Este viernes terminó el plazo de consulta pública que el Ministerio de Economía lanzó para recoger las opiniones sobre la creación de una cuenta de ahorro e inversión promovida desde lo público. El objetivo de esta medida es mover el dinero de los ciudadanos que tienen fondos de baja remuneración —1,2 billones en España— hacia otros productos financieros más rentables, pero sin un riesgo demasiado alto.

Hace unas semanas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba también la creación de un fondo soberano llamado España Crece, que estará dotado de 10.500 millones del Plan de Recuperación y buscará también atraer capital privado. A la vez, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ponía el foco en los influencers que dan consejos de inversión en redes, los denominados finfluencers. “Promocionar un servicio o un producto financiero no es como promocionar zapatos”, advertía el director de la entidad, Carlos San Basilio. No hay que olvidar que estos consejos pueden tener consecuencias muy graves para quien pone todos sus ahorros en la misma cesta.

Por ello, tanto Europa como España empiezan a mirar hacia la inversión y las finanzas —campos áridos y poco conocidos para muchos mortales— como una de las patas para promocionar el mercado interno de la Unión Europea, tal como se ha pedido desde organismos como la OCDE o en el famoso informe de Enrico Letta y Mario Draghi. Sin embargo, el camino a recorrer parece largo. “En esta estrategia se combinan varias circunstancias. En primer lugar, se ha acumulado un volumen de ahorro no solo en las rentas altas, sino también en las medianas, y los gobiernos están tratando de canalizarlo, de forma que eso derive en un aumento de la actividad productiva”, explica Juan Torres López, catedrático de Economía Aplicada. En corto, que ese dinero que está “quieto” genere valor más allá del puramente especulativo y ayude a despegar a empresas, a financiar la economía con ahorro a largo plazo o a impulsar determinados sectores europeos.

En el documento publicado por el Ministerio de Economía señalan que el objetivo de productos como la cuenta remunerada es que entidades y brókeres ofrezcan un paquete de varios instrumentos de inversión con reglas simples, costes previsibles y un tratamiento sencillo para pequeños inversores. En cuanto al fondo soberano, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, apuntaba que sería un instrumento destinado a “entrar en el capital de las empresas que así lo deseen” y lo ejemplificaba con las pymes y startups. “Tenemos un gran ecosistema de startups, pero necesitan financiación y escala, y ahora mismo les cuesta conseguirla dentro de la UE”, concluía.

En opinión de Torres, la intención es buena, aunque el resultado podría no ser tan evidente. “Yo creo que lo que pueda tener de bueno el movilizar el ahorro está muy limitado, porque en nuestras economías el sistema financiero no está orientado prioritariamente a financiar la actividad productiva”, y apunta a que promover instituciones o bancos “que estuvieran directamente comprometidos con la actividad productiva, como mejorar infraestructuras, servicios públicos o financiación para jóvenes” sería más eficaz.

Los pasos de España se enmarcan dentro del plan europeo denominado Unión de Ahorros e Inversiones, que busca crear mecanismos para que los ciudadanos de la unión inviertan sus ahorros en sectores estratégicos para Europa. De hecho, según Bruselas, 10.000 millones de euros ahorrados por los hogares están en depósitos donde no producen rendimientos. Y en el fondo de la idea, aparece de nuevo la incertidumbre geopolítica como motivación: “La Unión de Ahorros facilitaría la financiación en ámbitos como la descarbonización, la innovación tecnológica y la mejora de la seguridad, todos ellos esenciales para mantener la competitividad de Europa en el mundo”, señala el documento publicado por el Consejo de Europa. Y es que muchos pequeños ahorros juntos son el objetivo de las nuevas políticas europeas que quieren apelar a un mercado interno de 450 millones de ciudadanos.

En la jerga financiera, se denomina dumb money (dinero tonto, en inglés) al capital de pequeños inversores individuales que entran puntualmente en el mercado motivados por consejos, tendencias o redes sociales. Pero lo cierto es que la coordinación a través de foros y redes terminó por dejar patente su importancia y desmentir ese apelativo de “dinero tonto”. Por eso, controlar a quienes dan consejos de inversión se ha convertido en otro de los objetivos de las políticas financieras.

La palabra finfluencer seguramente no les diga nada, pero si les hablo de creadores de contenido dedicados a dar consejos sobre inversión, tal vez se hayan tropezado con alguno mientras paseaban por las redes sociales. Hay para todos los gustos: desde cuentas de divulgación, a otras de dudosa fiabilidad. Hay perfiles que tan pronto asesoran sobre una rutina de gimnasio, como te hablan de emprendimiento; hay coleccionistas de bolsos Hermès; prescriptores que te enseñan a invertir en 30 días o cuentas que te recomiendan una app para comprar criptomonedas de forma “supersencilla”.

El problema es distinguir quién es quién en este mar de consejeros y por eso la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha empezado a vigilarlos de cerca y pretende hacerles responsables de sus consejos de inversión. También, por el riesgo que suponen para los pequeños inversores aficionados. De esta forma, el regulador prevé sanciones de hasta 500.000 euros por abuso de mercado en función de si es falsa la información que se da, de si la recomendación se hace es por conflictos de interés no declarados o por publicidad encubierta.

“Los riesgos de seguir los consejos de los prescriptores son altísimos y más cuando se trata de criptomonedas, porque son un producto sin respaldo”, explica Verónica Rodríguez, de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin). “Hay que sospechar de cualquier promesa de inversión que te ofrezca una rentabilidad notablemente superior a la media del mercado, por encima del 5% o 6%, y a corto plazo”, explica. Además, puntualiza que no es imposible obtenerlas, pero suelen ser productos de alto riesgo, más recomendados para expertos que para particulares que se juegan sus ahorros.

Muchos seguramente piensen que lo que narra Asufín no les puede pasar o que las finanzas son cosas más serias, que suelen pasar por la oficina de un banco o un gestor. Pero resulta que hace no mucho, en 2021, un youtuber sentado en su casa hizo perder 1.200 millones de dólares en apenas 24 horas a varios fondos de cobertura de Wall Street. Se llama Keith Gill y su perfil en redes, Roaring kitty (gatito que ruge), consiguió que miles de pequeños inversores se organizaran a través de foros como Reddit para comprar masivamente acciones de GameStop, una empresa que los grandes fondos daban por perdida y contra la que habían apostado en corto.

El directo de Keith Gill provocó una subida histórica en el precio de la acción, hizo perder unos miles de millones a los fondos que apostaban a la baja y dejó claro que Internet tenía mucho que decir en el sistema financiero moderno. Pero no todos los influencers tienen alma de Robin Hood, ni sus consejos son desinteresados o sus intereses públicos.

Otra cosa que dejó patente este episodio, que incluso inspiró la película Dumb Money (2023), es que muchos pequeños inversores coordinados y juntos —dueños del citado “dinero tonto”— podían jugar un papel relevante en el mercado.

Por cierto, el fondo de inversión en cuestión terminó liquidando sus activos y cerrando en 2022 y también mucha de la gente que durante un momento se pensó millonaria terminó perdiendo su dinero. Porque, como concluye Rodríguez, “esa es la principal premisa que no podemos olvidar cuando se habla de inversiones”.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado este viernes que el Gobierno trabaja para aprobar la "totalidad" del real decreto ley ómnibus derogado el pasado martes por el Congreso, que incluía desde la revalorización de las pensiones hasta la suspensión de los desahucios, según recoge EFE.

En una entrevista en TVE, el ministro ha defendido que el real decreto constituía un "paquete de refuerzo del Estado del bienestar" y que sería un "error" trocearlo como exigen PP y Junts, que se muestran dispuestos a apoyar la subida de las pensiones pero no otras de las medidas incluidas en el texto.

"Hay que intentar aprobar el máximo de medidas de este real decreto ley porque son buenas para la economía española y para los ciudadanos", ha subrayado.

Cuerpo también ha confiado en que se apruebe "lo antes posible" la subida del salario mínimo para 2026 acordada el jueves con los sindicatos, una "muy buena noticia" tanto para los trabajadores como para la economía, que se ha visto beneficiada por las anteriores subidas.

En ese sentido, el ministro se ha mostrado "satisfecho" con las "noticias estadísticas" de esta semana, que han revelado que la tasa de paro ha bajado del 10% y, este mismo viernes, que la economía española creció un 2,8% en 2025, lo que permite que 2026 arranque con un crecimiento del 1,1% gracias al efecto arrastre.

