El expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha señalado este jueves que el "partido" de la amnistía sigue en marcha, aunque "ahora ya no se jugará en Europa, sino en el Bernabéu": "Sabemos a quién nos enfrentamos y algunos no nos llamamos a engaño", ha advertido.

En un mensaje en la red social X, Puigdemont se ha posicionado así después de que esta mañana el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya determinado que la amnistía es conforme al derecho comunitario, lo que allana su regreso a Cataluña, a la espera de que el Constitucional decida si rectifica al Supremo y le aplica la ley.

"Hoy tenemos derecho a celebrar una victoria ganada a pulso. Sin embargo, el camino para acabar con la represión no ha acabado", ha indicado el expresidente catalán.

Puigdemont ha señalado que es necesario que termine la "represión", no para el "beneficio personal" de las personas directamente afectadas por la amnistía, sino "para poder recuperar fuerzas y recursos y centrarse en el objetivo principal, que es la independencia de Cataluña".

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado que se continúe el procedimiento de juicio con jurado contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por dos delitos, tráfico de influencias y malversación, sobreseyendo los otros dos por los que la acusaba el juez Juan Carlos Peinado, corrupción en los negocios y apropiación indebida.

En un auto difundido este jueves, los magistrados ordenan además que se continúe el procedimiento con jurado contra la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, solo por un presunto delito de malversación de caudales públicos en relación con el software que se creó en la cátedra que codirigió Gómez.

La Audiencia madrileña estima parcialmente los recursos presentados por la Fiscalía y las defensas contra el auto del juez Peinado que envió a juicio con jurado a Begoña Gómez, Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés, que revoca parcialmente, descartando que la esposa de Sánchez cometiera delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida.

Además, separa del procedimiento de jurado a Barrabés, contra el que se seguirá la investigación en un procedimiento abreviado en lo relativo a la legalidad o ilegalidad de las adjudicaciones de contratos públicos.

Los magistrados deliberaron el lunes —y ahora se pronuncian oficialmente en un auto— sobre cinco recursos de apelación y de queja interpuestos contra autos dictados por el juez Peinado, especialmente el del 11 de abril, en el que envió a juicio con jurado a los tres procesados.

Lo hacen conjuntamente "a fin de evitar disfunciones procesales y garantizar una adecuada respuesta jurisdiccional" a los recursos en los que la Fiscalía y las defensas argumentan, en resumen, que no hay indicios para imputar los delitos planteados, que los autos carecen de motivación suficiente y que no se debe juzgar con jurado al no haber conexividad entre los delitos imputados.

Los jueces rechazan que se juzgue a Begoña Gómez por corrupción en los negocios y apropiación indebida pero avalan que vaya a juicio con jurado por presunto tráfico de influencias y malversación, al apreciar en este sentido "indicios racionales de criminalidad".

"Parece perfectamente verosímil sostener (...) que la investigada logró el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del presidente del Gobierno, no solo para lograr la concesión de la cátedra (en la Universidad Complutense), sino para hacerlo de forma casi inmediata y sin verificar un mínimo control sobre la consistencia del proyecto propuesto, y que además recayera en ella la condición de directora, pese a no ser posible", sostienen los jueces.

Aquí citan la sentencia del caso Nóos, que condenó a Iñaki Urdangarin, exmarido de la infanta Cristina, para señalar que "la sola relación de parentesco por vínculo matrimonial con la más alta autoridad del Gobierno de la nación, en determinados contextos y circunstancias, como los aquí analizados, puede comportar una presión moral eficiente a efectos de conformar el delito de tráfico de influencias".

Inciden en que en este momento procesal no se puede negar "con plena certeza" que, "atendido el modo y forma en que se verificó la solicitud y la inmediata concesión, se ejerció una presión moral suficiente como para mover la voluntad de la autoridad académica de la Universidad Complutense, obteniendo la decisión no solo de crear la cátedra sino de nombrarla directora".

Así se le permitió "sufragar con financiación pública el proyecto de desarrollo de una herramienta digital de medición que pretendía de uso y titularidad personal o privada", en referencia al software creado en el seno de la cátedra.

Sobre el delito de malversación el auto dice que Begoña Gómez sí tuvo la condición de funcionaria pública desde que asumió la codirección de la cátedra universitaria, asumiendo "funciones de protección del patrimonio público", y afirma que "dispuso de fondos públicos provenientes de empresas privadas para conseguir un beneficio particular".

El humorista Héctor de Miguel, conocido como Quequé, ha quedado en libertad este jueves tres ser detenido por la Policía Nacional la pasada noche en Salamanca por un delito de desobediencia por el que está siendo investigado en un juzgado de Madrid, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en un comunicado.

El magistrado de la Plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Salamanca ha acordado su puesta en libertad y ahora queda a disposición del juez de Madrid que dictó la orden de busca y captura en el marco de unas diligencias por desobediencia. El humorista no ha atendido los requerimientos para que cumpla una pena que le fue impuesta en una sentencia condenatoria.

Fuentes judiciales han explicado a EFE que en concreto se trata de una condena dictada por la sección duodécima de la Audiencia de Madrid que le impuso la obligación de pagar 41.800 euros al periodista Alfonso Rojo por una intromisión ilegítima a su honor, algo que el humorista ya habría pagado.

Sin embargo, no habría atendido de forma adecuada la lectura del encabezamiento y fallo de la sentencia en su programa y perfiles de redes sociales, lo que habría motivado esta investigación por desobediencia que ha provocado su detención. El humorista ha pasado esta mañana a disposición del juez tras pasar la noche en la Comisaría de Salamanca. En su comparecencia ante el juez, De Miguel se ha acogido a su derecho a no declarar pero ha facilitado un domicilio donde poder ser notificado.

El pasado 16 de marzo, el Tribunal de Instancia Sección de Instrucción Plaza Número 6 de Valladolid acordó la apertura de juicio oral contra el humorista como supuesto autor de un delito de coacciones cometido contra la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos.

En este procedimiento, la Fiscalía reclama dos años de prisión por un delito de coacciones y el abono de una indemnización de 6.000 euros por perjuicio y daño moral, y considera responsable civil a la entidad Cadena SER.

Por otro lado, el 8 de mayo de 2025, la Audiencia Provincial de Madrid archivó un caso contra él al no ver un delito de odio en las declaraciones que hizo en su programa radiofónico sobre dinamitar el Valle de los Caídos y apedrear a sacerdotes pederastas.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado este jueves el encaje de la ley de amnistía en el derecho comunitario. La Gran Sala del tribunal, con sede en Luxemburgo, ha rechazado los principales argumentos esgrimidos contra la norma y ha concluido que su aplicación tanto a la responsabilidad contable derivada de los gastos del procés como a los delitos atribuidos a miembros de los CDR no vulnera las obligaciones asumidas por España como Estado miembro.

