El Gobierno de Pakistán aseguró haber bombardeado Kabul, la capital afgana, en la madrugada de este viernes y declaró entrar en una "guerra abierta" con su país vecino, en una escalada del conflicto que ya se ha convertido en el incidente más grave entre ambos países desde el regreso de los talibanes al poder, según informa EFE.

El portavoz del primer ministro de Pakistán para medios extranjeros, Mosharraf Zaidi, informó que los contrataques pakistaníes alcanzaron "objetivos militares" en Kabul, Paktia y Kandahar.

Por su lado, el principal portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, confirmó los ataques sobre la capital y declaró que no han registrado víctimas: "El cobarde ejército pakistaní ha llevado a cabo bombardeos en algunas áreas de Kabul, Kandahar y Paktia", escribió en X. Mujahid agregó que Afganistán llevó a cabo "importantes operaciones de retaliación contra posiciones militares paquistaníes en Kandahar y Helmand".

Las fuerzas del Gobierno talibán y de Pakistán mantienen desde este jueves intensos combates nocturnos en varios puntos de la frontera tras el lanzamiento de una operación coordinada por Kabul a lo largo de la denominada Línea Durand, que se produce cinco días después de una serie de incursiones aéreas de Pakistán.

Según informó Zaidi, los ataques paquistaníes han provocado la muerte de 133 talibanes y han dejado más de 200 heridos.

El ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, también se pronunció en la red social X: "Nuestra paciencia se ha acabado. A partir de ahora, estamos en una guerra abierta entre vosotros y nosotros", escribió dirigiéndose a Afganistán.

"Pakistán ha hecho grandes esfuerzos para mantener la normalidad de forma directa y a través de países amigos. Se ha involucrado en una diplomacia de pleno derecho. Pero los talibanes se han convertido en un representante de India", justificó Asif. El Gobierno paquistaní también informó de 27 puestos afganos destruidos y 9 capturados.

Horas antes, el Gobierno talibán había dado por terminada su ofensiva contra Pakistán y aseguró haber matado a 55 soldados paquistaníes, además de haber capturado dos bases y 19 puestos a lo largo de la Línea Durand.

Este enfrentamiento es el resultado de los bombardeos ejecutados por Pakistán la semana pasada, que causaron al menos 17 muertes.

Kabul denunció que las víctimas eran civiles, mientras que Islamabad defendió que se trataba de una operación contra un centenar de insurgentes del grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), que utiliza suelo afgano como base.

Pakistán vive un pico de violencia interna, con ataques armados en las zonas fronterizas con Afganistán que han ido en ascenso desde que los talibanes tomaron Kabul en agosto de 2021.

Islamabad acusa sistemáticamente al régimen afgano de dar refugio a grupos terroristas en su territorio, una acusación que los talibanes rechazan habitualmente mientras denuncian violaciones a su soberanía. 

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha suspendido el procesamiento de visados de inmigrante para ciudadanos de 75 países, entre ellos Brasil, Colombia, Rusia e Irán. Un portavoz del Departamento de Estado confirmó a EFE la cifra de países afectados, sin precisar cuáles son, aunque la cadena Fox News ha tenido acceso al listado.

Algunos de los países de América Latina y el Caribe incluidos son Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay. También figuran Afganistán, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Nigeria, Rusia, Somalia, Tailandia y Yemen.

Según Fox News, la pausa comenzará el próximo 21 de enero y se mantendrá de manera indefinida mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos de verificación.

Los visados de inmigración son aquellos que permiten residir de manera permanente en Estados Unidos, mientras que los visados de no inmigrante, destinados a estancias temporales como turismo, estudios o trabajos temporales, no se verán afectados por la suspensión.

Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, declaró que el objetivo de esta medida es evitar el ingreso a Estados Unidos de extranjeros que puedan recurrir a asistencia social y beneficios públicos.

En noviembre pasado, el Gobierno de Trump ordenó a los consulados de Estados Unidos en todo el mundo aplicar una guía que da instrucciones sobre negar visados a los solicitantes que se considere que probablemente dependerán de ayudas públicas.

De este modo, los funcionarios consulares pueden rechazar visados en función de una amplia gama de factores, como la salud, la edad, el dominio del inglés o la situación financiera.

“No es turismo, lo disfrazan de expedición o de experiencia incluso, pero lo que realmente están haciendo es blanquear un régimen”, dice Raquel Martínez, responsable de una agencia de viajes. Habla de una tendencia creciente entre algunos influencers que nos animan a “visitar y vivir Afganistán”, un país bajo el yugo del régimen talibán que, como ocurrió en Arabia Saudí con el deporte, está viviendo su particular 'instawashing’. Un término que sirve para describir cómo, a través de sus publicaciones en redes sociales, los creadores de contenido con millones de seguidores lavan la imagen de una dictadura.

Se conoce como turismo de peligro y no es nuevo. "Se lleva viendo años en lugares como Irak, Siria, Israel, Sri Lanka, Fukushima e incluso algún país africano”, recuerda Martínez. Su agencia no ofrece viajes a zonas a las que Interior no recomienda viajar. "Es un seguro tanto para los turistas como para la empresa en caso de que suceda algo”, insiste. infoLibre ha preguntado a varias agencias que realizan estos viajes para conocer detalles sobre la gestión de los seguros y de organización de los turistas, pero no ha obtenido respuesta.

Afganistán hace mucho que dejó de ser un destino vacacional. La ocupación estadounidense tras los atentados de las Torres Gemelas para eliminar a Al Qaeda sumió al país en un colapso del que no se ha llegado a recuperar nunca. Tras la retirada de las tropas de la OTAN en 2021 y la vuelta al poder del régimen talibán, la situación sigue siendo muy delicada a la vista de los organismos internacionales. Eso, a pesar de lo que muchos creadores de contenido quieren transmitir desde sus redes sociales.

El grupo islamista se hizo con el poder tras la caída de Kabul el 15 de agosto de 2021 y desde entonces, el país está regido por una estricta interpretación de la ley islámica. Afganistán se ha convertido en el único lugar del mundo donde las mujeres tienen prohibido acceder a la educación secundaria y universitaria, además de sufrir severas restricciones en el trabajo y la vida pública. 

infoLibre habla con Ahmed Abed. Vive en El Cairo, donde también trabaja como guía turístico. Ha visitado otras zonas de Oriente Próximo y por eso, lo tiene claro. Asegura que nunca iría a un país en el que una mujer es rehén de su marido. "No entiendo cómo hay occidentales que con un nivel de vida muy superior al nuestro, quieren visitar un lugar así", concluye.

“Bueno, sí. Llevan barbas largas y sombreros raros, pero nos reímos mucho, son muy majos y de mente abierta”, cuenta Tibi Jones, un youtuber con cerca de 560.000 suscriptores. En su canal, tiene cuatro vídeos de una hora de duración sobre su visita a Afganistán. En ellos, vende las 'bondades' de un país del que ahora dice que es seguro, tras superar la ocupación estadounidense. No es el único. Otras cuentas como Turispedia o Lethal Crysis siguen este mismo patrón.

Muchos de los vídeos que se pueden ver en Youtube o Instagram tienen un denominador común, un leit motiv que impregna todo: 'Esto solo lo puedes ver aquí'. Asadullah, compañero de Jones en su viaje por el país afgano, ofrece un recorrido al margen de los “clichés etnocéntricos de los occidentales”, un paseo por sus puestos de comida, sus tiendas, las escuelas o los restos arqueológicos. “Un lavado de cara en toda regla para atraer turismo”, asegura Abed.

De la situación de Afganistán también alerta el Ministerio del Interior español que, pese a reconocer que “es posible moverse por el país porque no se encuentra en una situación de guerra civil" alerta de que "son frecuentes los atentados en todo el territorio” por lo que su recomendación es “no viajar bajo ninguna circunstancia”. Y recuerda que “pese a que el aumento de ofertas de viajes organizados por agencias especializadas pudiera indicar lo contrario, el riesgo de secuestro o atentado es elevado”.

¿Qué piensan otros gobiernos internacionales? Para el Departamento de Estado de EEUU, Afganistán se encuentra en ‘Nivel 4: No viajar’ y cita “el terrorismo, el riesgo de detención ilegal, los disturbios civiles, los secuestros y la delincuencia” como razones para su calificación. Una recomendación a la que también se une Reino Unido.

Pese a la peligrosidad de la que alerta el Gobierno español, en 2024, tres turistas nacionales fueron asesinadas en la provincia de Bamiyán, cuando se encontraban de visita en uno de los principales lugares turísticos del país. Un hombre armado abrió fuego de forma indiscriminada contra el grupo de 13 turistas, que estaban comprando en un mercado. El ministro Albares lo calificó como un acto terrorista, el primero desde 2021 contra un grupo de ciudadanos extranjeros, días más tarde, el Estado Islámico lo reivindicó.

Raquel Martínez, recuerda que “España no tiene ahora mismo servicio consular ni de embajada” como también certifica la web de Exteriores que informa a la ciudadanía de que ese servicio se presta en Doha hasta que las condiciones permitan su reapertura en Kabul.

Uno de estos influencers, @jakeyoungblood, relata en un vídeo publicado en sus redes sociales que simuló ser rehén de los talibanes para, a renglón seguido, explicar que mintieron a todo el mundo para probar “lo equivocados que estáis con Afganistán”.

En una crónica para The New Yorker, el periodista Teddy Brown admite que la primera vez que vio esta broma se rio. Después cayó en la cuenta del alcance de esta narrativa, que la define como “cinismo preocupante”. La estrategia: ridiculizar el relato “dominante” sobre Afganistán, el que difunden los medios occidentales, utilizando para ello a jóvenes influencers “alternativos” ansiosos por ofrecer a su audiencia un contenido necesariamente disruptivo y “diferente” y todo con ese aura de “contar la verdad”.

Said Samir, guía turístico en Egipto pero que ha trabajado en Afganistán, es claro: “Los turistas son ajenos a la realidad del país” y los talibanes, para lavar su imagen, ”quieren turistas y están casi obligados a tratarte bien”.

Ben Herskowitz, creador de contenido, asegura en sus vídeos que Afganistán es “uno de los lugares más hermosos en los que he estado en mi vida”, habla de la hospitalidad de los talibanes y critica la masificación de otros países: “Vas a Roma o a Grecia a ver ruinas y hay miles de turistas bloqueándote el paso", afirma. "Aquí, en cambio, puedes sentarte en estos hermosos lugares que tienen tanta historia de tantas épocas, y estar solo”.

El viceministro de Turismo, Qudratullah Jamal, aseguró en Euronews que casi 9.000 turistas internacionales visitaron Afganistán en 2024, y que otros 3.000 lo hicieron durante los primeros tres meses de 2025. Algunos informes apuntan a que solo en agosto llegaron unos 5.000 visitantes. En lo que respecta a los turistas españoles, los datos no están disponibles y tampoco son accesibles. infoLibre ha preguntado tanto a Exteriores como a la Embajada de Afganistán y a la Sección Consular de Doha, sin recibir respuesta.

Para el periodista Mortaza Behboudi, nacido en Afganistán y refugiado en Francia desde 2015, coautor junto a Marine Courtade del documental 'Afghanistan: l’impossible voyage des femmes' (Arte), los vídeos de estos creadores de contenido como cuenta en Le Nouvel Obs no muestran la realidad: “Bajo sus contenidos pseudoinformativos se esconden puestas en escena elaboradas, un “blanqueamiento político” orquestado por los talibanes para normalizar el nuevo régimen”. Esta iniciativa no tiene “nada de inocente”: equivale a ofrecer “contenido patrocinado por una dictadura mientras miles de voces independientes son silenciadas”, explica el reportero, que fue detenido y encarcelado durante más de nueve meses mientras realizaba un reportaje en Afganistán, el 7 de enero de 2023.

Porque, tras el escaparate de un país “divertido”, “seguro” e 'instagrameable', la realidad del país es bien distinta. Cerca de dos tercios de la población vivían en la pobreza hace dos años, según Naciones Unidas. La economía ha caído un 25% desde 2020, según el Banco Mundial, y está sostenida artificialmente por la ayuda humanitaria. 

“Es evidente que todos soñamos con visitar lugares así para hacer fotos de paisajes o trabajar en proyectos audiovisuales o para ver los contrastes, pero también hay una realidad y es la ética”, asegura Eliana Fuentes, fotógrafa, “y es que no podría ir a un país en el que la sharia (ley islámica) rige todo”. 