Este año comienza además con una desaceleración en los precios -la inflación se situó en enero en el 2,4%-, lo que "se traduce en una mejora del poder adquisitivo" de los ciudadanos, ha subrayado el ministro, que ha apuntado que la regularización de inmigrantes va a suponer "un elemento positivo en materia económica" por su impacto en la afiliación.

El índice de precios de consumo (IPC) se moderó una décima en diciembre, hasta al 2,9% interanual, por el abaratamiento de los carburantes y la menor subida de los paquetes turísticos, mientras que la inflación de los alimentos aumentó dos décimas, hasta el 3%, por el encarecimiento de legumbres y aceites, según informa EFE.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este jueves el dato de inflación adelantado hace dos semanas, así como la tasa de inflación subyacente (sin energía ni alimentos no elaborados), que se situó en el 2,6%, la misma que el mes anterior.

El grupo que más destacó por su influencia en la moderación de la inflación fue el del transporte, cuya tasa anual se frenó medio punto, hasta el 1,8%, debido a la bajada de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, frente a la subida en diciembre de 2024.

También tiró a la baja el grupo del ocio y cultura, ya que la tasa cayó siete décimas respecto a noviembre, hasta situarse en el 0,5%, por la menor subida de los precios de los paquetes turísticos y el abaratamiento de los servicios recreativos y deportivos.

Entre los grupos con influencia positiva destaca el de alimentos y bebidas no alcohólicas, cuya tasa anual aumentó dos décimas, hasta el 3%, debido principalmente al encarecimiento de las legumbres, hortalizas, aceites y grasas, frente a la bajada en diciembre de 2024.

Con esta tasa de diciembre, la inflación cierra el año con una media del 2,7%, según destaca el Ministerio de Economía, que añade que "continúa la senda de moderación" y "sigue siendo inferior a las subidas salariales, lo que permite ganancias de poder adquisitivo".

En un comunicado, añade que la inflación subyacente media en 2025 se sitúa en el 2,3%, seis décimas menos que en 2024 (2,9%) y en línea con el objetivo del Banco Central Europeo (BCE).

 Los huevos son el elemento de la cesta de la compra que más subió en diciembre en tasa interanual, un 31,3%; seguidos de la carne de vacuno (17,2%); del café (16,3%); del chocolate (12,7%); y del cacao y chocolate en polvo (12%).

También destacan las subidas de otros aceites comestibles, un 9,7%; de los despojos comestibles, un 7,8%; de la carne de ovino y caprino, un 7,4%; de las legumbres y hortalizas frescas, un 7,3%; y de los frutos secos, un 7%.

Por contra, el aceite de oliva fue el producto que más redujo su precio, un 31,6% en el último año, aunque desde enero de 2021 acumula un aumento del 59,2% y en tasa mensual se ha encarecido por tercer mes consecutivo, un 1%, detalla el INE.

También bajaron en tasa interanual el azúcar, un 5,5%; las patatas, un 1,8%; y otros productos a base de cereales, un 2,4%.

Dejando a un lado el ámbito alimentario, lo que más se encareció respecto a un año antes fue la joyería y bisutería (31,6%), la recogida de basura (30,3%) y el transporte combinado de pasajeros (26,7%).

En el extremo contrario, las mayores bajadas en diciembre las registraron el butano y propano, un 6,9%; los equipos audiovisuales, un 6%; los juegos y aficiones, un 5,7%; y los equipos de telefonía móvil, un 5,3%.

En comparación mensual, los precios de consumo subieron un 0,3% respecto a noviembre y los grupos con mayor repercusión positiva fueron el ocio y cultura, por el encarecimiento de los paquetes turísticos; y el de la vivienda, por la subida de la electricidad.

Lo que más subió de precio en diciembre fueron los paquetes turísticos internacionales (19,4%) y nacionales (11,4%), y lo que más bajó, los hoteles, hostales y alojamientos similares, y los juegos y aficiones, un 4,7% en ambos casos, detalla el INE.

Solo dos comunidades autónomas registraron en diciembre una inflación superior a la media nacional: Madrid (3,7 %) y Comunidad Valenciana (3,2 %), mientras que la más baja estuvo en Murcia (2,4%), Cataluña (2,5%) y La Rioja (2,6%).

En el mes de diciembre la tasa de variación anual del IPCA se situó en el 3%, dos décimas menos que la registrada el mes anterior. La variación mensual fue del 0,3%.

A pesar de las habituales subidas de los precios alrededor de la Navidad, parece que la inflación ha dado tregua, al menos ligeramente. Debido fundamentalmente a la bajada de los precios de los carburantes, el índice de precios de consumo (IPC) se situó en diciembre en el 2,9% interanual, una décima menos que en noviembre, según informa EFE.

Según el indicador adelantado publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), junto a los carburantes influyó la menor subida de los precios de ocio y cultura, mientras que tiraron al alza los alimentos y bebidas no alcohólicas, cuyos precios subieron más que en diciembre del año pasado.

Con esta tasa de diciembre, la inflación cierra el año con una media del 2,7%, según destaca el Ministerio de Economía, que añade que esa tasa media es una décima inferior a la del 2024, "permitiendo que las familias sigan recuperando poder adquisitivo".

Los precios empezaron el año con una tasa anual del 2,9% y subieron al 3% en febrero para moderarse los siguientes meses hasta el 2% de mayo, mínimo anual, tras lo que comenzaron a repuntar hasta tocar el 3,1% en octubre, la mayor tasa desde mediados de 2024.

En los últimos dos meses del año, la evolución ha vuelto a moderarse ligeramente hasta ese 2,9%.

En cuanto a la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) la tasa se mantuvo en el 2,6%.

"La inflación subyacente media en 2025 baja al 2,3%, frente al 2,9% de 2024, en línea con el objetivo del Banco Central Europeo (BCE)", añade Economía en su valoración de los datos de inflación.

En cuanto a la evolución mensual, los precios de consumo subieron un 0,3% respecto al mes de noviembre.

En cuanto al indicador armonizado, IPCA, en diciembre la tasa de variación anual disminuyó dos décimas al 3%, mientras que la subyacente fue del 2,8% y la variación mensual, del 0,3%.

Los datos definitivos, así como los detalles por grupos, se publicarán el próximo 15 de enero.

La contracción del sector exterior ha moderado el crecimiento de la economía española en el tercer trimestre al 0,6%, una décima menos que en el trimestre anterior, según ha confirmado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recoge EFE.

El INE además ha modificado el dato de crecimiento del segundo trimestre, que ahora fija en el 0,7%, una décima menos que lo que había publicado anteriormente. 

El avance trimestral fue resultado de la aportación de 1,3 puntos porcentuales de la demanda nacional (consumo e inversión), a los que la demanda externa (exportaciones e importaciones) restó 0,7 puntos, una décima más de lo inicialmente avanzado por el INE.

El crecimiento se ha sustentado en el aumento del 1,1% del consumo privado y del 1,3% del consumo público, junto con el incremento del 2,1% de la inversión (formación bruta de capital); mientras que las exportaciones cayeron el 0,6% y las importaciones frenaron su avance al 1,2%.

Dentro de la inversión destaca el aumento del 2,3% de la destinada a vivienda y edificación, mientras que la empresarial (maquinaria, bienes de equipo, sistemas de armamento y recursos biológicos) creció el 1,7%.

El Ministerio de Economía ha destacado en un comunicado que la inversión empresarial, la solidez del mercado laboral y la mejora del poder adquisitivo han impulsado un crecimiento trimestral que afianza la previsión del Gobierno de que la economía avanzará un 2,9% en el conjunto del año, el doble del estimado para la Unión Europea. 

Asimismo, Economía ha subrayado que se trata del noveno trimestre consecutivo con un crecimiento trimestral del 0,6% o superior, en un escenario de incertidumbre geopolítica y comercial en el plano internacional.

Tanto los puestos de trabajo a tiempo completo como las horas efectivamente trabajadas aceleraron su crecimiento hasta el 1% trimestral, mientras que la productividad retrocedió un 0,4% respecto al trimestre precedente medida tanto por puesto de trabajo como por hora.

Por el lado de la oferta, todos los grandes sectores de actividad presentaron avances, salvo las ramas primarias (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca), que moderaron su caída al 0,7%, frente a la contracción del 6% del trimestre previo.

El mayor incremento fue para la construcción (1,3%), aunque frenó su avance a la mitad; igual que la industria, que se moderó al 0,5%; mientras que los servicios disminuyeron una décima (0,8%).

Medido el PIB en rentas, la remuneración de los asalariados creció el 1,6% trimestral, lo mismo que el trimestre anterior, el excedente de explotación/renta mixta bruta (asimilable a los márgenes empresariales) se incrementó el 0,6% (0,1 % el trimestre anterior) y los impuestos netos sobre producción e importaciones aumentaron el 3,6% (3,7% el trimestre anterior).

