El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, tuvo que corregir ante el tribunal a su confidente, el empresario y conseguidor Víctor de Aldama, durante la última jornada del caso Mascarillas. "Desde luego, el presidente del Gobierno no era el número uno", como había sostenido durante su declaración como acusado –y, por tanto, con el privilegio de poder mentir– el principal delator del exministro de Transportes José Luis Ábalos, y su asesor de cabecera y presunto cómplice Koldo García. Pese a ese bulo deslizado ante la más alta instancia penal española, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Luzón defendió que su colaboración no solo merecía la atenuante propuesta por él mismo, que suavizó hasta los siete años de cárcel su acusación, sino que podría, como propuso el abogado del PP, Alberto Durán, y el propio defensor de Aldama, José Antonio Choclán, atenuarse todavía más hasta permitir la suspensión de su hipotético ingreso en prisión.

El jefe de Anticorrupción justifica esta postura por su aportación "sobre la duradera relación que mantuvo" con Ábalos y Koldo, así como otras pruebas sobre supuestos amaños de obra pública –con la escritura manuscrita del asesor, confirmada durante la instrucción del caso, o "la participación en tales amaños de Santos Cerdán León", el sucesor de Ábalos como número tres del PSOE al frente de la Secretaría de Organización del partido, "lo que era del todo desconocido para la investigación". "Se trata de manifestaciones relevantes, veraces, que se compadecen con el material probatorio que se ha ido incorporando al procedimiento", sostiene Luzón que, tras el juicio, incluyó una nueva valoración en sus conclusiones definitivas: que los audios intervenidos a Koldo sobre el reparto de obra pública "encajan plenamente con lo inicialmente declarado" por Aldama.

El trato privilegiado que la acusación pública (coincidiendo con el PP) ha dado al colaborador ha sido muy cuestionado en diversos ámbitos. Y no solo por el señalamiento –sin pruebas, en sede judicial y con posterior desmentido del fiscal– hacia Pedro Sánchez como líder de la organización criminal. También por el señalamiento contra el propio Aldama de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que lo ha colocado en la cúspide de la banda –"quien paga, manda", dijeron de él los agentes ante el plenario– y, sobre todo, por los bulos que ha ido aireando en medios especialmente contrarios al Gobierno desde su salida de prisión en noviembre de 2024 gracias al apoyo de Luzón.

Aldama ha colocado al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en una fiesta con prostitutas presuntamente celebrada en un piso de Madrid en una fecha en la que el ministro no estaba en la capital, sino en Canarias. También ha lanzado acusaciones contra el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que ya lo ha demandado. Además, difundió fantasiosos rumores sobre supuestas cuentas de varios ministros en República Dominicana o contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero al que ha atribuido una comisión obtenida por su supuesta intermediación en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Todas esas afirmaciones sin sustento han suscitado en el Gobierno dudas sobre si la verdadera intención de Aldama es colaborar con la justicia o con el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo.

La decisión sobre el destino de los tres acusados –Ábalos, Koldo y Aldama– en la principal trama de corrupción surgida en el seno del Ejecutivo y del PSOE está ahora en manos de los magistrados que deberán redactar la sentencia. No es la primera vez que un arrepentido adquiere un papel central en la investigación de casos de corrupción. Tres de los más sonados, Gürtel, los papeles de Bárcenas o el caso Nóos (en el que fue condenado el exmarido de Cristina de Borbón, Iñaki Urdangarin) se esclarecieron gracias a figuras de este tipo. Se trata de promocionar la delación, una tendencia al alza desde hace años en el Derecho Penal español y europeo.

El exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas fue, según el Tribunal Supremo, "esencial" para destapar la trama Gürtel, el mayor caso de corrupción que ha afectado al PP y cuyas últimas piezas acaban de ser juzgadas en la Audiencia Nacional. En 2007 presentó una denuncia en la policía acompañada de 18 horas de grabaciones que hizo a escondidas a su cabecilla, Francisco Correa –para el que había trabajado y del que había sido amigo– en las que revelaba parte de sus delitos. La sentencia, que terminó haciendo caer al Gobierno de Mariano Rajoy en una moción de censura, lo condenó a cuatro años y nueve meses de prisión por los delitos de asociación ilícita, cohecho, falsedad, malversación y prevaricación, porque, según el tribunal, cobró sobornos y ayudó al cabecilla con sus manejos en el Ayuntamiento de Majadahonda, donde Peñas fue edil.

Sin embargo, gracias a su colaboración con la justicia, la Audiencia suspendió su ingreso en prisión mientras se tramitaba el indulto de las penas de inhabilitación que también se le impusieron y que le habrían impedido continuar trabajando como funcionario. "Su colaboración ha sido esencial para la averiguación y esclarecimiento de los hechos, en lo que a él y quienes con él participaron en los mismos se refiere, tanto por la aportación de determinadas conversaciones que grabó, como por la descripción de esos hechos y partícipes, en particular en lo relativo a la actividad desarrollada por Francisco Correa", explicaba la sentencia de la Época I, en mayo de 2018. El Gobierno, finalmente, le concedió el indulto que reclamaba en octubre de 2024. Habían transcurrido 17 años desde que grabó al jefe del entramado corrupto.

De su declaración como imputado ante el entonces juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, el 15 de julio de 2013, se hizo hasta una obra de teatro. En ese acto, Luis Bárcenas aportó a la investigación sus famosos papeles con los sobresueldos que el PP abonaba a sus principales cargos y que habían sido publicados por El País en enero de ese mismo año. También hizo un relato detallado de la contabilidad b del partido del que fue gerente y luego tesorero, y de cómo con los fondos que reflejaban esas cuentas se pagó parte de la reforma de la sede central de la formación en el número 13 de la madrileña calle Génova. Otro de los aspectos que confesó y en los que había participado, fue la adquisición por el partido de acciones de Libertad Digital, una transacción por la que fue condenado en mayo de 2018 en la sentencia de la Época I del caso Gürtel. Para tratar de evitar esa confesión y robarle la documentación que mostró al juez, el Gobierno de Mariano Rajoy montó la trama de espionaje de la Operación Kitchen que se juzga estos días en la Audiencia Nacional con el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz como principal acusado.

Esta colaboración le sirvió al extesorero para que la Audiencia apreciara la atenuante de confesión porque "en su declaración aportó importantes datos de cara a la investigación", pero, a diferencia de lo que pide el PP y Anticorrupción para Aldama, no se le aplicó en grado cualificado porque "fueron los registros practicados con posterioridad en las sedes de Unifica [el estudio de arquitectos que ejecutó la obra] y del PP los que aportaron datos decisivos para el completo esclarecimiento de los hechos y de la intervención de otros acusados", decía la sentencia. Anticorrupción pedía para él un total de cinco años de cárcel que el tribunal dejó en dos. La sentencia no tuvo reflejo en su situación personal, ya que Bárcenas se encontraba en prisión desde la sentencia de la Época I, en la que fue condenado a 33 años que luego el Supremo rebajó a 26 con un límite máximo de 12 años, de los que cumplió algo más de ocho. Su arrepentimiento se tuvo en cuenta para el acceso a todos los beneficios penitenciarios.

En la causa que llevó al banquillo a Cristina de Borbón y terminó con la condena de su esposo, Iñaki Urdangarin, por el llamado caso Nóos, también hubo un arrepentido. Fue Marco Antonio Tejeiro, el contable del instituto regentado por el yerno de Juan Carlos I y su socio Diego Torres (cuya esposa era la hermana del delator). Tejeiro relató al fiscal anticorrupción Pedro Horrach los negocios ilegales de Nóos y el desvío por parte de Urdangarin y su socio a sus empresas de fondos públicos adjudicados por los Gobiernos de Baleares durante la presidencia de Jaume Matas o de la Comunitat Valenciana con Francisco Camps, ambos del PP.

El confidente del caso Nóos compareció en el juicio ante la Audiencia de Baleares como imputado por los delitos de prevaricación, malversación, estafa y falsificación de documento por los que la Fiscalía le reclamaba dos años de cárcel. Finalmente, gracias a su colaboración, tanto Anticorrupción como la acusación popular del pseudosindicato ultra Manos Limpias levantaron la acusación contra él, por lo que resultó absuelto.

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ha concedido la libertad condicional al extesorero del PP condenado por el caso Gürtel, Luis Bárcenas, una vez que ha cumplido las dos terceras partes de su condena, ha pagado la responsabilidad civil en su totalidad, ha mostrado su arrepentimiento y se ha sometido a programas para sentenciados por delitos económicos.

En un auto, contra el que cabe recurso ante la Sala de lo Penal, el juez José Luis Castro explica que la Junta de Tratamiento del Centro de Inserción Social Victoria Kent propuso la concesión de la libertad condicional, a la que Fiscalía no se opuso, al haber cumplido, el 20 de septiembre pasado, las dos terceras partes de la pena y concurrir los elementos objetivos y subjetivos necesarios para la obtención del último grado de cumplimento de la condena.

Por el caso Gürtel, Bárcenas fue condenado en firme por el Tribunal Supremo a una pena que sumaba 29 años de cárcel, y que la Audiencia Nacional fijó en 12 años de cumplimiento por ser el triple de la pena más alta que le fue impuesta por este caso de corrupción, por el que también fue condenada su mujer, Rosalía Iglesias, entre otros.

El pasado mes de noviembre, el Supremo redujo su condena por el llamado caso Bárcenas, relativo al pago en B de la reforma de la sede del PP, de 2 años a 8 meses de cárcel, por el que en un principio se enfrentaba a una petición del fiscal de 5 años, pena que le fue rebajada al serle aplicada una atenuante por su colaboración en el esclarecimiento de estos hechos.

