El reciente anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS) —aprobado por el Gobierno en el Consejo de Ministros— ha reabierto uno de los debates más tensos de la política española: el papel de lo público frente a lo privado en la sanidad. Este anteproyecto aspira a revertir el crecimiento de modelos de gestión privada dentro del SNS que promueven la subordinación de la planificación sanitaria a la lógica del mercado, lo ha orientado a priorizar los servicios rentables, fragmentar la red asistencial y abandonar el principio de que la salud es un derecho al  gestionarse como negocio.

El anteproyecto marca varios cambios significativos: 

El ministerio de Sanidad considera que con estas medidas se restituirá el SNS a un sistema universal y equitativo.  

La norma responde, en palabras de la ministra de Sanidad, a una necesidad de proteger el SNS “de las garras especuladoras y privatizadoras", planteando que los modelos concertados o concesionales han priorizado el beneficio sobre la atención al paciente, con prácticas denunciadas en casos como el del Hospital de Torrejón. 

Para ello considera que el ministerio debe obligar a que sean publicadas las evaluaciones y justificaciones de externalizaciones haciendo más transparente la gestión sanitaria y dificultando las decisiones opacas o afectadas por intereses empresariales. 

Según sus razonamientos se conseguiría así un sistema público fuerte, donde el acceso a una atención de calidad no dependa del nivel de renta, lo que redundará en beneficio de quienes no pueden permitirse seguros privados o copagos, de esta forma el limitar la privatización constituiría una inversión en cohesión social.

Pero frente a estas premisas, ciertas asociaciones como la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), aun considerando a este anteproyecto como un “punto de inflexión” que pone por primera vez en la ley criterios estrictos para evaluar si una colaboración público-privada es aceptable o no, plantea objeciones, algunas legítimas y otras teñidas de retórica política.

ASPE denuncia que el proyecto es un “ataque dogmático” contra la sanidad privada y una invasión de competencias de las comunidades autónomas, totalmente en línea con la patronal que sostiene que la colaboración público-privada ha aportado calidad y accesibilidad durante décadas, por lo que exponen que la ley puede ser recurrida ante el Tribunal Constitucional (TC) por vulnerar competencias autonómicas, lo que dejaría sin efecto muchas de sus medidas o prolongaría su aplicación indefinidamente. Es de destacar que los medios cercanos al PP han iniciado una campaña mediática con fórmulas como “ataque a Madrid” o “ataque a la libertad empresarial”, términos que desplazan el debate técnico hacia un terreno ideológico y polarizado. 

Frente a estas críticas de los sectores de derecha, las corrientes progresistas y muchos profesionales sanitarios consideran que el anteproyecto no viene acompañado de una financiación significativa extra para reforzar la sanidad pública, por lo que la ley puede quedar en una declaración de intenciones si no se acompaña de más inversión y medidas estructurales. 

Pero hemos de considerar que toda discusión de este anteproyecto no es solo jurídica ni sanitaria, también lo es política, pues no podemos pasar por alto que un contexto en el que la sanidad pública ha perdido terreno frente a la gestión privada (cerca del 31% de hospitales públicos gestionados por privados) y se multiplican las derivaciones a concertados o seguros, la pregunta fundamental sigue siendo: ¿Qué modelo de sociedad queremos? 

Para los defensores de la sanidad pública, el anteproyecto debía ser una oportunidad histórica para detener una tendencia que ha mercantilizado la salud y ha erosionado la equidad. Contrariamente, para la derecha, puede suponer un retroceso en la eficiencia y un exceso de control central. Por ello, el eje del debate debe centrarse en garantizar una sanidad pública robusta, transparente, bien financiada y centrada en el paciente, no solo en enfrentar ideologías contrapuestas.

Surge así la pregunta que cada uno debe responderse: ¿Debe la sanidad ser un derecho garantizado por lo público o un espacio abierto al negocio sanitario bajo el paraguas del dinero público?

El texto legislativo promovido por el ministerio de Sanidad pretende reforzar el papel central del Sistema Nacional de Salud, limitar nuevas concesiones administrativas y someter cualquier externalización a evaluaciones rigurosas de necesidad, eficiencia y transparencia; esto supone cuestionar un modelo expansivo de gestión indirecta que ha tenido especial desarrollo en comunidades como Madrid o la Comunidad Valenciana.

Pero hemos de considerar que desde la aprobación de la Ley General de Sanidad, la salud dejó de ser una prestación asistencial para convertirse en un derecho universal, un consenso fundacional que se ha visto tensionado por políticas de externalización, conciertos estructurales y modelos concesionales que trasladan la gestión —y parte del presupuesto público— a empresas con ánimo de lucro.

Los defensores del anteproyecto sostienen que el crecimiento de la gestión privada no ha ido acompañado de mayor eficiencia estructural ni de reducción sostenida de listas de espera, pero sí ha consolidado el deterioro progresivo de la atención primaria pública y la expansión del aseguramiento privado; por contra, sus detractores —entre ellos la patronal sanitaria privada y gobiernos autonómicos conservadores— denuncian una supuesta “demonización ideológica” de la colaboración público-privada y advierten de posibles conflictos competenciales. Alegan que limitar conciertos puede reducir la flexibilidad de gestión y la capacidad de respuesta.

Analicemos ambas posturas, pero sin olvidar que cuando la lógica empresarial entra en un servicio esencial financiado con impuestos, la prioridad deja de ser exclusivamente sanitaria.

Los defensores del anteproyecto destacan que refuerza el control público al exigir informes previos y transparentes para externalizar servicio, y por tanto dificulta decisiones discrecionales y favorece la rendición de cuentas. Esto redundaría en un sistema con mayor peso público, que reduce el riesgo de selección de pacientes, la segmentación territorial y las desigualdades en el acceso. Junto a ello se recupera su capacidad estratégica, ya que al blindar la gestión directa se fortalece la planificación a largo plazo, especialmente en salud pública y atención primaria.

Contrariamente, los detractores del proyecto apelan a que son las comunidades autónomas las responsables de gestionar la sanidad y por tanto pueden recurrir la norma si consideran que limita su capacidad organizativa, ya que constituiría un posible invasión competencial, y más sin una financiación estructural añadida; también plantean que eliminar o restringir ciertos modelos concesionales podría dificultar soluciones rápidas en territorios con déficit estructural de recursos.

Pero frente a defensores de la política del Gobierno con su anteproyecto de actuar contra la privatización sanitaria y frente a los defensores de la sanidad privada, existe también un grupo social en el que —como muchos defensores de la Sanidad Pública— nos incluimos los abajo firmantes que consideran que el análisis de la capacidad del anteproyecto para frenar y en lo posible revertir la privatización de la sanidad pública debe abordar aspectos jurídicos, sanitarios y políticos.

Desde el punto de vista jurídico, el anteproyecto cumple con una de las demandas centrales del sector al derogar expresamente la ley 15/97, que permitió la creación de nuevas formas de gestión con estructuras flexibles y concesiones administrativas, estableciendo la Gestión Directa por la administración o entes del sector público como prioridad, pero no se aplica retroactivamente, de forma que la ley no afectará a conciertos o concesiones ya iniciados o en ejecución, lo que significa que los modelos de gestión privada actuales seguirán vigentes hasta la finalización de sus contratos. Junto a ello, el anteproyecto sigue permitiendo mantener conciertos aplicando el artículo 90 de la Ley General de Sanidad, que ha sido el principal instrumento histórico de externalización, del que no hacen referencia a su posible derogación o reforma.

Por otra parte, el anteproyecto reconoce la potestad de las Comunidades Autónomas para organizar su propia administración sanitaria, lo que podría generar conflictos de interpretación sobre qué constituye "insuficiencia de medios" para justificar la gestión privada. 

Si atendemos al aspecto sanitario, hemos de aplaudir que, por primera vez, una ley estatal asume la evidencia científica (citando a The Lancet) de que la gestión privada mata más o, al menos, cuida peor. Políticamente, esto arrincona el discurso de la "eficiencia privada", y al prohibir la gestión indirecta de nuevos centros que incluyan la obra, se corta de raíz la expansión del modelo de hospitales que son, en esencia, negocios inmobiliarios con batas blancas.

Otro aspecto no resuelto es que al permitir la gestión privada, “si se demuestra mayor eficiencia", el Gobierno deja la puerta abierta a que comunidades con voluntad privatizadora manipulen los informes de sostenibilidad para seguir externalizando servicios. 

Pero tenemos que destacar que el anteproyecto reconoce que no habrá inversión extra, ya que estima un coste "neutro" para las CCAA, lo que sugiere que no habrá una inversión masiva inmediata para revertir las privatizaciones existentes. 

¿Qué significa eso? Que es una declaración de intenciones sin presupuestar, o sea sin posibilidad de llevarse a cabo; plantea el deseo de una sanidad 100% pública, pero con los mismos recursos asfixiados actuales, y esto condena al sistema a seguir con una degradación sanitaria que, irónicamente, empuja a los ciudadanos a los seguros privados. 