El ministro de economía, Carlos Cuerpo, ha confirmado este lunes en el Congreso que el Gobierno elevará dos décimas, hasta el 2,9%, el crecimiento previsto para la economía española en 2025. Lo ha hecho en la comisión para dar cuenta de los avances del Plan de Recuperación, y ha confirmado, además, que el avance estimado para 2026 se mantendrá en el 2,2%.

El Gobierno llevará este martes al Consejo de Ministros la actualización del cuadro macroeconómico que acompañará a la senda de déficit público, prevista de aprobación por parte del Gobierno, según ha confirmado Cuerpo este lunes. La cifras de crecimiento económico y de déficit público son la base para el cálculo del techo de gasto para los Presupuestos Generales del Estado de 2026, que también tienen previsto aprobarse este martes en el Consejo tras tres años de parálisis.

La revisión del crecimiento del PIB se produce dos meses después de que el Gobierno elevara una décima, al 2,7%, su previsión para 2025, una actualización que tuvo lugar días antes de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) corrigiera al alza el crecimiento económico de 2024, hasta el 3,5%, momento a partir del cual las previsiones para España de organismos nacionales e internacionales se han ido acercando al 3%. Conforme a las cifras revisadas por el INE, el producto interior bruto (PIB) creció un 1,1% en el primer trimestre, un 0,9% en el segundo y un 0,8% tanto en el tercero como en el cuarto.

En 2025, el PIB ha registrado avances trimestrales del 0,6% en el primero, del 0,8% en el segundo y del 0,6% en el tercero, en un contexto de contracción del sector exterior por la caída de las exportaciones, después de que el anuncio de aranceles por parte de Estados Unidos generase un adelanto de las ventas al exterior en un primer momento.

Pese al difícil contexto exterior, la Comisión Europea también ha elevado su previsión para España al 2,9% en 2025 y al 2,3% en 2026, un avance que estará impulsado por la demanda interna, en particular por el consumo de los hogares y la inversión. Las previsiones de otoño de Bruselas mantienen a España como la economía que más crece en la zona euro.

Para 2026 el Gobierno ha decidido mantener en el 2,2% el crecimiento previsto, aunque el ministro Cuerpo ve posible revisarlo al alza en los próximos meses si la economía española mantiene el pulso como lo está haciendo. "Si terminamos este año en torno al 2,9% de crecimiento, ya tendremos de saque un 1,1% de efecto arrastre, con muchas probabilidades de seguir actualizando al alza esas previsiones", ha dicho Cuerpo.

"(Somos) muy optimistas con respecto a la evolución, y con el objetivo principal de que estas cifras de crecimiento se traduzcan en el día a día de los de los hogares con mejoras en cuanto a reducción de la desigualdad y de los indicadores de pobreza", ha añadido.

En ese sentido, ha afirmado que llevará "como novedad" al Consejo de Ministros "indicadores de desigualdad para que veamos efectivamente que hay una conexión enorme entre cómo va la economía y cómo le va en el día a día a los a los ciudadanos".

El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, y el consejero delegado, César González-Bueno, han agradecido este viernes el respaldo de sus accionistas, clientes y empleados ante la opa del BBVA, y han asegurado que la entidad catalana generará "más valor" por separado, según recoge EFE. 

Tras conocerse que menos del 26% del capital aceptó la oferta del BBVA, Oliu y González-Bueno han celebrado en un comunicado que el Sabadell "podrá continuar en solitario y avanzar en la historia de servicio a sus clientes que inició hace más de 144 años".

El banco ha subrayado su intención de elevar su rentabilidad al 16% de cara a 2027 y ofrecer una remuneración a sus accionistas de 6.450 millones de euros hasta entonces, equivalente al 40% de su valor en bolsa, según marca su último plan estratégico. 

"Y vamos a hacer todo esto prestando el mejor servicio a nuestros clientes y apoyando a la economía española con más financiación", ha afirmado González-Bueno.

"Nuestros clientes quieren a Banco Sabadell como entidad independiente y nosotros vamos a demostrarles que merece la pena que Banco Sabadell siga existiendo", ha agregado el consejero delegado, que ha recordado que el objetivo del Sabadell es "ser el mejor banco de España".

Oliu ha dicho en una entrevista con Catalunya Ràdio que el desenlace de la operación ha sido "una gran sorpresa". "No esperábamos un resultado tan contundente", ha reconocido el responsable del Sabadell, que prevé reunirse este viernes con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

El presidente de la entidad catalana ha revelado que mantuvo anoche una conversación "distendida" con su homólogo del BBVA, Carlos Torres. 

"Ni él ni yo esperábamos este resultado, eso es lo que compartimos. Pensábamos que (la opa) estaría por encima del 30%", ha expresado al relatar esa conversación. 

El Sabadell confiaba en un respaldo importante de sus accionistas minoritarios, en su mayoría también clientes del banco, pero no preveía que la falta de apoyo de los inversores institucionales impediría al BBVA rebasar el umbral del 30% necesario para seguir adelante con la operación. 

"Hasta el momento en el que conocimos la reacción de los institucionales, la verdad es que no tenía constancia de que al final el respaldo sería tan importante para nuestro proyecto", ha resaltado Oliu.

"Esta es la mejor salida para todos y se ha conseguido gracias al apoyo mayoritario e inquebrantable de nuestros accionistas, clientes y sociedad en general, y también gracias al encomiable esfuerzo y compromiso del gran equipo de profesionales que integra Banco Sabadell", han resumido en la nota el presidente y el consejero delegado del Sabadell.

El Gobierno ha mostrado su "total respeto" a la decisión de los accionistas del Banco Sabadell de no respaldar de forma mayoritaria la opa formulada por el BBVA, que no sale adelante, según informa EFE.

"Total respeto a la decisión de los accionistas del Banco Sabadell, que es a quienes les correspondía valorar la operación", han señalado fuentes del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Estas fuentes han destacado "la impecable actuación de todos los supervisores y autoridades involucradas en el proceso", el Banco de España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El BBVA ha fracasado en su opa sobre el Banco Sabadell al obtener menos del 26% del capital de la entidad catalana, con lo que pone punto y final a su intento de hacerse con su control.

El banco vasco ha anunciado que retoma "de manera acelerada" su plan de retribución al accionista y su estrategia en solitario.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha calificado de "buena noticia" este fracaso del BBVA.

"Lo dijimos desde el principio: la OPA era una mala operación, con efectos negativos sobre el empleo, que agravaba la concentración bancaria, dificultaba la financiación de las pequeñas y medianas empresas y aumentaba la exclusión financiera", ha publicado Díaz en BlueSky.

Para la vicepresidenta del Gobierno, que la opa "no siga adelante es una buena noticia para el país".

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, asegura en un mensaje en X que el desenlace de la opa de BBVA sobre Banco Sabadell "confirma lo que siempre hemos defendido: un sistema bancario adaptado a la realidad de Cataluña y de su tejido empresarial", y añade que "ahora hay que mirar adelante".

"Contamos con el papel importante que BBVA y Banco Sabadell deben continuar teniendo para generar progreso y prosperidad en Cataluña", asegura Illa, haciendo gala de un tono conciliador.

Illa, que a lo largo de este largo proceso se mostró contrario a la opa, destaca también el "papel ejemplar" que han tenido durante esta opa los órganos y las autoridades reguladoras, y menciona tanto al Banco de España, como a la CNMC y a la CNMV.

El presidente de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha celebrado este jueves que no haya prosperado la opa: "El intento de acabar con el sistema bancario de Cataluña ha fracasado", ha asegurado en un mensaje en la red social X.

"El Banco Sabadell no será absorbido por el BBVA. Era importante que la opa no prosperase; ahora es aún más importante que el Sabadell refuerce los vínculos con el sistema económico y social de Cataluña. Es la mejor prevención para tentaciones de absorción futuras", ha añadido Puigdemont en su mensaje.

El consejero delegado del Banco Sabadell, César González Bueno, ha asegurado que las cifras de aceptación de la opa de BBVA, que esta entidad eleva al 50%, son "voluntaristas", ya que sus propias estimaciones indican que apenas "rozan el 30%", según informa EFE.

En una entrevista en Capital Radio, González Bueno ha indicado que los números, que "hemos hecho por delante y por detrás, por arriba y por abajo", muestran que la aceptación roza el 30%, es decir, que puede estar por encima o por debajo, pero no pasar de ahí.

