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Crisis de los refugiados

Refugiados: la respuesta de la UE sigue sin atajar la crisis un año después

El Congreso se iluminó anoche de verde para denunciar el drama de los refugiados y en recuerdo del niño Aylan Kurdi, que se ahogó hace un año en una playa de Turquía.

La presión social provocada por la fotografía de Aylan, el niño sirio que murió ahogado en una playa turca cuando intentaba llegar con su familia a Grecia, hizo que los líderes europeos se comprometieran a principios de septiembre de 2015 –sobre el papel, al menos– a poner más medios para dar protección a los demandantes de asilo provenientes de Siria, Afganistán, Irak o Eritrea que llevaban meses llegando de forma masiva a las costas de Grecia e Italia o malviviendo en campamentos en Turquía o Líbano.

Los Veintiocho tardaron varias semanas en ponerse de acuerdo para reubicar (desde Grecia e Italia) a algo 160.000 personas en dos años, cuando ACNUR ya estimaba entonces que más de 410.000 habían cruzado el Mediterráneo sólo en los ocho primeros meses de 2015 (ahora son 1,2 millones). De ahí que las ONG insistieran en que esas actuaciones no darían una solución real a la crisis. Un año después las cifras parecen dar la razón a las organizaciones humanitarias. 

De hecho, los datos oficiales ponen en evidencia la incapacidad de Europa incluso para acoger a los refugiados a los que se había comprometido. En conjunto, la cifra total de reubicados alcanza los 4.473. El compromiso era acoger a 160.000, así que el porcentaje de acogidos apenas alcanza el 2,8% sobre el total. España, por su parte, sólo ha acogido a 474 personas de las 17.680 acordadas. Es decir, un 2,7%. 

Algo mejor parece estar funcionando el mecanismo de reasentamiento de refugiados directamente desde Turquía o Líbano. Hasta el pasado 13 de julio (últimos datos disponibles) eran 8.268 las personas reubicadas de un total de 22.000 a las que se habían comprometido los Estados miembros. 

Nuevos contingentes 

Un portavoz del Ministerio del Interior confirma a infoLibre que "llegarán nuevos contingentes a España", aunque no especificó en qué fecha. Señala, además, que la comisión interministerial –Exteriores, Interior, Defensa, Sanidad y Servicios Sociales, Justicia y Educación– creada para coordinar la llegada del cupo que se comprometió a acoger el Estado español "sigue trabajando" y declina dar más detalles sobre cuáles son las causas de este retraso.

Fuentes comunitarias aseguran que la Comisión lleva meses urgiendo a los Estados miembros a que cumplan sus compromisos y aceleren la reubicación de solicitantes de asilo para aliviar la presión sobre Italia y Grecia, donde más de un millón de personas siguen atrapadas esperando poder seguir su camino hacia el norte de Europa.

A juicio de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la organización más importante entre las que se ocupan de la protección de los refugiados, las autoridades europeas están actuando con una "pasividad flagrante" en este proceso. "Sólo se mueven a golpe de tragedia y lo hacen de forma insuficiente", señala a este periódico Ramiro Muñiz, portavoz del área de Incidencia de la ONG.

Según los cálculos de la organización, al ritmo actual, los países europeos tardarían 43 años en cumplir con las 160.000 reubicaciones desde Grecia e Italia que se comprometieron a realizar en dos años. Muñiz recuerda que, hace un año, CEAR ya advirtió de que el mecanismo era "insuficiente" y lamenta que, doce meses después, se haya puesto de manifiesto que la UE "no ha sido capaz ni ha tenido voluntad" para atajar este drama humanitario. En este sentido, CEAR reprocha a los líderes europeos que "siguen tomando decisiones más preocupados en impedir la llegada de solicitantes de asilo que en ofrecerles un lugar de acogida digna".

El acuerdo UE-Turquía

La política de acogimientos se vio sacudida por el acuerdo suscrito en marzo entre los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintiocho y Turquía para expulsar a ese país a "todos los nuevos migrantes" que llegaran a las costas de Grecia sean refugiados o emigrantes económicos.

Los líderes preveían con ese pacto sellar la ruta del mar Egeo con devoluciones exprés y que Europa acoja únicamente a tantos sirios como haya expulsado. El objetivo era también mostrar que el viaje legal y seguro hacia Europa es más eficaz para los demandantes de asilo que arriesgar su vida en el mar. Desde entonces, tal y como confirma un portavoz de la Comisión Europea, 1.219 sirios han sido reasentados en países europeos y 484 personas de varias nacionalidades han sido retornadas a Turquía "tras no haber solicitado asilo".

Algo más de cinco meses después de su puesta en marcha los datos evidencian que este acuerdo no ha acabado con los intentos de los refugiados provenientes de Siria, Afganistán, Irak o Eritrea y de los migrantes económicos de huir de la guerra, la inseguridad o el hambre. Y es que el cierre de la ruta del Egeo –el número de personas que llega cada día a las islas griegas ha pasado de más de 700 a alrededor de 100– consiguió reducir las llegadas a Grecia pero no acabar con otras rutas.

Una de esas rutas inseguras es la que va directamente a Italia desde la costa turca bordeando las islas griegas. Mientras que en julio de 2015, 23.186 personas llegaron a Italia por mar, en el mismo periodo de este año fueron 23.552.

De hecho, un informe reciente de la Organización Internacional para las Migraciones alerta de que la crisis migratoria "persiste". Y ofrece cifras preocupantes: en el año 2015 y en la primera mitad de 2016, más de 6.600 refugiados y migrantes se ahogaron o desaparecieron en el Mediterráneo después de que sus barcos naufragaran en el trayecto hacia Europa. Ese documento revela, además, que muchos de los cuerpos nunca son identificados y que las familias en el lugar de origen jamás se enteran de lo que ocurrió a sus seres queridos.

Críticas de las ONG 

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El acuerdo UE-Turquía fue recibido por las más severas críticas por expertos en derechos humanos y ONG, que cuestionan que Turquía sea un país "seguro" para los refugiados. De hecho, la ONG Amnistía Internacional (AI) ha venido documentando en sus informes anuales viene documento el deterioro de la situación de los derechos humanos en ese país. AI insiste en que no cree que Turquía pueda ser considerado como "país seguro", debido al tratamiento a los migrantes y refugiados, ya que "ha devuelto a refugiados a Siria" y "no cuenta con un sistema de asilo en pleno funcionamiento".

Este fue el acuerdo que llevó el pasado junio a Médicos Sin Fronteras (MSF) a rechazar el dinero que recibe de la UE y de los Gobiernos de los Veintiocho (114,7 millones de euros en 2014) en señal de protesta. "No podemos aceptar dinero de una institución que está haciendo tal despliegue de crueldad", dijo entonces a infoLibre el presidente de MSF España, José Antonio Bastos. La ONG que mantiene tres buques de salvamento en el Mediterráneo y equipamientos sanitarios en Grecia, Turquía, Siria y sus países vecinos (Jordania, Turquía, Líbano, Irak), entre otros lugares.

Para CEAR, la respuesta del Gobierno de Recep Tayyip Erdogan al fallido intento de golpe de Estado del pasado 15 de julio con auténticas purgas en el Ejército y en otros sectores –especialmente el judicial y el educativo– y cierres de medios de comunicación evidencia las carencias de ese país en relación al respeto a los derechos humanos. "A día de hoy hay más razones, si cabe, para denunciar este acuerdo", sentencia Muñiz. 

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