Porque las niñas y las mujeres han sido borradas de la vida pública: sin escuela, sin trabajo, sin posibilidad de cantar, ni siquiera con derecho a mostrar el rostro. Confinadas en casa “pero no les impedimos salir, pueden subir al tejado a tomar el aire”, dice uno de los talibanes en un vídeo.

Pero estos vídeos de un Afganistán fabuloso, con talibanes maravillosos, bromeando, bailando y pasándolo bien, tienen un denominador común, y no es casualidad, los protagonistas y viajeros de todos los vídeos siempre son hombres.

Estados Unidos se ha apartado de una declaración internacional en la que nueve países del Consejo de Seguridad de la ONU instan a los talibanes a levantar las restricciones impuestas contra las mujeres afganas, según recoge EFE. 

A esta declaración conjunta, emitida este miércoles por Dinamarca, Francia, Grecia, Guyana, Panamá, Corea del Sur, Sierra Leona, Eslovenia y Reino Unido, tampoco se han sumado Rusia ni China.

Durante su intervención en la sesión del Consejo de Seguridad del miércoles sobre Afganistán, el representante estadounidense, John Kelley, señaló las políticas "opresivas" de los talibanes pero apenas mencionó las medidas discriminatorias contra las afganas. 

"Somos profundamente escépticos respecto a los motivos de los talibanes. No podemos tener confianza con un grupo que sigue deteniendo a estadounidenses inocentes, incumple sus compromisos en materia de lucha contra el terrorismo e ignora las necesidades básicas del pueblo afgano", agregó. 

Asimismo, indicó que, para Estados Unidos, la máxima prioridad en Afganistán es "la protección" de sus ciudadanos, lo que incluye mitigar las "amenazas terroristas" y garantizar "la liberación de los estadounidenses detenidos injustamente".

En la carta firmada el miércoles 17 de septiembre, los mencionados países del Consejo condenan "la continua e institucionalizada discriminación y violencia de género de los talibanes" contra las mujeres. 

"Instamos a levantar cualquier restricción al acceso de las mujeres a servicios humanitarios y a garantizar que todas las mujeres y niñas formen parte de la respuesta humanitaria y reciban atención urgente en labores de rescate", indican en la declaración, leída en rueda de prensa en la sede de la ONU por el representante coreano Sangjin Kim, que este mes ocupa la presidencia rotatoria del Consejo. 

Además, exigen que los talibanes revoquen "de inmediato" todas las leyes, políticas y prácticas que restrinjan los derechos humanos y las libertades fundamentales de mujeres y niñas. 

En este sentido, piden respetar el derecho de las niñas afganas a continuar su educación más allá de la primaria, así como permitir a las mujeres trabajar y participar en todos los ámbitos de la vida pública. 

Del mismo modo, instan a cesar por completo la persecución a defensoras de los derechos humanos, representantes de la sociedad civil y constructoras de paz que brindan apoyo vital a la población afgana.

Este miércoles, la ONU ha pedido al gobierno de facto afgano que levante inmediatamente las restricciones que impiden a las trabajadoras nacionales y a las contratistas acceder a las instalaciones de la ONU en Afganistán, donde prestan asistencia humanitaria y apoyo a la población vulnerable.

Esta situación agrava un contexto de emergencia crítico, tras el terremoto del pasado 31 de agosto, que dejó más de 2.200 muertos y destruyó miles de hogares e infraestructuras, complicando la entrega de ayuda a las regiones más afectadas en el este del país.

Al menos 1.411 personas murieron y 3.124 resultaron heridas a causa del terremoto de magnitud 6,0 que sacudió la noche del domingo la provincia oriental de Kunar y otras regiones cercanas de Afganistán, informó este martes el Gobierno de los talibanes, según informa EFE.

El portavoz principal del Gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, detalló en X que entre las zonas más afectadas figuran los distritos de Nurgal, Chawki y Asadabad entre otros, zonas rurales fronterizas con Pakistán, donde al menos 5.412 viviendas quedaron destruidas.

La Media Luna Roja Afgana informó en la misma red social que "muchas personas siguen atrapadas bajo los escombros" y "las labores de rescate continúan".

El coordinador humanitario de la ONU en Afganistán, Indrika Ratwatte, advirtió que el número de víctimas "probablemente aumentará", mientras que la organización cifra los afectados en más de 12.000. "Hoy es el segundo día desde el terremoto, han pasado más de 32 horas, y los heridos siguen llegando", explicó a EFE el doctor Sharif Khamosh, del Hospital Regional de Nangarhar, en Jalalabad. "Todavía recibimos reportes de personas atrapadas bajo los escombros. Algunos ya han muerto, y solo esta mañana tres aeronaves trajeron heridos al hospital", añadió.

Este martes, una larga fila de vehículos recorría una de las carreteras de montaña para llegar hasta las aldeas afectadas en Kunar, mientras helicópteros trasladaban suministros de ayuda y evacuaban heridos hacia los hospitales. Durante un recorrido por las zonas afectadas, EFE constato atascos en la vía de doble dirección, unos transportando heridos y otros enviando asistencia a las zonas devastadas.

Los helicópteros de la administración talibana evacuan a los afectados hacia hospitales en Jalalabad y Asadabad, mientras maquinaria pesada trata de despejar las carreteras, que han quedado bloqueadas por deslizamientos de tierra.

La destrucción alcanza viviendas, escuelas y mezquitas, además de tierras agrícolas y ganado, lo que agrava la vulnerabilidad económica de miles de familias rurales.

OCHA, la oficina de coordinación humanitaria de Naciones Unidas, identificó como prioridades inmediatas refugios temporales, agua potable, medicinas y alimentos de emergencia.

La ONU liberó cinco millones de dólares de su fondo de respuesta global, mientras el Reino Unido anunció un millón de libras en ayuda de emergencia y la India envió un millar de carpas y toneladas de alimentos. China, Pakistán, Irán, Egipto y la UE también ofrecieron apoyo.

Afganistán, inmerso en una profunda crisis económica y con un sistema sanitario debilitado por la falta de recursos, enfrenta enormes dificultades para atender la emergencia, agravada por las restricciones impuestas por el régimen talibán y la reducción de la ayuda internacional en los últimos dos años.

El Gobierno de facto talibán elevó este lunes a 800 los muertos y a unos 2.500 los heridos por el terremoto de magnitud 6,0 que sacudió en la noche del domingo el este de Afganistán, según confirmaron fuentes oficiales y recoge EFE. "Como resultado de los terremotos de anoche en las provincias orientales, el número de muertos en Kunar ha alcanzado los 800, mientras que el de heridos se eleva a 2.500", declaró en una rueda de prensa el portavoz talibán Zabihullah Mujahid.

El funcionario advirtió de que las cifras "no son definitivas y podrían aumentar". Añadió que en Nangarhar el balance no ha cambiado, con 12 muertos y 255 heridos. "Nuestros equipos de apoyo y médicos de varios ministerios están plenamente implicados en la asistencia a los afectados", aseguró Mujahid.

El ministro del Interior, Khalifa Sirajuddin Haqqani, ha dado instrucciones a los funcionarios locales para que presten asistencia inmediata a las familias afectadas, confirmaron fuentes oficiales.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro del seísmo principal, de magnitud 6.0, a 27 kilómetros al este de la provincia de Nangarhar y a una profundidad de ocho kilómetros, lo que suele amplificar el poder de destrucción. Al temblor inicial, registrado a las 23:47 del domingo hora local (19:17 GMT), le siguieron al menos dos réplicas de magnitud 5.2.

Los seísmos se sintieron con fuerza en las provincias orientales de Kunar, Nangarhar, Nuristán y Laghman, y las sacudidas alcanzaron también a Kabul, la capital.

Los equipos de rescate trabajan desde la madrugada para localizar supervivientes entre los escombros, aunque las operaciones se ven dificultadas por los deslizamientos de tierra que han bloqueado carreteras clave en las regiones del este del país.

Las autoridades temen que el balance aumente a medida que se accede a las zonas más remotas.

Afganistán es uno de los países más vulnerables del mundo a los desastres naturales. La precariedad de sus infraestructuras, el frágil sistema sanitario y la falta de apoyo internacional agravan el impacto de catástrofes como la ocurrida anoche en el este del país. 

Con el ataque a Irán se corre el riesgo de repetir los mismos errores de Afganistán e Irak, pero también de Ucrania, creyendo que se puede derrocar en cuatro días, en este caso a un régimen teocrático asentado en la represión durante 47 años. Pese a la contestación interna que arrastra desde 2009 y sus limitadas capacidades militares, sus aparatos represores siguen teniendo el control interno del país y manejan dos tercios de la economía. Las élites seguirán resistiendo y la oposición dividida, tanto internamente como en el exterior, no reúne las condiciones para un levantamiento generalizado en un país objeto de ataque externo. Pero sí cabe esperar un aumento de la represión.

Ninguna intervención exterior, desde Afganistán 2001, Irak 2003, hasta Libia 2011, llevó estabilidad a estos países. Y aún menos cabe esperarlo en un país de mayores dimensiones y 92 millones de habitantes. Todas las intervenciones de este estilo demostraron una superioridad militar, pero carecieron de planificación de la posguerra y de transiciones inclusivas. Un claro ejemplo es la violencia sectaria que se desató en Irak tras el derrocamiento de Sadam Hussein, prohibiendo al todopoderoso partido Baas. El hecho de no integrar en la transición a un partido que hasta entonces lo dominaba todo y tenía a dos millones de afiliados contribuyó, entre otras cosas, a que penetrara el terrorismo sunita en el país y pasara largos años atentando contra enclaves chiítas, desatando un encarnizado conflicto confesional interno. Como más diversas son aún las etnias y confesiones de la mitad de la población iraní. La exclusión del baaísmo del nuevo sistema político iraquí llevó a un dominio de las milicias chiítas pro-iraníes, que son las que han acabado por gobernar el país. Mientras el principal objetivo declarado de la operación Libertad Duradera en Afganistán era desmantelar Al Qaeda, ésta pasó décadas atentando en Europa y EEUU. Necesitaron incrementar los recursos militares y financieros para estabilizar al país, ya que se promovió un modelo muy dependiente de la ayuda exterior, para que al final volviera a caer en manos de los Talibán. Libia es hoy un país dividido territorial y faccionalmente hablando. La misma suerte que podría correr Irán por sus dimensiones y por tener grupos separatistas kurdos y baluchís en zonas fronterizas. Un escenario que Israel ya está explotando en Siria apoyando a la comunidad drusa al sur de Damasco para expandir su control de los Altos del Golán y a provincias limítrofes.

El tipo de uranio con el que se pueden producir bombas, el 235, lo tenían enriquecido al 60%, y para llegar a tener potencia de bomba tenían que llegar al 90%. Irán estaba siendo monitorizado por la IAEA y sometiéndose a supervisiones periódicas, como fruto de su firma del acuerdo nuclear. Tensando la situación podría llegar a salirse del acuerdo, como hizo Corea del Norte en 2003, con lo que se tendría menos control de lo que vaya haciendo. Y más si Venezuela es su principal suministrador. Aunque cabe esperar que, al igual que con Corea del Norte y Rusia, sea China quien le ponga el cascabel ante cualquier tentativa nuclear con fines bélicos. Sus más potentes aliados, como Rusia, no se involucrarían en la guerra.

Con la respuesta que ha dado confirma lo que viene siendo habitual desde el asesinato de Soleimani en 2020, que oscila entre represalias cosméticas y ataques limitados a objetivos israelíes y USA. Pero no hay que olvidar que tiene proxies dispuestos a actuar en forma de atentados en EEUU, incluso Europa, o contra representaciones de estos en otras zonas del mundo. El sistema nacional de alertas terroristas de EEUU elevó el riesgo de amenaza por el ataque, en un momento en que Trump tiene a todas sus fuerzas, incluido a los marines, empleados en las deportaciones. Sus votantes podrían verse traicionados al reabrir la brecha intereses nacionales versus ingentes gastos militares en guerras lejanas que no les comportan beneficio alguno.

En un momento en que se dispara la deuda interna, una extensión de esta guerra, más si hubiera un cierre prolongado del estrecho de Ormuz, llegando el petróleo a superar los 150 USD/barril, repercutiría en aumento inflacionario y la temida recesión. Ni se han destruido las capacidades nucleares de Irán ni el cese de hostilidades es creíble.

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María Amparo Tortosa-Garrigós es experta en seguridad y política internacionales.  

