La Audiencia Nacional ha rechazado investigar la querella que presentó el expresidente catalán Artur Mas por la Operación Cataluña y el espionaje con Pegasus, al concluir que se basa en una "mera sospecha" derivada de informaciones periodísticas y que, en cualquier caso, los hechos estarían prescritos, informa EFE.

En un auto, al que ha tenido acceso EFE, el juez Antonio Piña acuerda inadmitir a trámite la querella de Mas, que se dirige contra Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior en la etapa de Gobierno de Mariano Rajoy, la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, el exsecretario de Estado Fernando Martínez, además de miembros de la llamada policía patriótica y exdirectores del CNI, entre otros.

El magistrado argumenta que los hechos que describe la querella o están prescritos o investigados en otros procesos judiciales -como es el caso del espionaje con Pegasus- y que no hay suficientes indicios para abrir una causa penal, dado que se trata de "una mera sospecha" basada en gran parte en informaciones periodísticas. 

Los abogados de Mas presentaron inicialmente la querella ante los juzgados de Barcelona, que descartaron investigarla al entender que la competente para hacerlo era la Audiencia Nacional, dado que los delitos incluidos afectarían a Artur Mas en su cargo de presidente de la Generalitat, que constituye una alta institución del Estado.

No obstante, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, la Audiencia concluye que no es competente para investigar los hechos relatados de la querella porque, si bien irían dirigidos contra el presidente de la Generalitat, "no afectaron a la forma de gobierno", de forma que no pueden constituir delitos contra altos organismos el Estado.

El magistrado remarca además que los hechos que narra la querella sucedieron entre los años 2012 y 2015, ya fueron objeto de anteriores denuncias o procedimientos judiciales y, por otra parte, estarían prescritos al haber transcurrido el plazo máximo previsto para los delitos denunciados, que es de diez años.

Para la Audiencia Nacional, solo podría impedir la prescripción que los hechos constituyeran un delito continuado por la utilización de Pegasus para espiar a Artur Mas, que según informes periciales sufrió una interceptación de comunicaciones con ese software desde 2015.

Sin embargo, mantiene el auto, "ningún elemento, salvo la mera suposición, permite afirmar que dicho software fuese utilizado e implementado por quienes hoy figuran como querellados", entre quienes forman parte los exdirectores del CNI Félix Sanz Roldán y Paz Esteban.

Para el juez, suponer que el espionaje con Pegasus "es una parte más de la llamada Operación Cataluña no deja de ser una mera suposición, que no alcanza el carácter de indicio, si no de mera sospecha".

"Conocido es la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo al indicar que carecen por sí solas de valor las informaciones periodísticas para abrir un procedimiento penal", recuerda el magistrado, que apunta que, en todo caso, el espionaje con Pegasus sería un delito de revelación de secretos que no entra en las competencias de la Audiencia Nacional.

En su escrito al juez para oponerse a la admisión de la querella, la Fiscalía Anticorrupción defendió la "legitimidad del Estado para impedir cualquier delito contra el orden constitucional, entre ellas las acciones llevadas a cabo por el movimiento independentista en cuanto que no se encaucen en la legalidad vigente".

Ello justificaría, para el ministerio público, "la intervención de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Fiscalía y órganos judiciales siempre, y como hemos dicho, que esa actuación se lleve a cabo dentro de la legalidad", según su escrito, al que ha tenido acceso EFE.

Jordi Pina, abogado del expresidente de la Generalitat, presentará recurso de apelación en la Audiencia Nacional contra la inadmisión de la querella. Inicialmente, defendió la competencia de los juzgados de Barcelona para investigar el caso.

La Comisión Europea cuestionó este martes que la ley de amnistía "responda a un objetivo de interés general" en la vista que celebró este martes el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para determinar si los gastos del procés han puesto en riesgo a los intereses financieros de la UE, según informa EFE.

Una opinión que descartaron tanto el Gobierno de España, representada por la abogada general del Estado, Andrea Gavela, como los abogados de los 35 ex altos cargos de la Generalitat, entre ellos los expresidente catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas, cuyas responsabilidades contables está analizando el Tribunal de Cuentas.

Tras la vista, que duró aproximadamente cuatro horas, el abogado general de la UE, Dean Spielmann, no fijó todavía la fecha en la que emitirá su opinión sobre los términos en que deberá pronunciarse la sentencia del TJUE.

"No parece que la ley de amnistía responda a un objetivo de interés general, dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España", dijo el abogado de la Comisión Europea, Carlos Urraca, quien consideró, por tanto, que en realidad se trata de una autoamnistía.

Urraca evitó pronunciar esta palabra en la vista, pero sí hizo referencia al escrito que presentó en diciembre ante el TJUE, en el que alegó que los votos de los beneficiarios de la amnistía han sido necesarios para la aprobación de la ley. Un argumento que hizo suyo el abogado de Sociedad Civil Catalana, Juan Chapapría, pero que rechazó, por contra la abogada general del Estado.

Gavela recordó que el Tribunal Constitucional español ha avalado la ley de amnistía por considerar que "responde a un fin legítimo, explícito y razonable" de mejorar la situación política y social en Cataluña ateniendo así al interés general.

Un argumento en el que incidió el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye: "Las autoamnistías exoneran a los autores de grandes crímenes internacionales, impiden la investigación judicial, son dictadas por quienes se benefician de ello y carecen de control jurisdiccional efectivo. Nada de eso ocurre con la ley orgánica de amnistía".

"Esta ley nace en el seno de un procedimiento de reconocimiento mutuo entre las partes, un incipiente reconocimiento de legitimidades, reconocimiento del conflicto y búsqueda de la reparación y la reconciliación entre dos pueblos", continuó Boye, quien apuntó que toda norma "en todo Estado democrático es fruto de la negociación política si no se tiene mayoría absoluta".

Urraca añadió además que la ley de amnistía "ha ahondado en una división profunda y virulenta en la clase política, en las instituciones, en el mundo judicial, en el mundo académico y en la sociedad española" y no ha respetado los plazos de la Comisión de Venecia "con el fin de lograr el objetivo invocado de la reconciliación".

El abogado de la Comisión añadió que "no parece que la disminución de la Renta Nacional Bruta de un Estado miembro provocada por una secesión ilegal y unilateral de una parte de su territorio constituya un perjuicio suficientemente directo para la protección de los intereses financieros de la Unión". En el sentido de que la aportación de España al presupuesto comunitario seguiría siendo proporcional a su peso económico.

No obstante, Urraca dijo que el Tribunal de Cuentas debe determinar si el origen del dinero con el que financió el procés provenía de los fondos de la UE y, en este sentido, consideró que el plazo de dos meses que la amnistía fija para aplicar la norma "podrían impedir" a los jueces "llevar a cabo dicho examen".

Urraca afirmó que según la legislación española, "los jueces que incumplen los plazos se arriesgan a incurrir en responsabilidades disciplinarias", una opinión que descartaron la abogacía general el Estado, los abogados de los demandados y el ministerio fiscal, asegurando que la práctica demuestra que en los procesos judiciales se incumplen los plazos.

El plazo de dos meses permite que el Tribunal de Cuentas pueda comprobar el origen de los fondos "sin ningún problema", aseguró el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Granizo. "Creemos que se va a hacer justicia", dijo en declaraciones a la prensa presidente de Sociedad Civil Catalana, Alex Ramos, al término de la vista. 

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha presentado una querella contra el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal por la conocida como Operación Cataluña y por el espionaje que sufrió con el software Pegasus, recoge EFE.

La querella de Mas, presentada el pasado viernes, también va dirigida contra el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, altos cargos de la Policía Nacional y contra responsables de la empresa del software, según ha explicado el expresident este miércoles en una rueda de prensa en los jardines del Palau Robert de Barcelona.

La semana pasada, durante su comparecencia en la comisión de investigación en el Congreso por la denominada Operación Cataluña, Mas ya anunció la presentación de la querella, después de conocerse un informe pericial de Citizen Lab, una entidad vinculada a la Universidad de Toronto (Canadá), que desvela que su móvil fue espiado una treintena de veces entre 2015 y 2020 con el software Pegasus, la primera de ellas el 7 de julio de 2015.

En concreto, Mas se querella por los delitos de organización criminal continuada, falsedad de funcionario público en documento oficial, malversación de recursos públicos, revelación de secretos y por lesión de derechos fundamentales. Tanto los hechos de la Operación Cataluña como el espionaje con Pegasus forman parte de la misma querella.

En la rueda de prensa, Mas ha abierto la puerta a hacer extensiva esta querella a otras personas, ya que se ha mostrado "convencido" de que "altos cargos de Moncloa, de la presidencia del Gobierno, también estaban directamente implicados", en referencia a Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría.

Mas ha lamentado la "pereza inmensa" que ha tenido hasta ahora el sistema judicial para investigar hechos relacionados con el espionaje político a dirigentes independentistas: "Espero que ahora, con tantas y tantas evidencias, esta pereza deje de existir un poco y el sistema cumpla con su función ante unas evidencias que afectan a mucha gente", ha expresado.

Fue el espionaje con Pegasus, ha explicado Mas, lo que le animó "definitivamente" a tomar la decisión de querellarse, al ser una de las personas más afectadas.

"La presenta una persona que fue presidente de Cataluña, que no era empresario ni un presidente de una entidad social, sino presidente de la Generalitat, la presento con esta condición. Por eso confío en que nuestro sistema judicial, como mínimo, investigará estos hechos", ha dicho.

El expresident también ha lamentado que todas las personas al frente del proyecto independentista hayan sufrido "castigos durísimos" y la otra parte, "que era agresora, que hacía informes falsos -ha dicho-, salga completamente ilesa".

Según ha revelado en la rueda de prensa, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha ofrecido "desde el primer momento" a Mas la colaboración del Govern en temas de asesoría legal, aunque han abordado más el espionaje político que la operación catalana, ha afirmado.

El teléfono móvil del expresidente de la Generalitat Artur Mas fue espiado una treintena de ocasiones entre los años 2015 y 2020 con el software Pegasus, según revela un informe forense del laboratorio Citizen Lab, vinculado a la Universidad de Toronto (Canadá). El informe, adelantado por RAC 1 y al que ha tenido acceso EFE, detalla que fue infectado por primera vez con Pegasus, un software que la empresa israelí NSO Group comercializa en principio solo a los Estados, el 7 de julio de 2015, coincidiendo con las negociaciones para forjar la candidatura de Junts pel Sí a las elecciones autonómicas de ese año.

Precisamente el 13 de julio de 2015, un día antes del primer ataque con Pegasus a Mas detectado por Citizen Lab, el entonces presidente de la Generalitat encabezó una cumbre independentista para acordar una lista unitaria para las elecciones catalanas previstas para septiembre de aquel año.

La cumbre culminó con un acuerdo histórico entre Convergència y ERC para confeccionar una candidatura conjunta, en la que Mas acabó ocupando el número cuatro, aunque era el candidato a la presidencia de la Generalitat.

Posteriormente, sostiene Citizen Lab, el móvil del expresident sufrió otras 31 infecciones, la mayoría de ellas entre febrero y mayo de 2020, coincidiendo con la pandemia de coronavirus, cuando gran parte de las comunicaciones y reuniones se tenían que llevar a cabo de forma telemática.

