Ha llegado el momento; el momento en que la inteligencia artificial ya no es ninguna película de ciencia-ficción, ni una nueva empresa de Silicon Valley; su papel, ahora mismo, ocupa un lugar central en el mundo, no solo tecnológico sino cognitivo y cultural de la sociedad. Un papel, hay que decir, muy inquietante y cuyas ramificaciones y efectos en la comprensión del mundo solamente acaban de empezar. Ante este reto abrumador, TintaLibre de junio se ha puesto manos a la obra para tratar de explicar a nuestros lectores cómo afecta y subvierte las reglas de donde más nos duele: el periodismo.

Ekaitz Cancela, uno de los más reputados analistas del poder tecnológico, esboza de este modo la situación del paciente colectivo de esa transformación imparable: “La imprenta digital de Google y Meta ha colonizado los últimos reductos de la vida democrática: esa esfera donde el difunto Habermas situaba la conversación, el diálogo y la deliberación cotidiana. En los últimos años se han privatizado los mecanismos que sostenían la atención pública sobre lo que se cuenta”.

Quizás no hay mejor preámbulo para una realidad que escapa muchas veces hacia los límites de la propia irrealidad. Lo dice Marta Peirano: “Hasta el jefe de Instagram admite que no podemos creer nada de lo que vemos. La sensación es de colapso: si todo es mentira, todo es verdad”.

Centrando más el foco en la profesión que nos afecta (y nos desvela), Ismael Nafría, abunda en la verificación de un efecto que ya estamos notando todos los días en la prensa: “La IA generativa está ya provocando un aumento espectacular de la producción editorial realizada de manera automática por nuevos actores que, en la inmensa mayoría de los casos, no persiguen los objetivos del buen periodismo, sino simplemente generar negocio”.

Porque en gran medida se trata de negocio, simplemente de negocio y mucha codicia. Desde dentro de las tripas de la IA otro especialista en la materia, Raúl Novoa, cuenta un caso real que le ayudó a comprender cómo se las gasta el bicho, al mismo tiempo que la educaba acabó con su trabajo. “La IA ordenaba la portada, enviaba notificaciones y editaba. Nuestra misión era verificar que lo hiciera bien y entrenarla. ¿Un spoiler? No era capaz de titular, ni jerarquizar, ni de contrastar”.

El colofón de nuestro amplio análisis sobre la IA lo ponen dos mujeres directoras de medios de comunicación en España, un dato sobre el que no hace falta ningún tipo de inteligencia androide para saber que son dos casos únicos. Esther Vera, directora del diario Ara, plantea un problema que trae desde hace tiempo de cabeza a las redacciones: “La irrupción de la IA generativa plantea ahora una amenaza más profunda. Ya no se trata solo de que las plataformas distribuyan contenidos ajenos. Se trata de que puedan absorberlos, reorganizarlos y devolvérselos al usuario sin necesidad de pasar por el medio que los produjo”. Virginia P. Alonso, directora de nuestro infoLibre, abre un interrogante situado en el ojo del huracán: “Tal vez la pregunta decisiva no sea qué impacto tendrá la IA en el periodismo, sino la pregunta es qué periodismo queremos defender ante los retos tecnológicos”.

Mientras Silicon Valley diseña nuestro futuro tecnológico a la carta y abre la puerta a un mundo incierto, por aquí abajo, en las redacciones honestas y las piezas escritas sin robots, seguimos pulsando la tecla del periodismo real. Y hay humor, tanto como que Miguel Sánchez-Romero se aventura esta vez en llevar al plató de Marc Giró al mismo Jesucristo (que nos sorprende con su dominio ante las cámaras), o también podemos comprobar en la crónica en primera persona de Miguel Saralegui como el Opus Dei sigue dando el cante, esta vez a cargo de ese grupo que tanto gusta a Ayuso que se llama Hakuna.

Pero si volvemos a hablar del periodismo lean por favor la laudatio que un correcaminos de la profesión como Xavier Vidal-Folch realizó sobre Soledad Gallego-Díaz con motivo del premio a la ética periodística concedido por la FAPE. Fue solo un mes antes de su fallecimiento. Va por ella.

El PSOE aventajaba en 11,3 puntos al PP en estimación de voto justo antes de la imputación judicial del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y de las últimas novedades en el caso Leire Díez, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Los socialistas ganarían las elecciones con el 36,2% de los votos, dos décimas menos que en el anterior muestreo, con el PP en segunda posición con el 24,9% de los sufragios, 1,3 puntos más, y Vox en tercer lugar con el 16,2% y una subida de un punto y medio.

La encuesta procede de 4.016 entrevistas telefónicas realizadas por el CIS entre el 4 y el 18 de mayo, en plena campaña de las elecciones autonómicas andaluzas.

La cuarta formación política sería Sumar, gracias a un 5,7% de respaldo y solo una décima menos que en abril, mientras suben tres décimas ERC y Podemos, hasta el 2,9% los republicanos catalanes y al 2,2% los morados, mientras experimenta un fuerte impulso Se Acabó la Fiesta (SALF), con siete décimas más y el 2,2% de apoyo electoral.

Entre los que más caen destaca EH Bildu, que se deja cuatro décimas hasta situarse en el 1,3 por ciento en estimación de voto, en tanto que el PNV pierde tres y se queda en el 0,8%, mismo porcentaje que obtiene el BNG; CC sacaría un 0,2% y UPN el 0,1% de los sufragios.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue siendo el político mejor considerado en todos los parámetros, aunque experimenta un ligero desgaste mientras el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, mejora su consideración por parte de los ciudadanos, aunque todavía a gran distancia del líder socialista.

Sánchez es el preferido como presidente para el 29,4% (hace un mes lo era para el 31,3) y a Feijóo le prefiere el 13,8% cuando en abril optaba por él el 9,9%; en la tercera posición también mejora el presidente de Vox, Santiago Abascal, con el apoyo del 9,3% que eleva su anterior 7,4%.

En mayo caen los que confían en Sánchez y hay más entrevistados que confían en Feijóo: al 35,8% el presidente les genera "mucha" o "bastante" confianza, cuando hace un mes era el 36,8%, y en Feijóo confía el 18,7% (antes el 17,3%).

Son también más los que desconfían de Sánchez, al pasar de un 61,9% en el anterior barómetro al 63%; Feijóo sigue generando "poca" o "ninguna" confianza en más encuestados (el 80,3%) aunque baja algo su porcentaje de abril (81,6).

Tampoco hay aprobados en este barómetro en las notas que adjudican los españoles a los líderes políticos; Sánchez gana con 4,59 sobre diez de media, seguido de la vicepresidenta primera y representante de Sumar en el Gobierno, Yolanda Díaz (4,25), de Feijóo (3,74) y con Abascal de nuevo en última posición (2,93).

Las preocupaciones de los ciudadanos son similares en este muestreo a las de hace un mes, pero crece notablemente la vivienda, que sigue en cabeza, al acumular un 48,8% de menciones, 7,5 puntos más que en el barómetro de abril.

En segunda posición se sitúan los problemas económicos, mencionados por el 20,7% de los entrevistados (en abril lo hizo el 29,9%), y en tercer lugar la inmigración se eleva hasta el 18,9%, con 3,1 puntos más en la lista de principales problemas de los españoles.

El 38,1% de los encuestados opina que la situación económica de España es "buena" o "muy buena" pero más de la mitad, el 53,5%, la califica de "mala" o "muy mala".