Lo único que les consta de forma fidedigna son los datos de accionistas minoritarios, el 80% de los clientes del banco, pero que son "cifras minúsculas".

González Bueno, que en todo momento ha defendido que habrá una segunda opa, ha restado importancia al día después en caso de llevarse a cabo la operación y ha puesto el foco en lo realmente importante, que son los accionistas del Sabadell, y ha asegurado que en todo caso a la entidad "le queda cuerda para rato".

Los accionistas del Banco Sabadell tienen de plazo hasta la medianoche del viernes 10 para decidir si aceptan el canje de acciones planteado por el BBVA en su intento de tomar el control de la entidad catalana.

El resultado de la oferta pública de adquisición (opa) se conocerá el próximo 17 de octubre, fecha en la que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) prevé anunciar el porcentaje de capital del Sabadell que ha aceptado el intercambio de sus acciones por títulos del BBVA.

El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, ha pedido este viernes a los accionistas que aún no han decidido si acudir a la opa del BBVA que "tiren a la papelera" el impreso que han recibido para aceptarla. "Se equivocarían si lo firman y lo envían" porque "perderían valor", ha afirmado Oliu en una entrevista con Catalunya Ràdio durante la última jornada en la que los inversores pueden ir al canje de acciones. 

El Sabadell ofrece "un rendimiento seguro y unos dividendos asegurados", y es un banco "centrado en España y sencillo de comprender", mientras que el BBVA es "un banco internacional más complicado", ha señalado. 

Oliu se ha mostrado confiado en que la opa no alcanzará el umbral del 50% necesario para completarse sin lanzar una segunda oferta, a pesar de que el presidente del BBVA, Carlos Torres, ha sostenido que superará ese porcentaje "ampliamente". 

Al valorar la medida del BBVA de ampliar hoy el horario de sus sucursales, Oliu ha señalado: "Estoy esperando que les den un gintonic a las nueve de la noche, para ver si alguien les vota".

El BBVA ha decidido este lunes seguir adelante con la opa sobre el Banco Sabadell, por lo que ahora serán los accionistas los que, probablemente en septiembre, decidan si aceptan su oferta de compra, que pasa por un canje de acciones, según informa EFE. 

La decisión se produce tras las dos juntas en las que los accionistas del banco Sabadell aprobaron, prácticamente por unanimidad, la venta de su filial británica TSB al Banco Santander y el reparto de un dividendo extraordinario de 2.500 millones de euros cuando se cierre la operación. 

Desde que se confirmara el interés del BBVA para explorar la posibilidad de una fusión, el 30 de abril de 2024, el Banco Sabadell ha pasado de cotizar a 1,74 euros por acción a 3,36 euros, una revalorización del 93%, mientras que el BBVA ha pasado de 10,9 euros por acción a 16,06 euros, un aumento del 47,3%. 

Estas son las fechas más significativas de la opa del BBVA al Sabadell: 

A finales de Abril, el BBVA confirma que ha trasladado al presidente del Sabadell, Josep Oliu, el interés del grupo en iniciar negociaciones para explorar la posibilidad de una fusión entre ambas entidades. 

Ya en mayo, la entidad financiera comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) una propuesta de fusión por absorción del Sabadell, al que propone una ecuación de canje de una acción suya de nueva emisión por cada 4,83 títulos del banco catalán. La operación valora al Sabadell en casi 11.500 millones de euros, un 17 % más que su valor en bolsa. 

El Sabadell rechaza, en un primer momento, la propuesta amistosa de absorción planteada por el BBVA, al considerar que "infravalora significativamente" el proyecto de la entidad y sus “perspectivas de crecimiento”. Por ello, el BBVA anuncia una opa hostil para adquirir el Sabadell, una oferta al mismo precio y condiciones que la propuesta de acuerdo amistosa de la semana anterior. Ese mismo día, el Ministerio de Economía se muestra en contra de la operación decidida por el banco presidido por Carlos Torres de ir hacia una opa hostil. 

A finales de mayo, el 24, el BBVA presenta la opa sobre la totalidad de acciones del Sabadell en la CNMV y, en junio, pide aprobación para lanzar la opa sobre el Sabadell al Banco Central Europeo (BCE), a la CNMV y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).  

Si bien en julio, la junta extraordinaria de accionistas del BBVA aprueba la ampliación de capital necesaria para lanzar la OPA sobre Banco Sabadell, en agosto los sindicatos UGT y CCOO piden a Competencia que no autorice la fusión entre el BBVA y el Sabadell. 

A pesar de las protestas, el Banco Central Europeo (BCE) da su visto bueno a que el BBVA se haga con el control del Sabadell con su opa. 

Ante esto, un grupo de accionistas minoritarios del Sabadell se asocian para defender sus intereses frente a la opa hostil, mientras que el gobierno mantiene su rechazo a la opa del BBVA sobre el Sabadell. 

En Octubre, el BBVA ajusta su oferta por Sabadell con el pago de 0,29 euros y una acción por cada 5,019 y el presidente del Sabadell, Josep Oliu, traslada a los accionistas de la entidad que los ajustes anunciados por el BBVA puede "empeorar la oferta".  

Seguidamente, en noviembre, Competencia acuerda estudiar la opa en segunda fase, lo que permite alegaciones, que se resolverán en 2025.

A finales de este mismo mes, la CE autoriza la opa de BBVA sobre Sabadell a la espera de informes de la CNMV y CNMC . 

A principios de año, ambas entidades se abren a los cambios. El BBVA decide modificar la opa para reducir las condiciones establecidas, mientras que el Sabadell prevé regresar a Cataluña más de siete años después de haber trasladado su sede a Alicante. 

Ya en Marzo, el BBVA afirma haber conseguido todas las autorizaciones de organismos internacionales para la opa y la junta de accionistas del BBVA respalda la opa de la entidad al Sabadell. 

La Cámara de Sabadell pide también ser consultada en el test de mercado de la opa del BBVA, en abril y Competencia autoriza la concentración bancaria y deja la operación en manos del Gobierno. 

El Ministerio de Economía abre una consulta pública sobre criterios de interés general por la opa, a lo que el despacho de abogados Statera Legal recurre en la Audiencia Nacional.

Aun así, Economía eleva la opa al Consejo de Ministros tras advertir riesgos de interés general. Y en junio, el Consejo de Ministros endurece las condiciones fijadas por Competencia para aprobar la opa. Entre ellas, no despedir trabajadores ni alterar la gestión de la red de oficinas y mantener la separación jurídica de ambas entidades durante al menos 3 años. 

A pesar de las condiciones, a finales del mismo mes el BBVA confirma que sigue adelante con la opa a pesar de las condiciones impuestas por el Gobierno. Debido a la acción del Gobierno, la Comisión Europea abre un procedimiento de infracción contra España por la normativa que permite al Gobierno condicionar o vetar operaciones bancarias. 

Mientras tanto, en julio, el Santander acuerda la compra de la filial británica del Banco Sabadell, el TSB, por 2.650 millones de libras (3.050 millones de euros). 

Los accionistas del Banco Sabadell aprueban la venta de TSB por 2.650 millones de libras (3.050 millones de euros) y un dividendo asociado a la operación de 2.500 millones de euros, que se traduce en un pago extraordinario por acción de 50 céntimos de euro. 

Aún con todo ello, el 11 de agosto, el BBVA anuncia que decide no desistir y seguir adelante con la opa. 

El diputado de Sumar Carlos Martín ha anunciado este miércoles que deja sus responsabilidades como co-coordinador de Movimiento Sumar porque la salud le ha dado algún aviso en los últimos meses y ha decidido que "es momento de prestarle atención". Ha informado EFE.

En su cuenta en X, Martín, al frente de Sumar junto a Lara Hernández, afirma que seguirá "plenamente comprometido" con su trabajo como diputado y portavoz de Economía y Hacienda en el Congreso.

Martín y Hernández fueron elegidos co-coordinadores de Sumar en la asamblea estatal que celebró el partido el pasado marzo.

La lista que encabezaban, de la que también formaba parte la vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, fue la única que logró los avales necesarios para ser sometida a votación y logró el 93% de los apoyos.

Con su elección, la formación dio por cerrada la etapa de interinidad que había vivido desde que Díaz renunciara al cargo de coordinadora general por los malos resultados en las elecciones europeas de junio de 2024.

La evaluación de las políticas públicas es una herramienta clave para mejorar la eficacia y la eficiencia de la acción del Estado. Su valor radica en que permite analizar de manera rigurosa si una política, programa o intervención pública está cumpliendo con los objetivos para los que fue diseñada, y si lo hace con un uso adecuado de los recursos disponibles. Esta evaluación, basada en evidencia empírica, no solo ayuda a identificar aciertos y errores, sino que también proporciona criterios objetivos para tomar decisiones informadas sobre el rediseño, la ampliación o la eliminación de determinadas medidas.

