El Partido Verde Europeo ha celebrado este miércoles la entrada de uno de sus miembros, Izquierda Verde, en el Gobierno de Dinamarca, donde contará con cinco ministerios. El nuevo Ejecutivo de centroizquierda danés ya ha sido presentado oficialmente y estará encabezado por la socialdemócrata Mette Frederiksen.

Ciarán Cuffe, copresidente del Partido Verde Europeo, ha felicitado a la líder de Izquierda Verde, Pia Olsen Dyhr, y a su equipo, y ha destacado que, con su entrada en el Ejecutivo, “este será el Gobierno más ecologista de la historia de Dinamarca”.

“Ya se aprecian las huellas de los verdes en las propuestas gubernamentales para solucionar la crisis del coste de la vida, como la eliminación del IVA en frutas y verduras, la inversión en servicios públicos como escuelas y guarderías, y el transporte público gratuito para los jóvenes”, ha destacado.

Por su parte, la copresidenta del Partido Verde Europeo, Vula Tsetsi, ha hecho hincapié en el apoyo que están recabando los diferentes partidos verdes en toda Europa, poniendo de ejemplo el éxito de Izquierda Verde en Dinamarca.

En Países Bajos, Reino Unido y Alemania, los partidos verdes han cosechado grandes resultados en elecciones locales y regionales. En Países Bajos, GroenLinks-PvdA ha logrado el mayor número de votos a escala nacional y se ha impuesto en Ámsterdam, Róterdam y cinco de las otras diez ciudades más grandes del país. En Reino Unido, el Partido Verde de Inglaterra y Gales y los Verdes Escoceses han  logrado sus mejores resultados electorales. Y en Alemania, Los Verdes han conseguido una importante victoria regional en Baden-Württemberg y se han hecho por primera vez con la alcaldía de Múnich.

“Existe un claro deseo entre los votantes de volver a situar el bienestar social, el clima y la acción medioambiental en lo más alto de la agenda política. Los europeos apoyan la estrategia de invertir en energías renovables para garantizar la independencia energética europea. La gente está eligiendo un futuro que proteja su salud, su medio ambiente y su economía”, ha subrayado Tsetsi.

En el nuevo Gobierno danés, los Socialdemócratas ocupan nueve de las 21 carteras – Defensa, Justicia, Inmigración y Sanidad, entre otras–, mientras que Izquierda Verde gestiona cinco, con Olsen Dyhr como nueva ministra de Economía e Interior.

El líder de Los Moderados, Lars Løkke Rasmussen, continuará al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores, uno de los cuatro departamentos controlados por su partido; y el Partido Social Liberal asumirá tres carteras.

Según el acuerdo de Gobierno, el cual se dio a conocer este martes, el nuevo Ejecutivo apuesta “de manera firme” por amplias rebajas fiscales –incluyendo una reducción del impuesto de sociedades del 22 al 19%–, la mejora del sistema de bienestar, el impulso a la producción ecológica y la energía verde, y el mantenimiento de  la línea que lleva aplicando el Gobierno estas últimas décadas en materia de inmigración.

El pleno de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha reabierto de nuevo el debate sobre la muerte digna tras acordar con los votos de 23 magistrados que sea posible recurrir judicialmente la concesión de la eutanasia si la persona que ejerce este derecho cuenta con una “vinculación particularmente estrecha” con el solicitante.

Aunque el fallo se ha dado a conocer este martes, 19 de mayo, la sentencia que fijará el alcance de estos recursos se conocerá en unos días.

Con esta decisión, a la que se han opuesto nueve magistrados, se da pie a que un padre, madre o alguien muy allegado de una persona solicitante de eutanasia puedan frenar su derecho a morir de una forma digna alegando ese vínculo especialmente estrecho..

El tribunal ha llegado a esta conclusión tras desestimar el recurso que presentó la Generalitat de Cataluña contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia catalán (TSJC) que reconocía al padre de Francesc, un hombre de 55 años que solicitó la eutanasia, legitimidad para paralizarla a través de un recurso judicial.

En el primer recurso que presentó el padre de Francesc, alegó que estaba en juego el derecho a la vida y la obligación del Estado a protegerla. Asimismo, defendió que su hijo se encontraba en situación de vulnerabilidad y padecía problemas de salud mental.

