La justicia imputa por primera vez a ex altos cargos de Ayuso por las muertes en residencias en la pandemia
Más de cinco años después, dos ex altos cargos del Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso serán investigados por las muertes en residencias durante la pandemia. El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha citado como imputados para este próximo lunes 26 de mayo a Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, quienes fueran directores de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad y autor y firmante de los Protocolos de la Vergüenza que bloquearon la derivación al hospital de miles de residentes durante las peores semanas de la crisis sanitaria, según desveló infoLibre. Durante ese periodo, solo entre marzo y abril, 7291 personas fallecieron en los centros de mayores de la región sin asistencia sanitaria. Ni fuera ni dentro del geriátrico.
La citación se produce después de que la Fiscalía Provincial de Madrid haya pedido reabrir una causa archivada provisionalmente hace casi tres años y se enmarca, además, en la macrodenuncia que los familiares presentaron el pasado mes de octubre ante la fiscal superior Almudena Lastra. Fueron Marea de Residencias y 7291 Verdad y Justicia, quienes ahora celebran la decisión y piden a los imputados "que cuenten la verdad".
Aquel documento, de más de 160 páginas y firmado por 109 familias representantes de 115 residentes —111 de los cuales murieron en lo peor de la pandemia—, apuntaba a la presunta comisión de un delito de denegación de la asistencia sanitaria por discriminación contenido en el artículo 511 del Código Penal. Ponían en el punto de mira, además de a Mur y Peromingo, a Pablo Busca, director del Summa 112 en el momento en el que ocurrieron los hechos; Antonio Burgueño, autor del plan de choque que supuestamente incluía una medicalización de las residencias que jamás se produjo; y los geriatras de enlace responsables de aplicar los protocolos en los 25 hospitales públicos de Madrid.
Esa estrategia judicial supuso abrir una nueva vía en la estrategia que habían seguido hasta entonces los familiares de las víctimas en los tribunales. En su día denunciaron cuatro delitos —homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio— que no consiguieron prosperar en los tribunales. En octubre, y junto a la macrdenuncia, aportaron nuevas pruebas para apuntalar el posible delito discriminación. Entre esa nueva documentación constaba, por ejemplo, que gran parte del personal sanitario que hacía falta en los geriátricos había sido enviado al "hospital milagro" de Ifema y que las derivaciones empezaron a limitarse antes incluso de la aprobación del famoso Protocolo de la Vergüenza.
Cuando depositaron la denuncia en la mesa de Lastra quedaban tan sólo unos meses para que las muertes prescribieran. Aun así, y tras un mes con el proceso paralizado, la fiscal superior de Madrid se declaró incompetente y envió la denuncia a las cuatro fiscalías territoriales de la Comunidad, que aceleraron las investigaciones ya en febrero. En concreto, 53 casos se enviaron a la Provincial, 13 a la de área de Alcalá de Henares, 15 a la de Getafe-Leganés y otras 28 a la de Móstoles-Fuenlabrada-Alcorcón. De los 53 denunciantes que correspondieron a la primera, 44 tenían una querella previa ya archivada, presentada en su día por los delitos de homicidio u omisión del deber de socorro, y otros cuatro tenían una querella por los mismos delitos que todavía estaba en fase de instrucción. Los otros cinco denunciantes no habían iniciado antes ninguna actuación y fue la Fiscalía la que presentó denuncia ante el Decanato de los Juzgados.
Por su parte, en los 48 casos con denuncia previa —las 44 ya archivadas y las que todavía estaban en fase de instrucción— la Fiscalía solicitó que declarasen como investigados los que consideró como "autores intelectuales" y los firmantes de los Protocolos "ya identificados en la denuncia", que eran, precisamente, Mur y Peromingo. Según explicó el Ministerio Público, esos documentos supusieron un bloqueo del traslado a los hospitales de los residentes con mayor deterioro físico o cognitivo —tuvieran o no covid— y fue una orden que nunca antes había existido y cuyos efectos cesaron cuando se superó lo peor de la crisis sanitaria. Además, "fueron muy pocas" las comunidades que aprobaron "este tipo de protocolos". Y en ningún caso fueron igual de restrictivos que en Madrid.
