Políticos y paraísos fiscales

El PP dice que todos los eurodiputados sabían que sus fondos los gestionaba una sicav

El PP introdujo ayer una carga de profundidad en la polémica por la participación de destacados eurodiputados españoles en un fondo de pensiones que desde 1994 gestiona una sicav de Luxemburgo, país fundador de la UE que en la práctica opera como paraíso fiscal. El fondo fue cofinanciado en un tercio con fondos públicos del Parlamento Europeo hasta 2009, año en que se cerró la incorporación de nuevos suscriptores, aunque la sicav, que tributa el 0,01% de sus activos netos, sigue en activo.

El misil lanzado por el PP no buscaba defender a su portavoz, Miguel Arias Cañete, que aspira a convertirse en comisario europeo y que llegó a ser administrador de la sicav, sino desautorizar los argumentos de la jefa de la delegación socialista, Elena Valenciano, y el de IU, Willy Meyer. Ambos admiten haber participado en ese fondo –Meyer, muy cuestionado ahora en su formación, pidió ayer su baja inmediata- pero aducen que ignoraban la existencia de esa sicav. Según el PP, esa es una coartada falsa.

Ayer por la tarde, un portavoz de la líder de UPyD, la exeurodiputada Rosa Díez, secundó la tesis de Valenciano y Meyer: Díez, que ocupó un escaño europeo entre 1999 y 2007, desechó los cinco primeros años la idea de incorporarse al fondo y se sumó a él "dos años y medio antes de dejar de ser eurodiputada". Pero Díez, dijo su portavoz, tampoco sabía que sus aportaciones económicas "iban a una sicav de Luxemburgo"

Fuentes europarlamentarias del grupo del PP, articulado en torno a la figura de Arias Cañete, “todos los eurodiputados que se incorporaron al fondo, que ha sido siempre el del Parlamento Europeo, conocían que se gestionaba a través de una sicav”. Quienes se pronuncian en esos términos bajo la condición de anonimato conocen desde el primer momento la marcha de esa sicav, bautizada con un nombre inequívoco: Fonds de Pension-Députés au Parlement Europeen Sicav. Todo el mundo –añaden las fuentes- era consciente también de que debía tributar en España por las cantidades que mantenía en el fondo”.

Silencio de Cañete

Arias Cañete no ha accedido a hablar con infoLibre en ningún momento desde que este diario desveló hace un mes su relación societaria con empresas de Panamá y las Antillas Holandesas y pidió conocer su visión sobre los hechos.

Los documentos mercantiles de Luxemburgo constatan que, al menos en 1996, Arias Cañete fue uno de los administradores de la sicav junto con la entonces parlamentaria socialista Ludivina García Arias.

El PP, que ni cree necesario defender al exministro de Agricultura por su presencia en una sociedad que tributa en Luxemburgo sólo el importe equivalente al 0,01% de sus activos netos –en España, el tipo nominal del impuesto de sociedades se cifra hoy en el 30%–, aportaron un argumento en apoyo de su afirmación: “Lo conocían todos los eurodiputados que estaban porque todos han ido recibiendo periódicamente información sobre la evolución del fondo de pensiones”.

Convencidos de que esta no es su guerra –el partido de Rajoy no alberga receles morales ni legales hacia las sicav, el instrumento favorito de inversión para los grandes capitales–, los conservadores reaccionaron así después de que la portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, endosara las culpas al Parlamento Europeo.

Decisión que partió de "un grupo de eurodiputados" en 1990

En declaraciones en el Congreso, Rodríguez dijo que debe dar explicaciones sobre ese fondo y la sicav que lo sostiene es el Parlamento Europeo y no los eurodiputados que se beneficiaron de la ventajosísima tributación de las sicav luxemburguesas. "Desconozco este tema, pero Elena Valenciano ha hablado sobre ello y ha dicho que el fondo de pensiones lo ofrecía el propio Parlamento Europeo”.

Esas fueron sus palabras, discordantes con la versión oficial del Parlamento Europeo, que en una nota oficial difundida sobre las ocho de la tarde reiteró ayer martes que la idea de impulsar el fondo voluntario de pensiones partió de "un grupo de eurodiputados en 1990", añadió que ese mismo año la Mesa de la Cámara acordó cofinanciar el fondo –uno de cada tres euros aportados salió de sus arcas– y remató con un párrafo que atribuye a esos eurodiputados y la "entidad gestora" del fondo –ajena a la institución parlamentaria como tal– la decisión de gestionarlo a través de una sicav.

Enviada desde sus servicios centrales de prensa, la nota de la Cámara de Estrasburgo obvia cualquier dato sobre el número e identidad de los eurodiputados que voluntariamente se adscribieron al fondo entre 1994 y 2009. Las fuentes consultadas por este diario en el Parlamento Europeo alegan que no puede desvelarse esa lista precisamente porque el fondo no tenía carácter institucional sino privado.

Pero lo cierto es que la institución cuyos 750 parlamentarios más su presidente representan a los ciudadanos europeos inyectó dinero público en ese fondo durante 15 años. Cuánto aportó sigue siendo una incógnita. En contra de lo habitual, el asunto de la sicav europarlamentaria de Luxemburgo parece haber golpeado la tradición de transparencia que caracteriza a la Eurocámara.

De hecho, este diario ni siquiera logró ayer obtener copia del acta de la sesión por la que la Mesa del Parlamento aprobó el 2 de junio de 1990 favorecer con dinero público el fondo privado de pensiones impulsado inicialmente por eurodiputados británicos y al que, según el laboratorio de ideas londinense Open Europe terminaron por incorporarse el 70% de los eurodiputados españoles y un porcentaje casi idéntico de los del conjunto de la Unión.

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