La sede del PSOE de Leganés ha sufrido un nuevo ataque vandálico durante la noche de Fin de Año, con pintadas de símbolos fascistas e insultos en la fachada.

Se trata de la segunda agresión en apenas seis meses contra un espacio que "representa la convivencia democrática, la participación ciudadana y la libertad política" en la ciudad de Leganés, tras el último incidente que tuvo lugar el pasado 3 de julio de 2025, precisa en un comunicado la formación este jueves.

Los socialistas consideran que estos actos "no son aislados" y alertan sobre un clima de "intolerancia y violencia alentado por quienes desprecian la democracia y los valores constitucionales".

El secretario general del PSOE de Leganés, Miguel Recuenco, ha condenado de forma rotunda el suceso. "Quien ataca la sede de cualquier partido democrático ataca la libertad política y la convivencia de todos", ha aseverado.

Para el dirigente socialista, estas pintadas representan un "odio organizado" que busca "intimidar y silenciar" a la militancia.

Recuenco ha subrayado la gravedad de la reincidencia y ha advertido de que el partido no va a "normalizar" la violencia política, ni va a "mirar para otro lado".

"El fascismo y el odio no tienen cabida en Leganés ni en una sociedad democrática", ha añadido el secretario general, quien ha reafirmado el compromiso de su agrupación con la ciudadanía frente a quienes "quieren imponer el miedo".

El PSOE de Leganés ya ha puesto los hechos en conocimiento de las autoridades para que se investiguen y no queden impunes, a la vez que ha agradecido las muestras de solidaridad recibidas por parte de vecinos y entidades locales tras conocerse el ataque.

Agentes de la de la Dirección de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional de Perú, con apoyo de Interpol, han detenido en Lima a Christian Hernán Yong Granadino, alias 'Chuki', sobre quien pesaba una Orden Internacional de Detención emitida por las autoridades españolas. Las investigaciones realizadas por la Policía Nacional de España han permitido su localización 15 años después de huir tras, presuntamente, asesinar a su exnovia en 2010. El cadáver de la joven fue localizado en una maleta en un contenedor de localidad madrileña de Leganés.

Los hechos por los que se le buscaba ocurrieron el día 10 de noviembre de 2010, cuando fue asesinada Silvia Rodríguez Fernández, una menor de 16 años y expareja del ahora detenido, en la localidad de Leganés. El cadáver de la menor fue introducido en una maleta de color verde militar para después ser arrojado en unos contenedores cercanos al lugar de los hechos. Christian se convirtió en el principal sospechoso al ser visto por varios testigos oculares cuando sostenía la citada maleta, entre otras pruebas de peso que apuntaban a que era el responsable del crimen.

Tras un exhaustivo análisis de la información relacionada con el sospechoso se pudo establecer un vínculo que le situaría en Perú. Paralelamente, a través de los canales de cooperación policial internacional, se incorporó al fugitivo a El PAcCTO, promovido por Interpol, que impulsa la búsqueda y detención de aquellos fugitivos de mayor calado con posible ubicación en los países de ámbito iberoamericano. Además se le incluyó en la lista Europe's Most Wanted de Europol como uno de los fugitivos más buscados de Europa.

Teniendo en cuenta la prescripción próxima del delito, se solicitó la colaboración de la Sección de Análisis de la Conducta de la Policía Nacional, gracias a cuyas gestiones con el entorno del fugado se pudo confirmar su huida hacia su país natal, donde podría estar recibiendo sustento por parte de varios familiares en Lima.

Este viernes, las autoridades policiales peruanas informaron que habían logrado identificar la filiación fraudulenta usada por el fugitivo con la que había estado residiendo en Perú todos estos años. Se coordinaron las gestiones oportunas para la localizar a esta persona, teniendo un resultado positivo. Tras una comprobación de la reseña decadactilar se verificó fehacientemente su identidad, por lo que fue detenido poniendo fin a 15 años de fuga.

"Son ya nuestros viernes blancos", reconoce a infoLibre Carmen López de Marea de Residencias. Con estas palabras hace referencia a que por segunda semana consecutiva se ha producido una imputación de ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, algo que cerca aún más a los presuntos responsables de las muertes en residencias durante la pandemia. "Es una buena noticia que otro juzgado se sume a investigar lo que sucedió en estos centros durante el covid", asegura Alejandra Jacinto, una de los tres abogados de las asociaciones de víctimas. Más de cinco años después de que se aprobase en marzo de 2020 el ya conocido como Protocolo de la Vergüenza, que impedía trasladar a los hospital desde las residencias a las personas con mayor grado de dependencia física o con mayor deterioro cognitivo, la justicia sigue dando pasos para arrojar algo de luz ante la ilusión de unos familiares que llevan un lustro de lucha en las calles, en las instituciones y en los tribunales, y que ven con esperanza esta nueva fase judicial.

Una nueva fase que se inició hace justo siete días. El pasado viernes 23 de mayo, el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid imputó por primera vez a tres ex altos cargos del Gobierno Ayuso. Una semana después, es el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Leganés el que mueve ficha y abre una segunda causa judicial contra dos de ellos: Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, quienes fueran directores de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad y autor y firmante del Protocolo de la Vergüenza desvelado por infoLibre. Durante ese periodo, solo entre marzo y abril, 7291 personas fallecieron en los centros de mayores de la región sin asistencia sanitaria, ni fuera ni dentro del geriátrico.

En total, tal y como explica Carmen López, hay 92 procedimientos relacionados con denuncias por la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal. La gran mayoría proceden de la macrodenuncia que 109 familiares presentaron el pasado mes de octubre ante la fiscal superior Almudena Lastra, aunque no todas se han podido materializar por diferentes motivos. A ellas se suman otras cinco querellas presentadas de forma independiente para evitar una prescripción que, en muchos casos, era inminente.

Tanto Carlos Castillo como Alejandra Jacinto, que forman parte del equipo de la acusación junto a Eduardo Ranz, en conversación con infoLibre coinciden en que es probable que muchos más juzgados actúen de forma similar y sigan el ejemplo de Madrid y Leganés. "No es descartable que se vaya produciendo a cuentagotas nuevas imputaciones", apunta Jacinto. La duda a estas alturas del equipo jurídico de la acusación es si habrá un proceso de unidad de todas las denuncias y que confluyan en una misma causa o si seguirán individualmente. 

Por ahora, lo que se sabe es que la causa que se abre ahora en Leganés es una de esas cinco denuncias independientes interpuesta por dos familiares en el mes de noviembre. Se trata, por tanto, de una causa nueva y han provocado que el próximo 17 de junio Mur y Permingo estén citados a declarar como imputados. Junto a ellos, también acudirán como imputados el director del Summa 112, Pablo Busca Ostalaza, y la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa.

Según detalla Marea de Residencias en una nota de prensa, el juzgado de Leganés imputa a Carlos Mur por ser el responsable de firmar digitalmente las cuatro versiones del Protocolo de la Vergüenza —los días 18, 20, 24 y 25 de marzo, como desveló infoLibre—, además del ser el encargado de enviarlo a altos cargos de las consejerías de Sanidad y Políticas Sociales. Por su parte, Francisco Javier Martínez Peromingo fue el autor de otro protocolo clínico que complementó al primero y que establecía instrucciones a las residencias para solicitar la hospitalización, como el índice de Barthel y la escala GDS, que sirve para medir la demencia. Era este el documento que sirvió, en cierto modo, de barrera para la derivación.

Si finalmente declaran como imputados el 17 de junio será la primera vez que lo hagan por las muertes en residencias. El pasado lunes, sus defensas lograron un aplazamiento de la declaración en Plaza de Castilla alegando que no se les había dado traslado de la totalidad del expediente y que, por tanto, no habían tenido tiempo para preparar su defensa. La próxima fecha quedó pendiente de determinarse, aunque las acusaciones esperan que sea "antes de verano".

"El planteamiento de no declarar el lunes fue una maniobra dilatoria y absurda. No van a conseguir que prescriba. Es aplazar lo inaplazable", reconoce Jacinto. Eso sí, la abogada no se atreve a adelantar si intentarán repetir la jugada el próximo día 17: "No sabemos por dónde va a salir".

Tanto Marea de Residencias como 7291 Verdad y Justicia ya apuntaron, tras las primeras imputaciones, que la posible responsabilidad penal y política no se ciñe exclusivamente a Mur y Peromingo. Ambas asociaciones solicitan, en línea con lo que ya indicaron en su macrodenuncia, que se extienda la investigación hacia la posible investigación de quien fuera el consejero de Sanidad en lo peor de la pandemia, Enrique Ruiz Escudero, y la propia Isabel Díaz Ayuso. "No es entendible que altos cargos de la consejería tomasen este tipo de decisiones por su cuenta y riesgo", asegura Alejandra Jacinto que señala que "no es descartable que pueda imputarse" al exconsejero. En estos momentos, Ruiz Escudero es senador por designación de la Asamblea de Madrid, por lo que está aforado y tendría que asumir su causa el Tribunal Supremo.

Actualmente, Mur trabaja como psiquiatra en el servicio de salud de Andorra y Peromingo es jefe de Geriatría en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, un hospital del Grupo Quirón.

Por su parte, la imputación del entonces director del Summa 112, Pablo Busca Ostalaza, se produce porque las ambulancias jugaron un papel clave en el dispositivo diseñado por la Consejería de Sanidad: dejaron de ir a recoger directamente a los residentes enfermos y sólo acudían a los centros si tenían una autorización expresa de derivación del geriatra de enlace. Y, por ello, la cuarta imputada es la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa, responsable de aplicar los protocolos en este centro público.

El juez deja fuera en esta ocasión a Antonio Burgueño, nombrado en la segunda semana de marzo de 2020 como "asesor principal" de Ayuso para la lucha contra la pandemia, y que sí fue citado como imputado en la causa que lleva el juzgado de Plaza de Castilla. En cambio, el que fuera encargado de elaborar un plan de medicalización de geriátricos que jamás se produjo está llamado ahora para declarar como testigo en esta causa.

Y eso a pesar de que sería el único que habría cometido presuntamente el delito como "particular vinculado a un servicio público", puesto que las otras 28 personas lo habrían hecho como funcionarios. Actualmente la información publicada por él mismo señala que sigue siendo consultor sanitario y ha participado recientemente en un programa del canal de televisión ultra El Toro TV.

Burgueño declarará en esta causa el próximo martes 3 de junio. No será el único. Ese mismo día también está citado como testigo Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales cuando llegó la pandemia y que, desde el primer momento, denunció la discriminación que estaban sufriendo las personas mayores que vivían en residencias.

Será la cuarta vez que acuda ante un juez para explicar qué sucedió en las residencias madrileñas. Las tres primeras ocasiones fueron en 2023: en marzo, en junio y en noviembre. La postura ha sido siempre la misma: el Protocolo de la Vergüenza nunca fue un borrador, como ha defendido siempre —y sigue haciéndolo— la Comunidad de Madrid, existió y tuvo consecuencias. Y lo mismo prácticamente repetirá el próximo martes en el juzgado de Leganés. "Voy a contar lo mismo que llevo contando los últimos cinco años. Es una comparecencia muy reiterativa", confiesa en conversación con infoLibre.

También testificará el 3 de junio Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales, uno de los principales grupos sanitarios privados de la Comunidad de Madrid, y las dos querellantes familiares de las víctimas.

Con dos fechas marcadas ya en rojo para los familiares de las víctimas de residencias y a la espera de conocer cuándo será la declaración en Plaza de Castilla, lo que está claro es que estas dos nuevas imputaciones de ex altos cargo de Ayuso acorralan al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y así lo apuntó el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, que señaló que la justicia está "cercando" a la líder regional por su gestión "inhumana" y "negligente" de las residencias durante la pandemia. Aunque desde la Puerta del Sol no lo ven así.