Según el auto por el que se le concede a libertad condicional, la propuesta reúne los requisitos exigidos por la ley, como que ha pagado la totalidad de la responsabilidad civil que se le impuso, por un total 4.535.254,92 euros, así como que ha cumplido las dos terceras partes de la condena, que quedará extinguida previsiblemente en septiembre de 2028.

En cuanto a los aspectos psicológicos, el magistrado destaca el arrepentimiento del penado, el reconocimiento de los hechos y la asunción de las consecuencias de sus actos, así como el abono de la responsabilidad civil derivada del delito junto con los intereses, el estilo de vida positivo, la ausencia de trastornos psicopatológicos y la elevada tolerancia a la frustración.

También valora que ha realizado el programa PIDECO para internos condenados por delitos económicos, que está motivado al cambio, al aprendizaje y al desarrollo personal, que no ha faltado a ninguna de las sesiones, que ha participado activamente en las reuniones, ha sido solidario con sus compañeros, se ha mostrado franco y ha realizado todas las tareas requeridas con actitud crítica y reflexiva.

Por el contrario, y como elementos negativos para la aprobación de la libertad condicional, el juez menciona la reiteración delictiva, la gravedad de los delitos, la alarma social y el tiempo de condena pendiente de cumplimiento. Pese a ello, considera que la gravedad delictiva ha sido tenida en cuenta por el tribunal sentenciador a la hora de imponer la pena, sin que esta circunstancia pueda constituir un elemento estático cuando, además, su evolución es favorable.

Respecto a la reiteración delictiva, señala que debe valorarse hacia un pronóstico de futuro y resulta prácticamente imposible que, a día de hoy, el interno reitere los delitos dados los años transcurridos. En cuanto a la alarma social, entiende que queda rebajada de forma notoria por la antigüedad de los hechos y el pronóstico favorable de reinserción.

Por último, sobre el tiempo pendiente de cumplimiento, explica que tanto la actitud de Bárcenas como el buen uso de los permisos de salida, así como su paso por el régimen 100.2 y el tercer grado, “permiten junto con el resto de variables considerar que es el momento adecuado para acceder a la libertad condicional que se propone”.

El auto destaca que no debe obviarse que al tratarse de un penado condenado por el Código Penal anterior a la reforma (LO 1/2015, de 30 de marzo) se aplica el régimen de libertad condicional vigente en dicho momento por resultarle más favorable.

Esto supone que la libertad condicional no es tiempo de suspensión de ejecución del resto de la pena, sino auténtico cumplimiento, por lo que se someterá a reglas de conducta que inciden en esa modalidad.

En atención a dichas reglas, el juez le impone la obligación de fijar domicilio y comunicar cualquier cambio, la presentación ante los servicios sociales del Centro de Inserción Social Victoria Kent, la obligación de comunicar si resulta detenido, implicado, imputado, acusado o condenado en un proceso penal, así como la obligación de continuar con la actividad laboral, con presentación cada trimestre de la documentación correspondiente.

Para el juez, en conclusión, "se dan los siguientes factores de adaptación: antigüedad de los hechos delictivos, escaso riesgo de reincidencia, participación destacada en actividades, conducta normalizada durante toda la condena, buen uso del régimen abierto, desarrollando actividad laboral en el exterior, (...), apoyo familiar y autoaval, determinando todos ellos un proceso de reinserción favorable".

El Tribunal Supremo ha confirmado en lo sustancial la sentencia de los papeles de Bárcenas ratificando la condena al PP como responsable civil subsidiario, si bien ha reducido las penas a los tres condenados por dilaciones indebidas, ha informado EFE.

La Sala de lo Penal ratifica en esencia la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a los dos administradores de Unifica, estudio encargado de hacer las reformas en la sede del PP en Génova, por un delito de defraudación tributaria, así como al extesorero del PP Luis Bárcenas como cooperador necesario al facilitar la defraudación por la vía de efectuar un tanto por ciento de los pagos debidos de forma opaca, con dinero negro.

Como también confirma la responsabilidad civil subsidiaria tanto a Unifica como al PP (solo hasta el importe defraudado achacable a los pagos en B), una vez que esta declaración no había sido objeto de impugnación.

Ahora bien, la Sala, por cuestiones menores de carácter predominantemente técnico, reduce las penas de prisión de 2 años y 9 meses a 9 meses a los dos responsables principales y de 2 años a 8 meses a Bárcenas. Las multas pasan a ser de 200.000 euros para cada uno de los dos administradores y de 180.000 euros para el extesorero.

Ello se debe no tanto a la absolución por el delito de falsedad que acuerda el Supremo por considerar que estamos ante falsedades ideológicas realizadas por particulares, que están despenalizadas salvo supuestos excepcionales; como a la apreciación de una atenuante de dilaciones indebidas, basada en el largo tiempo transcurrido (cinco años) entre la conclusión de la investigación y el juicio .

También se revisa a la baja el total de la cuota defraudada al entender que no podían incluirse en lo defraudado las cantidades que habían tributado efectivamente el ejercicio siguiente aunque por un tipo impositivo más bajo. El fraude solo comprendería ese tanto por ciento inferior pero no el total de la cuota que, en su mayor parte, fue declarada y liquidada. La cuota defraudada pasa así de 870.000 a 374.000 euros.

Además, el Supremo confirma también la condena a las acusaciones populares a abonar las costas de una acusada que resultó absuelta, así como las soportadas por el PP relativas a las reclamaciones que fueron formuladas por esas acusaciones sin estar legitimadas para ello, contradiciendo pautas conocidas de la jurisprudencia.

Se ratifica igualmente la absolución de Bárcenas por el delito de apropiación indebida por el que había sido acusado al haber sido ya objeto de una condena a tres años de prisión por hechos inescindibles de los ahora enjuiciados.

Avala así el criterio de la Audiencia Nacional: era cosa juzgada y, además, las responsabilidades civiles estaban extinguidas por renuncia del perjudicado (Partido Popular).

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que investiga las supuestas presiones al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas y a su exabogado Javier Gómez de Liaño tomará declaración testifical el próximo 28 de noviembre a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal después de que la Sala de lo Penal corrigiera su decisión previa de no interrogarla, según confirman a Europa Press fuentes jurídicas. Además de a la exministra, el juez cita para ese mismo día también en calidad de testigo al comisario jubilado José Manuel Villarejo, principal investigado en la causa Tándem.

Estas citaciones se producen tras conocerse el auto, recogido por Europa Press, de la Sala de lo Penal que estimaba el recurso presentado por el abogado y exjuez Gómez de Liaño contra la decisión del magistrado del pasado mes de junio, cuando rechazó citar a Cospedal y Villarejo al considerarles únicamente como "testigos de referencia" y no apreciar la "necesidad y utilidad" de su interrogatorio.

La Sala corregía al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 y le emplazaba a escuchar a ambos en sede judicial señalando que el hecho de "que no hayan intervenido en las conversaciones grabadas no los coloca" en una posición de referencia si, "como se señala por los intervinientes y se refleja en las notas, estuvieron en reuniones, situaciones u otras circunstancias que les permitieron conocer directamente los hechos investigados".

En este punto, los magistrados se referían a la decisión del juez que, en la resolución por la que rechazó llamar a Cospedal y Villarejo, decidió citar al letrado Javier Iglesias. "Al igual que la persona que tampoco participó en las conversaciones y cuya declaración ha sido admitida podrían aportar información relevante acerca de los hechos, lo que convierte a las diligencias denegadas en útiles y necesarias", apostillaba la Sala.

Además de la citación de sendos testigos, los magistrados también emplazaban al instructor a que tomara declaración a los abogados José Aliste y a Óscar Jiménez de la Rubia. El juez les cita para el 27 de noviembre, al primero como investigado y al segundo como testigo.

Todo ello en el marco de esta causa en la que el juez del caso Villarejo investiga las presuntas presiones ejercidas sobre Bárcenas y el propio Gómez de Liaño para que no se publicaran informaciones sobre el PP vinculadas a la trama 'Gürtel'.

La presente pieza 36 de la macrocausa Tándem se abrió a raíz de la inhibición del Juzgado de Instrucción 2 de Marbella acordada tras unas diligencias en las que se había ordenado la entrada y registro en el domicilio de Halit Sahitaj y Jana Kleiner. Sahitaj, según fuentes jurídicas consultadas, era una suerte de mediador que tenía conexión con el líder de la mafia rusa Zakhar Kalashov.

A raíz de dicha entrada y registro se tuvo acceso por los investigadores a una dirección de correo electrónico en las que constaban cuatro archivos de audio que, en fecha 20 de octubre de 2014, fueron remitidos, desde la dirección de correo electrónico correspondiente al despacho profesional del abogado Javier Gómez de Liaño.

Dichos archivos de audio "pondrían de manifiesto de manera indiciaria, un encargo realizado por terceras personas vinculadas al Partido Popular a fin de conseguir, mediante presiones a Luis Bárcenas y a su letrado entonces en el sumario conocido con Gürtel, Javier Gómez de Liaño, que no salieran a la luz informaciones comprometedoras o perjudiciales para el Partido Popular vinculadas con dicho sumario", según auto del juzgado de Málaga que instruyó el asunto antes de inhibirse.

La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado apoyan que se reabra la investigación sobre la operación Kitchen y que se inste al juez instructor del caso Villarejo a indagar en el supuesto papel que la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal habría jugado en el espionaje al extesorero conservador Luis Bárcenas, según ha informado Europa Press.