Sin embargo, el núcleo del debate no es técnico, sino político. La privatización parcial no suele presentarse como tal, sino como “colaboración público-privada”, “optimización de recursos” o “libertad de elección”, y en ese aspecto el ministerio no plantea nada sobre las "Redes Paralelas", de forma que no actúa contra el drenaje de fondos públicos que representan MUFACE e ISFAS (el funcionariado que elige sanidad privada). El hecho de que el Gobierno no toque este privilegio de clase sugiere que parte del anteproyecto tiene un componente electoralista ya que se ataca la gestión privada hospitalaria del PP, pero se mantienen modelos de privatización que benefician a la propia estructura del Estado. 

Por ello los defensores de una Sanidad Pública, universal y de calidad consideramos que el anteproyecto es una herramienta de contención, no de reversión. Sirve para frenar que el modelo de gestión privada se extienda a otras regiones, pero no soluciona el problema donde ya está implantado (más profesionales, agendas razonables y mayor capacidad resolutiva para evitar la sobrecarga hospitalaria; mejora de condiciones laborales para reducir temporalidad y precariedad y frenar la fuga de talento al sector privado o al extranjero; refuerzo radical de la Atención Primaria).

Más que un blindaje hermético, es una valla política diseñada para el desgaste electoral; se busca retratar al modelo del PP como "excepcional y poco íntegro", pero se carece de la valentía política para rescatar lo ya privatizado o para eliminar los privilegios de los seguros privados de los propios funcionarios del Estado. Olvida que es imprescindible el incremento estable de financiación, como podría ser el vincular el gasto sanitario público a un porcentaje mínimo del PIB que garantice estabilidad plurianual y también en que, hasta lograr que el sistema público deje de depender del privado en determinadas actuaciones, es imprescindible evaluar de forma independiente tanto la gestión directa como la concertada para que el debate se base en datos y no en eslóganes; con transparencia total en los conciertos existentes a graves de la publicación de los costes reales, beneficios empresariales y resultados asistenciales comparativos.

La sanidad pública no es un gasto improductivo: es un mecanismo de redistribución y cohesión social que, a través de la experiencia internacional, muestra que los sistemas más equitativos y eficientes son aquellos donde el Estado lidera la provisión y regula estrictamente la participación privada, no aquellos donde el mercado marca el rumbo.

El Parlamento tiene ahora la responsabilidad de elevar el debate. No se trata de elegir entre eficiencia y equidad, sino de demostrar que lo público puede ser ambas cosas a la vez. La pregunta no es si cabe la colaboración privada, sino bajo qué límites y con qué garantías.

Porque cuando la salud entra plenamente en la lógica del beneficio, el paciente corre el riesgo de convertirse en cliente. Y esa es una frontera que una democracia social no debería cruzar.

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Petri Rogero Anaya es enfermera y psicóloga. José Luis Carpintero Avellaneda es médico. Ambos son doctores y exprofesores de la Universidad de Málaga (UMA).

USA es el único país desarrollado sin sanidad universal. Sobrevivir a un infarto es fácil. A la factura, menos. Una ambulancia puede costar 1200 dólares, por eso hay quien prefiere pedir un Uber.

Unos 30 millones de personas no tienen seguro médico y muchos de los que tienen podrían arruinarse si contrajeran una enfermedad grave. Pensad que Breaking Bad no tendría sentido en España porque la sanidad pública trataría tu cáncer y podrías sobrevivir. 

Otra cosa es que estés en una residencia de Madrid, gobierne Ayuso y vuelva a haber una pandemia. Pero como te ibas a morir igual…

La educación privada es prohibitiva y la pública es desigual y su calidad depende del código postal del centro. Si naces en el barrio equivocado, tu mejor opción de futuro profesional es aprender a contar billetes rápido para el trapicheo.

Los estudiantes universitarios pagan unas cifras tan salvajes que alguien podría llegar a plantearse si estudiar medicina o comprar el Monte Sinaí.

Endeudarte para curarte, para estudiar… en USA eres lo que debes. Naces, te endeudas, mueres y es probable que la deuda te sobreviva. Tu puntuación crediticia decide si puedes comprarte una casa o un coche. O si existes. Tener mal crédito es peor que tener antecedentes penales. Si robas un banco vas a la cárcel. Si no tienes deudas, no te dejan entrar en un banco.

USA lleva más de dos siglos presumiendo de libertad, pero persiguió a comunistas —algunos imaginarios— durante el “macartismo”. Porque para muchos norteamericanos, la libertad es poder llevar pistola aunque no puedan votar a un partido de izquierdas sin que el FBI les investigue. Pensad que en los 50 y 60 te arrestaban por decir que el comunismo era bueno y por decir que el racismo era malo.

Era la época de la banda terrorista Ku Klux Klan a la que el FBI trataba como a un club de amantes de las barbacoas mientras que a las personas negras las trataba como terroristas.

USA se funda sobre el genocidio indígena y se convirtió en una potencia gracias a la esclavitud. En el siglo XIX, el algodón representaba el 60% de sus exportaciones y lo recogían esclavos. Un dato: en 1860, las personas negras esclavizadas generaban más riqueza que las fábricas y ferrocarriles del país.

Por no hablar del negocio que fue su participación en la II Guerra Mundial y que desde una perspectiva macroeconómica fue lo que convirtió a este país en una superpotencia económica.

Conclusión: USA no significa United States of America. Más bien Unfair States of America.

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Alfredo Díaz es socio de infoLibre.

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes un anteproyecto de ley para priorizar la gestión pública de los servicios sanitarios ante la proliferación de modelos privados en las últimas décadas, según informa EFE.

El Ministerio de Sanidad, como ha adelantado la SER y ha confirmado EFE de fuentes de este departamento, llevará al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que establece un marco jurídico que potencia el carácter universal y equitativo del sistema sanitario.

El anteproyecto consolida la gestión directa como modalidad preferente en la prestación sanitaria pública y deroga la ley de 1997 sobre nuevas formas de gestión del SNS, aprobada en el Gobierno de José María Aznar. Esta norma permitió la gestión de hospitales y centros sanitarios públicos y desarrollar modelos como el Alzira de Ribera Salud o el de Quirón en Madrid.

Esta proliferación de modelos privados ha derivado, a juicio del Gobierno en fragmentación, déficits de transparencia y menor capacidad de control institucional. Unos modelos que, además, según Sanidad, obtienen peores resultados en hospitalizaciones evitables y mortalidad por infarto o ictus en comparación con hospitales públicos similares.

La privatización, además, se vincula, según el Gobierno, con una reducción de plantillas que puede afectar a la calidad asistencial y a la sostenibilidad del sistema. En el texto se define la gestión directa y se limita la indirecta a situaciones excepcionales. La permite sólo cuando no sea posible la prestación directa, cuando se garantice sostenibilidad financiera y eficiencia y cuando se cumplan una serie de requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio.

Estas fórmulas de gestión indirecta requerirán una evaluación previa que se realizará por comités técnicos. Con la norma se eliminarán también fórmulas contractuales mixtas que vinculaban la infraestructura con la prestación del servicio.

El anteproyecto ahonda en la transparencia, la rendición de cuentas y el control público sobre la prestación de servicios sanitarios y fija mecanismos para asesorar a las instituciones que aborden procesos de reversión de la privatización, con participación de la Alta Inspección del Ministerio de Sanidad.

Además de derogar la ley de 1997, el anteproyecto modifica el artículo 67 de la ley General de Sanidad de 1986 e introduce una cláusula en la ley de contratos del sector público para priorizar a entidades sin ánimo de lucro en casos de empate. Se impedirá que se utilicen contratos donde una empresa privada se encargue tanto de la construcción del hospital como de la gestión de los centros sanitarios posteriores.

Los conciertos y contratos existentes seguirán vigentes hasta su vencimiento, y se aplicará la nueva normativa a los procedimientos futuros.

Es uno de los muchos logos que se ven en la cancha o en la sala de prensa del Polideportivo Pisuerga, la casa del UEMC Baloncesto Valladolid. Y hubo una época en la que ocupaba un lugar privilegiado en las camisetas del equipo filial. Se trata de Clínica Sur. Una de las marcas con las que opera CMD Salud, un pequeño grupo empresarial que cuenta con más de un centenar de empleados y que se ha quedado desde la pandemia con la mitad del negocio sanitario que ha florecido alrededor de las cárceles españolas. Desde hace años faltan médicos en los centros. Y el Ministerio del Interior está recurriendo a la sanidad privada para cubrir la asistencia de los internos.

Desde la pandemia y hasta finales del pasado diciembre, las direcciones de al menos 17 cárceles, según los datos recopilados por infoLibre a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, habían adjudicado a distintas compañías sanitarias contratos por más de 1,1 millones de euros para que se hicieran cargo de la atención primaria de los presos. Las adjudicaciones incluidas en la factura se limitaban a aquellas centradas en proporcionar a los reos la asistencia sanitaria más básica, dejando fuera las que giraban alrededor de especialidades, las que no establecen una cuantía total por el servicio –fijan precio por hora–, las que se cancelaron por incumplimiento de contrato o los servicios médicos puntuales que por su cuantía se tramitan como contratos menores.

El conglomerado vallisoletano se ha hecho en el último lustro con, al menos, una docena de estos contratos por un total de 510.178,28 euros. El grupo se ha encargado de prestar, por ejemplo, asistencia sanitaria a los reclusos del Centro Penitenciario de A Lama, con más de un millar de celdas. En la Plataforma de Contratación figuran dos adjudicaciones en 2022, otra en 2023 y una cuarta en 2024. Contratos adjudicados por un total de 169.251,06 euros. Como adjudicataria, la sociedad Acció Salut SL.