Es más, este mismo viernes, después de conocerse las nuevas imputaciones, el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, volvió a sacar el argumentario para el tema de las residencias. Vaticina que las dos causas volverán a ser archivadas, que no hay "ninguna novedad", que no había ningún protocolo y que el Ejecutivo regional y sus profesionales "lo hicieron bien durante la pandemia". "Cuando dicen que se van a cerrar, ¿por qué lo dicen? ¿Ya han hablado con el juez o tienen una bolita de cristal?", asegura Carmen López.

Además, el portavoz de Ayuso volvió a atacar a las víctimas asegurando que "la izquierda" miente porque sí que existieron "más de 11.000 derivaciones" de residencias a hospitales y que "quieren volver a utilizar el dolor de las familias, retorcerlo para utilizarlo políticamente, porque no tienen argumentos". Desde Marea de Residencias recuerdan al portavoz que ellos no son la izquierda: "Somos un movimiento social que surge antes de la pandemia para luchar por unas residencias públicas de calidad gobierne quien gobierne. Les puede parecer que somos de izquierdas porque luchamos por lo público, pero no estamos adscritos a ningún partido".

Con respecto al tema del dolor de las víctimas, una carta que siempre saca a colación el Gobierno de Ayuso, Carmen López insiste en que es "su" dolor y que ella lo utiliza como quiere. "Nadie nos puede decir cuándo vamos a pasar página, lo decidiremos nosotros. Por desgracia para ellos, no vamos a dejar pasar este duelo sin que se diriman responsabilidades", asegura.

Ya el viernes pasado, Ayuso señaló que estas imputaciones responden a "un cambio de criterio" de la Fiscalía porque la causa estaba "archivada desde hace tres años". "Lo que debería hacer la Comunidad de Madrid es informarse bien", señala Jacinto que, insiste, preguntada por estas declaraciones de Ayuso, que ambas causas responden a un delito que no se ha investigado. 

Para Marea de Residencias, todas estas declaraciones y su actitud con respecto a la gestión de las residencias deja al Gobierno regional "a la altura del betún": "Parecen gobernantes de un país bananero, como diría la propia Ayuso". Aunque, a Carmen López ya no le extraña este comportamiento porque ha sido así "desde el primer momento" y recuerda que "cerraron con los votos del Vox la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid".

Cuatro de los agentes de la Policía Nacional acusados de un delito de torturas durante una detención en las fiestas de Leganés de agosto de 2013 han defendido en el juicio el uso proporcional de la fuerza debido a la actitud agresiva que presentaba la víctima al haber consumido supuestamente sustancias estupefacientes, según recoge Europa Press.

En el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid se han sentado seis agentes de la Policía Nacional, cuatro de ellos acusados solo por la Fiscalía de Madrid. El fiscal solicita tres años de prisión para ellos.

La detención de la víctima se produjo en el transcurso de los incidentes que se produjeron el 17 de agosto de 2013 tras la suspensión de los encierros debido a un conflicto entre el Ayuntamiento y la empresa concesionaria. Muchos vecinos intentaron entrar en el coso para presenciar el festejo, pero se encontraron con las puertas cerradas y todo acabó en disturbios con cargas policiales.

El responsable del dispositivo policial ha relatado ante el tribunal y a preguntas de la fiscal la cronología de los hechos desde que arrancó a las seis de la mañana el operativo en la plaza de Toros de la Cubierta de Leganés. Tras producirse cargas a raíz de la suspensión de los encierros, un pequeño grupo de jóvenes se quedó en los alrededores de la zona provocando desórdenes públicos con el lanzamiento de objetos a pesar de las reiteradas indicaciones de que se dispersaran. "Lejos de colaborar, el chico nos respondía con patadas y puñetazos. Tras el forcejeo, se cayó y siguió resistiéndose en el suelo. Estaba fuera de sí, una característica de haber consumido sustancias estupefacientes. Estaba incontrolado. Una persona bajo efectos de sustancias es muy difícil de reducir", ha aseverado.

A preguntas de la fiscal, ha negado que el chico pidiera ayuda y que los vecinos les chillaran que le dejaran porque le iban a matar. "Yo no escuche a nadie porque a esa persona no se la estaba golpeando", ha insistido.

Otros dos acusados han narrado los hechos de forma similar, indicando que el joven les agredió con patadas y puñetazos. "No usamos defensa porque nos hubiéramos dado entre nosotros al estar todos tratando de inmovilizarle", ha señalado agregando que la "fuerza fue proporcional" para la situación que se estaba produciendo. Otros dos de los agentes encausados participaron solo en el traslado de la víctima, quien les manifestó que le llevaran al médico porque le dolía un hombro. Se le llevó al centro de médico de guardia al tratarse de un día festivo, pero se le trasladó al Hospital Severo Ochoa para que se le realizara un escáner.

Mañana comparecerá la víctima y los vecinos que presenciaron supuestamente la agresión. El abogado de la víctima ha explicado que su cliente se encontraba tranquilamente en una valla sin causar ningún tipo de incidente cuando uno de los agentes le agredió con una defensa en las piernas. "Luego le cogieron varios y procedieron a una detención con una agresividad inadecuada y absolutamente al margen de la ley", ha dicho.

Intervención policial 

En el escrito de acusación, el fiscal recoge que sobre las 10:00 horas del día 17 de agosto de 2013 B.B.M. estaba apoyado en las vallas de madera habilitadas para el encierro situadas en la plaza de la Flor a la altura de la esquina con la calle Margarita de Leganés donde se celebraban las fiestas locales. En ese momento un grupo de personas no identificadas pasaron corriendo dentro de la zona habilitada para el encierro siendo perseguidas por Agentes de la Policía Nacional.

Uno de los policías, al ver a B.B.M. gritó: "a por el de amarillo" y varios agentes, entre los que se encontraban los acusados J.P.A.D., A.J.M. y J.M.R.H. se abalanzaron sobre el joven "y le redujeron tirándole al suelo". Una vez reducido y tendido en el suelo de la Plaza de la Flor de Leganés, los tres acusados "con ánimo de menoscabar la integridad física y moral" de B.B.M., le golpearon por todo el cuerpo con sus defensas "y le propinaron varias patadas en la cabeza, cuello, tórax, espalda y piernas".

Mientras sucedían estos hechos, la otra acusada, "con perfecto conocimiento de lo que estaba sucediendo y faltando a las obligaciones de su cargo", controló el perímetro de seguridad de sus compañeros y evitó que los ciudadanos que se hallaban en las proximidades y gritaban a los agentes que dejasen de golpear a B.B.M, se aproximasen al lugar. Como consecuencia de estos hechos, B.B.M. sufrió policontusiones en hombro derecho, cabeza, cara, nariz y cuello, contusión en espalda a nivel lumbar y sacoccea en ambas extremidades con erosiones y hematomas, que precisaron para su sanidad de una primera asistencia facultativa y para su curación de 7 días, todos ellos impeditivos, ocasionándole unas secuelas consistentes en cicatrices muy superficiales, perjuicio ligero (1-6 puntos).

"No es sólo que se archive la querella sin practicar una investigación mínima, es la inhumanidad que destila el auto de la jueza". Esta frase resume el sentimiento de familiares de mayores que fallecieron en cuatro residencias de Leganés (Madrid) durante la primera ola de la pandemia, tras leer el auto firmado por la magistrada Mónica Boticario Martín, que archiva las querellas presentadas contra los directores de los geriátricos.

La resolución de la jueza lleva fecha del pasado 13 de julio y en realidad archiva dos querellas, que fueron acumuladas en su día en el Juzgado de Instrucción número 5 de Leganés. Una fue presentada por familiares de tres residentes en el centro Los Frailes –gestionado por Aralia–, cuatro de El Encinar-Amavir, uno de DomusVi y tres de Vitalia Home, todos ellos agrupados en Marea de Residencias. Y la otra la formularon familiares de 24 mayores de Vitalia Home. En total, se trataba de analizar lo ocurrido con 35 personas que vivían en esas cuatro residencias, de los que 29 fallecieron, mientras que los otros seis lograron sobrevivir.

Los familiares acusaban a los directores de los cuatro geriátricos de la posible comisión de delitos de homicidio y lesiones imprudentes, omisión del deber de socorro y prevaricación. En la querella de Marea de Residencias también se pedía actuar contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y los consejeros de Sanidad y de Justicia, Enrique Ruiz Escudero y Enrique López, respectivamente. La jueza Boticario, en agosto de 2020, inadmitió la querella de Marea de Residencias, pero esta entidad presentó un recurso y la Audiencia Provincial obligó a la magistrada de Leganés a admitirla y practicar las diligencias oportunas. Eso sí, dejó fuera de la investigación judicial a los tres políticos del PP, ya que están aforados y no pueden ser investigados por un Juzgado de Instrucción.

La jueza Boticario no encuentra el más mínimo indicio de delito, tras estudiar la información sobre los cuidados recibidos por los 35 mayores y analizar "todos los protocolos y resoluciones aprobadas por las distintas Administraciones Públicas para intentar paliar, regular y coordinar la actuación en este tipo de centros", según indica en el auto. A continuación menciona hasta 22 resoluciones, pero llama poderosamente la atención que en el extenso listado no se incluya el Protocolo que impedía derivar a los hospitales a enfermos que vivían en residencias si tenían un alto grado de dependencia o de deterioro cognitivo. Ese documento lo aprobó la Consejería de Sanidad el 18 de marzo de 2021, y se dictaron otras tres versiones los días 20, 24 y 25 del mismo mes, tal y como desveló en su día infoLibre, que publicó íntegramente las cuatro versiones del Protocolo de exclusión [las puedes consultar aquí].

Los datos oficiales del Gobierno Ayuso, publicados también por este periódico, revelan que 7.291 mayores murieron en Madrid en su residencia sin ser trasladados a un hospital durante los meses de marzo y abril de 2020. De ellos, al menos 5.795 tenían coronavirus o síntomas compatibles. El Protocolo de exclusión de derivación hospitalaria es el que se aplicó en la mayoría de los casos para no trasladar a los residentes enfermos en la Comunidad de Madrid, y es justo el que no menciona la jueza Boticario en su detalladísima lista con 22 resoluciones.

prohibido el traslado al hospital

La magistrada no considera necesario analizar el posible impacto que ese Protocolo tuvo en aquellos casos en que los mayores enfermos no recibieron asistencia hospitalaria, a pesar de que al menos en tres ocasiones consta que desde el Hospital Severo Ochoa se impidió su traslado. El Protocolo del Gobierno Ayuso establecía que si un mayor enfermaba, desde la residencia se tenía que llamar al Servicio de Geriatría del hospital de referencia, que debía rechazar la derivación si cumplía los requisitos establecidos, es decir, si tenía un alto grado de dependencia o deterioro cognitivo.

Juliana tenía 86 años y vivía en la residencia Los Frailes, gestionada por Aralia. En el auto de archivo se indica lo siguiente:

El trato dispensado a Juliana no merece ningún reproche por parte de la jueza Boticario, que tampoco muestra mayor extrañeza al ver que se califica a una persona como "paciente no derivable".

María, de 92 años, residía en el centro de Amavir en Leganés. Esto es lo que figura en el auto de archivo sobre ella:

La experiencia de María demuestra otra circunstancia que fue denunciada por los familiares de muchos residentes durante la primera ola en la Comunidad de Madrid. Que aquellos pacientes que tenían un seguro privado sí eran trasladados al hospital, mientras que no se atendía a los residentes enfermos en la sanidad pública. La jueza Boticario, sin embargo, no detecta aquí ninguna posible discriminación.