El recurso fue inadmitido por un juzgado de Barcelona, dejando constancia en el auto que Francesc era “capaz de ejercer de forma libre todos los derechos” y sin “ningún diagnóstico” de enfermedad mental. Destacó también que vivía solo, no tenía buena relación con su padre y solicitó que no se comunicase a ningún familiar su petición.

El Supremo ha debatido este caso, en el que Francesc alegó en su petición de eutanasia el sufrimiento que le causan las importantes secuelas que arrastra en el movimiento y el habla tras sufrir tres ictus y dos infartos. La Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña le concedió la muerte asistida en septiembre de 2024, pero Francesc sigue esperando. Ahora, el alto tribunal podría dar la razón a su padre.

El TSJC acordó llevar a juicio este caso concluyendo que los padres están legitimados a intentar frenar la muerte asistida de un hijo, aunque no tengan buena relación como se daba –al igual que con Francesc– en el caso de Noelia Castillo, la cual sí pudo recibir la eutanasia a pesar de pedir su padre, representado por Abogados Cristianos, que ésta fuese paralizada.

Ya el pasado 7 de abril, la Fiscalía defendía ante el Tribunal Supremo el derecho de un familiar a recurrir siempre que exista un “intenso vínculo afectivo presente” con el paciente, con un matiz: negó que las entidades provida estén legitimadas a hacerlo.

Queda esperar a que el Supremo, cuando dicte sentencia, determine tanto los requisitos como las circunstancias que permitan que cualquier persona cercana a un solicitante de eutanasia recurra esta petición cuando éste es mayor de edad y esté en plenas capacidades para tomar esta decisión. Asimismo, se espera que se cierre por completo la puerta a que entidades como Abogados Cristianos puedan frenar este derecho.

Este martes, el Consejo de Ministros dio un paso adelante en preservar los derechos de los menores tras aprobar la ampliación de la Ley de Protección de la Infancia y Adolescencia. Se pone así fin a las lagunas que presenta esta Ley Orgánica aprobada en 2021.

La reforma recoge varios cambios importantes que refuerzan el interés superior de los menores, poniendo énfasis en justificar cómo proteger mejor su bienestar físico, emocional y psicológico en los actos y resoluciones administrativas y judiciales.

La medida más destacada de esta ampliación de la ley es la obligación de escuchar al menor afectado sin tener en cuenta la edad, eliminando así la regla que establecía el derecho de escucha a partir de los 12 años o en menores con una “madurez suficiente”.

“La escucha de las personas menores no es una concesión, es una garantía de derechos y es una cuestión de justicia, por eso se eliminan las barreras que la dificultaban”, explicó Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, quien subrayó que la norma “pone en el centro el buen trato hacia las infancias” y plantea mecanismos claros y concretos para erradicar la violencia en la infancia.

Lucía Losoviz, responsable de Incidencia Política de Unicef España y en declaraciones recogidas por Efe, celebró también la medida, destacando que en estos procedimientos los menores “podrán estar acompañados por una persona de confianza y elegir el sexo de quien les entreviste, especialmente en casos de violencia o maltrato”.

Asimismo, los testimonios se recogerán a través de salas Gesell o Barnahus, lugares habilitados como entornos seguros para facilitar las declaraciones de los menores.

Por otro lado, la reforma de la ley impulsa la creación de un turno de oficio especializado en violencia contra los menores, con abogados formados en este tipo de delitos. La Dirección General de Derechos de la Infancia y la Adolescencia contará con la capacidad de personarse ante casos de desprotección grave de los niños.

Unicef ha incidido en la importancia de que en todos los actos y resoluciones administrativas y judiciales se tenga que justificar e interpretar el interés superior del menor, “que dejará de ser una fórmula abstracta para convertirse en un principio con criterios claros”.

El nuevo texto incorpora una medida pionera: prohibir el Síndrome de Alienación Parental (SAP) y teorías similares que versan sobre la manipulación de uno de los progenitores sobre sus hijos para favorecer que rechacen al otro progenitor.

Rego lamentó que algunos tribunales se sirvan de estos planteamientos en resoluciones judiciales “para desacreditar a mujeres” y también por “la extrema derecha para golpear a las mujeres y al feminismo”.