El TJUE considera que la ley de amnistía persigue el objetivo de "reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación". La sentencia sigue así las líneas fundamentales trazadas en noviembre por el abogado general Dean Spielmann, quien ya había defendido que la norma no suponía una derogación de la legislación europea contra el terrorismo, sino una desactivación limitada de sus efectos para unos hechos determinados.

La corte europea ha resuelto, en primer lugar, la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Cuentas sobre si la amnistía de la responsabilidad contable derivada de los gastos del proceso independentista podía poner en riesgo las finanzas comunitarias. El TJUE responde negativamente porque no considera que los intereses financieros de la Unión puedan verse afectados por la posible disminución de la renta nacional bruta que habría podido provocar la secesión de una parte del territorio español.

El tribunal descarta, por tanto, cualquier vínculo directo, actual o potencial entre los gastos del procés y el presupuesto comunitario. Este pronunciamiento afecta a los procedimientos abiertos en el Tribunal de Cuentas por el uso de fondos públicos en la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017 y en la acción exterior de la Generalitat.

El TJUE también determina que la ley de amnistía no menoscaba la directiva europea contra el terrorismo, ya que la norma excluye del perdón aquellos delitos que hayan provocado de forma intencionada graves violaciones de los derechos humanos. De esta forma, la corte avala que la amnistía pueda aplicarse a los delitos atribuidos a algunos integrantes de los Comités de Defensa de la República, cuya causa se encuentra en manos de la Audiencia Nacional.

La sentencia respalda igualmente el plazo de dos meses que la ley concede a los tribunales españoles para decidir si aplican la amnistía en cada procedimiento. Según el TJUE, este periodo no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, puesto que queda limitado exclusivamente a la resolución sobre la aplicación de la norma y puede suspenderse cuando los jueces eleven cuestiones prejudiciales a la justicia europea.

Los magistrados recuerdan además que las medidas cautelares impuestas a los encausados pueden mantenerse durante la tramitación de esas cuestiones. El Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional deberán ahora reanudar los procedimientos que mantenían suspendidos y dictar sus resoluciones respetando la interpretación fijada desde Luxemburgo.

El fallo no concede directamente la amnistía a las personas afectadas, ya que corresponde a los tribunales españoles resolver cada caso concreto. Sí establece, sin embargo, una interpretación del derecho europeo obligatoria para todos los órganos judiciales nacionales.

La decisión tampoco modifica automáticamente la situación de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de dirigentes independentistas a quienes el Tribunal Supremo se negó a aplicar la norma. No obstante, elimina uno de los principales obstáculos utilizados para cuestionar su validez y refuerza considerablemente los recursos de amparo presentados ante el Tribunal Constitucional.

Puigdemont recurrió la decisión del Supremo de no amnistiarle por el delito de malversación. El alto tribunal consideró que el expresidente catalán se había beneficiado personalmente al no pagar de su bolsillo la organización del referéndum y planteó que la amnistía podía afectar a los intereses financieros europeos, una cuestión que el TJUE ha descartado.

La resolución europea marca ahora el camino al Tribunal Constitucional, cuya decisión será determinante para la posible aplicación de la amnistía a Puigdemont y su eventual regreso a España. El órgano de garantías, que ya avaló en junio de 2025 la constitucionalidad de la ley, había decidido esperar al pronunciamiento de Luxemburgo antes de resolver los recursos concretos de los dirigentes independentistas.

El magistrado Santiago Pedraz ha pospuesto hasta este viernes la declaración como imputada de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en el marco del caso Leire. El aplazamiento se debe a que el interrogatorio del teniente general Manuel Llamas, actual director adjunto operativo (DAO) del instituto armado, se ha prolongado más de lo previsto durante la mañana.

Según la investigación, la exmilitante socialista Leire Díez mantuvo con Mercedes González "diversas comunicaciones telefónicas" y tres encuentros acreditados, dos el 30 de septiembre y el 20 de diciembre de 2024 y el tercero el 2 de abril de 2025.

González terminó admitiéndolos en su comparecencia en el Senado el 16 de junio, si bien hizo hincapié en que se limitaron a tomar un café para hablar de asuntos banales.

No opinan lo mismo el juez y la Fiscalía, que le atribuyen a ella y al DAO delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia, a la luz de lo desvelado por la UCO en uno de sus informes, en el que aporta indicios de la presunta implicación de ambos en el objetivo de desacreditar a esta unidad.

La Fiscalía apunta a tres informaciones reservadas que se abrieron a la UCO por presuntas filtraciones y "en todos los casos en torno a la figura de la Presidencia del Gobierno o sus familiares" por orden del DAO "o, en su caso, la directora general de la Guardia Civil".

En el marco de uno de esos expedientes se solicitó a la Jefatura de la UCO un listado de los agentes con relación directa en las investigaciones judiciales concernientes al Gobierno y ello "sin que se llegue a atisbar la finalidad de esta diligencia y la utilización que se hubiera podido hacer de dicha información".

La UCO considera que la directora de la Guardia Civil era conocedora de la actividad de Leire Díez y sospecha que está detrás de la decisión de que se abriera el 12 de mayo de 2025 la información reservada para investigar si esta unidad era responsable de la filtración de unos mensajes de WhatsApp entre el exministro José Luis Ábalos y el presidente del Gobierno publicados en el diario El Mundo.

Publicación que la UCO relaciona con sendos mensajes que al día siguiente se intercambiaron Leire Díez y Mercedes González y que aparecen borrados.

Constan además comunicaciones telefónicas con posterioridad a que las citadas notas de despacho le fueran entregadas al DAO (29 de abril y 6 de mayo de 2025) y que este manifestara al general jefe de la Policía Judicial que la directora general estaba informada de su contenido.

"Se desconoce, y deberá ser objeto de aclaración en las declaraciones que presten ambos investigados, si en ese momento la directora general de la Guardia Civil había informado ya al DAO de que conocía a Leire Díez y había tenido con ella al menos 3 encuentros, así como un contacto telefónico con ella esa misma mañana", apuntaban las fiscales en el informe en el que pidieron imputar a ambos.

A la Fiscalía también le llama le atención que en una reunión en presencia del ministro del Interior, González tampoco hiciera constar que se hubiera "entrevistado con Leire Díez". 

infoLibre celebró este martes, 14 de julio, su curso de verano 'De la censura al algoritmo: democracia, periodismo y disputa del relato' en colaboración con la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y el Comisionado de 50 años de España en Libertad.

En las diversas mesas de debate, talleres y coloquios participaron políticos, periodistas, artistas y personalidades del mundo de la comunicación como Jesús Maraña, Pepa Bueno, El Chojin, Marc Biarnés (Nosoloviernes en redes), Laura Hojman, Elena Reinés, Ángel Víctor Torres, Carmina Gustrán o Nacho Carretero, entre otros.

Estos son algunos de los mejores momentos de la jornada.

