Ni corporativismo ni atajos dudosamente democráticos

La acelerada pérdida de calidad de nuestra democracia tiene mucho que ver con los malos hábitos que hemos acabado por normalizar. Esto es lo que está pasando con una de las instituciones básicas de nuestra democracia, el órgano de gobierno del Poder Judicial, que no el Poder Judicial, porque éste, según la Constitución, “emana del pueblo y se administra (…) por Jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial (…)”. integrantes del Poder Judicial (

El órgano de gobierno es un órgano político, que no administra justicia, aunque sus funciones determinen cómo la administran sus integrantes, a decir de la Constitución, “Jueces independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley”. Que este órgano político puede determinar que estas exigencias sean efectivas deriva también de la Constitución cuando atribuye al órgano determinadas funciones de relevancia, en particular, los nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.

Los malos hábitos de los representantes políticos en los poderes ejecutivo y legislativo para cumplir con el espíritu y finalidad de los mandatos legales y constitucionales, a los que al cabo de los años nos hemos acostumbrado, están en el origen del grave conflicto institucional en el que nos encontramos. Este conflicto tiene en este momento consecuencias más graves que en el pasado, cuando se vivieron situaciones similares, porque entonces no sufríamos una pandemia, que ya cabría calificar de “sindemia”, y la polarización política no había alcanzado los niveles actuales.

El 20 de noviembre de 2018 es una fecha para recordar porque señala el punto de inflexión del conflicto. Ese día un senador del Partido Popular, Director General de la Policía en el anterior Gobierno, envió a 146 senadores de su partido un mensaje en el que explicaba con detalle el "pacto" al que habían llegado el Partido Socialista y el Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial: 11 para los socialistas y 10 para el Partido Popular, que se llevaba además la presidencia. El mensaje aclaraba que con esos números el Partido Popular controlaría "la sala segunda desde detrás" "la sala segunda desde detrás"(la Sala del Tribunal Supremo competente para enjuiciar penalmente a diputados, senadores y demás aforados).

El senador negó la autoría del mensaje, cuyo origen algunos medios de comunicación situaron en la sede del partido al que pertenecía; lo que parece plausible a la vista de lo acontecido a partir de ese momento.

Y lo que ha pasado es que desde que el presidente del Consejo, cumpliendo con la legislación vigente, cuatro meses antes de que se cumpliera el mandato de cinco años previsto en la Constitución, inició el procedimiento de selección de los vocales de procedencia judicial, remitiendo a las Cámaras la lista y acreditaciones de los cincuenta aspirantes a vocales que dentro de la carrera judicial habían sido avalados por una asociación judicial o por sus compañeros, el procedimiento se ha parado. Dos años después seguimos a la espera de que se reanude, aunque la ley que lo regula no se haya modificado y continúe vigente.

El episodio del 20 de noviembre de 2018 no sólo interrumpió el procedimiento, sino que desveló lo que todos sabíamos, aunque nunca antes nos lo habían dicho con tanta claridad: que los vocales se seleccionan en los despachos de los líderes políticos para repartirse por cuotas la presencia de los considerados más afines. Hasta hoy, porque basta con la lectura de la prensa del día, para comprobar que ya se ha perdido todo pudor o vergüenza, a la hora de que los partidos nos informen sobre la negociación que están llevando a cabo para elegir a los futuros vocales (diario ABC del 26 de octubre).

Esta forma de elección en la opacidad de las conversaciones de los despachos o a través del teléfono móvil no precisa que los diputados y senadores conozcan a los que finalmente habrán de votar. La conclusión evidente es que los integrantes de cada una de las cámaras que representan a la soberanía popular, de la que “emana la justicia” (…) que “se administra por jueces y magistrados” (artículo 117 CE), no tienen nada que decir ni que opinar.

Por ello, las explicaciones dadas por el senador, en su tristemente famoso mensaje, no iban dirigidas a exponer los méritos y capacidades de los jueces “negociados” o "pactados". Su mensaje trataba sólo de calmar a los suyos porque se aseguraban sus pretensiones de “controlar” los nombramientos que les interesaban.

El inevitable desprestigio que, a partir de ese momento, se ha instaurado sobre el sistema ha permitido que hayan vuelto a aflorar, ahora con mayor fuerza, las soluciones corporativas del pasado, nunca abandonadas por algunos ámbitos políticos y de la carrera judicial.

Para salir del atolladero político, los dos partidos en que se sustenta el actual Gobierno han enviado una proposición de ley de reforma de la ley actual, con el fin de modificar la mayoría cualificada o reforzada de tres quintos de diputados y senadores exigidos para la designación parlamentaria, para sustituirla por una mayoría absoluta.

