Madrid celebrará este viernes nuevamente aquel levantamiento popular del 2 de mayo de 1808 en el que el pueblo dijo basta, convirtiéndose en el alma de todo el país frente a las tropas invasoras de Napoleón; un levantamiento que también abrió las puertas al fin del absolutismo, que llegó con la Revolución Liberal de 1812.
Pero las crónicas de este viernes no nos recordarán las hazañas de Manuela Malasaña o de los capitanes Daoíz y Velarde. Nos hablarán del enésimo enfrentamiento entre la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y el gobierno de Pedro Sánchez, siendo este año el primero en el que la presidenta ha decidido, como si de su cumpleaños se tratara y no de la fiesta institucional de todos los madrileños y madrileñas, no invitar a ningún representante del Gobierno de España.
El nuevo desplante institucional está justificado, según el Gobierno regional, en el constante enfrentamiento entre ambas administraciones, cuyo anteúltimo episodio fue la decisión del Ministerio de Defensa de cancelar la parada militar durante los actos institucionales. El apagón eléctrico de este lunes se ha convertido en el último, para desazón de las y los ciudadanos, que ante la adversidad volvieron a dar un excepcional ejemplo de civismo.
La celebración del aniversario se convertirá en el nuevo capítulo del serial de una crisis institucional ampliamente difundida en todo el país. Una crisis institucional marcada por una gesticulación excesiva, cuyas consecuencias reales entre el Gobierno central y el Gobierno autonómico tienen, en buena medida, menos efectos de los esperables, a juzgar por el tipo de discursos que emanan desde la Puerta del Sol, lo que demuestra que hay mucha más estabilidad en nuestro sistema político de la que el espectáculo del antagonismo trumpista que emula la presidenta Ayuso nos parece dar a entender.
Hay mucha más estabilidad en nuestro sistema político de la que el espectáculo del antagonismo trumpista que emula la presidenta Ayuso nos parece dar a entender
Pero el serial tapa la verdadera crisis institucional que sufren los madrileños y madrileñas: la crisis que sufre la Comunidad de Madrid en su interior. Una crisis que se manifiesta en la degradación del debate político en el parlamento regional, el desmantelamiento de instituciones neutrales como la televisión pública, la Cámara de Cuentas o el Consejo de Transparencia; la absoluta deslealtad institucional con los gobiernos municipales de distinto signo político; el desmantelamiento de órganos de participación como el Consejo de la Juventud; o el rechazo al diálogo institucional con las organizaciones sociales.
Una crisis institucional que sufren las madrileñas y madrileños en su día a día, como las más de 600 familias de San Fernando de Henares y ahora de Coslada, afectadas por las obras de la línea 7B de Metro; las de Alcorcón o Móstoles, afectadas por las obras de la A5; las de Getafe, con los conflictos derivados del Mad Cool o la planta de Corrugados; o las de Rivas, con la negada conexión a la M50.
A esta larga lista se suman las empresas, los trabajadores y trabajadoras que padecen la falta de diálogo social con patronal y sindicatos, y, sobre todo, nuestras vecinas y vecinos, que enfrentan múltiples problemas como el acceso a la vivienda, la desigualdad, la sanidad pública, la seguridad, la convivencia o la movilidad, agravados por la negativa del Gobierno regional a sentarse a trabajar con la Federación Vecinal, una entidad con 47 años de historia que ha dialogado incluso con dirigentes de instituciones predemocráticas y que representa a más de 200.000 personas, pero con la que la presidenta Ayuso no ha encontrado un hueco en su agenda para reunirse en seis años.
Los madrileños y madrileñas tenemos el dudoso honor de haber transmitido al conjunto del país cual virus político el rechazo a la institucionalidad .
La politóloga austriaca Natascha Strob identifica este rechazo a la institucionalidad en la forma de hacer política como una de las características del conservadurismo radicalizado, dentro de una voluntad de ruptura estratégica y calculada de las reglas comunes, una estrategia que está siendo inoculada en el conjunto de los conservadores españoles, pero que tiene su origen en los conservadores madrileños y, sin duda, en Esperanza Aguirre, su gran precursora. Por ello, los madrileños y madrileñas tenemos el dudoso honor de haberlo transmitido cual virus político al conjunto del país.
Si bien es cierto que no podemos culpabilizar exclusivamente a los conservadores de haber abandonado la institucionalidad —algo que está completamente vinculado a la degradación de nuestra vida política y que es, en buena medida, la responsable de haber generado monstruos como la extrema derecha—, la izquierda, tanto la política como la social, en ocasiones también ha demonizado la institucionalidad y la cultura del pacto, amparándose en discursos de imposición o pureza ideológica. Para entenderlo mejor, resulta muy recomendable recordar dos citas del filósofo Daniel Innerarity en su ensayo La libertad democrática: “Los pactos y los acuerdos son importantes porque no hay otro procedimiento para generar cambio social profundo y duradero”, y “el poder de la ciudadanía retrocede cuando quienes la representan se instalan en la impotencia de unas promesas desmesuradas”.
Esta crisis institucional madrileña, la real, no la del relato ayusista, será difícil que finalice mientras la protagonista siga en escena. A la izquierda política le corresponderá ser capaz de construir una alternativa ganadora al conservadurismo radicalizado; a los conservadores racionales, recordar la cita del escritor Antonio Muñoz Molina: “Cuando la barbarie triunfa no es gracias a la fuerza de los bárbaros sino a la capitulación de los civilizados”; pero a la ciudadanía, como en tantas ocasiones, nos queda seguir siendo la institución que no falla, la que es capaz de organizarse y asociarse para levantarse y decir basta.
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Jorge Nacarino es presidente de la FRAVM.
El barrio es nuestro es un blog colectivo alimentado por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM). El nombre alude al viejo grito de guerra del movimiento vecinal que sirve para reivindicar el protagonismo de la vecindad en los asuntos que la afectan, a menudo frente a aquellos que solo ven en el territorio un lugar de negocio y amenazan su expulsión.