El primer curso de verano organizado por infoLibre en colaboración con la Escuela de Verano de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha reflexionado sobre el papel del periodismo en los próximos años. El curso ha reunido a periodistas, analistas, académicos y expertos que han debatido sobre los grandes desafíos de nuestro tiempo: la democracia, el poder, la información y el futuro de los medios.

El PSOE se recupera y lograría el 33% de los votos, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que sitúa al PP a 7,9 puntos de los socialistas tras perder dos puntos respecto a la encuesta de junio.

El estudio se realizó entre el 1 y el 6 de julio sobre una muestra de 4.020 entrevistas, coincidiendo con la investidura del presidente andaluz, Juanma Moreno, tras pactar con Vox, formación que perdería medio punto, mientras el PSOE sube 1,7 puntos.

Por su parte, Sumar baja tres décimas en estimación de voto hasta un apoyo del 6,1% mientras ERC sube ocho décimas (hasta el 2,7 %) y Se Acabó la Fiesta supera a Podemos al cosechar siete décimas más, que dejan a la formación con un 2,6%, una décima por encima de los morados.

El barómetro de julio se realizó además pocos días después de conocerse la condena al exministro de Transportes José Luis Ábalos y coincidió con la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.

Respecto al resto de formaciones, revela un alza del respaldo al PNV de 0,4 décimas hasta alcanzar el 1% de voto estimado, en tanto que EH Bildu cae en la misma medida hasta el 0,8 %. Junts se deja tres décimas (0,7%), el BNG se queda en el 0,9% y Coalición Canaria y UPN logran un 0,2%.

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, sigue siendo el preferido como presidente del Gobierno, según el 26,7% de los entrevistados (25% en junio), mientras el jefe la oposición, Alberto Núñez Feijóo, lo es para el 13,9% (13,4% en junio); eso si el 20,9% de los encuestados dice que no prefiere a "ninguno" como jefe del Ejecutivo.

Los índices de confianza en Sánchez y Feijóo son similares a los de hace un mes y así el 69,1% desconfía del presidente del Gobierno en tanto que el 79,8% siente "poca" o "ninguna" confianza en el líder de la oposición; confían en el secretario general del PSOE el 29,6% y en Feijóo el 18,4%.

En cuanto a los ministros, el barómetro revela que la titular de Educación, Milagros Tolón, es desconocida para el 88,2%; al igual que la ministra portavoz, Elma Saiz, a la que no conoce el 76,7% de los encuestados, mientras que a la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, no la conoce el 75,4%.

La ministra más conocida es la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, el 96,5% admite que la conoce; seguida del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, (88,1%), y de la de Defensa, Margarita Robles, (82,7%).

Al igual que hace un mes aprueban en la puntuación de los ciudadanos el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, con una nota de 5,62; seguido del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy (5,36), y del titular de Cultura, Ernest Urtasun (5,02).

La ministra de Defensa se queda por debajo del aprobado con un 4,92%.

La encuesta del CIS revela que el problema de la vivienda sigue como el principal problema de los españoles y ya la cita como tal el 43% de los encuestados (41,5% en junio). La inmigración experimenta un fuerte repunte y se coloca como segunda preocupación para el 23,4% (antes el 18,9%), seguida de "los problemas políticos" (18,7%), la corrupción y el fraude (17,8%) y los problemas económicos (17,3%).

Cuando se pregunta por aquellos problemas que más les afectan personalmente, los entrevistados mencionan la vivienda en primer lugar (26,9%), los problemas económicos (26,1%), la sanidad (20%), los problemas del empleo (16,9%) y la inmigración (11,1%).

Respecto a la situación económica de España, el 38,3% la califica de buena o muy buena y el 55% la ve como mala o muy mala

Emilio Cortés, letrado de David Sánchez, ha afirmado que recurrirá la pena de nueve años de inhabilitación establecida por la Audiencia de Badajoz, al expresar que la sentencia "no aporta pruebas de cargo que justifiquen esta condena".

En declaraciones a EFE, el abogado ha expresado que "está totalmente en desacuerdo con que haya existido cualquier tipo de prueba" que justifique que David Sánchez contribuyó a la modificación de la plaza en la que trabajaba inicialmente en la Diputación (coordinador de conservatorios) a la de jefe de la oficina de Artes Escénicas.

Emilio Cortés ha recordado en este sentido que David Sánchez “solo ha sido condenado por la modificación de la plaza, no por la creación de ésta ni por la contratación de Luis Carrero”, aunque pese a ello y a la inexistencia de pena de cárcel “se está en desacuerdo con la sentencia, pues no hay ninguna prueba” que avale esa modificación de la plaza.

El letrado, quien ha lamentado por tanto que se acuse a David Sánchez de influenciar en la Diputación, tal y como expresan las acusaciones, ha afirmado en este marco que “hay gente que no dará su brazo a torcer” a la hora de “minar un sistema de gobierno, como buscan las acusaciones populares”.

Cortés se ha mostrado convencido de que ahora el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) “estudiará y resolverá conforme a derecho” el recurso, sobre el cual aún desconoce la fecha de presentación. 

Mariano Rajoy ha respondido a la polémica provocada por su comentario sobre la selección francesa cargando contra el Gobierno. Tras la victoria de España por 0-2 en las semifinales del Mundial ante los galos, el expresidente ha publicado la noche de este martes una nueva columna en El Debate con la que acusa al Ejecutivo de "provocar ruido" y "distraer la atención", pero evita disculparse o matizar su afirmación de que la selección gala no tenía jugadores franceses.

Bajo el titular Hay que tener buen humor, Rajoy reprocha al Gobierno la respuesta diplomática que dio a sus palabras y agradece de forma irónica a las autoridades la atención que le han prestado durante el campeonato. "La pena es que tantos esfuerzos dedicados a glosar mis virtudes les hayan distraído de otras cuestiones", incide.

El expresidente va más allá y acusa al Ejecutivo de estar más interesado en "chivarse a un ministro extranjero" y "hacer una reverencia a un primer ministro" para "provocar ruido, distraer la atención, alborotar y todo para que no se hable de lo que estamos viviendo".

Las alusiones apuntan al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que trasladó las disculpas del Gobierno a su homólogo francés, Jean-Noël Barrot, y a Pedro Sánchez, que durante su visita a París por el 14 de julio manifestó ante el primer ministro Sébastien Lecornu sentirse "muy avergonzado" por las palabras del expresidente.

Además, Rajoy concluye su columna devolviendo al Gobierno la exigencia de disculparse. "Ellos no piden perdón por nada. Eso, por lo visto, siempre les toca a otros”, asegura. Todo ello sin explicar qué quiso decir con su comentario y sin dirigirse a los futbolistas afectados. "Ustedes ya saben cómo soy y lo que pienso. ¡Viva España!", concluye.