Mas, junto a sus sucesores en la presidencia de la Generalitat Quim Torra y Pere Aragonès -además del entorno de Carles Puigdemont, figura entre las decena de políticos independentistas que el laboratorio canadiense Citizen Lab constató que habían sido espiados con Pegasus.

El informe de Citizen Lab ha dado pie a múltiples investigaciones judiciales para investigar los ataques con Pegasus a raíz de las querellas presentadas por los afectados, a las que por el momento Artur Mas no se ha sumado, y motivó la destitución de la exdirectora del CNI Paz Esteban, imputada en tres de las causas abiertas por el espionaje.

Tras conocerse este informe, Artur Mas ha explicado este lunes que está sopesando presentar una querella contra el Ministerio del Interior y contra la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal. En declaraciones a RAC1, ha apuntado que decidirá si presenta o no esta querella, en función de cómo vaya la comparecencia de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría en el Congreso de los Diputados en la Comisión de Investigación sobre la denominada operación Cataluña, en la que también comparecerá él.

Mas ha sostenido que su intimidad se ha visto "absolutamente violentada y trinchada" con este espionaje: "Se lo llevaban todo, podían activar la grabadora, escuchar conversaciones. (...) La violación es total", ha dicho.

En concreto, Mas ha indicado que esta eventual querella se dirigiría contra el Ministerio del Interior de aquella época, contra Cospedal y también contra la exlíder del PP catalán Alicia Sánchez Camacho, "toda la gente que estaba en la cocina para fabricar informaciones falsas y desprestigiar" a líderes políticos.

"No puedo afirmar que fuese el CNI, pero sí sabemos que el programa de espionaje sólo se vende a Estados, y en el Estado probablemente lo tuvo el propio CNI, la Policía y la Guardia Civil", ha agregado.

El juez Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, ha abierto una nueva causa para investigar a los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Artur Mas por la llamada trama rusa del procés, y ha abierto una pieza separada. En el auto, consultado este viernes por Europa Press, ha dicho que esta pieza separada investiga los delitos de traición y malversación de caudales públicos por la supuesta vinculación de líderes independentistas con autoridades rusas, sobre todo después de la organización del 1-O.

Actualmente, se investiga hasta a 11 personas, entre los que se encuentran el jefe de gabinete de Puigdemont y a su abogado, Josep Lluís Alay y Gonzalo Boye; el diputado Francesc de Dalmases; la exconsellera Elsa Artadi, y el entonces encargado de relaciones internacionales de Convergència, Víctor Terradellas, entre otros. El juez quiere esclarecer una conversación en la que se mencionaba a "10.000 soldados rusos" para ayudar a Cataluña a conseguir la independencia.

El objetivo de la nueva pieza es "investigar, a instancia también del Parlamento Europeo, todas las conexiones relacionadas con el gobierno ruso, los viajes y encuentros de Puigdemont y sus colaboradores y las actividades realizadas por éstos, que habrían facilitado la infiltración de personas de origen ruso en territorio español con el objetivo de influir en las estructuras financieras y en la realización de actividades de desinformación, desestabilización, y alteración de la paz social".

El juez explica que, una vez finalice la instrucción, remitirá por su condición de aforados al Tribunal Supremo la causa sobre Puigdemont y al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) la de Dalmases.

El movimiento del juez Aguirre enreda de nuevo la aplicación de la amnistía. La ley excluye de su ámbito de aplicación "los actos tipificados como delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional del Título XXIII del Libro II del Código Penal", ahora bien, siempre y cuando se "haya producido tanto una amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de España".

"Los documentos más relevantes hallados en las entradas y registros del 18 de mayo de 2018 fueron la agenda y los dos móviles de Terradellas, ya que siguiendo su contenido y cruzando los datos con el resto de los innumerables documentos incautados en papel y digitales han permitido el hallazgo de una abundante cantidad de indicios de los delitos que se tratan en este escrito", añade el auto.

También relata como "diferentes países de la Unión Europea dieron la espalda al secesionismo catalán en un momento en que sus deseos de independencia coincidieron en el tiempo con la política de Rusia, ambos intereses configuraron el 'procés' como el escenario idóneo de sus mutuos intereses", y que para los rusos el 'procés' era una herramienta perfecta que le podría ayudar a avanzar en sus objetivos estratégicos contra Occidente, en sus palabras.

"En el peor de los casos, si el proceso de secesión de Catalunya fracasaba, como ocurrió, la simple existencia del conflicto y la consecuente desestabilización de un país miembro de la OTAN ya representaban una victoria notable para los intereses de Rusia", asegura.

Por contra, si hubiera finalizado con éxito, Rusia "habría contado con ‘una puerta trasera’ para desestabilizar toda la Unión Europea, tanto políticamente, siguiendo la misma estrategia que con Catalunya, como económicamente, mediante el uso fraudulento de criptomonedas", sostiene el juez.

La proposición de ley para amnistiar al independentismo catalán —9-N y 1-O incluidos— beneficia a los principales dirigentes de Junts y ERC y su entorno, entre los que destacan:

- Carles Puigdemont. El líder de Junts y ex presidente catalán tiene tres frentes abiertos en los tribunales. En el Supremo, está procesado por delitos de desobediencia y malversación por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. El instructor Pablo Llarena está a la espera de tomarle declaración indagatoria para poder avanzar hacia juicio. Contra él pesa una orden de detención nacional, pero el magistrado está pendiente del TJUE para reactivar la euroorden a Bélgica.

También es uno de los 35 ex altos cargos catalanes encausados en el Tribunal de Cuentas (TCu) por la responsabilidad contable derivada del supuesto desvío de fondos para los gastos del 1-O y de la acción exterior del procés. La Fiscalía les reclama 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria. Sociedad Civil Catalana, por su parte, les pide hasta 5 millones de euros.

Y, por último, la Audiencia Nacional (AN) ha dirigido contra él la causa donde se investigan como posibles delitos de terrorismo los disturbios provocados por la plataforma independentista Tsunami Democràtic tras la sentencia del procés.

- Oriol Junqueras. El líder de ERC y ex vicepresidente catalán fue condenado en 2019 por el Tribunal Supremo (TS) a 13 años de cárcel e inhabilitación por sedición y malversación, aunque en junio de 2021 se le indultó la pena de cárcel. El pasado febrero, se cambió su condena a desobediencia y malversación por la reforma penal que derogó la sedición. También está encausado en el TCu.

- Artur Mas y Francesc Homs. El ex president y su ex consejero fueron condenados por el TCu a devolver a la Generalitat algo más de 4,9 millones de euros (a los que se sumó más de 1 millón de euros en intereses) por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. También están en la causa abierta en el TCu por los gastos del 1-O y de la acción exterior del 'procés'.

- Toni Comín (Junts). El ex consejero catalán y eurodiputado está procesado en el TS por delitos de desobediencia y malversación por el 1-O. Llarena también aguarda a tomarle declaración indagatoria. Tiene una orden nacional de busca y captura en su contra y el instructor espera a que el TJUE se pronuncie sobre posibles medidas cautelares para reclamar su entrega a Bélgica. También está encausado en el TCu.

- Clara Ponsatí (Junts). La ex consejera catalana y eurodiputada está procesada en el Supremo por desobediencia por el 1-O. Tras ser detenidas hasta dos veces en Barcelona, finalmente Llarena pudo recibir su declaración indagatoria y concluir sumario. Falta que la Sala de lo Penal se pronuncie sobre los siguientes pasos. En su caso, ya no tiene orden de detención nacional y, al estar acusada de un delito sin cárcel, no es posible cursar euroorden. Es otra de los encausados en el TCu.

- Lluís Puig (Junts). El ex consejero catalán está procesado en el TS por desobediencia y malversación. El instructor del 'procés' tampoco ha podido tomarle declaración indagatoria, por lo que mantiene la orden nacional de detención en su contra para este fin. Desde el pasado junio, podría haber reclamado su entrega a Bélgica. También está encausado en el TCu.

- Marta Rovira (ERC). La secretaria general de ERC, que permanece prófuga en Bélgica, está procesada en el Supremo por desobediencia por el 1-O. Llarena mantiene la orden de detención nacional en su contra para poder recibir su declaración indagatoria y concluir sumario. Además, está investigada en la AN por 'Tsunami Democràtic'.

- Raül Romeva (ERC), Jordi Turull (Junts) y Dolors Bassa (ERC). Los tres ex consejeros fueron condenados por el TS a 12 años de prisión e inhabilitación por sedición y malversación. El Gobierno indultó su pena de prisión, pero permanecen inhabilitados por desobediencia y malversación, la nueva calificación que fijó el Supremo tras la reforma penal que derogó la sedición y modificó la malversación. Serán parte de los juzgados por el TCu.

- Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. El ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana y el de Òmnium Cultural, respectivamente, fueron condenados por el TS a 9 años de prisión e inhabilitación por un delito de sedición. El Gobierno también perdonó sus penas de prisión y el Supremo revisó sus casos por la citada reforma penal sustituyendo dicho delito por desórdenes públicos, un cambio que supuso la extinción de sus inhabilitaciones. Son otros de los encausados en el TCu.

- Carme Forcadell (ERC), Josep Rull (Junts) y Joaquim Forn (Junts). El Supremo condenó a la ex presidenta del Parlament y los ex consejeros a penas de hasta 11 años y medio de prisión e inhabilitación por sedición. Sus penas de cárcel fueron indultadas por el Gobierno y sus casos examinados tras el último cambio del Código Penal, lo que supuso reemplazar dicho delito por desórdenes públicos. Esta modificación implicó la extinción total de sus penas de inhabilitación. También responderán ante el TCu.

- Anna Gabriel. El Supremo procesó a la ex diputada de la CUP en el Parlament por un delito de desobediencia por su supuesta participación en la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de Cataluña. Tras permanecer fugada en Suiza, el año pasado se presentó en el alto tribunal, que concluyó sumario y envió la causa a la Audiencia de Barcelona al no estar ya aforada.

- Meritxell Serret. La consejera de Acción Exterior de la Generalitat también se entregó al Supremo regresando desde Bélgica en 2021 y el pasado abril fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a un año de inhabilitación por un delito de desobediencia por su participación en la organización y celebración del 1-O.

- Josep Lluís Alay y Xavier Vendrell. El jefe de la oficina de Puigdemont y el ex consejero de ERC se encuentran investigados en un Juzgado de Barcelona por 'Voloh', el caso en el que se indaga en el presunto desvío de fondos públicos al independentismo. También forman parte de los imputados en la AN por 'Tsunami Democràtic'.

- Natàlia Garriga, Josep María Jové y Lluís Salvadó. La consejera catalana de Cultura, el presidente de ERC en el Parlament y ex secretario general de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat, y el ex secretario de Hacienda del Govern, respectivamente, están a la espera de juicio en el TSJC por los preparativos del 1-O.

- Miquel Buch. El ex consejero de Interior fue condenado a 4 años y medio de cárcel por designar al mosso d'esquadra Lluís Escolà como cargo de confianza para que escoltara a Puigdemont en el extranjero tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución a Cataluña.

- Lluís Escolá. Fue condenado a 4 años de cárcel y 10 de inhabilitación por malversación.