El final de la ayuda humanitaria procedente de Estados Unidos, motor vital para el desarrollo de Afganistán, amenaza con iniciar un efecto dominó devastador para este país dominado por los talibanes, paralizando no solo su economía, sino también sectores como la educación o la salud, e incluso la retirada de minas que siguen activas desde la guerra en el país, según informa EFE.

Afganistán es una de las naciones más dependientes de la ayuda que Estados Unidos proporciona a países de todo el mundo a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid), que en el año 2023 ascendió a más de 800 millones de dólares, según datos del Gobierno estadounidense.

Sin embargo, la reciente suspensión de estas ayudas, siguiendo una decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suponen un nuevo obstáculo para el arduo desarrollo de Afganistán, y ya ha provocado el cese de las operaciones de medio centenar de organizaciones humanitarias en la nación asiática.

Una de ellas es 'Ayuda Popular Noruega', uno de los principales operadores de limpieza de minas antipersona en el mundo, y que trabajaba desde 2017 para hacer de Afganistán un país libre de estos artefactos explosivos, que son la herencia de varias décadas de guerra.

Afganistán es el tercer país con más minas en el mundo, según el ránking 'Desminado 2023', en gran parte instaladas por las fuerzas talibanes que ahora ocupan el poder.

“Según las cifras disponibles, 1.150 kilómetros cuadrados están contaminados con minas terrestres, que consisten en 5.145 zonas en 34 provincias, 296 distritos y 1.700 aldeas en Afganistán”, dijo a EFE Aimal Safi, supervisor adjunto del programa de coordinación de la Dirección de Acción contra las Minas de Afganistán, dependiente del Gobierno de facto de los talibanes.

Sin la ayuda exterior, Safi sostuvo que la retirada de los explosivos "se verá afectada en cierta medida", lo que supodrá una amenaza para la población.

La frágil economía afgana, sumida en una profunda crisis, será una de las principales perjudicadas por el fin de la ayuda humanitaria estadounidense.

"Más de la mitad de la población recibe ayuda directa e indirecta, que en su mayoría proviene de la ayuda estadounidense. Tras el anuncio del recorte de la ayuda, los precios subieron, la moneda afgana se devaluó, más de cincuenta ONG despidieron a sus empleados y se produjo una clara reducción de todas las actividades humanitarias de la ONU", dijo a EFE el analista económico Mohammad Arif.

Una de las beneficiarias es Roida Azizi, quien transmitió a EFE su temor por lo que deparará el fin de las ayudas para su negocio de productos lácteos, que era parcialmente financiado gracias a la Usaid.

"Trabajé duro durante dos años para establecer este negocio, invertí todo mi capital, pero si no puedo recibir el apoyo, perderé todo", explicó esta empresaria de la provincia nororiental de Badakhshan.

La falta de fondos también repercutirá sobre sectores como la educación o la salud. Son numerosos los hospitales y clínicas que dependen de la financiación extranjera para operar, y denuncian una escasez de suministros y medicamentos esenciales.

"Debido a la falta de presupuesto, ya hemos perdido médicos cualificados en los hospitales y nos enfrentamos a una escasez de medicamentos críticos. Si la decisión de suspensión continúa, no solo interrumpirá los servicios, sino que costará vidas", dijo a EFE un médico del hospital gubernamental de la provincia sureña de Kandahar.

Las instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial, ya habían detenido anteriormente proyectos debido a las políticas restrictivas de los talibanes hacia los derechos de las mujeres, lo que sumado al fin de la ayuda estadounidense, deja a Afganistán con pocos salvavidas económicos.

Consultados por el cese de la ayuda estadounidense, los talibanes minimizaron su papel en el desarrollo del país, y aseguraron que todos los planes de desarrollo se financian con fuentes internas.

"La suspensión de la ayuda no tiene ningún impacto en nuestros indicadores económicos, ya que toda nuestra planificación del desarrollo económico se financia con nuestros recursos internos y no depende de la ayuda exterior", dijo a EFE el portavoz del Ministerio de Economía, Abdul Rahman Habib.

Esta declaración sigue la línea de la postura mostrada por los fundamentalistas ante el informe SIGAR, que afirmó esta semana que en los últimos tres años Estados Unidos ha gastado 3.710 millones de dólares en Afganistán.

Sin embargo, los talibanes dijeron que la mayor parte de estos recursos financieros se emplearon "para sus propios gastos" en lugar de en ayuda humanitaria.

El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, solicitó este jueves a los jueces la aprobación de dos órdenes de arresto, una contra el líder supremo de los talibanes, Haibatullah Akhundzada, y otra contra el presidente de la Corte Suprema, Abdul Hakim Haqqani, por persecución por motivos de género en Afganistán, según informa EFE,

El fiscal asegura tener “motivos razonables” para considerar a ambos “penalmente responsables” de un crimen de lesa humanidad en todo el territorio de Afganistán desde el 15 de agosto de 2021 por perseguir a niñas y mujeres afganas, y a personas que los talibanes percibían como “no conformes con sus expectativas ideológicas de identidad o expresión de género”, o “como aliadas de niñas y mujeres”.

“Esta persecución en curso conlleva numerosas y graves privaciones de los derechos fundamentales de las víctimas, contrarias al derecho internacional, incluido el derecho a la integridad física y la autonomía, a la libertad de circulación y de expresión, a la educación, a la vida privada y familiar y a la libertad de reunión”, denunció Khan.

Además, el fiscal subrayó que la resistencia u oposición percibida a los talibanes “fue, y es, brutalmente reprimida mediante la comisión de crímenes que incluyen asesinato, encarcelamiento, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, desaparición forzada y otros actos inhumanos”.

Estas son las primeras órdenes de arresto solicitadas por el fiscal como parte de su investigación de crímenes graves en Afganistán, aunque asegura que “próximamente presentará más solicitudes para otros altos cargos de los talibanes”.

Entre las pruebas con las que cuenta su oficina, hay material audiovisual, decretos oficiales, informes forenses, así como testimonios de expertos y testigos, y declaraciones de los propios sospechosos y otros representantes de los talibanes. “Estas solicitudes reconocen que las mujeres y las niñas afganas, así como la comunidad LGBTQI+, se enfrentan a una persecución sin precedentes, inadmisible y continua por parte de los talibanes. Nuestra acción indica que el statu quo para las mujeres y las niñas en Afganistán no es aceptable. Las sobrevivientes afganas, en particular las mujeres y las niñas, merecen rendir cuentas ante un tribunal de justicia”, advirtió el fiscal.

A finales de noviembre, Chile, Costa Rica, España, Francia, Luxemburgo y México mostraron su “preocupación por el grave deterioro de la situación de los derechos humanos en Afganistán, especialmente para mujeres y niñas” y pidieron al fiscal considerar “los crímenes contra mujeres y niñas” cometidos por los talibanes. Khan les aseguró que la persecución de género ya está incluida en su investigación y les prometió anunciar resultados “pronto”.

“La interpretación de la sharia por parte de los talibanes no debe ni puede utilizarse para justificar la privación de derechos humanos fundamentales ni la comisión de crímenes conexos contemplados en el Estatuto de Roma (tratado de la CPI)”, alertó este jueves, a la espera de que los jueces autoricen las órdenes de arresto contra los líderes talibanes.

En 2020, la fiscalía de la CPI logró la autorización unánime de los jueces para comenzar a investigar los presuntos crímenes cometidos en el territorio de Afganistán desde el 1 de mayo de 2003, así como los crímenes vinculados con el conflicto armado y la situación en Afganistán, que fueran cometidos en el territorio de otros Estados parte de la CPI desde julio de 2002.

El anterior gobierno afgano impugnó la admisibilidad de la investigación, pero el 31 de octubre de 2022, tras la toma del poder por parte de los talibanes, la fiscalía ha retomado el caso y “ha estado llevando a cabo una investigación independiente, imparcial y sólida” de los crímenes en Afganistán.

No obstante, Khan solo centrará sus esfuerzos en investigar los crímenes presuntamente cometidos por los talibanes y la filial del grupo Estado Islámico (EI-Khorasan), dejando en segundo plano otros aspectos, como los presuntos crímenes cometidos por soldados estadounidenses. 

Se puede tener voz y voto, se puede tener voz pero no voto y se puede no tener ni voz ni voto. Las mujeres afganas llevan mucho tiempo sin tener voto. Hace ya demasiados meses se las condenó a que su voz no se escuche en ningún espacio público. A no tener voz. Habían perdido ya su rostro, escondido tras un burka que las convierte en sombras, y se les hurtó también la voz. Lo último: recluidas en el interior de sus casas, ahora se les prohíbe que puedan ser vistas a través de las ventanas, rehenes en sus propios domicilios. Todos nos echamos las manos a la cabeza, y luego seguimos como si tal cosa.

La caída en Siria del sangriento régimen de la familia Al Assad plantea muchas incógnitas. Una de ellas es qué les va a pasar a las mujeres sirias. Las mujeres afganas, y las iraníes, vivieron otros tiempos, algo que las abuelas pueden recordar. No es cosa de idealizar un pasado que distaba mucho de ser perfecto, pero conviene no olvidar que los derechos conquistados nunca están garantizados, aunque nos complazca creerlo así. Las mujeres de Afganistán consiguieron el derecho al voto por primera vez en 1919. Mucho antes que las españolas, que no lo obtuvieron hasta 1931, con la II República.

Hace 40 años que la filósofa india Gayatri Spivak publicó un artículo con un título muy expresivo: ¿Puede hablar el subalterno? Subalterno es quien se encuentra en una posición social subordinada. Por ejemplo, las mujeres. Y, por supuesto, no se trata de que los subalternos carezcan físicamente de voz, sino de que esta no se escucha, no se recibe. Lo que no se nombra no existe, se dice. ¿Existe aquella que ni siquiera puede nombrarse a sí misma?

Mi abuela vino a Madrid desde un pueblo de Ávila cuando era apenas una adolescente. Se puso a trabajar en lo que sabían hacer las mujeres, coser, bordando el ajuar para las hijas de una familia de la aristocracia con nombre en el callejero de Madrid. Como les pareció que mi abuela Marciana tenía un nombre muy feo, decidieron cambiárselo y llamarla Diana. ¿Tiene voz, es más, tiene un nombre realmente propio el subalterno?

Es sabido que la poderosa Margaret Thatcher, antes de lanzarse a la batalla política que la condujo a ser primera ministra de Gran Bretaña, contrató a una profesora de teatro para que la ayudase a forzar una voz más grave. Para que la tomasen más en serio. Para sonar más como un hombre.

Nosotras nos creemos libres de un peligro que quizá en algún momento las mujeres de otros países pensaron que por fin había quedado lejos. Pero volvió. El sexismo, la discriminación de las mujeres, es un continuum con muchos reservorios que pueden propiciar irrupciones inesperadas. Lo mismo que el racismo, lo mismo que el clasismo. De este último hablamos poco.

Es muy fácil tragar la píldora de la discriminación y la subordinación si se la romantiza. Las mujeres son abnegadas, se sacrifican, renuncian y postergan sus intereses a los de la persona amada. Los hombres las liberan, las despiertan con un beso, las montan a grupas de un corcel y juntos acaban viviendo felices y comiendo perdices. Todas hemos crecido leyendo esos cuentos.

La sirenita, por ejemplo. Hace algo más de un año arreció la polémica porque la actriz elegida para personificar a la sirenita en cuestión era negra, cuando todo el mundo sabe que la sirenita es caucásica y, o bien pelirroja, o rubia natural. En cualquiera de sus versiones, empezando por el original de Hans Christian Andersen, La sirenita es una de esas historias que exaltan la renuncia femenina, que es recompensada con el premio que toda mujer anhela: el amor del príncipe. La sirenita renuncia a su voz. ¿Hay una metáfora más clara para expresar el desistimiento de la propia identidad? 

Cuentos, novelas, películas, series, redes sociales y medios de comunicación… Libramos una batalla desigual. Mujeres de melena deslumbrante, figura esbelta, maquillaje impecable e incómodos tacones bombardean constantemente a las niñas desde toda clase de páginas y pantallas con un mensaje cuyo discurso no requiere ni palabras: la imagen misma es el mensaje. Las mujeres, antes que nada, deben resultar atractivas. Y, ya se sabe, calladita estás más guapa.

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Ana Isabel Rábade es filósofa y profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid.

El Gobierno 'de facto' de los talibanes suele ser visto como una administración unificada, pero las diferencias entre sus líderes, por antecedentes personales, diferentes interpretaciones ideológicas o afiliaciones tribales, se han evidenciado y han aumentado desde su regreso al poder en agosto de 2021, según informa EFE.