Con ese objetivo, el Gobierno promovió, y el Congreso aprobó en 2022, una Ley de Evaluación de Políticas Públicas llamada a mejorar la rendición de cuentas ante la ciudadanía, fortalecer la transparencia institucional y fomentar una cultura de aprendizaje continuo en las administraciones públicas. Una ley que planteaba la resurrección de la agencia independiente eliminada por el Gobierno de Mariano Rajoy, encargada de desarrollar esta tarea, imprescindible para evitar el despilfarro de recursos, detectar efectos no deseados y orientar las políticas hacia un mayor impacto social.

Pero la aprobación del estatuto que debe regular esa agencia, y su creación misma —que debía tener lugar en el plazo máximo de seis meses—, sigue en el limbo. Han pasado tres años y el Gobierno ha sido incapaz de hacer realidad su promesa.

Fuentes del Ministerio de Economía consultadas por infoLibre atribuyen el retraso a la necesidad de reformar aquella ley para que la nueva agencia, en vez de depender del ministerio de Óscar López, el responsable en materia de función pública, pase a formar parte de la estructura de Economía, cuyo titular es Carlos Cuerpo, a través de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.

Eso exige un cambio legal y, para llevarlo a cabo, el Gobierno ha optado por recurrir al grupo socialista en el Congreso e introducirlo vía enmienda en la reforma de la ley de Función Pública que está en trámite en la Cámara Baja, y que fue presentada en febrero. Mediada la legislatura, lo cierto es que no hay plazos ni un horizonte que permita prever cuándo la agencia podrá comenzar a funcionar.

En paralelo, señalan las mismas fuentes, Economía ha ido avanzando en una propuesta de estatuto con el objetivo de agilizar los tiempos una vez se apruebe la reforma legal. El departamento que dirige el ministro Cuerpo ya ha pedido informes a los demás ministerios con el objetivo de tener todo preparado para el momento en que la reforma se apruebe en el Congreso (después quedarían todavía trámites como el preceptivo informe del Consejo de Estado). Si el Congreso no lo consigue en lo que resta de legislatura, la reforma decaerá y habrá que volver a empezar.

La Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, si algún día logra constituirse, se encargará de coordinar y supervisar el sistema evaluador, diseñar herramientas digitales (portal temático, servicio web común) y acompañar a ministerios.

Se trata no solo de hacer, sino de averiguar si lo hecho ha servido para algo. La evaluación de las políticas públicas, un instrumento que todo el mundo considera imprescindible para mejorar la eficacia de la administración, hace muchos años que forma parte de la vida cotidiana de las instituciones de países como el Reino Unido y los nórdicos —en particular Finlandia—, o de democracias en las que rara vez nos miramos, como la chilena.

En España, después de algunos intentos fallidos, y empujados por las reformas administrativas que exige la Unión Europea para seguir teniendo acceso a los fondos Next Generation, el Congreso dio luz verde a la ley que la regula y que, desde 2022, permanece en un cajón.

Durante años, los expertos han denunciado el problema estructural que sufre la evaluación de políticas públicas en España: la falta de “institucionalización” de la evaluación. Es decir, no está sistematizada, sigue sujeta a vaivenes políticos, no hay mecanismos para exigir su realización ni para incorporar sus recomendaciones.

El primer intento serio tuvo una vida efímera. Una Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios ejecutó alrededor de 40 evaluaciones de programas y servicios públicos entre 2007 y 2011, antes de ser vaciada de contenido y recursos a partir de 2012. Fue disuelta finalmente en 2017, pasando sus funciones a ser asumidas por la Secretaría de Estado de Función Pública, a través del Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas y de la Dirección General de Gobernanza Pública, del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Y eso que el informe de la OCDE Public Governance Reviews, de 2016, recomendaba “fortalecer el estatus de la Aeval” emitiendo declaraciones oficiales sobre sus informes, fuera “aceptando sus recomendaciones o explicando por qué la administración pública no las seguirá”. Esa era la forma, según la OCDE, de integrar unas políticas de evaluación “fragmentadas y dispersas”.

La ley que resucita la Agencia, pero que lleva tres años detenida en el tiempo, propone analizar y evidenciar el impacto de las políticas públicas en cuestiones como la igualdad de género, el medio ambiente y la transición energética, la extensión de los derechos sociales o la despoblación y el reto demográfico. Pero también el crecimiento económico, el empleo digno, estable y de calidad, la solidaridad intergeneracional, la redistribución de la riqueza, la adecuación a la normativa y a las directrices europeas, o la adecuada alineación de las distintas intervenciones públicas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Si consiguiese su objetivo, los gobiernos —y los ciudadanos— tendrían a su disposición un modo eficaz de saber si las políticas aplicadas a todos estos asuntos han funcionado. Es fácil imaginar el impacto que semejante herramienta tendría en la salud democrática del país.

El estatuto que elabora Economía y que debe regular la agencia resultará clave. ¿Será de verdad independiente del Gobierno? ¿Tendrá acceso a los datos que necesita para hacer sus evaluaciones? ¿Dispondrá de los medios para cumplir su cometido? ¿Gozará de la flexibilidad necesaria para pedir el auxilio de especialistas, sobre todo del mundo universitario? La ley no lo precisa y queda a expensas de lo que disponga ese estatuto.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, asegura este domingo que el Gobierno "pondrá toda la carne en el asador" no solo para presentar los presupuestos de 2026, sino para hacerlo "con garantías" de sacarlos adelante, y que serán unas cuentas expansivas. Según informa EFE.

En una entrevista con El País, Cuerpo afirma que en septiembre el Gobierno "dará los primeros pasos" en la tramitación de las cuentas públicas, con la aprobación del techo de gasto y la distribución de los objetivos de déficit.

Destaca que se mantiene el equilibrio entre el crecimiento y la reducción del déficit y la deuda, y subraya que España tendrá superávit primario (sin contar los intereses de la deuda), por lo que cree que el Gobierno es capaz de cumplir con los compromisos en materia social y de inversión de los últimos años, que configuran un presupuesto "eminentemente expansivo".

"Estamos siendo capaces de llevar a cabo todos los objetivos de política económica. Al fin y al cabo, el Presupuesto es la forma de plasmar cuáles son estas prioridades. Nada se está quedando por hacer. Queremos aprobar esos Presupuestos, pero no estamos dejándonos nada por el camino", añade.

La vivienda es el reto de legislatura que le queda por delante al Gobierno, materia para la que "no hay una bala de plata", según el ministro, que explica que el Ejecutivo está actuando en todos los frentes para corregir este problema y volver a tener un parque público de vivienda en alquiler asequible.

En relación con los aranceles impuestos por el Gobierno de Estados Unidos a Europa, el titular de Economía dice que, a corto plazo, no obligarán a cambiar las previsiones de crecimiento de España, que es de los países menos afectados, aunque pondrán atención en los sectores más expuestos.

En este sentido, el Gobierno trabaja en un plan de ayudas a las empresas para debatirlo con los grupos parlamentarios y dar herramientas a las empresas más afectadas por los aranceles, sobre todo a las más pequeñas, "que no tienen tanta capacidad para sobrevivir a este nuevo contexto", ha recordado.

Respecto de la opa de BBVA sobre Sabadell, defiende que las condiciones impuestas por el Gobierno -sobre las que la Comisión Europea ha abierto expediente a España- tratan de proteger el empleo y la inclusión financiera, y se muestra dispuesto a aportar a las autoridades comunitarias todos los informes jurídicos y la información que sea necesaria.

El BBVA trabaja con el escenario central de que en septiembre podrá anunciar sus planes con el Banco Sabadell y los accionistas de la entidad catalana podrán decidir si aceptan la oferta de compra del BBVA que, no obstante, sigue teniendo la opción de retirar la opa en pleno agosto, según recoge EFE.

El consejero delegado del BBVA, Onur Genç, ha dicho en rueda de prensa este jueves que "no hay ninguna garantía" de que la opa siga adelante y ha dejado la puerta abierta a retirar la oferta tras las juntas de accionistas del Sabadell del próximo 6 de agosto.

Ese día los accionistas del Sabadell tendrán que votar la venta de la filial británica, TSB, al Banco Santander y el reparto de un dividendo extraordinario de 2.500 millones. Y todo hace pensar que esos dos puntos se aprobarán sin ningún problema.

