Empecé a trabajar nada más acabar mis estudios y cumplir con el obligatorio servicio a la patria. Desde entonces, no he dejado de cotizar. Crisis, reconversiones, reformas laborales, precariedad, cambios de empresa. Siempre cumpliendo. Siempre aportando.

Hoy, con casi 39 años cotizados, más de lo que exige la ley para cobrar el 100% de la pensión, descubro que, si no aguanto hasta la edad exacta que marca la normativa, seré penalizado de por vida.

No por fraude.

No por incumplir.

No por comodidad.

Por no poder más.

Y esto ocurre bajo un gobierno que se presenta como progresista.

Cumples todo… y aun así pierdes.

La legislación fija que, con unos 38 años y 6 meses de cotización, se alcanza el derecho al 100% de la base reguladora. Muchos trabajadores superamos esa cifra con creces.

Hemos sostenido el sistema durante cuatro décadas.

Hemos financiado pensiones ajenas.

Hemos cumplido nuestra parte del contrato social.

Pero si te jubilas un año o dos antes de cumplir los 65 aunque hayas cotizado más de 40 años, se nos aplican coeficientes reductores permanentes. Eso significa cobrar menos hasta el último día, aunque hayas cumplido todas las reglas. 

¿Dónde está el sentido común?

Incentivos para quien puede o quiere, castigos para quien no.

El sistema premia a quien prolonga su vida laboral más allá de los 65. Me parece razonable: quien quiera y pueda seguir, que lo haga.

El problema es el otro lado.

A quien llega agotado, se le castiga.

A quien no puede más, se le recorta.

A quien necesita parar, se le penaliza.

El mensaje es claro:

“O sigues produciendo, o pagas”.

Eso no es justicia social. Es una lógica empresarial aplicada a la vida.

La política ha puesto el tema sobre la mesa, aunque sin resolverlo.

En mayo de 2024 se registró una Proposición de Ley para eliminar las penalizaciones a quienes acrediten 40 años o más cotizados, promovida por Unidas Podemos junto a colectivos como ASJUBI40. La propuesta plantea modificar la Ley General de la Seguridad Social para impedir esos recortes.

En noviembre de 2025, el Congreso aprobó una moción instando al Gobierno a avanzar en esa dirección. Pero no es vinculante. El Ejecutivo mantiene los coeficientes, alegando la sostenibilidad del sistema. Resultado: el Parlamento reconoce la injusticia, pero la ley sigue castigando a los mismos.

El sistema presume falsamente de tratar a todos por igual.

Pero no es lo mismo 40 años en una oficina cómoda que en una obra, una fábrica o un hospital, en una cátedra que en una peluquería. No es lo mismo llegar con 65 estupendo que llegar roto.

Un sistema progresista debería reconocer otros factores como el desgaste. Este no lo hace. Mi generación levantó este país. Pagó impuestos. Pagó cotizaciones. Sostuvo servicios públicos. Y ahora recibe este mensaje: “Aguanta un poco más”. Siempre un esfuerzo más. Siempre un sacrificio más. Nunca basta. Eso no es solidaridad intergeneracional. Es cargar el ajuste sobre los mismos de siempre. No pedimos privilegios. No pedimos regalos. No pedimos más dinero. Pedimos lo que es justo.

¿Es radical exigir jubilarse sin castigo tras cumplir el tiempo exigido?

Lo insostenible es obligar a la gente a trabajar hasta enfermar.

Un error político grave, se está erosionando la confianza de un electorado clave: trabajadores veteranos, futuros pensionistas, clase obrera madura. Personas que votaron esperando protección social. Y reciben recortes. Luego se habla de abstención o voto de castigo. El desencanto nace de decisiones como esta.

Un gobierno que se dice progresista no puede penalizar a quienes más han contribuido. No puede hablar de justicia social mientras recorta pensiones a quienes han trabajado toda su vida. La jubilación debería ser un derecho ganado.

Hoy, para muchos, es un peaje.

Y eso no es progreso. Es fracaso.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

Sin embargo, existe un rincón oscuro donde este principio parece esfumarse: el de las pensiones. Y lo traigo a colación por la reciente —y traumática— modificación de la disposición transitoria 34 de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS), que perjudica a los futuros jubilados que espero sea una más de las aventuras de la actual ministra. No entraré hoy en los detalles técnicos de esa disposición concreta, porque mi reflexión pretende ir más allá, al corazón del problema filosófico y social que subyace.

Cuando un trabajador comienza su vida laboral, no solo firma un contrato con una empresa o la administración; suscribe un pacto social firme con la sociedad. Es un "contrato social" en toda regla. Los términos de ese acuerdo son claros y simples: trabajarás durante determinado tiempo, cederás una parte de tu salario durante décadas al sistema público. A cambio, la sociedad —a través del Estado— te promete que, tras unos años concretos de esfuerzo, podrás retirarte con dignidad, liberando tu puesto para las generaciones venideras.

Sobre la base de ese acuerdo explícito, recogido en las leyes vigentes en cada momento, las personas construyen su vida. Hacen sus previsiones, calculan sus ahorros, ingresos y gastos, valoran el desgaste físico y mental de una profesión, planifican un futuro. El minero, el oficinista, el funcionario el autónomo que empieza a determinados años, sabe —y si no lo sabe está escrito en la ley que acepta en el momento de empezar a trabajar—que tendrá que aguantar hasta los años que sean que en ese momento de firmar el contrato. 

Pero entonces ocurre lo inesperado. Una de las partes del contrato —no la sociedad en su conjunto, sino sus legítimos pero cambiantes representantes políticos— decide unilateralmente reescribir las cláusulas. Y uno, en su ingenuidad, se dice a sí mismo: "Tranquilo, las leyes que me perjudican no tienen efecto retroactivo, eso es sagrado. Solo me beneficiarán las que mejoren mis condiciones futuras". Error.

Porque lo que sucede es que te dicen: "Bien, sé que cuando empezaste a trabajar el contrato estipulaba la jubilación a los 65 años, pero la nueva cláusula dice que será a los 67. Y aunque hayas estado 35 años cumpliendo las reglas que firmaste, te aplicamos las nuevas". Y zas. Se te exigen más años cotizados. Se te retrasa la edad de jubilación. Se te reduce la cuantía. Se te aplican unos coeficientes reductores agresivos. Se ha aplicado una nueva ley a una situación que empezó hace 35 años, modificando las condiciones de un pacto que ya estaba en marcha perjudicando tus previsiones.

Y esto, ¿no es acaso una aplicación retroactiva de la ley que perjudica y restringe derechos individuales? Lo es, pero disfrazada. Se le llama "modulación", "transitoriedad larga" o "adaptación al envejecimiento de la población". Sin embargo, para el ciudadano de a pie el efecto es idéntico al de la retroactividad prohibida que restringe derechos: una ley nueva le exige más a cambio de lo que ya había pagado.

Me sorprende profundamente —y ahí reconozco mi desconocimiento jurídico— que no haya habido recursos masivos y exitosos contra esta aplicación encubierta del principio de retroactividad. ¿Dónde están las demandas por modificación unilateral de contrato? ¿Dónde está el clamor por la expropiación de derechos adquiridos?

Entiendo que el sistema necesita sostenerse. Entiendo que la demografía pone presión. Pero ¿la única forma es romper el “contrato social” firmado con los trabajadores que hicieron sus previsiones con unas determinadas cláusulas? La forma en que se hace es, cuando menos, perversa. Se utiliza la excusa de que "no hay derechos adquiridos a futuro" siendo uno mismo el mismo trabajador que aquel que firmó ese contrato, para dinamitar la confianza en el pacto intergeneracional.

Porque la cuestión de fondo es si el "contrato social" de la jubilación es una apuesta de futuro incierto o un derecho consolidado por el esfuerzo pasado. Si se permite que las reglas cambien constantemente a peor —en las mejoras, y ha habido muchas, no se aplica el principio de irretroactividad que solo actúa en aquellos aspectos perjudiciales— para quienes ya están dentro del juego, ¿qué seguridad jurídica nos queda? Se termina transmitiendo el mensaje de que el principio de irretroactividad es un adorno bonito para los manuales de derecho, pero que, en la práctica, todo contrato con el Estado puede ser reescrito cuando la caja está vacía.

Hay que entender que cuando se rompe esa confianza, el daño es casi irreversible. La sociedad no solo empobrece a sus mayores; deslegitima el propio sistema que los sustenta. Porque si el pacto de la jubilación no es firme, entonces todo el edificio de la contribución social empieza a tambalearse. Y ese, quizás, es el precio más alto que pagamos por esta excepción a la regla.

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Alfonso Puncel es socio de infoLibre.

