Fuerzas parapoliciales y un secuestro: García-Castellón investiga la detención de un exabogado de Assange en Senegal
Tres días de pesadilla. Eso fue lo que vivió Juan Paulo Branco, abogado hispanofrancés especializado en derechos humanos, el pasado agosto cuando ejercía a miles de kilómetros de casa. El letrado, nacido en la localidad malagueña de Estepona, fue retenido durante horas en Mauritania. Y trasladado posteriormente a la fuerza por milicias armadas parapoliciales hasta Senegal, un país contra el que había interpuesto semanas antes una detallada denuncia por crímenes de lesa humanidad. O eso es, al menos, lo que relata en una querella interpuesta el pasado mes de diciembre ante la Audiencia Nacional y que acaba de provocar la apertura de una investigación sobre lo sucedido. Encima de la mesa, un delito de secuestro con finalidad terrorista.
Branco, que en su momento formó parte del equipo jurídico del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, es experto en derecho internacional. Fue colaborador del ministro de Asuntos Exteriores francés. Y también ha ejercido como asesor de la Minusca, la misión de Naciones Unidas para la estabilización en República Centroafricana. En la actualidad, es assistant to counsel en la Corte Penal Internacional, es decir, forma parte de la lista de asistentes jurídicos que dan apoyo a aquellos abogados con capacidad para representar a acusados, víctimas o testigos ante el tribunal de La Haya. Y un personaje incómodo. Antes de la pandemia, llegó a denunciar a autoridades y altos funcionarios europeos por su implicación en la muerte de miles de refugiados y migrantes en el Mediterráneo.
Pero las actividades del abogado no se limitan al Viejo Continente. A finales del pasado junio, Branco decidió presentar una amplia denuncia contra las autoridades senegalesas –casi dos centenares de páginas y setecientos elementos de prueba– ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad contra la oposición política. Lo hizo pocas semanas después del estallido de protestas en el país por la condena por corrupción de menores contra el principal líder opositor, Ousmane Sonko. Tras la denuncia del abogado, que representa también al jefe de la oposición, Senegal abrió una causa contra Branco relacionada con los disturbios, que se saldaron con decenas de muertos y miles de detenidos, y dictó orden de detención internacional contra él.
A pesar de encontrarse en busca y captura, el letrado no dudó en viajar al país africano en cuanto se enteró que su cliente había sido detenido de nuevo. En Dakar, ofreció una rueda de prensa, en la que también presentó los avances sobre la denuncia por crímenes de lesa humanidad. Y en cuanto finalizó, puso rumbo de inmediato a la vecina Mauritania. Es allí donde da comienzo, según la querella interpuesta a la que ha tenido acceso infoLibre, la supuesta operación de "secuestro" y traslado forzoso del abogado a Senegal por parte de individuos vinculados a grupos "policiales" o "parapoliciales". Una denuncia que ya está investigando el Juzgado de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional, que dirige el magistrado Manuel García-Castellón.
La querella relata que Branco, cuyo nombre saltó hace cuatro años a la palestra a raíz de la filtración de un vídeo de carácter sexual que hizo caer al candidato de Emmanuel Macron a la alcaldía de París, llegó "por mar" a territorio mauritano en la tarde del 4 de agosto. Desembarcó en Legwechiche, una pequeña aldea ubicada a menos de 100 kilómetros de la capital, a la que el letrado pretendía llegar para coger un avión con destino a Europa. Nada más tocar tierra, se presentó ante las autoridades locales. Al principio, todo parecía ir bien. Pero en cuanto se percatan de que están ante el letrado hispanofrancés al que las autoridades senegalesas tienen bajo el radar, todo comienza a torcerse. Branco es retenido. E interrogado.
Ya de madrugada, siempre según el relato de hechos que figura en la denuncia, el abogado es introducido en un vehículo civil "sin distintivos" y trasladado a una comisaría de la capital, Nouakchott. Y de ahí, es enviado en un todoterreno escoltado por "hombres armados" a una caseta de la Sûreté Nationale a las afueras de la ciudad, donde se le encierra en la celda B3 18. El abogado, a quien según la querella nunca se le ofreció asistencia letrada ni contacto consular, va comunicando su posición como puede a través de un teléfono a su bufete. Pero a primera hora de la mañana se le vuelve a trasladar hasta la Dirección General de Seguridad, los servicios de inteligencia mauritanos. Y allí, le requisan el pasaporte y el resto de pertenencias.
Vuelta a Senegal y libertad con condiciones
Tras varias horas de incertidumbre, es esposado de nuevo e introducido otra vez más en una pick up. El vehículo emprende la marcha hacia el sur. Tras dos horas de viaje, se detiene en Rosso, una ciudad que hace frontera con Senegal. Allí, un grupo de hombres encapuchados le sacan del todoterreno, le cambian las esposas, le ponen un saco en la cabeza y lo suben a la fuerza a una embarcación que, según la querella, tiene "identificación senegalesa". Tras una corta travesía, Branco vuelve a pisar tierra firme. Allí, hombres "vestidos de civil con armas pesadas" le introducen en un convoy que cruza la frontera senegalesa. Ya en el país africano, es transferido a una camioneta oficial de la Policía y trasladado a Dakar. Es la madrugada del 6 de agosto.