En un escrito del pasado 30 de diciembre los fiscales Miguel Serrano y César de Rivas piden a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que estime el recurso de apelación interpuesto por el PSOE. En el mismo, la formación solicita que se inste al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, a que siga investigando.

El Ministerio Público solicita que se dejen sin efecto las resoluciones por las que el instructor rechazó seguir indagando en estos hechos. Además, Anticorrupción pide la "formación de una pieza separada bis que tenga por objeto investigar si en la planificación y ejecución por parte de la cúpula policial y de los máximos responsables del Ministerio del Interior intervinieron además miembros relevantes del Partido Popular, por entonces en el Gobierno de la nación, y, en concreto su secretaria general María Dolores de Cospedal.

Adicionalmente, los fiscales instan a que se prorrogue el plazo de instrucción por tiempo de seis meses y que se realicen las pruebas periciales necesarias para certificar el "reconocimiento de voz y la identificación de los participantes" en las últimas conversaciones aportadas a la causa.

En su recurso, el PSOE señalaba que "si antes, sin el conocimiento de los nuevos audios, podía entenderse que no quedaba acreditado que las reuniones fueran de contenido meramente social o relativas a la operación Kitchen, los audios aportados y cuya incorporación se solicita, despejan cualquier tipo de duda sobre su relación con la operación y por tanto la participación" de Cospedal.

En esos audios, publicados por El País, Cospedal pedía a Villarejo, en una conversación de enero de 2013, "parar" el asunto de "la libretita" de Bárcenas, expresando su preocupación por que los papeles del extesorero estuvieran en poder de periodistas.

El partido liderado por Pedro Sánchez acudió ante la Sala de lo Penal después de que el juez García Castellón rechazase el pasado 30 de noviembre su petición de investigar a Cospedal y de continuar con las pesquisas. En ese auto, el magistrado advertía a la formación que cualquier finalidad "proto-procesal" que tuviese como partido no tenía cabida en el procedimiento.

En este contexto, Anticorrupción no solo apoya el recurso del PSOE, sino que también se alinea con el formulado por Podemos. En un escrito del pasado 24 de enero, recogido por Europa Press, la Fiscalía también solicita la revocación del auto recurrido por los 'morados', por el que el juez descartaba reabrir Kitchen.

La Abogacía del Estado, por su parte, "no se opone" a la petición de los socialistas al considerar que va dirigida a "agotar las vías de investigación propias de la instrucción respecto de indicios desconocidos en el momento de acordarse el sobreseimiento provisional de varios investigados".

En un escrito del pasado 7 de octubre, la abogada del Estado Rosa María Seoane advierte que "negar dicha investigación por considerar que no hay hechos nuevos, precisamente por no practicar las diligencias interesadas, supone una suerte de suplantación por el órgano instructor de las funciones del órgano que debería juzgar y resolver sobre la tipicidad de los hechos indiciariamente acreditados y la participación de quienes en ellos han intervenido o los han conocido".

Y es que, apuntan los servicios jurídicos del Estado, "lo que se solicita es dejar sin efecto" el sobreseimiento provisional acordado por el juez "practicándose en fase instructora las diligencias de investigación necesarias para confirmar si tales audios que pudieran revelar información relevante sobre dicho conocimiento o participación son auténticos".

"Y, en tal caso, si esa nueva información sobre los mismos hechos, constituye indicios concretos y plausibles a los efectos de realizar un juicio de inferencia razonable respecto de la participación de quienes fueron sobreseídos", añade el escrito.

Fue el pasado 20 de abril cuando la Sala de lo Penal ratificó la decisión del juez de dar por finalizada la investigación de Kitchen al rechazar todas las peticiones, incluida la de la Fiscalía Anticorrupción, para que el instructor profundizara en las pesquisas. Sin embargo, fue la aparición de los mencionados audios lo que hizo que las acusaciones tratasen de reactivar la pieza para indagar en los mismos.

La ex secretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal ha asegurado al juez del caso Villarejo que existe una "imposibilidad manifiesta" de verificar y corroborar la "autenticidad e integridad" de los últimos audios en los que conversaba con el comisario jubilado sobre el supuesto espionaje al extesorero de la formación Luis Bárcenas, según informa Europa Press.

En un escrito remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, al que ha tenido acceso Europa Press, la representación de la exministra incide en que no se puede comprobar si esos archivos son fiables en tanto que "no se dispone de las grabaciones originales". "Incluso aunque se requiriese a los medios digitales su aportación al procedimiento, resulta palmario que éstos no disponen de las fuentes originales de las grabaciones", sostiene.

En concreto, en esos audios publicados por El País Cospedal pedía a Villarejo, en una conversación de enero de 2013, "parar" el asunto de "la libretita" de Bárcenas, expresando su preocupación porque los papeles del extesorero estuvieran en poder de periodistas.

El abogado de Cospedal sostiene que, aunque esas conversaciones "fueran verificables", se trata de audios "irrelevantes". "No solo porque son completamente ajenos al objeto de la presente pieza separada, sino porque no aportan ningún hecho nuevo no conocido por ese Juzgado a la hora de decretar el sobreseimiento provisional de mi representada, que ha sido confirmado por la Sala", aduce.

Es por eso que el letrado de la otrora secretaria general de los conservadores se opone al recurso presentado por el PSOE, que pidió al instructor que investigase a Cospedal por la operación Kitchen al considerar que exigía "información" y daba "directrices" de qué se debía hacer, participando "directamente" en el espionaje a Bárcenas.

Los socialistas presentaron ese escrito después de que el instructor rechazase el pasado 13 de septiembre la petición de PSOE y Podemos, a las que se adhirió la Fiscalía Anticorrupción, para reabrir 'Kitchen' en base a los nuevos audios. En concreto, solicitaron que imputase a la exministra por las conversaciones que habría mantenido con Villarejo.

"La práctica totalidad de los cortes de audio aportados por el PSOE no guarda absolutamente ninguna relación, ni con el objeto de la presente pieza separada, ni con mi representada la señora Cospedal", insiste su representación, que asegura que "lo que se infiere" de esos extractos, de ser ciertos, es una "crítica" de la exdirigente hacia los medios de comunicación.

En concreto, explica, "ante la posible publicación de determinados hechos falsos, sin pruebas, causando con ello un grave daño al partido". "Haría un comentario genérico respecto de que 'sería mejor poderlo parar'. Es decir, que sería mejor poder parar la publicación en estos medios de comunicación de estos hechos falsos e injustificados", afirma.

Se trata de hechos, continúa, que solo corroboran que "que mantuvo conversaciones con el señor Villarejo con el exclusivo objeto de hablar de noticias de prensa (al igual que su marido Ignacio López de Hierro, de quien origina la relación con el Sr. Villarejo), y ello por las relaciones que este tenía con los medios de comunicación".

En su escrito, el abogado de Cospedal insiste en que esos audios no pueden ser "considerados como hechos nuevos a los efectos de reabrir la instrucción". "En el hipotético supuesto de ser ciertos (lo que no reconocemos), no se aprecia en ellos absolutamente ningún indicio de criminalidad que pueda justificar, siquiera mínimamente, una eventual revocación del sobreseimiento provisional firme", repite, cargando contra los "intereses espurios" de la acusación popular ejercida por los socialistas.

El exdiputado catalán del PP en el Congreso (1996-2000) Jorge Trias Sagnier ha fallecido este miércoles a la edad de 73 años, según ha podido saber Europa Press. Abogado y escritor, fue secretario de Organización de la Lliga de Catalunya (1975-76), asesor del ministro de Justicia (1977), vicepresidente del Comité Español de la Liga Europea de Cooperación Económica (1983-91) y miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

El funeral tendrá lugar este viernes en el tanatorio de Sant Gervasi de Barcelona, donde se habrá instalado la capilla ardiente.

En 2013 Sagnier declaró ante la Audiencia Nacional por el caso Gürtel y ratificó la existencia de "una contabilidad B" en el PP y que los principales dirigentes cobraban sobresueldos que percibían en efectivo para complementar sus retribuciones como cargos públicos.

El 6 de febrero de 2013 aseguró a la Fiscalía Anticorrupción que el ex tesorero del PP Luis Bárcenas le había enseñado hacía dos años unas fotocopias que recogían una "contabilidad paralela a la del partido" pero Bárcenas negó esta versión y aseguró que nunca le enseñó a Trias esa supuesta contabilidad B.

Enrique Olivares García, el falso cura que fue condenado en 2014 por asaltar la casa del extesorero del PP Luis Bárcenas y secuestrar a su familia, ha fallecido en Cuenca, según ha adelantado El Día digital y ha podido confirmar Europa Press.

Olivares falleció por causas naturales a las 8 horas del sábado, según han confirmado fuentes del Tanatorio Ronda Alameda de Cuenca, donde se ha instalado el velatorio. El funeral se ha celebrado este domingo a las 10 horas en la parroquia de Nuestra Señora de la Paz de Cuenca.

El extesorero del PP Luis Bárcenas definió el pasado 16 de julio ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de "concepto de relaciones públicas" la dinámica de donaciones de empresarios a la caja b del partido que investiga esta sede judicialcaja b. "Conseguir que te reciba un ministro o un secretario de Estado no es sencillo (*) eso vale dinero en cualquier sitio".

En el audio de las grabaciones realizadas en el marco de la causa sobre la presunta caja en negro del PP, al que ha tenido acceso Europa Press, Bárcenas se explaya sobre esta cuestión a preguntas de la abogada del Estado Rosa María Seoane.

"No sé si en el mundo del lobby en otros países donde está admitido legalmente, cómo funcionan las cosas, pero puede ser algo parecido a lo que hacíamos nosotros. Al final, en ese mundo, conseguir que te reciba un ministro o un secretario de Estado no es sencillo. Simplificando, y aunque no fuera nuestro planteamiento, eso vale dinero en cualquier sitio", afirma.