El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley contra la violencia vicaria, que se establece como una circunstancia agravante por razón de género, y prevé la suspensión de forma automática de la patria potestad a los maltratadores condenados en sentencia firme.

Tras una primera versión aprobada en septiembre de 2025 y meses de negociaciones entre Igualdad, Juventud e Infancia y Justicia, los tres ministerios implicados en la elaboración de la ley, el nuevo borrador aprobado incluye la reforma de diez normas para incorporar medidas específicas frente a este tipo de violencia, entre ellas la obligación de escuchar a los menores antes de decidir sobre su guarda y custodia.

La ley, impulsada por Igualdad, define jurídicamente la violencia que, con objetivo de causar dolor o sufrimiento a las mujeres, se ejerce por parejas o exparejas contra hijos e hijas u otras personas con un vínculo afectivo, e incluye a la violencia vicaria en el Código Penal como una circunstancia agravante por razón de género para aplicar una pena superior.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha destacado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que esta ley, pionera a nivel europeo, viene a dar respuesta a todas las víctimas y sus familiares ante un tipo de violencia que es "de género" y que busca "causar dolor o sufrimiento a la mujer" a través de sus hijos o personas allegadas.

La ley orgánica, aprobada en segunda vuelta para su remisión al Congreso, sufrió un retraso debido a las reticencias de Juventud e Infancia y de asociaciones feministas y de víctimas con el proyecto inicial.

El ministerio que dirige Sira Rego decidió desmarcarse ante la negativa de Justicia a modificar cuestiones que podrían implicar riesgos para la protección de las víctimas, como advirtieron asociaciones feministas, entre ellas, el régimen de visitas, la patria potestad y el derecho de escucha de niños y adolescentes.

El nuevo borrador prevé ahora la modificación del Código Civil para la privación automática de la patria potestad en caso de sentencia condenatoria firme por determinados delitos graves contra los hijos o contra la mujer, e incluso si existen indicios fundados de violencia, y solo se podría recuperar si se produce una cancelación completa de los antecedentes penales.

También introduce límites al ejercicio de la guarda y custodia cuando pueda resultar perjudicial para la salud física, psíquica o emocional de los hijos o hijas, a quienes será obligatorio escuchar a los menores de edad con el auxilio de especialistas cuando sea necesario.

"Un maltratador, una persona violenta, nunca puede ser un buen padre", ha sostenido Redondo, que ha defendido la necesidad de "dar congruencia" y una respuesta "armonizada" en las jurisdicciones de civil y penal, para evitar situaciones que generan "mucho dolor" a las víctimas por tener que seguir manteniendo una constante relación con el agresor.

Por ello, también se producen limitaciones en la guarda, custodia y régimen de visitas, que se suspenden incluso cuando hay un procedimiento por violencia vicaria o violencia de género, y se exige a los jueces la escucha obligatoria a los hijos e hijas menores. Solo cuando sea inviable, se hará a través de sus representantes legales, cuando no haya conflicto de intereses.

Tras someterse a varios informes técnicos y jurídicos, entre ellos dos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Redondo ha explicado que se han introducido otros cambios en el nuevo texto normativo como el agravante de género, en lugar de establecer un tipo delictivo concreto para evitar circunstancias como que la pena por violencia vicaria pudiera recaer sobre las mujeres.

"La violencia vicaria se ejerce por quien entiende que todo es de su propiedad y, por lo tanto, domina su propiedad hasta el punto de hacer el máximo daño sobre sus hijos e hijas", ha incidido.

Además, el texto incluye la posibilidad de que madres víctimas de violencia vicaria puedan sustituir los apellidos del hijo fallecido y evita situaciones como que un maltratador pueda llegar a cobrar pensiones derivadas de la situación de la víctima.

Redondo ha confiado en que la ley de violencia vicaria, contemplada dentro del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, aglutine el mismo consenso en su tramitación parlamentaria que esas medidas acordadas y pueda aprobarse esta legislatura. 

El Gobierno ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la Ley de Concordia de Extremadura, al considerar que invade sus competencias, además de que reduce la protección de las víctimas reconocida en la Ley de Memoria Democrática.

El recurso señala que la norma extremeña incumple el deber de colaboración con el Estado, vulnera la dignidad de las víctimas y regula materias reservadas constitucionalmente al Estado, razones por las que, entiende, no es constitucional.

Los derechos reconocidos por la Ley estatal de Memoria Democrática, cuya protección minimiza la norma autonómica, según el Ejecutivo, son los derechos a la verdad, la reparación material y moral y las garantías de no repetición.

La denominada "concordia" no puede sustituir jurídicamente a la reparación de las víctimas y la reconciliación social debe construirse sobre la reparación de las víctimas y no limitarla, señala el recurso.

Además, argumenta que la ley extremeña restringe la colaboración institucional prevista en el artículo 14 de la Ley de Memoria Democrática y supedita esa cooperación a su propia legislación de concordia, dificultando la aplicación uniforme de la normativa estatal.

Junto a ello, el recurso señala que la norma autonómica invade competencias estatales en aspectos procesales y educativos, ámbitos en los que la Constitución atribuye competencias al Estado. 

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha defendido la Ley de Concordia de Extremadura y ha asegurado que la norma busca "la paz social y la integración", así como que se reconozca la situación de todas las víctimas.

"Defensa de una norma que intenta dar cumplimiento a algo que todo gobierno debe buscar: la concordia, la paz social y la integración, que superemos determinadas situaciones y atendamos, por supuesto, por esa paz que debemos tener", ha expresado Manzano en rueda de prensa, a preguntas de los medios, tras la reunión del Consejo de Gobierno extremeño.

A su juicio, el Estado está legitimado para presentar el recurso y el Gobierno extremeño estará "a la espera" de lo que diga el Constitucional, pero ha subrayado la defensa por parte de la Junta de esta ley que busca "llegar a la concordia" y el reconocimiento de todas las víctimas.

El Gobierno ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la Ley de Concordia de Extremadura, al considerar que invade sus competencias, además de que reduce la protección de las víctimas reconocida en la Ley de Memoria Democrática.

El recurso señala que la norma extremeña incumple el deber de colaboración con el Estado, vulnera la dignidad de las víctimas y regula materias reservadas constitucionalmente al Estado, razones por las que, entiende, no es constitucional. 

La Unión Europea (UE) y el Reino Unido firmaron este martes el acuerdo sobre Gibraltar, que supondrá el derribo de la verja que separaba a la colonia británica de territorio español y definirá el nuevo encaje del enclave tras el Brexit.

El comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, y el secretario de Estado británico para Europa, Stephen Doughty, rubricaron el pacto en la sede de la Comisión Europea en Bruselas acompañados del ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo.

La firma del acuerdo supone el último paso oficial antes de su entrada en vigor provisional el 15 de julio, a la espera de que el Parlamento Europeo lo ratifique, previsiblemente en diciembre, y lo haga también el Parlamento británico.

