La concentración bancaria, un argumento que une a Sumar, PP y sindicatos contra la opa del BBVA

La Oferta Pública de Adquisición (OPA) que el BBVA lanzó sobre el banco Sabadell hace un año, se ha convertido en otro frente abierto para el Gobierno. El último escenario de esta larga operación es el Cercle d’Economía, celebrado en Barcelona esta misma semana y donde el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunció que abriría una consulta pública para comprobar si la operación se alinea con “el interés general”. La propuesta de adquisición hostil se lanzó el pasado mayo con la negativa del Sabadell y la pasada semana la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dio el visto bueno para que el BBVA llevase a cabo la fusión con algunas condiciones. Una vez en este punto, la pelota queda en el tejado del Gobierno, que será quien deba decidir ahora si la operación culmina o no con la creación de una entidad única, que se convertiría en el segundo banco más grande de España. Hasta ahora, la posición oficial había sido contraria, aunque está por ver lo que puede ocurrir en las próximas semanas.

En este marco han comenzado a intensificarse las reacciones políticas y los diferentes grupos han empezado a manifestar sus posiciones. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (Sumar) ha expresado estar “radicalmente en contra”. Por otro lado, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sugería en un encuentro con empresarios que a él le “gusta la competencia bancaria”. En el ámbito sindical, Comisiones Obreras y UGT señalaban que los trabajadores “saldrían perdiendo” con la fusión y la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) tampoco se muestra partidaria: “La concentración bancaria siempre va en contra del consumidor”, explica su presidenta, Patricia Suárez.

Uno de los argumentos que esgrimen quienes se oponen a la fusión —y que curiosamente comparten grupos tan separados como PP, Sumar o sindicatos— es el peligro que supone la concentración bancaria y la reducción de la competencia entre entidades. “La concentración bancaria en nuestro país no ha sido buena para el consumidor, ha reducido empleados y, por tanto, la atención personalizada. Ha reducido las oficinas y ha limitado el acceso de los ciudadanos a las oficinas favoreciendo la exclusión financiera”, señala Suárez. Además, puntualiza, el hecho de que haya menos bancos se traduce en una menor presión para ofrecer condiciones ventajosas a los clientes: “Termina por hacer que todos los servicios sean notablemente más caros y que tengamos menor oferta”, concluye.

La otra pieza de este puzzle es Junts. El partido de Carles Puigdemont se ha movido en la oposición a la opa, aunque uno de sus consejeros afines, Pere Soler, no se pronunció en contra pese a que formaba parte del comité que dio luz verde a la operación en la CNMC. “En Cataluña hay un problema especialmente grave de competencia”, señalaba Puigdemont en un hilo de X donde explicaba la posición de su grupo.

Tanto Sumar como sindicatos han expresado también su preocupación por las repercusiones que este movimiento empresarial tendría en el empleo. “Esto va a encarecer los costes de financiación de los hogares y pequeñas empresas” y supondrá "el despido de 5.000 trabajadores", puntualizaba Díaz. Por su parte, desde Comisiones Obreras también advierten en una nota de prensa que una nueva “oleada de concentración” perjudicaría el clima laboral “con mucha mayor presión comercial y carga de trabajo”. En el mismo sentido, UGT advierte que la concentración bancaria resultante de la fusión “elevaría el control del mercado por parte de dos grandes entidades a cerca del 74% de las oficinas, en detrimento de la competencia, la calidad del servicio y la inclusión financiera”.

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Desde dentro del Gobierno, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendió en la tarde del martes la consulta pública que había anunciado el presidente del Ejecutivo. “No es una información vinculante”, señaló, aunque también insistió en que serviría “para tomar una decisión informada y para hacer una valoración lo más completa posible”. Llegados a este punto, la normativa de Defensa de la Competencia recoge que el Ministerio de Economía dispone de 15 días hábiles para elevar o no la decisión al Consejo de Ministros. Al hacerlo, el organismo contaría con otro mes de plazo para debatir una solución. Una vez aquí, también se decidiría si se mantienen, se amplían o se eliminan las recomendaciones que da la CNMC en su informe. En este largo recorrido, el Gobierno se ha opuesto públicamente desde el primer momento a una fusión del BBVA y el Sabadell, pero la duda está en qué hará ahora tras el visto bueno unánime de Competencia.

Riesgos y compromisos

Algunas de las críticas a la operación que se están dando en el terreno político aparecen reflejadas en el documento remitido por la CNMC. Entre los riesgos que se mencionan está el posible empeoramiento de las condiciones para particulares, pymes y autónomos “derivado de la posición competitiva preponderante que obtendrá el banco”. Además, el documento habla de peligro de exclusión financiera “especialmente en zonas rurales y colectivos dependientes”, debido al cierre de oficinas y del menor número de cajeros.

En este punto, el BBVA recogió las recomendaciones y propuso algunas medidas destinadas a desbloquear la operación. En un comunicado aceptó las cuestiones planteadas por el regulador, comprometiéndose, entre otras cosas, a mantener presencia física en municipios con poca población o a mantener la política comercial de productos y precios a nivel nacional.