Feliciano, de 85 años, estaba en Vitalia Home Leganés.  También a él le negaron el tratamiento hospitalario. Así se narra en el auto:

Existe evidencia, por tanto, de que Juliana, María y Feliciano fallecieron en el geriátrico después de que desde el Severo Ochoa se impidiese su traslado al hospital. En la resolución judicial se narran al menos otros tres casos en que desde la residencia llamaron al hospital para plantear una posible derivación hospitalaria, pero ni siquiera les cogieron el teléfono. Todos los afectados vivían en el centro de Vitalia Home.

Fue lo que ocurrió con Esperanza, de 86 años:

Le sucedió lo mismo a María Purificación, de 85 años:

Y pasó también con Carmen, de 85 años:

Además de estos seis casos –tres con prohibición expresa de derivación y otros tres donde ni siquiera cogen el teléfono en el hospital–, hay otros diez donde en el auto de archivo no consta por qué no fueron trasladados. Es lo que ocurrió con Carmen, que estaba en el geriátrico de Amavir; con Ricardo, que vivía en Domusvi, y con ocho mayores de Vitalia Home: Rosa, Carmen, Antonio, Atanasio, Eladia, María, Piedad y María del Sagrario.

En el auto de archivo la jueza describe otras situaciones extrañas. Por ejemplo, sobre Carmen, de 89 años y residente en Vitalia Home, dice lo siguiente:

¿Cómo es posible que no se conozca la causa de su fallecimiento? ¿No hay parte de defunción, está en blanco? Nada comenta al respecto Boticario.

También sorprende el caso de Miguel Máximo, de 89 años, y residente en Vitalia Home. Allí vivía con su mujer, Eladia. Ambos fallecieron con un día de diferencia. Esto es lo que escribe la magistrada:

¿"Dice Vitalia" que fue trasladado? ¿Boticario no reclamó al hospital su expediente para comprobar si es cierto lo que le dijeron desde la residencia? 

Existen otros cuatro casos donde el enfermo fue finalmente trasladado a un hospital, pero donde la magistrada no considera necesario indicar en su auto desde cuándo estaba esa persona enferma. Una información imprescindible para saber cuántos días estuvo sin asistencia. Es lo que sucede con Carmen, que estaba en el centro Los Frailes; con Avelina, que vivía en El Encinar-Amavir, y con Félix y María, que residían en Vitalia Home. 

A la magistrada tampoco parece extrañarle que Antonia, de Amavir, sea trasladada al hospital después de llevar ocho días con fiebre en la residencia. 

En fin, hay en el auto párrafos cuya lectura evoca un texto surrealista, como este sobre María, de 96 años:

¿Cómo pudo recibir María "siempre el tratamiento hospitalario" que precisó si nunca ingresó en un hospital? Boticario no lo aclara.

LAS CONCLUSIONES DE la jueza

Después de narrar todo lo expuesto, la magistrada llega a la siguiente conclusión: “De la historia clínica de todos ellos se desprende que se trataba de personas con importantes antecedentes médicos y patológicos, y que a todos ellos se le prestó la asistencia médica, asistencial, y hospitalaria que las circunstancias permitieron, y adecuada a su situación basal en esos momentos”.

En cuanto a la decisión de trasladar o no a los pacientes al hospital, la jueza razona que “en casi todos los casos no dependió de los propios centros asistenciales cuyos directores son objeto de esta querella, sino que se trató de una decisión médica consensuada con el servicio de geriatría del Hospital Universitario Severo Ochoa, que era quien decidía en última instancia, teniendo en cuenta la situación clínica del paciente a derivar y sus propias posibilidades de ofrecerle tratamiento con visos de serle favorable”. Esta explicación es correcta, pero Boticario oculta algo que no parece un detalle intrascendente: los geriatras decidían cumpliendo las órdenes de la Consejería de Sanidad. 

A pesar de que la Audiencia Provincial de Madrid le dejó claro a Boticario, cuando le ordenó admitir a trámite la querella, que la presidenta Ayuso y los consejeros Escudero y López no formaban parte de su investigación, la jueza no se abstiene de escribir lo siguiente: “Es la pandemia que nos acecha la que hizo enfermar a estar personas, y no la actuación de los directores de las residencias o de los consejeros querellados de la Comunidad de Madrid”. ¿Cómo es capaz la jueza de sacar una conclusión sobre la actuación de los consejeros si no forman parte de lo que ha investigado? Una vez más no lo explica, simplemente lo escribe.

Los familiares de la querella acumulada y archivada en el mismo auto –la de los 24 residentes de Vitalia Home– publicaron un comunicado en el que recuerdan que la magistrada de Leganés no practicó ni una sola de las diligencias que solicitó su abogado, se declaran "indignados" porque la jueza ha ignorado sus "historias, pruebas y argumentación" y critican que "atribuya la causa de defunción a las enfermedades previas y a la avanzada edad de los mayores". Además, anuncian un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid. El recurso fue presentado ayer mismo.

"Señor gerente, en primer lugar queríamos explicarle el retraso en enviarle esta carta. Hemos estado (aún estamos) muy cansados". Así comienza el escrito que con las firmas de 177 trabajadores le llegó al gerente del Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid), Domingo del Cacho, este miércoles. La misiva, pasada de mano en mano entre los profesionales sanitarios del centro, quiere expresar un sentimiento que, según explica Lola del Olmo, impulsora de la protesta —junto con Purificación Martínez de Icaya— y médico endocrino en el hospital, es unánime. "Nos hemos sentido solos y no hemos tenido ningún apoyo", lamenta desde el otro lado del teléfono. La carta explica el mismo sentimiento. "Señor gerente, no hemos recibido ni una sola notificación de su parte, ni un solo mensaje de ánimo. Tampoco información sobre el estado de nuestro hospital, de los planes de actuación, ni tan siquiera sobre la situación de nuestros compañeros. Usted sabe, nosotros sabemos, que en la mayoría de los centros sus compañeros gerentes sí lo han hecho, han mantenido una comunicación diaria y personal, mostrando empatía", señalan los firmantes. Por eso exigen su dimisión. 

No obstante, hay más razones. Tal y como señalan en el comunicado, además de la "ausencia de apoyo hacia sus trabajadores" y de "respeto" hacia sus pacientes, otros de esos motivos tienen que ver con la "incompetencia profesional en la gestión de esta crisis". "Tendrá la tentación de explicarnos que la pésima gestión de nuestro hospital se debe a la gravedad de la pandemia. Que en todos los hospitales se han vivido situaciones dramáticas. Que todos los centros han estado colapsados. Pero señor gerente, el Hospital Universitario Severo Ochoa, en el que lleva usted 12 años ocupando diferentes cargos de responsabilidad, es un hospital siempre al límite", continúan. Y denuncian que Del Cacho "ha hecho de la precariedad, la infradotación y la mediocridad, bandera" de la gestión del centro. Pese a ello, sentencian, siguen aguantando. "Porque creemos en la sanidad pública", dicen. 

El hospital, según confirma a infoLibre, es conocedor del escrito, pero de momento no da respuesta al mismo. "De momento, el hospital no va a entrar en declaraciones", señalan fuentes del centro. Mientras tanto, en cambio, la carta va sumando cada vez más adeptos. "Ya somos 188 firmantes", celebraba Del Olmo este viernes. No son todos, admite. Muchos compañeros, explica, prefieren mantenerse al margen por miedo a lo que pudiera suponer. Según el portal estadístico de personal del Servicio Madrileño de Salud, a cierre del mes de abril había un total de 1.928 trabajadores. El apoyo escrito, por tanto, se sitúa en un 9,75%. Del Olmo insiste: los empleados se han sentido solos. 

Uno de los que lo han hecho es Fernando Baquedano que, de hecho, es uno de los médicos que ha estampado su rúbrica en ese escrito. Él es adjunto de urgencias en el centro y, tal y como relata desde el otro lado del teléfono, lo que se ha vivido estas semanas en el hospital ha sido "inmanejable". Todo comenzó a principios del mes de marzo. En ese momento fue cuando diagnosticaron de covid-19 al primer paciente. "Era una persona mayor que había estado antes en el hospital y que ni siquiera tenía un cuadro epidemiológico" acorde a la enfermedad, recuerda. Pero dio positivo en el test. "Desde entonces fue una cascada, un aluvión de pacientes", lamenta. Tanto, que en unas urgencias que pueden llegar a albergar a 90 personas "como muchísimo, muchísimo", llegaron a atender a más de 300.

"Eso supuso tener que acumular hasta a 70 pacientes en los pasillos, ya no había ni camas. Se abrieron espacios extra, pasillos, habitáculos, etc.", recuerda. No cabían todos. "Las filas de enfermos empezaban hasta en las propias puertas", dice. Y ni siquiera estaban en camas. "Había gente que llegaba a pasar 48 ó 72 horas en una silla de plástico, en unas urgencias que no están preparadas para atenderles", relata. La aglomeración era tal, que cuando atravesaba las puertas del hospital para entrar a trabajar, tenía que acudir a su taquilla a cambiarse esquivando a enfermos. "Cuando terminaba de cambiarme y me iba al otro lado a por un EPI [equipo de protección individual], a lo mejor atravesaba a otras 200 personas, todas con su mascarilla y la mayoría con coronavirus", dice.

Mercedes Romero, delegada sindical de CCOO en el hospital, también recuerda esa etapa. "Tener las urgencias tres veces por encima de su capacidad durante dos semanas es mucho. Los trabajadores soportan una sobrecarga enorme y los pacientes una atención precaria. Además, ahora a posteriori tenemos a muchos trabajadores con problemas psicológicos, con sensación de culpa", lamenta. Y todo, dice, por una gestión lenta y deficitaria. "Reclamé a la dirección del hospital agilizar y aumentar los traslados de los pacientes, pero se nos comunicaba que todos los hospitales estaban colapsados", recuerda. Y lo asume. "Entendemos y somos comprensivos porque cuando llega una pandemia es difícil manejarlo y nadie está preparado", señala. Pero eso no quita que las semanas más duras de la crisis sanitaria hayan sufrido una gestión que no ha tomado "las acciones necesarias".

"La gestión inadecuada de este hospital ha hecho que la crisis sea más grave aquí que en otros centros. No se tomaron las medidas adecuadas desde el primer momento y no utilizamos los recursos de los que disponíamos. Por ejemplo, podríamos haber derivado a pacientes antes, lo hicimos tarde", coincide Javier García, enfermero y delegado sindical de UGT en el Severo Ochoa. Baquedano opina igual. "Hemos tenido retrasos en la habilitación de espacios en el hospital y en la derivación de pacientes a Ifema. Hemos tenido retrasos en la habilitación de las UCI y en muchísimas decisiones. Ha habido retrasos en todo, y eso al final cuesta vidas", lamenta.

"Oscurantismo" y falta de información

Por otro lado, los trabajadores del hospital también denuncian que la gestión ha estado caracterizada por el "oscurantismo", tal y como lo define García. "No tenemos los datos de nada porque no nos han informado de nada, nos hemos enterado de todo a medida que trabajábamos", lamenta. Lo normal, señala, habría sido recibir información sobre el número de pacientes ingresados, el número de altas, el número de traslados a recursos como Ifema, el número de trabajadores afectados por covid-19, el número de compañeros que tenían que coger una baja o los que se volvían a incorporar a su puesto de trabajo. "Aquí nos hemos ido enterando nosotros de todo sobre la marcha, según pasaba", critica. 

Y así siguen, tal y como denuncia Jaime Borrego, delegado sindical de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts) en el centro. "A día de hoy no tenemos ningún dato por escrito de la situación del hospital, ni de compañeros de baja, ni PCR positivas ni de serología", lamenta. Lo único de lo que disponen es de unos apuntes cogidos en una reunión que mantuvieron estas organizaciones —junto con CSIT-UP, Satse, SAE, CGT y CSIF— como miembros de la Junta de Personal con la dirección. Fue a finales de abril. Ese día se les informó de que el 27% de los trabajadores se había contagiado. Desde entonces, "nada", denuncian tanto Borrego, como Romero y como García.

