Corea del Sur

El Parlamento surcoreano aprueba la destitución de la presidenta Park

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El Parlamento de Corea del Sur aprobó este viernes el impeachment (juicio político) contra la presidenta del país, Park Geun Hye, envuelta en un polémico escándalo de corrupción que salió a la luz tras la detención de una de sus confidentes.

La moción salió adelante con el voto a favor de 234 de los 300 legisladores, por encima de los 200 que eran necesarios para abrir formalmente el proceso, según la agencia de noticias Yonhap, información recogida por Europa Press. Parte del partido gobernante votó en contra de la presidenta.

La aprobación del texto implica que el primer ministro, Hwang Kyo Ahn, pasa a asumir la Presidencia en funciones. El Tribunal Constitucional tiene ahora seis meses para revisar la legalidad del impeachment.

En 2004, el tribunal tardó dos meses en rechazar la destitución el entonces jefe de Estado, Roh Moo Hyun, y Park ya advirtió de que esperará esta resolución y no abandonará el cargo de forma voluntaria, como le pidieron incluso miembros de su propio partido.

La presidenta se encuentra inmersa a la mayor crisis de su carrera a raíz de que trascendiese la influencia en asuntos oficiales de una amiga ajena a la Administración, Choi Soon Sil, detenida a finales de octubre y acusada de beneficiarse económicamente de ciertos acuerdos.

Los partidos acusan a Park de haber incumplido la Constitución y otras leyes por este caso. Las denuncias contra la presidenta y su entorno generaron también movilizaciones masivas en la calle, con marchas en las que llegaron a concentrarse más de un millón y medio de personas.

La votación de este viernes movilizó al Gobierno con varias reuniones urgentes, entre ellas una del Ministerio de Finanzas ante el temor de los efectos que esta tormenta política pueda acarrear en los mercados. El Ministerio de Defensa también ordenó intensificar el estado de alerta ante posibles amenazas.

Queda también en el aire el calendario electoral, ya que los comicios están previstos en principio para diciembre de 2017. La ley obliga a celebrar elecciones en los 60 días posteriores a la dimisión o cese de un presidente.

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