a la existencia de algún precedente mundial de modelo de reciclaje que limite el reciclaje, la respuesta fue esta: "No conocemos otro sistema en el que exista esta limitación”.

El posible escaneo infinito y la limitación al reciclaje son las dos debilidades más evidentes de Reciclos. Pero hay, al menos, otras dos cuestiones polémicas.

La primera es que, al basarse en una aplicación que requiere utilizar un móvil inteligente, excluye a quienes no tienen recursos económicos suficientes para tener ese tipo de terminales y dificulta su utilización a una parte de las personas mayores que no están tan familiarizadas con su manejo. En Ecoembes dicen ser conscientes de ello: “A pesar de que la implantación y uso del teléfono móvil está presente en la práctica totalidad de la población, somos conscientes del desafío que representa este proyecto entre personas mayores o con menos recursos económicos. Por ello estamos llevando a cabo diferentes iniciativas para dar servicio a todos los nichos de población”.

La segunda puede convertirse en más problemática para la empresa por sus posibles implicaciones legales. Ecoembes sostiene que los menores de 14 años no pueden darse de alta en la aplicación: “Se establece esa limitación porque es la edad mínima necesaria por ley para otorgar el consentimiento por sí mismo para la utilización de sus datos personales”. Los periodistas se interesaron por saber cómo controla Ecoembes la edad de los usuarios y la respuesta fue la siguiente: “A pesar de la enorme dificultad para garantizar el cumplimiento de esta condición (una dificultad que comparten la inmensa mayoría de apps, webs, etc, para cuyo uso no exigen DNI), si encontráramos algún caso de incumplimiento iniciaríamos las medidas legales oportunas para corregirlo”.

Ecoembes no aclara cómo piensa “encontrar” casos de incumplimiento. Pero el asunto es peor que eso. Los reporteros de infoLibre e Investigate Europe realizaron media docena de pruebas con móviles diferentes: en el proceso de registro, la aplicación ni siquiera tiene un campo donde pida introducir el dato de la edad del usuario (sí pide el nombre, la localidad donde piensa reciclar o qué cubos tiene en casa). El descontrol llega a tal punto que este miércoles, en la tienda de aplicaciones de Apple, Ecoembes indicaba que Reciclos era para mayores "de 12 años".

A la pregunta de si en algún momento ha vendido datos a terceros, Ecoembes responde tajante: “Bajo ningún concepto se venden datos a terceros”.

La declaración de Barcelona de la industria y la distribución del gran consumo en apoyo de Reciclos se produjo en un momento clave. En febrero de 2021 se estaba debatiendo la elaboración de dos normas estatales que finalmente serían aprobadas un año más tarde –la Ley de Residuos y el Real Decreto de Envases– y las patronales y multinacionales del sector querían evitar a toda costa que se estableciera la obligación legal de implantar en España un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR). Se trata de un modelo de gestión de residuos en el que el consumidor paga un pequeño sobrecoste al comprar una botella de plástico o una lata de bebida (el depósito), que se le reembolsa cuando el envase es devuelto (la devolución) de tal forma que se asegure su recuperación y reintroducción en la cadena de producción (el retorno). En 13 Estados europeos ya funciona con éxito un sistema así para botellas de plástico o latas. El depósito que se paga oscila entre 10 y 25 céntimos dependiendo del país (puedes leer aquí el reportaje sobre cómo España se queda cada vez más sola en su rechazo al SDDR).

Ecoembes ha sido la punta de lanza en España contra el SDDR durante la última década. Argumenta que se pueden lograr los objetivos marcados por la UE –una recogida separada de botellas de plástico del 77% en 2025 y del 90% en 2029– a través de la mejora del sistema actual de contenedores amarillos. Y en ese marco de guerra total contra el SDDR es cuando surge la puesta en marcha de Reciclos.

Greenpeace, muy crítica con Ecoembes, no tiene duda sobre sus motivaciones para poner en marcha Reciclos. "Es una trampa de Ecoembes para dinamitar de nuevo la posibilidad de que se implante un SDDR. Un greenwashing brutal para frenar el SDDR en las comunidades autónomas donde había más posibilidades de ponerlo en marcha por los Gobiernos que tenían, como Cataluña y la Comunidad Valenciana", denuncia Julio Barea, director de campañas de la ONG ecologista.

Es llamativo el nombre con el que Ecoembes bautiza su proyecto: un Sistema de Devolución y Recompensa (SDR). Parece claro que, salvo para los ciudadanos más informados sobre el tema, esas siglas pueden generar confusión con las del SDDR.

Más allá del nombre, son pocas la similitudes entre Reciclos y un SDDR. Existen decenas de estudios a nivel internacional sobre los beneficios y los costes de los SDDR implantados en países de Europa, en Canadá, en diferentes territorios de Estados Unidos o en Australia. Y de su lectura se deduce que tienen cinco grandes ventajas: la tasa de recogida de envases se sitúa en general por encima del 90%; la calidad del material que se recoge es mayor al no estar mezcladas las botellas o latas con otros residuos; contribuye a reducir las emisiones de CO2 ya que es necesario fabricar menos envases nuevos; reduce de forma significativa el littering (la basura dispersa abandonada en parques o playas), y crea mayor número de puestos de trabajo.