Sin embargo, al preguntar a los encuestados por su situación económica personal, el 63,6% la califica de "buena" o "muy buena" frente a un 26% que la tilda de "mala" o "muy mala"; mientras que es "regular" para el 9,3%.

La defensa de David Sánchez ha planteado la nulidad de las actuaciones contra su patrocinado al entender que atentan contra el derecho fundamental de tutela judicial efectiva, pues los hechos de la denuncia inicial no son objeto del juicio y que el procedimiento supone "una investigación prospectiva"

"La raíz está podrida, como expone la teoría anglosajona", ha expuesto Emilio Cortés, letrado del hermano del presidente del Gobierno, en su exposición de cuestiones previas en el inicio del juicio a su cliente por tráfico de influencias y prevaricación, que desde este jueves acoge la Audiencia Provincial de Badajoz.

En su intervención, ha subrayado "la inspiración de signo político" de las acusaciones populares, entre las que figuran Vox, Manos Limpias y HazteOir, en la denuncia inicial, en la que se recogía "el abultado patrimonio" de su cliente, absentismo laboral, delitos fiscales, malversación y se sustentaba la misma con recortes de prensa.

De hecho, las acusaciones unen el objeto de este juicio con "la trama de Aldama", en cuyo proceso, "curiosamente, no aparece David Sánchez".

"Es todo pura invención y mentira; una falacia", ha elevado Emilio Cortés. "No levante el tono de voz", le ha pedido el presidente del Tribunal, José Antonio Patrocinio Pérez.

Por todo ello, el abogado de David Sánchez ha expuesto que los delitos que son objeto de este juicio surgen de "una investigación prospectiva", lo que atenta al derecho fundamental de tutela judicial. Esta misma exposición ya fue rechazada en fase de instrucción tanto por la juez Beatriz Biedma como por la propia Audiencia.

Asimismo, ha elevado objeciones al proceso de incautación de los correos electrónicos —la UCO analizó varios miles de mensajes—, pues estaban referidos a la denuncia inicial y, a partir de ahí, surgen "hallazgos casuales" que tampoco sustentan indicio alguno.

Bajo estos mismos parámetros, Juan José Torres, el abogado del expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha pedido que la sala considere la nulidad parcial al considerar que el auto de apertura de vista oral incluye presuntos hechos delictivos de su defendido sobre los que no se le tomó declaración en la fase de instrucción.

En concreto, ha hecho referencia al proceso de creación y adjudicación del puesto de jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, el cual fue adjudicado a Luis Carrero, amigo personal de David Sánchez.

A Gallardo, ha dicho su letrado, no se le tomó declaración en relación a esta acusación, la cual “no estaba incluida” en el auto de apertura del juicio.

Tras citar distinta jurisprudencia, Torres ha subrayado la obligación del instructor de tomar declaración a la persona investigada por los hechos objeto de acusación.

"Nadie puede ser llevado a juicio oral” sin ser preguntado en fase de instrucción, ha agregado en referencia al citado proceso del puesto de jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas.

Las acusaciones populares, que sostienen que David Sánchez era conocedor de que el puesto de coordinador "se había creado para él" y que se presentó a la convocatoria sabiendo que las entrevistas al resto de candidatos eran "un mero paripé", han declinado presentar cuestiones previas.

Al inicio de la vista, el Tribunal ya ha anunciado que el juicio se extenderá al menos hasta el día 9 de junio, pues son 42 testigos y 11 investigados, con siete acusaciones y el Ministerio Fiscal.

Las acusaciones particulares en el juicio a David Sánchez han expresado su rechazo a las cuestiones previas planteadas por las defensas, como la nulidad parcial del auto de apertura del mismo y la falta de tutela judicial, al entender que suponen "un auténtico dislate", pues estas ya fueron rechazadas tanto por la jueza instructora como por la Audiencia de Badajoz.

Tras la intervención de los letrados de los 11 investigados, que han planteado otras cuestiones, como la prescripción de delitos para algunos de ellos y una instrucción "prospectiva" que partió de un delito fiscal y que ha derivado en prevaricación, los letrados de las siete acusaciones populares (HazteOir, Fundación de Abogados Cristianos, Liberum, Iustitia Europa, Manos Limpias, PP y Vox) han expuesto este jueves sus opiniones a las mismas.

Respecto a dicha "investigación prospectiva", lo que atenta —según las defensas— al derecho fundamental de tutela judicial, las acusaciones han recordado que también existe el concepto de "cristalización progresiva" de la investigación judicial.

En relación con la petición del letrado del expresidente de la Diputación de Badajoz de nulidad parcial, el abogado de Manos Limpias, José María Bueno, ha afirmado que "no es un delito aislado".

A Gallardo no se le tomó declaración, según ha dicho el abogado de este, Juan José Torres, sobre el proceso de creación y adjudicación del puesto de jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, otra de las piezas de acusación de este juicio. "Está relacionado", ya que este puesto recayó en Luis Carrero, también investigado y amigo personal de David Sánchez, ha apuntado Bueno.

Las defensas también habían planteado al inicio de la vista de que no tiene sentido de que algunos de los acusados estén sentados en el banquillo por supuestos indicios, mientras que otras personas que fueron objeto de pesquisas, en referencia al que fuera diputado de Recursos Humanos de la Diputación Antonio Garrote, no figuran como investigados.

Esta reflexión viene enmarcada en el criterio de las defensas de que la jueza instructora Beatriz Biedma ha evitado de que el proceso pasara al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, pues Garrote estaba aforado durante la fase final de la instrucción.

"La imputación depende de las acusaciones, no de las defensas", ha afirmado el abogado de HazteOir, Javier María Pérez Roldán, quien, además, ha recordado que el Ministerio Fiscal tampoco consideró acusar a Garrote y ha defendido la imparcialidad tanto de la jueza instructora como de la Audiencia pacense.

En un tono muy crítico, Marta Castro, abogada de Vox, ha afeado a las defensas por querer eliminar cualquier relación del proceso de creación de la plaza de coordinador de conservatorios en la Diputación y la adjudicación de la misma a David Sánchez con el PSOE.

"¿Cómo que no tiene nada que ver Pedro Sánchez en todo esto?", se ha preguntado Castro, para quien en estos hechos "sobrevuela" la vinculación de Pedro Sánchez en el "traje a medida" que diseñó la Diputación para su hermano.

En su exposición, el Ministerio Público se ha adherido a la cuestión previa planteada por el abogado de Gallardo y ha planteado que "la aceptación de nombramiento ilegal", si así se demuestra y en referencia a David Sánchez y el puesto de coordinador, es un delito leve y que ha prescrito.

La fiscal Begoña García Boró ha considerado que no hay falta de tutela judicial sobre los investigados, ve legítima las bases sobre las que las acusaciones sustentan el delito de prevaricación, pero no el de tráfico de influencias.

Al final de la vista de este jueves, el Tribunal ha remarcado su imparcialidad tras los planteamientos de recusación que ya elevaron las defensas.

Asimismo, ha anunciado que el próximo lunes, 1 de junio, dará a conocer su resolución a las cuestiones previas elevadas, por lo que este viernes no habrá sesión.

Manos Limpias ha afirmado que “no hay ni un solo correo, llamada o injerencia” directa por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la contratación de su hermano por parte de la Diputación de Badajoz.

Tras finalizar la primera sesión del juicio por este contrato, el abogado de Manos Limpias ha afirmado que el Tribunal actuó bien al desunificar las siete acusaciones populares personadas en la causa, las cuales actuaron como una sola durante la fase de instrucción.