"Le descendieron del vehículo, sin zapatos, vestido con un simple qamis y en un estado muy deteriorado. Al descender del vehículo y quitarle la capucha, Branco se encontró frente al querellado. (...) En ese momento, fue consciente de que ha sufrido un secuestro en Mauritania por parte de fuerzas parapoliciales senegalesas", recoge la denuncia interpuesta. La querella interpuesta por el abogado en nuestro país se dirige, en concreto, contra Adramé Sarr, jefe de la División de Investigaciones Criminales de la Policía de Dakar, "precisamente miembro de los cuerpos policiales" a los que el abogado hispanofrancés había señalado por crímenes de lesa humanidad ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
Branco fue encerrado con otra decena de personas en una celda de apenas una veintena de metros cuadrados de la prisión de Rebeuss. "No se le ofreció ni agua ni comida", señala el escrito de su abogado, Aitor Martínez. Allí estuvo durante las siguientes horas, hasta que el 7 de agosto, el letrado fue llevado ante el Tribunal de Grande Instance, que decidió ponerlo en libertad "debido a la presión internacional" al más alto nivel existente. Eso sí, completa la querella, con condiciones: "No mencionar directa o indirectamente nada en relación al procedimiento al cual había sido sometido". Tras esto, Branco abandonó el país en un vuelo con dirección París. Para su defensa, el "secuestro" sirvió como un toque de atención a la población senegalesa que simpatizase con la oposición.
Las autoridades del país africano, sin embargo, siempre han defendido que el abogado hispanofrancés fue detenido por unidades policiales ordinarias cuando trataba de cruzar la frontera con Mauritania a través del río Senegal como consecuencia de una orden de detención. Según recogía entonces el portal de noticias Senego, fue arrestado cuando estaba a punto de llegar al país vecino disfrazado de pescador en una canoa. "Se ocultó de esa forma la operación ilegal de secuestro en el país vecino, traslado transfronterizo y maltrato del abogado", sostiene la querella, en la que señala que la versión dada por las autoridades senegalesas es "falsa" y que los hechos relatados son constitutivos de un delito de secuestro con finalidad terrorista.
Dos operaciones de secuestro de la Audiencia Nacional
La denuncia, presentada a finales del pasado año, recayó en el Juzgado de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional, que dirige el mediático magistrado Manuel García-Castellón. Y la pasada semana, tras recabar la opinión del Ministerio Fiscal, se decidió la apertura de una investigación sobre el asunto. "Corresponde conocer de los hechos denunciados a la jurisdicción española si estos hechos fuesen calificados como delito de terrorismo cometidos contra ciudadano español, calificación que no puede realizarse en este momento inicial de la investigación sin la práctica de diligencias dirigidas a la comprobación de los hechos, sus partícipes y la finalidad pretendida", señala el auto de García-Castellón.
El magistrado ha decidido, en primer lugar, tomar declaración a Branco como testigo-víctima. Y, por otra parte, ha pedido que se libre oficio al Ministerio de Asuntos Exteriores "solicitando informe sobre la actuación de los servicios consultares" en Mauritania y en Senegal en relación con la detención. El abogado hispanofrancés ganó notoriedad pública en los últimos años al formar parte del equipo jurídico del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, si bien en la actualidad fuentes conocedoras de la defensa del periodista aclaran que ya no es su abogado. Branco, de hecho, fue una de las víctimas del espionaje al que se sometió al activista australiano mientras se encontraba recluido en la embajada de Ecuador en Londres. Las entrevistas abogado-cliente fueron controladas.
Con este ya son dos los procedimientos seguidos en la Audiencia Nacional en relación con la detención en países africanos de ciudadanos españoles. En el Juzgado Central de Instrucción nº5, el que dirige el magistrado Santiago Pedraz, hay abierta una causa contra Carmelo Ovono Obiang, hijo del dictador Teodoro Obiang, y otros dos altos mandos de la seguridad ecuatoguineana. El caso se centra en el secuestro y posteriores torturas sufridas por cuatro miembros del Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial-Tercera República (MLGE3R) –Feliciano Efa, Julio Obama, Martín Obiang y Bienvenido Ndong–, la oposición del país. Los dos primeros con nacional española. Los dos últimos, residentes de larga duración en nuestro país.
Todos ellos viajaron a Juba, capital de Sudán del Sur, engañados, pensando que se iban a reunir con alguien de la Unión Africana. Y una vez allí, fueron apresados y trasladados a Guinea Ecuatorial. Ese desplazamiento se habría hecho, según se desprende de la investigación, en el avión Embraer de la flota presidencial ecuatoguineana. E informes de la Comisaría General de Información de la Policía incorporados a la causa sitúan en dicha aeronave a los tres principales investigados: además del jefe del servicio secreto exterior e hijo del dictador, la lupa se sitúa sobre el ministro de Seguridad Nacional y el director general de la Seguridad Presidencial. Un procedimiento detrás del cual se encuentra también Martínez, el abogado que ha presentado ahora la querella en nombre de Branco.
