El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha enviado a juicio a la formación política PdeCAT, a su predecesora, Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), y a sus extesoreros Germà Gordó, Daniel Osácar y Andreu Viloca por el denominado caso 3%, la estructura puesta en marcha supuestamente para financiar al partido de forma ilegal a través de licitaciones de obra pública, según informa Europa Press.

En un auto de este mismo martes, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 acuerda la apertura de juicio oral para un total de 30 personas físicas, entre ellas políticos, empresarios y funcionarios de distintas administraciones e instituciones públicas de Cataluña.

De igual forma, abre juicio respecto a 16 personas jurídicas, mientras que decreta el archivo provisional parcial para Juan Antonio Carpintero, presidente de la constructora Grupo Ortiz.

Pedraz declara a la Sala de lo Penal de la AN como el órgano competente para enjuiciar estos hechos y da un plazo de tres meses a las defensas de los acusados para presentar sus escritos de defensa.

En el auto de apertura de juicio oral, el juez instructor recoge los escritos de acusación tanto de la Fiscalía Anticorrupción como de los ayuntamientos de Barcelona y de Sant Cugat del Vallés.

Tal y como se dio a conocer la semana pasada, el Ministerio Fiscal considera que los hechos son constitutivos de los delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas, corrupción entre particulares, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado penas de más de 20 años de prisión para los acusados y una multa de 3 millones de euros para el PdeCAT por la "estrategia para el financiamiento ilícito" que se habría realizado "sistemáticamente" a lo largo de los años en su predecesora política, la extinta CDC, en el marco del caso del 3%.

En su escrito, el fiscal José Grinda acusa a 30 personas físicas y a 14 personas jurídicas, además de a sendas formaciones políticas, solicitando una condena de 21 años y 4 meses de cárcel para el extesorero de CDC Andreu Viloca y de 18 años y 10 meses para el también responsable de las cuentas de la formación Germá Gordó, que fue asimismo consejero de Justicia del Govern con Artur Mas.

Además, pide 1 año y medio de cárcel sustituida por trabajos en beneficio de la comunidad para el exresponsable de finanzas de CDC y extesorero de las fundaciones Daniel Osácar; 1 año de cárcel y otro de trabajos en beneficio de la comunidad para el exresponsable económico de CDC Francesc Xavier Sánchez; 10 años de prisión para la jefa económica y financiera de CDC Anna Dolors, y 14 años para el gerente y coordinador del Área Económica de CDC Carles del Pozo.

Anticorrupción pide imponer la multa de 3 millones al PDeCAT al considerar que, "lejos" de ser "un nuevo partido independiente" de Convergencia Democrática, su nacimiento se entiende como "la mera transformación o cambio de apariencia de una misma realidad, con la finalidad de desconectarse de las responsabilidades en las que pudiera haber incurrido la formación política precedente, CDC".

El Ministerio Público detalla en su escrito de acusación que en el período de 2008 a 2015 "altos cargos de CDC, en connivencia con cargos públicos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas de Cataluña, y con los diferentes empresarios acusados, pusieron en marcha una estructura para financiar a este partido político ilegalmente y en forma encubierta".

Para la Fiscalía, los ingresos que CDC recibió de sus fundaciones con esta operativa "significaron una fuente de financiación del partido que supuso, en el período comprendido entre los ejercicios 2008 a 2012, una media del 11,5% de la financiación privada del partido y de un 7,7% en la financiación total" de la formación.

Bajo su estructura jerarquizada, los acusados adscritos a CDC y con Gordó al mando "llevaban a cabo un control y seguimiento de las licitaciones de obra pública y servicios ofertadas por diferentes administraciones del ámbito autonómico catalán, bajo la esfera de poder" del partido, ya fuera en ayuntamientos, diputaciones, municipios u organismos dependientes de la propia Generalitat.

Para el resto de acusados, entre los que se encuentran los empresarios a los que se imputan estos hechos, la Fiscalía solicita penas que oscilan entre los 11 años de prisión o condenas sustituibles por multa y trabajos en beneficio de la comunidad.

