Ayuso ya ha destinado más de 5.600 millones a Quirón tras disparar la factura de la gestión privada

La factura de la sanidad privatizada en la Comunidad de Madrid alcanzó su techo histórico en el ejercicio 2024, según el último informe fiscalizador de la Cámara de Cuentas. Bajo el mandato de Isabel Díaz Ayuso, —desde el ejercicio 2019 y sin contar el 2020, del que no hay datos— la administración regional ha reconocido obligaciones de pago por un total acumulado de 6.048 millones de euros a las entidades concesionarias de los hospitales públicos de gestión privada mediante concesión administrativa, que incluyen a los grupos Quirón Salud y Ribera Salud. 

Este volumen de gasto ha registrado su mayor hito en el ejercicio 2024. El último informe de fiscalización revela que las obligaciones reconocidas en esta partida —que incluye, además del gasto de los hospitales, el del traslado de los pacientes y otras partidas como pruebas especializadas— sumaron 1.957,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 65,7% respecto al año anterior. 

Este salto no responde a un aumento proporcional de la actividad, sino al reconocimiento de 909,9 millones de euros correspondientes a las liquidaciones de ejercicios anteriores. Se trata de gastos ya devengados que la Comunidad mantenía como "obligaciones pendientes de reconocimiento" y que han pasado al presupuesto de gastos de forma conjunta en este ejercicio.

El eje Quirón: 1.611 millones en un solo ejercicio

El grueso del gasto en gestión indirecta en 2024 se concentra en los centros operados por los grandes grupos privados, con Quirón Salud a la cabeza. El grupo, que gestiona cuatro hospitales en la red pública madrileña, ha recibido este año 1.611 millones de euros, que sumados a los 3.857 millones que ya habían recibido desde 2019, hacen un total de 5.649 millones sin contar 2020, año en el que la Cámara de Cuentas no detalla las cuantías en su informe de fiscalización.

A esta cifra se suman los 144,4 millones de euros destinados al Hospital Universitario de Torrejón (Ribera Salud). En total, la factura de estos cinco centros con concesión administrativa suma 1.755,4 millones de euros en 2024, una cifra que absorbe tanto el coste ordinario del servicio como el pago de los atrasos acumulados durante los cuatro años posteriores al inicio de la pandemia.

Estas cifras se refieren solo a los hospitales que tienen gestión privada a través de una concesión del servicio público, además de la Fundación Jiménez-Díaz, que cuenta con su propio concierto. Pero hay otros siete hospitales públicos —Suroeste, Tajo, Infanta Cristina, Henares, Infanta Leonor, Infanta Sofía y Majadahonda— que funcionan bajo gestión privada a través de concesión de obra, en los que la Comunidad paga a las entidades concesionarias un canon mensual que no se detalla en el informe de la Cámara de Cuentas. 

Deficiencias de control: seguros y zonas comerciales

El informe también señala deficiencias en la vigilancia que el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) ejerce sobre estas concesiones. El ente fiscalizador describe una administración que, a pesar de abonar miles de millones de euros, no supervisa aspectos fundamentales del contrato como las explotaciones comerciales privadas de los hospitales, sobre las que se denuncia una “carencia de control suficiente”. Denuncia también una falta de supervisión de los contratos y pólizas que las empresas concesionarias están obligadas a mantener, así como  “deficiencias en el seguimiento contable de los activos de concesión” y “falta de tramitación previa de modificaciones contractuales y reequilibrios económicos”. 

La rueda de la deuda: otros 458 millones pendientes

La regularización de los 910 millones de deuda antigua mencionados anteriormente no ha cerrado el saldo de pagos pendientes. Mientras la Comunidad de Madrid liquidaba las deudas de las cuentas de ejercicios anteriores, la fiscalización de 2024 ha detectado que ya se ha vuelto a generar una nueva partida de 458,7 millones de euros en obligaciones "pendientes de reconocimiento". 

De esta nueva deuda, 241,1 millones corresponden de nuevo a la Fundación Jiménez Díaz, es decir al grupo Quirón Salud. Se trata de facturas que ya han sido devengadas por la prestación del servicio pero que todavía no han pasado por el presupuesto de gastos, asegurando que la factura real de la sanidad indirecta siga siendo, un año más, superior a la inicialmente presupuestada. El modelo, según el auditor, mantiene un desfase estructural entre el gasto real y el reconocimiento administrativo del mismo.