Estas brechas en el liderazgo talibán reflejan la existencia de dos grupos con opiniones enfrentadas en varios asuntos, como el veto a la educación de las mujeres, que ha dado pie a reproches cruzados en los últimos meses.

Lejos de inclinarse por un acercamiento entre ambas partes, el analista político Ahmad Saeed dijo a EFE que cree que estas contradicciones podrían aumentar en el futuro, principalmente por los apoyos extranjeros que subyacen de ellas.

En general, los talibanes están divididos en dos grandes grupos: los basados en la provincia sureña de Kandahar, que lidera el mulá y jefe del autoproclamado Emirato Islámico de Afganistán, Haibatullah Akhundzada; y la red Haqqani, dominante en las provincias orientales de Khost, Paktika y Paktiyá.

Una primera diferencia entre ambos está en su procedencia tribal. Los talibanes liderados por Akhundzada pertenecen a la tribu pastún Durani, mientras que los pertenecientes a la red Haqqani son Ghilji.

Las divisiones tribales provocan a menudo tensiones y enfrentamientos en Afganistán.

Pero las diferencias más importantes en el seno del movimiento talibán surgen en las diferentes interpretaciones que sus corrientes hacen de la sharia o ley islámica.

Los seguidores de Akhundzada, que lidera el Gobierno talibán y que domina otros estamentos como la Corte Suprema de Afganistán o el Ministerio de Educación, enfatizan a menudo los códigos bajo una óptica conservadora y estricta.

Su interpretación del Islam, tamizada por la normas pastunes, es más radical y prioriza la aplicación del código talibán por encima de las presiones internacionales. La ONU y diferentes actores internacionales han acusado repetidamente a los talibanes de violaciones de derechos humanos desde su vuelta al poder en 2021.

Frente a estas posiciones, los afines a la red Haqqani promulgan un enfoque más pragmático, lo que supondría un acercamiento a la comunidad internacional, de la que Afganistán está prácticamente aislada, y el levantamiento de ciertas prohibiciones como el veto de la educación a las mujeres.

"Creo que Sirajuddin Haqqani (líder de la red) cree que si no nos relacionamos con la comunidad internacional y no levantamos estrictas y extremistas prohibiciones como el veto a la educación a las mujeres, nuestro Gobierno no sobrevivirá", explicó Saeedi, que apuntó que, por el contrario, la posición de la 'línea dura' de los talibanes consiste en priorizar la religión.

Para el analista, Haqqani y su red "quieren involucrarse con el pueblo y con la comunidad internacional para mantener el Gobierno, mientras que Haibatullah Akhundzada no obedece los valores y creencias del pueblo, lo que causa contradicciones".

Una de las últimas decisiones de los talibanes, la prohibición a las mujeres afganas de cursar estudios de partería y enfermería, ha escenificado la brecha en el liderazgo talibán.

"La religión no debe interpretarse de una manera que sugiera que me pertenece sólo a mí", dijo Haqqani, ministro del Interior, durante la inauguración de una madrasa en Kabul, poco después de conocerse el nuevo veto educativo.

Sin mencionar al líder de la red Haqqani, el líder supremo aseguró en un discurso posterior que la crítica a sus decisiones "tiene un impacto negativo en el Gobierno y crea desconfianza en la gobernanza".

Akhundzada instó a sus críticos a "aconsejarles en privado" en lugar de hacer públicos sus desacuerdos.

En cuanto a sus posiciones geopolíticas, Haqqani abogó recientemente en una entrevista con el periódico estadounidense The New York Times por abrir "un nuevo capítulo" en la relación con el mundo tras una etapa marcada por la violencia.

Por su parte, la posición del líder supremo es inflexible. "Si se usa contra nosotros (los talibanes) una bomba nuclear, no me inclinaré ante las demandas globales y elegiré la muerte en lugar de la rendición", dijo Akhundzada en un encuentro con eruditos religiosos en Kandahar.

Según varios analistas, la negativa del líder supremo a acercar posturas con el resto de actores globales ha llevado a Afganistán a una "peligrosa situación humanitaria".

Las tensiones entre los dos principales grupos talibanes también se hace patente en el reparto de poder interno en el Gobierno 'de facto' de Afganistán.

El nombramiento como ministro de Educación de Neda Mohammad Nadeem, muy próximo al líder supremo y partidario de las políticas represivas y de la exclusión femenina, ha desatado críticas entre la red Haqqani.

En otros ámbitos como la gestión de almacenes de material defensivo o en la Inteligencia, también ejerce su dominio la 'línea dura'.

Por su parte, la red Haqqani -que comandó la lucha armada contra el anterior Gobierno afgano y llevó a cabo las operaciones más complejas durante la guerra, así como atentados suicidas- lidera el Ministerio del Interior, lo que Haqqani y sus afines consideran una cuota de poder desigual.

Ucrania, Gaza, Sudán, Etiopía, Afganistán, Siria, Republica Democrática del Congo, Colombia… y así hasta 56 conflictos activos en el mundo. Son datos del último Índice de Paz Global que elabora anualmente el Institute for Economics & Peace (IEP). Su director, Michel Collins, apunta que el resultado que se observa de los estudios es un deterioro de la paz en la última década, sobre todo en los últimos cinco años. Es lo que hay frente a una polarización cada vez mayor de la sociedad. Y si tienen ustedes alguna duda, observen este país.

La violencia según el IEP tiene un coste personal y económico y hete aquí o aquí tienen la indecencia que arrojan los siguientes datos: en 2023 fueron 162.000 los muertos, la segunda cifra más alta de los últimos 30 años y probablemente en 2024 sea mucho mayor a causa de las barbaridades que se generan en Oriente próximo. El coste económico que generan tales atrocidades, fue de 17,5 billones de euros en 2023, o lo que viene siendo el 13,5% del PIB mundial. Este segundo dato no sé cómo adjetivarlo. En cualquier caso, habla por sí mismo. El tercer dato de este índice ofrece otro escalofriante e inmoral dato. Se estima en 95.000.0000 el número de desplazados o refugiados debido a estos conflictos; 16 países acogen cada uno a más de medio millón de personas que huyen de la guerra. Los muertos, siempre los ponen los mismos.

Hoy, o en el transcurso de la semana asistiremos con la retina impávida frente a los telediarios, a la que el mayor genocida del siglo XXI denomina como “Guerra de Resurrección”. Sus consecuencias son totalmente imprevisibles o previsibles. Vaya usted a saber.

Que Dios reparta suerte.

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Pako Marti es socio de infoLibre.

En julio de 2005, en mi condición de eurodiputado, viajé a Afganistán. Hacía cuatro años que los terroristas islámicos obedientes a Osama bin Laden habían causado más de tres mil muertos al destruir las neoyorquinas Torres gemelas y pasarían seis antes de que fuerzas especiales norteamericanas acabaran con la vida de Osama en su refugio de Pakistán. Concluía así, en 2011, la denominada guerra contra el terrorismo declarada por el presidente Bush hijo, quien en 2001 había ordenado la invasión de Afganistán, cuyo 90% del territorio estaba controlado por los talibanes. Guerra a la que se sumó la OTAN en apoyo al empeño norteamericano. Diversos Estados miembros, España incluida, participaron. La misión militar internacional finalizó en 2014 y España inició su retirada en 2012. Con su habitual cáustica mirada, El Roto lo reflejó así: “Nos vamos de Afganistán con la satisfacción del deber cumplido, que no sabemos cuál ha sido” (El País, 25-6-2012).

En octubre de 2004, bajo tutela estadounidense y de la OTAN, Hamid Karzai había sido democráticamente elegido presidente del país. A ese país llegué un año después. Visité diversas zonas, además de Kabul. Herat, cercano a la frontera de Irán, es un crisol de poblaciones. La mayor la constituyen los tayikos, de lengua persa, pero los pastunes, hazaras y uzbekos, debido a la influencia del gran vecino, también la hablan. El dari es el nombre afgano del idioma persa. Dari y pastún son los dos idiomas oficiales de un país multilingüe de unos 35 millones de personas, la mitad aproximadamente de los cuales son mujeres, con 40 idiomas menores y unos 200 dialectos diferentes. Dada la importancia geopolítica de Teherán en esta parte del mundo y la contigüidad de Herat, la visita tenía interés de cara a sondear el sentimiento de la población hacia los talibanes antes de la invasión occidental de 2001, sondeo que idiomáticamente no presentó problemas puesto que los cuatro diputados que integrábamos la misión del Europarlamento disponíamos de un intérprete de dari y pastún. 

No necesité de intérprete alguno en la visita realizada al lugar más significativo desde el punto de vista que este artículo quiere afrontar. Me refiero a Bamiyán, capital de la provincia del mismo nombre, a unos 300 km al oeste de Kabul. Flotando en el ambiente la ausencia de las dos monumentales estatuas de Buda en el acantilado del valle de Bamiyán, construidas en el siglo V y dinamitadas por los talibanes en marzo de 2001, unos meses antes de que las Torres gemelas corrieran la misma suerte, tuve ocasión de visitar una escuela femenina en la ciudad. El propósito en esta ocasión era indagar sobre la situación de la educación nueve meses después de que, como ya he dicho, Hamid Karzai asumiera democráticamente el poder. Una profesora me invitó a acudir a su clase y en un más que aceptable inglés me proporcionó la información requerida. Mientras lo hacía, en el aula treinta muchachas de unos quince años, escuchaban atentamente, si bien ignoro si comprendían el inglés. Jóvenes con un ligero pañuelo en la cabeza, con la cara plenamente descubierta y una franca sonrisa, muy lejos de lo que mujeres, jóvenes y niñas experimentan en el Afganistán de hoy. Ante un ambiente tan naturalmente normal, pregunté a la profesora si podía hablar con las jóvenes. Acabé sentándome en un pupitre en medio de ellas, acogido con normalidad y simpatía y con sonrisas, que no risas, por su parte. Escribo estas líneas teniendo al lado la foto que conservo del momento, yo entre ellas, que hizo la profesora con mi cámara.

Lejano 2005 del Afganistán de hoy. El 14 de abril de 2021, el presidente Biden decide la completa retirada de Afganistán de las tropas norteamericanas. “Es hora de poner fin a la guerra más larga de los Estados Unidos”, dice. El 38 de agosto de ese año se completa la retirada de las tropas y se deja al país en manos de los talibanes. Más de 120.000 personas son evacuadas. Biden: “Los Estados Unidos deben aprender de los errores cometidos. La retirada significa el final de una era de grandes operaciones militares con el fin de rehacer a otros países”. 

Hace tres años los victoriosos talibanes firmaron un acuerdo con los invasores occidentales en retirada. En él se comprometían a respetar los derechos humanos, la libertad de expresión y amnistía para los funcionarios del anterior Gobierno. Muy pronto se desvaneció la esperanza de que actuaran de acuerdo a lo que habían firmado. Violencia, represión e impunidad. El aula abierta de Bamiyán en la que en 2005 me senté, escuché y opiné, ya no existe hoy. Todas las aulas del país han sido violentamente clausuradas para niñas, jóvenes, mujeres. Más de ochenta decretos emitidos por los talibanes en tres años han hecho de numerosos sectores de la sociedad objeto de discriminación y persecución. 

Estos bárbaros han creado el sistema más perverso y extendido de sistemática violación de los derechos de las mujeres. Quienes de estas batallan y denuncian dicho sistema se enfrentan a detenciones, tortura e incluso desaparición forzosa. Huérfanas de un marco jurídico y judicial justo que las ampare puesto que los bárbaros acabaron con él en noviembre de 2022 al introducir la sharia. La versión de la misma que los talibanes practican implica que no se permite la presencia de abogados en los juicios, que han sido sustituidos por los “eruditos” religiosos de las madrasas, las escuelas islámicas.

Muy recientemente (21-8-2024) los bárbaros impusieron la denominada Ley sobre la promoción de la virtud y la prevención del vicio, título que por sí mismo probablemente no necesitaría de ulterior comentario. Aun así, comento. El engendro legal otorga poderes especiales a la denominada policía de la moral a propósito de la conducta de las mujeres. El artículo 13 estipula que las mujeres deben cubrirse su cuerpo por completo, reducir la voz en determinadas ocasiones (?) y no mirar a hombres extraños (?). El absurdo se evidencia todavía más con la institución del “mahram”: ninguna mujer puede viajar, acceder a un avión o entrar en un edificio administrativo para cualquier gestión si no va acompañada de un pariente masculino. ONU Mujeres es la organización de Naciones Unidas que desarrolla programas, políticas y normativas con el fin de defender los derechos humanos de mujeres y niñas. Acaba de publicar un informe según el cual solo el uno por ciento de las afganas entrevistadas estiman que tienen algún tipo de influencia en las comunidades a que pertenecen. El 64% no se sienten seguras cuando salen de casa y el 8% conocen a a alguna mujer o niña que ha intentado suicidarse desde que los talibanes lograron el poder en 2021. 