Constituida en julio de 2006, esta empresa, que forma parte del conglomerado CMD Salud –de hecho, el administrador único de la misma es CMD Salud Castilla y León SL–, cerró 2024 con 46 empleados y una cifra de negocio de 1,8 millones de euros, según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil. Además de en la prisión pontevedresa, a esta sociedad también se le adjudicó en 2023 un contrato por 43.819,78 euros para dar servicio de atención primaria a los internos del Centro Penitenciario Alicante Cumplimiento.

En los dos años posteriores, esas labores en este último centro las asumió CMD Salud Castilla y León, a la que en 2024 se adjudicó un contrato de 43.222,12 y en 2025 otro de 50.182,53. En sus últimas cuentas, esta sociedad refleja 21 empleados y una cifra de negocio de 777.853,11 euros. Y, además de los contratos en la cárcel de Alicante, también le han adjudicado trabajos similares en la palentina prisión de Dueñas o en la madrileña de Soto del Real por un montante total de 84.950,82 euros.

Esta sociedad figura asimismo como administradora única de otra de las empresas del grupo: CMD Salud Calidad Integral. Esta firma, que cerró 2024 con 79 empleados en plantilla y facturando 3,1 millones de euros, ha recibido tres contratos para la asistencia sanitaria básica de los reclusos en el último lustro. El más reciente, del año pasado y centrado en la cárcel de Mallorca, está valorado en 41.389 euros. En 2023 recibió uno de 50.245,8 euros para prestar sus servicios en la prisión de Zaragoza. Y en 2022, otro de 27.116,25 euros para el centro penitenciario de Cuenca.

El resto de adjudicaciones para cubrir las necesidades sanitarias básicas de los reclusos en estos últimos años se los han ido repartiendo distintas empresas o médicos de forma autónoma. Dentro del primer grupo destaca, por ejemplo, Medical Service JIM, contratado recientemente para prestar servicio en la cárcel de Málaga II o Córdoba, a la que en 2021 también ofreció sus servicios Quirón Prevención, sobre la que en los últimos tiempos se ha puesto el foco a raíz de los negocios mantenidos con el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En la lista figuran, del mismo modo, Ansalu Onuba, contratada para la cárcel de Huelva. O Altiplano Salud y Gestión Sanitaria Tressalud, contratados por poco más de 50.000 euros cada una para dar servicio a la prisión de Villena y Valdemoro, respectivamente. Y Emergencias 360 SL, con quien hace solo unos meses rompió contrato la dirección del Centro Penitenciario Puerto III. "El servicio dejó de prestarse a mediados del mes de agosto, el médico dejó de acudir al centro aduciendo que la empresa no le pagaba la nómina", reza la propuesta de resolución de contrato del pasado mes de noviembre, que resalta que la ausencia de facultativo, "que no fue sustituida", generó "un riesgo" para la "salud y seguridad de la población reclusa".

El sentido de la existencia de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) es el mantenimiento y la mejora de los servicios sanitarios públicos del Estado, joya de la corona del bienestar español. Y la principal amenaza que sufre es su progresiva privatización. Privatizar es el desvío de fondos del sector sanitario público hacia el sector privado en detrimento del primero en sus diversas formas.

Lo primero que queremos aclarar son las distintas formas, porque a lo largo de la historia han ocurrido diversos hechos, a veces difíciles de identificar con este fenómeno. Privatizar es:

Privatizar los servicios sanitarios públicos mata, como lo han demostrado numerosos estudios científicos. Este aumento de provisión privada va unido a mayor desigualdad social, produciendo un aumento de la mortalidad evitable al unirse a una desfinanciación paralela de la sanidad pública.

Por eso, como todos los años desde 2014, la FADSP publica un informe sobre el estado de la cuestión en España con los datos del año anterior. Y el resultado es que en 2024 se ha producido un aumento en la provisión privada y en el desvío de financiación al sector privado de nuestro sistema sanitario en general, pasando de un indicador global de la privatización de 16 puntos en 2014 hasta los 21 de 2025, es decir, un incremento del 14,7%. Según los últimos datos disponibles, España supera claramente la media de la OCDE en gasto sanitario privado, con un 28–30% del total y hasta un 3% del PIB, (frente al 21% y 2,2% de la OCDE respectivamente). El gasto de bolsillo es notable: (25.143 M € en 2022), reflejando mayor carga directa sobre las familias.

Sobre la base de este incremento generalizado, el comportamiento de las CCAA ha sido desigual, respondiendo a distintas políticas privatizadoras. En las tablas que adjuntamos se observa que tres de las cuatro primeras CCAA con más privatización en 2024 ya estaban en 2014 en este grupo, donde han permanecido con algún cambio de posición. La primera es la misma en todos los informes (Madrid) y las otras dos (Cataluña y Baleares) han ido cambiando de posición. Pero también hemos escogido cinco comunidades por su incremento llamativo en los últimos años. La primera es Andalucía, que ha experimentado un incremento de más del 32% desde 2019. En Canarias (32,3%) y en la Comunidad Valenciana (29,4%) han sucedido fenómenos similares. Es llamativo el caso de Extremadura (32,3%), que en informes anteriores tenía de los menores grados de privatización y en los últimos tres años se han acelerado sus procesos.

Como suele ser habitual en los estudios sobre los sistemas sanitarios de las CCAA, se objetiva una gran desigualdad entre las mismas, lo que evidencia que la privatización de los servicios sanitarios no es un fenómeno “natural” de evolución de los sistemas autonómicos de salud, sino que responde a políticas explícitas, algunas de larga evolución (Madrid, Cataluña, Baleares) pero otras de reciente implantación, cuyas medidas pueden ser objetivadas. Estas diferencias suponen una muestra más de la falta de cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS) y de la inequidad que hace que el derecho a servicios de calidad de la sanidad pública no se cumpla de la misma forma para todos los/las españolas/es.

La principal limitación del estudio está en la ausencia de transparencia de las administraciones sanitarias, lo que dificulta enormemente encontrar datos homogéneos para todas las CCAA, lo que es un fraude a la ciudadanía que es la que las sufraga con sus impuestos y un incumplimiento notorio de la denominada “ley de transparencia”, que desgraciadamente no ha mejorado de manera sustancial la información sanitaria disponible.

La justificación para privatizar es la insuficiencia de los servicios sanitarios públicos para atender las demandas de la población. Esta teórica insuficiencia hace necesario que los servicios privados complementen a la sanidad pública. Queremos recalcar que detrás de la inocente palabra “complementar” se esconde otra más fea y dura que es “privatizar”, es decir, hacer negocio de la vida y la muerte de los ciudadanos. Esta opinión generalizada (y difundida por los medios) ha sido una de las justificaciones para mantener Muface, a pesar del desorbitado coste que tiene, en vez de integrarla al SNS.

La crisis económica de 2007 puso de manifiesto que la salud (más bien la enfermedad) es una gran oportunidad de negocio. La crisis de suficiencia del SNS provocada por la pandemia ha acelerado el proceso. Muchos políticos que dirigen servicios públicos (de derechas todos y de izquierdas algunos) hablan de la excelencia de la colaboración público-privada ante unos servicios públicos (los que gestionan ellos) que no llegan a cubrir las necesidades de la población. 

Está descrito cómo se llega a la privatización: políticas de recortes presupuestarios de la sanidad pública y abandono de la gestión que lleva al deterioro de los servicios con listas de espera, deterioro de instalaciones, descontento de los profesionales. Después una ofensiva ideológica sobre necesidad de modelos complementarios público-privados ante la “insuficiencia de la pública” que justifican la privatización por múltiples vías. Ensayado ya en otros países como el Reino Unido desde tiempos de Margaret Thatcher.

De nuestro informe se puede concluir:

La privatización es uno de los problemas de salud pública más importantes de España, cuyas consecuencias conocidas son un incremento de la mortalidad general y el aumento de las desigualdades en salud.

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José Manuel Aranda es vocal de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) y colaborador de la Fundación Alternativas.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hizo pública este miércoles su aprobación con compromisos para que el grupo Ribera Salud, ya propietario del Hospital Polusa en la capital lucense, compre Clínica Gaias Lugo. Competencia señala que en Lugo, en la práctica, la competencia privada en el ámbito de las resonancias magnéticas se limita al centro que tiene Quirón, por lo que "la operación alteraría la estructura de este mercado e incrementaría la probabilidad de comportamientos coordinados entre los principales operadores, con posibles subidas de precios, incluso sin acuerdos explícitos".

Acepta la operación a cambio del compromiso de Polusa de que durante tres años no subirá las tarifas de las resonancias magnéticas por encima del IPC. Y también realizará inversiones en Clínica Gaias Lugo. Según la documentación hecha pública por la CNMC, Ribera Salud, propietaria de Polusa, comunicó su intención de hacerse con Clínica Gaias Lugo el pasado mayo. Competencia analizó la operación y abrió un periodo de alegaciones y estudio de la operación ya que consideró que "modificaría notablemente la estructura competitiva del mercado" en la provincia.

Según Competencia, en el ámbito de las resonancias magnéticas Ribera Salud ya ocupaba la primera posición en cuota de mercado, y Clínica Gaias Lugo era la tercera, con solo otros dos competidores: el Grupo Quirón "a una distancia notable" y "la Clínica Dr. Matías, de tamaño reducido".