España se convierte así en el primer país en prohibir el SAP por ley y las resoluciones basadas en este tipo de planteamientos podrán ser impugnadas.

A partir de ahora, si el menor expresa rechazo hacia uno de sus progenitores, el sistema deberá tenerlo en cuenta, investigarlo y poner en marcha las medidas pertinentes de protección para que, tal y como comentó Rego, “el niño y la niña viva en un entorno libre de violencia y alejado de sus presuntos agresores”.

La norma refuerza también que se negará la custodia compartida si existen indicios de que esta pueda afectar a la salud física, psíquica o emocional del hijo o hija. Por otro lado, solo será necesario el consentimiento de uno de los progenitores para que un niño o niña víctima de violencia pueda recibir atención psicológica, social o jurídica, evitando así que el agresor pueda tener capacidad de veto sobre la reparación del menor.

Esta ley no aborda el régimen de visitas –algo que se hará en la ley de violencia vicaria–, pero sí establece criterios para poder estipularlas.

“A partir de la aprobación de esta ley, los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género serán también consideradas víctimas de violencia de género”, informó la ministra de Juventud e Infancia.

Por último, otra norma recogida en esta reforma es el endurecimiento de las condiciones para trabajar en entornos con menores, como centros educativos, clubes deportivos o espacios de ocio.

Ningún profesional que haya sido condenado por delitos relacionados con la infancia y la adolescencia podrá ejercer y seguir en contacto con menores en el ejercicio de sus labores.

“Los maltratadores no podrán trabajar con las infancias, quizá pueda parecer algo evidente, pero no siempre ha sido así”, puntualizó la ministra.

La Comunidad de Madrid se engalana este sábado para celebrar su festivo regional con los focos puestos en su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y en qué palabras utilizará esta vez para cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Como ya avisaba el año pasado en infoLibre el presidente de la FRAVM Jorge Nacarino, el acto institucional por el Dos de Mayo ha pasado de ser un homenaje al levantamiento del pueblo madrileño en el año 1808 a escenificar por todo lo alto la ruptura entre el Gobierno regional y el central.

El acto de este año llega marcado, igual que en 2025, por el enfado de Ayuso ante la negativa del Ministerio de Defensa de autorizar un desfile militar en el ‘Kilómetro Cero’. ¿La respuesta? Excluir –de nuevo– de la celebración a cualquier miembro del Ejecutivo central y definir como “sectaria” la postura del Gobierno central. 

Repasamos cuáles han sido las polémicas que han marcado a lo largo de los años el Dos de Mayo y cómo esta fiesta ha servido a Díaz Ayuso para afianzar su cruzada contra Pedro Sánchez y el Ejecutivo. 

La inquina contra el Ministerio de Defensa por dejar a Madrid sin desfile en 2025 dista mucho de la estampa en plena pandemia, cuando el 2 de mayo de 2020, guardando todas las medidas de seguridad por el covid-19, Díaz Ayuso bautizaba a la ministra Margarita Robles como “la nueva Manuela Malasaña” por su labor durante lo peor de la crisis sanitaria que asoló el mundo ese año.

“Algunas veces, durante esta batalla contra el virus, os ha faltado con qué protegeros y habéis salido a luchar con lo que teníais: os digo que no volverá a pasar; con imaginación e iniciativa hemos hecho frente a lo peor, colaborando juntos, sin colores, ideologías, ni prejuicios”, aseguró a los presentes.

Un año después, la misma fiesta coincidió con el fin de una campaña electoral en la que la palabra más repetida fue “libertad” y en la que dedicó a Sánchez declaraciones como esta: “Necesitan Madrid para seguir con su hoja de ruta, que es romper España, dividirla territorialmente y crear ciudadanos de primera y de segunda”.

Tras estas declaraciones durante la campaña, el Dos de Mayo adquirió un tono conciliador, deseando que ese día sirviese “de paréntesis en la disputa”, pero dejando claro que dos siglos atrás "el pueblo de Madrid se echó a la calle para demostrarle al mundo que no hay bien más preciado que la libertad", y lo hizo "por la nación entera, y no sólo por Madrid". Dos días después, Díaz Ayuso salió victoriosa al balcón de Génova tras conseguir una mayoría absoluta para gobernar la región.