El colmo de las insensateces de los bárbaros lo refleja el hecho de que se han visto forzados a no llevar a cabo la vacunación contra la polio porque la mayoría de quienes debían ejecutarla eran enfermeras, mujeres. Aducen que protegen los derechos de mujeres y niñas de acuerdo a la sharia y las costumbres y normas de la sociedad afgana. Sin embargo, las costumbres y tradiciones culturales o religiosas no pueden justificar la violación de los derechos humanos. Si bien no es plausible que los bárbaros presten atención, el artículo 4 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer estipula que los Estados no pueden invocar costumbres, tradiciones o consideraciones religiosas para eludir la obligación de eliminar la violencia contra la mujer.

En julio de 2024, Richard Bennet, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán, presentó su Informe sobre el tema. Merece la pena concluir este artículo con algunas de sus conclusiones y recomendaciones: “El sistema de discriminación, segregación, desprecio de la dignidad humana y exclusión institucionalizado por los talibanes está motivado por, y se traduce en, un profundo rechazo de la plena humanidad de las mujeres y niñas. Es omnipresente y metódico y se institucionaliza a través de edictos y políticas que sancionan y refuerzan la grave privación de derechos fundamentales” (párrafo 14). El Relator Especial recomienda a los Estados y la comunidad internacional que “eviten la normalización o legitimación de las autoridades afganas de facto hasta que no se produzcan mejoras palpables… en materia de derechos humanos, especialmente en lo que respecta a las mujeres y las niñas” (párrafo 133, a).

Probablemente el Relator tiene en mente que, desde la asunción de los bárbaros al poder en 2021, la ONU rechazó en tres ocasiones su pretensión de ocupar en la Asamblea General el puesto que tenía el anterior Gobierno apoyado por Occidente. Desde 2021 se sucedieron disputas entre ambos aspirantes al puesto. En mayo de 2024, la ONU zanjó la cuestión suspendiendo los derechos de voto de Afganistán en la Asamblea General. Es llamativo y loable que el Relator Especial indirectamente aluda a las distintas interpretaciones del islam al pedir que “los países de mayoría musulmana y la Organización de Cooperación Islámica redoblen los esfuerzos para persuadir a los talibanes para que modifiquen las políticas y prácticas contrarias a los principios islámicos dominantes, incluida la igualdad de acceso a la educación para todos” (párrafo 133, d). 

Por otro lado, hay que constatar que la barbarie no se ceba únicamente en las mujeres. Objeto de la misma son igualmente un cúmulo de actores: minorías étnicas y religiosas, homosexuales y transexuales, personas con discapacidades, defensores de derechos humanos, trabajadores sanitarios, periodistas, educadores, jueces, profesionales del derecho, antiguos funcionarios… Conviene asimismo tener en cuenta que todo esto tiene lugar en una situación de catástrofe humanitaria, social y económica, en la que dos tercios de la población afgana (28 millones) precisan asistencia humanitaria para sobrevivir. 

Ayuda humanitaria, por supuesto, pero pienso que, en este y otros temas de parecidas características, nos hallamos ante una crisis… de humanidad. ¿Cómo es posible que asumamos que la tan cacareada comunidad internacional permita atrocidades como las que he relatado? Que el proceso de apartheid, limpieza étnica y genocidio que bárbaros de otro tipo están llevando a cabo en Gaza continúe. Sí, salvedad establecida: Hamás es un engendro terrorista y bárbaro, pero…

En esta comunidad internacional que no es tal existen cómplices de uno y otro lado que impiden el progreso. Estados Unidos vetando en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas cualquier resolución que dañe a su aliado israelí. Rusia y China oponiéndose en ese Consejo a “interferir en los asuntos internos de Afganistán”. 

Existen mecanismos e instrumentos jurídicos y judiciales en esta poco atenta sociedad internacional para, teóricamente, hacer frente a la barbarie. La Ley talibán sobre la promoción de la virtud institucionaliza un sistema de discriminación y opresión de mujeres y niñas que debería movilizar la conciencia de la humanidad. Supone un ataque sistemático y generalizado a la población civil que podría calificarse de crimen de lesa humanidad. Hay en curso negociaciones internacionales para lograr un Tratado sobre crímenes de lesa humanidad, ocasión que podría aprovecharse para codificar el apartheid de género como delito en Derecho internacional. El Tribunal Penal Internacional tendría puerta abierta para actuar. Hay que valerse de los mecanismos de rendición de cuentas existentes. El Tribunal Internacional de Justicia debería encausar a Afganistán por violación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada por la Asamblea General onusiana en diciembre de 1979 y ratificada por 189 Estados. Sí, pero…

Michael Ignatieff cita a Butros Butros Ghali, secretario general de Naciones Unidas, quien en 1995 dijo que Afganistán se había convertido en “uno de los conflictos huérfanos del mundo, esos que Occidente, selectivo y promiscuo en su atención, prefiere dejar de lado a favor de Yugoslavia”. El mundo había apartado la vista de Afganistán, dejando que la guerra civil, la fragmentación étnica y la polarización desembocaran en la quiebra del Estado. El país había dejado de existir como un Estado viable, y cuando un Estado quiebra la sociedad civil es destruida. Generaciones de niños crecen sin raíces, sin identidad ni razón para vivir sino la de luchar (con matices, aplicable a los niños palestinos). 

En aquellos años, Ahmed Rashid entrevistó a Lakhdar Brahimi, mediador de la ONU, quien le dijo: “Estamos tratando con un Estado en quiebra que parece una herida infectada. Uno ni siquiera sabe por dónde empezar a limpiarla”. En 2005, durante mi breve estancia, viajé por un país escabroso, árido, áspero y desierto. En su libro Los Talibán, Rashid relata: “Hace muchos años, un sabio y anciano muyahid afgano me contó la historia mítica de la creación divina de Afganistán: 'Cuando Alá hizo el resto del mundo, vio que había quedado un montón de desechos, fragmentos, trozos y restos que no encajaban en ninguna parte. Tras reunirlos, los arrojó a la tierra y eso fue Afganistán'”.  En medio de esos desechos malviven, padecen, sufren las mujeres afganas. Hasta que la tan cacareada comunidad internacional o Alá las libere.

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Emilio Menéndez del Valle es embajador de España.

En un acto en paralelo a la Asamblea General de la ONU, organizado por Irlanda, Catar, Suiza, Indonesia y el Foro de Mujeres de Afganistán, bajo el título "La inclusión de las mujeres en el futuro de Afganistán", la actriz estadounidense Meryl Streep ha denunciado la realidad de las mujeres afganas.

“Hoy, en Kabul, una gata tiene más libertades que una mujer. Una gata puede sentarse en la calle y sentir el sol en la cara, puede perseguir a una ardilla en el parque”, ha asegurado la actriz a raíz de la ley afgana, aprobada el pasado agosto, sobre la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, que prohíbe a las mujeres hacer uso de su voz en público.

"La nueva ley promulgada el mes pasado formaliza la eliminación sistemática de las mujeres y las niñas de la vida pública. Las mujeres y las niñas afganas están confinadas en gran medida en sus hogares, sin libertad de movimiento y casi sin acceso a la educación o al trabajo. Incluso se les prohíbe cantar o alzar la voz en público", dijo la estadounidense ante el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

Streep alertó de que la manera en que la “cultura” y la “sociedad” afganas se han trastocado debe servir como “advertencia para el resto del mundo”. “En los 70 en Afganistán, la mayoría de los funcionarios eran mujeres; más de la mitad de los maestros, de los médicos eran mujeres, había mujeres juristas, abogadas, en todas las profesiones había mujeres. Y luego el mundo se vino abajo”, dijo la intérprete.

“A día de hoy, una ardilla tiene más derechos que una niña en Afganistán, porque los parques públicos se han cerrado para las mujeres y las niñas. Un pájaro puede cantar en Kabul, pero una niña no. Esto es insólito, es una supresión de la ley natural”, denunció la actriz ante la ONU.

En México, una mujer tomará en breve —en una situación inédita— las riendas del país y en los Estados Unidos de América los ciudadanos tendrán que decidir si por primera vez la presidencia no la va a ocupar un hombre. Todo ello es noticia por ese carácter pionero que nos indica el largo, azaroso y esforzado recorrido de las mujeres, desde tiempos remotos hasta el día de hoy, para llegar a integrar el cero y poco por ciento de cualquier estadística. Siendo más de la mitad de la población mundial, el ranking resulta pobre y da idea de que la igualdad está lejos. En el mundo existen actualmente solo 26 mujeres que sean jefas de Estado de un total de 195 países reconocidos (Palestina no se considera como tal). En casa, la Justicia Española cuenta por primera vez con una mujer al frente del Tribunal Supremo y del CGPJ. Siendo una profesión en que las mujeres son mayoría, esta excepción resulta incongruente. 

Los ejemplos dan cuenta de que en Occidente —la referencia para muchos otros países menos afortunados— queda un largo camino para que la igualdad sea realmente efectiva. El dominio masculino en la sociedad se deja notar en esta exclusión permanente de la mujer en puestos de responsabilidad. Una hegemonía la de los hombres que tiñe de violencia a las sociedades y si en España los asesinatos de las mujeres son un goteo continuo, en otros países las cifras llegan a categorías insoportables y los casos de agresión a la infancia y de explotación sexual de niñas y adultas suponen en el mundo una realidad criminal que se aborda yo diría que con escasas ganas, o eso parece.

Todo lo que enumero es una realidad que debe avergonzarnos, contra la que tenemos que estar en continuo combate y que tiene parangones ante los que te quedas sin palabras para expresar el horror, la repulsa y la indignación que provocan. Y ello frente a quienes, como la extrema derecha, niegan la evidencia y se aferran a la visión patriarcal todavía muy arraigada en el mundo.

Esto es lo que desde 2021 les está sucediendo a las mujeres en Afganistán. Al día de hoy, sufren unas restricciones imposibles de imaginar. Deben ir acompañadas de un hombre de su familia en todo momento, no pueden acceder a la educación, ni trabajar (salvo excepciones obligadas como es el caso de atención médica a mujeres y niñas en los hospitales), y cualquier idea de pasear, o acudir a alguna instalación de ocio o deportiva, está vedada. El matrimonio es forzado y sin posibilidad de elección, desde bien pequeñas. Una de las últimas medidas ideadas a finales de agosto por los talibanes para ahondar en la represión contra sus víctimas ha sido la ratificación de la Ley para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, que las obliga al uso del velo para cubrir el rostro, condenando además el sonido en público de la voz de mujer, como una falta contra la modestia. 

Callarlas para que no protesten, para que no expresen su opinión, para que no puedan expresarse y contar al mundo lo que está ocurriendo. En 2021, Afganistán contaba con una población de 33.698.000 personas, de las que un 49,5 por ciento eran mujeres, según datos de nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores. La tasa de fecundidad, atendiendo a la información del Banco Mundial, era entonces de 4,64 hijos por mujer.

Afganistán siempre ha sido un territorio indómito que se resistió a todo tipo de conquistas. Sin ir más allá de la ocupación rusa, que concluyó en 1989, las guerras tribales y el triunfo de los talibanes en 1994, con el apoyo de los Estados Unidos a través de sus servicios secretos, el deterioro no hizo más que avanzar.

Todos recordamos las ejecuciones, lapidaciones, persecución de las mujeres y demás brutalidades que acontecían ante la vista de todo el mundo. Después, en octubre de 2001, Estados Unidos intervino en Afganistán con el objetivo de combatir a los terroristas de Al Qaeda —responsables de los ataques del 11-S— y al régimen talibán que les había dado refugio. En dos meses, mediante la llamada Operación Libertad, los talibanes fueron derrotados. Se firmaron entonces los acuerdos de Bonn que plantaban el diseño de una estrategia internacional para que el Estado afgano pudiera reconstruirse sin los talibanes y sin terroristas que se reorganizaran en el territorio. 

