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Crisis del coronavirus

La gestión de la segunda ola empieza a cobrarse derechos del personal sanitario

Protesta este lunes a las puertas del Hospital de Puerto Real (Cádiz) por la orden de personal de la Junta de Andalucía.

La gestión de la segunda ola de la pandemia empieza a arrollar derechos laborales del personal sanitario. Los gobiernos de Andalucía y Aragón han autorizado suspensiones de vacaciones, permisos y exenciones de guardias. Además, permiten cambios de jornadas y movilidad obligada –si es necesario– entre centros o funciones distintas. En la Comunidad Valenciana los sindicatos denuncian la suspensión del derecho al descanso semanal mínimo de 36 horas, de las 12 horas entre jornadas y de la reducción de trabajo por cuidado familiar. En Castilla y León Satse, CSIF, CESM, UGT, CCOO y SAE han acusado a la Administración autonómica de preparar "el mayor atropello contra los derechos laborales". La tensión laboral crece al ritmo de la expansión del virus. Mientras las administraciones explican que se trata de soluciones de urgencia que ojalá no haya que utilizar, las organizaciones representativas de los trabajadores lamentan la falta de previsión.

Javier Martínez, presidente del sector de Sanidad de CSIF, afirma que se está produciendo “un grave atropello” a los derechos de los trabajadores. “Es inaceptable que las comunidades puedan movilizar a los trabajadores sin tratarlo con sus representantes. Somos conscientes del estado de alarma, pero lo que está ocurriendo no es por culpa de los trabajadores. Es por falta de previsión [de las autoridades sanitarias]”, añade Martínez, que ve vulnerado el artículo 37.1 de la Constitución. Dicho artículo establece: “La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios”.

Martínez señala con dedo acusador al real decreto publicado el 30 de septiembre por el Gobierno, “de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud”, que ya habilitaba a las comunidades para adoptar medidas de movilidad de sanitarios “de forma excepcional y transitoria”. También autorizaba a contratar a profesionales “con grado, licenciatura o diplomatura que carecen aún del título de especialista reconocido en España”.

Dicho decreto “pone en riesgo la seguridad de los pacientes, puesto que se está pisando la regulación de la profesión, legaliza el intrusismo y deslegitima el sistema de formación sanitaria especializada”, según la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). A juicio de esta organización, "el procedimiento para implantar estas medidas, que deja vía libre a las comunidades para su aplicación, supone aumentar más la heterogeneidad en las condiciones laborales de los médicos en los distintos Servicios de Salud, además de que cercena el derecho a negociar en las mesas sectoriales”.

Las tensiones sindicales han aflorado de forma más clara con las medidas aplicadas por las comunidades autónomas, autoridad delegada en este segundo estado de alarma. ¿Dónde? Javier Martínez (CSIF) cita conflictos y situaciones preocupantes en las siguientes comunidades: Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla León y Galicia. La Organización Médica Colegial (OMC), CCOO y la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) también han dado la voz de alarma.

El punto más caliente ahora es Andalucía, donde el Gobierno autonómico (PP-Cs) acaba de endurecer las medidas ante el avance de la pandemia. El 28 de octubre, la Junta ya adoptó medidas drásticas, con la esperanza de lograr un cambio de tendencia. Había entonces una incidencia acumulada de 423 positivos por cada 100.000 habitantes en 14 días. El presidente Juan Manuel Moreno (PP) se dio hasta el 8 de noviembre para evaluar el efecto. Hay ahora 576. La situación es crítica. Los hospitales han superado ya el máximo de ingresados en planta y en UCI de la primera ola.

Junto a las nuevas medidas, la Consejería de Salud ha aprobado una orden de personal. Se trata de preparar al sistema para lo desconocido. Según la orden, las gerencias sanitarias “podrán autorizar de manera gradual, en función de la evolución de la crisis sanitaria, el disfrute de días de vacaciones, permisos y días de libre disposición, así como cualquier otro permiso o licencia que implique ausencia del centro de trabajo”.