La vida, entendida como reparto de tiempos, decisiones y expectativas, ya no se parece a lo que fue. Durante décadas dimos por sentado que la vida avanzaba siguiendo un mapa fijo: estudiar, formarse, trabajar, formar una familia, jubilarse. Una secuencia lineal, ordenada y relativamente predecible. Sin embargo, en los últimos años ese mapa ha empezado a desdibujarse. La longevidad crece, la natalidad cae, el trabajo se transforma, las familias se retrasan y la neurociencia revela que maduramos más tarde de lo que creíamos. Con ello, las etapas de la vida ya no duran lo mismo ni significan lo mismo.

Hoy vivimos más y también vivimos distinto. Durante toda nuestra vida el cerebro humano pasa por fases diferentes. Estos ciclos se dan gracias a los hitos conseguidos durante los años y que se acompañan de unas experiencias concretas. Cada hito y etapa se puede identificar por conocimientos específicos adquiridos a través de vivencias determinadas. Así, podemos ver que estos cambios no responden a patrones uniformes, se dan cuando la persona experimenta acontecimientos específicos que son significativos. Ejemplos de estos hitos pueden ser: terminar los estudios, independizarse, formar una familia, la compra de la casa o el coche, entre otros.

Hasta hace unas décadas se podía observar que el paso por estas etapas se daba de manera generalizada en rangos específicos de edad. Hoy en día, la situación socioeconómica y demográfica no es la misma y esto ha cambiado. Pero, ¿cómo influye esta realidad en nuestra biología?

Gracias a los avances médicos, nutricionales y tecnológicos, las personas no solo vivimos más, sino mejor. La esperanza de vida supera en muchos países los 85 años y la llamada “vida útil” se estira: seguimos física y cognitivamente activos mucho más tiempo que generaciones anteriores. Este fenómeno, que algunos expertos denominan paso de una sociedad envejecida a una sociedad de longevidad, implica que las fronteras entre juventud, madurez y vejez se vuelven más difusas.

La ciencia del cerebro refuerza este cambio. Investigaciones recientes muestran que la corteza prefrontal, responsable del juicio y de la planificación, termina de madurar entre los 25 y los 30 años, mucho después de lo que se pensaba. Por eso algunos estudios hablan ya de una “adolescencia extendida”, que no terminaría a los 18, sino más cerca de los 30. En otras palabras: no solo vivimos más años, sino más etapas dentro de esos años.

A este alargamiento vital se suma otra tendencia: la natalidad desciende en casi todos los países desarrollados. Las familias se forman más tarde, si es que se forman. La edad media del primer hijo no deja de aumentar. El resultado es una pirámide poblacional transformada: menos niños, más adultos mayores, y una población con más longevidad que juventud.

Este aplazamiento generalizado de decisiones (tener hijos, emanciparse, estabilizarse laboralmente), alarga la juventud, complica la entrada en la adultez y hace que las transiciones vitales ya no ocurran al mismo tiempo para todas las personas. La norma hoy es la diversidad de ritmos.

La prolongación de la vida activa también está redibujando el mercado laboral. La fórmula clásica (estudiar 20 años, trabajar 40 y jubilarse a los 65) se ha roto. Ya no encaja en un mundo en el que la longevidad aumenta, la tecnología desplaza empleos y la reinvención profesional se vuelve imprescindible.

Cada vez más personas cambian de ocupación a los 40 o 50 años, continúan formándose, emprenden, se reinventan. Para muchos, la llamada “segunda juventud profesional” es una realidad: un tramo vital de descubrimiento y oportunidad que antes no existía.

En paralelo, la jubilación deja de ser un punto final. Se convierte en una transición flexible: algunas personas trabajan más allá de los 67, otras emprenden proyectos, otras alternan descanso y actividad. Donde antes había un cierre definitivo, hoy hay múltiples caminos.

La unidad tradicional de etapas (infancia, juventud, adultez y vejez) ha dado paso a una constelación de microfases:

Las decisiones vitales ya no están ordenadas cronológicamente. Algunas personas estudian con 50, otras emprenden con 60, otras se reinventan con 35 y otras deciden no seguir un camino convencional. La flexibilidad amplía las oportunidades, pero también multiplica las dudas.

¿Cuándo empieza la edad adulta? ¿En qué momento se espera estabilizarse? ¿Qué significa “envejecer” cuando a los 70 se sigue activo? Si la vida cambia, también deben cambiar nuestras instituciones. La escuela, la universidad, las empresas, el sistema de pensiones, la sanidad, la vivienda… todos fueron diseñados para una vida más corta y lineal. Hoy deben enfrentarse a nuevas preguntas:

El futuro no será de quién viva más, sino de quienes sepan rediseñar la vida en función de estos cambios.

El alargamiento de la vida no es solo un dato demográfico: es un cambio en la civilización. Nos obliga a reconsiderar qué significa ser joven, adulto o mayor. A entender que la vida ya no es una línea recta, sino un viaje flexible, con etapas reversibles, decisiones aplazadas y oportunidades múltiples.

Vivir más debería ser sinónimo de vivir mejor: con más aprendizaje, más relaciones, más proyectos y más libertad para elegir. Y para que eso sea posible, nuestras instituciones, nuestra cultura y nuestras propias expectativas deben actualizarse.

Porque vivir más años no es el reto. El reto es reimaginar la vida que queremos vivir dentro de esos años.

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Fernando Díez Ruiz es profesor asociado en la Universidad de Deusto y Elene Igoa Iraola es profesora e investigadora de la Universidad de Deusto. Este artículo se publicó originalmente en The Conversation. Puedes leer el artículo original aquí.

El Tribunal Supremo (TS), a través de su Sala de Gobierno, ha hecho llegar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un acuerdo aprobado por unanimidad de sus miembros para que se retrase la edad de jubilación de sus magistrados de los 70 a los 75 años. La medida, que supondría una prórroga de la apabullante mayoría conservadora del órgano, implica una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que fuentes del Gobierno ven inviable. El Alto Tribunal justifica su iniciativa por la falta de experiencia del gran número de nuevos miembros recién nombrados tras años sin poder hacerlo debido al bloqueo del Consejo, pero fuentes judiciales aseguran que detrás de ello hay, sobre todo, un motivo económico: la enorme pérdida de ingresos que supone convertirse en pensionistas.

La propuesta fue aprobada el pasado octubre en la Sala de Gobierno por unanimidad de sus miembros, lo que significa que salió adelante también con el voto de la presidenta del Supremo y del Consejo, Isabel Perelló. El encargado de redactar el informe que la contiene fue el vicepresidente del Alto Tribunal, el conservador Dimitry Berberoff. "El desempeño de los nuevos magistrados de reciente ingreso no alcanza un rendimiento pleno, equiparable al de los magistrados veteranos, hasta trascurrido cierto tiempo", decía el documento. "La exigencia de calidad en las resoluciones judiciales (...) y la altísima especialización (...) impone una especial dedicación por parte de los magistrados recién incorporados", añadía.

Actualmente, la edad de jubilación de los miembros de la judicatura está establecida en los 70 años en el artículo 386 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esa misma norma permite que dos meses antes de que cumplan esa edad, puedan solicitar una prórroga al CGPJ hasta los 72 años que este está obligado a conceder. Los magistrados del Supremo mantienen esa categoría desde su nombramiento hasta que alcanzan esa edad. La Sala de Gobierno asegura que, en los próximos 10 años, 65 magistrados –es decir, el 72% de la plantilla del Supremo– se convertirán en pensionistas, lo que impediría garantizar, a su juicio, "una plantilla estable, de modo que la actividad del Tribunal Supremo mantenga la homogeneidad deseable", sostiene su informe.

La propuesta reclama que la ampliación de la edad de jubilación a los 75 se apruebe para todos los jueces y magistrados, pero en caso de no poder hacerse, se establezca únicamente para los miembros del Alto Tribunal. Como alternativa, plantean la reintroducción de la figura de los "magistrados eméritos", que puedan desarrollar sus funciones hasta esa edad. Esa figura fue abolida en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy. "En el caso del Tribunal Supremo, la situación coyuntural que atraviesa precisa el establecimiento de dicha medida de prolongación de la edad de jubilación de modo urgente", afirma la Sala de Gobierno en el documento que ha enviado al Consejo.

En el órgano de gobierno de los jueces, las posiciones están divididas. La presidenta Perelló –que también preside la Sala de Gobierno del TS– ha trasladado ya el acuerdo a los vocales. Mientras que en el sector conservador se ve con buenos ojos la propuesta, el progresista, en principio, se opone. Una de las razones para hacerlo es supondría alargar el mandato de los actuales magistrados, muy escorados a la derecha, después de un Consejo netamente conservador prorrogado durante más de cinco años por la negativa del PP a negociar su renovación hasta junio de 2024.