El 2 de octubre de ese 2001, publiqué un artículo en el que mostraba mi preocupación por los acontecimientos y por el futuro de la población:  "Occidente y sus jerarquías políticas, militares, sociales y económicas han estado más ocupados del progreso abusivo y vergonzante de la producción, la especulación y el beneficio globalizados, que de una adecuada redistribución de la riqueza, de una política de exclusión social, que de una mayor atención a la integración de los pueblos o de una política de inmigración progresista y solidaria; del mantenimiento y exigencia de la deuda externa, que de la implementación de recursos en esos países a los que ahora se les pide ayuda o comprensión, o a los que se amenaza con la guerra final, con la justicia infinita o con la paz duradera. Por esas omisiones conscientes ahora se sufren las consecuencias terribles de una violencia irracional extrema y fanáticamente religiosa". 

Y en relación a la búsqueda de culpables por los terribles hechos del 11-S, añadía: “…Se puede reprochar no sólo a los talibán, por su régimen de opresión y represión en Afganistán, sino a los gobernantes de los países occidentales que, de forma irresponsable, han generado y siguen generando, a través de la cobertura de los medios de comunicación, una psicosis de pánico en el pueblo afgano ante la inminencia de la invasión y a la previsible masacre, y que les ha obligado a una huida hacia una supuesta seguridad y libertad, pero que realmente les conduce hacia una más que segura catástrofe humana. ¿Quién responderá de estas muertes? ¿Y del hecho en sí de las migraciones forzadas? Probablemente a nadie de aquellos interese que mueran unos cuantos miles de afganos porque, a pesar de los grandes discursos, su suerte ya está echada”.

Un informe de Pol Bargues, investigador principal de CIDOB, centro dedicado a investigaciones internacionales, señala dos factores claves para el fracaso. De una parte, explica,  crearon un Estado dependiente de la ayuda exterior. Al mismo tiempo, la aportación de más recursos económicos y militares forjó a la vez más tensión y violencia en el interior del país, generando demasiadas expectativas y desapego con este proyecto, tanto en Estados Unidos y Europa como entre los militares y civiles responsables de llevar a cabo la misión sobre el terreno. 

Por otro lado, “el proceso de transferencia de responsabilidades a los afganos ha resultado difícil de concretar para Estados Unidos y sus aliados sin el apoyo de mucha gente de las zonas rurales, que se ha ido distanciando del Gobierno de Kabul y las instituciones apoyadas por la misión internacional, lo que ha facilitado el retorno de los talibanes”, destaca Bargues. Todo ello sin olvidar la corrupción galopante de todos los centros oficiales, nuevamente ante la pasividad internacional, combatiendo el terrorismo, pero no sus fuentes de financiación, que no eran otras que el narcotráfico, especialmente de heroína.

A esto se añade que las fuerzas estadounidenses descubrieron a Bin Laden en su escondite a unos 100 km al norte de Islamabad (Pakistán) y lo mataron el 1 de mayo de 2011. A partir de esa fecha, fue cuando tuvieron lugar los primeros planteamientos de retirada de las tropas internacionales para poder dejar el país en manos afganas. Y aquí empezó el desastre: como bien subraya el citado informe, “a pesar de que se firmó el acuerdo de paz en febrero de 2020 entre los talibanes y el Gobierno de Estados Unidos, la retirada de las tropas internacionales en agosto de 2021 fue dramática: dimisión del Gobierno de Ashraf Ghani, rendición del ejército afgano y los talibanes tomando el control de todo el país”.

El regreso de los talibanes provocó una dramática situación para la población y, en particular, para aquellos que ocupaban cargos relacionados con las legaciones extranjeras, los colaboradores e intérpretes, quienes detentaban puestos públicos y, por supuesto, para las mujeres, que podían esperar lo peor del nuevo régimen. En un recorrido exprés, se trataba de un país que venía de sufrir la invasión soviética en los años ochenta del siglo pasado, una guerra civil en los noventa y el terror del régimen talibán hasta la llegada de Estados Unidos y sus aliados en 2001. Sabían lo que se avecinaba. 

Los fundamentalistas rodearon Kabul entrando en la ciudad después de conquistar en dos semanas cada capital y ocupar el 90 por ciento del territorio. La salida inmediata del presidente, Ashraf Ghani, resume la situación, tras la retirada de las tropas de EE UU y sus aliados.

Recordarán las imágenes terribles del aeropuerto con multitud de ciudadanos intentando salir de un país de pronto atemorizador. En agosto de 2022, el Gobierno español había evacuado a 3.900 personas entre antiguos colaboradores directos de nuestro país, civiles colaboradores de países de la UE y la OTAN y personal diplomático, cuyas vidas se encontraban en riesgo tras la reinstauración del régimen talibán.

Todas las historias eran complicadas, pero cito la salida del fiscal general y de su familia, que colaboró en propiciar nuestra propia fiscal general, Dolores Delgado, en una acción valiente y decidida, con la colaboración de otras personas igualmente sensibles y que demostró que, cuando se quieren hacer las cosas bien y se ponen los medios, se consiguen resultados. A la postre, la iniciativa de la fiscal Delgado, de la que fui testigo de excepción, quedó en el reconocimiento al exfiscal general afgano, que finalmente fue recibido en Nueva Zelanda tras pasar meses en España sin mayor cobertura. Fue una situación muy peligrosa para sus protagonistas, que estuvieron a punto de perder la vida, pero mereció la pena. Lo verdaderamente triste y demoledor es el olvido en el que la comunidad internacional ha dejado a Afganistán, y especialmente a las mujeres. 

La realidad feroz era que el grueso de la población continuaba al albur de sus nuevos regidores y, para las mujeres, comenzaba una pesadilla tanto más trágica cuanto que durante unos años habían conocido una normalidad democrática. Se quedaron así huérfanas de protección, con sus derechos cercenados, condenadas al ostracismo y la sumisión y sin esperanza de futuro. Algunas consiguieron huir al vecino Pakistán, con la ayuda de organizaciones como entre otras, El club de las 25, un colectivo feminista que trabaja en este sentido. Las historias que relatan las víctimas son muy duras.

A pesar de lo que están viviendo, las mujeres afganas siguen enarbolando la bandera de la libertad aun sabiendo que las amenazan las detenciones, la tortura, el presidio o que pueden afrontar condenas desmesuradas. En Change.Org se encuentran peticiones para que, desde aquí,  la represión de las mujeres en Afganistán se declare crimen de Lesa Humanidad. 

Es lo menos que podemos hacer.  Peleamos por conseguir la igualdad entre mujeres y hombres en nuestro propio país al igual que otras democracias consolidadas. Nos congratulamos de los éxitos duramente conseguidos cada vez que una mujer es nombrada al frente de una institución, pero aun con estas satisfacciones hay que ser conscientes de que una sombra oscura se extiende sobre la humanidad: es la voz omitida de las mujeres afganas. La dura verdad es que asistimos impasibles al drama de las mujeres de Afganistán, y el sonido de nuestro voluntario mutismo alimenta su silencio impuesto.

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Baltasar Garzón es jurista y autor, entre otros libros, de 'Los disfraces del fascismo'.

El 15 de agosto de 2021 las alarmas sonaron en Kabul y, también, en el resto del mundo. Los talibanes tomaban el control de la capital de Afganistán, imponían su emirato islámico y dejaban a todo el país bajo su estricta visión de la ley sharía. La atención se centró entonces en las mujeres, también en Kabul y en el resto del mundo. En el primer lugar porque sus derechos fueron rápidamente mutilados; en el segundo, porque medio planeta mostró su radical rechazo, volcado inicialmente en una voluntad de cooperar que, de hecho, funcionó. En el caso de España, fue el Gobierno y la sociedad civil quienes lo consiguieron. Ahora, parece que son sólo las iniciativas privadas las que perduran.

"La comunidad internacional, desgraciadamente, se está olvidando de Afganistán", lamentó la propia ministra de Defensa, Margarita Robles, tan sólo un año después de la toma de Kabul por parte de los talibanes. "Ha sido un fracaso de la comunidad internacional, nos fuimos dejándoles absolutamente abandonados", llegó a decir. Era 2022 y la situación, incluso, era mejor que la que hay ahora.

Cada noticia que llega del país es un ataque nuevo a las mujeres. Según ha documentado el último informe de Afghan Witness, desde 2022 hasta mediados de este año se han producido más de 700 casos de violencia de género bajo el gobierno integrista islámico. De ellos, 332 han sido feminicidios. Y esto es sólo la punta del iceberg, ya que la mayoría de los casos no se denuncia. Desde que los fundamentalistas llegaron al poder, las mujeres afganas deben ir completamente cubiertas en público, no pueden acudir al colegio o a la universidad, tienen completamente prohibido trabajar o practicar deporte, no tienen permiso para salir de casa sin un hombre de la familia o subir a un autobús en el que no haya únicamente pasajeras mujeres. Tampoco pueden elegir con quién casarse o cuántos hijos tener, ni ser vistas desde el exterior de sus casas, ni acudir a salones de belleza. Y está terminante prohibido para ellas, además, protestar.

El último cambio legislativo se produjo hace apenas una semana, en la particular celebración institucional de la llegada al poder de los talibanes. Fue a través de la aprobación de la Ley para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, una norma a través de la cual el Gobierno ha prohibido, de facto, la voz de las mujeres. A partir de ahora, ésta es considerada "awrah", una "parte íntima" que sólo puede ser escuchada "en casos de necesidad". Pero muchas de ellas han decidido desafiar a esta opresión, precisamente, cantando.

Expertos de la ONU ya señalaron que la situación de las mujeres en Afganistán es una de las peores del mundo. Tanto, que creen que se puede estar cometiendo un "apartheid de género".

El 15 de agosto de 2021 se preveía que las mujeres serían duramente reprimidas porque todavía perdura en la memoria el recuerdo del anterior régimen talibán de los 90. Por eso la comunidad internacional se volcó en un primer momento en conseguir que el mayor número de personas posible saliese del país cuanto antes. España, en este sentido, puso en marcha la Operación Antígona, que llegó a tener hasta tres versiones y que consiguió trasladar hasta nuestro país a 2.900 personas desde Afganistán. En paralelo, el Gobierno fue promoviendo el traslado de antiguos colaboradores y otras personas "de interés", según calificó Moncloa. Fueron, hasta 2022, 942 personas que obtuvieron protección internacional: 314 mujeres, 277 hombres y 345 niños y niñas.

Hoy ya no queda nada de aquello. "No hay ningún plan oficial. El interés de que vengan personas desde Afganistán ha decaído muchísimo", lamenta María José Rodríguez, fundadora y presidenta de Netwomening, una asociación que coopera para lograr la plena integración de las mujeres afganas en nuestro país.

La única salida que queda ya de Afganistán es, por tanto, mediante una solicitud de asilo en países limítrofes como Irán o Pakistán, pero tampoco está exenta de problemas. Como lamenta la jurista, los recursos son muy escasos y ya hay un "embudo" de solicitudes que prácticamente impiden el trámite. Muestra de ello es que en 2023 el 90% de las personas huidas de Afganistán se encontraba en estos dos países. Y que eran, en términos absolutos, 400.000 personas más que en 2022. "Hay miles de solicitudes pendientes de resolver", lamenta también Mónica Bernabé, actualmente periodista del Diari ARA y excorresponsal en Afganistán durante 8 años (2008-2016).

Aun así, cuando las solicitudes son atendidas, la mayoría son concedidas. Según los datos de 2022 recogidos por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el 98,7% de las 1.581 solicitudes de protección internacional de personas afganas fueron concedidas. "El asilo se reconoce, lo que pasa es que no se están poniendo recursos para que sea más fácil solicitarlo", completa Rodríguez. El informe relativo a 2023 de la organización no incluye la afgana como una de las nacionalidades con más peticiones en España.

Pero, ¿qué ocurre mientras tanto en el resto de Europa? Según los datos del documento presentado por CEAR, en 2023 los países de la Unión Europea recibieron 109.555 solicitudes de protección por parte de ciudadanos y ciudadanas afganos, una cifra inferior a las 124.125 registradas un año antes. De ellas, fueron aceptadas el 61%, un porcentaje siete puntos por encima del de 2022, que fue del 54%, y ligeramente más bajo que el de 2021, que alcanzó el 66%.

Huérfanas por tanto de programas específicos para salir del país, la única alternativa que les queda a las mujeres afganas son las iniciativas privadas que la sociedad civil puso y mantiene en marcha. La más importante es la que activó la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, de la que forma parte la Asociación de Mujeres Juezas de España. Se remonta a enero de 2021, unos meses antes de la toma de Kabul por parte de los talibanes. Dos socias afganas de la organización fueron asesinadas a las puertas del Tribunal Supremo, un crimen que hizo saltar las alarmas entre las profesionales y que desembocó en la creación de un comité específico de siete juezas entre las que se encuentra Gloria Poyatos, una de las fundadoras de la asociación de nuestro país.