Ante esta situación, Polusa "solo afrontaría la competencia de Quirón y no pudo confirmarse que este pueda disciplinar su comportamiento", dice Competencia, que añade que "Hospital Polusa aplica precios más caros, y ofrece un servicio perfectamente sustitutivo, pero la demanda no se desplazó a Quirón, pese a su capacidad para absorberla". También dice que "la operación alteraría la estructura de este mercado e incrementaría la probabilidad de comportamientos coordinados entre los principales competidores, con posibles subidas de precios, incluso sin acuerdos explícitos".

Tras estas consideraciones, Competencia comunica que Polusa le propuso dos compromisos que la CNMC considera "suficientes" para "solucionar los problemas de competencia detectados y aprobar la operación". Así, Polusa se compromete a "durante tres años, actualizar las tarifas de las pruebas de resonancia magnética para los pacientes privados puros, como máximo conforme a la evolución del IPC" y a "realizar inversiones para renovar y mejorar el equipamiento de resonancia magnética de Clínica Gaias Lugo, en los dos años siguientes al cierre de la operación, para mejorar la calidad del servicio y reducir los tiempos de espera".

La operación llega después de que El País revelase que el grupo Ribera Salud, propietario en Galicia también de los hospitales Povisa en Vigo y Juan Cardona en Ferrol, dio órdenes a un hospital madrileño de atender a menos pacientes para así ganar más dinero. Según la Xunta, eso no puede pasar en Galicia porque los hospitales gallegos de Ribera "están supervisados" por el Sergas.

En el último año fiscalizado por el Consello de Contas, 2022, la actividad concertada por el Sergas con Polusa ascendió a 4 millones de euros, a los que se añadieron otros 844.000 euros por contratos puntuales.

La factura de la sanidad privatizada en la Comunidad de Madrid alcanzó su techo histórico en el ejercicio 2024, según el último informe fiscalizador de la Cámara de Cuentas. Bajo el mandato de Isabel Díaz Ayuso, —desde el ejercicio 2019 y sin contar el 2020, del que no hay datos— la administración regional ha reconocido obligaciones de pago por un total acumulado de 6.048 millones de euros a las entidades concesionarias de los hospitales públicos de gestión privada mediante concesión administrativa, que incluyen a los grupos Quirón Salud y Ribera Salud. 

Este volumen de gasto ha registrado su mayor hito en el ejercicio 2024. El último informe de fiscalización revela que las obligaciones reconocidas en esta partida —que incluye, además del gasto de los hospitales, el del traslado de los pacientes y otras partidas como pruebas especializadas— sumaron 1.957,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 65,7% respecto al año anterior. 

Este salto no responde a un aumento proporcional de la actividad, sino al reconocimiento de 909,9 millones de euros correspondientes a las liquidaciones de ejercicios anteriores. Se trata de gastos ya devengados que la Comunidad mantenía como "obligaciones pendientes de reconocimiento" y que han pasado al presupuesto de gastos de forma conjunta en este ejercicio.

El grueso del gasto en gestión indirecta en 2024 se concentra en los centros operados por los grandes grupos privados, con Quirón Salud a la cabeza. El grupo, que gestiona cuatro hospitales en la red pública madrileña, ha recibido este año 1.611 millones de euros, que sumados a los 3.857 millones que ya habían recibido desde 2019, hacen un total de 5.649 millones sin contar 2020, año en el que la Cámara de Cuentas no detalla las cuantías en su informe de fiscalización.

A esta cifra se suman los 144,4 millones de euros destinados al Hospital Universitario de Torrejón (Ribera Salud). En total, la factura de estos cinco centros con concesión administrativa suma 1.755,4 millones de euros en 2024, una cifra que absorbe tanto el coste ordinario del servicio como el pago de los atrasos acumulados durante los cuatro años posteriores al inicio de la pandemia.

Estas cifras se refieren solo a los hospitales que tienen gestión privada a través de una concesión del servicio público, además de la Fundación Jiménez-Díaz, que cuenta con su propio concierto. Pero hay otros siete hospitales públicos —Suroeste, Tajo, Infanta Cristina, Henares, Infanta Leonor, Infanta Sofía y Majadahonda— que funcionan bajo gestión privada a través de concesión de obra, en los que la Comunidad paga a las entidades concesionarias un canon mensual que no se detalla en el informe de la Cámara de Cuentas. 

El informe también señala deficiencias en la vigilancia que el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) ejerce sobre estas concesiones. El ente fiscalizador describe una administración que, a pesar de abonar miles de millones de euros, no supervisa aspectos fundamentales del contrato como las explotaciones comerciales privadas de los hospitales, sobre las que se denuncia una “carencia de control suficiente”. Denuncia también una falta de supervisión de los contratos y pólizas que las empresas concesionarias están obligadas a mantener, así como  “deficiencias en el seguimiento contable de los activos de concesión” y “falta de tramitación previa de modificaciones contractuales y reequilibrios económicos”. 

La regularización de los 910 millones de deuda antigua mencionados anteriormente no ha cerrado el saldo de pagos pendientes. Mientras la Comunidad de Madrid liquidaba las deudas de las cuentas de ejercicios anteriores, la fiscalización de 2024 ha detectado que ya se ha vuelto a generar una nueva partida de 458,7 millones de euros en obligaciones "pendientes de reconocimiento". 

De esta nueva deuda, 241,1 millones corresponden de nuevo a la Fundación Jiménez Díaz, es decir al grupo Quirón Salud. Se trata de facturas que ya han sido devengadas por la prestación del servicio pero que todavía no han pasado por el presupuesto de gastos, asegurando que la factura real de la sanidad indirecta siga siendo, un año más, superior a la inicialmente presupuestada. El modelo, según el auditor, mantiene un desfase estructural entre el gasto real y el reconocimiento administrativo del mismo. 

La gripe ha comenzado a remitir y ha bajado su incidencia en una semana a 400,4 casos por cada 100.000 habitantes en Atención Primaria, un 10 por ciento menos que una semana antes, aunque el descenso aún no se nota en los hospitales, en los que se mantiene la presión con una tasa de 9,3, según recoge EFE.

El último boletín epidemiológico del Instituto de Salud Carlos III, correspondiente a la semana previa a la de Navidad -entre el 15 y el 21 de diciembre- refleja un aumento del conjunto de los virus respiratorios (gripe, covid-19 y virus respiratorio sincitial) en Atención Primaria, donde la incidencia ha subido de 811,8 a 834,1.

Dicho incremento se debe fundamentalmente a la covid, que se ha duplicado en este periodo de 5,7 casos por 100.000 habitantes a 10,8 y del VRS, cuya tasa ha pasado de 43 a 55,1.

Por el contrario, descienden los diagnósticos de gripe en los centros de salud, de los 444,1 de la semana previa a 400,4; lo hacen en todos los grupos de edad, excepto en los de 70 a 79 años y mayores de 80, en los que suben levemente.

No obstante, la situación se mantiene en los hospitales, que registran 21,7 ingresos por cada 100.000 habitantes frente a los 22,2 de la semana anterior por el conjunto de virus respiratorios.

Por gripe, la tasa continúa estable en 9,2 ingresos por cada 100.000 habitantes (9,3 la semana anterior). Los más afectados siguen siendo los mayores de 80, aunque con un ligero descenso de la incidencia de 58,1 a 52,7, seguidos de las personas de 70 a 79 (25,6).

En los niños menores de un año los ingresos han caído en picado de 43,5 a 16, no así en los de 1 a 4 años, en los que sube hasta los 14,9.

Mientras tanto, las hospitalizaciones por covid siguen en una tasa general de 0,2, aunque en bebés menores de 1 año se eleva a 1, la más alta de todos los grupos.

El VRS, por su parte, sigue en ligero ascenso (de 2,6 a 3,1), pero la subida continúa es pronunciada aún en los menores de 1 año, en lo que ha aumentado de 58,6 a 74,9 en una semana.

Hace tan solo unas semanas, el Ministerio de Sanidad y las comunidades pactaron mandar una serie de recomendaciones para intentar mitigar la presión de la gripe como el uso de mascarillas cuando se tuvieran síntomas y, obligatoriamente, en centros hospitalarios.

El PP en la Asamblea de Madrid ha avanzado que se opondrá a la comisión de investigación solicitada por Más Madrid sobre la gestión del grupo Ribera Salud en el hospital madrileño de Torrejón de Ardoz, a pesar de que ha pasado el filtro de la Mesa de la Asamblea, donde los populares también tienen mayoría absoluta.

Desde Más Madrid han trasladado a los periodistas que el PP madrileño, a través de una carta del portavoz Carlos Díaz Pache a la Mesa, ha posicionado su veto a dicha comisión que será votada en el próximo pleno, que se celebrará en febrero cuando se reactive la actividad parlamentaria.

El País publicó una grabación de una reunión con una veintena de mandos del grupo y del hospital el 25 de septiembre en la que el ya exCEO del grupo Ribera, Pablo Gallart, ordenó subir las listas de espera a costa de realizar menos intervenciones y rechazar pacientes o procesos no rentables para aumentar el beneficio.

