Cuando tu casa es objeto de deseo para especular: tres historias de lucha contra grandes inversores
A José Ferreira la compra de su vivienda en Madrid por parte de un fondo de inversión le pilló por sorpresa. Ocurrió hace dos años, cuando les notificaron que sus contratos de alquiler no se iban a renovar y que debían abandonar sus casas, pero los vecinos se negaron. Hoy, en la estrecha calle adoquinada de San Ildefonso, situada en el barrio madrileño de Lavapiés, su portal es un ir y venir de obreros y materiales de construcción almacenados a la puerta. “Su intención era vaciar el edificio, hicimos ofertas para tratar de renegociar los contratos e incluso intentamos formar una cooperativa de vivienda en cesión de uso y comprar el edificio”, explica Ferreira. Nada de eso funcionó y aquí comenzó su penitencia burocrática y unas obras interminables con las que llevan tiempo conviviendo.
La casa en la que vive Ferreira fue adquirida por la empresa Atm Tyr Real Estate SL, una sociedad creada poco antes de la compra del bloque y en la que confluyen Trier Capital España S.L. y Taviria Capital SL, según explica el Sindicato de Inquilinas de Madrid, que les asesora en este laberinto burocrático. Cuando trataron de proponerles una compra para crear una cooperativa en cesión de uso, el precio fijado echó por tierra cualquier posibilidad: la empresa pidió 5,1 millones de euros.
Uno de los atractivos del edificio para el negocio inmobiliario es que es de propiedad vertical, es decir, todo es de un mismo propietario. Esto resulta muy atractivo para los inversores porque, en Madrid, el Plan Reside impulsado por el ayuntamiento prohíbe los pisos turísticos dispersos en el centro de la ciudad, aunque los permite cuando el bloque entero está destinado a ese modelo de negocio. “Esta legislación es un incentivo para que los propietarios de bloques transformen los edificios de uso residencial, en vivienda turística de forma muy sencilla”, explica Alejandra Jacinto, abogada experta en vivienda. “Es una iniciativa que no soluciona lo que hay y que agrava el problema”, concluye.
“Lo habían comprado por 4,4 millones y pretendían venderlo en 5,1 millones. Evidentemente, se descartó la posibilidad”, señala José Ferreira. Después, la propiedad del edificio pasó a manos de otra sociedad y las comunicaciones se cortaron. “Fue la segunda venta en menos de un año, pero tampoco nos lo notificaron. No hemos tenido ningún contacto con la propiedad desde entonces, hemos escrito correos a través del sindicato, reiterando nuestros propósitos de adquirir el inmueble, de negociar contratos…”, concluye. Lo que sí recibieron fue un burofax que les instaba a marcharse y una oferta informal de 3.000 euros si lo hacían de forma inmediata.
En este momento, viven vecinos en nueve viviendas, siguen pagando el alquiler aún fuera de contrato, pero nada ha funcionado de momento para evitar el desalojo. Así, en marzo de este año comenzaron las obras en el edificio. “Han demolido 15 viviendas de un plumazo y convivimos con esto. El propósito no es otro más que incomodarnos, aunque ellos se acogen a que han firmado una declaración responsable para iniciar las obras”, concluye.
Más obras y silencio absoluto por parte de los propietarios es lo que están viviendo Joan Álvarez y su familia. Otros inquilinos, en este caso del barrio Gótico de Barcelona, que saben bien lo que es encontrarse con que su casa sea un activo de inversión con altísima rentabilidad. Después de 25 años viviendo en el mismo piso, los herederos de la propietaria, una gran tenedora, decidieron rescindir los contratos de los vecinos. Aquí empezó un proceso de negociación que tiene muchos paralelismos con el que está viviendo Ferreira en Madrid. “Intentamos negociar una renovación, pero se negaron y continuamos pagando. Acudimos al Sindicato de Llogateres de Cataluña y después ya no volvimos a hablar”, explica. “Se negaron a hablar con nosotros pese a que enviamos correos regulares invitándoles a hacerlo. El único contacto que recibimos fue por parte de su abogado y lo hizo para advertirnos que no debíamos intentar comunicarnos con los propietarios”.