En el Gobierno, que es quien tendría que incluir la medida en alguno de los proyectos de ley orgánica en tramitación, tampoco se entiende la propuesta. Fuentes judiciales aseguran que la iniciativa de la Sala de Gobierno no es nueva y que lo que en realidad tiene detrás son motivos económicos. Al jubilarse, los magistrados del Supremo quedan con la pensión máxima, pero ello supone una pérdida de ingresos en su nómina mensual de varios miles de euros. Permitirles jubilarse más tarde, según fuentes del Ejecutivo, supondría un agravio comparativo frente a otros cuerpos, como, por ejemplo, los profesores de universidad.

La falta de apoyos del Ejecutivo en el Congreso debido a la ruptura de Junts con el PSOE también dificulta que una iniciativa como esta, que requiere el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara al tratarse de la reforma de una ley orgánica, pueda salir adelante.

Telefónica ha rebajado el 20% las salidas mínimas del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para Telefónica SA, la filial de Global Solutions y la de Innovación, en una oferta que es la definitiva por parte de la compañía y que "valoran" los sindicatos, que "actuarán con responsabilidad", según ha informado EFE.

En un comunicado conjunto, CCOO y UGT han asegurado que analizarán la propuesta "con el fin de adoptar una posición definitiva, valorando de forma realista el contexto y las consecuencias que se derivan de cada una de las posibles opciones".

Este planteamiento definitivo de Telefónica contempla una mejora para las prejubilaciones y que las bases reguladoras integren los salarios fijos y el total del variable para los meses en activo en los que sigan trabajando.

Con esta nueva propuesta, las salidas para las filiales negociadas este martes son: 112 para Telefónica Global Solutions, 186 para la filial de Innovación y 301 para Telefónica SA.

Asimismo, Telefónica elimina el criterio de 'performance' de los requisitos de adhesión al ERE, mientras que ha aumentado el porcentaje de base reguladora un 1% anual, de cara al segundo tramo de rentas.

Telefónica también permitirá las salidas de áreas críticas a personas prejubilables y un 10% adicional en el resto de áreas, con un 35% en global respecto a salidas en Telefónica Innovación Digital.

Al mismo tiempo, el grupo plantea una antigüedad mínima de trece años en el grupo, mientras que establece primas de voluntariedad en función de antigüedad de hasta 18.000 euros y mantener el seguro de salud privado.

En un comunicado conjunto, CCOO y UGT han reivindicado que siguen existiendo "alternativas" a este ERE "que deberían haberse explorado con mayor profundidad y que el ajuste de empleo no puede convertirse en una herramienta recurrente de gestión".

El pasado mes de noviembre, la compañía anunció a los trabajadores la implantación de expedientes de regulación de empleo en las tres filiales principales -Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones- y Movistar+.

Posteriormente, a principios de diciembre Telefónica propuso que estos ERE tuvieran las mismas condiciones que el que se efectuó el año pasado, sin descartar la posibilidad de despidos forzosos. Además de las filiales mencionadas en el primer anuncio, también se verían afectadas Telefónica S.A, Telefónica Global Solutions y Telefónica Innovación Digital.

Concretamente, se estimaba que afectaría a 6.088 trabajadores, un 35% de la plantilla total de las filiales implicadas. Sin embargo, los sindicatos que participan en el proceso negociador criticaron la oferta.

Telefónica ha planteado reducir otro 5% la afectación por el expediente de regulación de empleo (ERE) en tres de las siete compañías del grupo, Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y su matriz, Telefónica SA, ha informado UGT en un comunicado.

La dirección ya planteó el pasado día 4 reducir el número de despidos en un 5%, lo que, unido a este 5%, permitiría que la afectación fuera del 10%. Inicialmente, la medida afectaba a 6.088 trabajadores, un 35% de la plantilla total de las filiales implicadas.

Según el sindicato, Telefónica ha propuesto que el ERE rebaje 38 despidos respecto a la propuesta presentada por la dirección la semana pasada, que ya planteaba reducir en 38 personas la primera cifra del ERE para estas tres empresas.

Con esta nueva oferta, la multinacional plantea que los despidos en la matriz sean 359, mientras que en Telefónica Innovación Digital propone 221 salidas y 133 en Telefónica Global Solutions, lo que elevaría 713 despidos en estas tres filiales. En total, el cambio que proponen es reducir los despidos a 5.961 en el total del grupo.

UGT considera que la reducción es "totalmente insuficiente" y continúa "muy alejada" de un posible escenario de acuerdo, al tiempo que reclaman explorar alternativas como la movilidad funcional dentro del grupo. Así, han destacado que no existe "posibilidad de acuerdo real" en estas condiciones y urgen a acelerar la negociación porque los avances "siguen siendo claramente insuficientes".

Asimismo, Telefónica ha propuesto actualizar los tramos de renta para las prejubilaciones, con un 68% del salario para los trabajadores hasta los 63 años y un 38% a partir de entonces, aunque UGT pide mejorar "todavía más los márgenes", que son, a su juicio, poco atractivos. El sindicato también exige ampliar la edad mínima para poder inscribirse como salida voluntaria a aquellas personas nacidas en 1971, y años anteriores. 

Las pensiones contributivas subirán previsiblemente un 2,7% en 2026, una vez adelantado el dato de inflación de noviembre (3%), que permite avanzar el cálculo de la revalorización para el año que viene.

El 2,7% es la subida que se aplicará de forma general a las pensiones contributivas, mientras que las mínimas y no contributivas se tendrán que incrementar por encima de esa cifra, tal y como se recogió en la reforma de las pensiones.

Según datos del Ministerio de Inclusión, la revalorización supondrá que un pensionista que perciba una pensión de 1.511,5 euros al mes (la pensión media de jubilación) pasará a recibir 1.552,3 euros mensuales en 2026, lo que supone un incremento anual de 572 euros o de 40,8 euros mensuales.

Este incremento beneficia a los cerca de 9,4 millones de personas que reciben 10,4 millones de pensiones contributivas, además de las 734.000 pensiones correspondientes al régimen de Clases Pasivas del Estado, que también se revalorizarán con el mismo índice.

De acuerdo con la reforma de 2021, la revalorización anual de las pensiones se calcula con la media de las tasas interanuales de inflación de los doce meses anteriores hasta noviembre, que en esta ocasión da como resultado un 2,66 %.

La cifra se confirmará el 12 de diciembre, cuando se publique el dato definitivo del IPC.

La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha destacado que con esta revalorización conforme al IPC "los pensionistas tienen garantizado el mantenimiento de su poder adquisitivo el año próximo", dentro de los compromisos del Gobierno para que el sistema "sea cada vez más equitativo y sólido".

La penúltima estrategia de la cruzada mercantil contra las pensiones públicas está azuzando el conflicto generacional entre boomers y millennials. El ‘’hit’ más reciente ha sido el libelo titulado La vida cañón. La historia de España a través de los boomers, escrito en ameno estilo periodístico, lenguaje cheli y jerga millennials por Analía Plaza (AP), que selecciona a medio centenar de entrevistados (flagrante error muestral), retorciendo los números y los hechos para confirmar una idea preconcebida: los boomers tenemos la culpa de todo lo que les pasa hoy a los millennials. ¡Qué bárbara!

Soy boomer, claro, y pensionista (la mayoría de esta generación acotada arbitrariamente no se ha jubilado aún), he cotizado, sí, durante 40 años a la Seguridad social (en la base máxima durante 38 de ellos), no he tenido jamás un empleo estable y permanente en una sola empresa (contra lo que AP estereotipa), no tengo un piso en la playa, no me voy de safari a Kenia ni viajo de placer a Vietnam (y me encantaría conocer la Bahía de Ha-Long), tengo una casa pagada, sí (no me la trajeron los Reyes Magos, sino una hipoteca por 25 años al 14,75% de interés, y un préstamo personal al 15,80% para la entrada). Cuando terminé dos licenciaturas en la Universidad Complutense, estuve más de un año sin encontrar un trabajo y desde que firmé mi primer contrato (al que siguieron seis o siete más en otras tantas empresas) no tuve en ningún momento la percepción de empleo vitalicio, como los funcionarios y ‘telefónicos’ en los que AP engloba, en desnortada sinécdoque, a todos los boomers que en España somos. Conclusión: no debo de ser un Búmer Bumérez (el personaje masculino de La vida cañón) o no lo es la mayoría de los cinco millones de boomers que vivimos en este país. Y last but not least, tengo tres hijas millennials, lo que explica que conozca bien a esta generación y sus problemas (la vivienda, el primero) y que no me pueda permitir aquí el lujo de devolver la crítica en modo búmeran. 