Tras conocerse esta información, Más Madrid solicitó esta comisión de investigación para analizar el impacto en la calidad asistencial del Hospital de Torrejón derivado de la gestión realizada por la empresa Ribera Salud y del ejercicio de las funciones de control y supervisión que correspondían a la Comunidad de Madrid.

Además, el partido presentó hace unas semanas ante la Fiscalía una denuncia contra la Comunidad de Madrid y Ribera Salud por la gestión del Hospital Universitario de Torrejón en la que el partido observa indicios de la comisión de seis delitos.

En concreto, atribuyen al Gobierno regional y a la compañía sanitaria la comisión de sendos delitos de discriminación, lesiones, administración desleal, malversación, prevaricación administrativa y omisión del deber de perseguir delitos.

La portavoz adjunta de Más Madrid, María Pastor, ha criticado la decisión de los populares que intentan vetar que se ponga "negro sobre blanco" en cómo funciona el modelo sanitario público-privado mientras las listas de espera están "colapsadas".

No deberíamos seguir mirando hacia otro lado. La sanidad pública está en peligro y no hay una respuesta contundente ni desde el Gobierno de España ni desde la mayoría de las comunidades autónomas.

El Barómetro Sanitario de noviembre, elaborado por el CIS para el Ministerio de Sanidad, muestra algunos datos muy preocupantes y enciende una luz roja: por primera vez, son más los que piensan que el sistema sanitario funciona mal que los que opinan que funciona bien. Así, cuando se pregunta a la ciudadanía su opinión sobre el sistema sanitario en nuestro país, más de la mitad, un 50,2%, opina que funciona mal o necesita cambios fundamentales, mientras que solo un 48,5% piensan que funciona bien o bastante bien. En cambio, en 2010 un 74% de la población valoraba bien o muy bien el sistema sanitario.

En estos años la valoración positiva ha ido bajando más de 25 puntos. El deterioro es evidente, de tal forma que la sanidad es el tercer asunto que más preocupa personalmente a los españoles. Este descrédito tiene mucho que ver con los tiempos de espera para recibir atención sanitaria (diez días en Atención Primaria; cuatro meses en Atención Especializada). Y estos retrasos se traducen en que cada vez son más personas las que acuden a la sanidad privada. En efecto, al haber retrasos en la atención dentro de la sanidad pública, más personas se hacen un seguro privado. En este Barómetro Sanitario un 31% dice tener este tipo de seguro, cuando en 2010 era la mitad. Se está privatizando de facto la financiación sanitaria, que descansa cada vez más en el bolsillo de los pacientes.

En este sentido, otro síntoma preocupante recogido en el Barómetro Sanitario, y que muestra las carencias del sistema, es la dificultad que tienen muchas personas para pagar los medicamentos (copagos, medicamentos no financiados): en los últimos doce meses, un 5,6% de la población dejó de tomar un medicamento que les habían recetado en la sanidad pública porque no se lo pudieron permitir por motivos económicos. Supone unos 2,5 millones de personas. No son pocos. Y esta barrera al acceso a su tratamiento se genera al mismo tiempo que estamos pagando precios exorbitados por los nuevos medicamentos. En efecto, la sanidad pública gasta más de 10.000 millones de euros anuales en precios excesivos de medicamentos: más que de sobra para hacer que nadie quede sin el medicamento que necesita y para mejorar sensiblemente la dotación de profesionales. Además, ese exceso de beneficio de la industria farmacéutica se utiliza en parte para influir en los propios sanitarios, presionándoles para que receten más, y medicamentos más caros, lo que, unido a la falta de tiempo para otras intervenciones no farmacológicas, conduce a un consumo innecesario de medicamentos, que se estima en un 30%.

Desde los recortes producidos a partir de la crisis financiera de 2008-2010, la sanidad perdió un 20% de sus recursos y, mientras tanto, la demanda sanitaria ha crecido. Estas carencias producen un deterioro que debe corregirse cuanto antes. Pero no es solo cuestión de más recursos. Además, es precisa una reordenación del sistema sanitario, con un refuerzo de la coordinación y de los instrumentos que garanticen la universalidad y la calidad de la atención. Se deben potenciar las capacidades del Ministerio de Sanidad para que pueda ejercer sus funciones, como la Alta Inspección. Se debe mejorar el desempeño del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con capacidad de decisión efectiva y estructuras de apoyo para compartir recursos (compras conjuntas, evaluación de servicios, sistemas de información, recursos humanos, etc.). Es preciso fortalecer la Salud Pública, la Atención Primaria y la Atención a la Salud Mental. Es necesaria una reformulación completa de la política farmacéutica. Se deben completar las plantillas, adaptándolas a las nuevas necesidades y a los derechos de los trabajadores, dotar de estabilidad a los profesionales, y ofrecerles condiciones atractivas para su desempeño, incluyendo una formación continuada no ligada al patrocinio de la industria. Y también es necesario evitar la privatización y la fragmentación de la gestión y la provisión de la Atención Sanitaria. Muchas de estas medidas se aprobaron en julio de 2020 por el Congreso de los Diputados en el Dictamen para la reconstrucción económica y social, con un amplio respaldo parlamentario, y son perfectamente viables.

Es fundamental que el Gobierno de España lidere una ambiciosa estrategia de reconstrucción del Sistema Nacional de Salud, con un programa integral, de corto, medio y largo plazo, que vuelva a lograr el aprecio de la población hacia su sanidad pública. Sin duda, el momento político es muy complicado y puede resultar tentador echarse las culpas unos a otros y centrarse en otros temas. Pero conviene tener presente que un extraordinario logro social de varias generaciones, nuestro Sistema Nacional de Salud, está hoy realmente en peligro.

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Fernando Lamata Cotanda es especialista en Psiquiatría, miembro del Consejo Consultivo de la Confederación de Salud Mental de España y colaborador de la Fundación Alternativas.

Ministra de Sanidad Pública, Mónica García, tu valentía en defensa de la pública me llena de orgullo. Has dejado patente y muy claro que privilegios, prerrogativas y corporativismo no; diálogo e igualdad sí y por la sanidad pública eterna, sin dejar de hablar, dialogar sobre el Estatuto profesional del 2007 para mejorarlo en beneficio de  todos y todas los profesionales sanitarios y no para unos pocos. 

Médicos y médicas huelguistas, os propongo valentía y solidaridad, que protejáis y os comprometáis a recuperar lo privatizado por el PP y no apoyéis la venta de la sanidad  pública a los mejores postores y defender también al resto de profesionales de la sanidad  pública; existen, están ahí y son personas. Les recuerdo que ustedes no son únicos ni especiales, son profesionales e iguales que el resto de personas que prestan sus servicios como empleados públicos en los hospitales de España. 

Médicos y médicas afines al PP, durante las privatizaciones de Aguirre y Zaplana, iban  de la mano de los jefes/as políticos, todavía no los han soltado, suelten la mano del PP y apuesten por la sanidad pública al 100 x 100. Hacerse ricos con el negocio de la  privatización de la sanidad pública, exigiendo un estatuto privado propio y repleto de  privilegios al margen del Estatuto de la Función Pública que rige la negociación colectiva de los empleados públicos, no es la solución, pagado con el dinero público. Es injusto,  egoísta y es corporativista, rancio e insolidario el clasicismo españolista de las elites funcionariales médicos y médicas.

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Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre.

Más Madrid ha presentado ante la Fiscalía una denuncia contra la Comunidad de Madrid y Ribera Salud por la gestión del Hospital Universitario de Torrejón, operado por dicha empresa, y en la que el partido observa indicios de la comisión de seis delitos.

En concreto, Más Madrid atribuye al Gobierno regional y a la compañía sanitaria la comisión de sendos delitos de discriminación, lesiones, administración desleal, malversación, prevaricación administrativa y omisión del deber de perseguir delitos.

La denuncia se produce al hilo de diversas noticias publicadas en los últimos días sobre la gestión de este hospital, empezando por una grabación del consejero delegado de Ribera Salud, Pablo Gallart, que publicó El País y en la que el directivo ordenaba a responsables del hospital rechazar pacientes y aumentar las listas de espera para elevar los beneficios.

Días después, elDiario.es publicó órdenes escritas y datos de lista de espera que muestran cómo en el Hospital de Torrejón los pacientes del área esperaban más de dos meses para una cirugía una vez entraban en lista de espera, mientras los de libre elección se operaban antes de un mes en la misma zona. El grupo Ribera cobra un plus por la atención de estos últimos.

Desde el Gobierno, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha asegurado que no tiene ningún dato que demuestre que el hospital priorizaba a los pacientes más rentables o se ordenaba aumentar las listas de espera, y reiteradamente ha dicho que en el centro "no se ha afectado la asistencia".

Sin embargo, Más Madrid alega en su denuncia, a la que ha tenido acceso EFE, que hay indicios para creer que se han producido actos de "discriminación de las personas en el acceso a la prestación sanitaria por su enfermedad u origen".

Ello, a su vez, podría "haber producido lesiones en los pacientes afectados".

También esgrime Más Madrid que la empresa "ha causado un perjuicio en el patrimonio público administrado" (el hospital concesionado) al haber perseguido "la búsqueda de un beneficio económico" por encima de la prestación sanitaria, que es "la propia finalidad de la concesión", desvirtuando el "fundamento contractual" bajo el que opera Ribera Salud.