Sin embargo, y con motivo del inicio del juicio, la Sala decidió la disolución de la acusación popular que hasta ese momento representaba Manos Limpias y que agrupaba también a HazteOir, Vox, Abogados Cristianos, Liberum, Iustitia Europa y PP.

Bueno ha reconocido discrepancias, por ejemplo con Vox, cuya letrada Marta Castro ha apuntado que en los hechos que aquí se juzgan "sobrevuela" la vinculación de Pedro Sánchez en el "traje a medida" que diseñó la Diputación para su hermano.

Bueno ha afirmado que nadie va a dar lecciones a Manos Limpias en ser beligerante con Pedro Sánchez, cuyos problemas judiciales "se basan en denuncias” de esta entidad “a las que luego se han sumado otros si la cosa sale bien”.

“Manos Limpias es defensora del principio de legalidad, y en esta causa, y por mucho que Vox quiera plantear lo contrario por intereses electoralistas, el nombre de Pedro Sánchez no aparece en ningún sitio, pues no hay ni un solo correo, ni una sola llamada ni una sola injerencia”, ha dicho.

A juicio de Bueno, David Sánchez, "por supuesto, fue un beneficiado de la Diputación de Badajoz dirigida por el expresidente provincial Miguel Ángel Gallardo". "Probablemente —ha añadido— por ser hermano de quien es, pero no a causa de su hermano... lo que es algo distinto”.

Esta cuestión “no quiere decir que Manos Limpias cambie o sea defensora de Pedro Sánchez, sino que es defensora de la legalidad”.

También a su salida de la sede judicial, el abogado de Hazte Oír, Javier María Pérez-Roldán, ha manifestado que las defensas de los 11 investigados en la causas “tienen miedo a que se celebre el juicio y se vea la verdad", tras conocer que estas han llegado a pedir la nulidad parcial de las actuaciones.

Las defensas de los acusados no han realizado declaraciones.

Iberdrola ha inaugurado este miércoles la mayor batería de almacenamiento energético del país. La instalación está vinculada a las plantas fotovoltaicas Campo Arañuelo I y II y cuenta con una potencia de 58 MW, además de una capacidad de almacenamiento de 120 MWh.

El proyecto se localiza en Belvís de Monroy, en la provincia de Cáceres, y supone un avance en el desarrollo del almacenamiento energético, una tarea prioritaria para el sector energético debido al rápido desarrollo de las renovables.

Según ha explicado el CEO de la compañía en España, Mario Ruiz-Tagle, este tipo de infraestructuras permite responder a la nueva demanda que necesita energía firme y contribuye a avanzar en la electrificación de la economía, puesto que permite descargar la electricidad en horas de baja o nula producción renovable, desviando la producción barata a periodos del día con la energía más cara.

El proyecto, desarrollado en Campo Arañuelo, consiste en la incorporación de dos módulos de baterías de ion litio LFP, cada uno con una capacidad de unos 60 MWh, conectados a las plantas solares Campo Arañuelo I y Campo Arañuelo II, que ya estaban en funcionamiento. Gracias a esta integración, las instalaciones ganan flexibilidad y capacidad de gestión.

La inauguración ha reunido a representantes institucionales y de la compañía, entre ellos la consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán; el delegado del Gobierno en la comunidad autónoma, José Luis Quintana; el CEO de Iberdrola Energía Sostenible España, Julio Castro; así como alcaldes y autoridades de varios municipios de la zona.

Durante el acto, Ruiz-Tagle ha defendido que iniciativas como la de Campo Arañuelo sitúan al sector energético español ante proyectos "pioneros" y ayudan a que "la electrificación avance con firmeza".

El directivo también ha destacado que Iberdrola trabaja desde hace años en el desarrollo de soluciones de almacenamiento y que ocupa una posición de liderazgo en este ámbito. En este sentido, la energética reúne la mayor parte de la capacidad de almacenamiento con baterías actualmente operativa en España, con cerca de 200 MW en funcionamiento.

Mercedes Morán, por su parte, ha calificado esta infraestructura como una "inversión de primer nivel" y ha subrayado que proyectos de este tipo consolidan a Extremadura "como un polo energético", al combinar generación eléctrica, innovación tecnológica y estabilidad para el sistema.

El proyecto ha contado con apoyo del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) dentro de la convocatoria de ayudas para proyectos innovadores de almacenamiento energético hibridado con instalaciones renovables, incluida en el PERTE ERHA.

El caso Leire, que el juez Santiago Pedraz comenzó a investigar en secreto en diciembre, ha destapado una presunta trama, supuestamente financiada "con cargo a fondos" del PSOE, para "atacar la correcta dirección de las investigaciones" abiertas a la mujer y al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o que pudieran perjudicar a miembros del partido.

A primera hora de la mañana saltaba la noticia de que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se habían personado en la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz.

Tras cierta confusión sobre el motivo de la irrupción de los agentes, se aclaraba que su misión era, entre otras, la de requerir diversa documentación y archivos electrónicos relativa a esos presuntos pagos irregulares a la exmilitante del partido Leire Díez por sus servicios al frente de esa supuesta trama.

De forma simultánea, la UCO también practicaba este miércoles registros en la vivienda del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en Milagro (Navarra), en la del exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías en Madrid, y en la del empresario Javier Pérez Dolset en la Comunidad de Madrid.

Después se conocía que los tres han sido imputados por el juez Pedraz en el llamado caso Leire como integrantes de esa trama por delitos de organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.

En el auto en el que acuerda estas imputaciones, el juez desvelaba que Cerdán habría acordado con Díez "remunerarla con 4.000 euros mensuales con cargo a los fondos del partido" (llegó a percibir cuatro pagos), mientras que Zarrías "prestaría su sociedad como vehículo para dichos pagos y asesoría jurídica".

Otros nuevos imputados son el abogado Ismael Oliver, quien ejerció un tiempo la defensa del exasesor ministerial Koldo García, y que según el juez "sería el vehículo de pago de las cantidades destinadas a Leire a través de sus sociedades". De hecho, fue el procedimiento de pago ideado para sustituir al de Zarrías y por el que Leire Díez llegó a percibir 27.225 euros.

También configuran la trama el letrado Jacobo Teijelo, que ejerce la defensa de Cerdán en el caso Koldo, y el capitán de la Guardia Civil que formó parte de la UCO Juan Sánchez Yepes, al que representa Teijelo en el caso Gaslow sobre un fraude de hidrocarburos, que también investiga Pedraz. Sánchez Yepes, según el auto, "también factura sus servicios al PSOE".

Los investigadores sospechan que para "articular dichos pagos" se contó "con el presumible concierto" de la gerente del PSOE Ana María Fuentes, que también ha sido imputada, al menos como autora de un posible delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas mendaces.

El juez también ha hallado indicios de que el expresidente de Correos Juan Manuel Serrano Quintana y el que fuera mano derecha de Cerdán, Juan Francisco Serrano Martínez, actual diputado del PSOE por Jaén y parte de la Ejecutiva socialista, habrían colaborado con los investigados, aunque considera que habrá que esperar al desarrollo de la investigación para concretar su responsabilidad penal.

El juez sitúa el "punto de inflexión" de este encargo en la reunión que Leire Díez y Pérez Dolset mantuvieron con Cerdán en Ferraz en abril de 2024, coincidiendo con los días de reflexión que se tomó Pedro Sánchez tras la imputación de su mujer, Begoña Gómez, tras mandar una carta a la ciudadanía.

Señala Pedraz que Cerdán "habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido, que desde sus inicios soportó el coste" de esta actividad que ahora se investiga.