El excomisario Villarejo tiene ganas de hablar. Muchas. Aunque cada vez que lo hace le lluevan las denuncias y aunque la línea que separa la verdad de la ficción es, a menudo, más bien difusa. Y esta ocasión no fue distinta: en una semana, dos cara a cara y varios anuncios de querellas. Es el resultado de su debut en el programa de más audiencia de la radio líder de Cataluña, El Món a RAC1.

Dos meses y medio después de que la Audiencia Nacional lo condenara a 19 años de cárcel por revelación de secretos y falsedad documental, José Manuel Villarejo ha vuelto esta semana a romper el silencio, esta vez con un formato que ha dejado sin aliento. En pleno prime time matutino, el excomisario de Policía Nacional se ha enfrentado a dos de las principales víctimas de las cloacas del Estado que él mismo apuntaló a base de mentiras y grabaciones: el expresident de la Generalitat Artur Mas y el exlíder de Podemos Pablo Iglesias. Dos cara a cara que se han convertido ya en dos de las fotografías políticas del año. Pero Villarejo ha hablado también –y mucho– sobre fútbol, sobre Sandro Rosell y Florentino Pérez. Escenificación al margen, han sido dos encuentros de alto voltaje que dejan titulares inéditos.

El primero, que el objetivo de la denominada Operación Cataluña era "destruir" Convergència i Unió. Así lo admitió Villarejo durante su encuentro con Artur Mas, una cita tensa a la que el expresident llegó poniendo los puntos sobre las íes: “Esto es un encuentro entre el verdugo y la víctima”, espetó al excomisario en el momento de encajar la mano para saludarlo. “No, por favor, yo no soy nada verdugo. En todo caso, un observador”, respondió un Villarejo visiblemente descolocado por la bienvenida.

Verdugo u observador, Villarejo terminó reconociendo que actuaron al margen de la ley filtrando información para perjudicar a CiU porque era el principal “enemigo” de la unidad de España y que el CNI propuso enviar tanques a Cataluña en 2012, tras la primera gran manifestación independentista de la Diada. “Querían posicionar carros de combate en lugares estratégicos, como la televisión”, asegura.

Por otro lado, también reveló que fue el entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, quien ordenó personalmente las cargas policiales durante el referéndum del 1 de Octubre. E incluso que sabía dónde se encontraban las urnas empleadas en la consulta, pero que no le hicieron caso cuando informó de su paradero. Y más: dijo que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy lo llegó a felicitar por su papel en la Operación Cataluña después de que CiU perdiera la mayoría absoluta en 2012.

Entre sus muchas confesiones, Villarejo aseguró que el exconseller Felip Puig se convirtió en una de las fuentes del CNI cuando aún estaba al frente del Departamento de Interior: “La información la sacaba, fundamentalmente, de personas muy próximas a la Generalitat o de gente muy próxima a la familia Pujol”. Unas acusaciones de las que Puig ya ha salido al paso. No solo las ha negado tajantemente, sino que ha advertido que está estudiando emprender acciones legales.

De prosperar, la denuncia de Puig podría no ser la única que se lleva Villarejo tras su paso por RAC1. El Real Madrid ha anunciado que su presidente, Florentino Pérez, se querellará contra el policía jubilado por acusarlo de haber sobornado a árbitros. Según Villarejo, con anterioridad al caso Negreira, en el Real Madrid “ya había detectado lo mismo”, pero las sospechas no llegaron a los tribunales: “Es imposible judicializar algo en este país que afecte a don Florentino. Sería un suicida el que se atreva a hacerlo”.

Se trata de palabras que pronunció mientras hablaba del expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, que fue absuelto tras dos años en prisión preventiva acusado de blanquear dinero de la compraventa de partidos de la selección de Brasil. Es más, de acuerdo con el comisario, fue el actual presidente del club, Joan Laporta, quien filtró información perjudicial sobre Rosell. Tras estas acusaciones, el Barça también ha exigido una rectificación o, de lo contrario, presentará querella.

Otro de los sonoros titulares surgió durante el cara a cara con Pablo Iglesias. El comisario situó a Pedro Sánchez como uno de los principales enemigos de su exvicepresidente: “Sabe que el señor Iglesias era su mayor competencia por su liderazgo y su fuerza”.

Al margen de la trifulca política, de los GAL y de Felipe González, del pendrive del caso Dina y del informe PISA (Pablo Iglesias SA), temas sobre los cuales trató de salir airoso a toda costa, el comisario se topó con una pregunta que lo puso contra las cuerdas. “¿Ha torturado a alguien alguna vez?”, disparaba Iglesias. “No”, contesta automáticamente Villarejo, contra quien un juzgado de Madrid admitió la querella por torturas que interpuso un militante antifranquista. “Es más -añade- yo jamás lo vi. Eso (las torturas eléctricas) lo inventó la CIA y lo distribuyó la Guardia Civil”. Si la respuesta es cierta, queda en el aire.

Pero más allá del contenido, si estas entrevistas están teniendo tanta repercusión mediática en Cataluña es también por el debate que suscita su personaje. No hay que olvidar el historial de Villarejo, delincuente condenado, adalid de las cloacas del Estado, durante años principal intoxicador de falsos titulares contra gobernantes, empresarios, fiscales y enemigos de todo color político. Un individuo ligado a incontables casos de espionaje y tramas de corrupción. Y cuya gran obsesión ha sido también uno de sus grandes lastres: grabar todas las conversaciones en las que participaba.

Grabaciones que, con el tiempo, se han ido soltando a cuentagotas o detonando como dinamita en función de sus intereses. También documentos, informes y borradores que han saltado a las portadas de diarios de ámbito estatal y que han puesto en jaque a políticos o empresarios sin que nadie supiera muy bien cómo apagar el ventilador. Un suelo de mentiras, medias verdades y alguna verdad sobre el que el excomisario ha ido caminando, mientras podía, a paso firme.

Por eso, dar voz a alguien como Villarejo, recolocarlo en el centro del debate y brindarle un micrófono que le permite amplificar su versión siempre genera dudas. Especialmente si quien lo hace es el equipo de uno de los periodistas más influyentes de Cataluña. Sabedor de ello, Jordi Basté quiso dejar claras sus intenciones antes de la emisión: “Consideramos que (la entrevista) tiene un valor político, social y periodístico importante. La historia reciente de España ha pasado por sus grabaciones”.

No sólo tiene Villarejo en su poder detalles, muchos de ellos suculentos, sobre la historia reciente del país, sino que guarda en su armario munición suficiente como para poner patas arriba cualquier versión sobre lo sucedido en los últimos años. “Es una de las figuras clave que ayudan a entender cómo se ha trabajado la guerra sucia contra el independentismo, contra Podemos y contra la trama de Bárcenas [el extesorero del PP José Luis Bárcenas]. Él suelta bombas informativas y el trabajo que tenemos los periodistas es ver qué hay de verdad en todo ello”, resaltan fuentes del programa a infoLibre.

Las mismas fuentes cuestionan que una entrevista de este estilo contribuya a blanquear la imagen del comisario jubilado: “Todo el mundo tiene ya una idea del tipo de individuo que es. Lo que hemos conseguido es una aproximación distinta al personaje y han salido muchos detalles nuevos. Aún no tenemos la verdad absoluta, pero estamos un poco más cerca de conseguirla”.

El propio Basté explicó en antena que optaron por el formato cara a cara porque no se sentían cómodos con una entrevista tradicional. “Este hombre tiene más oscuros que claros y no sabes qué es verdad o qué es mentira en todo lo que dice. Me veía incapacitado para mantener una conversación con Villarejo sin que me marcara goles por la escuadra en cada jugada”, admitió el presentador y director.

Enfrascados en el debate sobre si entrevistar a Villarejo y cómo hacerlo, decidieron seguir adelante, pero contraponiéndolo a víctimas de sus tejemanejes. “Es alguien con una credibilidad suficientemente cuestionada como para que tuviera delante a alguien que lo contrastara. Pensamos en personas de relevancia pública que hubieran sufrido la guerra sucia en su propia piel”, detallan las mismas fuentes a este diario.

Pero ¿qué gana Villarejo con estos cara a cara? La pregunta del millón tiene múltiples respuestas, tantas como objetivos persigue el comisario, acostumbrado a utilizar la verborrea para probarse inocente: “Napoleón III decía que quien sirve al Estado sirve a un amo ingrato. Y los que tomamos la decisión de servir al Estado en un momento determinado somos utilizados por los políticos que nos gobiernan”, esgrime en su defensa durante la entrevista. Aunque no es el único recurso. También apela a la emoción. “El día que yo vuelva a ingresar en prisión, tardaré días. Me suicidarán”.

Desde El Món a RAC1 tienen su propia lectura: “Es importante tener en cuenta que Villarejo siempre tiene metas y, en cada una de sus apariciones públicas, trabaja para conseguirlas. En el último año y medio sus circunstancias judiciales han cambiado mucho y debe interpretar que debe utilizar la información que tiene de manera diferente”. Y es precisamente este contexto lo que hace aún más valiosas las palabras de Villarejo: “Cuanto más acorralado esté, más fácil es que libere la munición que tiene guardada”.

Más que acorralado, Villarejo se siente apartado, dado de lado. “Yo tengo mucho que perder, en la medida en que confío en la Justicia”, dice sobre el recurso que presentó contra su sentencia y que le permite, por ahora, mantenerse en libertad. Pero su argumento principal es otro: en Cataluña, a diferencia de Madrid, no hay “presiones”.

“Es el único medio que me ha permitido exponerme sin censuras”, garantiza. Recuerda luego la entrevista que dio en mayo del año pasado en TV3, la primera que concedió a un medio de comunicación en cinco años. “En Cataluña me exponen sin censuras. En todo lo demás, en todas las emisoras y cadenas (estatales), cuando empecé a aceptar entrevistas, en seguida decían que les habían visitado señores de negro amenazándoles para que no saliera”, resume.

Lo que no menciona es el trasfondo. Ni palabra sobre la ingente cantidad de mercancía informativa averiada que ha logrado colocar en titulares del pasado. Como buen encantador de serpientes, Villarejo sabe atraer a su audiencia y los piropos a Cataluña no son una excepción.

Si la fascinación del público catalán es recíproca lo concluirán las audiencias. A la espera de las estadísticas oficiales, basta revisar las cifras de visitas al portal web: es la segunda entrevista más escuchada de la historia de la emisora, solo por detrás de la de Gerard Piqué tras la ruptura con Shakira. El EGM dirá, pero el resultado parece claro.

De la decisión que tome Junts Per Catalunya depende la continuidad de Pedro Sánchez en la Moncloa otra legislatura más. Si votan en contra, el país se vería abocado a una repetición electoral que dejaría la puerta abierta a un gobierno del PP con la extrema derecha. Conscientes de ello, los independentistas catalanes tratan de vender cara su abstención en una eventual investidura del líder socialista. La respuesta pasa por sí o sí por Waterloo, el lugar de residencia del expresident Carles Puigdemont, que aunque ya no ocupa un cargo dentro de la dirección del partido, sigue ostentando el liderazgo moral del espacio. El expresident de la Generalitat aseguró el pasado sábado que "el chantaje político" no hará que Junts vote a favor de la investidura y descartó que la negociación sea en clave personal ante su compleja situación judicial.