Y añade la orden: “Cuando las circunstancias concretas que concurran en un determinado centro sanitario imposibiliten el mantenimiento de la asistencia sanitaria a la población con los recursos humanos disponibles, las disposiciones relativas a jornada de trabajo, periodos de descanso y disfrute de vacaciones reglamentarias podrán ser transitoriamente suspendidas”.

De modo que “podrán quedar sin efecto las limitaciones relativas a la duración de la jornada, al régimen de trabajo a turnos y a los periodos mínimos de descanso diario y semanal”, según la orden.

El texto prevé movilidad física y funcional en caso de necesidad. El personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS) “podrá ser adscrito temporalmente a puestos de trabajo que, como consecuencia de la situación epidémica, se hallen coyunturalmente desatendidos, aunque estén ubicados en unidad o centro sanitario distintos al de su destino”. Los gerentes están facultados para asignar a los profesionales “tareas distintas a las correspondientes a su puesto de trabajo, categoría o especialidad”. Los enfermeros y médicos residentes de último año podrán realizar tareas propias de especialistas. No se darán exenciones de jornadas complementarias (guardias) a mayores de 55 años.

La Junta podrá contratar a graduados, licenciados y diplomados sin título de especialista para la realización de funciones propias de una especialidad. Las gerencias tendrán la potestad de suscribir contratos de auxilio sanitario con estudiantes de último año. “La contratación de personal titulado sanitario se podrá realizar directamente por procedimiento de urgencia, sin utilizar los procedimientos ordinarios centralizados”, señala la orden, que prevé la reincorporación de jubilados de menos de 70 años.

Los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad, es decir, UGT, Satse, CCOO, Sindicato Médico y CSIF, reaccionaron a la orden con la convocatoria de concentraciones en todas las provincias. "Con la excusa de la pandemia, se vulneran derechos fundamentales de los trabajadores del SAS”, señalaban UGT y Satse.

En ámbitos sindicales molestó el qué y el cómo. Fuentes sindicales explicaron a este periódico que las organizaciones recibieron el domingo, por whatsapp, una convocatoria extraordinaria y urgente para celebrar este lunes una reunión a las 12.00 horas. Se desconocía el orden del día. Finalmente los sindicatos conocieron el contenido de la orden, cuya letra causó preocupación. La irritación llegó, señalan las mismas fuentes, cuando la orden se hizo pública el mismo domingo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

"Entre los derechos atropellados”, señala el secretario general Sanidad de CCOO Andalucía, Humberto Muñoz, “cabe destacar que se autoriza a los gerentes de los centros sanitarios a contratar personal saltándose la normativa de Bolsa Única vigente, es decir, con contratación a dedo”. A su juicio, “se quebrantan gravemente” los derechos laborales del personal del SAS y se produce una “imposición unilateral de medidas arbitrarias no sometidas a control alguno que afectan a 100.000 trabajadores”, “pudiéndose modificar discrecionalmente” por las direcciones gerencias la jornada máxima y la duración de los turnos de trabajo. “En lugar de sostener, proteger, cuidar y levantar el ánimo de una plantilla al borde de la extenuación, ahora recibe un golpe más de la misma Administración que no lo ha fortalecido”, señala Muñoz.

“Se trata de un texto de máximos para intentar evitar diseñar nuevas medidas en caso de empeoramiento de la actual situación pandémica. Desde el SAS, se ha expresado la esperanza de que no todas las posibilidades previstas sean precisas”, aclara la Consejería de Salud y Familias.

El Gobierno de Aragón (PSOE-PAR-CHA-Podemos) publicó una orden el 3 de noviembre para garantizar a la autoridad sanitaria “los medios necesarios para la gestión de la situación de crisis”. Los gerentes sanitarios se reservan la autorización, en función de la evolución de la crisis sanitaria”, del “disfrute de días de vacaciones, permisos y días de libre disposición, así como cualquier otro permiso o licencia que implique ausencia del centro de trabajo”. Quedan también en el aire las limitaciones relativas a la duración de la jornada, al régimen de trabajo por turnos y a los periodos mínimos de descanso diario y semanal.