El plan de actuación habría incluido ofrecimiento de remuneraciones o favores a miembros de la Guardia Civil, fiscales e investigados, "a cambio de información o actos contrarios al ejercicio de su cargo".

En ejecución de dicho plan se dirigieron sucesivas denuncias "infundadas" contra la jueza Beatriz Biedma, así como contra la Fiscalía Anticorrupción que dirige Alejandro Luzón o la UCO.

Según Pedraz, la organización también llegó a ofrecer 50.000 euros a Carmen Pano —la empresaria que declaró ante el juez que había llevado 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE— para modificar o condicionar su declaración testifical.

El abogado Ismael Oliver habría sido el encargado de negociarlo y el juez ve indicios de que el ofrecimiento se materializó a través de Leticia de la Hoz, actual abogada de Koldo García.

 El auto recoge al menos 22 reuniones en la sede del PSOE en Ferraz, la mayoría entre Leire Díez y Cerdán. En la primera reunión, del 26 de abril de 2024, según el auto, participaron también Pérez Dolset, Juan Manuel Serrano, que fue entre 2014 y 2018 jefe de gabinete de Pedro Sánchez en Ferraz; e Ion Antolín, entonces responsable de comunicación del PSOE.

"Intentamos contactar con el PSOE dos años y solo cuando ocurre lo de Begoña alguien nos recibe", escribe Díez en unas anotaciones manuscritas, dice Pedraz, que añade que Cerdán sabía que esa militante, "por intereses de ámbito personal", había desarrollado con anterioridad actividades de "injerencia" en procedimientos judiciales.

El PSOE ha sufrido otro revés este miércoles con el "espectáculo" de ver a agentes de la UCO entrando de nuevo en la sede del partido en Ferraz para recopilar información sobre el caso de la exmilitante Leire Díez, un golpe más a la ya mermada moral del partido tras la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

La noticia ha pillado a los diputados socialistas entrando al pleno del Congreso minutos antes de las 09:00 horas, cuando el desconcierto ha tomado los pasillos por las primeras informaciones que apuntaban a que la operación de la UCO tenía como foco una presunta financiación ilegal del PSOE.

Entre la sorpresa y la negación, con caras serias, han ido entrando al hemiciclo los parlamentarios socialistas, donde el PP ha cargado duramente contra el Gobierno, y su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha aseverado que en estos momentos "no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata".

También los socios han navegado en la confusión de las primeras informaciones y a su llegada al pleno han pedido cautela a la vez que dejaban claro que una financiación ilegal del PSOE sería la línea roja que no estarían dispuestos a cruzar por seguir apoyando al Gobierno.

En la Ejecutiva socialista reconocen que la noticia del registro sobre una supuesta financiación ilegal les ha puesto "el corazón en la boca", pero subrayan que de eso a lo que finalmente ha sido —el requerimiento de información, según ha precisado el PSOE— hay "mucha diferencia".

El requerimiento en la sede nacional del partido ha ido acompañado de varios registros e imputaciones en una causa en la que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga presuntos pagos irregulares a Díez por su supuesta labor para desbaratar procedimientos judiciales.

El juez ha imputado a la propia Diez; al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; al exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías; y a la gerente del partido, Ana María Fuentes. Y halla indicios de que el expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano Quintana y el que fuera mano derecha de Cerdán, Juan Francisco Serrano Martínez, —miembro de la Ejecutiva socialista— habrían colaborado con los investigados.

Según avanzaba la mañana y se iba conociendo el fondo de la investigación, las miradas de la bancada socialista se centraban en conocer el mensaje del presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, quien tenía prevista una comparecencia ante los medios desde Roma.

Sánchez ha admitido la "gravedad" de las investigaciones de la Audiencia Nacional y ha garantizado la "total colaboración" con la justicia por parte de la dirección socialista.

A partir de ahí fuentes de la Ejecutiva han asegurado que las imputaciones no preocupan a la dirección del partido, han defendido la presunción de inocencia y piden tiempo para que los investigados den explicaciones.

Y aunque creen que la imagen de la UCO no les perjudica políticamente porque, sostienen, los militantes ven la campaña que a su juicio existe contra el PSOE, admiten el dolor que puede causarles personalmente a sus compañeros de partido y sus familias.

Con todo, las filas socialistas en el Congreso se preparan para aguantar lo que consideran un ataque "por tierra, mar y aire" y asumen que tras la sucesión de investigaciones de los últimos días y las vistas judiciales que afrontan en las próximas semanas tanto el hermano de Sánchez, como su mujer y Zapatero, solo les queda tener "paciencia".

Hay enfado, subrayan los socialistas en la Cámara Baja, pero también "callo" porque en los últimos tiempos han tenido que afrontar situaciones similares y porque siguen viendo a Sánchez fuerte y dispuesto a seguir hasta 2027.

"No nos van a doblegar, vale la pena gobernar", remachan.

Por el momento se desconoce el próximo destino de la periodista, que ha comunicado su decisión esta mañana a la dirección de la cadena y a su equipo en el programa, según han informado a EFE fuentes de la SER.

Tampoco se sabe todavía quién la va a sustituir a partir de la próxima temporada al frente del veterano programa matutino, por el que han pasado periodistas como Iñaki Gabilondo, Gemma Nierga, Pepa Bueno o Carles Francino.

"El 31 de agosto, con el inicio de la temporada 26-27, la SER estrenará una nueva etapa de 'Hoy por hoy' sin Àngels Barceló, que hoy ha comunicado a la emisora que no renovará su contrato", indica el comunicado, que recoge las palabras de la presentadora: "Agradezco infinito la lealtad y la confianza de los oyentes, de mis equipos y de mis colaboradores".

Nacida en Barcelona en 1963, Barceló comenzó en la Cadena SER -del grupo Prisa- en julio de 2005, al frente del programa de fin de semana 'A vivir que son dos días'. Entre 2008 y 2019 dirigió y presentó el informativo vespertino 'Hora 25' y desde septiembre de 2019 dirige y presenta el magacín matinal 'Hoy por hoy', líder de audiencia de la radio en España.

Ha recibido, entre otros, el Premio de Periodismo Europeo Salvador de Madariaga (2015), el Premio Ondas a la mejor presentadora de radio (2024) y el Premio de Comunicación Manuel Alonso Vicedo (2025). También cuenta con galardones como el Ondas, el Micrófono de Oro y el premio de la Academia de la Televisión.

"Trasladamos a Àngels nuestro reconocimiento y agradecimiento por su dedicación y su aportación a la SER durante estos 21 años", señala en el comunicado Jaume Serra, director general de radio y negocio audiovisual, mientras que Pilar Gil, consejera delegada de Prisa Media, ha recordado que está en marcha un "gran proyecto de transformación" para la nueva temporada. EFE

La Plataforma Juristas por Palestina ha emitido este martes, 26 de mayo, un comunicado en el que lamenta que España haya autorizado la participación de la Federación de Escalada de Israel (ILCA, por sus siglas en inglés) en la Copa del Mundo de escalada.

La competición, conocida internacionalmente como la World Climbing Series, se celebrará entre el 28 al 31 de mayo en Alcobendas (Madrid). Según la Plataforma, el evento supone una nueva ocasión en la que se permitirá “la continuación del lavado deportivo de Israel” o sportwashing, una práctica que, denuncian, ya se ha producido en otros certámenes deportivos como la Vuelta Ciclista a España o los Juegos Olímpicos.