Los países miembros, entre ellos España, ya dieron su visto bueno a los textos legales que componen el pacto el pasado abril, y que completarán el marco jurídico de las relaciones entre la UE y el Reino Unido establecido por el acuerdo de comercio y cooperación entre las dos partes tras el Brexit.

El acuerdo acaba con todas las barreras físicas a la circulación de personas y mercancías entre España y Gibraltar, al tiempo que se salvaguarda plenamente el espacio europeo sin fronteras Schengen, el mercado único de la UE y su unión aduanera.

Con el desmantelamiento de la verja de Gibraltar se pondrá fin a años de colas que sufrían quienes se desplazaban diariamente al peñón desde La Línea de la Concepción (Cádiz), entre ellos los miles trabajadores transfronterizos.

Las llegadas de pasajeros al aeropuerto estarán sujetas a un doble control fronterizo: Gibraltar gestionará la inmigración y la policía, mientras que los funcionarios españoles se encargarán de garantizar la integridad del espacio Schengen, en un modelo similar al que operan las autoridades francesas en la estación de St. Pancras de Londres para el tren que va a Francia por debajo del canal de la Mancha. Además, el acuerdo abre la puerta a vuelos directos entre Gibraltar y destinos de la UE.

En cuanto a las mercancías, se eliminarán los controles y se reforzará la cooperación entre las respectivas autoridades aduaneras.

En materia fiscal, el documento contempla una convergencia progresiva en determinados ámbitos: Gibraltar aplicará un tributo indirecto equivalente al IVA (impuesto del valor añadido), comenzando en el 15% desde la entrada en vigor del tratado, y completando la convergencia en un plazo de tres años.

En Gibraltar, están previstas celebraciones a medianoche del día 15 con motivo de la desaparición de ese paso fronterizo, en las que participarán autoridades gibraltareñas y de La Línea.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, también tiene previsto acudir el miércoles a la zona para ser testigo de la demolición de la verja.

Las condenas por delitos sexuales crecieron en 2025 tanto en las impuestas a adultos, que subieron un 15,1% con respecto al año anterior, como las aplicadas a menores, que aumentaron un 6,2%.

Son los datos que ha dado a conocer este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre población condenada adulta y menor de edad de 2025, que reflejan que los adultos con sentencia firme por todo tipo de delitos cometidos en ese año o en ejercicios anteriores, disminuyó un 0,2%, mientras que en caso de los menores, descendió un 1,8%.

Los delitos más frecuentes en la población adulta fueron los relacionados con la seguridad vial (22,4% del total), lesiones (17,3%) y hurtos (16,4%). 

En 2025 fueron inscritos en el Registro Central de Delincuentes Sexuales 4.531 adultos condenados con sentencia firme por delitos contra la libertad sexual, cometidos ese año o en anteriores. Es un 15,1% más que el año anterior y la mayoría de los condenados —el 97,6%— son hombres.

En el caso de los menores de edad, hubo 584 condenados —el 97,1% varones—, un 6,2% más que en 2024.

Los adultos cometieron 6.210 delitos, un 18,7% más que en 2024. De este total, 1.461 fueron agresiones sexuales a menores de 16 años, de las que 63 fueron consideradas violación; y 3.146 fueron agresiones sexuales a víctimas de 16 y más años, de las que 131 fueron consideradas violación.

Por su parte, los menores de edad cometieron 841 delitos, un 1,9% más que en 2024. De este total, 491 fueron agresiones sexuales a menores de 16 años, de las que 70 fueron consideradas violación; y 250 fueron agresiones sexuales a víctimas de 16 y más años, de las que 31 fueron consideradas violación.

Los delitos que más se incrementaron porcentualmente fueron los de violación a víctimas de 16 y más años.

Durante 2025 fueron inscritas en el Registro Central de Penados 306.237 personas adultas condenadas —de 18 y más años— con sentencia firme por todo tipo de delitos cometidos en 2025 o en años anteriores, lo que supuso un 0,2% menos que el año anterior. El 80% eran varones y el 20%, mujeres.

La tasa de condenados por cada 1.000 habitantes fue de 7,4 —en los hombres, 12,2, y en las mujeres, 2,9—. Por edad, el valor más elevado se alcanzó en el tramo de 21 a 30 años.

La mayor parte de la población condenada tenía nacionalidad española —70,2%—. No obstante, atendiendo a la tasa por cada 1.000 habitantes, la de nacionalidad extranjera —15,3— fue 2,5 veces superior a la de nacionalidad española —6,1—.

El 73,9% de los condenados lo fue por un solo delito y el 26,1%, por más de uno.

En 2025 se inscribieron 461.224 delitos cometidos, un 1,2% más que en el año anterior. Los que tuvieron mayor incidencia fueron los delitos contra la seguridad vial —22,4%—, los de lesiones —17,3%— y los hurtos —16,4%—.

Las mayores tasas de delitos cometidos por la población condenada se dieron en Ceuta —21,3—, Melilla —15,1— y Baleares —14,3—. Por el contrario, Castilla-La Mancha —8,9—, la Comunidad de Madrid —9,1— y Galicia —9,7— presentaron los valores más bajos.

En 2025 fueron inscritos en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores 13.245 condenados de entre 14 y 17 años con sentencia firme, por todo tipo de delitos cometidos en 2025 o en años anteriores, lo que supuso un descenso del 1,8% respecto al año anterior.

El 80,5% de la población condenada menor de edad fueron varones y el 19,5%, mujeres. La tasa de población condenada menor de edad fue de 6,2 —9,6 en hombres y 2,5 en mujeres— y el grupo de 17 años fue el que tuvo la mayor tasa.

La mayoría de la población condenada menor de edad tenía nacionalidad española —78,5%—. Sin embargo, la tasa por cada 1.000 habitantes de 14 a 17 años entre la población extranjera —10,2— fue casi el doble que entre la española —5,6—.

Tres de cada cinco condenados cometieron una única infracción penal y dos de cada cinco, más de una.

Se inscribieron 24.279 infracciones penales cometidas por menores, un 1,1% menos que en el año anterior. Los delitos de mayor incidencia fueron las lesiones —33,4%—, los robos —15%— y las amenazas —9,4%—.

Las mayores tasas de infracciones penales se dieron en Ceuta y Melilla —con 114,8 y 54,6, respectivamente— y en Asturias —23,4—. Por el contrario, la Comunidad de Madrid —6,9—, Castilla-La Mancha —7,3— y Murcia —7,8— presentaron los valores más bajos.

La siguiente tabla muestra, por comunidades, la tasa de delitos cometidos por menores y mayores de edad condenados en 2025:

La Audiencia de Badajoz ha condenado a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a nueve años de inhabilitación para empleo público como cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa.

El mismo tribunal ha condenado al expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo a 18 años de inhabilitación para empleo público como autor de dos delitos de prevaricación administrativa por la contratación de David Sánchez.