La orden incluye medidas de movilidad de centro de trabajo y de función, así como suspensión de autorizaciones de exención de guardias. UGT, entre otras organizaciones, ha mostrado su disconformidad con la medida. “El Gobierno de Aragón tiene que hacer un esfuerzo como sea, porque actualmente hay unos 800 sanitarios en baja y al mes que viene, pueden ser 1.000”, señaló el sindicato, como recogió El Periódico de Aragón.

En la Comunidad Valenciana el Sindicato Médico hizo público un borrador de resolución de la Conselleria de Sanitat que prevé medidas de movilidad y descansos. “En función de la necesidad asistencial podrá suspenderse [...] la regulación de la normativa relativa a jornada de trabajo y descanso que sea de aplicación a cada tipo de personal”, señala el texto. También podrá suspenderse el régimen ordinario de permisos, licencias y vacaciones, así como de reducciones de jornada, según el texto. Está prevista en el borrador la “suspensión temporal de las exenciones de guardias por razones de edad”, siempre según el texto dado a conocer por el Sindicato Médico, que junto CSIF y CCOO han expresado su rechazo.

Según CCOO, en la Mesa Sectorial celebrada este lunes la conselleria mantuvo su plan. “Sanitat hace recaer sobre el personal el coste de las deficiencias estructurales acumuladas durante años y no resueltas por ninguna administración. En lugar de hacer un ejercicio de empatía, respeto y reconocimiento al personal, basa sus medidas en el recorte de derechos”, señala el sindicato. UGT, CSIF, Satse y el Sindicato Médico también rechazan de plano el plan de personal autonómico. Según estas organizaciones, el plan permite la suspensión del derecho al descanso semanal mínimo de 36 horas, de las 12 horas mínimas de descanso entre jornadas y de la reducción de jornadas por cuidado familiar. Además, aseguran, pone en entredicho los días libres que a los profesionales corresponden en Navidad y Semana Santa y suspende el derecho al disfrute de los periodos vacacionales.

Sanitat, a preguntas de infoLibre, respondió con el envío de una nota de prensa sobre su plan en la que no aludía a los descansos. “Si fuera necesario, la conselleria ha considerado la posibilidad, siempre sólo por el tiempo necesario, de mover personal sanitario entre departamentos de salud diferentes para poder actuar más rápidamente y de una forma efectiva. Desde la conselleria se es consciente del sobresfuerzo que se está pidiendo a las cerca de 70.000 personas del sistema sanitario valenciano [...] y se quiere manifestar que, al margen de estos planes eventuales de respuesta rápida, se trabaja paralelamente para dotar de más medios y mejores condiciones al sistema”, señala la nota. Según señala Sanitat, “el plan es similar al que se activó el pasado 13 de marzo, durante la primera ola”.La conselleria no aclaró si el contenido del plan se correspondía exactamente con el borrador inicial.

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En Castilla y León, gobernada por PP y Cs, los sindicatos Satse, CSIF, CESM, UGT, CCOO y SAE han acusado a la Administración autonómica de preparar "el mayor atropello contra los derechos laborales" con un decreto que, "aprovechando la pandemia, pretende modificar de forma permanente el Estatuto Jurídico del personal estatutario, eliminando sus derechos laborales”, según dichas organizaciones.

infoLibre preguntó a la Consejería de Sanidad por el detalle de la modificación legal, sin respuesta. Los sindicatos aseguran que, según la modificación que les fue planteada por la consejería, cualquier situación que un gerente considere una emergencia, como la ausencia de profesionales en las bolsas de empleo o la gripe anual, “podrá ser la excusa para que se eliminen los derechos de los trabajadores”. En concreto, los sindicatos señalan que esto “podría afectar a reducciones de jornada, vacaciones, permisos retribuidos, permisos para la conciliación y cambios de horario”. Dicho decreto ley no ha sido aprobado, lo que no ha evitado que los sindicatos alcen la voz preventivamente.

En Galicia, gobernada por el PP, una resolución del gerente del área sanitaria de Vigo, Javier Puente, establecía “que todos los recursos y el conjunto de los profesionales sanitarios y no sanitarios estén disponibles para hacer frente a las necesidades de atención sanitaria que se puedan producir”, como publicó La Voz de Galicia.

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