Además, en la competición también participará Ayala Kerem, una atleta patrocinada por el grupo Shikun & Binui. Según la Juristas por Palestina, se trata de una “empresa incluida en la base de datos de Naciones Unidas sobre actividades empresariales en asentamientos ilegales por su implicación en la construcción de la barrera perimetral de Gaza y de infraestructuras de expansión de los asentamientos en Cisjordania”.

“El campeonato se celebra apenas días después de que un rocódromo de Bruselas (Le Camp de Base) haya renunciado a albergar la final de la Copa de Europa juvenil por la participación israelí. La negativa de la Federación israelí a llevar una camiseta neutral supuso la cancelación del evento”, añade la Plataforma.

A pesar de que España haya reconocido al Estado de Palestina y se haya posicionado en contra de Israel en diferentes ocasiones –interviniendo formalmente ante la Corte Internacional de Justicia en el caso iniciado por Sudáfrica contra Israel por genocidio; aprobando el Real Decreto-ley 10/2025 contra el genocidio en Palestina; retirando a su embajadora en Israel; o no participando en la última edición de Eurovisión–, esa oposición todavía no se ha trasladado al ámbito deportivo.

“La falta de instrucciones concretas relativas al ámbito deportivo, dejando que la federación de Israel participe en la Copa del Mundo de escalada supone una contradicción con esa postura y además, es contraria al artículo 81.2 de la Ley 39/2022 del Deporte que exige que las competiciones internacionales en España se celebren en coherencia con la política exterior”, recuerda la Plataforma.

“Excluir a las federaciones de un Estado al que organismos y mandatos de Naciones Unidas atribuyen actos de genocidio, un sistema de apartheid, crímenes de lesa humanidad y violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario es una obligación que vincula a España, a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento de Alcobendas y a las federaciones deportivas españolas, con independencia de la postura del Comité Olímpico Internacional. La pasividad institucional equivale a complicidad”, agregan.

Juristas por Palestina sostiene que "la vulneración del Derecho internacional por parte del Estado de Israel es flagrante y manifiesta" y que las obligaciones derivadas de esa situación "incumben a todas las administraciones implicadas, sin que ninguna pueda escudarse en su falta de competencia".

"Por ello, reiteramos nuestra solicitud al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para que, en el ejercicio de sus competencias en acción exterior y en cumplimiento de las obligaciones internacionales de España, dicte instrucción al Consejo Superior de Deportes y comunique formalmente a los organizadores la incompatibilidad de la participación de Israel en las condiciones previstas", reclama la plataforma.

"Solicitamos asimismo la creación de un mecanismo que permita valorar de forma anticipada eventos deportivos internacionales con participación de federaciones y atletas vinculados a graves vulneraciones del Derecho Internacional, como ocurre con Israel", concluyen.

Además de Juristas por Palestina, otras organizaciones y colectivos deportivos de toda España han pedido el veto a Israel en este evento. Climbers for Palestine Spain y la Plataforma para el Boicot Deportivo a Israel lanzaron el pasado 10 de abril una campaña para que los deportistas israelíes no participen en la Copa del Mundo de escalada.

Una campaña a la que se han unido otras organizaciones, desde pequeños clubes deportivos y asociaciones vecinales y estudiantiles como la Red Universitaria por Palestina; pasando por agrupaciones deportivas como Bulder Queen, Girls on the Wall, Monkey Fingers y Rock and Rocks Pedriza; hasta el Sindicato de Inquilinas, Más Madrid, Marea Palestina, Ecologistas en Acción, CGT, Asambleas 8M y la Asociación Hispano Palestina Jerusalén.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha aplazado a los días 17 y 18 de junio la declaración del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la investigación donde le sitúa como presunto "vértice" de una trama de tráfico de influencias en beneficio de Plus Ultra.

Calama ha dictado una providencia este martes en la que atiende la petición formulada por la defensa del también exlíder socialista, que había solicitado aplazar su comparecencia debido a la extensión de la causa, a la que no tuvo acceso hasta ayer, lunes.

En la resolución de la pasada semana en la que el juez destacaba el presunto "liderazgo" de Zapatero en la supuesta red de influencias, Calama le citaba como investigado para el próximo 2 de junio, en lo que era la primera vez que un juez acordaba investigar a un expresidente del Gobierno.

Ahora, en la providencia en la que acepta la petición de su defensa, el juez fija dos fechas para su declaración, los días 17 y 18 de junio a las 09:00 horas en la Audiencia Nacional.

El juez Calama sitúa a Zapatero a la cabeza de una presunta red de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente la aerolínea Plus Ultra, y "cuyos beneficios económicos habrían sido canalizados" hacia el expresidente y su "entorno más próximo".

Según la tesis del juez, el expresidente aportaría sus "contactos institucionales y empresariales de alto nivel" de cara a conseguir decisiones y ventajas a favor de terceros, esencialmente Plus Ultra.

En torno a esta estructura el juez sostiene que se construyó todo un entramado de empresas -algunas instrumentales y sin actividad real- para canalizar los supuestos beneficios a través de una simulación de servicios de asesoramiento.

En la causa, centrada en un presunto delito de tráfico de influencias, el juez también ve indicios de otros, como blanqueo y organización criminal.

La UCO de la Guardia Civil ha concluido que la cátedra que codirigió Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se creó según los trámites previstos, si bien pone el foco en adjudicaciones "premeditadas" para la puesta en marcha de un software.

La Unidad Central Operativa (UCO) ha entregado al juez Juan Carlos Peinado un informe de 317 páginas con varios anexos, al que ha tenido acceso EFE, sobre la creación de la cátedra y una plataforma de medición de impacto social y medioambiental, así como los movimientos bancarios de Gómez.

Begoña Gómez, su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés están a la espera de conocer el futuro de sus recursos contra el auto en el que el juez propuso juzgarles por un jurado popular.

Los agentes han concluido que "la información bancaria concuerda con el desarrollo de las actividades profesionales" de Begoña Gómez, y respecto a la cátedra afirman que "se nutre de diferentes colaboradores", todo ello "acorde con lo dispuesto por la UCM en lo relativo a cátedras extraordinarias y a la normativa común".

Ahora bien, llama la "atención" sobre la contratación de dos empresas para desarrollar la mencionada plataforma: Deloitte Consulting y Making Science Group.

La contratación de Deloitte, una de las empresas patrocinadoras de la plataforma, se tramitó con dos expedientes elaborados como "un mero marco administrativo" para darle "apariencia de legalidad", si bien "al margen del procedimiento establecido en la normativa", dice el informe.

Los pagos a la consultora se sustentaron en un contrato menor y en un procedimiento abierto simplificado, según la UCO, que afirma que las adjudicaciones a Deloitte "estaban premeditadas" y "la consultora ya había iniciado sus funciones con anterioridad".

Añaden los investigadores que "la prestación real de sus servicios no guardó relación con los plazos formales de ejecución de ambos contratos", y que los requisitos y condiciones exigidos "se amoldaron a las condiciones predefinidas por Deloitte y la cátedra, incluido el precio".

Y deducen que "se habrían solicitado ofertas de forma simulada o en unas condiciones que propiciaron una limitación de la concurrencia al resto de licitadores y en beneficio de Deloitte", con "discordancias entre el desempeño real de los servicios y los contratos formalizados".

La contratación de Making Science Group, por su parte, se realizó "sin ni tan siquiera haber tramitado un expediente administrativo al efecto", si bien al detectarse "esta disfunción una vez prestado el servicio, el pago fue liberado en aras de evitar un enriquecimiento injusto de la UCM".