Las reivindicaciones de Puigdemont y Junts pivotan, fundamentalmente, sobre dos cuestiones: la autodeterminación y la amnistía para todas aquellas causas judiciales relacionadas con el procés y con las movilizaciones posteriores al 1-O. El PSOE, por lo pronto, cierra la puerta a ambas exigencias y sitúa el límite de la negociación el marco constitucional. Ante la complejidad de las negociaciones, todas las partes apelan a la "discreción" y la sensación general es que el asunto se demorará todo lo que Sánchez y Puigdemont estén dispuestos a aguantar.

En Junts no esconden que esta decisión ha abierto un debate en el seno de la formación entre sus dos almas: los que apuestan por dar un giro más pragmático al partido y los que reivindican una línea más dura para diferenciarse de ERC. Este último sector, encabezado por Laura Borràs, se impuso hace un año en la decisión de salir del Ejecutivo de la Generalitat. Por el momento en el espacio postconvergente apremian a los socialistas a mover ficha.

Ante este incierto escenario hay figuras —más o menos— cercanas a Junts o que ostentan una posición clave en el independentismo que ya están advirtiendo de las consecuencias de votar en contra de una investidura de Sánchez, en un contexto de claro retroceso para el independentismo, que ha perdido nueve escaños respecto a 2019, y de las consecuencias que implicaría para Cataluña tener un gobierno de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

El antecesor de Puigdemont en el cargo, Artur Mas, es una de esas voces que se ha pronunciado para advertir de las consecuencias de una repetición electoral. Mas no milita en Junts sino en el PDeCat, pero ha pedido al expresident de la Generalitat que sea "más exigente que intransigente" en la negociación de la investidura. En una entrevista en Catalunya Ràdio, Mas ha calificado de "temeridad" la repetición electoral, un "escenario no deseable" porque, a su juicio, se perdería una "oportunidad de oro" para presionar al Gobierno del Estado. Al mismo tiempo ha cerrado ciertas filas con la petición de ERC y ha defendido una "estrategia conjunta de negociación" entre ambas formaciones.

La cúpula de Esquerra Republicana ha publicado una carta dirigiéndose a su exsocio en el Gobierno de la Generalitat para "sumar esfuerzos" dentro del independentismo para abordar la negociación con Sánchez. Los republicanos coinciden en plantear la amnistía y la autodeterminación, pero también abogan por "dar respuesta a las necesidades de la gente" abordando asuntos como en el traspaso integral de Cercanías y acabar con llamado déficit fiscal, demandas asumibles para los socialistas. La misiva, firmada por el líder del partido, Oriol Junqueras, pero también por el president Pere Aragonès, la secretaria general, Marta Rovira, y sus sendos portavoces en Madrid y Barcelona, Gabriel Rufián y Marta Vilalta, entre otros, forma parte de la estrategia de los republicanos para blindar la vía del diálogo frente a la repetición electoral.

Otra de las voces que se ha pronunciado favorablemente sobre la investidura de Sánchez es el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi. "Inclinaremos siempre la balanza hacia el soberanismo, el progresismo y la izquierda”, aseguró en la noche electoral el abertzale. En los días posteriores a los comicios solicitó "un ejercicio de responsabilidad" a todas las partes, incluido el expresident Carles Puigdemont, a quien le dejó el siguiente recado: "Creo que Cataluña ha votado masivamente para impedir un bloque reaccionario en el Estado español", afirmó, no sin antes matizar que es "absolutamente respetuoso" con lo que decida cada formación. Además, pidió al presidente del Gobierno en funciones que se moviera para allanar el camino al resto de grupos.

El hasta ahora presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, se ha erigido como negociador por parte de Sumar para negociar con Puigdemont una eventual investidura, pese a haber sido apartado de las listas de los comunes. Asens lideró la petición de los indultos y la reforma del código penal, además de haberse desplazado a Waterloo en alguna ocasión y haber visitado a los líderes independentistas cuando estaban en prisión. Desde Junts le reconocen su labor y, pese a las buenas relaciones que mantienen con él, insisten en que la negociación es con los socialistas y no con la coalición de Yolanda Díaz.

La ministra de Hacienda en funciones y número dos del PSOE, María Jesús Montero, está pilotando las negociaciones con los independentistas junto al ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, sobre las que el PSOE quiere mantener absoluto silencio. La palabra "discreción" es la más repetida en las filas socialistas y ni siquiera Montero ha querido confirmar públicamente que Sánchez le haya encomendado esa misión, pero ambos están curtidos en el arte de la negociación tras una legislatura sin mayorías claras. Los socialistas se muestran convencidos de que no habrá repetición electoral aunque son conscientes de los difíciles equilibrios que tendrán que hacer si finalmente logran sacar la investidura adelante.

El Tribunal de Cuentas ha desestimado este lunes el recurso de apelación presentado por el exconsejero catalán Francesc Homs, y al que se adhirió el expresident Artur Mas, entre otros, con el que pretendían realizar un cómputo distinto de la liquidación de intereses por la condena que recibieron a causa de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014.

Según han informado fuentes jurídicas a Europa Press, la Sala de Justicia del tribunal ha rechazado el recurso de Homs, confirmando así el auto del pasado 28 de julio con el que la Sección de Enjuiciamiento ya desestimó las impugnaciones de la liquidación de intereses practicada.

Cabe recordar que el Tribunal de Cuentas condenó a Mas y a nueve antiguos miembros de su Govern por organizar la consulta independentista del 9-N a devolver 4,9 millones de euros, a los que se sumaban más de un millón de euros por los intereses devengados.

Homs, a cuyas alegaciones se adhirieron Mas, Irene Rigau, Joana Ortega, Josefina Valls y Jordi Vilajoana, pretendía que los intereses quedaran fijados en 590.547,63 euros.

El exconsejero explicaba en su recurso de apelación, al que ha tenido acceso Europa Press, que la controversia se debe a si las consignaciones efectuadas "paralizaron o extinguieron el devengo de intereses".

Homs recordaba en su impugnación que la Sala de Enjuiciamiento fijó que "la extinción de la obligación del pago de los intereses únicamente se produce si el principal se ha entregado o se ha puesto a disposición de la entidad pública perjudicada, negando todo efecto liberatorio en este sentido a las consignaciones efectuadas atendiendo a que ningún pago efectuaron las partes a la Generalitat de Catalunya por este concepto" hasta el 30 de julio de 2020.

Sin embargo, el exconsejero defendía que el cómputo de los intereses debería haber quedado paralizado desde el momento en que se hicieron las sucesivas consignaciones.

En este sentido, destacaba que "a partir del momento en que se efectúa la consignación, el destino del capital consignado ya no dependerá del demandado pues a partir del ingreso en la cuenta judicial ninguna facultad ostentará respecto aquél, quedando a expensas del resultado de las actuaciones judiciales".

"Siendo ello así, debe destacarse que ni la entidad presuntamente perjudicada ni ninguna de las acusaciones solicitaron el ingreso de las cantidades consignadas, aún teniendo conocimiento de su ingreso, ni solicitaron ejecución alguna a lo largo del procedimiento", subrayaba.

La Fiscalía, en un informe al que también ha tenido acceso Europa Press, se opuso al recurso de apelación de Homs, al considerar que "no hace sino reiterar los argumentos que han sido desestimados por el auto impugnado, sin aportar nuevos argumentos, mostrando su disconformidad al vincular el efecto liberatorio de la consignación a la aceptación y pago de la pena impuesta"

El fiscal Manuel Martín-Granizo recordaba que la decisión recurrida "lo que hace es concluir que en el presente caso la consignación llevada a cabo no ha producido un efecto liberatorio porque no se ha manifestado por el consignante su voluntad de aceptar y pagar la condena impuesta".

"Los recurrentes dispusieron de asesoramiento jurídico que debería haberles permitido valorar adecuadamente las condiciones y requisitos de la forma de hacer la consignación para conseguir los efectos pretendidos", señalaba.

El exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, dirigió a una parte de la llamada "policía patriótica" en la operación Cataluña, dentro de la estrategia para detener el desafío independentista. El objetivo de la operación era investigar y denunciar por corrupción a líderes independentistas catalanes, como se desprende de una grabación recogida por el diario El País.

La grabación guarda una conversación de 2012 entre Fernández Díaz, el exdirector de la Policía Eugenio Pino, y el excomisario José Manuel Villarejo. Una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados ya concluyó la naturaleza de esta policía patriótica, que trabajó durante el Gobierno de Mariano Rajoy para investigar a adversarios políticos del PP, encontrar trapos sucios y filtrarlos a medios de comunicación afines a los conservadores. La policía patriótica estuvo dirigida principalmente contra los partidos independentistas catalanes y Podemos.

Fernández Díaz mintió en la comisión de investigación al hacer la siguiente declaración: “Durante los casi cinco años en los que he ejercido la responsabilidad de ministro del Interior, jamás he despachado nada con el señor Villarejo”. La grabación, extraída de los archivos de Villarejo, reproduce una conversación de 15 minutos en la que los tres hombres acordaron presentar varias denuncias en la Audiencia Nacional y en los juzgados de Plaza de Castilla contra líderes independentistas; entre ellos Jordi Pujol y Artur Mas.

Villarejo compró el testimonio del empresario Javier de la Rosa, antiguo amigo de Pujol, y Victoria Álvarez, examante del hijo mayor del expresidente catalán. Interior y Policía estaban plenamente informados de las actuaciones del comisario.

La justicia andorrana investiga al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y sus exministros de Economía e Interior, Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, respectivamente, por su presunta relación con los intentos de conocer "mediante vías ilegales" información bancaria secreta de los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol y Artur Mas, así como del exvicepresidente Oriol Junqueras, dentro de la conocida como operación Cataluña.

Según consta en la comisión rogatoria de la justicia andorrana enviada a las autoridades judiciales españolas, consultada por Europa Press, la juez de instrucción especializada número 2 de Andorra, Stéphanie Garcia Garcia, insta a los investigados a designar un abogado o, en su defecto, en el plazo de 15 días a contar desde la notificación de las querellas, se les asignará uno de oficio.

En la comisión rogatoria, del 20 de mayo de 2022, constan como querellados Mariano Rajoy, Crostóbal Montoro, Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Estado Francisco Martínez y el exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó, así como los exmandos policiales Eugenio Pino y Bonifacio Díez.

Según recoge dicho escrito, los hechos denunciados en las querellas están relacionados con presuntas extorsiones, coacciones y chantage desde 2014 por parte de agentes de la Policía Nacional a responsables de la Banca Privada d'Andorra (BPA) para conocer "mediante vías ilegales" una información bancaria secreta protegida por la legislación andorrana" de varios gobernantes de Cataluña y sus familiares, entre ellos Pujol, Mas y Junqueras.

Por ello, los querellados están investigados por presuntos delitos de coacciones, amenazas de un mal constitutivo de delito, chantaje, extorsión, coacciones a órganos constitucionales y creación de documento falso.