Bárcenas manifestó durante esta comparecencia, que realizó estando de permiso penitenciario, que todos los ministros de Fomento y Medio Ambiente de los gobiernos conservadores, entre los que ha mencionado a Francisco Álvarez Cascos, trataban con donantes de la caja b sobre adjudicaciones públicascaja b. De este modo se ratificaba en lo que ya expuso en su última confesión, plasmada en un escrito enviado a la Fiscalía Anticorrupción el pasado mes de febrero, donde dijo que algunas donaciones eran finalistas.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decidido no prorrogar la investigación sobre los famosos papeles del ex tesorero del PP Luis Bárcenas, que debido a los nuevos plazos legales llegará a su fin el próximo 29 de julio.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 ha optado por "no acordar la prórroga de la instrucción, sin perjuicio de la práctica y recepción de las diligencias ya acordadas", según un auto del jueves al que ha tenido acceso Europa Press.

Sin embargo, al mismo tiempo el magistrado ha recibido una serie de informes que podrían propiciar la petición de nuevas diligencias por las partes, de acuerdo con las fuentes consultadas. De ser así, Pedraz podría acordarlas antes de la fecha límite.

Las pesquisas se centran en las llamadas comisiones finalistas, es decir, en determinar si los donantes de la presunta caja b del Partido Popular daban dinero a cambio de adjudicaciones concretas.

En una de las últimas diligencias de esta causa, hace justo una semana Bárcenas implicó a todos los ministros de Medio Ambiente y de Fomento del PP en la trama al asegurar que trataban con los empresarios que contribuían a esa supuesta contabilidad oficiosa.

En concreto, relató un episodio que le habría transmitido en su día su antecesor en la Tesorería del PP, el fallecido Álvaro Lapuerta. De acuerdo con Bárcenas, Lapuerta acudió al director general de Carreteras del Estado y el entonces ministro, Francisco Álvarez Cascos, le abroncó indicándole que debía dirigirse siempre a él para esos asuntos.

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha declarado este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que todos los ministros de Fomento y Medio Ambiente de los gobiernos conservadores, entre los que ha mencionado a Francisco Álvarez Cascos, trataban con donantes de la caja b para hablar sobre adjudicaciones públicas, según informa Europa Press. Bárcenas, que ha acudido por su propio pie a la Audiencia Nacional porque en estos días se encuentra disfrutando de un permiso que le mantiene fuera de la madrileña cárcel de Soto del Real, ha comparecido esta vez ante el juez que investiga si las inyecciones de dinero que se hacían a la caja b tenían como objetivo lograr adjudicaciones concretas.

Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el otrora responsable de las finanzas de los conservadores ha ratificado lo que ya expuso en su última confesión, plasmada en un escrito enviado a la Fiscalía Anticorrupción el pasado mes de febrero, donde dijo que algunas donaciones eran finalistas. Si bien en esta comparecencia, de apenas una hora, ha ido un paso más allá al asegurar que todos los ministros de Fomento y Medio Ambiente de los gobiernos del Partido Popular trataban con empresarios donantes sobre dichas licitaciones.

En concreto, ha recordado un episodio que le habría transmitido en su día su antecesor en la Tesorería del PP, el fallecido Álvaro Lapuerta. De acuerdo con Bárcenas, Lapuerta acudió al director general de Carreteras del Estado y el entonces ministro, Francisco Álvarez Cascos, le abroncó indicándole que debía dirigirse siempre a él para esos asuntos. Ese supuesto desencuentro entre Álvarez Cascos y Lapuerta habría sido el punto de inflexión. De acuerdo con Bárcenas, a partir de ese momento todas las gestiones relativas a esa cartera pasaron directamente por el que fuera titular de Fomento entre los años 2000 y 2004.

Una especie de "lobby"

El extesorero ha manifestado que los pagos a la contabilidad oficiosa tendrían en realidad como principal objetivo tener acceso a los responsables de las administraciones licitadoras. Ha descrito una dinámica que tendría como primer eslabón a los donantes y a los tesoreros, que se encargarían de recabar el dinero y las pretensiones. Bárcenas se ha referido a este entramado como una suerte de lobby en el que tanto él como Lapuerta harían de relaciones públicas. En el siguiente escalón, la maquinaría funcionaría con los ministros de Fomento y Medio Ambiente y con sus secretarios de Estado.

Además, ha diferenciado dos estructuras: una nacional, de la que formarían parte los ministros y las empresas que contactaban con Génova con miras a obtener adjudicaciones estatales, y otra autonómica donde estarían implicados los presidentes de las distintas comunidades.

A este respeto, Bárcenas ha explicado que en el PP habría surgido una disputa intestina entre el partido de Madrid y el nacional por las obras de una carretera ubicada en la zona norte de la región. Lapuerta habría estado, en sus palabras, muy encima de este tema, hablando con María Dolores de Cospedal y otros dirigentes de la formación.

Sin pruebas por la 'Kitchen'

Interrogado al detalle por las partes -todas menos el PP, a cuyo abogado no ha querido contestar-, Bárcenas no ha sabido precisar quién habría pagado para qué adjudicación. El extesorero ha justificado que esos datos estaban en la documentación que le habría robado la operación Kitchen. Esta vez ha culpado al comisario Andrés Gómez Gordo, antiguo jefe de seguridad de Cospedal, de la desaparición de estas supuestas pruebas sobre la caja b a causa del espionaje parapolicial que se habría montado en 2013 en el Ministerio de Interior para encontrar esa documentación comprometedora y evitar así que cayera en manos de la Justicia.

No obstante, sí ha sido capaz de recordar algunas cosas. De este modo, ha declarado que el ex presidente de OHL Juan Miguel Villar Mir tenía una relación privilegiada con Lapuerta, a quien entregaría directamente el dinero donado. En cambio, de ACS ha indicado que no fue donante en ningún momento.

Sobre el dueño de la constructora Hispánica, Alfonso García Pozuelo, uno de los condenados por la primera época de Gürtel, ha aseverado que era un pagador importante con mucho interés por la Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

Bárcenas ha querido aclarar asimismo que su disposición a colaborar con la Justicia sigue en pie. Otro juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ya le llamó para materializar su ofrecimiento en lo relativo a algunos de los asuntos que investiga: Púnica y Kitchen.

El extesorero del PP, ya condenado a 29 años de cárcel por Gürtel, dio a conocer este relato escrito el mismo día que el juicio por el uso que se le habría dado a la caja b del PP para pagar la reforma de la sede de Génova quedó visto para sentencia. La Fiscalía Anticorrupción pide cinco años de prisión para Bárcenas por este asunto.

La documentación que pone de manifiesto que Everland percibió casi medio millón de euros en 14 facturas la ha suministrado Sacyr-Vallehermoso al magistrado que instruye el caso Gürtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz. Esta empresa adquirió Sufi a Rafael Naranjo en junio de 2005. Luis del Rivero, el expresidente de la constructora, está imputado como presunto donante del PP. Y según los datos del sumario, Sacyr-Vallehermoso obtuvo entre 2002 y 2012 un total de 377 contratos de las diferentes administraciones públicas por un montante de 4.786,84 millones, de los cuales 117, por un importe de 1.064,70 millones, correspondían a administraciones del PP. Lo que representa el 31,03% de sus contratos y el 22,2% de su volumen de negocio. En relación a la contabilidad b reflejada en los papeles de Bárcenas, Del Rivero habría aportado al PP 480.000 euros de forma opaca. Del Rivero ha negado haber donado dinero de forma ilegal.

La mayor parte de los conceptos incluidos en las 14 facturas de Everland a Sufi se relacionan con el "asesoramiento jurídico y la gestión comercial". Pero otras facturas justifican el pago como gastos de representación "por gestiones realizadas en las comunidades autónomas de Murcia, Castilla y León y Canarias". O por el asesoramiento jurídico y gestión comercial sobre la oferta "Red Eléctrica Proyecto Azul 2004 según contrato de 15 de marzo de 2004".

Para la Agencia Tributaria, la empresa Everland es propiedad de la mujer de Merino. No obstante, el exdiputado aparece como autorizado en una cuenta titularidad de Everland entre 2006 y 2009. El mismo documento destaca que Everland no disponía de empleados entre los años 2003 y 2006.

Por su parte, Merino ha negado haber tenido participación alguna en Everland, que pertenece a su esposa, pero en la que "nunca ha desempeñado cargo alguno, ni de hecho ni de derecho". También el exparlamentario ha negado que Everland haya tenido relación con el Grupo Correa. En cuanto a los años en los que fue apoderado de la firma de su mujer, Merino alega que este hecho fue motivado por una enfermedad de su esposa. 

Sin embargo, los diferentes informes policiales consideran a Merino, que también fue secretario de Política Autonómica del PP, como uno de los integrantes de la red corrupta presuntamente encabezada por Francisco Correa. Y su papel era el de realizar las gestiones con los cargos del PP de los que dependían las adjudicaciones de concursos millonarios. Un informe policial destaca que Jesús Merino y Luis Bárcenas recibían instrucciones del número dos de Correa, Pablo Crespo, señalando los responsables políticos y cargos de las administraciones públicas ante las que había que realizar gestiones para favorecer los intereses de la firma Ros Roca. También se refería al porcentaje de comisión que se iba a cobrar de comisión ilegal con las palabras "postura 3", en relación al 3%, y "postura 4", el 4%.