La Junta de Personal a la que pertenecen, de hecho, también denunció mediante un escrito las "situaciones críticas" que había sufrido el centro durante los días más duros de la pandemia. Según la carta, consultada por este diario, los sindicatos criticaron unas "deficiencias" que achacaron a la "gestión inadecuada" y que derivaron en unos pacientes en condiciones "indignas", además de que cargaron "todo el peso del covid-19 y sus consecuencias" sobre los profesionales. Aseguraban que no se gestionaron los traslados necesarios para aliviar a ambas partes y que los EPIs fueron "insuficientes" para dar la cobertura necesaria. Añadían también que su distribución se hizo "discriminando" a categorías y unidades de atención" y que en otros momentos también se distribuyó material "inadecuado" que no protegía de posibles contagios. 

Sin embargo, más que la dimisión directa, desde la Junta de Personal reclaman la asunción de "responsabilidades". "Luego que cada uno asuma lo que tenga que asumir", asevera García.

Un colapso agravado por los problemas previos

Nada más descolgar el teléfono, Fernando Baquedano señala que para entender lo que se ha vivido en el Hospital Severo Ochoa es necesario tener un poco de contexto. Ayuda a comprender, dice, el porqué del colapso. "Desde hace años, nuestro hospital está infradotado de personal, especialmente en las urgencias, que sufren colapso todos los años. En la época de gripe, en invierno, tenemos que abrir los pasillos y los huecos que podemos para poder atender a los pacientes, aunque siempre terminamos pidiendo apoyo a otros hospitales como el de Getafe, con el trastorno que eso supone para los familiares de los pacientes, claro, que además suelen ser gente mayor", lamenta. Pero no solo es en invierno. "En verano, cuando se cierran plantas por las vacaciones, las urgencias también colapsan. Llevo trabajando aquí desde 2009 y los pasillos se utilizan todos los años", critica. 

Del Olmo coincide con él. "Es cierto que es un hospital que nació pequeño, se quedó pequeño y tiene gran precariedad", lamenta. 

Borrego, también. "El hospital de Leganés tiene una historia de intentar hacer las cosas con una limitación de medios. Es su trayectoria histórica. Siempre lo hemos dicho", denuncia. 

Y García. "Este hospital se vio muy afectado por los recortes que hubo en la Comunidad de Madrid. En 2012 perdimos plantilla y las ratios que tenemos en cuanto al número de profesionales por ciudadano es de las más altas. Si esto se nota cuando llega la gripe, enfrentarnos a la pandemia ha sido dramático", señala. 

"La tasa de reposición de la plantilla ha sido nula durante muchos años. Si ya tienes unos medios humanos y materiales mermados, hacer frente a una pandemia es muchísimo más grave", añade Romero. El diagnóstico de todos, por tanto, es el mismo.

No obstante, si se revisan las memorias del Servicio Madrileño de Salud, se observa que los números han mejorado. En el año 2012, el Severo Ochoa contaba con 1.697 trabajadores, de los que 288 eran médicos. En 2018 —el último año del que hay una memoria completa— la plantilla aumentó hasta las 1.880 personas, entre las que había 346 facultativos. "Ahora hay una tasa de reposición —es decir, de cobertura de las jubilaciones— prácticamente del 100%, pero como arrastramos defecto de trabajadores vamos siempre a la cola", señala García. La mejor manera de verlo, dice él y coincide Del Olmo, es comparando las plantillas de Leganés con las del Hospital de Getafe, que tiene que dar cobertura, más o menos, al mismo número de ciudadanos. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2018 el Severo Ochoa atendía a 188.425 personas con 1.880 trabajadores, 346 médicos y 386 camas [los datos están disponibles aquí]. El de Getafe, en cambio, atendía a 180.747 personas con 2.473 empleados, 434 facultativos y 510 camas [cifras obtenidas en este enlace]. "Más población, menos recursos", critica García.

“Muchos nos critican por habernos limitado el salario a tres salarios mínimos y dicen que es ridículo”, aseguraba Pablo Iglesias durante la II Asamblea Ciudadana de Podemos. El motivo de esa medida entonces era obvio: “Para que no se nos olvide nunca de dónde venimos, que estamos de paso, que los escaños no son nuestros, que son de la gente”. Porque “los cargos de Podemos no serán casta”.

Tres años después de aquella asamblea, celebrada en medio de una profunda crisis interna que enfrentaba a Iglesias con Íñigo Errejón, y en un contexto en el que Mariano Rajoy acababa de ser reelegido presidente del Gobierno con el apoyo de Ciudadanos y la abstención del PSOE, muchas cosas han cambiado. Podemos está en el momento más bajo de apoyo electoral de su corta vida —la organización fue fundada en enero de 2014— pero, paradójicamente, sus máximos dirigentes comparten tareas ejecutivas en el primer Gobierno de coalición de la restauración democrática.

A los cambios forzados por el acuerdo progresista firmado con el PSOE, que obligan a sus dirigentes a asumir funciones y representaciones hasta hace poco tiempo impensables y cargadas de un fuerte simbolismo, como las que implican el concurso de la monarquía, se unen ahora reformas dentro de la organización morada que asumen como propios algunos modelos de funcionamiento que Podemos achacó siempre a los partidos tradicionales, a los que dan soporte al sistema, a comportamientos que siempre han definido como propios de “la casta”.

La primera de ellas afecta a la permanencia en el poder. A partir de ahora será posible que los cargos públicos de Podemos puedan alargar sus mandato más allá de los 12 años que se habían fijado hasta ahora, incluso indefinidamente, si así lo deciden los inscritos en una consulta. El documento ético suscrito por Iglesias establece “la limitación de mandatos a ocho años para todos los cargos públicos y cargos internos del partido, con posibilidad de prorrogarse excepcionalmente a doce años” como hasta ahora, pero añade que, “más allá de dicho plazo, la prórroga estará supeditada a consulta a las personas inscritas”. Una decisión que abre la puerta a que Pablo Iglesias pueda continuar al frente de la formación morada al menos hasta 2026 e incluso más allá si los inscritos lo autorizan, lo que le permitiría permanecer en el Gobierno durante dos o más legislaturas.

Otra de las novedades que acercarán el funcionamiento de Podemos a los demás partidos es el final del sistema de la limitación de sueldos públicos. Hasta ahora, los miembros de la organización con cargo podían cobrar, como máximo, el equivalente a tres salarios mínimos interprofesionales. Una vez se aprueben los cambios, Podemos aplicará un modelo mucho más parecido al de otras organizaciones: “A partir de ahora, las donaciones serán realizadas mediante porcentajes del salario percibido en función de las responsabilidades asumidas”.

El tercer cambio más relevante del modelo organizativo de Podemos será la introducción de la figura de los militantes con obligación de pagar cuotas, lo que pondrá fin a uno de los signos distintivos de la organización desde su fundación: la participación en el partido exclusivamente mediante una inscripción. Pagar cuota, como en los partidos tradicionales, permitirá ser “integrante de pleno derecho”.

Detrás de esta medida está el interés de Iglesias y su equipo de impulsar un nuevo modelo de organización para reforzar sus bases y el partido principalmente a nivel territorial. Para ello, propone integrar a miembros de los Círculos en las direcciones autonómicas, crear nuevas estructuras provinciales y municipales, que sustituyan a las actuales.

Un paseo militar

La asamblea de Leganés, a diferencia de lo ocurrido en Vistalegre II, será un paseo militar para Pablo Iglesias. Todos sus rivales y adversarios, así como las corrientes de opinión más relevantes, están fuera de la organización. Así que el próximo día 21 nadie discutirá otra de las novedades de la asamblea, la tercera de la historia de Podemos: la obligación de votar un paquete cerrado que incluye al secretario general y sus propuestas de estatutos y de estrategia política. En paralelo, los asistentes podrán votar individualmente una lista cerrada al Consejo Ciudadano Estatal, el máximo órgano de dirección del partido.

La idea es garantizar que todo esté vinculado: que no se pueda votar una propuesta programática diferente a la del secretario general que vaya a ser elegido ni un Consejo Ciudadano que no le vaya a ser favorable. El votante que apueste por él lo estará haciendo automáticamente por sus documentos organizativos, político, ético y de feminismos y por su equipo de gobierno. Y por otro, porque su candidatura estará vinculada necesariamente al equipo que presente para integrar el Consejo Ciudadano.

Este punto fue una de las principales disputas en la Asamblea de Vistalegre II de 2017, que enfrentó a Iglesias y Errejón ya desde los preparativos del congreso. Los llamados errejonistas rechazaban que los documentos tuvieran que estar vinculados a un candidato a secretario general, ya que ellos no tenían previsto disputar a Iglesias este puesto. Únicamente querían presentar sus propios documentos, y una lista de candidatos al Consejo Ciudadano.

Finalmente, se aprobó un sistema intermedio, según el cual los aspirantes a secretario general debían vincular su candidatura a sus propuestas de documentos, aunque estos pudieran votarse por separado. Además, se permitía la posibilidad de que se presentaran documentos asociados a una candidatura al Consejo Ciudadano, sin necesidad de presentar candidato a la Secretaría General.

La asamblea de Leganés será también testigo de una última paradoja: las posiciones que Errejón defendió sin éxito en Vistalegre II, hace tres años, y que salieron derrotadas por los inscritos, son las que ahora asume y defiende el propio Iglesias.

Para batir al PP en las elecciones, Iglesias defendía en 2017 tratar de diferenciarse de la etiqueta de partido tradicional y centrarse en que Podemos fuese visto como parte del "bloque social y popular", como la rama institucional de la sociedad organizada. "Debemos huir de la politiquería partidista de las medallas para centrarnos en la consecución de victorias en las que la gente conforma un bloque popular del que nosotros formamos parte pero no somos el todo", sostenía el secretario general, que insiste en que los diputados, senadores o concejales del partido morado "no pueden convertirse en políticos".

Errejón, en cambio, apostaba por el posibilismo, por potenciar el discurso para que Podemos fuese visto como una alternativa solvente. "Una fuerza de gobierno es aquella que, incluso antes de gobernar, marca con su iniciativa política e institucional, con sus propuestas y con su generación de confianza, el rumbo posible y alternativo de país",

La necesidad de ser útiles

En el terreno de las instituciones, Iglesias defendía huir del "tacticismo parlamentario" y el "oportunismo partidista”. “Parlamentarizar los conflictos”, aseguraba hace apenas tres años, es la manera que tienen las "élites" de "desactivarlos", "mientras que si el pueblo está, habla, debate y participa, se consiguen los cambios". Su rival entonces abogaba por "disolver los miedos”. Para ello, "en las instituciones" la formación no debe "estar apelando al advenimiento del cambio", sino haciendo ver que es "útil".

Iglesias aseguraba en 2017 que el PP no estaba en una situación de debilidad —cayó en una moción de censura año y medio después— mientras Errejón defendía todo lo contrario: "El Gobierno de Rajoy es más débil de lo que aparenta y la crisis de régimen no se ha cerrado".

El derrotado exfundador de Podemos quería que la formación morada evitase quedar caricaturizada en el imaginario colectivo como un partido de extrema izquierda con fuerte capacidad de protesta pero poca capacidad real de cambiar la realidad, porque, aseguraba, "para una segunda transición las oligarquías necesitan una izquierda folclórica e impotente". Y eso pasaba, decía, por "abordar la relación con el PSOE de manera inteligente y laica", es decir, obligar a los socialistas a "tener que elegir claramente de cara a la opinión pública entre los dos proyectos de país" que representan el PP y Unidas Podemos para, de esta manera, provocar que fuesen a remolque. "No es una cuestión ideológica, es una cuestión de habilidad política”.