El escrito de Fiscalía llega dos años después de que el entonces juez instructor, José de la Mata, dictase en 2020 un auto de pase a procedimiento abreviado que puso fin a una investigación iniciada en 2015 por actuaciones irregulares en Torredembarra (Tarragona) y que, a medida que crecía, se remitió a la Audiencia Nacional en 2018 debido a su "grave repercusión" para la economía española.

La Audiencia Provincial de Barcelona ha decretado el archivo de la causa que seguía contra Junts y PDeCAT por los 6,6 millones que Convergència Democràtica de Cataluña (CDC) fue condenada a pagar por el desfalco del Palau de la Música, según consta en una providencia consultada por Europa Press.

El archivo se produce después de que ninguna de las partes haya recurrido el auto del 15 de febrero por el que la Audiencia acordó paralizar la causa por falta de competencia para determinar quiénes son los sucesores de CDC, debido al procedimiento concursal que se sigue contra CDC ante el Juzgado Mercantil número 9 de Barcelona.

La sentencia del caso Palau de la Música condenó a 9 años y 8 meses de prisión y multa de 4,1 millones de euros al que fue máximo responsable del Palau de la Música Catalana, Félix Millet, y a 7 años y 6 meses de prisión y multa de 2,9 millones de euros al también exresponsable de la misma entidad Jordi Montull.

Además, ordenó comisar 6.676.105,58 euros a CDC, que en 2020 presentó un concurso voluntario de acreedores que asumió el Juzgado Mercantil número 9, que ahora tiene preferencia para determinar cómo deben pagarse las deudas del partido.

La sección 10 de la Audiencia de Barcelona reconoció la competencia preferente del juzgado mercantil después de que el Tribunal Supremo así lo determinara en un conflicto de competencia, y la providencia de archivo ya es firme.

En un escrito de acusación de 10 de noviembre, al que ha tenido acceso Europa Press, dirigido al Juzgado de Instrucción Número 1 de El Vendrell, el Ministerio Fiscal atribuye al excargo presuntos delitos de prevaricación continuada y cohecho pasivo y por un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

Asimismo, ha reclamado que aporte en concepto de responsabilidad civil y de forma subsidiaria junto a otros dos acusados el importe de 443.934 euros para indemnizar al consistorio.

Según recoge el escrito del Ministerio Público, en la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Torredembarra de 21 de junio de 2011 se acordó la resolución del contrato de gestión del servicio de limpieza viaria con la hasta entonces concesionaria Cosbapsa.

Ese mismo día se acordó también la adopción de medidas provisionales en el expediente de modificación del contrato del servicio y transporte de residuos en el término de Torredembarra, adjudicando a la empresa Nordvert SL dicha tarea pública.

Fiscalía le acusa de abusar de su posición de confianza 

Según el relato del Ministerio Fiscal, Masagué "consiguió la mayoría abusando de la posición de confianza y superioridad respecto de los concejales que votaron a favor" e "impidió que tanto el secretario como la interventora informaran en persona en dicho Pleno, hurtando el conocimiento de sus informes negativos a dichos concejales".

Para "lograr estos objetivos" los responsables de Nordvert SL, "de común acuerdo" con Masagué -entonces alcalde de Torredembarra-, le realizaron "varios pagos" con la condición de que "actuara en favor de su empresa".

El fiscal José Grinda sostiene en su escrito que durante la vigencia del contrato referido anteriormente "se produjeron varios ingresos en efectivo" en las cuentas del acusado. "El importe total fue de 26.935 euros", ha precisado.

En el marco del relato de hechos, ha asegurado también que entre 2009 y 2013 "se adjudicaron obras públicas en la localidad de Torredembarra a la empresa Teyco SL, a cambio de contraprestaciones económicas que recibió Daniel Masagué Pere". Para ello, el entonces alcalde usó tres sociedades mercantiles de las que tenía el control. Adjudicó concursos relativos a un aparcamiento, el servicio de aguas y la reforma de una comisaría.

Asimismo, figuran adjudicaciones que se produjeron entre 2009 y 2014 por parte del Ayuntamiento a Vicsan Torredembarra SA y a Griñó Ecològic, "las cuales fueron determinadas por diversas entregas de dinero". Según Anticorrupción, Masagué también habría cobrado comisiones por ello.