"Creamos un canal de ayuda abierto 24 horas para nuestras compañeras afganas y empezaron a alertarnos de que los talibanes iban a tomar el control y de que iban a ir a por ellas. Las amenazaron directamente y les avisaron de que sacarían terroristas de las prisiones que habían sido encarcelados por ellas mismas", cuenta en conversación con infoLibre. En cuanto se cumplió el pronóstico, empezaron a actuar. "Pretendíamos ser una representación auténtica de lo que pensábamos que debía ser la asociación, no limitarnos a emitir comunicados", recuerda Poyatos. Así consiguieron sacar del país a más de 200 juezas y sus familias. En total, a más de 1.000 personas. "Hemos actuado como un gobierno", celebra Poyatos, que remarca que tienen, aún, a 38 compañeras pendientes de ayuda.

En cualquier caso, a pesar de las cifras no ha sido un camino fácil. Como explica la jueza, todo tiene que hacerse en secreto, ocultando a las mujeres en pisos francos, ayudándolas a salir del país ocultas, tratando de que lleguen seguras a los consulados españoles en otros países y trabajando por que se les concedan visados urgentemente que les permitan volar hasta España.

Una vez en España con la protección concedida, relata Rodríguez, cuentan con la ayuda del plan de integración del Ministerio de Inclusión, que dura año y medio. "Es completamente insuficiente, muchas veces ni siquiera les da tiempo a aprender el idioma en ese tiempo", lamenta la jurista. Por eso fundó su organización. "Desde Netwomening les ofrecemos acompañamiento a través de una red de voluntarias que ayudan en la búsqueda de vivienda, de empleo, con el idioma o con los trámites administrativos", explica.

En 2021, además, también colaboraron para sacar a varias mujeres de Afganistán. En concreto, lo hicieron con 60. Una vez en España, han ayudado a alrededor de 200 y a sus familias.

Más allá de toda la ayuda solidaria a la población, Bernabé exige una reacción inmediata desde el ámbito político. Según denuncia, nada de lo que se ha hecho hasta ahora ha servido. "La comunidad internacional no ha reconocido al régimen talibán como gobierno legítimo de Afganistán con el objetivo de aislarlo. El problema es que no todo el mundo está actuando a una, porque China está empezando a mantener relaciones comerciales llenando el vacío que dejó Occidente", lamenta la periodista. Además, el bloqueo financiero que se impuso tampoco ha provocado que el Gobierno caiga, sino que la población sea cada vez más pobre. A mediados de 2023, la ONU informó que cuatro millones de afganos y afganas padecían desnutrición aguda, incluidos 3,2 millones de niños y niñas menores de cinco años.

Por eso es momento de dar un golpe en la mesa que Bernabé lleva años reclamando. "Ya hace tiempo que es momento de actuar, no había que haber esperado tanto", indica. ¿De qué manera? Su apuesta es la negociación. "Ningún país está dispuesto a intervenir y a sacar del poder a los talibanes, así que no nos queda otra. Hay que tratar, por todos los medios, de que se violen lo mínimo posible los derechos de las mujeres en Afganistán", sostiene.

Pronunciar el nombre de una mujer en público está prohibido en Afganistán. Supone una deshonra grave para la familia. No lo pueden decir ellas, no las puede nombrar nadie. Sus nombres no pueden aparecer ni en las recetas médicas, ni en los certificados de defunción, ni siquiera en sus tumbas. Despojadas de su identidad, anonimizadas, la única forma de llamarlas es en base a la relación que tienen con los hombres: la mujer de, la hija de, la hermana de… ¿Recuerdan El cuento de la criada? Todo lo que imaginó Margaret Atwood en su distopía literaria se convierte en realidad en Afganistán.

Para denunciar este anonimato impuesto, la activista afgana Laleh Osmani inició, hace unos años, una campaña en redes sociales llamada ‘Where is my name?’ que tuvo bastante repercusión. Tanta que hasta el gobierno se planteó modificar la ley de registro civil para que el nombre de la madre apareciese en los certificados de nacimiento. Pero llegó la pandemia. Y luego los talibanes y con ellos un régimen de terror que ha pisoteado, literalmente, los derechos que las mujeres afganas habían conseguido en los últimos 20 años, tras la invasión militar de Estados Unidos. Porque, a pesar de las imposiciones tremendamente machistas en las que han vivido, hay una generación que ha dado importantísimos pasos como estudiar en la universidad. Ahora, juezas, profesoras, periodistas o activistas que trabajaban para conseguir avanzar han sido condenadas a la clandestinidad y están amenazadas de muerte o han tenido que huir dejando atrás toda una vida. ¿Es el peor país para ser una mujer? La pregunta se responde sola. 

Lo cierto es que todo puede ir a peor. Porque cuando parecía que era imposible retroceder más en derechos, y con la macabra coincidencia del tercer aniversario de su llegada al poder, los talibanes han aprobado una ley que prohíbe que a las mujeres se les vea el rostro y que hablen en público. ¿Se imaginan no poder pronunciar una sola palabra fuera de casa? Piensen en esa generación de niñas que hasta hace unos años iba a la escuela, las que estaban a punto de pasar a la universidad, las que ejercían su profesión, las amas de casa. Silenciadas, enterradas en vida. Borradas del mapa, recluidas en sus hogares. Lo que ocurre en Afganistán tiene nombre: es un apartheid de género, como reconoce la ONU, que sucede ante la impasible mirada y abandono de la comunidad internacional, responsable en gran parte de la situación en la que está inmerso el país, tras años de permisividad con gobiernos corruptos y señores de la guerra. 

Que sus voces no se oigan en el espacio público es un paso más en la violencia que los fundamentalistas ejercen sobre las mujeres. Desde que tomaron Kabul han prohibido la educación de las niñas mayores de doce años, han cerrado escuelas y universidades, han restringido su forma de vestir, su acceso a la práctica de deporte e incluso han prohibido la emisión de películas en las que salen actrices. Niñas y adolescentes que no tendrán referentes, que no pueden estudiar ni trabajar. El infierno en la tierra. Seguro que recuerdan la imagen de un talibán borrando el rostro de una mujer en un escaparate que se viralizó hace algunos meses. Se convirtió en un símbolo de la represión que sufren las afganas. Por desgracia, no es sólo una imagen icónica que postear en las redes, es la realidad que sufren millones de mujeres allí.

¿Qué será lo siguiente? Es aterrador incluso pensarlo. No nos olvidemos de ellas ni de un país en una situación desesperada, con una crisis económica y humanitaria sin precedentes. Y hagámoslo dejando el paternalismo a un lado, ese que en Occidente nos hace creer que lo que ocurre en Oriente Medio no nos afectará porque nuestras fronteras están separadas por miles de kilómetros. La misoginia, por desgracia, cala y se expande rápido. Ahí tienen la talibanización de Pakistán o la represión contra las mujeres que no quieren llevar velo en Irán. Pero también la de los gobiernos de países como Polonia, Hungría o Italia que ya han emprendido una batalla legal contra los derechos de las mujeres o del colectivo LGTBI.  

'¿Dónde está mi nombre?', preguntaba la campaña que iniciaron las afganas en 2017. No dejemos de nombrarlas ni de denunciar el régimen terrorista en el que son obligadas a vivir. Porque, no lo olviden, ignorar su situación es una forma más de legitimar y perpetuar la violencia que los talibanes ejercen sobre ellas.

La esperada celebración de los Juegos Olímpicos, envueltos en el pretendido glamour parisino, ha acaparado las últimas semanas el interés mediático internacional. Atletismo, natación, gimnasia, baloncesto… Una sucesión infinita de disciplinas y pruebas deportivas relevaban a los acontecimientos políticos, económicos y sociales en las portadas de los grandes medios. No obstante, y sin pretenderlo, ha sido este certamen deportivo el que ha vuelto a poner en el foco de atención una lucha hace tiempo olvidada por la comunidad internacional: la resistencia de las mujeres afganas.

Viernes 9 de agosto. Fase preclasificatoria y estreno de una nueva disciplina olímpica, el breakdance. La refugiada afgana Manizha Talash y la holandesa India Sardjoe se enfrentan en la pista de baile. Pero no son sus pasos o su interpretación musical lo que trascenderá en los medios, sino un gesto simbólico de la b-girl afgana. En un momento de su actuación, la deportista despliega una capa con el lema Free Afghan Women, en referencia a la pérdida progresiva de derechos y libertades a la que se enfrentan las mujeres en Afganistán desde hace décadas, pero que se ha incrementado drásticamente en los últimos tres años de gobierno talibán.

La concursante fue rápidamente descalificada en los días posteriores por un acto de “propaganda política”, contraria al reglamento olímpico. Pero la denuncia ya estaba hecha ante la mirada de millones de telespectadores. Y tan solo unos días antes del tercer aniversario de la retirada estadounidense y el retorno de los talibanes al poder en Afganistán, ese fatídico 15 de agosto de 2021.

Corre el año 1978. El Partido Democrático del Pueblo toma el poder mediante un golpe de Estado, conocido como la Revolución de Saur, e instaura en Afganistán un régimen socialista y, como es lógico, prosoviético. Un año más tarde y hasta 1989, la URSS ocupa el país afgano para sostener al cuestionado gobierno. En paralelo, Estados Unidos comienza a financiar a la resistencia islámica muyahidín como parte de su lucha generalizada contra el comunismo. Tras la caída de la URSS en 1991, Afganistán se sume en una larga guerra civil, de la que salen victoriosos los talibanes, uno de los grupos del integrismo islámico opositor al derrotado gobierno comunista.

11 de septiembre de 2001. El atentado de las Torres Gemelas marca un antes y un después en la estrategia estadounidense contra el terrorismo islámico, convertido ahora en la nueva amenaza internacional. Alegando vagas acusaciones, el entonces presidente Bush, secundado por la OTAN, se lanza a ocupar el país islámico, en el que Estados Unidos mantendrá su presencia hasta su retirada definitiva, en favor de los talibanes, en el verano de 2021. De vuelta al fundamentalismo islámico.

A lo largo de todos estos vaivenes históricos, la fragilidad de la situación de las mujeres ha sido una constante, que se ha exacerbado en los tres años de mandato talibán. El último informe del proyecto Afghan Witness, al que ha tenido acceso infoLibre, denuncia la vulneración de derechos humanos básicos, los escandalosos niveles de violencia de género y el progresivo borrado de las mujeres afganas de todos los ámbitos de la vida pública. “Nuestra investigación demuestra cómo los talibanes han eliminado sistemáticamente a las mujeres de la sociedad afgana, excluyendo a la mitad de la población de la red educativa, el mercado laboral, el sistema sanitario, las instituciones de gobierno, los medios de comunicación, el debate público e incluso las formas más básicas de vida social”, describe David Osborn, director del centro de investigación.

A partir de un análisis de fuentes abiertas, el informe recoge 700 casos de violencia de género denunciados a través de redes sociales y de varios medios digitales entre enero de 2022 y junio de este año. Las formas de agresión van desde detenciones y registros arbitrarios hasta violencia doméstica, matrimonios forzados, violaciones, tortura, esclavitud sexual, desapariciones y feminicidios. Los casos estudiados, la mayoría (422) responsabilidad de los propios militares talibanes, han dejado un total de 840 víctimas entre mujeres y niñas, 332 de ellas directamente asesinadas.

Entre las denuncias, por detrás de los asesinatos, repuntan los incidentes de violencia sexual (115), seguidos por diferentes formas de tortura y violencia no sexual (73) y por los arrestos (113), la mayoría como castigo por protestar contra el régimen o no someterse a las normas en aplicación sobre las mujeres.

“Los datos que hemos recogido son solo la punta del iceberg”, sostiene Osborn. El volumen de las denuncias demuestra que no se trata de casos aislados, sino de una realidad estructural más amplia, resultado de las políticas del régimen talibán, de acuerdo con su interpretación de la sharía islámica. “La violencia de género es un hecho cotidiano en todo Afganistán. Nuestros datos reflejan la impunidad de estas agresiones, a pesar de haber por lo menos 28 víctimas de violencia de género confirmadas al mes”, continúa Osborn.