El delito de malversación lo justifica Más Madrid por considerar que Ribera Salud ha utilizado el patrimonio público "con ánimo de lucro", mientras que acusa a la Comunidad de prevaricar por omisión al no haber impedido el daño o establecido la prestación correcta del servicio.

Y apunta por último que la Comunidad tenía la "obligación básica" de perseguir estos "graves indicios de la posible comisión de delitos".

"Los gobiernos del PP se han dedicado sistemáticamente a proteger los beneficios de los grupos sanitarios privados a costa de empeorar la atención sanitaria en hospitales y centros de salud", ha aseverado la portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Manuela Bergerot, quien ve "base suficiente" para que este caso se investigue en los juzgados.

En plena polémica por la orden de reducir la atención a pacientes con el fin de ganar más dinero, dictada en un hospital madrileño por el grupo Ribera Salud (propietario también de los hospitales gallegos Povisa, Polusa y Juan Cardona) el Ministerio de Sanidad acaba de hacer público un informe de evaluación de la sanidad privada en el sistema sanitario estatal. El documento diferencia hospitales públicos, concertados y privados, y detalla no solo el gasto público en los dos primeros tipos, sino también en el tercero, revelando que en Galicia los fondos públicos pagan el 46% de las estancias o el 51% de las cirugías mayores ambulatorias registradas en los hospitales privados.

Según el Catálogo Nacional de Hospitales del Ministerio, existen 19 hospitales privados en Galicia, de los cuales dos tienen conciertos sustitutivos o completos con el Sergas (Povisa en Vigo y el Centro Oncológico Gallego en A Coruña), siete tienen conciertos parciales y diez no tienen. Pero incluso aquellos que no tienen, pueden recibir financiación pública para acciones sanitarias específicas. De hecho, los fondos públicos pueden superar a los fondos privados en la financiación de diversas actividades sanitarias realizadas en los 17 hospitales privados gallegos sin convenio o con uno parcial.

Por ejemplo, el informe señala que, del total de cirugía mayor ambulatoria registrada en los hospitales privados gallegos sin concierto, el 50,7% del coste se financió en 2023 con fondos públicos, lo que sitúa a Galicia como segunda comunidad solo por detrás de Extremadura y muy por encima de la media estatal.

Otro de los conceptos analizados por el ministerio es la financiación de los procesos vinculados a las altas hospitalarias. Las tres comunidades autónomas con mayor proporción de financiación pública en centros privados no concertados, y por tanto no considerados parte del sistema nacional de salud, fueron Extremadura, Murcia y Galicia (40,1%).

Si se analizan las estancias registradas en hospitales privados no concertados, Galicia se acerca a la media nacional. Sin embargo, los datos aún muestran que casi la mitad (45,9%) del coste de las estancias en hospitales privados gallegos se financia con fondos públicos.

Los fondos públicos tienen un peso mucho menor en el número total de consultas registradas en hospitales privados. Aun así, Galicia es la segunda comunidad donde estos fondos públicos representan la mayor parte de la financiación de los hospitales privados, con un 18,9%, muy cerca de Castilla-La Mancha y el doble de la media nacional. Los fondos públicos tampoco tienen un peso significativo en la financiación de urgencias ni de las sesiones de hospitalización de día registradas en los hospitales privados gallegos.

El informe del ministerio también refleja que Galicia sigue siendo una de las tres comunidades con menor proporción de seguros privados, con tan solo el 24% de la población con algún tipo de seguro médico, lejos del 44,6% de la población madrileña. Sin embargo, partiendo de una situación aún menor, del 9%, los seguros privados en Galicia crecieron un 166,7% entre 2018 y 2024, lo que el informe atribuye a los retrasos producidos en ese periodo coincidiendo con la pandemia de COVID-19.

No sé cuál puede ser la palabra más indicada para calificar la cara de espanto que se nos queda a los españoles cuando oímos la barbaridad de las concesiones sanitarias a empresas privadas. Se privatiza la sanidad pública a costa de nosotros mismos, de los españoles, que somos quienes la financiamos con nuestros impuestos.

Tanta desvergüenza me deja sin aliento.

¿Dónde va a parar el dinero de nuestros impuestos? Pues, en gran parte, se lo embolsan nada más y nada menos que las empresas sanitarias privadas que, sobornando a los políticos responsables, consiguen que se les conceda la gestión de los hospitales públicos. Pero las empresas solo piensan en enriquecerse y no cumplen los objetivos que –se supone– han pactado. En consecuencia, la precariedad de la asistencia sanitaria aumenta vergonzosamente y el desmantelamiento progresivo de lo público es un hecho constatado.

Una empresa, según la RAE, es una unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos.

¿Y cómo se lucran estas empresas que se encargan de gestionar los hospitales públicos? Pues se lucran desatendiendo a los pacientes, que no se curan y mueren sin haber recibido los cuidados necesarios. Está claro que el dinero, que reciben de los diferentes gobiernos de las Comunidades Autónomas, no lo emplean en que la población goce de una sanidad adecuada y digna, sino que se lo apropian de forma fraudulenta y lo convierten en beneficios crematísticos (efectivo contante y sonante).

Pero no solo se lucran las empresas, pues al haber sido seleccionadas por las Comunidades Autónomas para la privatización pagan un canon sustancioso a los políticos que las han elegido (o a su pareja) que, sin duda, será proporcional a los beneficios que ellas mismas obtienen.

Y todos contentos.

Entonces podemos decir, sin temor a equivocarnos, que estas empresas que se enriquecen a costa del abandono y muerte de los españoles son asesinas. Y, en consecuencia, los políticos que se lucran a costa de ese abandono y muerte de los enfermos, que esas empresas privadas no han atendido, son también cómplices de esas muertes.

Así las cosas, tras el escándalo del grupo Ribera Salud en Torrejón de Ardoz y el de la empresa Quirón, en la Comunidad de Madrid, ya nos estamos acostumbrando a que la señora presidenta, cuando se pone nerviosa y carece de argumentos, enarbole la bandera de la ETA que, según dice ella, se está preparando para cometer muchos desmanes en Euskadi y en Navarra. Lo hace para meter miedo al personal y desviar la atención; y porque, al parecer, no se ha enterado de que ETA ya no existe desde el 20 de octubre de 2011. Aun así, yo en su lugar tendría la boca cerrada y me plantaría ante el señor MAR para decirle que, si quiere mentir, sea él quién lance esos bulos al aire, porque afortunadamente llevamos década y media sin muertes.

Tanta desvergüenza me deja sin aliento.

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Nieves Sevilla Nohales es maestra y escritora.

La privatización puede ser una buena opción para la atención sanitaria, he oído decir en varios foros, incluso que la colaboración público-privada es la mejor solución. Ambas afirmaciones pueden ser ciertas, cosa que yo dudo, pero, en cualquier caso, necesitan muchas matizaciones.

Un buen hospital privado, dotado de los medios necesarios, puede dar una excelente asistencia, a quien lo pueda pagar, claro; pero, en mi opinión, no es ese el debate. El debate a plantear es si privatizar la sanidad mejora la atención que presta la sanidad pública, aduciendo que lo privado funciona mejor que lo público. Y aquí es donde yo defiendo que, por lógica, no puede haber nada privado que funcione mejor que lo público, salvo que se entienda que los empleados públicos –funcionarios– sean más incompetentes que los empleados privados. Si esto último es así, entonces, “apaga y vámonos”.

Supongamos que vamos a poner en marcha un hospital público, para ello se necesitará un terreno apropiado, a un precio de mercado, donde construir el hospital, posteriormente habrá que elegir una empresa que lo construya, seguidamente habrá que proporcionarle los medios necesarios para ponerlo en marcha, camas, quirófanos, equipos de diagnóstico, laboratorios, etc. Y por fin, habrá que dotarlo del personal adecuado, tanto administrativo como médico, personal formado y competente, al que habrá que pagar de manera digna. Hasta aquí, los requerimientos necesarios para poder poner en marcha un hospital público.

Veamos ahora cuáles son los requisitos para poder poner en marcha un hospital privado. Creo que nadie dudará que no van a diferir en nada de los que se necesitan para el mismo fin, cuando el hospital es público. Los costes que implica la puesta en marcha y su posterior funcionamiento son los mismos: terreno, construcción, implementación de medios y personal. Hasta aquí, podemos decir que no existe ventaja alguna entre una u otra opción; si tenemos un terreno igual, un edificación idéntica, un equipamiento análogo y un personal en número y capacitación similar, ¿por qué ha de ser mejor una u otra opción? Ambas deberían ser iguales.

Según lo expuesto, ¿por qué debe existir alguna diferencia para el paciente entre la atención pública o privada? No debería existir ninguna; pero hay que considerar otro parámetro que diferencia ambos casos, y ese parámetro se llama “margen comercial”, o sea, ánimo de lucro; obviamente, cualquiera que se plantea crear una empresa, lo primero que tiene en cuenta es que debe producirle un beneficio; por tanto, si un hospital público requiere la misma inversión que uno privado y teniendo en cuenta que el privado quiere obtener un beneficio, cosa que en el público no existe, parece claro que el privado tendrá que reducir sus costes en alguno de los apartados que hemos expuesto; tendrá que tener peor emplazamiento, peores instalaciones, peores o menos medios, peores salarios o escasez de personal, salvo que sean las administraciones públicas las que aporten el dinero necesario que permita la rentabilidad de un hospital privado que dé servicio público o de un hospital público de gestión privada. Lo mismo que hablamos de un hospital, podemos hablarlo de cualquier servicio público privatizado.