Sobre la propiedad intelectual del software, el informe no aprecia que los responsables del proyecto siguieran el protocolo establecido por la Universidad para el registro de productos que pueden generar propiedad intelectual.

Y respecto a otros trámites como el registro de la marca y el alta del dominio para dar acceso público a la herramienta, tampoco dispone de "elementos" que "desprendan" que los responsables de la gestión, entre ellos Begoña Gómez, cumpliesen el protocolo interno. Estos dos procesos se cubrieron con fondos privados, en concreto, los costes de los que han comprobado su origen, por "la esfera personal" de Gómez.

Los agentes ven "vinculación" de Begoña Gómez con el software al haber participado "en los talleres promocionales de la herramienta", y sostienen que esta plataforma es de "carácter gratuito" y que los colaboradores afirman que es propiedad de la UCM.

Tras analizar las cuentas de Gómez entre 2019 hasta 2024, la UCO concluye que hay concordancia con sus actividades profesionales, y destaca abonos de la Universidad Complutense o su Fundación a una cuenta suya del BBVA.

Desde febrero de 2020 hasta noviembre de 2022, recibió 17.037 euros; en octubre de 2021, 10.157 euros; en diciembre de 2022, 5.090 euros; desde septiembre de 2022 a diciembre de 2023, cuatro pagos de 9.605 euros por parte de la Fundación de la universidad, que también transfirió el 18 de julio de 2023 170 euros. En total, 42.059 euros.

También incluye la UCO 37 abonos por valor de 196.353 euros de la Fundación Instituto de Empresa, con la que Gómez "tuvo vinculación profesional", y el ingreso de un cheque de 8.800 euros a su nombre por el grupo empresarial Inmark, con la que también estuvo relacionada profesionalmente.

"Mención aparte" tiene, según la UCO, "determinados ingresos" de una de las cuentas vinculadas a la sociedad Transforma TSC, que fue administrada por Gómez.

El informe recoge que una de esas cuentas fue abierta en diciembre de 2023 y cancelada en febrero de 2024, con "una entrada y posterior salida" de 6 euros; la otra tiene 26 movimientos desde abril hasta noviembre de 2024, y cuatro abonos, dos de ellos procedentes de cuentas propias por 600 euros y otros dos el mismo día (14 de marzo) por 6.687,85 euros, procedentes de la sociedad Innovación Hexagonal, de la que se identifica personal usuario de la plataforma.

La UCO encuentra "analogías" entre esta sociedad Transforma TSC (ya inactiva) y la plataforma, si bien cree que no hay "elementos que la vinculen oficialmente con la cátedra", y pese a su "corto periodo de vida" (de noviembre de 2023 a junio de 2024), sostiene que "efectivamente llegó a mantener una actividad comercial".

Una multitudinaria manifestación, a la que han asistido más de 100.000 personas según la organización, ha clamado este domingo por el centro de Madrid por una vivienda digna y ha llamado a la desobediencia inquilina y a iniciar un proceso hacia una huelga general.

Esta marcha supone "un punto de inflexión" y el comienzo de un nuevo ciclo de movilizaciones por el derecho a una vivienda digna que contará con manifestaciones en más de 30 ciudades durante las próximas semanas y culminará a finales de junio.

Encabezada con una pancarta bajo el lema 'La vivienda nos cuesta la vida', la manifestación, convocada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, ha partido a las 12:30 desde el paseo del Prado para concluir alrededor de las dos de la tarde en la calle Sevilla entre gritos de los asistentes durante todo el recorrido para protestar por la escalada de los precios de la vivienda y la precariedad habitacional.

Antes de arrancar, en declaraciones a los medios, la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, ha llamado a la "desobediencia" como única vía y "herramienta legítima" para luchar contra "la dictadura del rentismo", advirtiendo de que no van a someterse "a ningún chantaje de ningún casero" y no aceptarán ni sus precios ni sus contratos.

"Se desobedecen las leyes injustas para conquistar derechos colectivos", ha subrayado Del Río, que ha apelado a los sindicatos para "desobedecer juntos" y poner en marcha una huelga general que paralice las ciudades y ponga fin "al negocio de la vivienda".

"La desobediencia es el único camino. El rentismo está acaparando, está encareciendo la vivienda. El rentismo está bloqueando nuestras trayectorias vitales, está destrozando nuestras ciudades y está condenando al país a la precariedad. Nos está costando la vida", ha lamentado.

Entre los asistentes a la marcha han estado los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, junto a sus secretarias generales de Madrid, Paloma López y Susana Huertas, así como la portavoz del PSOE-M en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la eurodiputada de este mismo partido Irene Montero.

Tanto Sordo como Álvarez han pedido a las comunidades autónomas que colaboren para ayudar a solucionar el problema de la vivienda y han exigido a las administraciones públicas un "compromiso para reducir los precios de acceso a la vivienda".

El responsable de CCOO ha criticado el papel pasivo de las comunidades autónomas, competentes en materia de vivienda, que en su opinión "se están poniendo de perfil", y reclamado que se construya vivienda asequible en los próximos diez años, ya que se necesitan dos millones de casas en ese tiempo.

Álvarez ha denunciado la "insumisión" de las comunidades ante la gravedad del "problema social endémico" de la vivienda, ha considerado que se están demostrando "incompetentes en la materia", pese a tener las atribuciones transferidas, y ha criticado "la falta absoluta de colaboración" entre administraciones.

También en declaraciones a los periodistas Reyes Maroto ha dicho que el "grito" de esta manifestación tiene que ser oído por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento porque están "robando Madrid" y se están "echando" a la gente de sus barrios.

La socialista ha señalado que defienden el derecho a "vivir y no a sobrevivir" en la ciudad donde se confrontan dos modelos: el del PP que hace de la vivienda un "negocio" y el del PSOE que quiere "blindar la vivienda pública y ponerle coto a las viviendas de uso turístico".

Durante toda la marcha se han escuchado consignas en defensa de una vivienda digna y asequible para todos y cánticos como "Rentistas culpables, Gobierno responsable", "No es un piso chulo, es un puto zulo", "Ni casa sin gente, ni gente sin casa", "El próximo desahucio el ático de Ayuso" o "Madrid será la tumba del rentismo".

En muchos tramos del recorrido los asistentes han hecho sonar sus llaves a modo de protesta al tiempo que gritaban: "No nos vamos, nos quedamos".

Uno de los momentos emotivos de la manifestación ha sido cuando Mari Carmen, una mujer de 87 años en silla de ruedas, ha tomado el micrófono para contar que el próximo día 3 de junio la desahucia de su casa un fondo buitre.

"Mari Carmen no estás sola, estamos contigo" han coreado durante un largo rato los manifestantes, un grito de ánimo que han repetido en varios momentos de la protesta.

Entre las pancartas que portaban los participantes podían leerse algunos mensajes como "Las casas para quien las habita", "Gente jodida", "Más cigüeñas y menos buitres" o "La solución: expropiación".

"Techo y trabajo sin ser esclavo", "Si pago el alquiler no tengo para comer" o "Casas para vivir no para especular" son otros de los mensajes de los carteles.

Al llegar a la plaza de Cibeles, una de los asistentes se ha arrancado a cantar un chotis adaptado para la protesta, "el chotis del ladrillo", lo ha denominado.

Poco antes de las dos de la tarde, la marcha ha llegado a la calle Sevilla, donde representantes del Sindicato de Inquilinas y de los distintos colectivos sociales que han apoyado la marcha han hecho un llamamiento para avanzar hacia "una huelga general por la vivienda que paralice el país y termine definitivamente con el rentismo".