Dejemos el anecdotario que distrae la atención de la premisa mayor: cómo nos pagamos los boomers la vidorra que tanto envidia Analía Plaza. Pues con la pensionazas que les han caído a este panda de suertudos. Digamos que este es el core business del libro citado, aunque la imputación entronice a los boomers además como los grandes beneficiarios de todas las fallas y despropósitos del sistema capitalista y de los regímenes políticos que han venido administrándolo en la historia de España de los últimos 70 años.  

La interpretación que hace AP del “sistema de reparto” que consagra nuestra ordenamiento jurídico vigente de la Seguridad social se simplifica con que “la generación de pobres está transfiriendo (parte de su renta) a los ricos a través de sus esquilmadas cotizaciones sociales”. Silogismo falso en todas sus premisas. Como se sabe, ha sido la equidad intergeneracional la que ha inspirado este sistema, frente al de “capitalización”, que habría perjudicado a la inmensa mayoría de ciudadanos en este país, antes y ahora. La gestión de las pensiones públicas ha sido, es y será siempre problemática, aquí y en los demás países avanzados que las disfrutan (yo mismo dudaba hace cuarenta años si tendría una pensión digna cuando llegara mi jubilación). Y siempre se dirá que la financiación del sistema es estructuralmente inviable.  

Hay que advertir contra los falsos amigos (los datos trucados) y las cruzadas que desde siempre son y serán enemigas de las pensiones públicas: l@s abanderad@s de los fondos de pensiones privadas y la propia banca que los acoge. Entre los datos falsos, los del coro de escandalizados con el importe abusivo de las pensiones revalorizadas. Lo cierto es que el importe medio de las pensiones de jubilación en España en septiembre de 2025 es de 1.508€, que baja a 1.313€ si contabilizamos todas las pensiones: incapacidad permanente, viudedad, orfandad,… España ocupa el puesto 14º entre los países europeos por el importe medio de sus pensiones de jubilación (están por delante Islandia, con 2.762 €, y siguen Noruega, Dinamarca, Suiza, Austria, Países Bajos, Bélgica, Suecia, Finlandia, Italia, Francia, etc.). Más detalles: la pensión media en Andalucía es de 1179€, en Madrid, 1.522€; en Cataluña, 1.366€, en el País Vasco, 1.618€,…. Es la renta el factor crítico.

Si nos referimos al gasto en protección social, en términos de PIB, en la UE-27, España (25,8%) está también por debajo de Francia (34%), Alemania (30%), Italia (29,8%), Países Bajos (27,1%),… 

El problema no son tanto las pensiones ni los pensionistas como los salarios, es la precariedad laboral, es la desigualdad. Se angustian los millennials porque no hay/habrá gente para costear las pensiones hasta que no desaparezcamos los millones de boomers, pero la Seguridad social cuenta ahora con 21,69 millones de afiliados, récord absoluto, tres millones más que en 2017. Y los angustiados dirán “pero con salarios más bajos”. En efecto, los déficits son la renta, la desigualdad, la brecha de género,…como apuntaba muy bien en su informe Selina Bárcena en infoLibre.

Otro falso amigo de las pensiones es el falso ‘coste de oportunidad’ de su encarecimiento sostenido (en los últimos años): aquello de que lo que se destina a subir las pensiones podría ir a otro capítulo de gasto público (por ejemplo, la política de vivienda). (Paréntesis: a mí me decían lo mismo cuando dirigía una empresa pública de radio y televisión). Es falso que pueda haber un coste de oportunidad: primero, porque esos capítulos de gasto proveen derechos esenciales para los ciudadanos y, además, alimentan la demanda agregada de la economía, vía consumo y, por tanto, contribuyen al crecimiento; y, segundo, porque no hay evidencia alguna de que minorar un gasto de esa naturaleza vaya a aumentar en la misma medida otro de distinta finalidad no atendido antes en el Presupuesto público. Y una pregunta más, en la misma línea: ¿por qué duele tanto la subida de las pensiones y no se da hiperestesia alguna con los más de 70.000 millones de euros, agujero del rescate bancario que no nos iba a costar nada, según Rajoy, ni los 34.000 millones que ha costado el ‘banco malo’ (SAREB), que se quedó con los activos tóxicos de los bancos tras las crisis inmobiliaria?   

En cuanto, finalmente, a los ‘cruzados’ enemigos de las pensiones públicas, ahí están los fondos de pensiones privados, hijos del capital financiero global, y la banca que suele hacer de depositaria y que está encantada con los planes de pensiones: tienen muy baja rentabilidad para el titular y son costosos (suelen cobrar un 1,70% del total, décima arriba o abajo, por las comisiones de gestión y depósito). Yo tenía hace treinta años tan ‘poquita fe’ en mi buena pensión futura, como boomer privilegiado, que he venido suscribiendo PPs y ahí estoy aguantando el chaparrón.  

En fin, menos camelos, que el futuro siempre fue y será incierto pero estoy seguro de que mis hijas no serán más pobres ni vivirán peor que yo cuando sean mayores (state of mind de boomer). Es tramposo comparar la riqueza de un boomer actual, que tiene 60 años o más, con un millennial, de 35, como si lo haces con el mismo boomer de hace 30 años. Entonces, hago votos por la generosidad del Espíritu Santo con Analía Plaza en la procura a la mayor brevedad de casa pagada, empleo vitalicio, pensión máxima y creciente patrimonio…. Para que empate ya y pueda entregarse a la vida cañón.

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Rafael Camacho Ordóñez es periodista y consultor.

Los catedráticos de Universidad nos jubilamos de forma obligatoria a los 70 años. Algunos amigos se quejan del edadismo que afecta a la sociedad actual y se consideran víctimas de una ofensa personal. Sin duda ninguna podrían seguir con sus clases y sus reuniones de departamento, porque los 70 años no son una bomba de destrucción masiva. De hecho, después de jubilado, uno puede seguir leyendo, investigando, escribiendo y publicando, junto a otros gerundios terminados en ‘ando’ que, desde luego, son una forma de hacer camino. Aunque evito la discusión, no dejo de recordar al muchacho de 22 años que en 1981, recién terminada su carrera, se convirtió en profesor de literatura en la Universidad de Granada. Tenía por delante no sólo una plaza y un sueldo a fin de mes, sino toda una vida.

No está mal recordar, en este tiempo de discusiones y quiebras generacionales, que si los profesores nos perpetuamos en nuestros puestos más allá de los 70 años, orgullosos de nuestra vitalidad inagotable, habrá muchos jóvenes que no puedan entrar a tiempo en un departamento para protagonizar y cumplir el destino de su vocación. Convivir es dejar espacios libres para los demás. El diálogo generacional debe empezar por la comprensión de los mayores ante las necesidades y los derechos de los jóvenes.

Pero convivir supone también comprometerse con la comunidad. Como pensar es dar vueltas a las cosas, y la literatura enseña a darle muchas vueltas a la vida, debo confesar que en el diálogo generacional, mientras me convenzo de que debemos darle espacio a los jóvenes, me preocupan algunas ideas de individualismo egoísta que se han extendido entre la juventud frente a las ilusiones colectivas. Con mis compañeros de la Universidad, como estudiante y profesor, hacerme historiador de la literatura, igual que hacerme poeta, resultaba inseparable de un sentido de pertenencia, la elección de una manera de comprometerme con el Nosotros, con las apuestas compartidas de toda una sociedad. Repetí muchas veces una frase de Sartre con la que explicaba mi vocación y mi militancia: ser libre no supone hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace.

El individualismo radical que están extendiendo la ideología neoliberal y las urgencias de la sociedad de consumo determina una quiebra en las ilusiones colectivas, algo que también marca el diálogo generacional. El bienestar social cortoplacista se ha desentendido de pensar desde el presente en los caminos futuros de los jóvenes, y los jóvenes piensan ahora que triunfar es una tarea individualista, algo que no tiene que ver con el compromiso colectivo. La vida se entiende como una carrera de competición donde el fracaso y el éxito son asuntos propios. Resultan no sólo prescindibles, sino despreciables, las ilusiones políticas, las herencias culturales del pasado, la compañía que dan los valores compartidos en los momentos de soledad y la dignidad de la conciencia individual que se afirma a sí misma al formar parte de lo comunitario. 

Cuando nuestro trabajo deja de ser una responsabilidad social, ya sea al hablar de Cervantes, al pasar consulta en un hospital o al cubrir una información periodística, se rompe el compromiso con uno mismo para vivir el individualismo de una manera decente en nombre de la propia libertad. 

