Las cloacas del Estado

El complejo rompecabezas del 'caso Villarejo'

El excomisario José Manuel Villarejo.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo continuará en Estremera. La Audiencia Nacional ha rechazado este miércoles el undécimo intento del exagente de sustituir la prisión provisional por otras medidas cautelares como la entrega del pasaporte, comparecencias diarias y vigilancia mediante mecanismos de control telemático. El excomisario solicitó a comienzos de febrero su puesta en libertad calificando de inexistente la posibilidad de reiteración delictiva y de riesgo de fuga, pidiendo sobre este segundo aspecto que se tuvieran en cuenta sus “circunstancias personales, familiares y sociales” y el “grave empeoramiento de su salud física y psíquica derivado del estrés carcelario”. Sin embargo, la Audiencia Nacional ha rechazado su salida del centro penitenciario asegurando que las circunstancias por las que fue encarcelado no han cambiado y poniendo de relieve el “extremo riesgo de fuga” del viejo agente del Cuerpo Nacional de Policía. “Tampoco va este tribunal a entrar acerca de (…) la existencia o no de una conjura de linchamiento mediático proveniente de ignotos autores”, completa el auto.

José Manuel Villarejo fue detenido en noviembre de 2017 en el marco de la operación Tándem y está siendo investigado por los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y malversación de fondos públicos. Unos meses después, en el marco de la conocida como operación Big, se arrestó al comisario Enrique García Castaño, exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), la que se encarga de efectuar seguimientos, hacer escuchas y captar fuentes. Debido a la estrecha relación entre ambos casos, las dos operaciones se aglutinaron en las conocidas como diligencias previas 96/17. Un complejísimo rompecabezas separado en una decena de piezas diferentes en las que se investigan desde los negocios del excomisario Villarejo a los tejemanejes de la denominada policía política. Cinco de ellas –Pit, Kitchen, Marbella, Trampa y Dina– están bajo secreto, una barrera que ya se ha levantado en otras cuatro –King, Iron, Land y Pintor–. Otra, la conocida como Carol, ha sido archivada.

1. KingKing

King es la pieza principal del caso y está centrada en el denominado “Proyecto King”, el primer informe elaborado por el excomisario jubilado que fue entregado a la Fiscalía por el empresario ecuatoguineano que lo encargó y que permitió a Anticorrupción ir tirando del hilo sobre los negocios del Villarejo. El proyecto, que habría sido encargado al expolicía a través del entonces jefe del aeropuerto de Barajas, Carlos Salamanca, se centraba en una exhaustiva investigación encaminada a sacar los trapos sucios de Gabriel Obiang, uno de los hijos del dictador de Guinea Ecuatorial. El pago acordado habría sido de 5,3 millones de euros y los investigadores han podido seguir el rastro de un millón de los guineanos desde el país africano a una de las sociedades controladas por Villarejo pasando previamente por Suiza, Panamá y Uruguay. Además del excomisario, entre los investigados en relación con esta pieza se encuentra Salamanca por, presuntamente, haber recibido dádivas a cambio de expedir visados ilegales a ciudadanos ecuatoguineanos.

2. Iron

La segunda pieza del rompecabezas es la que se centra en el encargo que varios exsocios del bufete de abogados Herrero y Asociados hicieron a Villarejo para investigar al despacho de la competencia Balder IP. Aunque en julio de 2018 el entonces juez instructor ordenó archivar las actuaciones sobre los investigados, el pasado mes de febrero la Audiencia Nacional ordenó seguir haciendo indagaciones. En el auto de reapertura de la pieza, los magistrados señalan que “de las grabaciones de las reuniones mantenidas” y de un pendrive encontrado en los registros se desprende que “los servicios contratados y efectivamente prestados podrían incluir el acceso ilegítimo a tráficos de llamadas telefónicas y el acceso no autorizado a movimientos de cuentas bancarias, así como en algunos casos, información tributaria y de inteligencia financiera”. De hecho, la Audiencia Nacional recuerda que el excomisario dejó claro en algunas de las reuniones mantenidas con estos clientes que las técnicas que se emplearían se situaban fuera de la legalidad –“Tú sabes que esto es más ilegal que una patata”, señaló Villarejo a uno de los exsocios del despacho de abogados–.