Según un comunicado de los abogados impulsores de la querella, la justicia andorrana ha ampliado la querella interpuesta por dos entidades, Juristes Drets y l'Institut de Drets Humans d'Andorra (Idha), a la que posteriormente se adhirieron el presidente de Banca Privada d'Andorra (BPA), Higini Cierco i Noguer, y el ceo de la entidad, Joan Pau Miquel.

En 2020 Andorra admitió una segunda ampliación de la querella inicial: investiga a Rajoy, Montoro y Fernández Díaz por un supuesto delito de falsedad de documentos por remitir información falsa a autoridades estadounidenses para perjudicar a la BPA; y a Rajoy y a Montoro por un supuesto delito contra los órganos constitucionales por supuestamente intimidar al jefe del Gobierno andorrano y sus ministros para que liquidasen la entidad financiera.

También a Fernández Díaz, y a sus entonces subordinados, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, y al exdirector general de la Policía, Ignacio Cosidó, por los presuntos delitos de amenazas, extorsiones y chantaje.

En un primer momento, la querella se dirigía contra el inspector jefe de la Policía Nacional que fue agregado en la Embajada española de Andorra, Celestino Barroso Sánchez, y el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) Marcelino Martín Blas, quienes presuntamente coaccionaron y extorsionaron a los dirigentes de la BPA para conseguir datos de supuestas cuentas bancarias andorranas a titularidad de los Mas, Pujol y su familia y Junqueras.

La primera ampliación de la querella afectó al exDAO Eugenio Pino, superior de ambos, y el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano.

El Tribunal de Cuentas ha acordado que se levante el embargo sobre los inmuebles del expresidente catalán Artur Mas y de los exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau que se les impuso en diciembre de 2017 para hacer frente a parte de la fianza de 5,25 millones de euros que debían depositar por su responsabilidad contable por los gastos generados en la consulta popular del 9 de noviembre de 2014.

Ese embargo se produjo debido a que los excargos del Govern no lograron cubrir las cantidades dinerarias que el Tribunal de Cuentas pedía en un primer momento. Ahora, en el auto del Tribunal de Cuentas, al que ha tenido acceso Europa Press, se indica que las cantidades consignadas por los declarados responsables contables "debe tenerse por suficientemente garantizada la efectividad de la tutela jurisdiccional resultante de la sentencia firme dictada en el presente Procedimiento de Reintegro por Alcance nº B-215/17".

Esto es así porque desde 2017 se han ido consignando distintas cantidades hasta alcanzar la suma que se les reclamaba, 4,9 millones, más los intereses, que se cifraban en más de un millón. Por eso, ahora el Tribunal de Cuentas acuerda "acceder a la petición de alzamiento de las garantías inmobiliarias prestadas que ha realizado tanto la representación procesal de Mas, como Joana Ortega, Josefina Valls i Vila, Frances Homs, Jordi Vilajoana Rovira e Irene Rigau.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press señalan que si bien en un principio se logran afianzar solo 3 millones gracias a las campañas de solidaridad -motivo por el que se tuvo que aportar las viviendas-, a lo largo de los años y hasta julio de 2021 se realizaron más aportaciones dinerarias hasta alcanzar los más de 6 millones de euros.

Desde ese mes de julio, se ha esperado la notificación del órgano fiscalizador que ha llegado este mes de febrero y que supone levantar el embargo sobre las diferentes propiedades.

Cabe recordar que en diciembre de 2017 el Tribunal de Cuentas ordenó el embargo preventivo de inmuebles después de que concluyera el plazo que les dio para hacer frente a una fianza de 5,25 millones de euros que debían depositar, mientras se estudiaba su presunta responsabilidad contable por los gastos generados en el 9N.

Los inmuebles a los que se levanta el embargo son el domicilio de Mas en la calle Tuset de Barcelona, la mitad de un inmueble de Homs en Taradell (Barcelona), las fincas de Joana Ortega en Barcelona y de Rigau en Ribes de Fresser (Girona) y una propiedad de Vilajoana.

El ex president de la Generalitat Carles Puigdemont y otros ex cargos del Govern a los que Tribunal de Cuentas reclama una fianza de 5,4 millones de euros por la acción exterior de la Generalitat tienen previsto entregar este mismo viernes los avales asegurados con dinero del Instituto Catalán de Finanzas (ICE), han señalado a Europa Press fuentes próximas al líder independentista. Por su parte, la defensa de Artur Mas ya ha entregado los avales con cargo al mismo fondo.

Los abogados de los 34 afectados por la liquidación provisional fijada por el órgano contable trabajan contrarreloj para poder formalizar las fianzas antes del último plazo dado por la instructora del expediente, Esperanza García, que finaliza a las 00.00 horas del próximo martes. También esperan presentar sus documentos este viernes Martí Anglada, que fuera delegado del Govern en Francia y Suiza y Josep Suárez, ex delegado del Govern en Reino Unido.

Fuentes del Tribunal de Cuentas aseguran a Europa Press que durante las últimas horas se ha presentado documentación para acreditar varios avales respecto a otros tantos afectados que ahora deberá ser analizada por García. Después se emitirá una resolución dando las cantidades por afianzadas o bien rechazando los avales, algo que parece probable según fuentes jurídicas consultadas, que dudan de la legalidad de acudir a un fondo público para realizar estos pagos.

El pasado jueves, 29 de los 34 investigados por el Tribunal de Cuentas presentaron "anuncio" de que se acogerán al aval del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), mientras que el órgano contable les otorgó 48 horas (hábiles) para que acompañasen la documentación hasta ahora aportada por los avales en sí. Pasado este plazo improrrogable la instructora advirtió que, de no formalizar los depósitos, serán embargados.

"Los avales ya se han formalizado ante notario y los abogados de los encausados se los hacen llegar al Tribunal de Cuentas", explicó por su parte fuentes de la Consejería de Economía de la Generalitat, cuyo titular, Jaume Giró, decidió el miércoles que el aval correría a cuenta del ICF con el contraaval de un fondo de la Generalitat dotado con 10 millones de euros -una decisión que había descartado el martes-.

Respecto al hecho de la admisión o no de aval del Fondo de la Generalitat, el Tribunal de Cuentas señaló el jueves en una nota oficial que se dirimirá cuando proceda.

Al menos cuatro de los encausados habían presentado el jueves avales por su cuenta -dos de ellos habían depositado fianzas y otros dos habían presentado bienes inmuebles- la cantidad por la que avala el ICF no alcanza los 5,4 millones de euros que reclama el tribunal pero se acerca, ya que lo presentado por esos cuatro que no se han acogido al aval del ICF es una cantidad menor.

Tanto las fianzas como los embargos son medidas cautelares hasta que haya sentencia firme, es decir, no implican que el afectado pierda los bienes de manera inmediata. Su objetivo es el garantizar que una futura sentencia condenatoria los perjuicios que se han producido en los fondos públicos sean reintegrados.

Tal y como establece la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, si las defensas no abonan la caución correspondiente, se procederá al embargo de bienes de los implicados hasta cubrir las cantidades que se les reclaman cautelarmente.

Cantidades induviduales

Según el acta de liquidación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press, el Tribunal de Cuentas reclama a 34 ex cargos cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos puestos en el Govern.

La mayor suma se le atribuye al ex secretario del Diplocat, Albert Royo, a quien se le responsabiliza de 3,6 millones; le siguen la ex interventora de la Generalitat Mireia Vidal, por 3,1 millones; el ex conseller de Presidencia Francesc Homs, por 2,9 millones; el ex presidente Artur Mas por 2,8 millones; y el ex conseller de Economía Andreu Mas-Colell por 2,7 millones.

En el caso de Raül Romeva, uno de los nueve indultados por el Gobierno, la cifra alcanza los 2,1 millones de euros; Junqueras -también beneficiado por la medida de gracia- figura con una responsabilidad contable de 1,9 millones, al igual que Puigdemont.

Aunque se les reclama a cada uno cantidades individuales, todos ellos deben responder al total de 5,4 millones de forma solidaria.

El Tribunal de Cuentas ha fijado inicialmente en 5.422.879,48 euros la responsabilidad contable inicial que se reclama al president de la Generalitat que permanece huido en Bélgica Carles Puigdemont, al expresident Artur Mas, a los indultados Oriol Junqueras, Raül Romeva y a otros 37 ex cargos de la Generalitat por el presunto desvío de fondos para las denominadas 'embajadas catalanas' y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como DIPLOCAT, según el acta de liquidación al que ha tenido acceso Europa Press.

Según este documento, de este importe total 5.151.156 euros corresponden al principal y otros 271.723,48 euros a intereses calculados previa y provisionalmente desde el día 28 de marzo de 2019, fecha de aprobación por el Pleno del Tribunal de Cuentas del informe de fiscalización, hasta la fecha del acto de liquidación fijado para este martes.

Se les reclaman a cada uno cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos cargos, si bien todos ellos deberán responder al total de forma solidaria hasta os 5,4 millones del total, según fuentes del órgano contable consultadas.

Así, por ejemplo, las responsabilidades individuales se fijan en 1,9 millones de euros para Puigdemont y Junqueras, 2,1 para Romeva y 2,8 para Artur Mas. "La solidaridad se dará exclusivamente en las cuantías que corresponden a los periodos temporales de desempeño del cargo de cada uno de ellos", añade el documento.

Todas ellas se sumarán a los 4,1 millones de euros que la instrucción del tribunal contable calculó que costó el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y que ya fueron consignadas por personas del entorno independentista.

15 días para abonar

Durante el trámite de este martes, a los abogados de los afectados se les ha entregado un documento de 504 páginas que tendrán 3 horas para leer, tras lo cual cada uno de ellos tendrá unos 10 minutos para alegar in voce con independencia de a cuántas personas representen,invoce lo que es tildado de "procedimiento arbitrario" por alguna de las defensas. Una vez notificado el expediente de liquidación los responsables tendrán un plazo de 15 días para abonar el dinero.

El abogado de Puigdemont, Gonzálo Boye se ha retirado de la vista tras presentar por escrito sus alegaciones. En declaraciones a los medios de comunicación ha reprochado que "solo" se les haya dado 10 minutos a los abogados sin importar la cantidad de clientes que tengan en el procedimiento. Asimismo, ha criticado las explicaciones aportadas por el órgano fiscalizador durante el procedimiento.

"Se necesita un manual de instrucciones para entender lo que están haciendo", ha dicho en referencia al acta de liquidación provisional que ha facilitado este martes el Tribunal de Cuentas. En el marco de su declaración, ha avisado que se reserva "acciones" para otras jurisdicciones.

En el acto están presentes tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, además de los representantes legales de la Generalitat, de DIPLOCAT, de las sociedades Abogados Catalanes por la Constitución y de "Sociedad Civil Catalana, estos dos últimos personados como acción pública.

Conceptos de gasto

Entre los conceptos por los que se reclama están los viajes al exterior del presidente y los consejeros de la Gereralitat (317.790,97 euros) y las actividades de la Secretaría de Acción Exterior y de la Unión Europea. Dentro de este epígrafe se reclama por las actividades relacionadas con el proceso de autodeterminación (27.189,47 euros) por los encuentro con delegados (3.863,85 euros) y por contratos varios otros 21.175 euros.

