La jueza del 'caso Pegasus' imputa a un magistrado del Supremo sin tener competencia para ello

Un magistrado del Tribunal Supremo imputado por los supuestos delitos de descubrimiento y revelación de secretos informáticos y de acceso ilegal a sistemas informáticos. La titular de la plaza 2 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona, la que instruye uno de los casos por el espionaje con Pegasus, ha señalado como investigados a dos exdirectores de la Guardia Civil –Félix Azón y María Gámez– y la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban. La resolución ha causado sorpresa en el Alto Tribunal porque Azón es miembro de su Sala de lo Social y todos los magistrados del máximo órgano judicial español, en cualquiera de sus órdenes –Civil, Penal, Contencioso-Administrativo, Social y Militar– están aforados a su Sala de lo Penal. Este último tribunal, el que condenó el pasado noviembre al ex fiscal general del Estado, es el único competente para investigar (y por tanto imputar) a Azón.

Félix Azón fue vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PSOE entre 2008 y 2013. Con la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez en 2018, este juez que ha pasado la mayor parte de su carrera en Cataluña, se convirtió en el primer director general de la Guardia Civil nombrado por el ministro del Interior (y también juez) Fernando Grande-Marlaska. Es a esa etapa, que se prolongó hasta enero de 2020, a la que pertenecen los hechos que la jueza de Barcelona investiga y que se recogen en una denuncia de la asociación Sentinel Alliance por el supuesto espionaje con las herramientas Pegasus y Candiru de cinco desarrolladores informáticos. Además de los tres altos cargos de la Guardia Civil y el servicio de espionaje, la instructora también ha imputado a seis dirigentes de las empresas que comercializan ambos programas de espionaje (NSO Group y Saito Tech).

El exdirector de la benemérita denunciado, se convirtió en magistrado de la Sala de lo Social del Supremo (la que tiene la última palabra en los asuntos laborales o de seguridad social) el 20 de febrero de 2025. Fuentes del Alto Tribunal indican que, por esa razón, el escrito contra Azón debió presentarse ante la Sala de lo Penal el Alto Tribunal y no en el Tribunal de Instancia de la capital catalana. La otra vía para que la causa contra el ex máximo responsable del cuerpo policial llegue al Supremo es que la jueza de Barcelona presente una exposición razonada con los indicios encontrados contra él. En el Supremo indican, sin embargo, que según la doctrina de la Sala de lo Penal, esos indicios deben ser sólidos, lo que implica que no basta solo con trasladar los hechos que recoge la denuncia. La jueza de Barcelona tendría que avanzar en su investigación al resto de imputados para comprobar si, efectivamente, se pueden achacar racionalmente al magistrado aforado.

En caso de que esa hipotética exposición razonada prosperara en el Supremo, sería la primera vez en democracia que un magistrado del Alto Tribunal podría ser imputado. El único precedente es el del ex máximo responsable del Ministerio Público, que al pertenecer a la máxima categoría, fiscal de Sala, tiene el mismo rango que un miembro del máximo órgano judicial. La Sala de lo Penal ha investigado y condenado a magistrados –como Baltasar Garzón en el caso de las escuchas en prisión del caso Gürtel– pero nunca a un miembro del máximo tribunal español.

Fuentes de los querellantes han informado a EFE que entienden que la investigación de su causa avanzará en el citado juzgado de Barcelona, y si a partir de ahí hay suficientes indicios contra Azón, se enviará esa exposición razonada para saber si lo citan a declarar en Madrid o en la capital catalana. Se trata de la primera vez que la justicia actúa contra dos exdirectores de la benemérita por este caso de espionaje a dirigentes independentistas y su entorno. En el caso de Paz Álvarez, la exresponsable del CNI está imputada en otras causas abiertas.

El caso que ahora arranca es el primero que se dirige contra una segunda aplicación espía, Candiru, comercializada por Saito Tech, y que solo Gobiernos y servicios de inteligencia pueden adquirir. La intervención supuestamente ilegal de los dispositivos de los denunciantes fue descubierta por el grupo de investigadores de la Universidad de Toronto Citizen Lab, la entidad que detectó el caso de espionaje masivo durante el proceso independentista. El laboratorio canadiense fechó los hechos durante dos años desde 2019. Las aplicaciones supuestamente empleadas permiten extraer todo el contenido de los móviles: chats, correos, contraseñas, archivos. También pueden activar a distancia el micrófono y la cámara.