El BBVA nunca ha mostrado públicamente interés por TSB, por lo que la venta por parte del Sabadell no tendría que suponer una mala noticia, sin embargo Genç ha evitado responder si la venta de este negocio en Reino Unido restaba atractivo a la operación.

El 'número dos' del BBVA se ha limitado a decir que si llegan a la conclusión de que la operación no genera valor, retirarán una oferta que consideran "excelente" y con una prima para el accionista del Sabadell "fantástica", pues ofrecía el 30 % del precio de cotización previo a que se conociera el interés del BBVA por el Sabadell.

Lo que ha dejado claro durante su intervención es que no piensan mejorar el precio, como parece exigir el mercado a la vista de la cotización de ambas entidades, ni tampoco bajar el porcentaje de aceptación de la opa, que está en el 50 % del capital, ya que el BBVA busca tener el control de la entidad.

Hasta el momento el BBVA ha seguido adelante con sus planes de compra a pesar de que el Gobierno impuso la condición de que las dos entidades tendrán que mantener su independencia al menos tres años, lo que retrasa la posibilidad de conseguir sinergias y ahorros de costes. El BBVA tiene la opción de recurrir ante el Supremo esta exigencia.

El grupo que preside Carlos Torres tampoco tiró la toalla cuando después de la decisión del Gobierno, el Sabadell anunció la venta de TSB al Banco Santander y el reparto de 2.500 millones entre sus accionistas tras el cierre de la operación.

Lo único que hizo en aquel momento, principios de la semana pasada, fue aplazar el envío a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de la documentación necesaria para aprobar el folleto de la operación, lo que hubiese permitido que el periodo de canje comenzara a finales de julio.

El argumento del BBVA, apoyado por la CNMV, fue que tenía más sentido que el proceso de canje se iniciara a principios de septiembre, después de que hubieran pasado las presentaciones de resultados y las juntas de accionistas del Sabadell en las que se votará la venta de TSB y el reparto del dividendo extraordinario de 2.500 millones.

Sin embargo, el retraso del periodo de canje de la opa, unido a la presentación de resultados récord del Sabadell y su plan estratégico que pretende repartir 6.300 millones en tres años, no ha evitado que la prima de la operación haya seguido marcando máximos negativos.

Esto se traduce en que los accionistas del Sabadell, si pudieran vender a día de hoy sus títulos y canjearlos por los del BBVA, seguirían perdiendo dinero.

Ante esta realidad, el consejero delegado del Sabadell, César González-Bueno, ha advertido en más de una ocasión que a estos precios la operación no sale adelante, frente a fuentes próximas al BBVA que confían en un escenario en el que esas pérdidas se reducirán a medida que se acerca el periodo de canje.

El consejero delegado del BBVA, Onur Genç, ha vuelto a decir este jueves que buena parte de la subida de la acción del Sabadell se explica por la opa, trasladando la idea de que si retiraran la oferta el precio de los títulos del banco catalán bajaría.

Además, ha anunciado también un récord de beneficio semestral y la previsión de que ganaría 48.000 millones en cuatro años, eso es una media de 12.000 millones al año, frente a los 1.600 millones que aspira a conseguir el Sabadell ya sin TSB.

Y como gancho para que los accionistas del Sabadell acaben vendiendo, el BBVA en solitario prevé disponer de más de 36.000 millones de euros de capital de máxima calidad para distribuir entre sus accionistas hasta 2028, con una rentabilidad media del 22%.

En cualquier caso, si retiraran la opa o simplemente fracasara, el BBVA seguirá adelante con su "maravilloso" plan.

La Comisión Europea abrió este jueves un procedimiento de infracción contra España por considerar que las leyes utilizadas para evaluar y condicionar la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell infringen varias normas comunitarias, entre otras, las que garantizan la libertad de establecimiento y de circulación de capitales.

Por un lado, Bruselas ve problemático el modo en que el Gobierno ha aplicado la Ley de Defensa de la Competencia para imponer condiciones adicionales a la operación porque considera que, en este caso, no cabía elevar al Consejo de Ministros la decisión de la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC), que había autorizado la opa con condiciones, según explicaron fuentes comunitarias.

Por otro, considera que la ley española de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, de 2014, y el real decreto que la desarrolla, de 2015, otorgan al Ministerio de Economía poderes discrecionales y no limitados para decidir sobre operaciones bancarias, lo que contraviene la legislación comunitaria al socavar la competencia exclusiva del Banco Central Europeo (BCE) en operaciones como la propuesta por el BBVA.

El Ejecutivo comunitario ha concluido, por tanto, que España está infringiendo las disposiciones de los Tratados de la UE que garantizan la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales, así como el reglamento sobre supervisión bancaria única; y la directiva y reglamento de requisitos de capital.

España tiene ahora dos meses para dar respuesta a la carta de emplazamiento del Ejecutivo comunitario quien, de considerarla insatisfactoria, puede avanzar en un procedimiento de infracción que, en última instancia, le permitiría llevar al país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y pedir que se le sancione por el incumplimiento.

Fuentes del Ministerio de Economía, confirma que han recibido al comunicación de la Comisión Europea y destacan que este procedimiento responde al "supuesto desalineamiento" de artículos concretos de normas de 2007 y 2014, es decir, "normativa que lleva bastantes años vigente y que se ha aplicado desde entonces en varias ocasiones".

"El Gobierno seguirá cooperando constructivamente con las instituciones europeas para explicar y aclarar cualquier diferencia jurídica o técnica, reafirmando nuestro firme compromiso con los principios del Mercado Único y el Estado de Derecho", aseguran estas fuentes que adelantan que España responderá en el plazo dado por la Comisión Europea.

La adquisición del Sabadell por parte de BBVA recibió en 2024 el visto bueno del BCE y, en abril pasado, el de la CNMC, que la aprobó con condiciones para evitar riesgos como la reducción del crédito a pymes; pero en mayo el Gobierno decidió elevarla al Consejo de Ministros, que finalmente le dio luz verde con condiciones adicionales.

Antes de que este se pronunciase, la Comisión ya había advertido de que, teniendo el visto bueno del BCE y la CNMC (las autoridades competentes por los volúmenes de la transacción), no había razones para que el Gobierno rechazase la opa y, tras conocer la decisión final, reiteraron que cualquier condición debía ser "excepcional, proporcionada y justificada por razones de interés público válidas".

Sin embargo, al análisis del Ejecutivo comunitario había comenzado un año antes, en mayo de 2024, tras recibir una denuncia a raíz del anuncio de la opa que alertaba de que las normas de ordenación, supervisión y solvencia bancaria nacionales podían ser contrarias al Derecho comunitario, lo que le llevó a iniciar un diálogo informal con las autoridades españolas (EU Pilot) para esclarecer si había infracción.

Cuando el pasado mayo se anunció que la operación iría al Consejo de Ministros, ese análisis se amplió a la Ley de Defensa de la Competencia de 2007 en la que se sustentó el movimiento y, en particular, a la lista de razones de interés general que permiten al Gobierno intervenir en una operación. La Comisión considera que esta ley otorga al Gobierno la facultad de prohibir una concentración por razones distintas al interés general, aunque precisa que el problema principal no es la legislación en sí misma, sino el modo en que se ha aplicado en este caso puesto que creen que no había motivos de interés público genuinos para llevarla a Consejo de Ministros, según explicaron fuentes comunitarias.

Para cerrar el expediente, España tendría que enmendar su legislación, en particular hacer una modificación importante de la ley y real decreto de supervisión de entidades de crédito puesto que pueden socavar los poderes del BCE.

En el caso de la Ley de Competencia, se trataría más bien de orientar y utilizar adecuadamente los artículos controvertidos, según fuentes comunitarias.

La apertura del expediente, en principio, no afecta al curso de la opa o las decisiones ya tomadas sobre la misma puesto que la infracción concierne a las leyes utilizadas, no a la transacción concreta.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha presentado su candidatura a la presidencia del Eurogrupo, una institución que, en su opinión, juega "un papel crítico" en la definición de la agenda política europea y a la que España pretende dar "un impulso renovado". Según fuentes del Ministerio recogidas por EFE, Cuerpo defiende que la agenda política europea debe abordarse de manera "urgente, ágil y con ambición" en el actual escenario geopolítico.

El ministro sostiene que "ese nuevo impulso permitiría avanzar en ámbitos determinantes para el crecimiento, el refuerzo del estado del bienestar y la integración entre los países de la eurozona".

Cuerpo pone como ejemplo "la agenda para el impulso de la competitividad o la profundización de la Unión de Ahorros e Inversiones para avanzar en el Mercado Único europeo", así como el "refuerzo del papel internacional del euro ", la estabilidad financiera y la responsabilidad fiscal.