Iglesias, en cambio, creía que Podemos no debía tender la mano a la colaboración con el PSOE, sino hacer ver que es "la oposición al modelo político del bloque restaurador". Podemos, afirmaba, debía jugar a la polarización para evidenciar que es la única formación diferente frente al "pacto de las élites".

En Leganés no estarán Errejón y los suyos, ni otra de las fundadoras, la socióloga Carolina Bescansa. Tampoco Anticapitalistas. Esta organización, una de cuyas figuras más destacadas es el eurodiputado Miguel Urban, considera que Podemos ha tomado “un rumbo que no compartimos”. “La entrada de cinco ministros de UP a un gobierno progresista-neoliberal hegemonizado por el PSOE, en el que ese partido controla los principales resortes del poder, lejos de debilitar al actual régimen político, supone integrarse en el mismo y considerar su gestión como el único horizonte posible” recalcan.

“Constatamos que existe una diferencia enorme entre los objetivos del Podemos que contribuimos a formar hace seis años y la deriva actual, mediante la cual se ha pasado de impugnar a la clase política y a las élites económicas a convertirse en parte de la primera sin tocar los beneficios de las segundas”, destacan.

Los objetivos de este gobierno son “muy poco ambiciosos”, en opinión de los Anticapitalistas, por lo que se proponen “impulsar un nuevo ciclo de luchas que evite el vaciamiento de la calle; exigir la derogación de las reformas laborales, la regulación de los alquileres, cerrar los CIES, prohibir los despidos en empresas con beneficios, parar los desahucios y romper con el artículo 135 de la Constitución”. “Sin presión popular organizada, no habrá avances y sin avances que merezcan la pena ser defendidos, que distribuyan la riqueza y el poder en favor de las de abajo, puede generarse un caldo de cultivo peligroso en que la extrema derecha puede extender su demagogia machista, racista, autoritaria y al servicio de los ricos”, advierten.

Uno de esos médicos era Luis Montes (Salamanca, 1949), fallecido este jueves mientras viajaba en su coche hacia la localidad murciana de Molina de Segura para dar una charla de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), de la que era presidente desde 2009 y con la que defendió de manera militante la despenalización de la eutanasia y la libre disposición de la propia vida. En el comunicado en el que confirmó su fallecimiento, el colectivo ensalzó su lucha "incansable" por "la libertad y los derechos de toda la ciudadanía" y aseguró que continuará su labor y defenderá estos valores.

La muerte del que fuera jefe del servicio de Reanimación y coordinador de Urgencias del Severo Ochoa, rememora un episodio que marcó su vida y la historia de la sanidad madrileña: la denuncia anónima que acusó a un equipo de médicos de ese centro sanitario de haber asesinado a 339 personas y a la que el entonces consejero de Sanidad, Manuel Lamela, dio pábulo admitiendo como posible que un servicio completo, integrado por decenas de profesionales, hubiera participado en tal plan entre 2002 y marzo de 2005.

Y eso a pesar de que una investigación previa de la consejería, basada en una denuncia similar, ya había decretado la inexistencia de mala praxis en las sedaciones. Ese informe atribuyó la alta mortalidad en las urgencias del Severo Ocho a una cuestión organizativa: al ser un hospital colapsado –aunque estaba diseñado para ser el hospital de referencia de 240.000 personas, en realidad atendía a 400.000– se habían construido en ese servicio dos salas de terminales. Por eso la tasa era más alta que el resto de hospitales. 

En marzo de 2005, el entonces fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, abrió una investigación tras recibir de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Esperanza Aguirre una denuncia por presunta "mala praxis" y comenzó a investigar si los pacientes recibieron "dosis excesivas de fármacos" que les pudieran haber causado la muerte. Sin embargo, las familias de los supuestos asesinados no presentaron denuncia alguna, a pesar de recibir llamadas anónimas que les animaban a presentarse como acusación con lo que, decían, obtendrían cuantiosas indemnizaciones.

Según relató El País, cuando Moix estaba a punto de archivar la denuncia por falta de pruebas, la consejería llevó el caso al juzgado el 24 de mayo de 2005 basándose en un informe elaborado por un comité de expertos nombrado a dedo por Lamela para que analizara las historias de las supuestas víctimas, pues los inspectores enviados al hospital por la consejería habían decretado previamente la inexistencia de mala praxis.

El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Leganés, Rafael Rosel, redujo los casos investigados de 339 a 15 y acabó archivando la denuncia el 22 de junio de 2007 al no haber encontrado elementos suficientes para determinar si los fallecimientos se debieron "a la sedación indebida o a su enfermedad inicial". Dejaba así abierta la posibilidad de que pudiera haber existido una "mala praxis" en la administración de fármacos, lo que llevó a Montes y el resto de médicos a acudir a la Audiencia de Madrid, que en enero de 2008 archivó definitivamente el caso y ordenó retirar del fallo cualquier alusión a la mala práctica médica. 

Se intentó así limpiar el nombre de los facultativos, que llevaban tres años siendo objeto de una campaña pública de difamación capitaneada principalmente por el diario El Mundo y la cadena Cope e instigada por el PP. Varios de ellos decidieron dejar la sanidad madrileña y se marcharon a trabajar a hospitales de Castilla-La Mancha. Montes siguió en el Severo Ochoa hasta su jubilación.

Activismo 

En los últimos años, ya retirado, siguió con su trabajo "incansable" en la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), a la que estuvo vinculado durante una década, según comentan en su entorno. "Era muy militante de las cosas en las que creía", dicen estas mismas fuentes. Estaba convencido de que los representantes políticos debían tener en cuenta la importancia de la libre disposición de la propia vida para no estar de espaldas a la ciudadanía. "La mayor sensibilización ante la eutanasia es haber vivido una mala muerte en tu entorno", dijo en 2016 en una entrevista con infoLibre. 

La defensa de la sanidad pública fue otro de los grandes caballos de batalla de su vida. Su participación fue muy activa en la marea blanca que detuvo el plan privatizador que impulsó la expresidenta Esperanza Aguirre junto a  un viejo conocido para él, Manuel Lamela, y que pretendía entregar a manos privadas la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud construidos con fondos públicos. 

También estuvo vinculado a Podemos, de cuya primera dirección en Madrid formó parte entre 2015 y la segunda mitad de 2016. De hecho, su muerte fue anunciada en la Asamblea de Madrid por su amiga Carmen San José, médica y diputada de la formación morada, mientras se debatía una comparecencia del consejero de Sanidad sobre las medidas que lleva a cabo el Gobierno regional para hacer efectiva la ley por una muerte digna de la Comunidad de Madrid, aprobada hace un año, y que garantiza el derecho de las personas en situación terminal y de agonía a recibir cuidados paliativos integrales en los hospitales públicos o privados o en su propio domicilio. 

Una joven que fue presuntamente víctima de abusos sexuales continuos por parte de su jefe en una empresa de limpieza de Leganés ha relatado ante el juez los supuestos episodios y que en un primer momento no denunció por "vergüenza y miedo" a perder el trabajo, así como por sentirse "una mierda", informa Europa Press.

Así lo ha contado este martes ante el juez de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid, en una vista en la que también ha declarado como acusado el presunto agresor, así como el padre de la chica y varios de sus compañeros en calidad de testigos.

La joven, que comenzó a trabajar durante los fines de semana en la empresa de limpieza el municipio madrileño de Leganés, ha explicado que desde que nombraron capataz al acusado en septiembre de 2014 éste le preguntaba por "cosas íntimas y fuera de lugar" cada vez que pasaba por su zona de limpieza. "Nunca me dijo nada sobre el trabajo. Cada tres minutos estaba ahí intimidándome. Una vez de la ansiedad que me provocaba hasta me desmayé", ha apuntado.

El primer abuso, según la chica, se habría producido el 14 de septiembre de 2014, a raíz de que le comentara que tenía una contractura en el hombre producto de sus clases de danza y el acusado se ofreciera a darle un masaje. "Necesitaríamos un spa. Yo te puedo hacer un masaje, pero tiene que ser mutuo", cuenta la joven que el presunto abusador le dijo.

"Me esperó en la puerta del baño y me dijo que entrara al despacho. Cuando me senté, comenzó a tocarme el hombro introduciendo la mano por debajo de camiseta, tocándome los pechos, me metió la mano en el pantalón y me tocó las partes íntimas. Le dije que parara tres veces pero yo me quedé paralizada: no podía hacer nada. Finalmente paró y me dijo que no se lo dijera a mi padre", ha narrado.

Mes y medio más tarde tuvo lugar presuntamente otro episodio similar. El acusado, siempre según el relato de la chica, la habría obligado a subirse a la parte trasera de una furgoneta, donde supuestamente la cogió del cuello con fuerza y la obligó a realizar una felación.

"Compensaba estar siete horas mal"

"Yo me sentía avergonzada, como una mierda. Me dijo que si me portaba bien con él me quitaría zonas para limpiar", ha asegurado en relación al "miedo" de poder perder tanto su empleo como el de su padre, también capataz en la empresa, a lo que ha añadido: "Me planteé que a lo mejor compensaba estar siete horas mal y el resto de la semana bien".

En la tercera ocasión. la joven sostiene que su jefe la habría empujado contra una pared en el baño de chicas, tocándole los pechos y el culo: "Me empezó a bajar el pantalón pero conseguí que parara, vestirme y salir de allí".

En última instancia, ya en marzo de 2015, habría ocurrido lo más grave. "Fue el peor día de mi vida", ha relatado lamentándose la joven, quien ha explicado que todo comenzó cuando la obligó a entrar a su despacho. Allí la habría invitado a una cerveza y la habría conminado a hablar de "sado y porno". También le ofreció supuestamente hacer un trío con un amigo mientras le decía que se calmara porque "no le iba a hacer nada". Tras esto, la chica defiende que comenzó con unos abusos de mayor calado.

Estos supuestos abusos, según detalla la Fiscalía, dejó a la mujer como secuela un trastorno de estrés postraumático. Además, y a consecuencia del tratamiento psicológico al que fue sometida, se comprobó que presentaba indicadores con vulneración afectiva, "así como indefensión ante sus vivencias y acomodación a la situación abusiva referida con sentimientos de culpa y estrés". "Aún estoy en tratamiento psiquiátrico y psicológico", ha apostillado.

"Todo es completamente falso"

El acusado, sin embargo, ha negado categóricamente las acusaciones de la chica, defendiendo que "todo es completamente falso" y que "jamás" le ha tocado "ni un solo pelo". Asegura, no obstante, que la denuncia se produjo "para asegurar los puestos de trabajo de ella y de su padre", y que solo estuvieron a solas "una vez, como un minuto".

Además, ha achacado la causa a una mala relación con el padre de la joven, producto de disputas para ascender en el escalafón de la empresa. "Aún así, me pidió que le hiciera el favor de llevar a su hija todos los días al trabajo", ha puntualizado.

Este último extremo, sin embargo, ha sido rechazado por el progenitor, quien ha explicado que no fue de tal modo, sino que el acusado fue quien se ofreció a realizar dichos viajes. "Yo no competía con nadie, solo iba a hacer mi trabajo", ha contado en relación a esa presunta disputa por un mejor puesto laboral.

El padre también ha esgrimido que encontraba a su hija "muy rara", pero que fue una compañera quien finalmente le dijo lo que estaba pasando: "Si no me llegan a calmar ese día le arranco la cabeza".

Por último, una compañera de clase de danza de la joven ha corroborado la versión de los abusos, añadiendo que ésta "empezó a perder peso, a llorar y a tener crisis de ansiedad".