La dudosa constitucionalidad de tal iniciativa resulta de los propios antecedentes de la sentencia del Tribunal Constitucional del año 1986 (108/1986) que salvó las previsiones de la Ley orgánica del Poder Judicial de 1985, que estableció la forma de elección que desde entonces se ha venido aplicando. Basta con leer la sentencia para concluir lo difícil que sería que la nueva Ley, si llegara a aprobarse, superara el control de constitucionalidad. Así lo han advertido una mayoría de los especialistas de Derecho Constitucional.

No sólo sería dudosamente constitucional, por lo que en su día señaló el máximo intérprete de la Constitución, sino que casa muy mal con los valores y principios de la democracia constitucional, porque restringe la participación de la soberanía popular en los nombramientos del órgano de gobierno de los jueces.

Reducir o mermar el consenso y la participación parlamentaria no es el mejor antídoto ante las pulsiones antidemocráticas que padecemos. Las mayorías parlamentarias de hoy mañana pueden ser minorías. Reducir la participación y el más amplio consenso exigido por la Ley desde 1985, lo que sirvió de fundamento al Tribunal Constitucional en 1986 para avalar la forma parlamentaria de la elección, frente a la corporativa, es una muy mala solución. No sólo incrementaría el riesgo de politización sectaria o partidista del que advirtió el Tribunal Constitucional en su sentencia, sino que podría acarrear en el futuro el secuestro por partidos de dudosas convicciones democráticas de uno de los poderes fundamentales del Estado de Derecho, aquel que para la mayoría de los ciudadanos es la garantía efectiva de la tutela de sus derechos.

Después de que el Gobierno haya anunciado su disposición a suspender la tramitación de la proposición de ley, el Partido Popular ha exigido su retirada definitiva, lo que sería deseable. También ha añadido dos condiciones más para volver a “negociar”. En palabras de su secretario general, la segunda sería “despolitizar la elección del poder judicial”. Esta es una pretensión absurda o falaz porque la elección del órgano de gobierno, que no del Poder Judicial, es y debe ser política. El Consejo del Poder Judicial es un órgano político y no jurisdiccional, aunque sus funciones incidan en cómo se ejerce la jurisdicción. Quizás lo que el citado político y diputado ha querido decir o debería haber dicho es que se ponga fin a la deriva sectaria, partidista, opaca o no transparente de la elección de los vocales que el Parlamento debe proponer al rey para su nombramiento.

La tercera condición que se exige al Gobierno es simplemente antidemocrática, porque se pide apartar de la elección a uno de los partidos con representación parlamentaria. Quizás también se le podría encontrar cierta lógica en la misma deriva sectaria y escasamente democrática de la forma de proceder de los partidos mayoritarios hasta la fecha; pero el partido en cuestión es un partido legal, que representa a un importante número de ciudadanos que le han votado en elecciones libres, al igual que al resto de partidos que conforman el Parlamento.

Para salir del atolladero hay una salida democrática que está en la Ley. No hay que hacer nuevas leyes. Bastaría con impulsar el procedimiento interrumpido el 20 de noviembre de 2018, cumpliendo con las previsiones legales incorporadas a la Ley orgánica en vigor, después de que fuera reformada en 2013 bajo el Gobierno del Partido Popular (BOE 29.6.2013).

El procedimiento introdujo la participación de los propios jueces y magistrados en la elaboración de las propuestas de candidatos y candidatas avalados por sus asociaciones judiciales o por sus compañeros. Se posibilita así que los diputados y senadores puedan conocer a los doce vocales procedentes de la carrera judicial, lo que ofrece mayores garantías de acierto y limita el riesgo de la politización sectaria o partidista.

Los jueces no son ajenos a las respuestas corporativas, como cualquier otro sector profesional, pero, acostumbrados como están a juzgar, saben hacerlo y ser críticos con sus compañeros y compañeras de profesión. Los avales de quienes se presentaron con un proyecto sometido a la consideración de otros jueces y magistrados serían suficientes para que los diputados y senadores pudieran seleccionar los doce vocales judiciales entre los excelentes jueces y magistrados de la lista que el presidente del Consejo remitió al Parlamento hace dos años.

La posibilidad de que los aspirantes pudieran comparecer ante los diputados y senadores, exponiendo su proyecto y trayectorias profesionales, reforzaría la legitimación de la forma de elección parlamentaria, seriamente dañada por causa de las malas prácticas pasadas. Las comparecencias ante las Comisiones Parlamentarias deberían de ser públicas y los aspirantes a gobernar el Poder Judicial deberían de someterse a las preguntas relevantes que les formularan los diputados y senadores, a fin de que los representantes de la soberanía popular y la ciudadanía pudiéramos conocer qué piensan y qué proponen para el mejor gobierno y administración de la Justicia.

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Lucía Ruano Rodríguez, magistrada jubilada.