Pero también documentos del sumario explican que Merino presuntamente habría participado en el cobro de un porcentaje del dinero que pagaba el PP en las elecciones municipales, autonómicas, nacional y al Parlamento Europeo de 2003 y 2004. "Por tanto, los fondos públicos recibidos para la financiación electoral y que se destinan a pagar los gastos electorales que realiza la formación política, actos de la campaña electoral realizados por Rialgreen, revierten a los responsables políticos del PP encargados del control de los ingresos y gastos electorales, distrayendo estos recursos de forma indirecta para su lucro personal", determina la Policía, en referencia a varios políticos del PP entre los que se encontraba Jesús Merino.

Al igual que el extesorero del PP Luis Bárcenas, Jesús Merino fue desimputado por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira. Pero la Audiencia Nacional volvió a implicarle en el caso.

La ex secretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal aseguró ante el juez de la Operación Kitchen que se reunió con el ex comisario José Manuel Villarejo porque éste "podía tener información" de actuaciones "que no fueran ortodoxas o regulares" por parte de "algunas personas del partido", según informa Europa Press.

Según los audios de la declaración, habría sido el propio Villarejo el que "pidió" ver a Cospedal, que accedió a reunirse con él para que se lo "explicara y lo demostrará", aunque nunca llegó a "probar nada" en relaciones a esas actuaciones.

La exdirigente conservadora justificó sus encuentros con el excomisario argumentando que, desde su posición y sus relaciones "en todas partes", podía dar "alguna luz" sobre el supuesto espionaje al PP, aunque ha reiterado que nunca le hizo "ningún encargo profesional".

A preguntas del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, Cospedal dejó claro que el excomisario nunca le dijo nada que ella no supiera en relación a las escuchas, y señaló que la información que le trasladó Villarejo era la misma que "se supo por la prensa".

En esta línea, la ex secretaria general del PP destacó que Villarejo era una persona muy dada a hablar "con mucha profusión de muchas cosas" y a adornar "profusamente" la información publicada en los medios de comunicación.

El empresario Ignacio López del Hierro, marido de la ex secretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal, ha admitido en el Congreso que no sabía de su imputación en la llamada operación Kitchen, que ha trascendido este miércoles por la mañanaoperaciónKitchen, pero en todo caso no le ha pillado por sorpresa, ya que llevaba tiempo viéndolo en la prensa.

La imputación de Cospedal y su marido se ha conocido cuando López del Hierro estaba compareciendo ante la comisión de investigación sobre esa supuesta trama creada en Interior para sustraer a Luis Bárcenas documentos comprometedores para el PP, según recoge Europa Press.

De inicio, López del Hierro avanzó a los diputados que por "indicación jurídica" no iba a contestar a las preguntas de sus señorías, si bien en una declaración inicial se ha desvinculado del PP subrayando que "nunca" ha formado parte de sus filas.

Incluso cuando la portavoz adjunta de Vox, Macarena Olona, le ha leído el auto de su imputación, el empresario no ha querido hacer comentarios.

Pero en el siguiente turno, al ser preguntado por el diputado de Podemos, Ismael Franco, si su imputación, que lleva fecha del día anterior a un comparecencia, le ha pillado por sorpresa, el empresario ha contestado: "Por sorpresa, por sorpresa, no. Venía en la prensa, llevaba tiempo".

Y cuando ha llegado el turno del portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufian, ha añadido que no sabía de su imputación al llegar a la comisión, algo que el diputado independentista ha dicho no creerse.

Al margen de esos breves comentarios, López del Hierro ha vuelto a su silencio ante las preguntas de los diputados.

El que fuera jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO)Enrique García Castaño ha asegurado este jueves que el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez conocían de la existencia de la denominada operación Kitchen –que según ha dicho se denominó operación Bárcenas– y que el comisario jubilado José Manuel Villarejo participó en ella por orden de este Ministerio, según informa Europa Press. 

En su comparecencia en la comisión de investigación que se celebra en el Congreso de los Diputados relativa a la operación Kitchen este comisario ha arrancado señalando que por la ley de secretos oficiales no podía responder a preguntas sobre ese asunto, pero a continuación ha ido respondiendo a casi todas las preguntas que le han lanzado los portavoces de los grupos parlamentarios.

Tras ello, ha aclarado que nunca existió un operativo policial denominado Kitchen, investigada en la Audiencia Nacional por tener como objetivo sustraer información comprometedora del PP que guardaba Bárcenas, sino que ese nombre se puso con posterioridad. "No existe un papel que ponga operación Kitchen", ha subrayado.

Así, ha explicado que el que era director adjunto operativo (DAO) de la Policía en tiempos del gobierno del PP, Eugenio Pino, fue quien le llamó y le dijo que necesitaba su ayuda porque "para culminar la investigación del señor Bárcenas, que le faltaba una pata". "Me dice que se buscan testaferros, qué dinero se ha llevado y qué dinero tiene escondido, pero nadie me dice de robar nada", ha añadido.

En este sentido, ha afirmado que "por supuesto que el ministro y el secretario de Estado conocía la operación" y que despachaba directamente con Francisco Martínez de ésta y otras operaciones, y no con su superior, el comisario general de Información Enrique Barón. Ha apuntado que en casos puntuales era habitual que no se informara del desarrollo de las actuaciones a su superior jerárquico.

Volcado de los móviles de Bárcenas sin autorización judicial

De hecho, al igual que ha manifestado en sus declaraciones judiciales, ha apuntado que le entregó un pendrive con la información que obtuvo del clonado de los móviles de Bárcenas. Precisamente el volcado de los archivos de estos dispositivos electrónicos ha supuesto un punto recurrente en las intervenciones de varios portavoces parlamentarios, que han reprochado al comisario que se hiciera sin una autorización judicial.

En ese contexto, ha explicado que Sergio Ríos le llamó para comentarle que le entregaba unos dispositivos electrónicos del extesorero durante "media hora" y que no podía "perder la oportunidad y la inmediatez" para saber si el chófer le estaba engañando y ver qué era lo que había en dichos teléfonos. "¿Sabe cuántas vidas he salvado yo por actuar de forma inmediata? Confíe usted en la Policía", ha pedido al diputado de Unidas Podemos, Rafael Mayoral.

Así, el exjefe de la UCAO, que ha defendido su labor a lo largo de 40 años de trayectoria policial y ha destacado su contribución para resolver importantes casos como el caso Faisán o el 11-M, ha recalcado que era habitual que obtuviera una información, la pusiera en conocimiento de un superior y éste es el encargado de "entregarla a los investigadores" si lo cree conveniente.

Asimismo, ha enfatizado que todos los seguimientos que se hicieron desde la unidad que dirigía al entorno de Bárcenas son "totalmente legales" y ha mencionado que no eran los únicos que estaban siguiendo a la familia Bárcenas, ya que en unas de las vigilancias realizadas a la esposa del extesorero, Rosalía Iglesias, en un restaurante, se toparon con unos motoristas con cámara en los cascos que estaban haciendo "investigación paralela".

Aunque él tiene sus sospechas de quién podía estar detrás de estas vigilancias paralelas, ha afirmado que no pudieron identificar a nadie porque las matrículas de las motos eran falsas.

Villarejo tenía un "estatus especial"

García Castaño también ha explicado cómo se captó a Ríos y ha asegurado que Villarejo entró a participar en la operación Kitchen "por orden del ministro y del secretario de Estado". Según ha explicado, el entonces DAO Eugenio Pino le comentó que en 2013, al principio de la operación, cuando quiso poner a un comisario que "manejara" al chófer del extesorero del PP, "le dijeron que no, que el ministro le dijo que tenía que ser Villarejo".

Sobre Villarejo, principal investigado en el caso Tándem, el que fuera responsable de la UCAO ha destacado que tenía un "estatus especial" desde que retornó a la Policía en 1994 y que "dependía directamente de los altos cargos del Ministerio del Interior". En el caso concreto de la Kitchen ha afirmado que dependía de Pino.

Al hilo, ha apostillado que el comisario jubilado "tenía su cobertura, sus empresas" que eran conocidas por "todo el mundo" en la Policía y que muestra de ello es que todos los directores adjunto operativos han despacho con él en su oficina. "El señor Villarejo siempre ha actuado con la cobertura política, siempre", ha agregado.

Durante la comparecencia, que se ha alargado unas tres horas, también han salido a relucir los nombres de la que fuera secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Sobre la primera, García Castaño ha indicado que no habló nunca de temas policiales con ella, pero sí que ha apuntado que supone que el comisario Andrés Gómez Gordo, que llevó la seguridad de la política cuando fue presidenta de Castilla-La Mancha, informaba a su jefa de los mismo. "No sabía qué pintaba en la DAO", ha añadido en relación a Gómez Gordo, quien también está imputado en la pieza separada número 7 de la causa 'Tándem', que investiga el espionaje a Bárcenas.

Sobre Rajoy, ha enfatizado que Villarejo "ha tenido acceso siempre para mandar mensajes al presidente del Gobierno a través de terceras personas", entre ellas por la "amistad personal que le reunía con la secretaria general". Eso sí, ha precisado que esta afirmación no la puede demostrar y que es una "suposición" de comentarios que ha oído.

Entrada sin orden judicial en el estudio de la mujer de Bárcenas

Otro de los puntos de discusión ha sido la entrada en el estudio de la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, en la calle General Díaz Porlier sin autorización judicial. El expolicía ha relatado que decidió motu proprio ir allí después de que el chófer del extesorero del PP comunicara que había visto "movimiento de talones y cuentas bancarias".