En definitiva, las administraciones públicas, o sea todos los ciudadanos, deberán correr con el extracoste, deberán dedicar más parte de nuestros impuestos a la sanidad, cuando esta es privada, la parte que corresponde al enriquecimiento de unos pocos que, además, como parece ser que no tienen bastante, alargan las listas de espera, falsean los triajes, reutilizan material sanitario… o sea, juegan con la vida de los demás para que la suya sea mejor, ¡una vergüenza!

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José Ramón Berné es socio de infoLibre.

Hay que volver una y otra vez al origen porque la estrategia, descrita en los manuales de la ultraderecha, es confundir con gilipolleces, generar el caos, desviar una y otra vez la deficitaria atención del público como con esos ratoncitos de laboratorio a los que se desquicia ofreciéndoles alternativa y aleatoriamente comida o descargas eléctricas.

No nos distraigamos, pues: la presidenta de la Comunidad de Madrid, que lidera la extrema derecha española con Santiago Abascal (observen los últimos datos de encuesta), vive en un dúplex con ático que acaba de comprar su pareja, un “paisano” que, suponemos, tomó la decisión de compra tras descartar la fuga, el exilio a un país que no sea una dictadura como este, o el suicidio, según confesó en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la que el PP dijo que controlaría por la puerta de atrás.

Perdón, que pierdo la atención… Decía que ese “técnico sanitario” al que conocimos gracias a la revista Semana cuando surgió su amor por la presidenta (no hubo problemas de revelación de datos privados entonces), se ha comprado un dúplex luminoso y exterior. Lo ha hecho gracias a lo bien que le va en los negocios como comisionista, suponemos. Porque que sepamos se embolsó dos millones en comisiones por la compraventa de mascarillas para el grupo Quirón, el mastodonte de la sanidad privada para la que trabaja. Hizo lo mismo que antes había hecho su cuñado, el hermano de la presidenta: hacer negocio con mascarillas en lo peor de la pandemia. En su caso con el principal cliente/proveedor/socio de su novia. Entonces pagó por denunciar el chanchullo el mismísimo Pablo Casado, al que sus compañeros echaron a la calle como se expulsa de un bar a un borracho molesto.

¿Ven como no hay manera? Me enredan de nuevo los detalles… En el momento en que Alberto “Quirón”, como constaba en el teléfono móvil del jefe de Gabinete de Ayuso, el genial Miguel Ángel Rodríguez —MAR— trata de defraudar con facturas falsas 350.000 euros y Hacienda le pilla y el fraude se publica, el propio MAR tira de nuevo de manual del superhumano de Nietzsche: jamás pedir perdón, nunca retractarse, hacia atrás ni para coger impulso, culpar al adversario… Escapar de la moral convencional para crear un sistema propio de valores. Y así se monta el bulo que hoy cree la mitad de la población española: que la pobre Ayuso y su novio defraudador confeso son víctimas de la insidia del sanchismo. Por si había alguna duda, lo acaban de sentenciar cinco magistrados (contra dos) del Tribunal Supremo, tirando de un sonrojante manojo de vaguedades tomadas como indicios. No fue mala pieza de caza la de Pablo Casado, pero es mejor aún esta que se han cobrado los tortolitos del dúplex: el mismísimo fiscal general del Estado, cuyo único “delito” constatado es que trató de desmontar el grandísimo bulo del jefe de gabinete, funcionario que no es notario pero peina canas y lleva mucho en esto…

Carajo, qué fácil es distraerse… Vuelvo. ¿A quién tenemos de consejera de Sanidad en la Comunidad de Madrid? ¿A quién nombró la novia de Alberto “Quirón” hace dos años como responsable de los servicios sanitarios de los madrileños? A Fátima Matute. La declaración responsable de la consejera solo hace referencia a sus orígenes en el hospital público San Carlos. No dice que trabajó 17 años para el Grupo Quirón. Mira tú por dónde. Esa señora es la responsable ahora de dirimir si el otro grupo sanitario privado (La Ribera, en realidad un competidor menor) hizo algo ilegal al recomendar extender las listas de espera y derivar clientes/pacientes menos rentables, para mejorar el beneficio en unos tres o cuatro millones en el hospital de Torrejón.

Y llegamos a lo esencial: en algún lugar de Frankfurt, de París o de Nueva York, unos anónimos señores se están haciendo de oro con la salud de usted y con la mía. Son los fondos propietarios de esos hospitales y pagadores últimos de nuestras doctoras y nuestros enfermeros. Que cada día encuentran mejores condiciones en la privada, porque la pública se está deteriorando a pasos agigantados y silenciosos. Nada dice que no podemos terminar en España teniendo la misma basura de sanidad que en Estados Unidos, en la que solo los ricos pueden tener una atención digna.

Alberto Burnet González, o Alberto Quirón, es solo un peón de ese entramado. MAR es un personaje secundario bufonesco en la trama. Y la consejera y Ayuso son meros instrumentos. Les regalan a todos algo, antes o después: coche y dúplex, buenas mordidas, quizá mañana un consejo de administración bien pagado… Migajas al lado del negocio inmenso que se está haciendo detrayendo dinero de la ciudadanía para trasvasarlo a las corporaciones de sanidad privada.

Al final, la tragedia esencial es la de siempre. Que no nos confundan. Los muchos contra los pocos. La mayoría frente a la élite codiciosa. Hay que parar a esa gente mala que malbaratando la palabra "libertad" se vende por un puñetero dúplex para hacerle el servicio a los señoritos de siempre.   

El ministro de Transformación Digital y Función Pública y líder de los socialistas madrileños, Óscar López, ha avanzado que su grupo interpondrá este martes una denuncia ante la Fiscalía de Madrid contra el CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, por presuntas "irregularidades" en el Hospital de Torrejón de Ardoz, según informa EFE.

"Vamos a denunciar ante la Fiscalía la gestión de Ribera Salud en el hospital de Torrejón. La sanidad es un derecho. Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que NUNCA más nadie haga negocio con la sanidad pública de Madrid", ha adelantado el propio secretario general del PSOE-M a través de sus redes sociales.

Fuentes del PSOE-M han trasladado a EFE que van a interponer la denuncia el martes por la mañana contra Gallart como "presunto autor de irregularidades" en la gestión del Hospital de Torrejón, administrado por la concesionaria Ribera Salud, así como "la posible omisión de deberes de supervisión por parte de la Comunidad de Madrid".

Desde el PSOE-M consideran que estás prácticas "podrían constituir indicios de delitos de prevaricación administrativa, corrupción en los negocios y delitos contra la salud pública, o denegación de prestaciones públicas por razones de discriminación".

Además, la denuncia también se formulará "contra todos aquellos que, como consecuencia de las Diligencias de Investigación o de la instrucción de la causa, puedan aparecer como penalmente responsables de los hechos ahora puestos en conocimiento del Ministerio Fiscal".

Gallart solicitó el 4 de diciembre pasado apartarse temporalmente de las responsabilidades sobre la gestión del Hospital de Torrejón tras la publicación de una grabación en la que pedía aumentar las listas de espera de este centro público de gestión privada para incrementar los beneficios de la empresa.

El grupo Ribera señaló en un comunicado que esta desvinculación de Gallart de las responsabilidades sobre la gestión del hospital se produce "para garantizar los valores y la ética que siempre ha caracterizado al Grupo".

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado que el Gobierno ultima la nueva Ley de Gestión Pública y de Integridad del Sistema Nacional de Salud, que limitará la colaboración público privada, para aprobarla a principios del 2026 y ha recalcado que esta norma "blindará" la sanidad pública frente a los fondos de inversión.

En una entrevista con El País tras el escándalo en el hospital público de Torrejón de Ardoz (Madrid), gestionado por la empresa privada grupo Ribera Salud, la ministra de Sanidad ha señalado que la nueva ley "va a derogar la ley del 97" -sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud- y limitará dicha colaboración.

"El problema es que se ha pervertido esta colaboración público-privada, en una parásita público-privada", ha incidido tras insistir en que la nueva ley "es mucho más amplia" y "pone coto al ánimo de lucro" con unas normas claras.

"Sobre todo blinda y protege nuestra sanidad pública frente a los fondos de inversión, frente al ánimo de lucro y frente a esta depredación constante que tenemos de nuestra sanidad. O sea, no prohíbe que haya una colaboración público-privada, pero limita que lo puedas hacer con empresas con ánimo de lucro", ha explicado.

Mónica García confía en que la ley esté aprobada en esta Legislatura y ha puntualizado que "estamos ya ultimando y la vamos a llevar al Consejo de Ministros a principios del año que viene".

Por otra parte, ha recordado que el Ministerio de Sanidad también trabaja en un real decreto de listas de espera que dará trazabilidad al proceso que inicia un paciente desde que va a su médico de atención primaria hasta que pasa al especialista, se le hacen pruebas y termina en una operación, ya que "ahora mismo las listas de espera son cajas negras y en el caso de la quirúrgica es una caja negra que pasa antes por un servicio de admisión que no es directo desde el cirujano hasta la lista de espera".