También se reclaman los gastos de las delegaciones del Gobierno en el Exterior y ante la Unión Europea. Dentro de este capítulo se cifran 205.081,27 euros por los gastos en las delegaciones de Francia, Ginebra, Polonia, Alemania Reino Unido, Estados Unidos, EE.UU., Austria, Italia, Dinamarca y la Unión Europea relacionados con el proceso de autodeterminación (205.081,27). el documento añade que falta documentación justificativa por gastos en estas sedes por valor de otros 261.581,52 euros a lo que hay que sumar pagos injustificados (151.430,93 euros), servicios de asesoramiento y elaboración de informes (149.554,76 euros) y gastos en atenciones protocolarias y representación (32.844,24 euros).

A todo ello se añade, según las cuentas realizadas por el órgano fiscalizador, gatos en contratos de las delegaciones de Estados Unidos (92.843,61 euros), contratos en las delegaciones en Ginebra y la Unión Europea con HCSS (123.500 euros) y gastos de personal en estas delegaciones por valor de otros 127.813,54 euros.

Patronato de Cataluña y Consejo de Diplomacia

Un cuarto capítulo pasa por las actividades de promoción del proceso soberaneaste a través del Patronato de Cataluña y el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (DIPLOCAT), y en este punto se incardinan actividades tanto parlamentarias como académicas, culturales y deportivas por un total de gasto de 451.487,86 euros, a los que se suma un capítulo llamado "implicación de la Sociedad Civil Catalana" en debates europeos y "observación electoral" por 152.578,87 euros.

Dentro de los gastos por visitas internacionales a líderes de opinión, periodistas, comunicación y promoción en red se reclaman una de las cantidades más altas, un total de 932.125 euros, mientras que en el personal del diplocat aparecen gastos como la demanda de dos trabajadores por el cierre de la oficina de Lleida (80.232,96 euros) y la plaza de jefe de prensa por 134.286,76 euros.

También se fijan los gastos por el contrato con la empresa Independt Diplomat por 1.392.300 euros y el contrato de arrendamiento del inmueble de Bruselas por 17.154,38 euros. Diplocat también gastó, según ha cifrado el Tribunal de Cuentas, en una empresa de trabajo temporal 6.061,21 euros y en la difusión de una conferencia sobre "un nuevo paradigma económico de Cataluña" 44.970,16 euros.

Finalmente, en subvenciones del Diplocat se gastó 422.056,66 euros, lo que eleva la cifra total reclamada a 5.151.156 euros, llegando a los más de 5,4 millones al sumar los intereses.

Esta es la lista de los presuntos responsables contables:

- Artur Mas, expresident de la Generalitat de Cataluña: 2,797.993

- Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat : 1.981.454,47

- Oriol Junqueras, exvicepresident de la Generalitat: 1.969.154,51

- Frances Homs, ex consejero de Presidencia: 2,952.689,85

- Andreu Mas-Collel, ex consejero de Economía: 2,791.645,42

- Raül Romeva, exconsejero de Asuntos Exteriores: 2,108.818,32

- Roger Albinyana, ex secretario general: 38.666,56

- Amadeu Altafaj, ex representante ante la UE: 66. 609,94

- Luis Beltrán, ex secretario general: 5.122,96

- Albert Carreras, ex secretario general: 4.291,92

- David Mascort, ex secretario general: 1.058,79

- Joaquim Nin, ex secretario general: 163.889,75

- Jordi Vilajoana, ex secretario general: 147.168,45

- Aleix Villatoro, ex secretario general: 146.948, 57

- Mireia Vidal Ortí, ex interventora general: 3,164.694,10

- Rosa Vidal Planella, ex interventora: 1,8 millones

- Albert Royo, ex secretario general de DIPLOCAT: 3,6 millones.

- Pere Puig, delegado del Gobierno en Bruselas: 1,117, 69

- Adam Casals, delegado del Govern en Austria: 136.829, 79

- Erek Hauk, delegado del Govern en los Balcanes: 4.794, 72

- Ramón Font, delegado del Govern en Portugal: 12.300

- Francesca Guardiola, delegado del Govern en Dinamarca: 3.039,42

- Lucca Bellizzi, delegado del Govern en Italia: 95.747,54

- Andrew Scott, delegado del Govern en los Estados Unidos, 241.382,47

- Ewa Adela Cylwik, delegada del Govern en Polonia:244.456,38

- Manuel Manonelles, delegado del Govern en Suiza: 141.177, 33

- Marti Anglada, delegado del Govern en Francia y Suiza: 34.691,61

- Amrysé Olivé, delegada en Francia, ya fallecida: 22.725,27

- Sergi Marcén, delegado en el Reino Unido e Irlanda: 177.952,73

- Josep Suárez, delegado del Govern en el Reino Unido: 115.103, 60

- Marie Katinka, delegada del Govern en Alemania: 49.130,73

- Mar Ortega, delegada del Govern en Alemania: 15.833,64

- María Badía, ex secretaria de Exteriores: 3.863.59

- Jordi Solé, eurodiputado: 6.363,59

Nadie puede negar ni dejar de admirar el sentimiento que en esa tierra se tiene desde hace siglos, muy vinculado a su cultura y forma de ser. Eso pasa a ser problemático cuando se torna excluyente, haciendo que lo identitario sirva para señalar y separar al que no se ve igual.

Pero esa pasión negativa no se alcanza de la noche a la mañana. Se incubó el huevo de la serpiente y llegó a eclosionar. Sin remontarse mucho, cuando Macià y, tras su muerte, Companys, se alcanzó en la II República una posibilidad de desarrollo autonómico que se truncó pronto por el golpe de este último, quien fue juzgado y condenado legalmente por dicho régimen, como posiblemente muchos adolescentes allí no sepan.

Años después, tras la dictadura, apareció la vorágine que no cesa, aunque asemejó estar calmada, sólo vocinglera, como los contendientes separados tras una reyerta. Abreviando por concretar, más tarde hubo de aplicarse el artículo 155 de la Constitución destituyendo al Govern tras un engendro de referéndum. El expresident se fugó, así como otros implicados, y fueron procesados varios exconsejeros y dos dirigentes sociales.

Y aquí comienza a apreciarse notablemente lo que puede calificarse como comportamiento risible, si no fuese ridículo, de secta o, si vale el oxímoron, de religión laica, cuyo paraíso, terrenal, es la republiqueta, según la atinada expresión de Felipe González. Ya es antigua esa idolatría, si bien restringida, y así las visitas a las tumbas de esos primeros dirigentes son conocidas. Menos sabido es la veneración de la pieza de casquería cordimaciàna que guardaba Companys en su despacho del Palau y que, tras varias vicisitudes novelescas, se encuentra con el resto de los restos tras ese desguace. Ahora lo visten de costumbre masónica -jamás se ven en ellos mandiles con rayas verdinegras usados por los que evisceran- pero el tufo a reliquia laica en su urna no hay formol que lo enmascare.

De la liturgia reciente hay numerosas muestras, a cual más ceremoniosa. Una de las primeras que se vieron fue la clausura, la expiación, el sellado de la puerta santa del despacho donde dio el fugado todo por la patria. Y ahí sigue hoy impoluto a pesar de que son dos los que le han sucedido en el puesto. Eso sólo fue el inicio de lo que puede llamarse, por lo que después se repitió y se comentará, la creación de la zona prohibida, el ala del Palau donde no puede penetrarse en su Planeta de los senys. Torra (por cierto, el primer español al que SOS Racismo criticó duramente por sus perversos escritos, probable mérito valorado para ser nombrado vicario del Legítimo en su tierra, un discípulo amado que narró el apocalipsis patrio por los bárbaros de las 16 comunidades) nada más ser el ungido, hizo una visita al que puede llamarse El ausente parafraseando a los falangistas con su jefe. Asimismo, cual papa en el Coliseo, fue a reproducir a Girona el viacrucis de Puigdemont, el paseo que un año antes hizo éste previamente a su hégira a Bruselas.

Pero no solamente el citado hacía su visita ad límina. También fue a la prisión por redimir al cautivo y para hablar con alguno del otro partido con el que el suyo no habla y así disfrutar de la prerrogativa de nombrar libremente su equipo tras ser autorizado. En los nombramientos, todos sus consejeros agachaban la cerviz genuflexos ante los dolientes familiares de los destituidos del Govern ilegítimo por el Gobierno legítimo, y no al revés como reza su mentira organizada. Cual toricantanos recibían los plácets de los que debían ostentar los cargos de no estar sufriendo tormentos o lo que podría llamarse mejillonismo, que Oltra no concreta pero da cuenta y razón, así que este bivalvo es más propio. Tras los juramentos formales en un acto con categoría tres jotas, pues fue en el salón San Jordi con dos imágenes de ese santo espetando con su lanza un ser que nunca existió, se dirigieron a rendir pleitesía a sus mentores yendo a ser bendecidos en sus celdas y ser así creados como nuevos cardenales que gobiernan en sus sedes.

Ni qué decir tiene que resaltaba una ausencia y el oxímoron no lo suaviza el lazo amarillo que reposaba sobre un asiento. El lazo es el símbolo por excelencia, la cruz de la secta republicatalanoica, y aunque tenía ya una historia, ésta ha sido fagocitada por la interpretación que se le da en la margen izquierda del Ebro al representar el martirio, el tormento que sufren los citados así como, de manera extensiva, todos los que siguen soportando la represión de las fuerzas del mal cuyo demonio encarna la forma de Estado español, sobre todo desde el 16/10/17; fecha en que inician una protesta las dos célebres asociaciones regionales porque se puso a sus jefes a buen recaudo. En escaños del Parlament, pero también en asientos reservados en muchos actos, son la marca que indica dónde debía estar una presencia destacada, como hace algún catequista gazmoño en sus charlas dejando alguna silla vacía expectante a la Parusía. Algunas mujeres de pro han lucido prendas e incluso vestidos amarillos, siendo la sublimación del símbolo, no llegando a ser hábito, vestimenta religiosa permanente, pero sí pudiéndose considerar como acto excelso de mortificación, hecho quizá con una cierta dosis de temor supersticioso al tener un punto de teatral.

Lo frecuente, sin embargo, es lucir en la solapa el lazo hecho con diferentes materiales. Lo importante es sentirse identificado, hacer gala de la divisa grupal, el signo de pertenencia a los que no se dejan intimidar por la represión que les obliga a vivir bajo el yugo de la mayoría. Engalanan, con igual fin, paredes y ventanas, vallas y balcones, siendo también un símbolo unificador que señala idéntica fe, por contraste con la tendencia que se inició de significarse con la estelada frente a la senyera; ni siquiera se prodigó Puigdemont con aquella salvo en la paella con Trapero y poco más.

De los preparativos y la organización del referéndum ilegal se van conociendo datos pero aún falta mucho por descubrir. Sí tuvo para algunos ese sabor de catacumbas, de desobedecer al César por el bien supremo, pensando en que el pueblo elegido, siendo elector, lograría que la tierra prometida dejase de figurar en el catastro regulado desde aquende el Ebro. Hubo, por tanto, algo de juego y persecución mucho menos macabros que en Roma o, más próximos, que en las guerras cristeras.