El recuerdo del joven que encontró trabajo de profesor en 1981 hace que no me sienta víctima del edadismo al acercarme a mi jubilación. Feliz de dejar paso y apurar el sentido de la vida. Por la misma razón, espero que el joven que me sustituya en la Universidad no se queje de pagar impuestos, esos impuestos que servirán para mantener la sanidad pública que me cuide y la pensión que me paguen cada mes, con revisiones anuales, igual que su salario.

Boomers contra millennials. Caseros contra inquilinos. Jóvenes contra jubilados. Y así, una retahíla de análisis y de simplificaciones llenan últimamente el debate público. La bronca tiene como trasfondo, no tanto un supuesto conflicto entre generaciones, sino la precariedad salarial y la dificultad de los jóvenes para acceder a una vivienda o para acumular un patrimonio propio. Y en el centro de la tormenta está el mercado inmobiliario, que ha detonado la polémica y que determina la principal brecha cuando se analiza la riqueza por cortes de edad. En 2004, el 71% de quienes tenían entre 30 y 44 años eran propietarios, hoy esa cifra es del 55%. Entre los 16 y 29 años, el número de propietarios ha bajado del 48% al 29%, de acuerdo con la Encuesta Financiera de las Familias publicada por el Banco de España. 

La brecha de riqueza se alimenta de la revalorización de los activos inmobiliarios, es decir, quienes poseen una vivienda ven su patrimonio crecer y para quienes tratan de comprar una, los precios del mercado cada vez son más difíciles de perseguir con un salario. Por eso, la brecha se acentúa. La riqueza media de las personas entre 65 y 74 años en 2002 era de 148.000 euros, mientras que la de los jóvenes entre 35 y 44 años era de 132.000 euros. Veinte años más tarde, en 2022, la riqueza de los mayores aumentó hasta 226.000 euros y la de los jóvenes cayó hasta los 75.700 euros. 

Entre los factores que agudizan el problema está la precariedad laboral que se manifiesta, por ejemplo, en factores como la parcialidad. Entre los asalariados de 16 a 29 años, la tasa se sitúa en el 26,9%, 12,7 puntos porcentuales superior a la del total de asalariados, según señalan los datos del Ministerio de Trabajo. Además, señala el documento, las dinámicas de paro “se amplifican” en los cortes de edad más bajos y en el primer trimestre de 2025 la tasa de paro de la población de 16 a 24 años se situó en el 26,5%, seis puntos superior a la del grupo de 16 a 29 años, y 15 puntos más alta que la de la población de 16 a 64 años.

Pero el debate económico tiene un correlato sociológico que muchos tratan de llevar más allá de la constatación de una brecha patrimonial, señalando un choque intergeneracional del que hay pocas evidencias, o deslizando en el debate que la mejora de las pensiones va en detrimento del las políticas para paliar los problemas que enfrenta la juventud. 

Así, el foco se desplaza hacia los pensionistas, quienes, al haber concluido una carrera profesional, acumulan, en general, más patrimonio. Pero, ¿cómo son realmente las pensiones en España? ¿Cuánto mejor vive un jubilado que un trabajador? La respuesta siempre es “depende”, pero los datos ayudan a orientarse en el debate. Y aunque la generación del baby boom suele acaparar la polémica, lo cierto es que muchos de ellos aún no han llegado a la edad de jubilación, ya que esta denominación en España suele hacer referencia a los nacidos entre 1958 (67 años) y 1975 (50 años). 

A uno de septiembre de este año, el importe medio de las pensiones por jubilación en España ascendió a 1.508,70 euros al mes. Quienes menos cobran dentro de este grupo son los cotizantes que aún quedan del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), que se usaba durante la dictadura, con un importe medio mensual de 504 euros; les siguen los trabajadores autónomos, con una media de 910 euros al mes. Después, los trabajadores del mar con importes en torno a los 1.300 euros. En la parte alta de las prestaciones están los trabajadores del carbón, con una media mensual de 2.300 euros, y los trabajadores del régimen general, con 1.429 euros. En total, componen un conjunto de 6,6 millones de pensiones que percibe un grupo de 6.498.583 millones de pensionistas con una media de edad de 75 años. En este grupo no están contempladas las pensiones por incapacidad, viudedad, orfandad o enfermedad profesional. 

Pero este conjunto no es uniforme y aquí se dan desigualdades internas. Por ejemplo, por edad, quienes llegan ahora a la jubilación cobran más. Si tomamos los datos de pensiones de jubilación –excluyendo incapacidad, accidentes, orfandad, etc.–, quienes menos cobran son los mayores de 85 años, con unos 1.100 euros al mes. Unos ingresos que, sin un patrimonio que los respalde, son poco ostentosos. En el rango de edad de los mejor parados, es decir, entre los 60 y los 65, el importe medio de la pensión supera los 2.000 euros mensuales y se mueve en los 1.600 entre los 65 y los 74.

Otra brecha significativa se da por género y ellas cobran, en general, pensiones un 31% más bajas que ellos, según datos del Instituto de las Mujeres.

El factor de desigualdad es una brecha que no está cerca de cerrarse. En los últimos datos anuales disponibles, relativos a 2024, la Seguridad Social constata que ellas cobraron de media 1.139 euros mensuales frente a los 1.654 que cobraron ellos. Además, en la riqueza acumulada por género, la vivienda vuelve a tener mucho que decir. En la franja de edad en la que la propiedad inmobiliaria está más extendida –a partir de los 65 años, cuando el 88% de los hogares poseen vivienda en propiedad, según el INE– la casa se convierte en un factor determinante de desigualdad de género. Ellas acumulan menos patrimonio que ellos, y buena parte de esa brecha se explica porque ellas poseen menos casas en propiedad a su nombre. En concreto, en algunos casos, hasta el 62% de este salto en la renta se debe a los activos inmobiliarios, según un informe realizado por Closing Gap. De nuevo, es la vivienda la que se convierte en un factor determinante para la riqueza y esta vez, sin que se de un corte etario.

La viabilidad del sistema de pensiones y la salud de las cuentas de la Seguridad Social son cuestiones que componen una de las principales preocupaciones de los analistas económicos y de los españoles. En marzo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) señalaba en un informe que la reforma de pensiones se ajusta a la denominada regla de gasto, por lo que no se requerían medidas adicionales para proteger el sistema, aunque alertaba de que la sostenibilidad de las pensiones no había mejorado, con un gasto que aumentará en 3,4 puntos del PIB hasta 2050.

El análisis no es halagüeño, pero el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, señalaba el pasado lunes en una entrevista para RNE su preocupación por el hecho de que las visiones más pesimistas terminen por poner en cuestión la importancia del sistema público. “Ahora a los jóvenes se les dice que mejor el dinero en vuestro bolsillo. Todo esto es pura propaganda para conseguir que en España se privatice el sistema de pensiones”, señalaba Álvarez, que también insistía en que las pensiones de los jóvenes “estaban aseguradas”.

El comportamiento del mercado laboral y unas reformas destinadas a aumentar los ingresos, son, para el sindicato, un balón de oxígeno y una ventana de optimismo a tener en cuenta en las valoraciones de la coyuntura.

Para el Banco de España, las tendencias demográficas representan uno de los principales factores que ejercen presión sobre la hucha de las pensiones. Entre los desafíos más importantes para la sostenibilidad del sistema se encuentran la llegada a la edad de jubilación de la generación del baby boom —un grupo compuesto por 7,7 millones de personas actualmente entre los 50 y los 66 años—, el incremento en la esperanza de vida y la reducción de las tasas de natalidad. Es decir, las oleadas generacionales que se incorporan al trabajo son menos numerosas que las que llegan a la jubilación, por lo que cada vez habrá menos trabajadores por pensionista y se elevará el gasto. AIReF señala que en España se gastan 206.000 millones de euros cada año en pensiones, un 12,9% del PIB, pero esa factura seguirá creciendo hasta llegar a un gasto del 16,1% en 2050.

Cristina Estévez, secretaria ejecutiva de la agrupación y vicepresidenta del Consejo Económico y Social, explica que si bien la demografía plantea un reto: “ningún sistema público de pensiones en el mundo se sostiene solo con cotizaciones sociales y es impensable que este solo se sostenga con las aportaciones de trabajador y empresa”. Para Estévez, el hecho de que las transferencias del Estado tengan que aumentar es coyuntural y no supone un desafío insalvable para el sistema.