Según las mismas fuentes, el ministro es un "firme defensor" del proyecto común y está convencido de que "el Eurogrupo puede y debe ser una palanca para impulsarlo".

El Eurogrupo es un organismo informal de los ministros de Economía y Finanzas de los países que comparten el euro y sus cometidos principales son coordinar políticas económicas, revisar la situación macroeconómica de la zona euro, abordar reformas estructurales y preparar decisiones para el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin).

Desde julio de 2020, la presidencia la ocupa el irlandés Paschal Donohoe. Los ministros interesados en disputarle el puesto tenían hasta este viernes presentar sus candidaturas. El proceso se resolverá en la reunión del próximo mes de julio y para salir elegido presidente es necesario el apoyo de una mayoría simple de los países de la eurozona.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha mantenido en el 0,6% el crecimiento avanzado para la economía española en el primer trimestre, lo que supone una décima menos respecto al trimestre previo y el crecimiento trimestral más bajo desde el segundo trimestre de 2023, según informa EFE. La moderación de una décima se explica por la ralentización del consumo y la inversión, aunque ambos componentes siguen sosteniendo el crecimiento económico.

Los datos publicados por el INE este miércoles cambian ligeramente la composición de ese crecimiento respecto a lo adelantado en abril, con un peso mayor de la demanda nacional (consumo e inversión), que aportó 0,5 puntos al avance trimestral, frente a los 0,1 puntos de la demanda externa (exportaciones e importaciones).

Para el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, son "muy buenas noticias", dado que el pulso del crecimiento se mantiene en 2025 y es mayor en España que entre los principales socios europeos, lo que se suma un mercado de trabajo que mantiene "una buena dinámica", según ha afirmado en declaraciones a RNE.

El gasto en consumo de los hogares creció el 0,6%, dos décimas más de lo avanzado, pero inferior al 0,9% del trimestre previo, mientras que la inversión aumentó el 0,9%, tres décimas más de lo adelantado, pero dos puntos inferior al del cuarto trimestre.

El gasto en consumo de las administraciones públicas se contrajo un 0,4%, frente al avance del 0,1% del trimestre anterior, lo que supone el peor registro desde el segundo trimestre de 2022.

La inversión empresarial en maquinaria y bienes de equipo se frenó en mayor medida, al pasar de un crecimiento del 7,6% en el cuarto trimestre a un 1,6% en el primero, mientras que la inversión en vivienda y construcción aumentó dos décimas al registrar un avance del 1,9%.

Las exportaciones repuntaron un 1,7%, frente al 0,1% del trimestre previo, si bien las importaciones también crecieron en mayor medida, un 1,6%, con lo que la contribución de la demanda externa al crecimiento del PIB se quedó en una décima.

El PIB a precios corrientes marcó un nuevo máximo en 411.209 millones de euros, 4.580 millones más respecto al último trimestre de 2024, aunque 157 millones inferior al dato avanzado en abril.

La agricultura fue el sector económico que más creció entre enero y marzo, el 8,2%, seguida de la industria (1%), la construcción (0,4%) y los servicios (0,2 %).

Dentro de los servicios destaca el avance del 1% de las actividades inmobiliarias y del comercio, transporte y hostelería, así como la caída del 3,9% de la actividad de información y comunicaciones.

Las horas efectivamente trabajadas cayeron un 0,5% trimestral, mientras que los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo aumentaron un 0,9%.

La productividad por hora trabajada creció el 1,1% en un trimestre en el que la remuneración de los asalariados aumentó el 1,3%, frente al incremento del 2% del excedente de explotación bruto/renta mixta bruta (asimilable al margen empresarial).

La Oferta Pública de Adquisición (opa) que el BBVA lazó sobre el Sabadell hace un año se ha convertido en la operación empresarial más mediática de los últimos tiempos. Este martes entra en una nueva fase, ya que el Ministerio de Economía deberá decidir si guarda silencio y permite su aprobación, si impone condiciones a la operación o si decide elevar la decisión al Consejo de Ministros para un examen más exhaustivo. A unas horas de que se conozca la decisión final del Gobierno, desde el Ministerio de Economía señalan que “por el momento” no van a dar detalles sobre la consulta pública que el Ejecutivo cerró el pasado 16 de mayo. Aunque más allá de esto, las posiciones de muchos grupos se han ido haciendo públicas estas semanas. 

Desde Cataluña, sede actual del Sabadell, llegan las reticencias más fuertes, que alinean tanto a los consumidores con las opiniones de los foros económicos, como a la patronal de los empresarios o a Junts. A nivel nacional el PP tampoco se ha mostrado partidario —"a mí me gusta la competencia bancaria", señalaba Alberto Núñez Feijóo la pasada semana— y tampoco sindicatos o asociaciones de consumidores respaldan la fusión. Sí lo han hecho, en cambio, reguladores como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o el Banco Central Europeo. Ahora es el Gobierno quien debe decidir y, hasta el momento, ha estado más en el lado del 'no'. Desde Sumar, se oponen abiertamente y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha evitado pronunciarse. “Es un gravísimo error facilitar esta opa”, apuntó la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en vísperas de que el Gobierno se pronuncie.

Este mes el Banco Central Europeo (BCE) lanzaba una recomendación al sector financiero, conminándoles a crear bancos más grandes y solventes, animando incluso a fusiones transfronterizas para crear grandes entidades europeas. Si bien la recomendación evitaba hacer alusión a entidades particulares, en España la referencia era inevitable. “Nosotros lo que buscamos es la estabilidad del sistema financiero en la zona euro y España es un país importante”, aseguraba hace dos semanas el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos. Por su parte, la CNMC dio el visto bueno a la opa a finales de abril, aunque puso condiciones y señaló algunos riesgos, como el posible empeoramiento de las condiciones para particulares, pymes y autónomos “derivados de la posición competitiva preponderante que obtendrá el banco” y recomendaba vigilar posibles efectos de exclusión financiera por del cierre de oficinas presenciales, por ejemplo en zonas rurales. 

Pese a que el BBVA se ha comprometido a respetar algunas de estas demandas, desde la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), insisten en que los contras pesan más: “Al margen de las cuestiones que afectan a la competencia en un sector que sufre las consecuencias de la concentración, consideramos que existen aspectos relacionados con la operativa bancaria y la atención a los clientes en un ámbito que es crítico”, señalan a infoLibre. Este es uno de los puntos en los que la CNMC insistió para dar el visto bueno a la operación, pero el perfil digital del banco vasco no convence a Asufin: “En el de los mayores de 65 años el acceso se ve claramente perjudicado. BBVA no está emitiendo, por ejemplo, libretas de ahorro para nuevos clientes y solo mantienen las de sus antiguos clientes”, concluyen.

En el lado del Sabadell, que ha tratado de evitar la absorción desde el primer momento, también se sitúan actores tan dispares como UGT y Comisiones Obreras, Junts, Partido Popular, Foment del Treball o el Cercle d'Economía de Barcelona. El Cercle fue la última institución en pronunciarse después de que concluyese el plazo de la consulta pública que convocó el Gobierno y lo hizo en contra de la oferta de adquisición. Insistían en que se debía promover un desarrollo “armónico” en los territorios y privar a Cataluña del Sabadell —que tiene sede en Barcelona— redundaría en un “desequilibrio territorial”. También la patronal catalana, Foment del Treball está en esta posición, y recientemente reclamó al Gobierno que paralizase la operación “para defender el interés general”. No así CEOE, la patronal nacional, que ha preferido mantenerse en una posición neutral.

Del lado de los sindicatos, el principal punto para oponerse a la operación está en la pérdida de empleos que podría suponer una hipotética fusión. En un informe que UGT y Comisiones Obreras han remitido al Ejecutivo, señalan que la pérdida de empleos se podría mover en un rango entre 7.000 y 10.500 puestos de trabajo directos e indirectos. Este mismo lunes, la vicesecretaria de UGT de Cataluña, Cati Llibre se dirigía al Ejecutivo para señalar que hay “evidencias sobradas para que se opongan a esta operación de concentración financiera”. Un argumento que ha reforzado Díaz, cuando en la misma jornada señaló que “España es un país que está en alerta sobre la concentración bancaria y esto va a encarecer el coste financiero de las pequeñas empresas catalanas y de las familias”, remarcó.

De los grandes bancos españoles, el BBVA y Bankinter son los únicos que no habían realizado grandes movimientos de fusión. El último que realizó la entidad vasca fue en 2014 cuando se unió a Caixa Cataluña y la repercusión mediática de la operación comercial actual está siendo más marcada que en otras grandes uniones como la de CaixaBank con Bankia. De hecho, si la operación sale adelante, el banco resultante sería el segundo más grande de España, por detrás del Santander.

