Sumar propone un plan de vivienda con el Estado como promotor y una inversión del 1% del PIB
Sumar ha presentado este viernes su propuesta en materia de vivienda. Entre las iniciativas destaca su intención de elevar el gasto en esta materia hasta un 1% del PIB (16.000 millones en 2026 y 65.000 millones entre 2026 y 2029). Un esfuerzo que, según la formación morada, debe articularse movilizando los fondos europeos disponibles y créditos del BEI, pero también por las comunidades autónomas y ayuntamientos.
El plan actual del Gobierno, del que Sumar forma parte, contempla unos 7.000 millones que desde la formación consideran “insuficientes” para abordar el problema habitacional. “Tenemos una parte de la demanda de vivienda que es especulativa y que sitúa el precio por encima de su valor intrínseco”, señaló su diputado Carlos Martín. Además, avanzó que propondrían al Gobierno una iniciativa legislativa para aprobar un plan cuatrianual (2026 a 2029) con sus propuestas, y que ven “viable” su aprobación en por la Cámara antes de que termine el año.
El bloque de propuestas se centra en movilizar la vivienda vacía, penalizando a los propietarios que no la pongan en el mercado y aumentando el papel del Estado como promotor cuando sea necesario aumentar el parque inmobiliario. “Seguimos teniendo muchísimas viviendas vacías [3,8 millones]. De las cuales, 1,1 millones están ubicadas en las siete provincias con más población. Es decir, en lugares donde la gente demanda vivienda para vivir”, señaló Martín. Para sacar al mercado estas casas proponen una agencia pública que gestione los alquileres y tenga programas de captación de propietarios. Por otro lado, sugieren penalizar a quienes no lo hagan con una imposición fiscal local “progresiva, suficientemente alta y disuasoria”, concluye el documento.
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En línea con esto, discrepan con la posición actual del Gobierno sobre promover vivienda de colaboración público-privada. Solicitan que se construya solo cuando el parque de vivienda en esa región esté tensionado y se haya movilizado toda la vivienda vacía disponible. Por tanto, piden ampliar las capacidades del Estado como promotor y fomentar la puesta en práctica del derecho de tanteo y retracto de las Administraciones públicas para que tengan prioridad en la adquisición de terrenos cuando el precio resulte apropiado. Eso sí, todas las promociones, señala el texto, “deberán hacerse mediante inmobiliarias públicas con el fin de ahorrar costes de intermediación”.
A los fondos del plan de vivienda también se podrán acoger las cooperativas de vivienda sin ánimo de lucro y se contempla apoyo para la defensa legal de los inquilinos.
En el documento, además, se pone sobre la mesa otras cuestiones que ya se han ido tratando estos meses, como prohibir la compra especulativa en zonas tensionadas, tanto si tiene que ver con segundas residencias como de fondos de inversión. En la misma línea va la prohibición en estas áreas de establecer pisos turísticos y elevar su fiscalidad en el resto. Finalmente, también proponen blindar la protección de las viviendas públicas para que no pierdan su calificación y hacer un seguimiento de esto, creando un portal público en el que aparezcan registradas tanto estás como aquellas que son privadas y se gestionen a través de una entidad pública.