La sentencia, emitida este martes por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz, recoge que David Sánchez es cooperador necesario del delito de prevaricación administrativa relacionado con el cambio de nomenclatura de su puesto de trabajo.

Su plaza de "coordinador de los conservatorios" de Badajoz, a la que accedió en julio de 2017, pasó a denominarse "jefe de la Oficina de Artes Escénicas" en 2022, lo que supuso "una transformación sustancial del puesto adjudicado como personal de alta dirección" y eliminó "la incompatibilidad del mismo" con "el propósito de adaptarla a las apetencias personales de David Sánchez", según recoge la sentencia.

Por lo que respecta a Miguel Ángel Gallardo, el tribunal lo declara autor de dos delitos de similar tipología relacionados tanto con el cambio de nomenclatura del puesto de David Sánchez como con la creación de la plaza de "coordinador de los conservatorios" y su posterior adjudicación a David Sánchez.

"Tal creación no se estima ni necesaria ni urgente, estando vacía de contenido dicha plaza, cuya génesis obedeció al interés particular de su adjudicatario y no al interés general", refleja la sentencia.

Sobre el resto de los once procesados, todos ellos cargos y excargos de la Diputación de Badajoz, la Audiencia de Badajoz los condena a nueve años de inhabilitación especial para cargo o empleo público como cooperadores de un delito de prevaricación administrativa, bien por la plaza de David Sánchez o por la de Luis Carrero, amigo de este y también procesado, quien accedió a la Diputación como «jefe de Programas de Actividades Transfronterizas».

Los once acusados han sido absueltos del delito de tráfico de influencias.

El Ejecutivo espera que "instancias superiores" a la Audiencia de Badajoz constaten su "inocencia" cuando se resuelva el recurso a la sentencia. Así lo ha manifestado la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que también ha reiterado la "confianza" en la Justicia.

Ha recordado que el procedimiento contra el hermano de Pedro Sánchez surgió a raíz de la denuncia de una "organización ultraderechista", que nunca hubo acusación particular y que la fiscalía pidió la absolución del acusado. En su opinión, la causa contra David Sánchez tiene "un único origen" con el propósito de "dañar al presidente del Gobierno a través de su entorno familiar".

La portavoz ha recalcado que el Ejecutivo respeta la sentencia aunque no la comparta y ha insistido en que después de las diligencias practicadas la Fiscalía "no vio indicio de ningún delito" y por ello pidió la absolución."Confianza en la justicia y en que en instancias superiores se confirme lo que creemos: la inocencia de David Sánchez", ha concluido. 

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este martes que la condena demuestra que nadie está por encima de la ley, una sentencia tras la que, según los populares, el presidente debería dimitir.

"Que nadie esté por encima de la ley, sea familia de quien sea, habla bien de nuestro Estado de Derecho y debería reconfortar a todos los españoles", ha afirmado Feijóo a través de un mensaje en X.

El líder popular ha recordado que esta es la tercera condena en el entorno del presidente del Gobierno, tras la del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la del exministro José Luis Ábalos.

Santander Seguros avanza en su transformación con una nueva estrategia centrada en acelerar el crecimiento en España y avanzar hacia un modelo de negocio más especializado, orientado a ofrecer un acompañamiento integral a los clientes en sus necesidades de protección, ahorro y planificación de la jubilación a lo largo de todas las etapas de su vida.

Con esta evolución, la compañía busca consolidar su posición en el mercado asegurador español mediante una propuesta de valor que combina la proximidad y la capacidad de distribución de la red comercial de Banco Santander con el conocimiento y las capacidades de una aseguradora especializada y multicanal. Esta iniciativa responde a las nuevas tendencias del sector, caracterizadas por una mayor demanda de asesoramiento experto, soluciones adaptadas a cada cliente, una experiencia homogénea entre los canales físicos y digitales y un uso cada vez más intensivo de la tecnología.

La iniciativa se alinea con la estrategia global de crecimiento del Grupo Santander, que sitúa el negocio de protección y las soluciones de ahorro y jubilación entre sus principales palancas de desarrollo para los próximos años, tal y como se presentó durante el Investor Day celebrado en Londres el pasado mes de febrero, en el que el banco dio a conocer su Plan Estratégico 2026-2028.

En este marco, Santander ha culminado la integración de Santander Seguros y Santander Pensiones en una única entidad operativa, reuniendo bajo una misma estructura el negocio de seguros de vida-ahorro y la gestión de fondos de pensiones, actividades que hasta ahora desarrollaban ambas compañías de forma independiente. Esta reorganización permitirá reforzar la capacidad de gestión y ofrecer una propuesta más completa de previsión social, con soluciones que acompañan al cliente tanto en la fase de acumulación de ahorro —como seguros de ahorro, PIAS y otros productos de largo plazo— como en la etapa de desacumulación, mediante productos como las rentas vitalicias.

Para desplegar esta estrategia en España, Santander Seguros ampliará progresivamente su red de especialistas aseguradores, impulsará nuevos canales de distribución y reforzará el papel de la red de agentes financieros del banco. Con ello, pretende ayudar a las personas y las empresas en los momentos más delicados y complejos, incrementar la capacidad de asesoramiento, estrechar la relación con los clientes y acelerar el crecimiento. Además de las soluciones de ahorro y pensiones, incluida la hipoteca inversa, la oferta comprende una gama completa de seguros de protección en ámbitos como salud, hogar, automóvil, vida riesgo y seguros generales, tanto para particulares como para empresas, en colaboración con sus socios aseguradores Aegon y Mapfre.

Asimismo, la compañía continuará potenciando sus equipos especializados en los segmentos de particulares, empresas y banca privada, con el fin de ofrecer una respuesta más adaptada a las necesidades de cada perfil de cliente. Paralelamente, incorporará nuevas capacidades de análisis de datos e inteligencia artificial para anticipar necesidades de protección, personalizar las propuestas comerciales y simplificar los procesos de contratación y gestión en todos los canales, facilitando que cada cliente pueda relacionarse con la entidad a través del canal que prefiera.

Iñaki Peralta, responsable de Seguros de Santander España, señala: “Estamos construyendo un modelo que sitúa al cliente en el centro y que nos permite acompañarle con soluciones personalizadas de protección, ahorro y jubilación a través del canal que mejor responda a sus necesidades. Queremos combinar la cercanía y la confianza de nuestra extraordinaria red de sucursales con nuevas capacidades de asesoramiento, tecnología y personalización para ofrecer una propuesta diferencial que impulsará el negocio en España”.

El juez Juan Carlos Peinado ha pedido este lunes a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, que justifique que utilizó el pasaporte únicamente para viajar a Londres para asistir a la graduación de su hija, ya que en el que entregó ayer en persona en los juzgados de Plaza de Castilla no hay sellos que acrediten entradas y salidas.