Enfrentarse a un fondo o a una empresa inversora requiere también un curso acelerado de terminología jurídica, marcos legales, plazos y un sinfín de documentos. Joan, que vive con su pareja y su hija de 17 años, hace hincapié en que ha cambiado la forma de concebir la vivienda: “ya no somos inquilinos, sino personas a las cuales se les puede sacar el máximo dinero posible”, señala. Relata que cuando llegaron a la finca en la que viven, ellos pagaban y sentían que sería su casa para siempre, ya que su casera era una gran tenedora, pero eso ha cambiado porque su hogar se han convertido en un activo de inversión cada vez más rentable. Para Joan no es una cuestión de buscar otro lugar, sino del constante peregrinaje al que se ven sometidos quienes viven en alquiler: “Nos vamos a ir de aquí, ¿para qué?, ¿para que nos echen en cinco años de otro piso porque quieren subir el precio?, ¿y cuándo tenga 80 años sigo con la mudanza?”, concluye. Un montón de preguntas sin una solución aparente a corto plazo.
Txema Escorsa es vecino del barrio de Gràcia de Barcelona, aunque no sabe por cuánto tiempo. “El edificio, que tiene 11 viviendas, lo compró un fondo de inversión holandés en diciembre de 2023. El anterior propietario ya había dejado de renovar los contratos cuando decidió venderlo y los nuevos dueños nos notificaron que tampoco lo harían porque querían hacer reformas”, explica. Las reformas resultaron ser para la construcción de un coliving, una modalidad de alquiler por habitaciones y de corta duración que no está sujeto a las restricciones de la ley de vivienda, por lo que permite precios por encima del tope que impone la regulación autonómica de Cataluña. “Están troceando cada piso vacío en tres habitaciones. Los vecinos que quedamos pagamos un alquiler por piso de en torno a 800 euros, ellos alquilan cada habitación por hasta 980 euros. Sacan unos 3.000 euros por piso”, resume. "El mayor problema que estamos viendo los sindicatos en las zonas donde si se aplica la regulación de precios es que la Ley de Vivienda no incorporó ni los alquileres temporales ni los colivings", señalan desde el Sindicat de Llogateres. Esto, advierten, lleva a que se estén desviando los contratos de alquiler habitual hacia estas modalidades para esquivar la norma. “Está provocando una oleada de expulsiones masivas”, concluyen.
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Como en las anteriores historias, también ellos, cuando se negaron a marcharse, comenzaron una penitencia burocrática y judicial que sigue su curso. “Todo el año pasado estuvieron haciendo obras y ahora, quienes nos hemos quedado, tenemos sobre la mesa demandas por desahucio”, detalla Txema. Cuenta que han pedido nuevos contratos y están tratando de negociar, asesorados por el Sindicat de Llogateres, pero la comunicación es nula.
El fondo, New Amsterdam Developers, puso en cada bloque que adquirió un administrador de fincas que se reunió con los vecinos, pero solo para ofrecerles una prórroga de seis meses para vaciar la casa. “Lo más cerca que hemos estado de hablar con ellos ha sido en febrero, a través de los abogados, que vinieron para decirnos que querían que nos fuéramos. Además, argumentaban que al tratarse de un fondo extranjero, eran muy poco permeables a nuestra situación y a las demandas que pudiéramos hacer”, concluye. A la diferencia de fuerzas entre unos pocos inquilinos contra un fondo de inversión internacional, se sumaba aquí una cadena de intermediarios que complica mucho más una negociación razonable. “Con la práctica te vas haciendo experto en temas de leyes, qué aplica o no a tu caso y a qué administraciones acudir para que se cumplan… Es un máster acelerado”, explica el vecino de Gràcia.
A todas estas conversaciones subyace el convencimiento de estar luchando por un derecho, pero también muchas dudas acerca de si lo lograrán. “Estamos a la espera de que se regule el alquiler por habitaciones y el temporal y, aunque no garantiza nada, estamos haciendo esto como una denuncia pública”, concluye Escorsa. Joan Álvarez también insiste en que “el alquiler está dejando de ser una opción” y resalta el sinsentido que supone tener que elegir entre comprar una vivienda a precio estratosférico o “acostumbrarnos a vivir permanentemente con la mochila puesta”. Para José Ferreira lo que peligra, además de su casa, es la estructura misma de una ciudad que corre el riesgo de volverse decorado: “Hemos cambiado a los antiguos caseros por nuevos rentistas y eso va a cambiar también la morfología de la ciudad”.