En el marco de la investigación, la Fiscalía atribuye responsabilidades penales a otras 16 personas naturales y a 18 personas jurídicas.

La investigación judicial sobre el patrimonio oculto de la familia Pujol Ferrusola ya ha concluido y está a la espera de juicio. De momento, las conclusiones de la Fiscalía Anticorrupción están claras: un entramado delictivo que se extendió en el tiempo durante décadas y que estaba organizado a tres niveles. El primero, la obtención de la enorme fortuna que manejaron, que los fiscales sitúan en el cobro de comisiones ilegales; el segundo, la creación y gestión por parte del primogénito de una compleja red de empresas sin actividad para mover ese dinero; y el tercero, la apertura de cuentas bancarias en Andorra a nombre de la mujer del expresidente catalán y los siete hijos para ocultar los fondos al fisco español.

Así lo explica el escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso infoLibre, en el que los fiscales del caso exponen el papel que tuvo cada miembro del clan en una trama que considera una organización criminal dirigida al enriquecimiento y la ocultación de una fortuna de la que, sin embargo, no se ha podido establecer un origen concreto. El escrito comienza con el comunicado que Jordi Pujol envió a los medios de comunicación en verano de 2014 en el que hablaba de una supuesta herencia que su padre habría dejado a su mujer y sus hijos en 1980 y de la que "nunca se encontró el momento adecuado para regularizar". De la investigación posterior, tal y como concluye Anticorrupción, no hay ni rastro de esa herencia y sí muchas actividades supuestamente ilícitas que implican posibles delitos de blanqueo de capitales, fraude a la Hacienda Pública y falsificación de documentos, entre otros.

Aunque el comunicado del expresident Pujol es de julio de 2014, la familia ya era objeto de titulares por la denuncia que había presentado un año y medio antes la examante del primogénito. Ahí radica el origen de la investigación que ha acabado con el clan al completo a punto de ser enviado al banquillo en la Audiencia Nacional –el juicio se hará esperar un poco más–. Tal y como recuerda Anticorrupción en su escrito, en diciembre de 2012 Victoria Álvarez denunció que Jordi Pujol Ferrusola "disponía de grandes cantidades de dinero en efectivo y en billetes de alto valor que introducía en España desde Andorra", que "tenía negocios en países como Andorra, el Reino Unido, Argentina y México", y que había escuchado conversaciones entre el hijo mayor, su esposa y su madre "sobre dinero que se encontraba en el extranjero”.

Administraciones controladas por Convergència

Para la Fiscalía, la historia se enmarca en los tiempos en que Pujol ejerció como presidente de la Generalitat de Cataluña, diputado en el Parlament y presidente del partido Convergència Democrática de Catalunya (CDC), cargos con los que "aprovechó" para tejer una "red de clientelismo" con la que construyó un "entramado" a través del cual tanto él como "determinados empresarios afines" a la formación política se repartieran "sobresalientes beneficios de concursos públicos cuya resolución dependía de las diferentes administraciones catalanas bajo el control de CDC". Los fiscales no concretan desde qué año hasta qué año estuvo en marcha esa red clientelar, pero sí destacan que Pujol estuvo en lo más alto de la política catalana durante más de treinta años.

"Así consiguió un patrimonio, ajeno a sus ingresos legales, que hubo de ocultar a la Hacienda Pública española y, en particular, a la sociedad catalana", explica el escrito. He aquí donde entran el resto de miembros de la familia, con cuya "connivencia" y de forma "coordinada" a lo largo de "muchos años" se mantuvo un entramado para "ocultar el auténtico origen del dinero", a través de cuentas bancarias en Andorra, y "disfrutar del mismo, una vez oscurecido su origen". En la cúspide de esa trama, el propio expresident, su esposa, Marta Ferrusola; el hijo mayor de ambos, Jordi Pujol Ferrusola, y la mujer de éste, Mercé Gironés. El resto se dedicaron a beneficiarse "directa y conscientemente del producto de las conductas anteriores, coadyuvando a ocultarlas".