Después de un año gobernando en solitario, en 2022 Isabel Díaz Ayuso llegó a la fiesta regional con toda la artillería pesada, dejando claro que Madrid es la España necesaria “frente a las ideologías totalitarias que enfrentan a unos contra otros; es la realidad abierta de unos junto a otros y que niega la confrontación ideológica en la Educación, en la familia, entre sexos, el campo y las ciudades o nuestra intimidad, que no fabrica clases sociales”. 

“El verdadero fracaso viene cuando se cede ante el terror, la mentira, el totalitarismo, o la injusticia, hasta que la confrontación o la ruptura de la convivencia se hacen inevitables”, destacó la dirigente madrileña, agregando que no iba a “perder tiempo, ni malgastar energías en batallas estériles, en confrontaciones absurdas, en iniciativas fracasadas, en gasto inútil que despilfarra el esfuerzo de los ciudadanos”. “Madrid se respeta a sí misma y por eso respeta a todos”, sentenció.

El discurso de 2022 sentó un precedente para todos los Dos de Mayo que estaban por llegar, siendo el del año 2023 la fiesta de la polémica con un gran protagonista: el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

La foto del día no fue ni Ayuso durante su discurso ni ninguna sobre el homenaje a los héroes de Madrid. La foto del Dos de Mayo de 2023 fue una en la que se ve a la responsable de protocolo de la Comunidad de Madrid impidiendo el paso a Bolaños a la tribuna de honor, lugar al que sí se le dio acceso en 2022.

Que el foco se pusiera en este hecho fue algo que enfureció a Ayuso, cuyas declaraciones sobre Madrid, la libertad y la “inmensa responsabilidad” que tiene la capital –“porque lo que pase aquí resonará en toda España”–, quedaron diluidas en la controversia.

Con más calma, pero todavía con rencor, al día siguiente la popular acusó a Bolaños en la Cadena Ser de presentarse allí para “provocar” e intentar “reventar este evento y crear mal ambiente” para que no se hablase de un “día magnífico” como es el 2 de mayo. 

“Cada casa tiene sus normas y, sobre todo, es que estamos dando por normal que la presencia de un ministro sea de obligado cumplimiento porque así lo decide el Gobierno”, indicó. También advirtió que las autonomías son “contrapesos” y “no todo es el Gobierno, y no todo es (Pedro) Sánchez”. 

“Al señor Bolaños se lo dijimos amablemente, que no estaba invitado, y luego fue, a mi juicio, en calidad de provocación”, reiteró Ayuso. Quien sí subió a la tribuna de autoridades fue Alberto Núñez Feijóo, invitado personalmente por Ayuso, la cual subrayó que el Gobierno ya estaba representado en la tribuna con la presencia de Margarita Robles, que sí fue invitada –junto a Isabel Rodríguez, que no acudió–. Desde este incidente, Bolaños no se ha atrevido a acercarse a la Real Casa de Correos un Dos de Mayo.

El Dos de Mayo de 2024 llegó cargado de tensión por los diversos ataques entre el Ejecutivo regional y el Gobierno central. Tras lo ocurrido con Bolaños el año anterior, el “desplante” a Díaz Ayuso en la inauguración de un tramo del AVE y la “cacería política” orquestada –según Ayuso– desde Moncloa contra su persona y Alberto González Amador, la presidenta decidió que al Dos de Mayo no iba a ir nadie del Gobierno, excepto el Delegado en Madrid, Francisco Martín, con el que la relación en los últimos años también ha ido de mal en peor.

Finalmente se instauró la tregua para celebrar la fiesta de los madrileños, y en representación del Gobierno central acudieron tanto Martín como Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. 

Torres señaló su voluntad de “tender la mano” a la Comunidad de Madrid para “caminar juntos en la convivencia y la democracia” y hablar de temas como “la vivienda o el empleo”. Por su parte, Ayuso reiteró que en la región madrileña no triunfan “ni los abusos, ni las injusticias”, afirmando que su Comunidad es “la región al servicio de España” como ”siempre” ha sido porque es “la plaza mayor de todos”.