“Hay varios puntos que han hecho que la operación tenga más resonancia. Primero, la oposición del Sabadell y su arraigo social en Cataluña. Esto ha movilizado a muchos actores porque además de las consideraciones técnicas, existe el convencimiento de que parte de su valor fundamental está en el arraigo y el servicio que presta allí y que se podría ver comprometido”, explica Carlos Balado, profesor de OBS Business School y director de la consultora financiera Eurocofín. El segundo factor, detalla, es la posición no neutral del Gobierno, que siempre ha sido más próximo al 'no' y que, al convocar una consulta pública, introdujo un procedimiento “que no se había visto hasta ahora”.

“Hay un condicionante social, de sensación de que con la fusión se pierde algo apreciado y, por otro lado, hay un debate político que se da también dentro del propio Gobierno”, concluye Balado. A la espera de lo que vaya a anunciar el ministro Carlos Cuerpo, no parece que haya consenso en el seno del Gobierno. Entre las posibilidades que se abren ahora está que Economía avale la operación o lo haga imponiendo condiciones que el BBVA deberá aceptar. Si por el contrario decide llevar la opa al Consejo de Ministros, el proceso aún se alargará un mes más, el plazo oficial que tiene este órgano para emitir una decisión final.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha querido transmitir un mensaje de confianza durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados de este miércoles y la idea de que el Gobierno está "preparado" para responder a la guerra comercial iniciada por Trump. Además, ha garantizado que "no habrá competencia entre empresas" para acceder a las medidas incluidas en el "plan de respuesta y relanzamiento comercial", ya que irán aumentando en función de las necesidades de las compañías.

El plan, diseñado por el Ejecutivo para mitigar el impacto de los nuevos aranceles estadounidenses, está dotado con más de 14.100 millones de euros, una cantidad que irá aumentando "conforme se vaya utilizando" para que ninguna empresa que lo necesite se quede sin acceso a "esta red de protección de instrumentos financieros y comerciales".

"No habrá competencia entre empresas para el acceso a estas medidas", ha remarcado el ministro durante su comparecencia para informar sobre dicho plan, donde ha detallado que en torno a 500 empresas representan el 77% del total de las exportaciones españolas a Estados Unidos.

Cuerpo ha explicado que el decreto-ley garantiza que el acceso a todas estas medidas se basará en un criterio "no arbitrario", sino teniendo en cuenta el grado de exposición al mercado estadounidense, a nivel empresaria, sectorial y territorial.

El objetivo es "dar una respuesta a las empresas que más lo necesiten, que sean capaces de tirar de estas ayudas y poder compensar ese potencial efecto negativo" de los aranceles, ha subrayado el titular de Economía.

En su opinión, lo que cabe esperar de estas medidas arancelarias es "un impacto económico negativo", que de hecho ya lo ha tenido incluso antes de que entraran en vigor como consecuencia de la incertidumbre, y ya estamos en "un mundo más fragmentado, más empobrecido y menos seguro".

No obstante, ha reconocido que existen "enormes dificultades" para estimar el impacto real de los aranceles, teniendo en cuenta que dependerá de cuestiones como el impacto en los tipos de cambio, la evolución de los tipos de interés, la respuesta de empresas y consumidores, la redistribución de los flujos comerciales o la respuesta de otros países afectados. Además, podría afectar a otros sectores, como por ejemplo el turismo, que es clave para algunas regiones españolas como las islas.

Cuerpo ha hecho un repaso a las medidas incluidas en el plan y ha dejado claro que "es un punto de partida" y "una herramienta abierta al diálogo con todos, con los agentes sociales y, por supuesto, con los grupos parlamentarios", con quienes el Ejecutivo sigue negociando para lograr su convalidación.

En cuanto a las críticas del PP, Cuerpo ha instado a la oposición a ser "valiente" y apoyar las medidas contra la crisis arancelaria, ya que rechazarlas alegando cambios de última hora sería "una decisión política".

Así ha respondido a las amenazas del PP de abandonar las negociaciones si ve "trampas" para favorecer a Junts, después de que la formación independentista alegara que el 25% de las ayudas irán a Cataluña, algo que ha sido matizado por el Gobierno.

"No se trata de favorecer a una empresa según dónde esté situada", ha insistido el ministro, "sino de dar una respuesta justa" en función de la exposición a los aranceles de cada sector. "Es sentido común", ha resumido.

Ante las reiteradas peticiones del diputado del PP Juan Bravo de que aclare por qué el texto del real decreto ley aprobado el martes difiere del último borrador, Cuerpo ha detallado los cuatro cambios, todos ellos menores o de carácter técnico.

"Si quieren utilizar esto como motivo" para justificar el rechazo al real decreto ley "es una decisión política", ha apuntado Cuerpo, que ha instado al PP a ser "valiente" y seguir negociando las medidas hasta lograr un acuerdo entre todos los partidos que están dialogando porque "no hay ningún elemento de engaño".

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, insistió este martes que está trabajando para que los impuestos a la banca y el sector energético sean permanentes porque, aseguró, no han impedido que en 2023 el país fuese el número uno del mundo en inversiones de energía renovables o que los dos sectores tuvieran resultados récord, según EFE.

"La prórroga o el establecimiento de manera permanente de estos dos gravámenes forman parte del acuerdo de Gobierno y estamos ahora mismo precisamente viendo cómo reestructurar estos impuestos para ser capaces de ajustarlos a ese carácter permanente", declaró el ministro en Toronto a la conclusión de una visita oficial de dos días a Canadá.

El ministro de Economía añadió que lo que el Gobierno está valorando es cómo conseguir el equilibrio entre "impuestos que contribuyan, a través de una mayor progresividad, a financiar el Estado del bienestar pero también que ayuden a mantener ese esfuerzo inversor que vamos a necesitar". Asimismo, aseguró que durante los dos años que los impuestos a la banca y el sector energético han estado en vigor, esta política ha funcionado porque en 2023 España fue "el primer país del mundo en número de nuevos proyectos de inversión en materia de energía renovable".

Preguntado sobre si había margen de maniobra en cuanto a la forma que adoptaría un impuesto permanente, aseguró que "tiene que pasar por el acuerdo de los distintos grupos parlamentarios y es en ese ámbito en el que estamos terminando de aterrizar los detalles". "Pero como decía, con vistas a mantener ese equilibrio en lo que proporcionan en materia de progresividad y además, hacerlo sin afectar o minimizando el impacto que pueda tener de cara a esos grandes proyectos de inversión que en el caso energético, está muy claro que vamos a necesitar en las próximas décadas", añadió.

Cuerpo aseguró que no quería "especular" sobre si otras empresas podrían seguir la postura de Repsol, que ha indicado que la permanencia del impuesto podría afectar sus inversiones en España.

"No especularía sobre las decisiones que tengan que tomar las empresas hacia adelante. Simplemente remarcar que nosotros lo que queremos es tener un marco que siga favoreciendo la llegada de inversiones en el ámbito de las energías renovables, que es una gran apuesta de este Gobierno y que ya está dando enormes resultados", explicó. "Esperamos que esto pueda seguir hacia delante y por supuesto también con la colaboración y la aportación de Repsol", continuó.

El responsable económico tampoco quiso contestar directamente a Junts, que el martes cuestionó su apoyo a los presupuestos si se mantenía el "impuestazo" a la banca y el sector energético, pero expresó su optimismo a que el Gobierno conseguirá llegar a un acuerdo con la mayoría del Congreso. "Yo siempre soy muy optimista con respecto a la negociación de los presupuestos", declaró.

"Evidentemente somos conscientes de la dificultad. Pero estamos negociando y yo espero que a lo largo de las próximas semanas, próximos meses, de aquí a final de año, podamos tener un proyecto de presupuestos sobre la mesa y éste pueda ser aprobado por la mayoría del Congreso", añadió. El ministro de Economía, sobre todo, insistió en que los presupuestos tienen que encontrar "el equilibrio adecuado".

"Hay que seguir con ese elemento de responsabilidad fiscal y hacerlo compatible con seguir creciendo o ser la economía de las grandes de la zona euro que lidere el crecimiento. Esa discusión, esa negociación que tenemos ahora, nos tiene que llevar a encontrar ese punto de equilibrio en el cual esperemos que todo el mundo pueda apoyar estos presupuestos y apoyar esas enormes necesidades de inversión que vamos a tener hacia adelante", concluyó.