El exalcalde de Leganés y diputado del PP en la Asamblea de Madrid Jesús Gómez ha asegurado al juez que investiga en la Audiencia Nacional el caso Lezo, Eloy Velasco, su convencimiento de que la trama encabezada por el expresidente madrileño Ignacio González utilizó medios de comunicación "para hacer seguimientos y destruir reputaciones. Uno de ellos sería a Cristina Cifuentes cuando era delegada del Gobierno, seguimientos que detectaron sus servicios de contravigilancia", ha explicado el parlamentario a los medios de comunicación tras finalizar su comparecencia.

Jesús Gómez ha destacado que la persona que se encargaba del seguimiento a Cifuentes era "un expolicía que lo estaba realizando, presuntamente para un despacho de abogados que se llama Azertia, cuya sede coincidía en el mismo edificio, en la misma planta y en la misma sede y puerta con el diario La Estrella Digital. Pues bueno desde ahí se hicieron esos seguimientos. Hay una relación directa entre el medio Estrella Digital, también entre otro medio local, como Canal 33 y el periódico de Leganés, y también entre algún político local que se llama Carlos Delgado".

Jesús Gómez considera que la trama hizo seguimientos a Cifuentes cuando todavía no se sabia si iba a ser candidata o no del PP a la presidencia de la Comunidad, "con el objeto de encontrar algo en su vida privada que pudiera perjudicar su imagen".

"¿Y qué relación tiene todo esto con el entorno de Ignacio González?", se ha preguntado Gómez ante los medios de comunicación, para después responder: "Hay una empresa que se llama Jotrinsa, que se dedica a la reparación de vehículos pesados, que recibió adjudicaciones millonarias por parte de la Comunidad de Madrid y en algún Ayuntamiento, como Alcorcón y Boadilla del Monte, y resulta que los apoderados de esta empresa eran dos hermanos, José Antonio y Javier Gómez Hernández. Y este último es el cabeza del despacho de abogados Azertia. Y es el mismo sitio, calle Ferraz, 46, primera planta, A, dónde en esa época estaban el diario Estrella Digital y este despacho de abogados".

La conexión con González sería, siempre según el exalcalde de Leganés, "Ildefonso de Miguel, porque el administrador único de la empresa propietaria de Estrella Digital se llamaba Francisco Javier Soriano Rouco, el presidente de Madrid Network, un ente de la Comunidad de Madrid destinado a promover las nuevas tecnologías en los polígonos industriales, e Ildefonso de Miguel recibió créditos blandos, de prácticamente un 0% de Madrid Network, que la presidía Francisco Javier Soriano Rouco, que es el administrador único de la empresa propietaria de Estrella Digital".

Asimismo, Gómez ha relatado a los medios de comunicación que está seguro de que a mediados de 2014 le mandó el recado a través de un registrador de la propiedad a su hermana, que también es registradora. "Supongo que lo transmitió a la hermana de Rajoy, que también es registradora", ha explicado el diputado, que ha completado: "Yo entiendo que sí, porque el 6 de marzo, cuando la dirección nacional da a conocer que Ignacio González no repite como candidato, en el diario El País se puede leer que en el último párrafo que en la decisión nacional pesó la existencia de una cuenta que Ignacio González contaría en Suiza".

Según informaron a Europa Press fuentes de la dirección de IU-CM, las impugnaciones –adelantadas por el periódico La Marea– se efectuaron a iniciativa de las asambleas de las distintas localidades "ante el acoso y la agresión que IU lleva sufriendo durante mucho tiempo", pero tenía que presentarlas el representante de IU-CM ante la Junta Electoral Provincial.

Sin embargo, tras las acusaciones de las cinco candidaturas de "indecente maniobra" y "artimaña legal" para "confundir a los ciudadanos", IU-CM decidió retirar las impugnaciones al no tener "inconveniente en que se presente cualquiera a las elecciones". Mientras, en Twitter se propagaba la etiqueta #IUCMroba.

En este sentido, el candidato de IU a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Luis García Montero, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter donde se mostró "en contra de impugnar candidaturas" porque "la izquierda necesita claridad y libertad en el diálogo y no poner palos en las ruedas de nadie".

En la misma línea se pronunció el candidato de IU a la Alcaldía de Leganés, Rubén Bejarano, quien también en Twitter mostró su rechazo a la impugnación y solicitó "una rectificación a esa decisión".

En Twitter no faltaron las críticas a la actitud de IU-CM. Desde Ganemos Madrid, por ejemplo (plataforma integrante de Ahora Madrid), e incluso de dirigentes de IU como Alberto Garzón y los secretarios de Convergencia y Acción Electoral de la ejecutiva federal, Lara Hernández y Ramón Luque, ambos próximos al candidato a la Moncloa. 

Fundeste, la fundación de IU Madrid presidida durante 18 años por Ángel Pérez, adquirió en 2005 dos locales en Leganés y Fuenlabrada a una cooperativa denominada Geservi, que estaba controlada por el entonces responsable de Finanzas de IU, Pedro Orgaz, a través de diversos testaferros. Esa cooperativa nunca presentó sus cuentas en el Registro y no consta que haya tenido jamás ninguna actividad.

Ángel Pérez ha sido durante las últimas dos décadas el hombre fuerte de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid (IU-CM). Pérez ha llevado la organización a la quiebra económica –debe unos 2,5 millones de euros, la mayor parte a Hacienda y la Seguridad Social– y a un importante desprestigio social por su política de apoyo continuado al PP en la gestión de la Caja Madrid de Miguel Blesa. IU federal asegura que lo ha expulsado por el escándalo de la caja, pero lo cierto es que sigue como portavoz de la federación en el Ayuntamiento de Madrid. Como persona de máxima confianza para todos los asuntos económicos de IU-CM, Pérez eligió a Pedro Orgaz, secretario de Finanzas de la organización desde los años noventa hasta su fallecimiento en 2011.

En las finanzas de IU ha desempeñado un papel clave Fundeste, una fundación presidida por Pérez entre 1996 y 2014, y cuya gestión ha estado marcada por la opacidad. De hecho, estuvo 20 años sin presentar sus cuentas (entre 1989 y 2008). Entre las operaciones más oscuras de Fundeste –al menos de lo que se conoce hasta ahora– destaca una compra de inmuebles desvelada por infoLibre hace un mes. Caja Madrid concedió en 2005 dos préstamos hipotecarios a la fundación para que adquiriese sendos locales en las localidades madrileñas de Leganés y Fuenlabrada. La entidad bancaria, presidida entonces por Miguel Blesa, permitió que la compra y la hipoteca no fuesen inscritas en el Registro de la Propiedad. Diez años después, los inmuebles siguen figurando a nombre del anterior propietario.

Ese anterior propietario es una cooperativa denominada Geservi que, según ha podido comprobar ahora infoLibre, estaba controlada por Pedro Orgaz a través de diversos testaferros.

Este periódico ha intentado, sin éxito, conocer la versión de la dirección de IU-CM y de Fundeste sobre estos hechos (ver al final del reportaje La caja negra).

¿Quién es Geservi?

La escritura de constitución de Geservi lleva fecha de 10 de febrero de 1999. La crearon seis socios, entre los que destacan tres: Francisco Sánchez-Pascuala Pedraza, hermano de la mujer de Pedro Orgaz; José Antonio Martínez Sánchez-Pascuala, también familiar político de Orgaz; y David López Pisonero, militante de IU en el barrio madrileño de Villaverde y en aquella época un joven de 25 años que tenía una excelente relación con el secretario de Finanzas de la federación. López Pisonero fue elegido presidente.

Como capital social desembolsaron 901,5 euros, repartidos en seis partes iguales (cada socio puso 150,25 euros, 25.000 pesetas de la época). En el artículo 4 de los estatutos se indicaba que la actividad económica de la cooperativa era "la gestión de prestación de servicios a empresas, particulares y administraciones públicas".

Geservi declaró como domicilio social la calle de Villastar, 27, de Madrid. En esa misma dirección se encuentra domiciliada otra cooperativa, denominada Setraser Asesores, creada en 2002 por Pedro Orgaz y por su hijo. También existe una sociedad limitada del mismo nombre, Setraser, de la que Orgaz fue administrador al mismo tiempo que llevaba las finanzas de IU-CM. Es más, incluso el teléfono móvil de contacto que López Pisonero dejó en el Registro Cooperativas es utilizado a día de hoy por Setraser.

El control de la cooperativa por parte de Orgaz no se demuestra sólo por el hecho de que la creasen familiares suyos y militantes de IU de su órbita o porque tuviese su domicilio en la misma dirección que otra cooperativa que él mismo promovió. El secretario de Finanzas se ocupaba directamente de realizar gestiones ante el Registro de Cooperativas. Así, el 22 de octubre de 2001, López Pisonero firmó una autorización para que Orgaz pudiese "retirar en su nombre de la Dirección General de Empleo de la Comunidad de Madrid el acta relativa a la inscripción de la renovación de cargos de dicha cooperativa". Y, efectivamente, semanas después Orgaz firmó un "recibí" tras llevarse los documentos de Geservi, tal y como consta en el expediente de esta cooperativa.

una cooperativa sin actividad

Geservi fue inscrita en el Registro de Cooperativas el 29 de abril de 1999. Un par de años después, el 5 de febrero de 2001, celebró una asamblea extraordinaria, en la que se produjo una renovación parcial de cargos. Pero López Pisonero siguió como presidente y el cuñado de Orgaz de vocal. Además, fue nombrado secretario Aurelio Castillo Moreno, otro militante de IU que estuvo trabajando en la federación hasta el año pasado.

Desde 2001, Geservi no logró registrar ningún documento más de forma oficial. Hizo un par de intentos para adaptarse a la Ley 27/1999 de Cooperativas, pero poco afortunados ya que el Registro rechazó la documentación presentada por defectos formales. Además, Geservi jamás depositó sus cuentas en el Registro.

Por tanto, al igual que ocurre con Fundeste, la opacidad de sus cuentas durante décadas impide conocer algunos aspectos muy relevantes. Por ejemplo, ¿cómo pudo comprar Geservi, con un capital social de 901 euros y sin actividad económica conocida, los dos inmuebles que luego revendió a Fundeste? ¿Y qué ocurrió con el dinero que Fundeste pagó a Geservi por los locales de Fuenlabrada y Leganés?

La venta de los inmuebles a Fundeste

Pese a ser una cooperativa sin actividad conocida y que no podía inscribir documentos en el Registro por no estar adaptada a la legislación vigente –dicho de otra forma: no podía funcionar–, Geservi adquirió dos inmuebles y se los revendió a Fundeste. Esa operación se realizó en 2005 y en los dos extremos de la mesa estaban Ángel Pérez, como presidente de Fundeste, y Pedro Orgaz, como persona que controlaba Geservi. Orgaz, por cierto, nunca formó parte del patronato de Fundeste, a pesar de que dirigentes de IU-CM próximos a Pérez le echan la culpa en conversaciones privadas por el caos de la contabilidad de la fundación. Una práctica que, por otra parte, no es novedosa: echarle la culpa a una persona ya fallecida.

La doble transacción se firmó ante el notario Emilio López Melida el 28 de marzo de 2005. El local de Fuenlabrada tiene una superficie de 90 metros cuadrados y el precio oficial de compraventa fue de 103.000 euros. Caja Madrid concedió ese mismo día a la fundación un préstamo por importe de 92.400 euros. La finca estaba calificada como de protección oficial. En cuanto al local de Leganés, con una superficie de 79 metros cuadrados, el importe de la compraventa fue de 135.000 euros y la hipoteca concedida por Caja Madrid ascendió a 105.140 euros.