Para entrar y comprobar si en ese local se guardaba información relevante para la investigación, "engañó a la señora de limpieza" que le abrió la puerta con la excusa de que iba restaurar una "crucifijo de su pueblo". Pero en todo momento ha negado que esa incursión fuera ordenada por el ex DAO o por el exministro Fernández Díaz: "No bajan a esas cosas de la calle", ha dicho.

Aunque la presidenta de la Comisión, la socialista Isaura Leal, ha advertido a los portavoces de los grupos parlamentarios de que debían ceñir su interrogatorio a la operación Kitchen, el portavoz de ERC le ha preguntado por la conocida como operación Cataluña y por la reunión entre

Por último, el compareciente ha llegado a lamentar que algunos casos de investigación sirvan de reproches políticos, como en su día fue el caso Faisán y ahora la operación Kitchen, ha apuntado, y que los partidos "usen como klínex" a los policías que desempeñan su labor en ellos.

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha salido este domingo de la cárcel de Soto del Real para disfrutar de los primeros seis días de permiso concedidos por el juez de Vigilancia Penitenciaria, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de la decisión.

La decisión se adoptó a propuesta de la Junta de Tratamiento de la prisión madrileña donde cumple condena después de que el extesorero del PP cumpliera una cuarta parte de su condena -lo que permite solicitar permisos, según el reglamento penitenciario-, a raíz de la reciente decisión de la Audiencia Nacional de acumular y acortar su pena.

El reglamento penitenciario establece para los clasificados en segundo grado o régimen ordinario un máximo de 36 días al año de permiso, sin poder acumular más de siete días de forma consecutiva.

El juez concedió, con la posición contraria de la Fiscalía, dos permisos de seis días de salida coincidiendo con la declaración de Bárcenas en la Audiencia Nacional, donde fue citado ante el juez Manuel García Castellón para aportar, en el marco del caso Púnica, todos los datos que conociera sobre la presunta caja b del PPcaja b, en especial la de los  conservadores madrileños, cuya contabilidad se está investigando en una de las piezas separadas de la macrocausa.

El pasado 10 de febrero, el tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005) fijó que la pena máxima a cumplir por Luis Bárcenas es 12 años de prisión, correspondiente al triple de la pena más alta impuesta, que fue de cuatro años por un delito de blanqueo de capitales o por uno contra la Hacienda Pública. También estableció en siete años y medio la pena máxima a cumplir en el caso de su mujer, Rosalía Iglesias.

El cómputo se hizo de acuerdo al artículo 76 del Código Penal, que establece que "el máximo de cumplimiento efectivo de la condena del culpable no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido, declarando extinguidas las que procedan desde que las ya impuestas cubran dicho máximo, que no podrán exceder de 20 años", salvo cierto casos contemplados en dicho precepto.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional atendía la petición de Bárcenas y, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo, compensaba las comparecencias 'apud acta' cumplimentadas por el extesorero del PP con 15 días por las 154 comparecencias, así como con 22 días los 44 meses de retirada de pasaporte. A lo que no accedió fue a descontar los días de asistencia a la vista oral por la primera época de la trama Gürtel.

Más de cuatro años de prisión

El Tribunal Supremo confirmó el pasado mes de octubre la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en mayo de 2018 sobre la pieza conocida como Época I, que condenó a Bárcenas a 33 años y cuatro meses de cárcel, si bien el alto tribunal estimó parcialmente los recursos de los acusados y rebajó las penas para muchos de ellos. Para el exsenador del PP se quedó fijada en 29 años y un mes de cárcel.

Bárcenas lleva en prisión más de cuatro años. Ingresó en el centro penitenciario de Soto del Real en plena instrucción del caso Gürtel. Permaneció aquí casi dos años, desde junio 2013 hasta enero de 2015, y luego volvió en mayo de 2018 tras conocerse la sentencia de la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción solicitó su comparecencia tras recibir un escrito en el que el extesorero del PP afirmaba que el partido había tenido durante años una contabilidad paralela que se nutría de donaciones de empresarios y que, en ocasiones, tenían como objetivo ser beneficiario de adjudicaciones públicas.

Esta 'confesión' llegaba justo unas semanas antes de que comenzara en la Audiencia Nacional el juicio por el presunto uso de dinero de la caja 'b' para pagar la reforma de la sede nacional del partido. En el escrito remitido a Anticorrupción, el extesorero mostró su disposición a colaborar con la Justicia, por lo que se prestó a declarar tanto en la pieza separada en la que se investigan las donaciones finalistas al PP, en el Juzgado Central de Instrucción número 5; como en el caso Púnica, que instruye el Juzgado Central de Instrucción número 6.

Bárcenas también ha sido reclamado por los tribunales en el marco de la denominada operación Kitchen operación Kitchen, de la que el propio extesorero del PP y su familia fueron el objetivo de un presunto espionaje policial orquestado para sustraer toda la información comprometedora que guardaba. El juez García Castellón le citó a declarar en calidad de testigo, ya que se encuentra personado como perjudicado en esta pieza separada 7 del caso TándemTándem. En su escrito dirigido a la Fiscalía Anticorrupción, Bárcenas aseguró que el operativo parapolicial creado en 2013 y sufragado con fondos reservados consiguió arrebatarle "gran parte" de documentación sobre la contabilidad paralela del PP que guardaba en el estudio de su mujer, Rosalía Iglesias.

El empresario Luis Gálvez, propietario de la constructora Ploder, que declaraba en calidad de investigado este jueves ante el juez instructor del caso Púnica, ha negado tajantemente que entregara 60.000 euros en metálico en la sede de Génova ni al extesorero del PP Álvaro Lapuerta ni al entonces gerente Luis Bárcenas para la campaña electoral de la expresidenta del PP madrileño Esperanza Aguirre.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, que han asistido al interrogatorio, señalan que el empresario también ha negado haber estado en la sede de la calle Génova. Su imputación se produjo después de que el pasado 24 de febrero Bárcenas indicara ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 que Gálvez entregó esas cantidades para apoyar la campaña electoral de Aguirre entre 2007 y 2008.

En su comparecencia, Gálvez —que también aparece en la contabilidad paralela que llevaba el extesorero del PP— ha negado que entregara comisiones o que realizara donaciones a partidos políticos o fundaciones de formaciones. Además, según las fuentes, ha explicado que a su constructora le adjudicaban pocos contratos con la Comunidad de Madrid en esa época y que sobre todo realizaba trabajos para el Ministerio de Medio Ambiente y para Fomento.

Con todo, el empresario —que ha respondido a preguntas del magistrado y de Fiscalía Anticorrupción— ha señalado que en un momento dado sí que empezaron a adjudicarle obras en la región, entre las que estaba la construcción de nuevos hospitales como el Infanta Leonor, y que dado que su empresa no estaba especializada en ese tipo de equipamientos sanitarios debían concurrir por medio de una UTE (unión temporal de empresas).

La cláusula del 1%

A preguntas de la Fiscalía, ha confirmado que todos los contratos que se firmaban con la Comunidad de Madrid (aunque ha ampliado también al resto de España), iban acompañados de una cláusula en la que se especificaba que el 1% iba destinado a publicidad institucional del proyecto. Así, ha indicado que, dado que estaba en los pliegos, ellos como adjudicataria pagaban la factura pero no elegían ni la campaña de publicidad, ni la empresa que la realizaba, si siquiera verificaban que realmente se realizara.

Según el auto del juez instructor de agosto de 2019 por el que se imputó a Esperanza Aguirre, en los contratos públicos del equipo de la expresidenta se estableció esa cláusula "falaz" del 1% por la cual se incrementaba el precio con la finalidad de pagar unas prestaciones (gastos de publicidad e información) ajenas al objeto del contrato. Estimaba el daño para las arcas públicas en más de cinco millones de euros sólo entre 2006 y 2008 y la investigación trata de dilucidar si se desviaban para financiar al partido.

Ahora tras la declaración de Gálvez en el marco de la pieza separada número 9 de Púnica, en la que se indaga sobre la financiación irregular del PP madrileño, el juez debe decidir si, como le exigió la Sala de lo Penal, debe dar por terminada una instrucción que ya se extiende desde 2014. En un auto por el que archivaba la causa contra Indra de esta misma semana, ya apuntaba que la investigación está "agotada".

De hecho, la declaración de este jueves puede suponer, según fuentes jurídicas consultadas por Europa press, el punto final a esta pieza, por lo que pronto podría haber auto de fin de instrucción y pase a procedimiento abreviado con una propuesta de procesamiento del magistrado.

El episodio del despacho de Aguirre

En la comparecencia de hoy, el juez quería aclarar el episodio que narró Bárcenas en febrero, cuando sostuvo que tras recibir el dinero de Gálvez, Lapuerta y él se lo entregaron a la expresidenta. Entonces el extesorero indicó que no era la forma habitual de proceder y que fue la única donación directa que recibió para el PP de Madrid.

Concretamente, explicó que el dinero fue recibido por Lapuerta, que fue metido en un sobre marrón de los usados en la tesorería del partido, y que por el peso eran billetes de 500 euros. Ambos, gerente y tesorero, bajaron a la planta primera de la sede de Génova y lo entregaron en mano a Aguirre, quien estaba en compañía del secretario general del partido en Madrid Francisco Granados y el que fuera el gerente, Beltrán Gutiérrez.

Tras esas declaraciones, la expresidenta anunció que se querellaría contra el extesorero por falso testimonio y presentó ante el Juzgado un escrito de alegaciones en el que ponía el foco en la falta de credibilidad de Bárcenas. Apuntó que la declaración sobre los 60.000 euros era falsa y que respondía a una estrategia procesal y de venganza personal contra ella.