En este sentido ha acusado a la Consejería de Sanidad de Madrid de "maquillar" los datos sobre listas de espera quirúrgica que son publicados cada seis meses por el Ministerio de Sanidad y donde la comunidad madrileña no aparece como de las más elevadas.

"Nosotros sabemos que la lista de espera quirúrgica puede ser maquillada", ha dicho García, al tiempo que ha reiterado que en el caso de Torrejón, tanto el Ministerio como el grupo político Más Madrid acudirán a la Fiscalía por un delito de lesiones contra los pacientes.

Además el Ministerio mandará a la alta Inspección para que haga una investigación en el hospital y ha lamentado que este tipo de prácticas que priorizan el beneficio frente al paciente se estén produciendo "también" en el grupo Quirón, "favorecido" por la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Torrejón es un aprendiz de Quirón. Lo que hemos escuchado en Torrejón es lo que lleva ocurriendo en Quirón desde hace muchos años: un complejo sistema por el cual los pacientes de la sanidad pública acaban en hospitales privados pagados aparte por una serie de elementos como la libre elección, la lista de espera y cómo no, la connivencia de la Consejería de Sanidad", ha indicado.

García ha recordado que "desde que está la señora Ayuso" al frente de Madrid, en los últimos años 5.000 millones de euros han ido a parar al grupo Quirón.

El CEO del grupo Ribera Salud, Pablo Gallart, ha asegurado este sábado que los audios publicados sobre la gestión del Hospital de Torrejón, donde supuestamente ordenaba a responsables del centro subir las listas de espera a costa de realizar menos intervenciones, no incluyen el "contenido íntegro" y están "fuera de contexto".

Así lo ha transmitido Gallart en un comunicado en el que manda un "mensaje de serenidad y confianza" tras la publicación el miércoles en El País de un audio, que "no incluye el contenido íntegro, se encuentra absolutamente fuera de contexto y no refleja el contenido real de la reunión. Hasta ayer no he podido defenderme de las acusaciones falsas que se han vertido sobre mi persona".

Tras haber escuchado el audio íntegro, ha comprobado, que lo publicado en los medios esta semana "había sido editado y recortado, eliminando partes sustanciales del mismo, con el fin de pretender tergiversar el fondo de los mensajes que se dieron en esa reunión de trabajo entre managers de la empresa".

Según ha contado, fue ayer cuando una empleada de del centro de Torrejón presentó una denuncia ante la policía en la que asegura "haber sido obligada" por la anterior gerente del hospital (sobrina de la anterior CEO del grupo y ahora ambas despedidas) a realizar una grabación de una reunión de trabajo.

Gracias a esta "víctima", que para él "siempre será una heroína", ha tenido acceso al audio completo de 1 hora y 21 minutos de duración.

Además de este comunicado, ha hecho público también el audio de una duración de 4 minutos y 20 segundos donde se escucha ese momento íntegro y que "desmonta totalmente el mensaje que se ha transmitido durante esta semana por la mayoría de los medios impresos, digitales, radio y televisiones de todos los colores políticos".

Por eso, ha anunciado, los extractos de este audio serán "respaldados" por un acta notarial que certificará que todas esas frases forman parte del audio íntegro.

"No sé quién es el autor de dicha edición malintencionada, si el periodista o su fuente. Como no soy juez, será el juzgado correspondiente quien llegue a su propia conclusión", ha matizado.

En el comunicado, Gallart ha explicado también que durante la trayectoria del grupo Ribera Salud han "sido víctimas de ataques infundados por motivos políticos", ajenos a su realidad como organización sanitaria.

Algo de lo que él ha tratado de estar "al margen": "El Hospital Universitario de Torrejón es uno de los mejores centros de la red asistencial pública de la Comunidad de Madrid, tal y como reconoce la propia Consejería de Sanidad. Sus datos en listas de espera son incuestionables".

Solo en el último trimestre, ha relatado, la demora media de consultas externas ha bajado de 51 días en septiembre a 41 días en diciembre. Y en la lista de espera quirúrgica ha bajado de 56 días en septiembre a 50 días en diciembre.

"No pretendo ganar ninguna batalla mediática, ya que no es mi trabajo, y sé que no es factible. Tampoco espero que ningún medio, ni ningún político que me ha insultado abiertamente vertiendo acusaciones basadas en unos audios malintencionados me pida perdón. No lo necesito", ha añadido.

Y por eso, su "único objetivo" es que su familia, amigos, y las personas a las que "realmente" importa, conozcan su "verdad".

"Sé que para la mayoría de vosotros no era necesario que os diera esta explicación, ya que todos sabéis perfectamente los valores éticos con los que siempre he actuado y trabaja mi organización. Nunca trabajaría en una empresa que no tuviera unos valores morales y éticos estrictos", ha zanjado.

Según el audio "íntegro" que ha facilitado Gallart, en él informa a los responsables del centro que el "operador, en teoría es más eficiente que la administración pública", y en el Hospital de Torrejón "siempre" ha sido así.

"Es importante que todos entendamos la realidad para ver si luego nos ponemos de acuerdo en qué podríamos hacer de una forma coordinada y colegiada para alcanzar el objetivo. Y he convencido a los franceses de que es imposible que Torrejón gane un dinero de aquí a 2039. No es posible, y no nos van a pedir lo imposible", dice Gallart en el audio.

Para el CEO del Grupo Ribera ésto es "una buena noticia": "No sé si me explico. O sea, si nosotros hemos invertido a fecha de hoy 120 millones no pasa nada, vale, es decir, nadie nos va a criticar de pensar solo en la rentabilidad del proyecto, ¿vale?".

"Siempre, desde luego, tendremos que estar con una lista de espera mucho menor que la de la pública. Lo que estamos hablando aquí es cómo podemos hacer para que Torrejón sobreviva, porque no quiero estar en la misma situación en la que hemos estado hace 12 meses dentro de dos años, y como no hagamos ese esfuerzo acabaremos ahí", según continúa su en su intervención.

Además, Gallart asegura a sus interlocutores que "es posible que Torrejón en este minuto sea el mayor reto" y asegura que la "administración" sabe que no están operando en el Hospital de Torrejón para "ganar dinero, porque sería imposible".

"Garanticemos un servicio de calidad con la consideración de que tenemos unos recursos limitados", tal y como concluye el audio remitido a los medios.

La banca siempre gana. En este caso, el fondo de inversión siempre gana, aunque sea a costa de la salud. No me cabe en la cabeza cuándo te parece buena idea pedirle a tu equipo que priorice la rentabilidad antes que la salud de las personas que acuden a tu centro. Quiero pensar que debes de estar metido en una vorágine de números, cuenta de resultados, beneficios, de gastos tan agobiante que no caes en la gravedad de lo que estás pidiendo: dejar de atender a la gente que no dé dinero. Así, sin paños calientes, a bocajarro.

Supongo, o quiero suponer, que al escucharte decir eso, pedir imaginación a tu gente para rechazar a pacientes, tiene que ser una sacudida a tu conciencia. Me gustaría creerlo así. Si no, no entiendo cómo puedes seguir al frente de una empresa que se dedica a salvar vidas. Un fondo de inversión, sí, una empresa que tiene que ganar dinero, de acuerdo, pero tratando la salud de la gente: si no vas a dedicarte a eso, entonces, tu empresa es otra cosa. Cómo puedes seguir gestionando una empresa sabiendo que tu orden de no atender casos que hagan perder dinero puede suponer deteriorar la calidad de vida de esas personas, retrasar sus tratamientos y, en el peor de los casos, provocarles consecuencias más graves, incluso la muerte. ¿Puedes vivir con eso?

Cuando la salud pública se convirtió en un negocio, todo se torció. Y la perversión de los números se impuso a la prioridad de los profesionales: salvar vidas.

Trato mucho con médicos de todos los ámbitos, especialidades, de centros privados y de centros públicos. La mayoría, con una vocación inquebrantable, por muy difícil que se lo pongan. La gran mayoría, haciendo turnos más allá de su horario, atendiendo a los pacientes de una forma exquisita, personalizada, dándoles sus números de teléfono para que les llamen ante cualquier síntoma o duda. Enfermeras que se desviven por hacer hueco a quienes llegan sin cita, por atenderles con los mejores profesionales, por abrir las agendas a pesar de que están a reventar de pacientes. Sanitarios que atienden con su profesionalidad y con toda su humanidad. Profesionales a los que su integridad no les permite la ecuación de “si no es rentable, no le atiendas”.

El modelo de centro público pero de gestión privada es una invención que vino bien a unos políticos que decidieron hacer caja también con la sanidad. Y eso, que ya sonaba mal entonces, ha acabado con esto: hospitales que rechazan hacer pruebas que sean caras, hospitales que no atienden a pacientes que saben que van a tener más complicaciones, centros que abiertamente extienden las listas de espera para recaudar más…

Es desalentador ver cómo, poco a poco, lo mejor que tenemos, la salud pública, se acaba deteriorando así. Los hospitales privados pueden coexistir con los públicos, siempre y cuando los que deciden derivar fondos no acaben equivocándose respecto a quiénes se los dan. Ir a un centro privado es una elección libre que, muchas veces, ayuda a los pacientes a tener segundas opiniones de diagnósticos o pruebas. Pero nada de todo eso tiene que ir en detrimento de los centros públicos, ni de sus profesionales, ni de los medios que se le dedican.