Pero si hay un verdadero protagonista del escrito de acusación de la Fiscalía es el primogénito. Jordi Pujol Ferrusola aparece como el artífice de las operaciones bancarias y societarias que mantuvo durante años para ocultar el patrimonio familiar, con la participación de su entonces esposa y siempre "en cumplimiento de lo acordado por sus padres". No en vano, Pujol Ferrusola es el único del clan que ha pasado por prisión provisional, donde estuvo ocho meses en 2017, y es el que se enfrenta a una petición más alta de pena: 29 años de cárcel por asociación ilícita, blanqueo de capitales, cinco delitos contra la Hacienda Pública, falsificación de documento mercantil y frustración de la ejecución en relación con la gestión de su patrimonio. Para el padre, Anticorrupción pide nueve años y para el resto de los hijos, entre 8 y 17 años. Marta Ferrusola no ha sido acusada al habérsele archivado las diligencias por enfermedad.

Contrataciones ficticias con ingentes ingresos

En lo que respecta a la ocultación del dinero en Andorra, los miembros del clan y la esposa del primogénito fueron "titulares y/o dispusieron de fondos en cuentas bancarias" desde 1990 en la entidad Andbank y después en la Banca Privada de Andorra (BPA) "que al tiempo de cumplimentar la solicitud ya habían sido canceladas, a excepción de cuentas de Josep Pujol Ferrusola". Y en lo referente a las sociedades mercantiles investigadas, todas tenían como socios, apoderados o administradores a Pujol Ferrusola y Gironés. Del análisis realizado en los ocho años de pesquisas, los fiscales concluyen que no había diferenciación alguna de actividades entre ellas y no reflejan ninguna justificación económica y jurídica de las operaciones que declaraban realizar. En resumen, la Fiscalía habla de "contrataciones ficticias" con las que Pujol Ferrusola y Gironés percibieron "ingentes ingresos".

Esas sociedades, que Anticorrupción analiza una por una, no tenían personal –a excepción de una de ellas, una única trabajadora en muy corto periodo de tiempo– y los servicios que afirmaban prestar eran los de “asesoramiento/consultoría e intermediación” en "conocimientos en ingeniería, construcción, inmobiliaria, incluso industria fotovoltaica". Las empresas a las que supuestamente prestaban asesoramiento sí tenían capacidad tanto material como de personal cualificado para realizar tales funciones y todas presentaban una característica común: habían resultado adjudicatarias de contratos con las administraciones públicas de Cataluña.

"La realidad es que la actividad de esas sociedades se confunde con la de los propios acusados. Y todo ello significa que tanto los intereses como sus patrimonios se confunden con los de los propios acusados, acreditado ello al actuar los acusados Jordi Pujol Ferrusola y Mercé Gironés bajo el principio de unidad de caja, consiguiendo de esta manera tributar a través del Impuesto de Sociedades, lo que la realidad ha determinado que son actividades imputables a las personas físicas. La finalidad de las sociedades, por tanto, no era el ejercicio de sus propias actividades mercantiles, por lo que las ganancias obtenidas por las sociedades deben imputarse a estos a razón de su participación en las mismas", explican los fiscales.

Millones en euros, pesetas, libras, marcos y dólares

En lo que respecta a las cuentas en Andorra, el Ministerio Público estima que los Pujol llegaron a amasar al menos 38,79 millones de euros, más de 8 millones de dólares, más de 2,7 millones de marcos y más de 95.000 libras. Es lo que se ha conseguido acreditar. El escrito refleja las numerosas entradas y salidas de dinero que se han podido acreditar con la información facilitada en las comisiones rogatorias enviadas al Principado. Entradas y salidas que, según el año, aparecen tanto en pesetas como en dólares, marcos, libras o euros. En una de las cuentas, por ejemplo, la Fiscalía expone que "se produjeron numerosos abonos millonarios, algunos por transferencias internas de la propia entidad, otros por transferencias desde Suiza, así como ingresos en efectivo o bien ingresos de cheques", aunque "de la mayoría se desconoce su origen". En los ingresos cuyo origen sí se pudo determinar, se ha podido establecer en algún caso la procedencia del cobro de comisiones ilegales.