Los exministros Rodrigo Rato y Federico Trillo han negado este jueves en el juicio por el presunto pago de la reforma de la sede nacional del PP con dinero de la caja b la veracidad de los apuntes del extesorero del PP Luis Bárcenas sobre la supuesta contabilidad paralela del partido. "Son falsos", han dicho ambos exdirigentes, que han asegurado que no han cobrado ningún sobresueldo, según informa Europa Press.

"Desconozco esas anotaciones, su origen, no tienen nada que ver conmigo, no sé lo que representan", ha afirmado el exvicepresidente del Gobierno y exministro de Economía Rodrigo Rato, que ha sido el primer testigo de la undécima sesión de la vista oral que celebra la Audiencia Nacional y en la que ha comparecido por videoconferencia. Afirmación similar ha manifestado después el expresidente del Congreso de los Diputados y exministro de Defensa Federico Trillo, quien también ha comparecido en calidad de testigo: "No reconozco ni mi persona ni, no ya pagos, sino cobros que yo haya recibido", ha dicho, al tiempo que ha recordado que no ha sido citado a declarar en ningún momento durante la instrucción de este procedimiento.

Antes de iniciar su declaración, el tribunal ha recordado a Rato que tiene derecho a no contestar si alguna pregunta puede perjudicarle en el procedimiento en el que aún se encuentra inmerso por el presunto origen ilícito de su patrimonio y por el que la Fiscalía Anticorrupción acaba de solicitar 70 años de prisión. Además, en octubre de 2020 salió de la cárcel tras obtener el tercer grado por la condena de cuatro años medio por el uso de la tarjetas black de Caja Madrid y Bankia.

El que también fuera de director gerente del FMI, que ha reconocido que tiene una relación "esporádica" y "cordial" con Luis Bárcenas al que conoce desde los "años 80", ha asegurado que éste nunca le ha entregado dinero. Por ello, dice que no tiene "ninguna explicación" sobre los apuntes que según el extesorero se refieren a él ni "a otros".

Según le ha explicado el abogado Virgilio Latorre, que ha representado a la acusación popular Adade, que solicitó su testifical, en los apuntes contables de Bárcenas aparecen pagos semestrales a "Rodrigo R." entre los años 1997 y 2004 y que según el extesorero corresponden con Rato. Así, preguntado si recibió algún complemento a su sueldo durante la etapa en la que fue miembro del Ejecutivo, Rato ha negado este extremo y ha subrayado que no "entiende" porqué aparece su nombre, ya que "no responde a ninguna relación económica que pudiera tener".

"En lo que a mí se refieren (los apuntes) son falsos", ha dicho, al tiempo que ha explicado que durante esos años sus retribuciones salariales las abonaba la Tesorería de Hacienda por ser miembro del Gobierno. Ha añadido que anteriormente le pagó el Grupo Parlamentario Popular, del que formó parte, y que no ha cobrado nada del propio partido desde el año 1989 cuando dejó de tener algún cargo orgánico en el mismo. "Desde luego no he recibido ningún pago por ese conducto", ha insistido para señalar que desconoce el "origen y la intención" de los 'papeles de Bárcenas', los cuáles, según ha dicho, sólo ha visto en medios de comunicación.

Asimismo, a preguntas del abogado de Izquierda Unida Raúl Maíllo, ha señalado que no puede "descartar" que en alguna ocasión él haya adelantado una cantidad para sufragar algún viaje de trabajo y que después el partido se lo haya compensado, pero ha recalcado que eso no era lo habitual.

A Rato también se le ha preguntado si en alguna ocasión vio algún comportamiento "extraño" o "delirios" en Bárcenas, tal y como calificó este miércoles el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy la conducta del extesorero conservador. El exvicepresidente del Gobierno de José María Aznar ha señalado que nunca ha tenido una "relación profesional" con Bárcenas pero que entiende que no ha habido nada raro cuando ha estado en la gerencia del PP durante "30 años". Tampoco ha "tenido conocimiento de nada irresponsable" en relación al extesorero, ha dicho al inicio de su comparecencia.

Trillo no se reconoce en los papeles de Bárcenas 

Por su parte, el exministro de Defensa Federico Trillo, que también ha declarado por videoconferencia, ha asegurado que no se "reconoce" en los apuntes de Bárcenas, ya que se le atribuyen los pagos bajo el nombre de "Federico" y, según ha destacado, en el partido "nadie" le llama así, "sino Fede o Federico Trillo". Tampoco da valor los propios documentos conocidos como 'papeles de Bárcenas' porque "uno años aparece en euros, otros en pesetas, unos años aparece, otros no".

De hecho el que también fuera embajador de España en Reino Unido ha aseverado que no supo de la existencia de estas anotaciones hasta 2018 cuando fue llamado a declarar en el Congreso de los Diputados en la comisión de investigación sobre la financiación irregular del PP. Trillo se ha mostrado enfadado cuando una de las acusaciones populares le ha indicado que parte del dinero que habría recibido en negro, según Bárcenas, fue para sufragar los costes de su defensa en el caso del Yak-42, avión militar que se estrelló en Turquía en mayo de 2003 y en el que perdieron la vida 62 militares españoles. "No voy a entrar sobre el Yakolev. Bastante dolor ha causado y me ha causado", ha zanjado.

Al hilo, ha recordado que entre 2008 y 2011 coordinó las defensas de Bárcenas, del expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps y "otros compañeros" cuando estalló el caso Gürtel y que en esos años, en los que tuvo una "constante y estrecha relación" con el extesorero del PP, ha admitido, "jamás" éste "admitió ni un solo segundo que hubiera una caja b en el PP" o que se abonaran "retribuciones atípicas" y "menos aún que hubiera salido dinero al extranjero".

Así, preguntado también por si estas cantidades anotadas por Bárcenas tienen alguna relación con una posible compensación por la pérdida retributiva al dejar la Presidencia del Congreso para convertirse en ministro, Trillo ha incidido en que ni entiende las anotaciones, ni ve "ninguna relación". Por último, el exministro también ha calificado de "cuento" que Bárcenas le haya entregado este supuesto complemento salarial en vez de que lo hiciera el también extesorero Álvaro Lapuerta porque hubiera una situación de "tensión" entre éste y el exministro. "Es falso (...) y ya vale porque con el señor Lapuerta tuve una excelente relación. Ahí el cuento les ha salido un poco rana".

"La letra era de Bárcenas"

En la sesión de este jueves también ha declarado como testigo el director de El País en 2013 El País, cuando el diario publicó una copia de los denominados papeles de Bárcenas. Javier Moreno ha explicado que antes de publicar estos documentos realizaron una serie de comprobaciones para asegurarse que eran veraces. Ha señalado que un perito realizó un examen grafológico que mostró que "la letra era de Bárcenas" y que los apuntes "no habían sido redactados de una tirada", ya que había "variaciones" en el trazo de la letra y en la tinta.

También contrastaron que entre las anotaciones del extesorero sobre la caja b del PP y la contabilidad oficial del partido que estaba ya en el sumario del caso Gürtel había "coincidencias muy reveladoras". Según ha explicado el periodista, quien ha indicado que su equipo también habló con donantes que contaron el modus operandi de la financiación del partidomodus operandi , una de esas coincidencias fueron los apuntes sobre donaciones de empresarios que superaban los límites legales establecidos en aquel momento y que poco después aparecían en las cuentas oficiales del partido desglosadas en cantidades inferiores a las fijadas como tope legales.

Por las testificales que han prestado este miércoles José María Aznar y Mariano Rajoy, pareciera que estuviéramos en 2013 y no en 2021. A pesar de la sentencia de la Audiencia Nacional, primero, y de la posterior resolución del Tribunal Supremo, que dan por acreditada la caja b del PP durante al menos veinte años, los expresidentes del partido conservador y del Gobierno siguen negando la existencia de esa contabilidad opaca que el extesorero Luis Bárcenas gestionó y anotó en los ya conocidos papeles que fueron publicados hace más de ocho años. La consigna ahora ya la dejó clara la ex secretaria general María Dolores de Cospedal, también en su declaración como testigo, cuando dijo que esos documentos serán de Bárcenas, no del PP.

Lo han dicho de todas las maneras posibles, sobre todo Rajoy, al que más se ha preguntado sobre este asunto. "Es absolutamente falso", "es falso de toda falsedad", "es mentira lo de la contabilidad b del PP", "esos documentos son mentira", ha reiterado de forma tajante el expresidente ante los infructuosos intentos de las acusaciones populares, que le han preguntado de todas las maneras posibles sobre si en el PP había una caja b, si conoció una contabilidad opaca, si era el M.Rajoy que aparece en los apuntes contables de Bárcenas. Su argumento: que "más del 95% de las personas que aparecen en esos papeles" mantienen que "eso no es cierto", aunque otros sí hayan reconocido haber recibido pagos en efectivo como préstamos o compensaciones económicas. El porqué de la inclusión de su nombre en los papeles dice que no lo sabe, y a preguntas al respecto del abogado de Bárcenas, se ha limitado a decir que no está "en su mente". 

Para Rajoy, todo es un "delirio" del extesorero del PP y le parece "una vergüenza todo lo que estamos viviendo", y ha afeado a las acusaciones den "por hecho la existencia de una caja b", pues en sus "40 años en el partido" asegura que no ha "escuchado a nadie hablar de la famosa caja b". Si, según su versión, "no hay ninguna caja b en el PP", sino que "habrá unos papeles del señor Bárcenas que él tendrá que explicar", el expresidente ha negado también haber destruido parte de esa documentación, tal y como ha contado el propio extesorero en el juicio. "El señor Bárcenas ni siquiera está de acuerdo consigo mismo, un día dice una cosa y otro dice otra cosa. No he triturado lo que nunca tuve en mis manos", ha zanjado.