Sí surgió del aciago día una reliquia que se custodia y venera en el ayuntamiento de Cornellà del Terri (Girona). Se trata de la primera pieza en toda la Historia de las Religiones fabricada con un material sintético, probablemente PP: la urna en la que votó el president anterior al 155. El pasado 1 de octubre volvió a exponerse presidiendo un acto en una plaza de la localidad ante el Molt Inhabilitat y dirigentes del partido mientras aparecía la imagen y se escuchaba la voz del Supremo fugado, quien, junto con ese vicario ahora emérito, proclamaron a JxCat como el espíritu del 1-O, quizá errando con un particular paráclito. El mandato del 1-O es la consigna, el mandamiento nuevo en el que se encierra todo el prusés -no merece que se ensucie el catalán con el significado que le dan a la palabra- nada que haya cambiado.

Para construir una nueva fe, buena ayuda es aumentar el martirologio. Amén de los conocidos, no hace tanto se supo que uno de los del sanedrín que han dado en llamar “Estado Mayor”, Terradellas, dijo que logró hilvanar una cruzada con lo que serían los Diez Mil Hijos de la DUI. Más alarmante, aunque más fructífero para su causa, era la proterva afirmación de que la independencia necesitaba ¡cien muertos! Está claro que sería su bando el que pondría esas bajas y soñaba con leer después en Montserrat y otros templos -no se atreverían a profanar la universal Sagrada Familia- la placa con los caídos “per Catalunya”.

Al igual que se vio cómo el vicario no osó macular el despacho del fugado, tampoco el que ocupó aquel ha sido profanado por su sucesor, fruto de un pacto que se basa en no respetar formalmente la inhabilitación considerándolo así el legítimo mientras mantienen la contradicción de que hay otro más legítimo. Así se ha llegado a extremos de ridiculez que hacen que Aragonès apenas sea citado como President en funciones, lo que es, y sí como vicepresidente y consejero, que también, tanto por los medios oficiales como por turiferarios y apesebrados junto a intimidados. Por no tener, no tiene este año lo que siempre ha sido general, esperable en un personaje público de su categoría, su caganer. En esa obsesión inexplicable de ese pacto entre mediocres da la impresión de que no cabía que esa diminuta figurita, ese muñeco tradicional que se busca en cualquier belén catalán, ese icono patrio simpático que también tiene relevancia casi tan venerable como el Niño, se comercializase porque significaría desautorizar el veto al “President en funciones”. Con la convocatoria de elecciones por el Parlament se producirá el milagro de oír de esas gargantas y leer de esas plumas, al fin, que alguien tiene ese cargo hasta el 14-F.

Esas teogonías y liturgias, pretendidamente forjadoras de un Estado, tienen demasiado de comedia, de vehemencia, de gesticulación vana y, haciendo un paralelismo plausible hasta por el más infiel, se acercan más al Palmar de Troya que a la iglesia de la que éste salió.

Jesús María Frades Payo es socio de infoLibre

Osàcar ha continuado su declaración ante el juez por videoconferencia desde los juzgados de Barcelona, según informa Europa Press, después de que el viernes se suspendiera por problemas de sonido, por lo que este martes el juez y fiscal José Grinda se han desplazado a Barcelona, y, sobre la supuesta implicación de Mas, el extesorero ha dicho que no puede imaginarse que no lo supiera, han indicado las citadas fuentes.

En la línea de lo que declaró el viernes, Osàcar –que solo ha respondido al juez y al fiscal, pero no a los abogados de la causa– ha confirmado la tesis de la Fiscalía Anticorrupción sobre el presunto blanqueo de pequeñas cantidades, que se investiga en una pieza separada del caso 3%, que cuenta con 12 exdirigentes de la formación investigados.

Ha explicado que, a finales de cada año, si el partido se quedaba sin presupuesto para el último trimestre, pedían a dirigentes que hicieran una donación: más tarde, Osàcar les devolvía la misma cantidad en efectivo, lo que ha asegurado que hacía por orden del entonces gerente del partido Germà Gordó, de quien ha dicho que controlaba el sistema de blanqueo en pequeñas cantidades que se investiga.

Entregó efectivo a exdirigentes de CDC

Sin embargo, ha apuntado que algunos dirigentes rechazaron que se les devolviera el dinero donado: en este sentido, ha exculpado a los exconsellers Felip Puig, Irene Rigau y Pere Macias, al exalcalde de Barcelona Xavier Trias, al expresidente del Cesicat Carles Flamerich y al expresidente de Forum Barcelona Víctor Vila.

En cambio, ha dicho que sí devolvió en efectivo el dinero de las donaciones al exconseller Jordi Jané, y a los exdirigentes de CDC Marc Guerrero, Jordi Moltó, Glòria Renom, Xavier Crespo, Montserrat Candini y Eduard Freixedes.

Osàcar ha declarado que desconocía el origen de ese dinero en efectivo, y ha alegado que lo controlaba Gordó, y ha dicho al juez que Mas lo debía saber dado que hablaba continuamente con Gordó, aunque durante su declaración no ha hecho ninguna afirmación directa sobre que él tenga constancia del conocimiento de Mas.

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha asegurado que hay negociaciones en marcha entre el PDeCAT y JxCat para llegar a un acuerdo de coalición electoral para las próximas elecciones catalanas y ha concretado que son entre "las personas lógicas que las tienen que tener", entre las que ha mencionado al presidente del PDeCAT, David Bonvehí, y al expresidente de la ANC y exdiputado de JxCAT, Jordi Sànchez.

"El calendario está agotado. Si las elecciones pueden venir de aquí a cuatro días, los partidos deben estar organizados", ha afirmado el expresidente en una entrevista en TV3 este miércoles recogida por Europa Press, y ha añadido que en los últimos meses ha intentado tender puentes y preservar la unidad.

Ha concretado que "si el planteamiento es que el PDeCAT deje de existir, no habrá solución, porque hay mucha gente del PDeCAT que no quiere dejar de existir ni se quiere diluir", y ha apostado por la fórmula de la coalición, que asegura que tiene defectos, pero también ventajas.

Regreso de Marta Pascal

Si finalmente hay una separación entre JxCAT y PDeCAT, el expresidente catalán ha dicho que lo lógico es que ambas formaciones "busquen el máximo de apoyos y sumas", y ha apuntado que el PDeCAT tiene la puerta abierta por si se puede ampliar la base de su oferta electoral y reincorporar a gente que se marchó, en referencia a la excoordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal.

Para Mas, la situación en los municipios sería complicadísima si se produce una ruptura entre estas formaciones, aunque ha descartado romper el pacto con el PSC en la Diputación de Barcelona: "La alternativa es irse a la oposición. Y mi pregunta es: ¿dónde seremos más útiles?".

No a una presidencia simbólica

Mas ha asegurado que no es partidario de una presidencia simbólica de la Generalitat en el caso de que el Tribunal Supremo inhabilitase al presidente del Govern, Quim Torra.

"Esta es la salida que yo personalmente no haría", ha sostenido Mas, que ha añadido que bajo su punto de vista Torra puede elegir entre convocar elecciones o que se elija un nuevo candidato a presidente, porque las considera opciones sólidas, en sus palabras.

Ha asegurado que "el terreno de la gesticulación, no lo practicaría", porque cree que no funciona, y en la situación actual de crisis por el coronavirus apostaría por más solidez en las decisiones y las consecuencias que se derivan de ellas.

Al ser preguntado por cuál sería la opción que él escogería, Mas ha afirmado que sabe qué haría pero no lo puede decir porque los expresidentes deben ser cuidadosos para no interceder en las máximas decisiones de los presidentes: "Tengo mi teoría y hoy aún sería menos oportuno que la dijese".

Ha reclamado una respuesta unitaria si se inhabilita a Torra y ha expuesto que para que el proyecto soberanista vaya adelante hacen falta tres condiciones: "Pasar de una mayoría sólida a una mayoría inapelable; la segunda, tener aliados exteriores sólidos, y la tercera, unidad estratégica, de objetivo y camino".

"De estas tres no tenemos ninguna en grado suficiente, y la última es la más debilitada", y ha insistido en que se debe garantizar la pervivencia y unida del movimiento soberanitas y que él tiene autoridad para decir que no se puede deshacer esta unidad.

Caso Palau

Al ser preguntado por la sentencia del Caso Palau, Mas ha afirmado: "Discuto esta sentencia firme", y ha defendido que el extesorero de CDC Daniel Osàcar no debería estar en la cárcel porque asegura que no era el tesorero del partido cuando se firmaron los convenios de obras del Palau de la Música.

Ha subrayado que él asumió responsabilidades y dejó la presidencia del PDeCAT pese a que su nombre "no aparecía en ninguna parte" y lo hizo porque la persona encausada había estado propuesta por él, tras lo que ha deseado que otras personas hiciesen lo mismo que él.

El expresidente de la Generalitat Artur Mas dejará este domingo de estar inhabilitado para ocupar un cargo público en plena reordenación del espacio de JxCat, cuestión que sigue atentamente y que ha explorado con el también expresidente y ahora eurodiputado Carles Puigdemont, informa Europa Press.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a Mas a dos años de inhabilitación por desobediencia al organizar la consulta del 9N de 2014, pese a que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional, y luego el Tribunal Supremo rebajó la pena a un año y un mes, impidiéndole entonces presentarse como candidato en unas elecciones, hasta la fecha.

La sentencia complicó así el futuro político de Mas, que desde entonces ha ejercido como expresidente de la Generalitat y ha tenido que afrontar también la condena del Tribunal de Cuentas, que le impuso el pago de cinco millones de euros junto con las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau.

En enero de 2018, Mas también anunció su renuncia a la presidencia del PDeCAT, una decisión que acordó meses atrás con la ejecutiva del partido, que entonces lideraba Marta Pascal, muy crítica actualmente con la línea impuesta por Puigdemont.

Pese a todo, lo que ha sobrevolado siempre sobre Mas ha sido su posible vuelta a la primera línea política una vez terminara su inhabilitación, aunque cada vez que le han preguntado al respecto ha respondido que, en condiciones normales, su rol no es volver a presentarse a unas elecciones al Parlament. Aunque hay sectores del PDeCAT que quieren el regreso de Mas, no es su prioridad y los últimos meses se ha centrado en seguir de cerca las negociaciones sobre la reordenación de JxCat.

Desde junio del año pasado, Mas se ha reunido oficialmente en dos ocasiones con Puigdemont en Bruselas para perfilar una fórmula que aúne el PDeCAT, la Crida y los independientes en un mismo espacio político, y para ello mantiene contactos con todos los actores implicados.

También está informado y sigue de cerca iniciativas como la de El País de Demà, que impulsa el director general de la fundación ESDI, y en la que están implicados exdirigentes del PDeCAT como Pascal y los exdiputados en el Congreso Carles Campuzano y Jordi Xuclà.

Libro y Perpignan 

Está previsto que el martes salga a la venta su libro Cap fred, cor calent. El procés en primera persona, de Columna Edicions, en el que Mas quiere explicar con profundidad los entresijos de su etapa al frente de la Generalitat y el proceso soberanista sin ahorrar "autocrítica" y mostrando sus luces y sombras.