La entidad bancaria, presidida entonces por Miguel Blesa, permitió que la compra y la hipoteca no fuesen inscritas en el Registro de la Propiedad. Diez años después, los inmuebles siguen figurando a nombre de Geservi. ¿Por qué aceptó Caja Madrid mantener en la opacidad las dos hipotecas concedidas a la fundación de IU-CM? El propio Banco de España destaca la importancia de registrar las hipotecas para que queden válidamente constituidas. Y Bankia, después de que este periódico desvelase los hechos, admitió que lo ocurrido con las hipotecas de Fundeste era "un caso único".

Esa decisión política de favorecer a una fundación de IU, por parte de Caja Madrid, se entiende mejor al analizar el contexto de la época. En 2003, Miguel Blesa revalidó su cargo como presidente de Caja Madrid con el apoyo de IU-CM y esta organización logró que renovase como consejero de la entidad financiera José Antonio Moral Santín gracias al respaldo del PP. Moral Santín, que está ahora imputado por el uso presuntamente delictivo de 456.500 euros con su tarjeta black de Caja Madrid, siempre ha sido una persona de la máxima confianza de Pérez. Los pactos entre el PP e IU-CM en Caja Madrid se siguieron renovando a lo largo de los años. El último lo firmaron en 2009. La gestión de la entidad financiera provocó un agujero de más de 20.000 millones de euros, tapado con dinero de los contribuyentes en 2012.

los fines de Fundeste

Más allá de la decisión de mantener oculta la operación inmobiliaria por parte de Fundeste, con la complicidad de Caja Madrid, la fundación incumplió la obligación legal de destinar el patrimonio a los fines fundacionales. Los dos inmuebles no se dedicaron a realizar actividades de Fundeste, sino que funcionaron siempre como sedes de Izquierda Unida en Leganés y Fuenlabrada.

Hay que tener en cuenta que IU-CM fue acumulando, desde el año 1999, una deuda creciente con Hacienda y con la Seguridad Social. Esa deuda llegó a superar los dos millones de euros. De hecho, Hacienda le embargó en 2007 los cuatro locales que figuraban a nombre de IU-CM en la Comunidad de Madrid. Lógicamente, los dos inmuebles que utiliza la federación en Leganés y Fuenlabrada no han podido ser embargados por Hacienda, al ser propiedad de Fundeste. Es más, si la Agencia Tributaria consultase las bases de datos oficiales ni siquiera sabría que dichos inmuebles pertenecen desde 2005 a la fundación de IU, al no estar inscritos en el Registro de la Propiedad a su nombre.

Dicho de otro modo: al ser la titularidad de los inmuebles de Fundeste, y no de IU, la federación de izquierdas evitó que Hacienda pudiese embargar los locales para cobrar la deuda.

Los hechos probados

Saber qué ocurrió con las cuentas de Fundeste es una tarea extremadamente complicada. La fundación no presentó cuentas entre 1989, año de su fundación, y 2008. Las primeras presentadas fueron las de 2009. Durante esos 20 años, tuvo importantes ingresos, especialmente procedentes de Caja Madrid. En los tres años cuyas cuentas han sido depositadas en el Registro –2009, 2010 y 2011–, Caja Madrid subvencionó a Fundeste con 373.885 euros. Ello da una idea del dinero que ha podido manejar la fundación en sus 25 años de historia.

Pese a la opacidad, las informaciones ya desveladas por infoLibre permiten extraer las siguientes conclusiones respecto a la fundación presidida durante casi dos décadas por Pérez:

1. En 2005, cuando IU-CM llevaba varios años sin pagar lo que debía a Hacienda y a la Seguridad Social, su fundación compró dos locales en Leganés y Fuenlabrada.

2. Fundeste destinó 238.000 euros de su patrimonio a comprar dos inmuebles que puso al servicio de Izquierda Unida, incumpliendo así sus fines fundacionales.

3. La operación se realizó en la más absoluta opacidad, al no inscribirse en el Registro de la Propiedad ni la compra ni las hipotecas que concedió Caja Madrid a Fundeste. Diez años después sigue figurando como titular de los locales el anterior propietario (la cooperativa Geservi).

4. Esa opacidad se logró gracias a la complicidad de Caja Madrid, presidida por Miguel Blesa, quien contó durante años con el apoyo de IU-CM.

5. Hacienda no pudo embargar dos locales que siempre han funcionado como sedes de IU-CM. O, en otros términos, la federación de izquierdas camufló bienes a Hacienda para no hacer frente a sus deudas con el fisco.

6. Los inmuebles se los compró Fundeste a una cooperativa controlada por el responsable de Finanzas de IU-CM, quien puso a testaferros al frente de la misma.

7. Esa cooperativa tampoco depositó jamás sus cuentas en el Registro. No consta que haya tenido actividad alguna. No se sabe de dónde salió el dinero para comprar los inmuebles que luego revendió a Fundeste, ni qué pasó con el dinero que recibió de la fundación por los locales.

8. Desde que infoLibre publicó la primera información sobre Fundeste, el 15 de noviembre de 2014, ha intentado de forma reiterada conocer la versión de Ángel Pérez, como máximo responsable de la gestión de Fundeste, y de la dirección de IU-CM. Pero llevan más de cuatro meses sin dar explicaciones.

Caja Madrid concedió en 2005 dos préstamos hipotecarios a Fundeste, una fundación política dependiente de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid (IU-CM), para que comprase sendos inmuebles en las localidades de Leganés y Fuenlabrada. La entidad bancaria, presidida entonces por Miguel Blesa, permitió que la compra y la hipoteca no fuesen inscritas en el Registro de la Propiedad. Diez años después, los inmuebles siguen figurando a nombre del anterior propietario, tal y como ha comprobado infoLibre esta misma semana. Fundeste ha estado presidida entre 1996 y 2014 por Ángel Pérez, expulsado hace una semana de IU precisamente por su responsabilidad política en relación con los escándalos que afectan a Caja Madrid.

Los locales no se utilizan por Fundeste, pese a ser su propietario desde 2005, sino que son las sedes de IU-CM en ambas localidades madrileñas. Las fundaciones están obligadas por ley a destinar efectivamente su patrimonio y sus rentas a los fines fundacionales. En el caso de Fundeste, entre sus fines fundacionales no figura la adquisición de inmuebles para ponerlos posteriormente al servicio de Izquierda Unida. En teoría, la fundación se dedica a “fomentar el conocimiento y la difusión de las materias y políticas municipales y territoriales”, a “elaborar y suministrar información sobre cualquier tema que interese a la clase trabajadora, a los movimientos sociales y a los ciudadanos en general” y a “fomentar el estudio e investigación en el ámbito de las ciencias económicas, políticas y sociales”.

Hay que tener en cuenta que IU-CM ha ido acumulando, desde el año 1999, una deuda creciente con Hacienda y con la Seguridad Social. Esa deuda llegó a superar los dos millones de euros. De hecho, Hacienda ya embargó en 2007 los cuatro locales de IU-CM que sí figuran a su nombre, y en enero de 2015 decidió embargar también el presupuesto del Grupo Parlamentario en la Asamblea autonómica. Lógicamente, los dos inmuebles que utiliza IU-CM en Leganés y Fuenlabrada no han podido ser embargados por Hacienda, al ser propiedad de Fundeste. Es más, si la Agencia Tributaria consultase las bases de datos oficiales ni siquiera sabría que dichos inmuebles pertenecen desde 2005 a la fundación de IU, al no estar inscritos en el Registro de la Propiedad a su nombre.

En definitiva: en 2005, cuando IU-CM llevaba varios años sin pagar lo que debía a Hacienda y a la Seguridad Social, su fundación compró dos locales en Leganés y Fuenlabrada. Ello supuso destinar 238.000 euros del patrimonio de Fundesde a algo que no figura en sus fines fundacionales, ya que ambos inmuebles se convirtieron en sedes de IU-CM. Y todo ello se hizo en la más absoluta opacidad y con la complicidad de Caja Madrid puestoque ni las compras ni las hipotecas se inscribieron en el Registro de la Propiedad.

infoLibre se puso ayer en contacto con IU-CM y con Fundeste para conocer su versión sobre estos hechos, pero ambas entidades declinaron responder a las preguntas planteadas (ver La caja negra al final de esta información).

“EN 20 AÑOS NO HE VISTO UN CASO SIMILAR”

Varios notarios consultados por infoLibre aseguran que jamás se han encontrado una hipoteca de un banco que no figure inscrita en el Registro de la Propiedad. “Lo primero que exige el banco es inscribir la hipoteca para tener la prioridad hipotecaria. Si al mes no está registrada, presionan para que se haga. En más de 20 años de profesión no he visto un caso similar. Es muy probable que este hecho incumpla además la normativa bancaria. ¿Cómo tiene contabilizada el banco esa hipoteca?”, señala uno de los notarios, quien destaca que la única motivación posible de este hecho es “mantener la operación en la opacidad, que nadie sepa quién ha comprado y quién ha concedido el préstamo hipotecario”.

El propio Banco de España destaca la importancia de inscribir las hipotecas. Por ejemplo, en la denominada Guía de acceso al préstamo hipotecario, indica lo siguiente: “Los préstamos hipotecarios tienen una peculiaridad adicional, ya que la inscripción registral de la escritura de hipoteca tiene carácter constitutivo, es decir, para que la hipoteca quede válidamente formalizada resulta indispensable que el documento en que se constituya (esto es, la escritura notarial) sea inscrito en el Registro de la Propiedad. Esto significa que, mientras la escritura no conste inscrita, la entidad no puede ejercitar todos los derechos generados por la garantía (la hipoteca) con la que pretende asegurar el reembolso del préstamo”.

¿Por qué aceptó Caja Madrid mantener en la opacidad las dos hipotecas concedidas a la fundación de IU-CM? Los expertos en el sector bancario consultados por este periódico no encuentran una explicación lógica, ya que es evidente que supone “una mala gestión de los activos de la entidad financiera”. Por tanto, tuvo que ser una decisión política.

En 2003, Miguel Blesa revalidó su cargo como presidente de Caja Madrid con el apoyo de IU-CM y esta organización logró que renovase como consejero de la entidad financiera José Antonio Moral Santín gracias al respaldo del PP. Moral Santín, que está ahora imputado por el uso presuntamente delictivo de 456.500 euros con su tarjeta black de Caja Madrid, siempre ha sido una persona de la máxima confianza de Ángel Pérez. Los pactos entre el PP e IU-CM en Caja Madrid se siguieron renovando a lo largo de los años. El último lo firmaron en 2009. La gestión de la entidad financiera provocó un agujero de más de 20.000 millones de euros, tapado con dinero de los contribuyentes en 2012.

ESCRITURA NOTARIAL

El inmueble de Fuenlabrada, con una superficie construida de 90 metros, fue adquirido por Fundeste el 28 de marzo del año 2005. La escritura de compraventa se realizó ante el notario Emilio López Melida. El precio oficial de compraventa fue de 103.000 euros y Caja Madrid concedió ese mismo día a la fundación un préstamo por importe de 92.400 euros. La finca estaba calificada como de protección oficial y la vendedora fue una sociedad cooperativa, que sigue figurando a día de hoy como titular del inmueble en el Registro de la Propiedad número 2 de Fuenlabrada.

En esta localidad madrileña, Izquierda Unida está controlada por Miguel Reneses y su mujer, Teresa Fernández, desde finales de los años ochenta. Reneses fue coordinador general de IU-CM entre 2000 y 2002. Además, es uno de los dirigentes de la organización que más tiempo ha figurado como patrono de Fundeste, en concreto entre 1993 y 2013. Persona muy próxima a Cayo Lara, presentó en diciembre su dimisión como secretario de Organización de IU federal. Relevo que se hizo efectivo el pasado 30 de enero.