Con otras palabras, Aznar ha hecho lo propio: "Serán otras instancias las que deberán determinar lo que concierne a esos papeles. Ni conocía ni conozco esos papeles y no tengo indicios sobre su justificación", ha afirmado el expresidente, para quien dos sentencias judiciales no parecen ser indicios de la existencia de la caja b en el PP. Es más, después ha dejado un recado para el que fue su sucesor: "No sé lo que han hecho los demás ni me importa. Sé lo que hice yo", ha subrayado cuando se le ha preguntado si cobró sobresueldos en negro. Su sucesor en la presidencia del partido, Mariano Rajoy, también ha negado taxativamente haber percibido ninguna cantidad en negro, pero él sí ha dado la cara por sus compañeros: "Bárcenas guardaba dinero ahí (en una caja fuerte) y en otros sitios, pero los dirigentes del PP y yo, no”.

El empeño de las acusaciones

Ni la Fiscalía Anticorrupción ni la Abogacía del Estado han preguntado a los expresidentes, ni siquiera por el supuesto pago en negro de la reforma de la sede del PP, que es lo que se está juzgando estos días en la Audiencia Nacional. El extenso interrogatorio a ambos testigos ha sido responsabilidad de las acusaciones populares, que han intentado por activa y por pasiva poner en apuros, no tanto por las obras de Génova como por la caja b, a los que dirigieron el partido conservador durante 28 años. No lo han conseguido, ambos han mantenido las versiones que llevan defendiendo desde 2013, cuando se abrió la investigación, y sobre las que no han cambiado ni una coma.

Aunque el contenido de sus declaraciones haya sido casi idéntico, las formas de uno y de otro ni se parecen y han retrotraído a los asistentes al juicio a los perfiles que ambos mantuvieron cuando estuvieron en primera línea de la política. Ni los escenarios elegidos por ambos para atender la testifical por videoconferencia se parecían: Aznar, desde el despacho de su casa –según ha explicado él mismo– con una enorme estantería repleta de libros como telón de fondo; Rajoy, en una sala más austera en la que sólo se veían unas cuantas fotografías colgadas en la pared a modo de  decoración y una planta.

Durante toda su declaración, Aznar ha mantenido una actitud altiva, casi desafiante, ante las preguntas de las acusaciones, sobre las que ha querido dejar claro a quién representaban en todo momento, en un intento por cuestionar sus propósitos. "Ha sido abogado del Partido Socialista", ha espetado al letrado José Mariano Benítez de Lugo. "Entiendo que es el abogado del señor Puigdemont", ha recalcado cuando le tocaba preguntar a Gonzalo Boye, de Observatori Desc. Tanto se repetía este esquema que el presidente del tribunal, José Antonio Mora Alarcón, ha tenido que llamarle la atención.

Precisamente ha sido Boye el que ha hecho constar al tribunal que Aznar llevaba puesta una mascarilla a pesar de que no ha acudido a la Audiencia Nacional a comparecer. El expresidente no ha sido el único que en este juicio ha recurrido al parapeto de la mascarilla, ya lo hicieron en anteriores sesiones exdirigentes conservadores como Cospedal o Javier Arenas, y a todos el abogado ha preguntado por qué lo hacían si estaban solos en la habitación, como ellos aseguraban. Pero ha sido al comentarlo sobre Aznar cuando el presidente del tribunal ha zanjado el debate al concluir que el testigo podía vestir como quisiera estando en su domicilio. Todo ello a pesar de la explicación que ha tratado de defender el expresidente, y es que "las autoridades sanitarias" recomiendan el uso de la mascarilla.

Otro letrado, Juan Moreno, en representación de IU, ha elevado protesta por este hecho, una actitud que, en su opinión, denota que Aznar se estaba "jactando ante el tribunal", y por llamar la atención sobre a quién representan las acusaciones populares, algo "impropio de un testigo y más de un expresidente del Gobierno de todos los españoles". El expresidente ya no ha vuelto a cuestionar a ningún abogado de la acusación, pero se ha dejado puesta la mascarilla, a pesar de que en algunos momentos se le empañaban las gafas. Rajoy, en cambio, ha comparecido a cara descubierta, cosa que le han agradecido los letrados.

Por lo demás, las declaraciones tanto de Rajoy como de Aznar han seguido el guión previsto. Previsto por ellos mismos. El magistrado se ha visto obligado a intervenir en algunas ocasiones, en unos casos por reflexiones que los exlíderes del PP hacían por las preguntas que les dirigían las acusaciones –"esto no es un Parlamento, es un juicio"–, bien cuando éstas rebatían las respuestas de los testigos –"esa pregunta excede mucho de esta causa"–. Alguna más en el caso de Rajoy, que ha excedido con diferencia la hora que ha estado declarando Aznar. En el caso del sucesor de éste, las acusaciones han incidido aún más, al haber sido el presidente del partido que estaba al mando cuando se publicaron los papeles de Bárcenas, que mandó mensajes de apoyo al extesorero y cuyo nombre está perfectamente identificado en la "contabilidad extracontable".

"No era inspector de cajas fuertes"

Había momentos en que a los expresidentes les podía su experiencia dialéctica como políticos y Aznar hasta se ha permitido hacer algún comentario jocoso ante las preguntas que le dirigían las acusaciones. Por ejemplo, un abogado ha querido saber si en su despacho en el PP o en cualquier otro había una caja fuerte. "No lo sé, yo no era inspector de cajas fuertes, no me dedicaba a inspeccionar si había cajas fuertes. Yo no me he dedicado a buscar cajas fuertes ni a visitar despachos ajenos", ha replicado. "Con absoluta franqueza, la única caja fuerte que he visto y nunca he usado fue en Moncloa. Supongo que allí seguirá con el mismo uso que le di yo, ninguno", ha apuntado Rajoy.

Otra coincidencia de las declaraciones de ambos ha sido echar balones fuera sobre la responsabilidad que tenían como presidentes del PP sobre las cuentas. Han dado el mismo argumento: como líderes del partido, no tenían ningún conocimiento o dedicación en lo que respecta a la tesorería y la gerencia. "Yo me ocupaba de la política", "yo me dedicaba a la política" o "yo no tenía competencia para autorizar gastos" han sido los razonamientos que han mantenido ante el tribunal. Una tesis que recuerda a la que mantienen otros exdirigentes del partido imputados, como la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre en el caso Púnica.

Todo ello a pesar de que otro testigo en el juicio, el exdiputado Juan Ignacio del Burgo, señaló directamente a Aznar como conocedor de varios pagos en 1991 a Calixto Ayesa como "compensación" por un crédito que pidió para la campaña de UDC. El expresidente ha solventado la contradicción exponiendo que Del Burgo "es inteligente y capaz y puede tener memoria de una reunión" que él afirma no recordar, pero que "en cualquier caso no tenía competencia para autorizar" compensación a nadie.

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha señalado este miércoles en su declaración como testigo en el juicio que celebra la Audiencia Nacional por el presunto pago de la reforma de la sede nacional del PP con dinero de la caja b, que no ha recibido "nunca" ningún complemento a su sueldo, y que siempre ha cobrado todo por medio de transferencias bancarias declarando por ello ante la Hacienda pública. "Jamás he recibido ningún sobresueldo", ha señalado de forma taxativa, según informa Europa Press. 

"No he conocido ninguna contabilidad b o paralela en el Partido Popular, solo la oficial que se remitía puntualmente al Tribunal de Cuentas", ha explicado a preguntas de la acusación popular en la que es su primera declaración en sede judicial por la caja 'b' del partido.

También ha negado que recibiera ningún sobresueldo siendo ya presidente del Gobierno, ante lo que el abogado de la acusación le ha recordado que en la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados por la financiación ilegal del PP sí que reconoció percepciones por asuntos anteriores a su mandato como jefe del Gobierno.

Aznar, entonces, ha matizado que si bien no recibió sobresueldos, sí le pagaron desde el PP "la liquidación que correspondía" por el trabajo realizado en el partido. "Cualquier persona con un mínimo interés en temas fiscales lo sabe", ha respondido al letrado, recordando además que incluso declaró voluntariamente hasta la utilización del Palacio de la Moncloa como retribución en especie.

Preguntado sobre la declaración de este martes del ex diputado del PP Jaime Ignacio del Burgo quien dijo que Aznar era conocedor de varios de los pagos que aparecen en los denominados papeles de Bárcenas y que recibió desde 1991 el que fuera secretario general del PP navarro, Calixto Ayesa, como "compensación" por un crédito que pidió para la campaña de UDC en 1982, el expresidente ha recalcado que no ha dado autorización a nadie "para compensar económicamente a nadie".

"Otra cosa es que Jaime Ignacio del Burgo, que es inteligente y capaz (...), puede tener memoria de una reunión de la que yo no tengo. Pero en cualquier caso no tenía competencia para autorizar" compensación a nadie, ha incidido.

Tras esto, el abogado de Adade ha sacado a relucir la sentencia de la época I de Gürtel, y le ha indicado que se confirmaba que existía una caja b en el PP, pero Aznar ha sido tajante al responder que él no ha conocido contabilidad b, "no he conocido más que la contabilidad oficial del PP". "No la conocía en ese momento y desconozco lo que me pregunta", ha señalado.

El presidente de la Sala entonces ha decidido cortar esa línea que seguía el interrogatorio del abogado al entender que no podía preguntarle por una sentencia sino sobre los hechos que percibió. Tras esto, ha negado también conocer si se realizaron entregas de dinero negro a Del Burgo, al exdiputado Eugenio Nasarre o al senador Pío García Escudero