Las pensiones se financian por tres vías. La primera son las cotizaciones de los trabajadores; la segunda, a través de los presupuestos del Estado y, finalmente, por medio de transferencias del Estado (denominadas gastos impropios), que son partidas para costear, principalmente, las pensiones no contributivas. Además de estos recursos, se destinan las denominadas transferencias implícitas, que se mueven desde otras partidas presupuestarias en caso de ser necesario. Según la AIReF, estas transferencias “cada vez serán mayores” debido a la presión demográfica, y ese es un elemento de preocupación para los analistas. 

Estévez argumenta que, en el cálculo de la sostenibilidad, algunos informes dejan fuera las aportaciones del Estado. "En el informe de la Comisión Europea para evaluar el sistema de pensiones no se contemplaban las partidas que los presupuestos generales del Estado tienen que traspasar a la Seguridad Social para los gastos impropios. Es decir, no los tomaban en consideración y por eso nosotros discrepamos. No se está contando con una parte del balance", y concluye: "Aun sin tener eso en cuenta, las conclusiones del informe de AIReF señalan que no se requiere ajuste".

"Cuando se hacen análisis tan a largo plazo como se ve en estos informes, no se pueden prever todos los parámetros que pueden intervenir en la evolución del gasto", explica la responsable de UGT. De hecho, apunta al efecto positivo que estaría teniendo la evolución de parámetros como el mercado laboral o las reformas llevadas a cabo para aumentar los ingresos. Un ejemplo de esto último sería el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización adicional que se aplica desde 2023 a trabajadores y empresas para reforzar los ingresos del sistema hasta 2032. "No estábamos en la media europea en cuando a ingresos y eso es lo que se ha intentado corregir con estas reformas", apunta.

Para UGT la evolución del mercado laboral, que superó los 22 millones de ocupados en el segundo trimestre del año, "es buena" y no había sido prevista por los informes anteriores, por lo que las proyecciones, apunta, pueden cambiar. "Y tampoco se están teniendo en cuenta los flujos migratorios", matiza Estévez, que podrían compensar el descenso en la natalidad y el estrechamiento de la pirámide de personas en edad de trabajar.

Lejos de hablar de recortes, desde UGT señalan que las dificultades del sistema de pensiones no deben leerse desde un puto de vista catastrofista. "Abogamos por aumentar la partida de gasto en pensiones cuando se requiera y, de hacerlo, España lo va a requerir solo en un momento muy puntual. Esto es, cuando llegue el pico de la generación del baby boom", concluye la responsable sindical.

Hace unos días, con el mes de agosto paseando sus calores por las calles de mi pueblo, mi osadía me llevó a ir hasta la Plaza Mayor a sentarme en una hermosa terraza a la sombra, donde todos los viejos se juntan a comprobar quién se ha muerto y quién no lo ha hecho aún.

Tras disfrutar de oír los cotilleos de las mesas vecinas por los que me enteré de que Franco había muerto y otras novedades locales, pagué mi café, me levanté para volver a casa y me di cuenta de que no sabía hacia dónde tenía que ir.

Por fin, ya estaba allí de cuerpo presente aquel fantasma diagnosticado hace unos pocos años que me auguraba ser un transeúnte de callejones oscuros sin memoria ni recuerdo, sin conciencia ni razón. 

Es por eso por lo que uno de los pocos alicientes de los que logro disfrutar en esta pelea diaria contra la carcoma de mi memoria y del páramo que empiezan a ser mis sesos, es “bajarme” al parque de infoLibre.

Un “parque “, donde amigos sin derecho a roce de todos los colores en la escala del rojo al morado y de edades de distintas generaciones, predominando los de edades geriátricas, nos juntamos cada uno en su banco —en su rincón al sol, pero sin cantarle nada, que para algo la mayoría somos rojos fusilables—  y soltamos nuestras inservibles opiniones, enfrascándonos en debates, disquisiciones, lecturas de cartilla y “peleíllas” de hermanos mal avenidos o cuñados creyentes y practicantes. 

Para mí, “ir" cada día a esa reunión en el parque de los foros opinadores de infoLibre donde trato de juntar letras y pensamientos, más que un ejercicio de opinar para tener razón o mejorar algo, es una medicina, un tratamiento para barrer las telarañas oscuras que día a día van obligándome a usar más notas y apuntes en recordatorio de cosas sabidas desde hace años.

Allí, en el parque soleado y con olor a jazmín de este periódico digital, enemigos íntimos de esos que hemos vivido toda la vida pensando los mismos ideales y luchando por lo mismo unos que otros, me encuentran, se sientan a mi lado y me recriminan por mi ortografía kafkiana y anarquista, por mis sobredosis de comas o ausencia de ellas. Otros más cultos y pudorosos me reconvienen por mi abusivo uso de los calificativos barriobajeros propios de patio carcelario y también encuentro a los que me consideran enemigo de ideales porque su pan no se llama pan y su vino no se puede llamar vino.

Los aprecio a todos, los disfruto a todos, los necesito a todos.

Pero lo que más me gusta es ver pasar a los redactores de infoLibre y “decirles cosas” como si fuera el Gran Maestre de los jubilados ociosos desde su barandilla, explicando a unos peones de opinador con carrera de periodismo cómo se colocan con eficacia los encofrados de la argumentación en las noticias.

También a ellos hoy tengo que reconocerles que me resultan medicinales, que me alivian los rencores y los traumas, que meterme con ellos es como liquidar facturas pendientes de frustraciones acumuladas.

Este “parque” para muchos de nosotros no solo es lugar de encuentro de solos con vidas solitarias, sino también un espacio para recordar, una memoria común y compartida con un arcoíris de matices y opiniones diversas sobre el mismo color.

Muchos de nosotros nunca nos conoceremos, ni sabremos quiénes somos en realidad, pero sabemos que compartimos barco, que nos extrañaremos cuando no nos leamos o no nos encontremos aquí. Sabemos que en este parque con muchos asientos y bancos de colores hay siempre olor a honestidad y verdad, y eso ya nos vale para remar juntos, unos hacia Ítaca, otros hacia otros destinos soñados. Todos a la defensa de la justicia.

Esto no es una confesión, ni una despedida (espero); es un desahogo, un reseteo de mis neuronas revolucionarias que, de cuando en cuando, recuerdan su condición de hippies con el lema de hacer el amor y no la guerra y que hoy han decidido, por si algún día ya se me olvida, reconocer y agradecer lo bueno que es para mí el tiempo que vivo cada día en infoLibre y lo mucho que aprecio a todos mis amigos y enemigos habituales.

Colorín colorado, este cuento se ha terminado.

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José Manuel López-Neira Pérez es socio de infoLibre

La Seguridad Social ha abonado en agosto 10,4 millones de pensiones con un gasto que asciende a 13.621 millones de euros, un 6,21% más que en el mismo mes del año pasado. Según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y recoge EFE, casi las tres cuartas partes de este gasto corresponden a pensiones de jubilación con 9.954 millones.

A pensiones de viudedad se han destinado 2.197 millones, mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 1.252 millones; la de orfandad, a 178,8 millones y la de las prestaciones en favor de familiares, a 36,5 millones.

La pensión media del sistema se ha situado en 1.312,9 euros mensuales, lo que representa un aumento del 4,5% respecto al mismo mes del año anterior con diferencias entre los distintos tipos.

En concreto, la pensión media de jubilación, que perciben cerca de 6,5 millones de personas (más de dos tercios del total), es ya de 1.507,5 euros mensuales.

Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación procedente del régimen general es de 1.666,6 euros mensuales, mientras que para los autónomos es de 1.010,3 euros al mes. Por su parte, la pensión media de viudedad aún no llega a los 1.000 euros, con 935,8 euros mensuales.

En las nuevas altas de jubilación, la cuantía media del sistema es de 1.613 euros, según los últimos datos disponibles (julio). En concreto, en el régimen general, la pensión media de las nuevas altas de jubilación asciende a 1.722 euros al mes.

Junto a los datos del gasto en pensiones, Inclusión destaca en la nota que hasta julio se han registrado 215.971 nuevas altas de jubilación. De ellas, las jubilaciones demoradas representan el 11,4% frente al 4,8% de 2019.

En conjunto, el 72,4% de las altas se producen a la edad ordinaria de jubilación o posteriormente, 12,6 puntos porcentuales más que en 2019.

Las jubilaciones anticipadas, por su parte, caen un 12,4% en seis años y suponen el 27,6 % del total de nuevas jubilaciones.

Como resultado, añaden, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,3 años, frente a los 64,4 años de 2019.

En el caso de las mujeres, la edad media de jubilación es de 65,8 años.