3. Land

Los trabajos del expolicía también salpican a la jet-set. En la pieza III, conocida como Land, la Audiencia Nacional investiga el encargo que se hizo a Villarejo en medio de la guerra familiar desatada tras la muerte de Luis García-Cereceda, fundador de la lujosa urbanización La Finca, en Pozuelo de Alarcón (Madrid). El excomisario fue contratado por Susana García-Cereceda para espiar a su hermana Yolanda y a la viuda de su padre con la vista puesta en un litigio por la herencia familiar. Los honorarios del excomisario para este trabajo, en el que se emplearon doce coches y cinco motos para los seguimientos, fueron de 425.000 euros. Además, se habría conseguido todo el tráfico de llamadas de los objetivos. En el denominado Proyecto Land, Villarejo habría contado con la colaboración de García Castaño, a tenor de varios documentos encontrados en los registros con el nombre “Gestiones Big”. El cabecilla de Tándem, como era habitual, grabó todas las reuniones mantenidas en relación con esta investigación.

4. Pit

La cuarta pieza que compone el gigantesco rompecabezas se denomina Pit. Está centrada en los servicios que supuestamente prestó el excomisario al empresario Ángel Pérez-Maura, dueño de la naviera Pérez y Cía SL, para frenar la orden de extradición que la justicia de Guatemala emitió contra él por el supuesto pago de sobornos al Ejecutivo del país centroamericano para hacerse con la construcción y gestión de un puerto de mercancías. La Audiencia Nacional rechazó la entrega del empresario en abril de 2016. En ese momento, Pérez y Cía SL habría abonado, según reveló El Confidencial, 3,38 millones de euros a Club Exclusivo de Negocios y Transacciones SL (Cenyt) y 1,45 millones a Stuart & McKenzie, dos firmas controladas por Villarejo. Tras eso, ambas empresas empezaron a recibir 145.200 euros mensuales por otros encargos pendientes. En total, se calcula que el exomisario habría recibido por este trabajo 7,1 millones de euros. Esta pieza, a la que también se ha vinculado al exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, está bajo secreto.

5. Carol

La conocida como Carol es la pieza que se abrió tras la publicación de unos audios sobre el encuentro que mantuvo en 2015 en Londres el excomisario Villarejo con Corinna zu Sayn-Wittgenstein, amiga íntima del rey emérito. En las grabaciones, la empresaria sostiene que Juan Carlos I la utilizó de testaferro para ocultar propiedades y pidió comisiones por la construcción del AVE a la Meca. La pieza, no obstante, fue archivada el pasado mes de septiembre por el entonces instructor, el juez Diego de Egea. En el auto por el que se dio carpetazo al asunto, el magistrado sostiene que no hay “datos” ni “documentaciones” que prueben las acusaciones vertidas por Zu Sayn-Wittgenstein contra el monarca. El juez, además, rechazó que Villarejo, único investigado en esta pieza, hubiera podido cometer un delito de revelación de secretos o de cohecho a tenor de lo que se escucha en los audios. Así, en relación con la petición de la empresaria de ayudar a un amigo suyo que tenía problemas con la Hacienda española, el juez señala que el excomisario “en ningún momento acepta el encargo”.

6. Pintor

La pieza denominada Pintor se abrió el pasado verano y afecta a los hermanos Fernando y Juan Muñoz, éste último marido de la periodista Ana Rosa Quintana, así como a un par de abogados. En ella, la Audiencia Nacional investiga la contratación de los servicios del excomisario para cobrar una deuda que supuestamente tenía con los hermanos Mateo Martín Navarro, al que se referían como El Pintor, cliente del abogado Francisco Javier de Urquía.  La trama liderada por Villarejo elaboró dosieres, que contienen datos confidenciales extraídos de bases policiales, contra el supuesto deudor y su letrado a fin de extorsionarles y conseguir que aceptaran el pacto con los Muñoz que se buscaba. En los encuentros con los clientes, que fueron grabados por el excomisario, el policía explicaba que en la operación sólo tendría que pagar al despacho de detectives que contratase para los seguimientos y les advertía que en el futuro los precios ascenderían a “150 o 200 papeles” porque “si te pillan te comes cuatro años por revelación de secretos”.