92 procedimientos por presunta discriminación
El Juzgado de Instrucción número 3 ha sido el primero que ha hecho suyas esas palabras de la Fiscalía y, siguiendo su criterio, ha llamado a declarar como investigados a esos "autores intelectuales". Sin embargo, hay otra decena de juzgados que han decidido, en cambio, mantener el archivo. En todos esos casos, los denunciantes han presentado recursos. El resto todavía no se ha pronunciado.
Por otro lado, hay otros tantos procedimientos iniciados por las propias víctimas que enviaron una querella directamente a los juzgados. En total, hay 92 procedimientos relacionados con la presunta comisión de un delito de denegación de asistencia sanitaria por discriminación. Algunos están esperando que los juzgados los admitan, mientras que cinco de ellos ya estan en la Audiencia Provincial, tras los recursos presentados por esas víctimas que han visto rechaza su querella.
En cualquier caso, las dos organizaciones de víctimas de familiares entienden que la posible responsabilidad penal y política no se ciñe exclusivamente a Mur y Peromingo, por lo que solicitan, en línea con lo que ya indicaban en su macrodenuncia, que se extienda la investigación hacia la posible investigación de quien fuera el consejero de Sanidad en lo peor de la pandemia, Enrique Ruiz Escudero, y la propia Isabel Díaz Ayuso.
No fueron solo los Protocolos
Y es que según han defendido todos estos años, no fueron solo los Protocolos de la Vergüenza. La denegación de la asistencia sanitaria por motivos discriminatorios estaba explícitamente plasmada en esos documentos —porque tuvieron cuatro versiones— elaborados y firmados por Mur y Peromingo, pero hubo otras muchas decisiones que también contribuyeron a que miles de ancianos fallecieran sin poder recibir asistencia sanitaria: ni se dio asistencia en las residencias, ni en el "hospital milagro" de Ifema, ni en los centros privados, ni en los hoteles medicalizados.
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Los datos, contenidos además en la macrodenuncia presentada en octubre, es clara. Muchas de las residencias, como no son centros médicos, no tenían asistencia sanitaria cuando estalló la pandemia, y las que sí disponían de esta figura lo hacían únicamente para revisar las cronicidades de los residentes. Por eso la Comunidad elaboró un plan para, supuestamente, medicalizar las residencias, pero muchos profesionales —unos 600, según la denuncia— estuvieron de baja por el contagio. Aun así, la Comunidad de Madrid no envió a ningún sanitario en el mes de marzo, y en abril sólo a 29 médicos y 25 enfermeros, lo que supuso un refuerzo de un facultativo por cada 1.662 residentes.
Como desvela la denuncia, la mayoría de esos profesionales eran enviados al hospital de campaña de Ifema —el bautizado "hospital milagro" por Ayuso— o a los 14 hoteles medicalizados. Al primer recurso se envió a 1.421 médicos y enfermeros; al segundo, 351. Según la información adelantada en su día por infoLibre, a Ifema sólo se trasladó a 23 residentes de dos centros con síntomas leves; a los hospitales medicalizados no llegó ningún anciano de ningún geriátrico.
Poco después de conocerse la imputación, el secretario general del PSOE-M, Óscar López, y la portavoz de Más Madrid en la Asamblea autonómica, Manuela Bergerot, han mostrado su satisfacción y han celebrado la decisión del juzgado. "Hoy, por fin, después de muchos años de lucha, se abre un rayo de esperanza para las familias de las 7.291 víctimas que fallecieron en las residencias de Madrid durante el covid. Hoy, por fin, la justicia, tras muchos años de lucha de todas esas familias, abre esta oportunidad para poder investigar lo que fueron los 'protocolos de la vergüenza'. Desde luego, la Comunidad de Madrid y la señora Ayuso tendrán que dar explicaciones", ha señalado en un vídeo el ministro. "Gracias a la persistencia de las asociaciones de familiares, hoy se da un paso fundamental para que los responsables den la cara ante los tribunales y las víctimas obtengan verdad y justicia", ha añadido Bergerot.