Ahora mismo, a un chico/chica de 25 años el panorama que le hemos dibujado es el siguiente: tu vida va a ser precaria, en muchos sentidos. Vas a trabajar mucho, difícilmente en lo tuyo; a duras penas vas a llegar con un único sueldo para poder ser independiente. Tendrás que compartir casa con gente de tu edad o mayor durante mucho tiempo, independizarte será una quimera con la que soñarás cada noche. Comprarte una vivienda será misión imposible si vives y trabajas en algunas de las zonas que hemos definido como “tensionadas”, un eufemismo para decir que están por las nubes; que hemos especulado de nuevo con la vivienda y la hemos convertido en algo inalcanzable para sueldos medios. Y, para colmo de males, ahora nos descolgamos con un estudio en el que te decimos que, en el caso más que remoto de que llegues a percibir una pensión de jubilación, si quieres cobrar lo que te pertenece tendrás que trabajar hasta los 71 años. ¡¿En serio?!

Yo soy ellos y digo que, por favor, me bajo de esto. Decirles que, como van a incorporarse tarde al mercado laboral, vivirán únicamente para trabajar, y, encima, vivir mal es una condena. Jubilarte con 71 años es un horizonte deprimente. Por mucho que nos empeñemos en repetir ese maldito mantra de que “los 50 de ahora son los 40 de antes” y así sucesivamente conforme vamos subiendo de décadas. No, los 70 de ellos no serán los 60 de ahora. El cuerpo, las ganas, la cabeza, las fuerzas, el cansancio, no son los mismos. Y aunque fuera así, ¿qué tipo de vida y de futuro es plantear que nunca podrás dejar de trabajar y que podrás jubilarte cuando seas un anciano/a? ¿Cuándo vas a empezar a vivir?

Luego nos echamos las manos a la cabeza cuando vemos que compran discursos populistas y erróneos de partidos o influencers que les dicen que pagar impuestos es una estafa, que hay que cambiar el sistema, que hay que dinamitarlo todo para volverlo a levantar, a imagen y semejanza de ideales que te ponen los pelos de punta. Es el mejor caldo de cultivo para todos los populismos que estamos hartos de combatir.

En serio. Por muy sensato o sensata que sea la criatura, por muy cabal y ordenada mentalmente, no le estamos dando ni una pizca de esperanza en ese futuro en el que ha empezado a echar a andar. Ya comienzan a saber lo que supone ganar un sueldo y lo que ese sueldo da de sí, cómo deben gestionarse los gastos: saber que, si sales hoy, mañana tendrás que ahorrar de otro lado; que el sueldo no se puede estirar como un chicle y que la vivienda, el vivir, el día a día, se come gran parte de tu salario, ese que ganas con muchas horas de trabajo, de esfuerzo… Que te levantas todos los días a las 6.30 de la mañana, te metes una hora de transporte público para ir a trabajar, estás 8 horas y, vuelta a casa, en otra hora perdida de transporte público… Y así, te dicen ahora, estarás hasta los 71, ¡venga hombre!

Y luego, claro, leen que los que tienen que decidir y planificar sobre su futuro, los políticos, se han dedicado más bien a meter la mano en la caja y a robar, a enriquecerse.

El momento es tan crítico que deberíamos ser escrupulosamente justos en cómo gestionamos ahora mismo lo público, los recursos, para no dejarles una herencia y un futuro desolador a nuestros hijos, a los que vienen por detrás.

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ha abierto este martes el plazo para solicitar plaza en su programa correspondiente a la temporada 2025/2026, que se prolongará hasta el próximo 23 de julio. La nueva edición oferta 879.213 plazas para mayores de 55 años, con nuevas condiciones y adjudicatarios para los tres lotes de viajes, según informa EFE.

El programa arrancará en octubre y contará, por primera vez, con la posibilidad de viajar con mascotas, gracias a la reserva de hasta un 2% de plazas en hoteles habilitados tanto en la costa peninsular como en las islas.

Además, se introduce un coste adicional de 100 euros para los viajes realizados en temporada alta (octubre, mayo y junio en la península y las Islas Baleares, y diciembre, enero y febrero en las Islas Canarias) o para quienes reserven un segundo viaje en la misma campaña.

Como medida destacada, el Imserso mantendrá una tarifa plana de 50 euros para las personas con recursos económicos iguales o inferiores al importe de las pensiones no contributivas de jubilación o incapacidad, a quienes se destinan 7.447 plazas subvencionadas.

Las personas acreditadas por el Imserso en temporadas anteriores no tendrán que presentar una nueva solicitud, ya que recibirán un documento con sus datos personales y preferencias de destino, que deberán devolverlo antes del 23 de julio si desean modificar alguna información.

La gestión de los viajes se ha adjudicado a tres operadores. Ávoris, la división de viajes del Grupo Barceló, resultó ganadora de los lotes 1 y 3, correspondientes al turismo de costa peninsular y escapadas nacionales y europeas, respectivamente. Por su parte, el consorcio W2M-Mundiplan, que incluye a IAG7, gestionará el lote 2, correspondiente a los destinos insulares (Canarias y Baleares).

Las tarifas de los viajes oscilan entre los 132,91 euros por cuatro días en capitales de provincia y los 564,72 euros por estancias de diez días en Canarias con transporte incluido. La reserva de plaza exige un anticipo de hasta el 20 % del importe total, mientras que el resto deberá abonarse 45 días antes del inicio del viaje.

La licitación podrá prorrogarse hasta dos temporadas más y tiene un valor estimado de 970,5 millones de euros.

Las cuentas de la Seguridad Social presentaron un saldo positivo a 31 de mayo de 2.835 millones de euros frente al saldo negativo de 635 millones del mismo periodo de un año antes, según las cifras facilitadas este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, según ha informado EFE.

Estos 2.835 millones son el resultado de la diferencia entre unos derechos reconocidos por operaciones no financieras de 89.141 millones de euros, que muestran un incremento del 10,8% y obligaciones reconocidas de 86.307 millones, que crecen en un 6,5% interanual.

Al detalle por ingresos, las transferencias recibidas por la Seguridad Social suman 15.452 millones de euros, con un aumento interanual del 30,8%, mientras que las cotizaciones sociales aportaron 72.687 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,1%.

Dentro de los gastos, la mayor partida fue la destinada a las pensiones (incapacidad permanente, jubilación, viudedad, orfandad, en favor de familiares y el complemento para la reducción de la brecha de género), que se incrementó un 5,8% hasta los 64.827 millones.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que establece los criterios y el procedimiento para determinar los supuestos en los que se pueden aplicar coeficientes reductores para adelantar la edad de jubilación en actividades especialmente penosas o peligrosas, recoge EFE.

Según ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo la ministra de Inclusión, Elma Saiz, "hay trabajos de especial dureza, otros que se hacen duros en los últimos años de vida laboral, con mayor siniestralidad o con más accidentes de trabajo o enfermedades profesionales asociadas".

En este Decreto, fruto del acuerdo con los agentes sociales, "aprobamos el procedimiento para establecer cuáles son esas ocupaciones (...) que pueden beneficiarse del anticipo de la edad de jubilación".

Por su parte, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha señalado que esta medida que "nos acerca a las aprobadas ya en otros países vecinos como Francia, Austria o Italia".

La norma establece los criterios, basados en indicadores objetivos, para que trabajadores en ocupaciones excepcionalmente penosas, peligrosas o insalubres y que acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad puedan anticipar la edad de jubilación ordinaria, siempre que no sea posible una mejora de sus condiciones de trabajo.

En concreto, dentro de los criterios para determinar la penosidad se encuentra la exposición a temperaturas, ruido o vibraciones extremas; el uso permanente de la fuerza física; o la exposición a agentes físicos, químicos o biológicos.

En cuanto a la toxicidad, afectará a trabajos con exposición a agentes físicos, químicos o biológicos agresivos o nocivos; mientras que la peligrosidad contempla actividades susceptibles de causar un accidente laboral o enfermedad profesional al trabajador con un mayor grado de incidencia o frecuencia que otros trabajos. 

Por último, la insalubridad se refiere a actividades con exposición a un ambiente susceptible de ser perjudicial para la salud del trabajador.

Para acreditar la concurrencia de circunstancias objetivas que justifiquen la aplicación de estos coeficientes se ha establecido una fórmula basada en indicadores objetivos.

Con todo ello, la Seguridad Social elaborará un informe en el que se tendrá en cuenta también las contingencias comunes, las profesionales, la edad, el sexo, la rotación en el trabajo, la parcialidad, el tamaño de la empresa o la distribución geográfica. 

Las organizaciones empresariales, sindicales, de autónomos y administraciones públicas serán las encargadas de solicitar estas condiciones especiales para un colectivo en concreto, a lo se sumarán informes de la Seguridad Social o la Inspección de Trabajo, y una comisión de evaluación decidirá si se dan las condiciones para la aplicación de coeficientes reductores.