Según una providencia a la que ha tenido acceso EFE y fechada este lunes, el juez de instrucción da cinco días a la mujer del presidente del Gobierno para que pruebe, ya que no figuran sellos de entrada y salida, que usó el pasaporte exclusivamente para atender al acto (la graduación de su hija) al que le autorizó a viajar el juez Antonio Viejo, que sustituyó a Peinado durante sus vacaciones.

Además de este plazo, el juez Peinado advierte a Gómez de que si no lo acredita o entiende que incumplió las medidas cautelares, los hechos podrían llegar a ser constitutivos de un delito de quebrantamiento de medida cautelar.

Peinado envió a juicio con jurado a Begoña Gómez por cuatro presuntos delitos y ordenó, en un auto dictado el pasado 20 de junio, que se le retirase el pasaporte, se le prohibiera salir de España y que compareciese en el juzgado cada 15 días, como medidas cautelares hasta la celebración del juicio, al apreciar riesgo de fuga.

Poco después el letrado de Gómez, Antonio Camacho, solicitó al magistrado que la autorizase salir al extranjero del día 7 al 10 de julio, con el objeto de formar parte de la delegación oficial española que acompaña al presidente del Gobierno a la 36 Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN que se celebra en Ankara y volver a través de Londres para asistir en la capital británica a la graduación de su hija.

Peinado se fue unos días de vacaciones y dejó la respuesta en manos de un juez sustituto, Antonio Viejo, quien decidió que Gómez no debía viajar a Ankara pero sí podía ir a Londres entre el 8 y el 10 de julio.

El auto en el que el juez Juan Carlos Peinado abrió juicio a Gómez y le retiró el pasaporte, argumentado que podría fugarse con la posible colaboración de sus escoltas, provocó que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ordenase al promotor de la acción disciplinaria del órgano valorar si Peinado incurrió en una falta disciplinaria grave.

El juez reiteró su idea de riesgo de fuga en un auto fechado el 30 de junio en el que afirmó que "no sería la primera ocasión" que un presidente del Gobierno de un país de la UE "se fuga" a un país del continente africano ante un caso de corrupción.

Ahora Gómez deberá acreditar en el mencionado plazo que su viaje se limitó únicamente a atender al acto de graduación de su hija, al que fue acompañada por su marido y varios familiares, aunque contra la resolución cabe recurso en el plazo de tres días.

El Gobierno ha lamentado este lunes la "obsesión, persecución y acoso público" por "motivos políticos" que sufre Begoña Gómez y ha recordado que Reino Unido ya no sella pasaportes ya que desde enero sus controles aduaneros están digitalizados con la autorización electrónica de viaje (ETA).

Una vez más, señalan a EFE las mismas fuentes, se constata "la obsesión, la persecución y el acoso público que sufre Begoña Gómez: "una situación que solo atiende a motivos políticos".

En la misma línea, el PSOE ha reaccionado a la petición de Peinado con un mensaje en sus redes sociales con una sola palabra: "Obsesión".

Respecto a la ausencia de sellos en el pasaporte de la esposa del presidente del Gobierno, La Moncloa recuerda que en el Reino Unido rige desde enero la autorización electrónica de viaje (ETA), siguiendo el ejemplo de Australia, Singapur, Hong Kong y Argentina, que ya eliminaron los sellos hace años.

También en EE.UU. se está ampliando el reconocimiento facial y el uso de programas como Global Entry, TSA PreCheck y Clear Plus, añaden.

De esta forma —agregan las fuentes— el sello en el pasaporte "está en vías de extinción" y está siendo sustituido por sistemas digitales "más rápidos, seguros y eficientes".

Asimismo, destacan que, a partir del 12 de octubre, 29 países europeos comenzarán a implementar un nuevo sistema de entrada y salida por biometría que sustituirá a los sellos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que restablecerá el bloqueo naval a Irán y agregó que Washington cobrará un 20% de compensación por proteger a los buques que transitan por el Estrecho de Ormuz, en medio de la actual escalada en el conflicto.

"El Estrecho de Ormuz está abierto y seguirá abierto, con o sin Irán. Restablecemos el bloqueo iraní, llamado así porque solo impide que los barcos iraníes o sus clientes entren o salgan. Todos los demás países tendrán un uso justo y libre del estrecho", escribió Trump en su red Truth Social.

El republicano aseguró, como ya había adelantado horas antes, que EE.UU. será conocido a partir de ahora como "el guardián del Estrecho de Ormuz", vía marítima por donde antes del conflicto en Irán pasaba un 20% del crudo mundial y cerrada "hasta nuevo aviso" por Irán en respuesta a los recientes ataques estadounidenses.

"En ese carácter, y como cuestión de justicia, (EE.UU.) será reembolsado a razón del 20% sobre toda la carga enviada, por todos los costos necesarios para realizar la tarea de brindar seguridad y protección a esta sección tan volátil del mundo", advirtió Trump.

El presidente estadounidense agregó que "el proceso y la implementación" de esta compensación "comenzarán de inmediato", sin especificar cómo se realizarán estos pagos en el estrecho, que Teherán asegura controlar y donde ya ha atacado a varios buques en días anteriores.

Este mismo lunes, Trump dijo en una entrevista con la cadena Fox News que Washington golpearía "muy duro" a Irán para "mantener el estrecho seguro" y adelantó que las fuerzas de su país "probablemente" iban a "administrar" el paso.

Según el mandatario, EE.UU será compensado porque las "otras naciones" que se benefician del tráfico por la vía marítima "son muy ricas".

"Están de nuestro lado y no se puede esperar que hagamos eso gratis (...) Lo que queremos es que se nos reembolse por hacer todo esto, por poner a nuestra gente en peligro", insistió.

Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento en junio para avanzar las negociaciones hacia un acuerdo definitivo de paz, ahora en vilo por el reciente cruce de ataques después de que Trump diera por terminado el alto el fuego.

Como parte de ese acuerdo, EE.UU. puso fin al bloqueo naval que impuso sobre las costas y los puertos iraníes.

El restablecimiento de ese cerco busca ahogar la ya dañada economía iraní y continuar presionando al liderazgo de ese país.

EE.UU. lanzó una nueva ofensiva en la noche del domingo contra Irán con el objetivo de "seguir mermando" la capacidad de Teherán para atacar a buques comerciales en el Estrecho de Ormuz.

En respuesta, Teherán ha bombardeado Kuwait, Baréin, Catar, Jordania, Omán y Emiratos Árabes Unidos, países aliados de Washington con presencia militar estadounidense.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha urgido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a "actuar ya" contra el machismo y no apoyar al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, que ha sido citado a declarar como imputado por acoso sexual y laboral.