El expresidente catalán también anunció que el sábado 29 de febrero asistirá al acto organizado por el Consell per la República Catalana en Perpignan (Francia) para "dar apoyo" a Puigdemont.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha ordenado este jueves registros en Triacom, una de las principales productoras de la programación de TV3, en relación con la investigación del conocido como caso 3 per cent sobre la presunta financiación irregular de ConvergènciaConvergència, han informado a Europa Press fuentes jurídicas y policiales.

En los registros en Barcelona han participado tanto los Mossos d'Esquadra como la Guardia Civil, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción. La actuación policial ha sido compartida entre la Audiencia Nacional y el juzgado número 1 de Lleida, que ya investigaba la supuesta participación en la trama del que fuera presidente de la Diputación de Lleida, Joan Reñé.

De la Mata acordó el pasado mes de agosto la imputación del exgerente de TV3 y administrador de la productora Triacom Oriol Carbò tras escuchar al responsable de Hispart, Joan Manuel Parra, declarar como testigo que el partido catalán utilizó un sistema de facturación falsa a través de una productora de TV3 para financiar actos de la campaña electoral de 2010, la primera de Artur Mas como aspirante a la presidencia.

En paralelo, la Agencia Tributaria destapó en una inspección sobre impuesto de sociedades la existencia de más de dos millones de euros en facturas falsas emitidas en 2010 y 2011 a Triacom, la productora estrella de TV3 investigada por supuestamente haber facturado en falso para camuflar gastos electorales de Convergència Democratica de Cataluña.

Este asunto se sigue en la Audiencia Nacional, en la denominada causa del 3%, que investiga si cargos de CDC cobraban mordidas a empresarios a cambio de la adjudicación de obra pública y, posteriormente, blanqueaban esos ingresos con fórmulas como la prestación de servicios a terceros de los que en realidad se beneficiaba el partido.

Según declaró en su día Juan Manuel Parra adjuntando una grabación, Carbó le dio instrucciones en connivencia con el exconseller de Justicia de la Generalitat Germá Gordó, para facturar a Triacom por conceptos ficticios el despliegue que había realizado para un acto electoral de CDC. Tal y como afirmó en la Audiencia Nacional, sólo así podía cobrar por sus servicios.

Cuatro años después de que Convergència Democrática de Catalunya (CDC), el partido que durante décadas dominó el ala moderada del nacionalismo catalán, perdiera su identidad como consecuencia de los casos de corrupción que protagonizaron sus dirigentes y de la efervescencia soberanista que siguió a la sentencia del Constitucional que anuló parcialmente el Estatut, el espacio político que ocupaba es un hervidero de siglas, alianzas, plataformas y lealtades cruzadas en busca de un guion —y de un líder— en torno al cual reinventar una oferta política unitaria de cara a las elecciones anticipadas que el president Quim Torra ha anunciado pero para las que todavía no hay fecha.

El PDeCAT, las siglas en las que se metamorfoseó CDC, nunca tuvo la oportunidad de consolidarse por sus propios medios. La creación de Junts pel Sí, la alianza con Esquerra y representantes destacados de las organizaciones sociales independentistas que pilotó el rumbo del soberanismo desde 2015 hasta la declaración de independencia de 2017, desembocó en el imprevisto liderazgo de Carles Puigdemont, huido a Bélgica, y en la necesidad de repetir la experiencia —ya sin los republicanos— en las elecciones autonómicas que convocó Mariano Rajoy en aplicación del artículo 155. La fórmula de urgencia se diseñó en gran parte a medida de Puigdemont, fue bautizada como Junts per Catalunya (JxCat) y unió de nuevo al PDeCAT, cada vez más diluido, y a un influyente grupo de afines al expresident de los que Quim Torre es uno de sus principales exponentes.

Durante todo el año 2018, Puigdemont trató de poner en pie su estrategia de construcción de una formación política independentista hegemónica siguiendo el modelo del Partido Nacionalista Escocés que obligase a ERC —y a la CUP— a someterse a su liderazgo. No lo logró, pero por el camino fue capaz de desplazar a los dirigentes del PDeCAT más incómodos con la estrategia unilateral y puso en marcha su propia plataforma política, la Crida Nacional per la República (CNR), al frente de la cuál situó a uno de los presos del procés, el expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez.

En paralelo, durante estos años se han ido quedando descolgados otros actores menores del soberanismo político no de izquierdas. Es el caso de Demòcrates, una organización formada por los independentistas de la desparecida Uniò Democrática de Catalunya (UDC), que ha sobrevivido todo estos años haciéndose hueco primero en la coalición Junts pel Sí y después en las candidaturas de Esquerra. Un lugar en el que, ahora, no están nada cómodos, porque no sólo no comparten la decisión de facilitar la investidura de Pedro Sánchez sino que se sienten mucho más próximos al desafío rupturista que encarna el president Torra.

Demòcrates de Catalunya ha convocado su II Congreso Nacional para el próximo mes de marzo con el objetivo de concretar su apuesta por “la vía unilateral y de insumisión colectiva como único camino” para la independencia de Cataluña.

Ese mes será capital para el futuro del espacio posconvergente. La Crida celebrará en esas fechas una asamblea general en la que formalizar la “propuesta de actuación política” a la que estos días tratan de dar forma Puigdemont y Sànchez en contacto con el actual responsable del PDeCAT, David Bonheví.

Oficialmente la Crida nació hace un año sin intención de presentarse a las elecciones. Desde entonces ha trabajado en su expansión territorial y en la captación de seguidores con la transversalidad por bandera, sobre todo a partir de propuestas liberales y socialdemócratas.

El rumbo que tome la Crida ahora dependerá de Puigdemont, su líder indiscutible, y eso determinará a su vez el futuro de Junts per Cataluña, que es la apuesta del PDeCAT. Este partido decidió el pasado diciembre “transitar" hacia JxCat —son los dueños de la marca— con la intención de evolucionar hacia una sola estructura, lo que no implicaría forzosamente la disolución de la formación. Eso sí: este recorrido lo quieren seguir haciendo bajo el liderazgo de Puigdemont.

El PDeCAT no quiere integrarse en la Crida, sino convertir JxCat en el espacio donde converjan todos las formaciones partidarias de la independencia. Un cruce de siglas que se hace todavía más complejo si se tiene en cuenta que personas como Puigdemont o el presidente del grupo parlamentario, Albert Batet, militan en la Crida y el PDeCAT al tiempo que forman parte de Junts.

Paradójicamente, y a la vista de que a partir de marzo se abre la posibilidad de tener que hacer frente a elecciones, el PDeCAT ha comenzado a reforzar su estructura. “Ante los tiempos que vienen necesitamos una dirección fuerte, proactiva, que trabaje por el mandato del Consell Nacional de reordenación del espacio y transitar hacia JxCat”, defiende Bonvehí, que aspira a culminar en “unas semanas” el proceso de reordenación de Junts, con “prudencia y generosidad para que todos los sectores se sientan cómodos”. “Queremos que esto salga bien. Las fórmulas están todas abiertas”, sostiene.

Si la situación que viven la Crida, Junts, el PdeCAT y Demócrates es compleja, la de quienes aspiran a reconstruir un espacio político nacionalista pero no independentista, en la tradición de Convergència i Unió (CiU), lo es mucho más.

Catalanismo no soberanista

En este terreno son varias las entidades e iniciativas que reclaman representar al catalanismo no soberanista al que, aseguran, el discurso independentista dominante ha dejado huérfano. Entre ellos están Lliures, un partido que se autodenomina liberal y de centro, creado por el exconseller convergente Antoni Fernández Teixidó en 2017, que nunca se ha presentado a las elecciones y que ahora negocia su integración en la recién creada Lliga Democràtica, otra formación autotitulada liberal y de centro que lidera la politóloga Astrid Barrio. Y cuyo secretario general es Josep Ramon Bosch, que ha sido en dos ocasiones máximo dirigente de la antiindependentista Sociedad Civil Catalana (SCC) y que fue quien fraguó el aterrizaje de Manuel Valls en la política española para intentar el asalto a la Alcaldía de Barcelona.

La Lliga mantiene conversaciones con Convergents, un partido creado por el exconseller Germà Gordó, pero cuyo ideario soberanista dificulta el acercamiento. Y también con Units per Avançar que, con Ramon Espadaler al frente, es el heredero de la desaparecida Unió Democràtica. Units, que reivindica el ideario democristiano, catalanista y no soberanista de Uniò, se presentó a las últimas elecciones autonómicas en coalición con el PSC, lo que le permitió obtener un escaño en el Parlament.

Por si fueran pocas las siglas que tratan de liderar una alternativa catalanista no independentista, queda por ver si la plataforma El País de Demà acaba fraguando una oferta política y electoral. La han impulsado. en los últimos meses de 2019, empresarios, académicos y políticos catalanes cercanos al PDeCAT que se sintieron desplazados desde que Puigdemont tomó el control de la organización, en el verano de 2018. Algunos de los dirigentes políticos a los que tratan de vincular con este proyecto fueron, de hecho, personas muy relevantes del PDeCAT, como el exdiputado Carles Campuzano y la exsenadora Marta Pascal.

Los liderazgos

La redefinición del mapa político posconvergente dependerá, tanto antes como después de las elecciones, de los liderazgos. Todo en el catalanismo no independentista está más verde, mientras en el caso del soberanismo los nombres empiezan a acumularse.

El que más suena es el de Carles Puigdemont, que ya asumió la candidatura a la Presidencia en las elecciones de diciembre de 2017. Él asegura no querer repetir la experiencia, pero tampoco lo descarta, teniendo en cuenta que necesita poner toda la carne en el asador para mantener el liderazgo del espacio independentista y evitar que pase a manos de Esquerra. A su favor cuenta con el resultado de las elecciones europeas, las únicas en las que —con él como cabeza de cartel— Junts fue capaz de batir a los republicanos.

Si al final opta por no presentarse, la mejor situada para ocupar ese lugar es Laura Borràs. La portavoz de Junts en el Congreso goza de su total confianza. En su currículum juega a favor, paradójicamente, estar siendo investigada por el Tribunal Supremo como supuesta responsable de varios delitos —prevaricación, malversación, fraude administrativo y falsedad en documento mercantil— presuntamente cometidos cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

El resto de nombres que se están poniendo encima de la mesa proceden del Govern —el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet; el de Políticas Digitales, Jordi Puigneró; la de Empresa, Àngels Chacón— o del municipalismo, como la alcaldesa de Girona y diputada en el Parlament, Marta Madrenas, también muy próxima al expresident. Sus posibilidades reales dependen del visto bueno de Puigdemont, pero también de los recelos que susciten en el PDeCAT.

El que todavía no ha aclarado si tratará de recuperar el liderazgo del espacio posconvergente es Artur Mas. El expresident de la Generalitat habrá cumplido el próximo 23 de febrero la pena de inhabilitación que le impusieron los tribunales por la consulta del 9 de noviembre de 2014.

Mas, al que se considera reacio a insistir en la vía unilateral para conseguir la independencia, publicará el próximo 25 de febrero, justo después de que termine su inhabilitación, un libro titulado Cap fred, cor calent (Cabeza fría, corazón caliente). Quizá entonces aclare si está dispuesto a volver a la primera línea de la política catalana, de la que le apartó la CUP en 2016 abriendo de paso la puerta del Palau de la Generalitat a Carles Puigdemont.