Fiscalía y familias de varios opositores batallan para que no se mande a Guinea el caso contra el hijo de Obiang
Viernes, 15 de noviembre de 2019. Cuatro miembros del Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial-Tercera República (MLGE3R) —Feliciano Efa, Julio Obama, Martín Obiang y Bienvenido Ndong— desaparecen Juba, capital de Sudán del Sur. Los dos primeros tienen nacionalidad española. Los otros dos son residentes legales de larga duración en nuestro país. Las familias denuncian. Y el Ministerio Público acaba judicializando el asunto. Una causa que, tres años después, se ha convertido en todo un quebradero de cabeza para el régimen de Guinea Ecuatorial. Tanto, que las autoridades del país africano maniobran desde hace meses para quedarse con el caso, que salpica directamente a los Obiang. Algo que tratan de evitar a toda costa la Fiscalía, el MLGE3R y las familias de los opositores.
La causa se centra en el secuestro y posteriores torturas sufridas por Efa, Obama, Obiang y Ndong. Todos ellos, viajaron a territorio sursudanés engañados, pensando que se iban a reunir con alguien de la Unión Africana. Y una vez allí, fueron apresados y trasladados a Guinea Ecuatorial. Ese desplazamiento se habría hecho, según se desprende de la investigación, en el avión Embraer de la flota presidencial ecuatoguineana. E informes de la Comisaría General de Información de la Policía incorporados a la causa sitúan en dicha aeronave a los tres principales investigados: Carmelo Ovono Obiang, jefe del servicio secreto exterior e hijo del dictador Teodoro Obiang; Nicolás Obama, ministro de Seguridad Nacional; e Isaac Nguema, director general de la Seguridad Presidencial.
La querella interpuesta por el MLGE3R también sostiene que todos ellos participaron en las sesiones de tortura a las que habrían sido sometidos los secuestrados en los zulos subterráneos de la prisión ecuatoguineana de Oveng Azem. Un caso que, lejos de lo que pueda parecer, no es excepcional. “Tiene unos claros elementos comunes con el resto de secuestros efectuados en los últimos años desde diferentes países africanos a ciudadanos nacionales o residentes en Europa”, recoge uno de los informes policiales aportados a la causa, que describe un modus operandi consistente en conducir a un opositor a través de engaños de un país en el que se encuentra seguro a otro bajo la influencia del régimen de Obiang, donde es detenido y entregado a Guinea Ecuatorial.
La causa, al principio, se llevó con el más absoluto sigilo. E incluso se llegó a acordar la detención del hijo del dictador tras conocerse que aterrizaría en el Aeropuerto de Barajas. Pero al final Obiang no entró por el aeródromo madrileño, lo que obligó a abortar la misión. Sin embargo, las pesquisas continuaron. Y a los pocos días la Policía le localizó en un hotel de la capital. El problema es que en esa ocasión, el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, Santiago Pedraz, solamente ordenó que se le notificara la querella. Tras esto, el jefe del servicio secreto exterior guineano desapareció del mapa. Y los intentos para tomar declaración tanto a él como a los otros dos investigados en la causa han sido infructuosos.
Guinea Ecuatorial se posicionó, desde el primer momento, en contra de la investigación. “[España] no quiere la prosperidad de los ecuatoguineanos. Únicamente humillar a nuestro país, cometer injerencia e irrespetar nuestra soberanía”, llegó a decir públicamente el vicepresidente y también hijo del dictador, Teodorín Obiang. Pero al poco tiempo, el Ejecutivo ecuatoguineano anunció que se había abierto en su país una investigación judicial contra los tres investigados en la Audiencia Nacional por los mismos hechos. Un movimiento que las familias interpretaron desde el primer momento como un intento del régimen de Obiang de sustraer el caso de la justicia española. Y que está marcando el actual desarrollo del procedimiento judicial.
Pedraz se muestra convencido de que hay que ceder la jurisdicción al Estado africano. “No hay base para entender que Guinea Ecuatorial no esté dispuesta a llevar a cabo la investigación o no tenga capacidad para realizarla”, sostenía el magistrado en un auto de finales de enero. Algo a lo que se resisten tanto la Fiscalía como el MLGE3R —ejerce como acusación popular— y las familias de los opositores. Las partes no dudan en poner de manifiesto los altos grados de corrupción existentes en el país africano. Y los riesgos que entraña que el caso sea enviado allí. “Es impensable que una justicia absolutamente subyugada a los designios de Obiang vaya a investigar a su cúpula de seguridad, y entre otros, a su propio hijo”, señala a infoLibre Aitor Martínez, abogado de los querellantes.