En muchas ocasiones había "repartos" entre las cuentas de los miembros del clan Pujol Ferrusola, y en esos casos utilizaban en las órdenes de transferencia entre ellos y su gestor bancario la nomenclatura “SAGRADA FAMILIA””. La misma operativa se repetía con origen en una cuenta que recibía una gran cantidad de dinero, tras lo cual las demás recibían exactamente los mismos fondos, haciendo un reparto equitativo entre los hermanos y los padres. Unas cuentas estaban abiertas dos años; otras, más de diez. Aparte de las cuentas de Andorra, Jordi Pujol Ferrusola fue titular de una cuenta en Suiza entre 2002 y 2004 que se abrió con más de siete millones de euros que sirvieron para adquirir un fondo de inversión al que transfirió 4,4 millones más. El fondo fue cancelado y se tranpasaron tanto títulos como dinero a cuentas en Delaware y a otras en Luxemburgo y Ginebra.

La Fiscalía Anticorrupción solicita nueve años de cárcel para el expresidente catalán Jordi Pujol por los delitos de organización criminal o asociación ilícita y blanqueo de capitales. El Ministerio Público dirige su acusación para toda la familia Pujol, salvo para la mujer del expresidente, Marta Ferrusola, para quien se han archivado las diligencias por enfermedad. 

El que más petición de pena acumula es el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, para quien Anticorrupción solicita una condena de 29 años de prisión por asociación ilícita, blanqueo de capitales, cinco delitos contra la Hacienda Pública, falsificación de documento mercantil y frustración de la ejecución en relación con la gestión de su patrimonio. Para el resto del clan, las penas van de los 17 años a los ocho. Así, para la exmujer del hijo mayor, Mercé Gironés, interesa una pena de 17 años, mientras que para Josep Pujol la petición es de 14 años de prisión. Tanto para Pere como para Oleguer, Oriol, Mireia y Marta Pujol Ferrusola, solicita ocho años de cárcel.

Todos ellos actuaron conjuntamente, según el Ministerio Público y ocultaron, al menos desde el año 1991, una ingente cantidad de dinero en Andorra, presunto producto del favorecimiento a  determinados empresarios para que resultaran adjudicatarios de distintos concursos públicos de la administración pública catalana. A esos empresarios implicados en la trama delictiva se les acusa de cooperación necesaria en el blanqueo de capitales mediante la comisión de falsedades en documentos mercantil y se piden penas de dos y tres años de cárcel por delitos de falsedad en documento mercantil en relación medial con un delito de blanqueo de capitales y les impone multas que van desde los 200.000 euros a los ocho millones de euros.

Según el escrito de conclusiones provisionales de la fiscal, Jordi Pujol aprovechó su posición política para tejer una red de clientelismo conforme a la cual el propio expresidente y determinados empresarios afines al partido que este lideraba, Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), se repartían los cuantiosos beneficios procedentes de concursos públicos cuya resolución dependía de las diferentes administraciones catalanas bajo el control de esa formación política.

Multas de hasta 6,84 millones

En cuanto a las multas para el clan Pujol, el Ministerio Público interesa la más alta para el mayor de los hermanos, para el que pide 6,84 millones de euros, sobre todo por delitos contra la Hacienda Pública, mientras que para su ex mujer interesa la cantidad asciende a 668.000 euros. Para Josep Pujol, reclama 932.000 euros y para el patriarca, la petición asciende a 204.000 euros. A estas cantidades hay que añadir las reflejadas en el apartado de blanqueo de capitales, en el que Fiscalía indica que la multa debe ser de las cantidades de las que dispusieron todos ellos (los siete hermanos, el padre y Gironés), que ascendieron a 38,7 millones de euros, 8,17 millones de dólares americanos, 2,73 millones de dólares mexicanos y 95.344 libras esterlinas.

Tras siete años de investigación, la Fiscalía concluye que el expresidente catalán acordó con su esposa que los fondos procedentes de la actividad ilícita ejecutada durante los años anteriores se distribuyesen en cuentas abiertas a nombre de esta y de sus siete hijos en la Banca Reig, que luego se fusionaría con Banc Agrícola dando lugar al Andbank. Los padres acordaron que fuera su primogénito Jordi quien gestionara los fondos y se ocupara de distribuirlos entre el resto de miembros de la familia.

