Economía

El Gobierno destinará 7.000 millones de euros a ayudas directas a empresas y autónomos

La ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.

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El Gobierno aprobará este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario el paquete de ayudas públicas por importe de 11.000 millones de euros para el sector de la hostelería, el turismo y el comercio, que incluye un fondo de apoyo directo a las empresas de 7.000 millones que gestionarán las comunidades autónomas, según han confirmado a Europa Press fuentes gubernamentales.

La medida estaba prevista que recibiera luz verde el pasado martes tras ultimar los últimos detalles en el fin de semana, pero tras las exigencias de Unidas Podemos de incrementar las ayudas directas y ante la necesidad de perfilar los últimos flecos técnicos, se ha retrasado su aprobación hasta este viernes.

El fondo de ayudas directas a empresas lo gestionarán las comunidades autónomas, si bien la Agencia Tributaria controlará los requisitos para obtener las prestaciones y Baleares y Canarias tendrán una partida especial por el impacto en el sector turístico, de acuerdo con la información avanzada por el diario El País.

La idea del Gobierno es que dichas ayudas puedan llegar en el "menor plazo de tiempo", aunque la titular de Hacienda, María Jesús Montero, ha admitido este jueves, en una entrevista en RTVE recogida por Europa Press, que hablar de "días" sería "muy arriesgado", porque hace falta un trabajo de garantías jurídicas que permita asegurar que "el dinero llega y se emplea para los fines que está previsto".

Estas cifras, que llevan cerradas desde la semana pasada, se aproximan más a lo que reclamaba Unidas Podemos, que pedía que el monto de ayudas directas a empresas fuese de 8.000 millones de euros.

A falta de que se especifiquen esos últimos "detalles técnicos", el Ejecutivo aprobará en el Consejo de Ministros Extraordinario de mañana estos 11.000 millones de euros, dirigidos a evitar los problemas de solvencia en las empresas, especialmente las pymes, tras el impacto sufrido por las restricciones de la tercera ola del covid y después de que el Gobierno aprobase el año pasado 40.800 millones (5% del PIB) en ayudas directas, principalmente los ERTE, y tenga comprometido hasta la fecha un 2% del PIB en 2021 a este fin.

Las ayudas de este fondo se sumarán a las ya implementadas por las CC.AA. y las nuevas medidas que las regiones configurarán después de la transferencia realizada por el Estado del fondo covid-19 de 16.000 millones, a los que se unirían los 8.000 millones de euros recibidos del Fondo React-EU este año.

4.000 millones para reestructurar créditos ICO y recapitalizaciones

Además de las ayudas directas, también un segundo fondo se configurará para la reestructuración de los más de 120.400 millones de créditos avalados hasta la fecha por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), en un 98% a pymes y autónomos, dotado con 3.000 millones.

A este respecto, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podría elaborar un protocolo de cara a las reestructuraciones, si bien es previsible que finalmente deje a merced de la banca los procesos de quitas y reestructuraciones. En cualquier caso, las entidades tendrán que asumir parte del coste de estas nuevas medidas.

El tercer y último fondo sería de recapitalización para empresas medianas mediante la empresa pública Cofides, con un importe de 1.000 millones, en la línea del implementado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de 10.000 millones de euros para grandes empresas.

De esta forma, los instrumentos que podrían ver la luz van en la línea de lo que ha dejado entrever Calviño en las últimas semanas e incluirían ayudas directas y ayudas a través de solvencia (quitas de deudas), tal y como reclamaban desde distintos sectores que han apremiado en los últimos días a que no se demorase más la aprobación.

El nuevo paquete de ayudas que ultima el Gobierno se ha configurado tras meses de trabajo principalmente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital junto al Banco de España y las entidades financieras, así como los departamentos de Industria, Comercio y Turismo o Trabajo, ya que tal y como ha asegurado la vicepresidenta tercera del Gobierno, Nadia Calviño, las entidades tienen que seguir teniendo un papel importante en las nuevas medidas y asumirán parte del coste de las mismas.

En esta línea, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo lleva meses trabajando en ayudas directas al considerar que las ayudas implementadas hasta la fecha, como la reducción de costes, los ERTE, la moratoria del alquiler, los aplazamientos de impuestos o cotizaciones o el Plan Horeca aprobado en diciembre no eran suficientes para el sector.

Podemos ve esta decisión como "acertada"

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha celebrado este jueves la "acertada" decisión del Ejecutivo de fijar finalmente un importe de 7.000 millones de euros en ayudas directas a empresas afectadas por la pandemia del coronavirus. 

"Esto no va de quién pierde o quién gana dentro del gobierno. Con esta acertada decisión, gana el gobierno de coalición en su conjunto, gana la hostelería, el pequeño comercio y los sectores económicos más afectados por las restricciones y gana el país", ha apuntado en Twitter.

Finalmente los 7.000 millones consignados es una cantidad inferior a la demandada por Unidas Podemos, pero fuentes de la formación morada han expresado su satisfacción ante el resultado final del decreto que se aprobará el viernes, pues se acerca a sus pretensiones. 

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La medida ya fue reclamado por la formación morada en febrero, mediante sendas cartas enviadas a la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

"Las ayudas directas deben ser accesibles para todas las empresas, al margen del sector en el que se encuentra, y la condición para acceder debe pasar por la comprobación de una caída drástica (30%-40%) de su facturación en 2020 con relación a 2019", destacaba el documento de la Vicepresidencia de Derechos Sociales.

Por otro lado, destaca que las ayudas directas a empresas deben de quedar enteramente reguladas en una norma estatal y ser "homogéneas" en todo el territorio. Para evitar "abusos" por parte de las empresas y "casos de mala utilización" de los fondos públicos, Unidas Podemos apostaba por condicionarlas a ciertos objetivos de políticas públicas. El principal, propiciar el mantenimiento del empleo.

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