Sobornos en una justicia sometida a los Obiang
El último Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional sitúa a Guinea Ecuatorial como el noveno país más corrupto del mundo. Y organizaciones como Amnistía Internacional no han dudado en cuestionar una y otra vez el funcionamiento y “falta de independencia” de su poder judicial. Un asunto por el que también ha mostrado su preocupación el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ha criticado la “ausencia de un procedimiento transparente de nombramiento y destitución de jueces y fiscales” o que “muchos de ellos” carezcan de una “formación adecuada”. “El Comité observa con inquietud que el Poder Ejecutivo desempeña una función preeminente en la organización del Poder Judicial”, apuntaba en uno de sus informes.
Quien conoce bien el funcionamiento del sistema es Juan Carlos Ondo. Fue presidente de la Corte Suprema de Justicia del país africano, la misma que ahora dice que va a investigar al hijo del dictador. Y uno de los testigos que ha declarado en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional. Una comparecencia en la que se apoyan tanto Fiscalía como las familias para advertir de los riesgos de enviar el caso a Guinea Ecuatorial. “Los jueces actúan instruidísimos, sobre todo tratándose de causas políticas como la que nos concierte”, apuntó Ondo, quien, como recuerda el Ministerio Público en uno de sus últimos recursos, confirmó también que el procedimiento que siguen las autoridades guineanas es “detener, secuestrar, torturar, mantener a los acusados sin acceso al abogado”.
Más allá de esto, la defensa de las familias se apoya también en otra “declaración jurada” del exjuez, fechada el pasado mes de diciembre y que este “aceptaba ratificar en sede judicial”. En la misma, según se recoge en el último recurso de la acusación, Ondo insistía en que “el poder judicial” ecuatoguineano se encuentra “sometido a los designios” del presidente, del vicepresidente y del resto de la familia Obiang. Y aseguraba que él mismo, en su día, recibió la orden del dictador de incoar un procedimiento penal en la Corte Suprema de Justicia para alegar concurrencia de jurisdicciones e intentar cerrar el paso a la causa que se seguía en Francia contra Teodorín Obiang, otro de los hijos del presidente ecuatoguineano.
La acusación también ha aportado en su último recurso una declaración jurada del letrado francés William Bourdon, quien ejerció la acusación contra Teodorín por blanqueo ante la justicia gala. En ella, recoge el escrito de las familias de los opositores, se expone cómo desde Guinea Ecuatorial “se remitió información judicial que afirmaba existir concurrencia de jurisdicciones”. Un movimiento similar al actual que, sin embargo, fue rechazado por los tribunales galos. Finalmente, el hijo de Obiang fue condenado.
Y luego están los sobornos. Hace casi un año, el diario Público desveló que el magistrado ecuatoguineano encargado de instruir el caso abierto contra el hijo de Obiang habría aceptado un soborno para mediar en un procedimiento judicial en el país africano contra la empresa General Work. “Lo que hemos acordado con la señora es que te vamos a reconocer un pequeño honorario mensual, ¿de acuerdo?”, se escucha en un vídeo que en 2016 publicó Diario Rombe. No es, sin embargo, el único. El pasado mes de noviembre, el presidente de la Corte Suprema de Guinea Ecuatorial también dimitió por haber recibido, presuntamente, 153.000 euros en sobornos.
Riesgo para opositores y testigos protegidos
Las acusaciones, además, advierten de que enviar la causa a Guinea Ecuatorial también puede poner en “grave riesgo” a muchas personas. Es el caso de los “testigos protegidos” que abandonaron el país africano “con material muy sensible”, así como sus “familias”, que siguen en suelo ecuatoguineano. Y también los propios opositores secuestrados. “Hay que recordar que los familiares de las víctimas se querellan aquí porque las víctimas directas están en Guinea Ecuatorial desaparecidas, sin que nadie informe sobre su paradero, por lo que carece de sentido que el país que los tiene en situación de desaparición afirme que va a investigar las violaciones a esas personas mientras continúa escondiéndoles de la diplomacia española y la comunidad internacional”, apunta el abogado.
Las autoridades ecuatoguineanas, de hecho, negaron durante meses a las españolas que los opositores se encontrasen bajo su jurisdicción. Y la Dirección General de Asuntos Consulares ha informado repetidamente en el procedimiento que Guinea Ecuatorial se niega a dar información sobre el paradero y estado de salud de los opositores secuestrados en la capital de Sudán del Sur. Se sabe que uno de ellos, Julio Obama, falleció en el país africano en circunstancias no aclaradas poco después de que el hijo de Obiang investigado en esta causa saliese de España tras serle notificada la investigación. El Juzgado de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional ordenó la repatriación del cuerpo, algo a lo que las autoridades de Guinea Ecuatorial se han negado.