A pesar de la tregua, las críticas entre PP y PSOE se dejaron ver igualmente. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no quiso perder la ocasión de opinar que los cinco días de reflexión del presidente del Gobierno “consisten en la persecución a todo aquel que disiente de Pedro Sánchez”, que “no acata los deseos del amado líder”. 

Por su parte, fuentes socialistas hicieron hincapié en la ausencia de Núñez Feijóo, incidiendo en que “los grandes nombres del Partido Popular” han dejado “sola a Isabel Díaz Ayuso en uno de sus días grandes por excelencia”. “Tiene un aluvión de preguntas sin responder, una pareja delincuente confeso por delito fiscal y una casa en la que reside que no sabemos si se está pagando con dinero del fraude fiscal”, agregaron.  

Esta calma tensa volvió a romperse en 2025, cuando desde Defensa decidieron suprimir el desfile militar, habitualmente desplegado el día de la fiesta de la comunidad, y Ayuso, sin echarse atrás como el año anterior, denegó la invitación a cualquier ministro y no se quedó corta con las “puyitas” en su discurso.

"A nosotros nadie nos encierra, nos apaga, ni nos deja en evidencia ante el mundo. (...) Si alguien duda de que España es así, que se venga a Madrid, y escuche por sus calles esta misma forma de ver la vida, en todas sus formas", espetó. 

Todo hace presagiar que, este sábado, Díaz Ayuso volverá a valerse del acto institucional del Dos de Mayo para ejercer una crítica mordaz contra el Gobierno central disfrazándola de la gran fiesta de los madrileños.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha dado a conocer este jueves su informe Vivienda, consumo y desigualdad: un mercado dominado por multiarrendadores, en el que concluye que “el mercado del alquiler en España no está dominado por el pequeño casero con una única vivienda en alquiler, sino por multiarrendadores”.

Este nuevo estudio, elaborado por el departamento de Pablo Bustinduy en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) a partir del Panel de Hogares, desgrana que alrededor del 39% de las viviendas alquiladas pertenecen a caseros con un único inmueble en alquiler, mientras que el 61% son propiedad de multiarrendadores: personas jurídicas y entidades públicas con dos o más viviendas alquiladas.

Asimismo, el Panel de Hogares de 2023 recoge que un 4,9% de la población total percibe rentas por alquiler de vivienda habitual (5,7% de la población adulta). Esta cifra cambia si se mide por hogar, elevándose al 9,3%.

En definitiva, menos de cuatro de cada diez viviendas son alquiladas por pequeños caseros, contradiciendo así la versión que ha mantenido el Gobierno en los últimos años. En declaraciones a la Cadena Ser en 2024, la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez afirmaba que "España es un país solidario y, en su mayor parte, el parque de vivienda en alquiler pertenece a los pequeños propietarios".

Según el informe, en España más de la mitad del alquiler gestionado por particulares (un 52,8%) se encontraría en manos de multiarrendadores, lo que convierte a estos en la figura predominante por encima del pequeño casero.

Consumo suscribe, además, que en los últimos años “el crecimiento del parque de viviendas en alquiler ha beneficiado más a los multiarrendadores que a los pequeños caseros”. “Los caseros con una única vivienda en alquiler aumentaron su parque en este periodo (entre 2016 y 2023) un 30,4%. En cambio, los multiarrendadores lo incrementaron un 39,9%, casi diez puntos de diferencia”, añade.

“Según los datos disponibles del Banco de España, las empresas y personas jurídicas —incluidos fondos de inversión, sociedades patrimoniales y otros actores que operan el alquiler de forma profesional— alquilan unas 223.552 viviendas en el territorio de régimen fiscal común, lo que representa aproximadamente el 8% del mercado total. Si se incorpora el parque de vivienda pública y social (unas 300.000 viviendas), el conjunto de personas jurídicas y entidades públicas podría alcanzar en torno al 17% del mercado. En total, las viviendas alquiladas propiedad de personas jurídicas y entidades públicas sumarían alrededor de 523.552 viviendas”, agrega.

Tras esta estimación, Consumo establece una distribución aproximada del mercado del alquiler en la que alrededor del 40% de las viviendas pertenecería a caseros particulares con un único inmueble en alquiler y el 60% restante estaría en manos de particulares con dos o más casas en régimen de arriendo, personas jurídicas y entidades públicas.