El cantautor y poeta Marwan Abu-Tahoun Recio, conocido artísticamente como Marwán, ha sido nombrado este viernes Embajador Humanitario de UNRWA España, la agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina, en reconocimiento a su trayectoria de apoyo y compromiso con la labor de la organización.

La designación se produce tras años de colaboración continuada del artista con la agencia, a través de distintas iniciativas solidarias relacionadas con la situación de la población refugiada palestina en Gaza, Cisjordania —incluida Jerusalén Este—, Siria, Líbano y Jordania. Entre esas acciones figuran conciertos benéficos y la composición de Nana urgente para Palestina, una pieza musical convertida en una de las expresiones públicas de apoyo a la causa palestina impulsadas por el artista. Por ello, la organización ha destacado que este reconocimiento llega “por coser su historia a la de la población refugiada de Palestina y a la de UNRWA”.

Durante el acto, la directora ejecutiva de UNRWA España, Raquel Martí, agradeció la implicación de Marwán y destacó el papel que ha desempeñado para acercar la realidad palestina a la sociedad española. “Has prestado tu talento y tu sensibilidad para recordarnos que Palestina no es solo un lugar en el mapa. Es memoria, es dignidad y es resiliencia”, señaló. Martí añadió que el reconocimiento busca devolverle, “aunque sea de manera simbólica, una pequeña parte de todo lo que él nos ha dado”.

En los últimos años, Marwán se ha convertido en una de las voces más visibles en España en defensa de los derechos de la población refugiada palestina y de la labor que desarrolla UNRWA sobre el terreno. Según la organización, su participación ha contribuido a ampliar la sensibilización y la movilización social en torno a la misión de la agencia.

Su vínculo con esta causa tiene además una dimensión personal. El padre del artista fue refugiado palestino y recibió apoyo de UNRWA en el campamento de refugiados de Tulkarm, en Cisjordania, antes de trasladarse a España.

Al recoger la placa que acredita su nombramiento, Marwán agradeció el reconocimiento y expresó su apoyo a la población palestina y a la labor de la organización. “Es un honor apoyar a la población de Palestina y a UNRWA, ya que para muchos palestinos sois todo lo que tienen”, afirmó, al tiempo que dio las gracias a los socios y socias presentes por su respaldo.

El nombramiento se enmarca además en la semana Cultura Viva X Palestina y UNRWA, un ciclo de actividades culturales impulsado por la organización en Madrid para acercar a la ciudadanía la realidad de la población refugiada palestina a través de propuestas culturales. La iniciativa se desarrolla en un contexto marcado por la continuidad de la crisis humanitaria en Gaza y por el incremento de la violencia registrado en las últimas semanas, pese a la reducción de la atención mediática sobre el conflicto.

El Tribunal Supremo ha rechazado paralizar de forma cautelar la regularización extraordinaria de inmigrantes que está llevando a cabo el Gobierno, como habían solicitado la Comunidad de Madrid y Vox, entre otros.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal ha tomado esta decisión después de celebrar cinco vistas en las que ha escuchado los argumentos de los cinco solicitantes —el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, Vox, Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y la Asociación Libertad y Justicia— y del Gobierno, que ha pedido no frenar la medida.

Según ha adelantado la Sala, tras más de tres horas de deliberación, también ha rechazado admitir a trámite los recursos de Hazte Oír, la Asociación Libertad y Justicia y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica al considerar que no están legitimados para impugnar la medida ante la Justicia.

Sí que ha admitido la legitimación de Vox y la Comunidad de Madrid, pero ha rechazado la suspensión cautelar del real decreto que instaban. Sus argumentos se conocerán en los próximos días.

El real decreto para la regularización entró en vigor el pasado 16 de abril con el objetivo de dar permiso de residencia y trabajo a unas 500.000 personas que ya viven en el país y, hasta ayer, el Ejecutivo ha recibido 549.596 solicitudes, de las cuales 91.505 han sido admitidas a trámite, lo que significa la concesión de una primera autorización provisional para residir y trabajar en España.

De esta forma, la Sala responde solo a la petición de medidas cautelares de la Comunidad de Madrid y de Vox, ya que rechaza la legitimación de las asociaciones para recurrir el real decreto.

Fuentes de Hazte Oír han informado que la entidad recurrirá tanto esta decisión como la denegación de la medida cautelar "por el grave riesgo que entraña el que no se admita esta medida con urgencia".

Durante la vista, la Abogacía del Estado ya había cuestionado la legitimación de las entidades, al considerar que la mera atribución en sus estatutos de principios como la defensa del orden jurídico o los valores constitucionales no era suficiente para demostrar un interés específico en este proceso.

Entre otros argumentos en contra de la medida extraordinaria, los recurrentes han asegurado hoy ante el Supremo que es contraria al derecho nacional y europeo y puede suponer un colapso de los servicios públicos como la sanidad, alegatos todos ellos rebatidos por el Ejecutivo.

La Comunidad de Madrid ha incidido en los efectos que este proceso tendrá en los servicios públicos, ya que el Gobierno regional estima que solo en esta comunidad se beneficiarán 255.00 personas, y Vox ha advertido de un conflicto "brutal" con el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entra en vigor el próximo mes de junio.

Y para justificar la adopción de medidas cautelares que ellos habían pedido, han asegurado que la concesión de autorizaciones provisionales mientras se resuelven las peticiones iba a crear unos "derechos consolidados" que luego no iba a ser posible revertir.

El abogado del Estado, por su parte, ha defendido la medida para lograr la integración de las personas que ya están en España a través de un proceso "especialmente limitado" que tendrá efectos positivos a medio y largo plazo en el crecimiento del PIB, para lo que se ha apoyado en informes del Defensor del Pueblo y el Consejo Económico y Social.

Àngels Barceló abandonará al final de la actual temporada la Cadena SER, emisora en la que presenta y dirige el programa matutino Hoy por hoy, líder de audiencia de la radio en España, según ha confirmado la propia emisora.

Por el momento se desconoce el próximo destino de la periodista, que ha comunicado su decisión esta mañana a la dirección de la cadena y a su equipo en el programa. Su renuncia se produce después de meses de tensiones internas de algunos de los principales responsables de programas con Fran Llorente, director de contenidos designado por Joseph Oughourlian, presidente y primer accionista de Prisa, en mayo de 2024. Un conflicto que ha sido especialmente significativo con la periodista catalana y que tiene que ver –según fuentes internas– con la reorientación ideológica que quiere hacer Oughourlian.

El pasado marzo, infoLibre desveló que Barceló no contaba con el respaldo del presidente del grupo, que en más de una ocasión había manifestado su predilección por Carlos Alsina, el presentador estrella de Onda Cero Radio, propiedad de Atresmedia, en detrimento de Hoy por Hoy, el buque insignia de su propia emisora, dirigido y presentado por Barceló. Hasta el punto de sintonizar la emisora de Alsina cada mañana, en vez de la SER, según fuentes internas de Prisa, que oficialmente negó esta información.

En los últimos meses se acumulan indicios que apuntan a que Prisa está modulando su perfil de centroizquierda hacia posiciones más cómodas para la derecha política y económica. Es un desplazamiento que no se ha producido mediante un manifiesto explícito, sino a través de cambios en las afinidades de sus principales responsables, en la selección de voces y enfoques editoriales y en la manera de situarse en el mapa de alianzas mediáticas. El resultado es la sensación, dentro y fuera del sector, de que el grupo busca cambiar su centro de gravedad para alejarse de Pedro Sánchez y preparar el terreno para una eventual victoria de la derecha en las próximas elecciones generales.