7. Kitchen

La séptima pieza de la macrocausa es la que afecta a la mayor parte de los integrantes de la denominada policía política, la pequeña brigada creada durante la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior utilizada para atacar a rivales políticos –independentistas y Podemos, principalmente– y para defender al PP. En concreto, en la pieza conocida como Kitchen se investiga la supuesta utilización entre 2013 y 2014 de esta policía política para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y hacerse con información comprometedora para la formación conservadora que pudiese estar en su poder. Para esta operación se recurrió al uso de fondos reservados con los que, entre otras cosas, se habría pagado al exchófer de Bárcenas por su condición de confidente. En la séptima pieza del caso Villarejo, que permanece bajo secreto, están siendo investigados el ex director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino, los inspectores jefe José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano o los excomisarios Enrique García Castaño y Andrés Gómez Gordo.

8. Marbella

De todo el puzzle Villarejo, la parte menos conocida es la relativa a la pieza número VIII, que permanece bajo secreto. A comienzos de diciembre, el juez Diego de Egea ordenó la apertura de la conocida como Marbella para investigar las actividades del excomisario en la ciudad malagueña a raíz de una denuncia por presuntas extorsiones a un empresario de la localidad. Según indicaron en su día fuentes jurídicas a la agencia EFE, las pesquisas de la Audiencia Nacional giran alrededor de un “asunto puntual” centrado en Marbella.

9. Trampa

El Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional también está investigando, aunque sigue bajo secreto, el encargo que el BBVA hizo en 2004 al comisario jubilado con la intención de frenar la ofensiva de Sacyr Vallehermoso para intentar entrar en el órgano de dirección de la entidad y forzar la salida de su entonces presidente, Francisco González. La denominada Operación Trampa, por la que según la documentación confidencial la entidad se habría comprometido a pagar al comisario un mínimo de 360.000 euros más IVA, más otro pago adicional de 120.000 euros a abonar una vez desactivada la ofensiva, consistió en un espionaje masivo a todos los protagonistas de la maniobra llevada a cabo por la constructora para descubrir trapos sucios de los objetivos que filtrar posteriormente a los medios de comunicación. En su investigación, Villarejo recurrió a los pinchazos telefónicos. Entre los afectados de la operación estarían el expresidente de Sacyr Luis del Rivero, así como el expresidente y exvicepresidente de la CNMV y algunos miembros del primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

10. Dina

La última pieza abierta hasta el momento es la conocida como Dina. Esta investigación, bajo secreto, se centra en el robo del móvil que sufrió en 2015 la que fuera asesora de Pablo Iglesias durante su etapa como eurodiputado, Dina Bousselham, y la posterior publicación en el periódico digital OkDiario de información personal sobre el líder de Podemos extraída del terminal sustraído. Durante los registros de la operación Tándem, los agentes de Asuntos Internos encontraron entre el material intervenido un archivo con el contenido del móvil. En esta pieza, la décima, el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón imputó a comienzos de semana al periodista Alberto Pozas, exdirector de Interviú, que habría sido la persona que entregó el condenido del teléfono a Villarejo después de que la revista decidiera no publicar nada con esa información. La abogada de Iglesias y Bousselham ha solicitado a la Audiencia Nacional que se cite a declarar como investigado al director de OkDiario, Eduardo Inda, y que se lleven a cabo varias diligencias de prueba, entre ellas la geolocalización del terminal desde que fue robado hasta el día que se publicaron las informaciones en el periódico digital.

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