Desgranando estos datos por ciudades, Las Palmas de Gran Canaria es la capital española que más multiarrendadores concentra: un 64,9%, frente al 35,1% que dispone de un único inmueble en alquiler. También en las Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife cuenta con un 64,6% de multiarrendadores frente a un 35,4% de pequeños caseros.

Palma de Mallorca (con un 63,1% de multiarrendadores, frente al 36,9% que dispone de un único inmueble en alquiler), Barcelona (60,8% frente al 39,2%) y Madrid, (56,4% frente al 43,6%) siguen a las capitales canarias.

“En Valencia y Málaga los multiarrendadores también son mayoría: en Valencia el 55% de los caseros son multiarrendadores, frente al 45% que dispone de un único inmueble en alquiler. Y Málaga, el 51,6% frente al 48,4%. En Sevilla, el 46,8% de los caseros son multiarrendadores, frente al 53,2% que dispone de una sola vivienda en alquiler”, señala el informe.

El estudio finaliza haciendo hincapié en que la figura del pequeño casero con una única vivienda alquilada “no describe adecuadamente la realidad del mercado español”, destacando que el aumento de la oferta no ha supuesto una “democratización” del mercado.

“Ha consolidado una estructura en la que quienes ya tenían varias viviendas son quienes más han crecido y quienes más capacidad tienen para seguir ampliando su presencia en el mercado”, destaca.

Y acaba subrayando la tendencia actual: “el alquiler en España funciona cada vez más bajo una lógica de concentración. El pequeño casero sigue existiendo, pero tiene un papel cada vez menos central. Hoy, el peso decisivo lo tienen los multiarrendadores, y los datos apuntan a una tendencia que seguirá reforzándose en los próximos años”.

Este martes, 21 de abril, se ha producido un nuevo avance en materia de derechos LGTBI+ en Europa. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido una sentencia por la que determina que Hungría “ha violado el derecho de la Unión” con su conocida como Ley antipropaganda LGTBIQ+, aprobada en 2021.

Este hecho llega casi dos semanas después de arrasar en las urnas el candidato a las elecciones húngaras de Tisza, Péter Magyar, quien había evitado pronunciarse sobre el tema pero declaró tras su victoria electoral que Hungría sería “un país en el que no se castigue a nadie por pensar distinto que la mayoría, por amar a alguien de forma diferente que la mayoría”.

Con esta decisión, Europa ha sentado un precedente condenando por primera vez a uno de los Estados miembros por violar los principios fundacionales de la Unión Europea.

El 15 de junio de 2021, el Parlamento de Hungría aprobaba con los votos de Fidesz –el partido del ultranacionalista Viktor Orbán– su polémica Ley de Protección de la Infancia, escudándose en la protección de los menores y vetando para ello la divulgación de información sobre el colectivo LGTBIQ+ en las escuelas.

Entre las principales medidas de esta ley se encuentran la restricción de contenidos que "fomenten la homosexualidad" –relacionada por el Gobierno húngaro con la pedofilia– tanto en los centros escolares como en los medios de comunicación, cine y libros.

En agosto de ese año, se emitió un decreto por el cual los libros infantiles que "describan una desviación respecto de la identidad de género concebida en el nacimiento, o describan un cambio de género, o popularicen la homosexualidad", entre otras condiciones, no podrán mostrarse en los escaparates o exhibirse claramente en el interior de las librerías.

Por otro lado, y siguiendo con su particular cruzada contra las personas LGTBIQ+, en el verano de 2025 se prohibió la marcha del Orgullo apoyándose en una enmienda que anteponía "la protección de la infancia" a derechos fundamentales como son el de reunión y libre expresión.

El texto de esta enmienda constitucional señalaba que "todo niño tiene derecho a la protección y a los cuidados necesarios para su correcto desarrollo físico, mental y moral".

Ya en 2021, la Comisión Europea expedientó a Hungría por esta ley; su presidenta, Ursula Von der Leyen, la calificó de “vergüenza”. "Europa no tolerará nunca que miembros de nuestra sociedad sean estigmatizados, ya sea por la persona a la que aman, por su edad, por su origen étnico, sus opiniones políticas o sus convicciones religiosas", expresó.