Una de las claves de este proceso sería, en opinión de algunos observadores, la creciente sintonía entre Prisa y operadores mediáticos claramente instalados en el campo de la derecha, tanto en el ámbito audiovisual como en el radiofónico. La elección de determinados referentes informativos, el creciente protagonismo de tertulianos y analistas conservadores en espacios antaño asociados al centroizquierda, o la decisión de abrir espacios de reflexión con firmas de marcado perfil neoliberal, son movimientos que, cada uno por separado, podrían leerse como gestos de pluralidad –como explican desde la dirección de la SER–, pero que en conjunto dibujan una deriva reconocible.  

Se trata de un reajuste que desdibuja la frontera que separaba a Prisa de los grandes conglomerados privados alineados con la derecha, hasta el punto de favorecer dinámicas de colaboración y convergencia de relato donde antes predominaba la competencia ideológica. 

Este corrimiento tiene implicaciones políticas evidentes en un ecosistema mediático ya fuertemente desequilibrado hacia la derecha, en el que cada actor que abandona de facto el espacio progresista deja un vacío difícil de cubrir. Si un grupo con el peso simbólico y estructural de Prisa en la socialdemocracia española se desplaza hacia un centro cada vez más escorado, el resultado es una pérdida de capacidad de interlocución crítica frente a las agendas conservadoras y una mayor homogeneización del debate público en torno a marcos favorables a la derecha. 

De momento no se sabe todavía quién va a sustituir a Barceló a partir de la próxima temporada al frente del veterano programa matutino, por el que han pasado periodistas como Iñaki Gabilondo, Gemma Nierga o Carles Francino.

Nacida en Barcelona en 1963, Ángels Barceló aterrizó en la Cadena SER en Madrid en julio de 2005, al frente del programa de fin de semana A vivir que son dos días. Entre 2008 y 2019 dirigió y presentó el informativo vespertino Hora 25 y desde septiembre de 2019 dirige y presenta el magacín matinal Hoy por hoy, líder de audiencia en la radio en España.

"El 31 de agosto, con el inicio de la temporada 26-27, la SER estrenará una nueva etapa de 'Hoy por hoy' sin Àngels Barceló, que hoy ha comunicado que no renovará su contrato", indica el comunicado hecho público por la emisora, que recoge las palabras de la presentadora: "Agradezco infinito la lealtad y la confianza de los oyentes, de mis equipos y de mis colaboradores".

"Trasladamos a Àngels nuestro reconocimiento y agradecimiento por su dedicación y su aportación a la SER durante estos 21 años", señala en el comunicado Jaume Serra, director general de radio y negocio audiovisual, mientras que Pilar Gil, consejera delegada de Prisa Media, ha recordado que está en marcha un "gran proyecto de transformación" para la nueva temporada. 

Figuras como los actores Javier Bardem y Mark Ruffalo o el realizador británico Ken Loach sumaron sus firmas a las de unos 3.500 profesionales del cine que han suscrito ya un manifiesto expresando su preocupación por el avance del millonario de extrema derecha Vincent Bolloré en el sector de la cultura en Francia.

Además de estos nombres, también se han añadido a la misiva el realizador griego Yorgos Lanthimos, el finlandés Aki Kaurismaki o el brasileño Walter Salles, según informó este viernes el medio especializado en cine Screen.

La carta, publicada en la antesala de la inauguración del Festival de Cannes en el diario Libération, con unas 600 firmas, ha ido sumando apoyos, en especial a raíz de la polémica que desató Maxime Saada, el presidente del Grupo Canal+ (que es el mayor financiador del cine francés y está controlado por Bolloré), al amenazar con dejar de trabajar con los firmantes.

El texto -que entre esos apoyos iniciales contaba con figuras como las actrices Juliette Binoche o Adèle Haenel- alertaba sobre una supuesta amenaza para la diversidad en el sector del cine.

Eso tras conocerse que, para 2028, este controvertido magnate -que controla también medios de comunicación y la editorial Louis Hachette Group/Lagardère, una de las más grandes del mundo- va a hacerse previsiblemente con el 100% de la cadena de cines UGC.

Tras las declaraciones de Saada, en el festival diversas figuras manifestaron su preocupación en las ruedas de prensa oficiales, como Jeanne Herry, directora de 'Garance', una de las cintas en competición por la Palma de Oro.

"Entiendo de dónde viene esta tribuna, nace del miedo, de la ansiedad. Está claro que cuando se oye hablar de listas negras y de amenazas, eso no hace más que alimentar esa ansiedad", manifestó la realizadora el lunes pasado, un día después de las amenazas del presidente de Canal+.

En las salas de proyección de Cannes también se ha crispado el ambiente y al aparecer en los créditos el logotipo de Canal+ ha sido habitual escuchar abucheos.

Los seis miembros de Euskadi participantes de la Global Sumud Flotilla han retrasado su regreso al País Vasco, inicialmente previsto para esta mañana, debido al ingreso hospitalario de dos de ellos por "las lesiones" sufridas tras ser capturados por las fuerzas israelíes cuando se dirigían a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.

La delegación Global Sumud Euskal Herria había organizado una bienvenida esta mañana en el aeropuerto de Bilbao a la llegada de los activistas "tras el secuestro ilegal, las humillaciones y los malos tratos sufridos, al igual que sufren a diario los palestinos", según había anunciado inicialmente.

Con posterioridad, la organización ha informado de la suspensión del acto debido al ingreso hospitalario en Turquía de dos de sus integrantes por "las lesiones derivadas de la violencia sufrida durante el secuestro por parte de las fuerzas de represión sionistas".

Los otro cuatro integrantes de la delegación Global Sumud Euskal Herria han decidido quedarse junto a ellos en Turquía en espera de recibir a mediodía noticias del hospital sobre el estado de sus compañeros.

Mediaset tiene los derechos de 'El Rosco', la final del concurso 'Pasapalabra', según un acuerdo al que llegó hace un año con la productora holandesa MC&F y que estaba supeditado a que el Tribunal Supremo resolviera el litigio con Atresmedia, lo que ha ocurrido este jueves.

Este acuerdo ha sido adelantado por Informalia y confirmado por EFE a través de fuentes del sector, poco después de que se hiciera pública la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a Atresmedia a cesar la emisión de 'El Rosco' de 'Pasapalabra', al considerar que constituye una obra protegida por la propiedad intelectual, cuya titularidad corresponde a la empresa holandesa MC&F.

De esta forma se resuelve un litigio sobre los derechos propiedad intelectual de este formato que está en los tribunales desde hace años y que en un primer término enfrentó a Telecinco, cuando 'El Rosco' se emitía en la cadena de Mediaset, con la productora británica ITV. El concurso y su exitosa final se emiten ahora en Antena 3 a las ocho de la tarde de lunes a viernes.

Tras conocerse la sentencia, Informalia adelantaba que Mediaset se había hecho con los derechos gracias a un acuerdo firmado hace un año con la productora holandesa, que estaba supeditado a que el Supremo resolviera en los términos de la sentencia que se ha hecho pública este jueves.

Antena 3 anunció este jueves que seguirá emitiendo el concurso 'Pasapalabra' y estudia qué hacer con la prueba final, según han señalado a EFE fuentes del programa, que han subrayado que mantendrán la emisión "con normalidad" hasta que no les sea notificada la sentencia del Supremo y los plazos que imponga el proceso, que aseguran no afecta a la emisión de 'Pasapalabra', sino a la de la prueba final, a 'El Rosco'.