Las tareas de documentación se ven también considerablemente impedidas tanto por la censura impuesta a los medios de comunicación, como por la brutal represión de las voces disidentes. “Muchas mujeres afganas han intentado hablar contra el régimen. Las activistas por los derechos de las mujeres que salieron valientemente a las calles cuando los talibanes tomaron el poder han sido arrestadas, asesinadas, encarceladas o han tenido que huir del país”, denuncia Osborn. Así, mientras el 88% de las protestas se llevaban a cabo en las calles en 2021, a día de hoy casi el 94% se realizan vía online, con la identidad y la ubicación en oculto para evitar posibles represalias del régimen.

La violencia contra las mujeres tiene muchas formas, algunas más evidentes que otras. Más allá de las agresiones físicas, las restricciones de sus derechos y libertades condicionan gravemente sus posibilidades vitales, así como las de sus familias.

Sin educación, no hay futuro. El veto educativo en escuelas y universidades ha afectado ya, según los datos de ONU Mujeres, a al menos un millón de niñas y jóvenes, que ven desaparecer sus posibilidades de desarrollo formativo y laboral a largo plazo. Sin acceso a la educación, se imposibilita su subsiguiente inserción laboral, lo que, además, coloca una presión social y económica insoportable sobre las mujeres, palpable en el aumento de las tentativas de suicidio, disparadas en los últimos meses. Tampoco se salva su derecho a la atención sanitaria, que solo pueden proporcionar otras mujeres, a las que paradójicamente se les niega una adecuada formación. La pescadilla que se muerde la cola. De nuevo, ONU Mujeres avisa de un previsible repunte de los casos de mortalidad materna, así como de la peligrosa bajada de la esperanza de vida general de las mujeres.

La resistencia de las mujeres afganas merece que no las releguemos al olvido como una más de esas noticias que terminan desapareciendo de las portadas. El olvido es otra forma de borrado, cómplice de la opresión sancionada por los talibanes. Combatamos su silenciamiento haciendo oír su voz.

Bajo el régimen talibán, las mujeres afganas enfrentan una opresión severa y han sido  excluidas de la vida pública. 

El 16 de noviembre de 1999, el estadio deportivo Ghazi en Kabul albergó a unos 30.000 espectadores. Dos guardias femeninas bajaron a una mujer vestida con un burka azul de un  vehículo y la acompañaron hasta la línea de penalti. Luego, tres hombres se acercaron a ella. El  primero tenía la cara cubierta con un pañuelo y sostenía un Kalashnikov, el segundo estaba  envuelto en una manta blanca a poca distancia y el tercero observaba la escena desde más lejos. Se escuchó un disparo y la mujer, que estaba sentada, cayó al suelo con la cara hacia abajo. Se había llevado a cabo la ejecución de "Zarmeena". 

Veintidós años después de este incidente, los talibanes regresaron a Kabul por segunda vez. El 15 de agosto de 2021, entraron en el Palacio Presidencial, poniendo fin a 20 años de orden  político democrático. Hasta entonces, la gente había escuchado muchas veces la historia de Zarmeena y su ejecución en el estadio Ghazi con aquel burka azul y el tumulto que siguió entre miles de espectadores. Por esta razón, en la mañana del 16 de agosto de 2021, cuando Kabul volvió a estar bajo control talibán, la ciudad había cambiado de aspecto. Las calles parecían tranquilas y vacías, y las mujeres, a diferencia de los días anteriores, apenas se veían. Las peluquerías femeninas comenzaron a borrar las imágenes de mujeres de sus carteles publicitarios una tras otra. 

Sin embargo, la situación de las mujeres bajo el nuevo régimen talibán aún no estaba completamente clara. Los negociadores del grupo con los Estados Unidos en Doha respondían  a las preguntas sobre su visión de las mujeres con la vaga afirmación de que "reconocerían los derechos de las mujeres dentro del marco de la sharía". Tres días después de que los talibanes tomaran el poder, su portavoz declaró, en una conferencia de prensa, su apoyo al derecho de las mujeres a trabajar y a estudiar, sujeto a un marco que el grupo establecería. En dicha conferencia, evitó responder a las preguntas sobre el tipo de vestimenta que las mujeres deberían usar. 

El 17 de agosto, justo dos días después de la llegada al poder de los talibanes, un grupo de mujeres salió a las calles exigiendo el respeto y la garantía de sus derechos, incluyendo el  derecho al trabajo y la educación. Estas manifestantes fueron reprimidas por los talibanes. Los soldados talibanes dispararon al aire y golpearon a varias de ellas. Arrestaron a algunas  manifestantes y a periodistas que cubrían la protesta, y prohibieron la realización de reuniones sin el permiso del grupo. Una de las manifestantes declaró a los medios que los combatientes talibanes les golpeaban con látigos y bastones en las piernas y el pecho para evitar que pudieran  mostrar las marcas de los golpes al "mundo". 

Han pasado tres años desde la caída de Kabul. El regreso de este grupo al poder ha vuelto a  excluir por completo a las mujeres afganas de la política del país. Incluso han prohibido que las más necesitadas económicamente vuelvan a sus lugares de trabajo. Las escuelas para niñas mayores del sexto grado se han cerrado. Los talibanes dijeron, inicialmente, que permanecerían  cerradas temporalmente y que las niñas no podrían estudiar hasta nuevo aviso. Pero ese aviso,  tres años después, aún no ha llegado.  

La restricción educativa para las mujeres se ha extendido a todos los ámbitos de estudio. Las universidades están completamente cerradas para ellas. Tienen prohibido, además, ir a parques  y baños públicos y, para viajar o ir a restaurantes, deben estar acompañadas por un mahram (un hombre de la familia). Este año, una ola de arrestos de mujeres y niñas, por no cumplir con el  código de vestimenta talibán, ha contribuido a cercenar aún más sus casi inexistentes derechos. Las restricciones de los talibanes han afectado severamente a la educación, el trabajo y el  derecho a viajar de las mujeres. Soportan condiciones extremadamente difíciles y no tienen esperanza, ni futuro. 

Menos de un mes después de tomar el control de Afganistán, los talibanes implementaron la segregación de género en las universidades privadas. El 12 de septiembre de 2021, el Ministerio de Educación Superior talibán anunció una medida similar para las universidades públicas. Pocos días después, un boletín del Ministerio de Educación pidió el regreso de estudiantes y maestros varones a las escuelas, pero no mencionó a las niñas. Cuando comenzó el año escolar, muchas jóvenes que normalmente habrían comenzado la escuela fueron excluidas y se les prohibió asistir a clase. 

En octubre de 2022, las opciones de empleo universitario para las mujeres fueron restringidas y, a finales de ese año, el Ministerio de Educación Superior del gobierno talibán anunció la prohibición de que las mujeres asistieran a universidades públicas y privadas. Antes de la caída de Kabul, al menos 100.000 estudiantes estaban matriculadas en universidades afganas. 

Este grupo no solo se ha limitado a imponer severas restricciones como la prohibición del derecho al trabajo, la educación, los viajes, el deporte y el acceso a lugares públicos para las mujeres.

Además, de manera organizada e individual, han cometido actos de violación, acoso sexual, tortura, maltrato físico y psicológico y han encarcelado injustamente a mujeres y niñas. 

Desde el regreso de los talibanes al poder, las mujeres de Afganistán han vuelto a quedar atrapadas en la mazmorra del sufrimiento y la injusticia. Su vida diaria se ha convertido en una pesadilla interminable con severas restricciones y la imposición de condiciones injustas. Aunque la comunidad internacional reaccionó inicialmente, ahora la atención se ha desvanecido y las mujeres afganas continúan luchando con valentía y determinación por sus derechos fundamentales. El silencio del mundo y la falta de un apoyo adecuado pueden convertir este ciclo de sufrimiento y privación en una agonía interminable. El futuro de las mujeres afganas depende de su resistencia, pero también del apoyo eficaz y sostenido de la comunidad internacional. Cada día que pasa es una oportunidad perdida para regresar a una vida con dignidad y justicia. ¿Está el mundo preparado para responder al grito desesperado de estas mujeres? ¿Queda alguna  esperanza que haga pensar en un mañana luminoso y brillante que consiga sacarlas de esta mazmorra de sufrimiento e injusticia? La respuesta que demos a estas preguntas puede definir el destino de millones de mujeres afganas. Permítanme hoy ser su voz.

Parwin Dawari es estudiante de tercero de Periodismo en la Universitat de València. Estudiaba Periodismo en Kabul. Obtuvo una de las becas para mujeres afganas que creó la Universitat de València.

Se atribuye a Galileo una frase con la que intentó reafirmar su honestidad intelectual delante del tribunal de la Santa Inquisición. Después de abjurar de su conocimiento para salvarse de las hogueras, después de admitir que las teorías heliocéntricas del universo eran mentira y que el sol daba vueltas alrededor de la Tierra, punto central e inamovible de la creación divina, se desmintió a sí mismo: Eppur si muove. Era 1633. Algo parecido podría haber dicho el periodista Julian Assange ante el tribunal que le concedió en 2024 la libertad y el fin de su martirio si aceptaba confesar que era un espía. Sí, declaro que soy un espía, aunque me limité a cumplir con mi deber como periodista informando de lo que estaba haciendo el sistema norteamericano en las guerras de Iraq y Afganistán.

Afirmar que la Tierra se mueve sigue siendo necesario ante el nuevo Tribunal de la Inquisición. Me refiero al escenario que han formado las redes sociales para desprestigiar el pensamiento político a través de la desinformación y los altares del cinismo. Cuando se miente y se repiten bulos contra una persona, no sólo se pretende dañar a la víctima elegida. Lo importante a la larga es desprestigiar la actividad política. Hoy por ti, mañana por mí, todos son iguales, cualquier medida que tome un Estado es voluntad de robo y fruto de la corrupción. Esta dinámica es grave porque las estrategias del pseudoperiodismo están invadiendo a los medios de comunicación que quieren hacer política más que informar y a los políticos que pretenden crispar y caricaturizar al adversario más que defender sus propias ideas.

La dinámica de la mentira no es nueva, pero la Tierra se mueve y estamos en un contexto que lo agrava casi todo a través del poder comunicativo y manipulador de las redes sociales. Vivimos, además, una situación difícil para la democracia, porque el neoliberalismo ha generado muchas desigualdades y las grandes fortunas, más que invertir con sus impuestos en igualdad, se interesan por alimentar nacionalismos e identidades autoritarias que aseguren la libertad de sus ambiciones bajo las armas del autoritarismo social.

Resulta necesario en este contexto reivindicar la política, el pensamiento político que nos permita asegurar los valores democráticos y dar respuestas a las nuevas intemperies y conflictos surgidos en una Tierra que se mueve. El atreverse a saber de la razón ilustrada se enfrenta a una situación desinformativa que ha aprendido a utilizar la curiosidad para el engaño, como los timadores de siempre utilizaban la ambición de sus víctimas para estafarlos. Recuerdo con frecuencia una de las frases de Lacan: “pienso donde no soy, luego soy donde no pienso”. Me ayuda a comprender no ya los ajustes de la propia subjetividad, sino las estrategias y la situaciones que nos sitúan en la irracionalidad, el autoengaño, la degradación de la propia identidad o el descubrimiento de la miserias que nos invaden. La soberbia y el desamparo se descubren en el no pensar.

Las palabras enferman. La libertad se separa de la igualdad y la fraternidad cuando desemboca en la ley del más fuerte. Las consecuencias autoritarias afectan al deseo de imponer una idea como referente único en el bien común. Pero sus efectos son más dañinos a la hora de acabar con la ilusión colectiva. La ley del más fuerte consigue también pervertir el valor democrático de la diversidad. Porque más que el respeto a la diversidad en el bien común, se genera una fragmentación de lo común en identidades y minorías llamadas a odiarse las unas a las otras. Se trata de una selva cultivada, una ley de la selva cultivada en el odio.

Creo por todo esto que el pensamiento democrático tiene dos tareas necesarias. En primer lugar, seguir afirmando que la Tierra se mueve: existe una realidad de carne y hueso, de tierra, agua y aire, bajo las desinformaciones que sacralizan los nuevos tribunales de la Inquisición. Elijamos nuestra conversaciones para discutir sobre la realidad, no sobre la tentación que nos propone el ruido mediático interesado. Y, en segundo lugar, resulta muy conveniente para defender la democracia que aprendamos a mirarnos con simpatía. Y descubrir las cosas que nos unen bajo los matices que nos separan. Pensar y sentir en democracia es urgente ante la deriva autoritaria del neoliberalismo. Porque la Tierra se mueve.