Así, la Comisión envió una carta de emplazamiento detallando las razones por las que Bruselas se hallaba preocupada ante esta nueva ley y pidiendo a las autoridades húngaras enmendar la situación en el plazo de dos meses.

Ya en aquel entonces se había previsto una segunda etapa de diálogo de no resolverse el conflicto en el plazo acordado y, como último recurso, se elevaría el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Finalmente, ha sido este martes, 21 de abril de 2026, cuando el TJUE ha condenado al Gobierno húngaro. Y lo ha hecho con rotundidad: "esta ley es contraria a la propia identidad de la Unión como ordenamiento jurídico común en una sociedad caracterizada por el pluralismo”. “Hungría no puede invocar válidamente su identidad nacional para justificar la adopción de una ley que vulnera los valores mencionados", recoge la sentencia.

Veinte Estados miembros de la Unión Europea –Austria, Bélgica, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, Eslovenia, España y Suecia– exigieron la anulación de esta ley y sus enmiendas.

Según la sentencia, Hungría ha “incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho de la Unión” al adoptar esta ley, y ha incumplido tanto el Tratado de la Unión Europea y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea como diversas directivas y reglamentos.

El TJUE define la ley como "un conjunto coordinado de medidas discriminatorias que vulneran, de manera manifiesta y especialmente grave, los derechos de las personas no cisgénero, incluidas las personas trans, o no heterosexuales".

"La legislación húngara estigmatiza y margina a las personas no cisgénero, incluidas las personas trans, o no heterosexuales, tachándolas de perjudiciales para el desarrollo físico, mental y moral de los menores debido únicamente a su identidad o su orientación sexuales y (...) las asocia con la delincuencia pedófila, lo que puede reforzar esta estigmatización y fomentar comportamientos de odio hacia ellas", advierte.

“Las disposiciones nacionales en cuestión son manifiestamente contrarias a las exigencias que, en una sociedad basada en el pluralismo, se derivan de la prohibición de discriminación por razón de sexo y de orientación sexual establecida en el artículo 21, apartado 1, de la Carta y vulneran, por tanto, el contenido esencial de dicha disposición”, recoge la sentencia.

Asimismo, hace hincapié en que la protección a los menores puede darse “sin para ello operar una discriminación directa por razón de sexo y de orientación sexual”.

“En efecto, la mera circunstancia de que los contenidos popularicen o representen la desviación de la identidad propia del sexo correspondiente al nacimiento, el cambio de sexo o la homosexualidad no permite, por sí misma, demostrar el carácter potencialmente perjudicial de tales contenidos”, añade.

Por otro lado, el TJUE hace alusión a la Carta incidiendo en que “a nadie se le puede negar el derecho a la instrucción” y, además, “el Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas”. 

Asimismo, el TJUE considera que esta ley atentaría también contra la ley general de protección de datos y contra la libertad de prestar y recibir servicios de comunicación audiovisual. 

“La restricción impuesta a la emisión de programas que tengan como elemento central la violencia o la popularización o representación de la desviación de la identidad propia del sexo correspondiente al nacimiento, del cambio de sexo o de la homosexualidad elimina la presencia efectiva, en esos programas, de personas no cisgénero o no heterosexuales, así como de su modo de vida, aun cuando esas personas forman parte integrante de una sociedad caracterizada por la diversidad y el pluralismo, de conformidad con los valores contemplados en el artículo 2 TUE. La Comisión concluye de ello que el artículo 9, apartado 6, de la Ley de Servicios de Medios de Comunicación da lugar a una discriminación directa por razón de sexo o de orientación sexual, prohibida por el artículo 21, apartado 1, de la Carta”, informa la sentencia.

Tras esta sentencia, que tanto la Comisión Europea como distintas ONG en un comunicado conjunto –Amnistía  Internacional de Hungría, el Comité Helsinki húngaro y la Asociación Háttér– han calificado de “histórica”, sólo queda que el nuevo Gobierno de Péter Magyar la ejecute, acabando así con una de las leyes más injustas y polémicas en materia LGTBIQ+ del continente europeo.