En España, Ecoembes asegura que en 2021 la tasa de recogida separada de botellas de plástico fue del 71,1%. Esa cifra ya supera el objetivo del 70% marcado en la ley para 2023, pero está veinte puntos porcentuales por debajo de la mayoría de países con SDDR.

A finales de 2022, Reciclos contaba con 35.900 contenedores amarillos y 267 máquinas de devolución en 107 municipios. La cifra de contenedores equivale a algo más del 9% de los existentes en toda España, pero llama la atención el bajísimo número de máquinas, que son la base de los sistemas SDDR y que en Reciclos sólo constituyen el 0,7% de los puntos de recogida de envases. Es cierto que tener funcionando todos los días una máquina es mucho más caro que estampar un código QR en un contenedor.

En todo caso, con las cifras de Ecoembes en la mano, la pureza del material recogido sólo ha podido mejorar en el 0,7% de los puntos de recogida donde hay una máquina de devolución de Reciclos.

Estos dos beneficios de los SDDR –la mayor tasa de recogida de envases y la mayor pureza del material– determinan otras dos de sus ventajas: la reducción de las emisiones de CO2 y la creación de más puestos de trabajo. Ello se explica, respectivamente, porque es necesario fabricar menos envases nuevos de plástico (producto que es un derivado del petróleo o del gas natural) y porque se mueven muchos más envases en toda la cadena de gestión de los residuos (recogida, transporte, selección).

En cuanto a la reducción del littering, está ligada al valor económico que tiene el envase en un SDDR: son muchos menos los consumidores que dejan abandonadas botellas o latas que les cuestan diez, quince o veinte céntimos cada una y, si lo hacen, es muy probable que otra persona recoja esos envases para recuperar el dinero del depósito.

No se puede descartar que en los cuatro años de funcionamiento de Reciclos alguna persona haya recogido un día una botella abandonada en un parque o en una playa para ganar un “punto Reciclos”, pero sí se puede afirmar con seguridad que no es una práctica extendida de momento entre la población.

Hay que destacar que las patronales firmantes de la declaración de Barcelona llegaron a poner por escrito que Reciclos “puede contribuir a frenar el littering”, pese a carecer de cualquier evidencia científica o fáctica para sustentar dicha afirmación.

Las explicaciones de Ecoembes se vuelven más nebulosas cuando se trata de medir el coste y la eficacia de Reciclos.

A finales de 2022, según Ecoembes, 350.000 personas se habían bajado la aplicación, pero solo 216.000 habían canjeado puntos por incentivos durante ese año (el 61% de los registrados).

En cuanto al número de envases escaneados, Ecoembes “calcula” que desde que se puso en marcha en la primavera de 2019 hasta finales de 2022 “se han realizado más de 17 millones de escaneos de latas y botellas a través de Reciclos”. En todo caso, la compañía pide que se tome este dato “como una aproximación. Nos consta que han podido ser más pero que no han sido contabilizados por diferentes motivos”.

¿Cómo se traducen esas cifras en la evolución de las tasas de reciclaje? Ecoembes “estima” que está teniendo una influencia positiva: “Desde su puesta en marcha hasta el cierre de 2022 hemos identificado en los municipios con Reciclos un incremento medio de la recogida selectiva de botellas de plástico de un 18,4% y de un 20,27% de latas de aluminio”. Y cuál ha sido el incremento en los municipios sin Reciclos, preguntan los periodistas. La respuesta no puede ser más sorprendente: “No tenemos esa información”.

La nebulosa se convierte directamente en oscuridad cuando llega la hora de hablar del coste económico que Reciclos tiene para Ecoembes. “Entenderás que en esta fase beta en que se encuentra la fase experimental de este proyecto preferimos no dar cifras económicas”, responde la compañía ante la pregunta sobre cuánto dinero ha dedicado a las diferentes partidas de gasto. Lo único que ofrece son porcentajes: el 47,72% corresponde a implantación y operaciones, el 26,99% a campañas de comunicación y el 25,28% al coste del canje de puntos.

Lo que está fuera de toda duda es que Reciclos le cuesta a los empresarios una cantidad insignificante en comparación con lo que deberían abonar por un SDDR. La empresa pública Tragsatec realizó en 2021 un estudio sobre la viabilidad de la implantación de un SDDR en España, en el que concluyó que “las empresas productoras e importadoras tendrían que aportar entre 440,9 y 617,8 millones de euros”.

Ante las preguntas de infoLibre e Investigate Europe, los portavoces de Ecoembes no pueden ser más cautelosos a la hora de hablar sobre Reciclos: “estamos hablando de un proyecto piloto en fase experimental”, “en esta fase beta del proyecto”, “es un proyecto en pruebas”…

Una prudencia que contrasta con la euforia que mostraron en 2021 las siete patronales de la declaración de Barcelona, cuando presentaron a Reciclos como “una herramienta para contribuir a que España cumpla los objetivos europeos en materia de reciclaje”, “un paso más en el avance hacia la economía circular en el ámbito de los envases”, “un sistema que contribuye al desarrollo de ciudades inteligentes”, “un sistema ideal para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y proteger la naturaleza”…

Cómo ha logrado transformar Ecoembes un modelo bendecido con tantas perfecciones en 2021 en un proyecto piloto en fase experimental en 2023 es ciertamente un misterio. Pero lo que resulta indudable es que la descripción actual se ajusta a la realidad bastante más que la propagada hace dos años por los abajo firmantes de la declaración de Barcelona.