"¿Hasta cuándo van a seguir apoyándolo Ayuso y Feijóo? El machismo es estructural pero cómo se reacciona ante él, marca la diferencia. Actúen ya", ha señalado Redondo en la red social X, tras conocerse que Bautista ha sido citado para declarar como investigado el próximo 9 de octubre dentro de la causa que lo investiga por la querella interpuesta por una exconcejal de su partido por acoso sexual y laboral.

Según han confirmado a EFE fuentes judiciales, la magistrada titular de la plaza 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles ha acordado también la citación de cinco testigos solicitados por la acusación particular. Entre los testigos citados, se encuentran el también exedil Raúl Gallego Parrondo, que dimitió en marzo pasado de su acta de concejal tras mostrar su solidaridad con su compañera, y el exjefe de Comunicación del Ayuntamiento David Zamorano.

El pasado mes de abril la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también defendió a Bautista al considerar que se encontraba en situación de "indefensión" y consideró "un abuso" el trato que está dando al asunto el Gobierno de España.

Esta citación del alcalde como investigado llega después de que la jueza tomara declaración el 29 de junio pasado a la exedil denunciante, que se ratificó en su querella e insistió en que el regidor le hizo "proposiciones de tipo sexual en tres ocasiones" y que su rechazo derivó en "el inicio de un proceso de presunto acoso laboral". En su primera comparecencia ante la jueza, que duró más de tres horas, la exedil detalló además que "puso estos hechos en conocimiento del PP", pero que "no se le hizo el más mínimo caso" y que, incluso, se llegó a sentir "coaccionada" por las dos interlocutoras que la dirección del PP puso a su disposición para sustanciar la cuestión.

Las diligencias fueron iniciadas el 15 de abril pasado después de que la magistrada titular de la plaza 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia admitiera a trámite la querella interpuesta contra el alcalde y contra el PP, al que también acusaba por no ampararla en sus denuncias internas.

Por su parte, el regidor mostoleño, quien ha negado desde un primer momento las acusaciones, recurrió el auto de admisión a trámite de la querella al entender que esta "carecía de manera manifiesta, palmaria y objetivamente constatable de los elementos típicos objetivos y subjetivos exigidos por el ordenamiento penal".

Sin embargo, la magistrada rechazó el argumento al entender que los actos denunciados en la misma, de probarse, tienen "relevancia penal" y que se encuentran "tipificados en nuestro Código", por lo que desestimó el recurso presentado por el alcalde, considerando "perfectamente procedente" las actuaciones acordadas.

La querella fue interpuesta el 16 de febrero pasado por la exedil de Móstoles que denunció primero internamente al alcalde por presunto acoso sexual y laboral, además de delitos contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos, en la que también señala al Partido Popular por no ampararla.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha planteado de nuevo la firma de un gran pacto nacional contra la emergencia climática y ha prometido fondos para los afectados por el incendio de Almería, que se ha cobrado la vida de 13 personas.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, Sánchez ha destacado también la colaboración entre el Ejecutivo central, la Junta de Andalucía, la Diputación de Almería y los ayuntamientos afectados por el incendio.

El acuerdo "frente a las emergencias", ha abundado Sánchez, debe servir para reaccionar cuando se producen, pero también para prevenirlas e introduce medidas como la formación de jóvenes y del resto de la población ante "incendios y emergencias civiles".

"Desde la Administración Central del Estado estamos impulsando esas medidas" porque "hay que concienciarse" de que la crisis climática "se está agravando" y hay que poner los medios para garantizar la seguridad de quienes viven en zonas sensibles, ha explicado Sánchez.

"La emergencia climática mata y tenemos que estar a la altura", ha resumido el presidente del Gobierno, quien ha prometido que su Ejecutivo aprobará fondos para la "reconstrucción" de la zona afectada por el fuego y para paliar con recursos públicos en la medida de lo posible la situación de los vecinos de la zona y que puedan "recuperar su normalidad".

Esto se suma, ha destacado Sánchez, a los medios que el Gobierno central ha aportado para apagar el fuego y para "investigar" sus causas.

El jefe del Ejecutivo ha felicitado por su trabajo a todos los "servidores públicos", así como a quienes lo hacen en las ONG y han estado ayudando estos días a los vecinos afectados por el incendio, quienes "se juegan la vida" por ayudar a los ciudadanos, ha dicho.

El presidente del Gobierno ha recordado que el pasado año un tercio de la superficie quemada en Europa se produjo en España y eso tiene "mucho que ver con el agravamiento de la emergencia climática que vive la Península Ibérica y España en concreto".

Sánchez ha lamentado las 13 muertes provocadas por el incendio de Almería y ha trasladado el pésame del Gobierno central a familias y amigos de las víctimas, en su mayoría extranjeros, pero personas conocidas y apreciadas en sus municipios, ha subrayado.

A ese pésame se han unido, ha explicado el presidente del Gobierno, diferentes países europeos que han trasladado su "solidaridad" con España ya que ellos también sufren en sus territorios los efectos de la emergencia climática.

El juzgado de Vera (Almería) encargado del incendio que se ha cobrado la vida de 13 personas, cuenta ya con la identificación de seis víctimas, un ciudadano español y cinco extranjeros: un hombre y dos mujeres del Reino Unido, otra mujer de Francia y un hombre de Bélgica, todos mayores de edad.

Los fallecidos identificados hasta el momento son por tanto tres hombres y tres mujeres, según han informado el Centro Integrado de Datos (CID) en un comunicado hecho público, en el que precisa que el español y una de las ciudadanas de Reino Unido identificadas eran matrimonio.

Las identificaciones corresponden a seis de los 12 fallecidos que fueron hallados en las zonas calcinadas, mientras que la muerte este domingo en un hospital de Almería de una mujer de 93 años, con heridas de gravedad, elevó a 13 el número total de víctimas que deja el incendio.

Según el último comunicado del CID, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera, plaza 3, competente en el levantamiento de los cadáveres, ha avalado ya las identificaciones de esas seis primeras víctimas, los tres hombres y las tres mujeres.

Además, se han iniciado las primeras comunicaciones a los familiares de las víctimas mortales, un aviso que hace de forma presencial personal de uniforme de la Guardia Civil acompañado por un psicólogo.

El proceso de identificación de los seis cuerpos restantes pendientes está concluyendo gracias a la llegada de las muestras biológicas de familiares de los fallecidos.

La colaboración de las autoridades consulares de Bélgica, el Reino Unido y Francia está permitiendo la obtención de los perfiles genéticos, por lo que "en un corto periodo de tiempo" se podría tener la identificación de todas las víctimas, ha avanzado el CID.

El departamento de Biología del servicio de Criminalística de la Guardia Civil ya obtuvo el perfil genético de los doce fallecidos en el incendio de Los Gallardos.

El único método de identificación primario que está pudiendo ser utilizado para la identificación de las víctimas del incendio de Los Gallardos es el genético.

Todos estos datos se han recogido en el CID constituido para hacer frente a esta emergencia conforme al Protocolo nacional de Actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con múltiples víctimas.