Así, el patrimonio ilícitamente obtenido de las mordidas que pagaban los empresarios fue ocultado al fisco y aflorado después mediante sistemáticas operaciones de blanqueo en las que intervinieron los miembros de la familia Pujol de manera coordinada a lo largo de muchos años. Unos, Jordi Pujol y Marta Ferrusola, dirigiendo las operaciones de ocultación y afloramiento; otros, Jordi Pujol Ferrusola, Mercé Gironés Riera y Josep Pujol Ferrusola, gestionando los beneficios de la actividad descrita; otros, finalmente, beneficiándose directa y conscientemente del producto de las conductas anteriores, coadyuvando a su ocultación.

Entre estas mecánicas, la creación de numerosas sociedades domiciliadas en paraísos fiscales, cuentas abiertas a nombre de terceras personas y múltiples transferencias e ingresos en efectivo, permitieron a la familia Pujol Ferrusola repartir los fondos ilícitos y disponer de ellos mediante cargos en sus cuentas en Andorra, tal y como se relata detalladamente en el escrito de acusación presentado por la Fiscalía Anticorrupción.

Para el juez que instruyó la causa, la procedencia del patrimonio proviene de distintas fuentes que también en algún caso es desconocida, si bien destacaba que existen "indicios sólidos" que acreditan que no procede, como alegan desde el principio los miembros de la familia, de una herencia familiar del abuelo Florenci Pujol. El juez llegó a tiladar de "paradójico" que los investigados nieguen tener "conocimiento del lugar donde estuvo el legado, la entidad o entidades bancarias donde estuvo depositado o fue administrado, el momento y forma en que llegó a Andorra y la cuenta o productos financieros en que estuvo invertido (más allá de meras generalidades)".

Nueve detenidos en la operación por el presunto desvío de fondos al independentismo desvío de fondos al independentismoque la mañana de este viernes han comparecido ante el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona han quedado en libertad provisional tras acogerse a su derecho a no declarar, han informado fuentes jurídicas.

Entre ellos estaba el exconseller de ERC Xavier Vendrell, el exdirigente de CDC y presidente de Aguas de Cataluña, David Madí, y el presidente de la Plataforma proselecciones deportivas catalanas, Xavier Vinyals.

A las puertas de la Ciudad de la Justicia de Barcelona se han concentrado una treintena de personas para protestar por las detenciones y dar apoyo a los nueve arrestados, que llevan desde el miércoles en dependencias de la Guardia Civil.

Osàcar ha continuado su declaración ante el juez por videoconferencia desde los juzgados de Barcelona, según informa Europa Press, después de que el viernes se suspendiera por problemas de sonido, por lo que este martes el juez y fiscal José Grinda se han desplazado a Barcelona, y, sobre la supuesta implicación de Mas, el extesorero ha dicho que no puede imaginarse que no lo supiera, han indicado las citadas fuentes.

En la línea de lo que declaró el viernes, Osàcar –que solo ha respondido al juez y al fiscal, pero no a los abogados de la causa– ha confirmado la tesis de la Fiscalía Anticorrupción sobre el presunto blanqueo de pequeñas cantidades, que se investiga en una pieza separada del caso 3%, que cuenta con 12 exdirigentes de la formación investigados.

Ha explicado que, a finales de cada año, si el partido se quedaba sin presupuesto para el último trimestre, pedían a dirigentes que hicieran una donación: más tarde, Osàcar les devolvía la misma cantidad en efectivo, lo que ha asegurado que hacía por orden del entonces gerente del partido Germà Gordó, de quien ha dicho que controlaba el sistema de blanqueo en pequeñas cantidades que se investiga.

Entregó efectivo a exdirigentes de CDC

Sin embargo, ha apuntado que algunos dirigentes rechazaron que se les devolviera el dinero donado: en este sentido, ha exculpado a los exconsellers Felip Puig, Irene Rigau y Pere Macias, al exalcalde de Barcelona Xavier Trias, al expresidente del Cesicat Carles Flamerich y al expresidente de Forum Barcelona Víctor Vila.