Por tanto, cuando Fundeste decidió adquirir el inmueble de Fuenlabrada y convertirlo en sede de IU-CM en la localidad, Reneses era patrono de la fundación y principal responsable de la organización en dicho municipio.

En cuanto al local de Leganés, la operación también se realizó el año 2005. En este caso, el importe de la compraventa fue de 135.000 euros y la hipoteca concedida por Caja Madrid ascendió a 105.140 euros.

La Fundación de Estudios Municipales y Territoriales (Fundeste) tenía la obligación de presentar cuentas anuales en el Ministerio de Cultura. Sin embargo, desde su constitución en 1989, estuvo 20 años sin entregar ningún tipo de contabilidad. Dos décadas de absoluta opacidad financiera. Los sectores de IU enfrentados a Ángel Pérez han criticado su opaca gestión en Fundeste, aunque para su expulsión de IU lo determinante ha sido la política de pactos con el PP en Caja Madrid. Pese a la expulsión, Pérez se niega a presentar su dimisión como portavoz en el Ayuntamiento de Madrid. Y considera que la organización federal no puede expulsarlo porque IU-CM es una entidad jurídicamente independiente. "Yo no voy a aceptar ninguna responsabilidad política por la cuestión de las tarjetas de Caja Madrid, lo diga la dirección federal o lo diga el sursuncorda", advirtió Pérez hace unas semanas.

Cuando el río suena, agua lleva. Este podría haber sido el eslogan base de la plataforma Salvemos Polvoranca, la alianza de ciudadanos, organizaciones ecologistas y partidos políticos de Leganés que se ha propuesto destapar, para después frenar, lo que parece ser un proyecto encubierto de la Comunidad de Madrid para construir una instalación deportiva mecánica de cable-esquí acuático en la laguna de María Pascuala del Parque Polvoranca. Declarado como Observatorio Regional de Aves, al entorno del lago parece acompañarle un segundo plan de explotación hostelera incompatible con la protección de la fauna y flora que habita la zona. Un proyecto que ha llevado a la plataforma a convocar una abrazo simbólico al lago la mañana de este domingo.

La presumible construcción de un complejo hostelero y una estructura de esquí acuático en el parque, reconocido por la propia Comunidad de Madrid como un espacio protegido por su valor ecológico, supondría, según la plataforma, no solo la destrucción de un entorno que acoge a “miles de aves y reptiles”, sino la puesta en marcha de la privatización encubierta de un espacio hasta ahora público. Según denuncian, este entorno se encuentra en tal estado de abandono y dejadez por parte de las administraciones, que ha obligado a integrantes de la plataforma y vecinos a trabajar voluntariamente por su mantenimiento.

Aunque no existen documentos oficiales que permitan concretar los términos en los que la Comunidad de Madrid habría planteado el proyecto, la creencia de que el Gobierno autonómico prevé la instalación de un cable-esquí en la laguna de María Pascuala es algo más que un rumor generalizado. Las declaraciones al diario El País del consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Borja Sarasola, en las que explicó el propósito de su gobierno  de desarrollar el plan, junto con las declaraciones de un empresario que, favorable al proyecto, manifestó a la plataforma sus aspiraciones de concurrir a un supuesto concurso público para obtener la gestión del lago, activaron todas la alarmas. “Este señor [el empresario] comenzó a discutir con nosotros en nuestra cuenta de Facebook. Empezó a contarnos el proyecto con pelos y señales y dijo que había estado cinco años hablando con la Comunidad de Madrid”, explicó a infoLibre uno de los portavoces de la plataforma.

El empresario, con el que infoLibre trató de ponerse en contacto sin obtener respuesta, explicó a los miembros de la plataforma las bases económicas del concurso público para la explotación de la instalación deportiva. Según aseguran desde este movimiento ciudadano, incluso concretó la cifra de 25.000 euros anuales por la que el Ayuntamiento de Leganés estaría dispuesto a ceder el espacio. Unos datos que suscitaron las inquietudes del grupo socialista y oposición y que obligaron al Gobierno municipal a realizar un desmentido en el pleno. En este sentido, este diario contactó con el consistorio de la localidad madrileña, desde donde negaron cualquier vinculación con el proyecto.

Director general de Medio Ambiente: “No hay empresa, no hay empresario”

La información publicada en El País y las conversaciones de la plataforma con el empresario motivaron la comparecencia en la Asamblea de Madrid del director general de Medio Ambiente, Ricardo Riquelme, quien reconoció la existencia del proyecto como “una idea” que habrían presentado algunas empresas a la Consejería y que estarían estudiando. “La Comunidad de Madrid […] considera que sería una oferta atractiva que haría que cada vez más gente visitara el Parque de Polvoranca”, explicó. Sin embargo, y a pesar de reconocer que estaba al tanto de las propuestas de algunas empresas, Riquelme negó la relación de la Consejería con ningún empresario. “No hay empresa, no hay empresario. Lo único que conozco de esa persona es que se llama como yo”, zanjó. Unas explicaciones que la plataforma interpreta como contradictorias y que, lejos de tranquilizarles, refuerzan sus sospechas. “Nos tememos que sí hay proyecto. Lo que denunciamos es el oscurantismo y que no nos cuenten qué quieren hacer en el parque”, insisten.

Además, las contradicciones en las que incurrió Riquelme en su comparecencia, al afirmar primero que la Comunidad de Madrid llevaría a cabo el proyecto solo si los tres ayuntamientos implicados en el Parque Polvoranda –Leganés, Alcorcón y Fuenlabrada- estuvieran de acuerdo con su ejecución, para después asegurar que “la Comunidad de Madrid es la titular de los terrenos”, y que por lo tanto no sería “condición necesaria tener el acuerdo de los ayuntamientos”, se interpretó por la plataforma como una ambigüedad calculada del Gobierno regional, que no cierra las puertas a la explotación del pulmón verde de Leganés.

Un complejo hostelero

A la instalación deportiva acompañaría además la construcción de un complejo hostelero en las inmediaciones del lago. Otro proyecto complementario que, según la plataforma, estaría promovido por la administración local y regional y se estaría gestando de “espaldas a la ciudadanía”. Un plan que, de desarrollarse, ocuparía un espacio de 3.700 metros cuadrados en la zona del embarcadero y que incluiría instalaciones auxiliares relacionadas con el cable-esquí.

“Lo que les pido es que si hay algún documento administrativo, que lo enseñen”, espetó Ricardo Riquelme a los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid para negar la existencia del proyecto en Polvoranca. Un desmentido asentado en la falta de documentación oficial y cuya aparente rotundidad hace aguas al venir precedido de la tácita admisión del proyecto por parte de la Comunidad de Madrid.

En cualquier caso, la opacidad con la que parecen estar actuando las administraciones públicas ha exacerbado los nervios de la plataforma Salvemos Polvoranca. Una alianza ciudadana que, de llevarse a cabo el supuesto plan, no descarta emplear la vía judicial contra la Comunidad de Madrid por delito medioambiental.

Según ha recordado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el exalcalde de Leganés y el resto de los procesados estaban acusados de encargar de forma directa a la empresa Cuadrifolio S.A. mobiliario para la presentación de eventos institucionales sin expediente de contratación alguno y, por lo tanto, sin ningún procedimiento de selección y adjudicación de un contrato de suministro de materiales con la administración pública.

El juez entiende que los hechos son incontrovertidos y que los acusados los han reconocido y acreditado mediante la presentación de facturas, con el informe de aprobación de factura, con el documento de reserva de crédito, con el certificado del acta de la sesión de la Junta de Gobierno, con el informe negativo de la interventora y con los documentos de contabilidad del presupuesto de gastos, donde se carga el gasto de la factura a Cuadrifolio.

Se trata de Jesús González Reglero, máximo responsable de la comisaría de Leganés (Madrid), tal y como adelantó infoLibre el pasado 26 de septiembre. El comisario de la Policía Nacional de Leganés, es acusado de supuestas torturas durante el franquismo por una de sus víctimas.  

El pasado 18 de septiembre, Servini dictó, a través de Interpol, una orden de detención preventiva, para su posterior extradición, de cuatro exaltos funcionarios de la Policía y de la Guardia Civil por presuntos delitos de torturas durante el franquismo.

Uno de esos agentes es el excomisario José Ignacio Giralte González, de 71 años, antiguo miembro de la Brigada Político Social, quien fue denunciado por sus subordinados en 2000 y sancionado mientras ocupaba el puesto de como comisario jefe de Alcobendas (Madrid), según recoge la resolución dictada por la jueza Servini.

El mismo documento detalla que una de las víctimas que ha declarado ante Servini, Alfredo Rodríguez Bonilla, asegura que reconoció a Giralte González y al inspector Jesús González Reglero "como los funcionarios policiales que lo golpeaban en la cara, lo pateaban en la entrepierna y le daban golpes con cadenas".

"Inquietud" en Leganés

La aparición del nombre de González Reglero en la resolución de la jueza Servini ha provocado "inquietud" y "alarma social" en Leganés, según ha denunciado Simancas. Por eso, el diputado socialista por Madrid ha pedido al Gobierno que le aclare "de qué información dispone respecto al posible requerimiento por parte de la justicia argentina" del máximo responsable de la Policía en esta localidad del sur de la Comunidad de Madrid.

Igualmente, solicita que Interior le explique "cuáles son sus intenciones" ante la posibilidad de que un comisario en activo pueda acabar siendo "imputado por un delito de torturas" durante la represión franquista.

Simancas, diputado por Madrid, considera necesario que el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz le aclare si, teniendo en cuenta estos "antecedentes" piensa mantener a González Reglero en su puesto, si considera que es mejor no hacer nada hasta que, en su caso, se produzca algún movimiento de la Justicia argentina o si, por el contrario, se ha planteado la posibilidad de cambiarle de destino.

El proyecto okupatutambien.net pretende dar cabida a todos los centros sociales, locales autogestionados y colectivos que de una forma u otra tengan relación con la ocupación. Una iniciativa que surgió con el objetivo de crear un centro neurálgico del movimiento okupa.

Atrás quedan las primeras ocupaciones colectivas en la capital allá por los años 80. Amparo 83, Leganés, Ronda de Atocha o Argumosa hicieron visible el descontento de un colectivo que buscaba alternativas. Edificios abandonados que utilizaban como locales culturales o vivienda y que con el paso de los años han evolucionado en verdaderos lugares de reunión donde el colectivo social ha demostrado que existen alternativas a las viviendas que permanecen desocupadas y abandonadas durante años.

En la plataforma creada a mediados de 2007 se puede encontrar información relacionada con el movimiento Okupa de toda España. Noticias, reportajes, actividades, reivindicaciones o videos son alguno de los contenidos que se pueden visitar en la web. Desde las últimas ocupaciones, hasta la historia detallada del movimiento desde sus inicios.

Existe un mapa donde se puede consultar todos los edificios ocupados en la Comunidad de Madrid en los últimos años. Fecha de ocupación, desalojos, espacios que han sido ocupados, su ubicación o la actividad que se realiza en sus dependencias son algunos de los datos que se pueden consular en el mapping creado. Además, dan la opción de informar sobre alguna casa okupa y no aparece en el mapacasa okupa.

Además, en okupatutambien.net existe un amplio manual de okupación, compuesto por siete puntos donde se explica cómo hacer una ocupación. “Este manual pretende acercar la okupación a toda persona interesada en salir del mercado inmobiliario y disfrutar de un espacio digno sin pagar ni un duro a quienes tratan de robarnos la vida cada día”, es el mensaje que se puede leer en el capítulo de presentación del manual. Además añaden que “el equipo de redacción de este manual una un llamamiento a la solidaridad de las personas que quieran okupar”.

Asesoría jurídica, textos relacionados con el movimiento Okupa y una amplia agenda digital de movimientos son otras de los contenidos que se pueden descubrir en la plataforma.