La brecha digital de las personas mayores: la conveniencia de no errar el foco
La iniciativa de Carlos San Juan, recogiendo 600.000 firmas en tan poco tiempo, nos demuestra no solo lo que se puede hacer fuera de la política institucional, sino también que el pueblo vigilante y movilizado es la mejor garantía de que nuestros gobernantes hagan su trabajo en vez de preocuparse por no molestar a la Unión Europea o las empresas del Ibex.
Sin embargo, es importante identificar cuál es el verdadero problema. Asistimos, desde hace muchos años, a la normalización de la cesión de competencias a los bancos por parte de empresas y diversos organismos públicos. Hay empresas de servicios que ya no mandan la factura en papel, ya que el recibo del banco recoge la información precisa además de constituir el comprobante de pago, como son, por ejemplo, las compañías de seguros; la Tesorería de la Seguridad Social no emite ningún recibo correspondiente al pago de cuotas por el personal doméstico; Hacienda recauda el IRPF y el IVA a través de los bancos e instruye a los mismos a vigilar las transacciones que podrían encubrir el blanqueo de capitales y cumplimentar los protocolos correspondientes a la actividad laboral de los contribuyentes. Hay muchos más ejemplos de esta práctica. La cesión de competencias no debería permitirse sin la estricta vigilancia de los Ministerios correspondientes de Economía, Hacienda y Consumo si estos no son capaces de llevarlas a cabo.
Rubén Sánchez, de FACUA, habla de las cuentas de pago básicas, un producto poco conocido, cuyas comisiones están limitadas y que “son gratuitas para quienes reúnan determinados criterios de vulnerabilidad”. ¿Cómo permiten los organismos competentes que no se conozcan estas cuentas?
El problema es la digitalización generalizada en todos los ámbitos de nuestra vida. Claro que queremos una atención personalizada en las sucursales, igual que queremos ver a nuestro profesional sanitario y no ser atendida solo por teléfono o tener que viajar al pueblo de al lado para recibir atención médica. Un amigo que ha desarrollado toda su vida profesional en la Banca cree que no se trata de quitar o poner más sucursales, sino de garantizar los servicios necesarios de la forma más eficiente, incluso para todas las partes interesadas.
Aunque es cierto que la brecha digital -por género, grupo social y por supuesto edad- existe, hay personas que simplemente no queremos utilizar un ordenador o una aplicación de móvil para comprar un regalo a nuestro ser querido. En este sentido, las últimas noticias sobre talleres o seminarios de educación financiera, digital y de prevención de fraudes parece un instrumento más hacia la digitalización. La formación se hace en las escuelas, no en los bancos. Quiero que se respete mi elección a digitalizarme o no. Igualmente, la digitalización contribuye a la supresión de puestos de trabajo, por mucho que diga la Banca que la “digitalización acelerada se debe a las peticiones de los clientes y a la pandemia”. Qué bien les ha venido a las empresas la pandemia para trabajar desde casa, una reivindicación anhelada desde hace mucho tiempo por la patronal que destruye la solidaridad de las personas trabajadoras, causa estrés laboral y hace estragos en la conciliación laboral y familiar.
Con ocasión de las movilizaciones del 15M, recuerdo que se habló de la banca ética. Aunque hay bancos o iniciativas económicas más éticos que otros, no podemos pedir ni ética ni empatía a la Banca, es decir al capitalismo por excelencia. Su objetivo es ganar lo máximo con el mínimo de recursos. Cuando los bancos nos ofrecen digitalizar todos los envíos postales, podemos estar de acuerdo o no, pero no creamos que el ahorro de papel que proponen se deba a su deseo de preservar el medio ambiente.
La banca pública es la única garantía de que nuestras operaciones bancarias se realicen de modo democrático y participativo. Hemos ido asimilando -y pagando- la desaparición de los montepíos y la Caja Postal sin apenas rechistar. La instalación de dependencias de una banca pública en los edificios municipales de los pueblos pequeños daría servicio a sus habitantes y permitiría algo muy importante pero olvidado como es la nacionalización del crédito, cuyo activo principal es el control público del ahorro y los recursos, tanto de las empresas como de las familias.
Christine Lewis Carroll es socia de infoLibre