En cambio, ha dicho que sí devolvió en efectivo el dinero de las donaciones al exconseller Jordi Jané, y a los exdirigentes de CDC Marc Guerrero, Jordi Moltó, Glòria Renom, Xavier Crespo, Montserrat Candini y Eduard Freixedes.

Osàcar ha declarado que desconocía el origen de ese dinero en efectivo, y ha alegado que lo controlaba Gordó, y ha dicho al juez que Mas lo debía saber dado que hablaba continuamente con Gordó, aunque durante su declaración no ha hecho ninguna afirmación directa sobre que él tenga constancia del conocimiento de Mas.

Según han informado a Europa Press fuentes jurídicas, los cuatro han descartado por tanto que el objetivo de esas donaciones fuera blanquear fondos procedentes de supuestas donaciones ilegales y han insistido en que en esos años CDC tenía falta de ingresos.

Lo mismo han explicado otros imputados en esta pieza separada del caso del 3%, que investiga una presunta financiación irregular de Convergència, pieza que se abrió el pasado 21 de abril, en pleno estado de alarma, y por tanto hasta ahora el magistrado no había podido citarles a declarar.

Además de Jané, Rigau, Puig y Macías, están investigados otros dirigentes de CDC que ocuparon cargos públicos, como el que fuera dirigente de CDC Marc Guerrero; Xavier Crespo, ex alcalde de Lloret de Mar (Gerona); Gloria Renom, exdiputada convergente en el Parlament; Eduard Freixedes, exconcejal de CiU en Barcelona durante el mandato de Xavier Trías; Carles Flamerich, expresidente del Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (CESICAT); Montserrat Candini, exdirigente del PDeCat; Jordi Moltó, exportavoz de CiU en la Diputación de Barcelona; y Víctor Vila, expresidente de Forum Barcelona.

El tesorero se lo pedía

Salvo Xavier Crespo, todos han relatado al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 la misma mecánica: a finales de año, el entonces tesorero Daniel Osàcar les contactaba para solicitarles que hicieran donaciones al partido ante la falta de ingresos.

Esas donaciones, todas de 3.000 euros, se hacían a través de cheques nominativos. Según han explicado, este dinero se unía a la contribución al partido que ya hacían todos de parte de su sueldo público, por lo que han descartado cualquier ilegalidad.

El único que no ha admitido tales donaciones ha sido Crespo, a quien los investigadores atribuyen una contribución de 1.500 euros en 2010, pero él ha dicho al instructor que no le consta haber dado ese dinero a Osàcar, según las fuentes consultadas.

Los 12 imputados han declarado entre el lunes y el miércoles ante el juez De la Mata y salvo Jordi Jané, que compareció el primer día por la mañana de forma presencial en la Audiencia Nacional, todos lo han hecho por videoconferencia desde Barcelona.

A pesar de lo declarado por los investigados, el magistrado considera que las donaciones que hicieron al partido fueron "actos de afloramiento de dinero" procedente de la "estructura de financiación ilegal", tal y como consta en el auto de imputación del pasado 21 de abril.

Para el juez son "pagos corruptos"

Según explica De la Mata, aparte de la mecánica que se investiga en la pieza principal, la recepción de grandes cantidades de dinero en efectivo por parte de altos cargos del partido en connivencia con cargos públicos de Cataluña y con distintos empresarios, habría habido otra línea de supuesta financiación irregular "bajo la apariencia de donaciones a través de las fundaciones vinculadas al partido", esto es, Catdem y Fundació Forum Barcelona.

Estos "pagos corruptos", explica el juez, se realizaban en ocasiones a cambio de concretas adjudicaciones de concursos públicos, alterándose en perjuicio de los intereses públicos los procesos de contratación, mientras que en otros casos "se hacían simplemente para congraciarse con el partido y sus responsables, con el fin de mantener una buena relación con estos y así hacerse acreedores a futuras adjudicaciones".