Estos coeficientes sólo podrán aplicarse a trabajadores de al menos 52 años y conllevarán una sobrecotización, es decir, un tipo adicional sobre la base de cotización por contingencias comunes, tanto a cargo de la empresa como de la persona trabajadora, que se fijará en los Presupuestos Generales del Estado de cada año.

Las personas mayores de 65 años son la única franja de población de España que cuenta con una renta mediana superior a la media de la Unión Europea (UE), en concreto un 6,4% más alta, frente a lo que ocurre con los menores de esa edad, cuya renta es un 7,3% inferior a la media europea, según recoge EFE. Los mayores de 65 años son además los únicos que han mejorado su renta en términos reales respecto a 2009, de acuerdo con un estudio publicado este miércoles por la Fundación BBVA y el Ivie, que toma la mediana (valor central entre la mitad superior y la mitad inferior) para evitar la distorsión de la media por el efecto de los extremos.

En términos intergeneracionales, informa EFE, los datos colocan a España en una de las primeras posiciones de la UE por renta relativa de los mayores respecto a la población de 25 a 54 años, una situación que tiene mucho que ver con el sistema de pensiones, según el informe Formación, transición digital y calidad de vida de los mayores en España, ya que el 90% de su renta procede de estas prestaciones.

En términos económicos, los mayores están en una posición más favorable porque cuentan con rentas más elevadas, están menos expuestos al riesgo de pobreza o exclusión social, se enfrentan a menos carencias económicas y poseen más riqueza neta y mayor seguridad económica respecto a posibles eventualidades adversas.

El estudio señala que una parte sustancial del colectivo supera con claridad los niveles de renta habituales del país, puesto que más de un 30% de los mayores de 65 años tiene rentas al menos un 30% por encima de la renta mediana de España.

La ventaja se amplía conforme aumenta su nivel de formación, una variable que determina las desigualdades dentro del grupo de los mayores de 65 años, según explica el investigador del Ivie y catedrático de la Universitat de Valencia, Lorenzo Serrano. En general, dice Serrano, los mayores más formados participan más en el mercado laboral, son más productivos, encuentran más fácilmente un puesto de trabajo, su empleo es de más calidad, está más ajustado a su formación y conlleva un mejor salario.

El trabajo y los ingresos influyen asimismo en un mejor estado de salud, una mayor participación cultural y política, un mayor aprovechamiento de la tecnología y una mayor interacción con amigos y familiares, según destaca el investigador del Ivie y profesor de la Universitat de Valencia, Ángel Soler. Las diferencias en el colectivo derivadas del nivel de formación implican que la renta mediana pasa de los 16.807 euros de los que solo tienen estudios básicos a 23.134 euros (37,6 % más) para los que tienen estudios medios y hasta los 30.864 euros (83,6 % más) de los que cuentan con formación superior.

La riqueza neta de los hogares también varía en función de los niveles educativos, ya que la riqueza mediana es de 226.000 euros para la cohorte de personas entre 65 y 74 años, pero cae a los 140.000 euros para quienes cuentan con estudios básicos y se eleva a 243.000 para aquellos con estudios medios y a 503.000 para los que tienen estudios superiores. Entre otros indicadores asociados a la formación está la salud, aspecto en el que el estudio destaca que los mayores más formados muestran un 9% menos de sobrepeso y obesidad y practican más deporte que el grupo con educación básica e inferior.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha constatado que la reforma de pensiones se ajusta a la denominada regla de gasto, por lo que no habrá que tomar por ahora medidas adicionales, pero alerta de que la sostenibilidad del sistema de pensiones no ha mejorado y cuestiona la metodología fijada por el Gobierno para evaluar la reforma.

De acuerdo con el informe publicado este lunes por la entidad y recogido por EFE, el gasto en pensiones se sitúa en el 14,6% del PIB en promedio en el periodo 2022-2050, mientras que las medidas de ingresos ascienden al 1,4% del PIB, lo que arroja una diferencia del 13,2%, por debajo del 13,3% que habría obligado a activar la denominada "clausula de cierre" y plantear nuevas medidas.

No obstante, la AIReF alerta de que la sostenibilidad del sistema de pensiones no ha mejorado y eleva a 3,4 puntos de PIB el crecimiento del gasto hasta 2050. Cuestiona además la metodología de esta regla de gasto, fijada por el Gobierno en la reforma de pensiones, ya que "no constituye un indicador de sostenibilidad" y "merma su capacidad de supervisión e independencia". "Se cumple la regla de gasto, pero no descuidemos la dinámica subyacente", ha alertado la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, en rueda de prensa.

Herrero ha destacado del diseño de esta regla que tiene "importantes limitaciones" para ser un indicador de la sostenibilidad del sistema y ha incidido en que "es perfectamente compatible que la dinámica del sistema sea peor y cumplamos con la regla". Este mecanismo obligado de evaluación trianual por parte de la AIReF quedó fijado en la reforma de pensiones aprobada en 2022 por el Gobierno con el visto bueno de la Comisión Europea.

Al detalle del impacto de las medidas de ingresos recogidas en la reforma diseñada por el ahora gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, la AIReF cifra en el 0,4% del PIB el impacto promedio 2022-2050 del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), una sobrecotización finalista que irá aumentando. El resto de medidas tienen menor impacto, con un 0,3% del PIB en el caso de la subida de la base máxima y también del 0,3% en las transferencias del Estado.

En este punto, Herrero ha querido aclarar que no todas las transferencias del Estado a la Seguridad Social se pueden considerar como ingresos para las pensiones y ha afeado que el Gobierno les trasladara en el reglamento de desarrollo de este examen qué ingresos debían considerar. El incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la reforma de la cotización de trabajadores autónomos o la cotización "solidaria" de los salarios más altos aportan 0,1%, 0,1% y 0,2%, respectivamente, en el citado periodo.

La AIReF no estima que la reforma laboral aporte nada en este lado de los ingresos.

Herrero también ha advertido de que el gasto se ha visto reducido por el impacto de las últimas revisiones del PIB que han rebajado a ese 14,6 % del PIB el gasto promedio frente al 15,4% que recogía el informe de envejecimiento de la Comisión Europea. Así, la AIReF ha cuestionado los parámetros que se le obliga a considerar para el informe y ha aportado una visión propia, a la vez que ha recomendado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que "integre" esta regla en el proceso de adaptación del marco fiscal nacional al nuevo marco europeo.

En la opinión publicada este lunes, junto al informe al que le obliga la reforma de pensiones, la AIReF resalta una "mayor pendiente" del gasto en pensiones, con un promedio del 14,4 % del PIB en el periodo 2022-2050; así como un incremento de la tasa de generosidad en 13 puntos en 2050, cuando se prevén 17 millones de pensionistas.

Los cambios que afectan a la jubilación activa, la jubilación demorada y la jubilación parcial entran en vigor desde este 1 de abril, según ha recordado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y ha recogido EFE. Las nuevas medidas, que buscan mejorar la compatibilidad de la pensión con el trabajo, se acordaron en verano del año pasado con patronal y sindicatos y se aprobaron a final de año con entrada en vigor para este próximo martes 1 de abril.

En lo que se refiere a la jubilación activa -que permite compatibilizar durante un tiempo determinado la pensión y el trabajo una vez se accede a la situación de jubilación- se elimina el requisito de tener una carrera de cotización completa. Además, a partir de abril cada año que se compatibilice trabajo y pensión se incrementara el porcentaje a aplicar en el percibo de la prestación, según una escala.

Así, si la demora es de un año, el porcentaje correspondiente de la pensión será del 45%; si es de dos, 55%, si de 3, 65%, si de 4, 80% y, si la demora es de cinco o más años, podrá percibirse hasta el 100 % de la prestación. Otra novedad es que a partir de ahora este tipo de jubilación será compatible con los incentivos de demora.

La nueva regulación introduce cambios también en la jubilación demorada, al dar la posibilidad de recibir un incentivo adicional del 2% por cada seis meses de demora a partir del segundo año y no sólo por cada doce meses.

También entran en vigor ahora los cambios en la regulación de la jubilación parcial. Así, se amplia de dos a tres los años de la posibilidad de anticipo de acceso a la edad de jubilación y se mejoran las condiciones del trabajador relevista, cuya contratación tendrá que ser indefinida y a tiempo completo. En este punto, los sindicatos han reclamado adaptaciones para poder llevarse a cabo en el caso del personal laboral público.

Según avanzaron esta semana tras reunirse con el ministro de Función Pública, Óscar López, el Gobierno se ha comprometido a implantar una tasa adicional de empleo público que garantice la jubilación parcial del personal laboral del sector público.