El siguiente elemento que surge de la investigación es el "posterior blanqueo de capitales" a partir de la recepción de "grandes cantidades de dinero en efectivo". En línea con la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado ve "indicios suficientes" como para indagar acerca de si las aparentes donaciones al partido "son, en realidad, actos de afloramiento de dinero". Esas donaciones se recibieron desde antes de 1999 y el juez cifra las entregadas entre 2000 y 2007 en más de 3,7 millones de euros.

Así lo dice el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 en el auto por el que pone fin a ocho años de investigación sobre el origen del patrimonio de la familia Pujol y por el que propone juzgar al expresidente catalán, a su mujer Marta Ferrusola y a sus siete hijos por formar presuntamente una organización criminal para, aprovechándose de su "posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas", acumular un "patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas".

En la resolución, de 509 páginas, de la que informa Europa Press, el magistrado instructor destaca que existen "indicios sólidos" que acreditan que la fortuna no procede, como alegan desde el principio los miembros de la familia, de una herencia del abuelo Florensi Pujol, sino que se trata de una estrategia de ocultación de fondos liderada por el matrimonio y dirigida por el hijo mayor.

Dinero en cuentas andorranas

Sobre Jordi Pujol Ferrusola, el juez instructor recalca que "habría concedido su aval personal a operaciones de financiación ilícita del partido político Convergencia Democrática de Cataluña –condenado en firme por el caso Palau por el cobro de más de 6 millones de euros por comisiones ilegales– con liquidez suya propia en cuentas andorranas".

El magistrado indica que por las fechas en las que se desarrolló la operativa, "parece que pudo relacionarse con una campaña electoral, las elecciones generales de marzo del 2000". "Por tanto, la liquidez gestada en virtud de las líneas de crédito podría haberse utilizado para obtener recursos con los que pagar servicios al partido CDC, relacionados con esa campaña electoral", dice el auto.

El juez De la Mata explica que CDC propuso a las sociedades Hispart, Altraforma y Winner Graph, con las que venía contratando servicios de publicidad y propaganda para campañas electorales, proceder al pago de estos servicios mediante "procedimientos opacos, simulando la existencia de determinadas operaciones de préstamos a cada una de estas empresas".

Los préstamos serían concedidos formalmente por Fibanc, entidad financiera con la que ninguna de las tres mercantiles tenía "relaciones comerciales o bancarias previas, ni de financiación ni de ninguna otra clase", sino con Pujol Ferrusola, pues disponía cuentas personales en dicho banco. Según el juez, la elección de Fibanc por parte del hijo mayor del matrimonio Pujol Ferrusola para llevar a cabo esta operativa "no parece casual", ya que tenía conexión con las cuentas andorranas desde las cuales se realizaba el aval para ejecutar la financiación.

Mecanismos ilícitos

Así, los representantes de las tres empresas acudieron a instancias de CDC a firmar la solicitud y el contrato de préstamo, quedando el partido político oculto, aunque el abono mensual de los recibos del préstamo sería atendido por la formación "mediante mecanismos también ilícitos".

Para apuntalar esta tesis, el juez recoge una carta firmada por Jordi Pujol Ferrusola el 16 de diciembre de 1999 dirigida al representante de la banca Reig Josep María Pallerola Segon, pidiendo que le conceda una serie de avales, a través de Fibanc, para garantizar "facilidades crediticias" a las siguientes empresas y por las cuantías especificadas: Hispart por importe de 168 millones de pesetas; Altraforma por 56 millones de pesetas; y Winner Graph por la cuantía de 112 millones de pesetas.

El magistrado concluye que la simple observación de las partidas económicas" de las tres empresas "sugiere que, de no ser por el aval concedido por Banca Reig a través de Jordi Pujol Ferrusola, las líneas de crédito parece difícil que se hubiesen conseguido en el volumen descrito".

Además, subraya que los movimientos en cada unas de las cuentas corrientes vinculadas a las operaciones de préstamos, "ponen de manifiesto determinados patrones en la operativa implementada que no parecen ajustarse a la finalidad, idéntica, por cierto, anunciada por las mercantiles en cuento al uso del crédito solicitado: 'financiación para pago a distintos proveedores'".

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José De La Mata, que cite a declarar como imputados por un delito de blanqueo de capitales a un total de doce altos cargos de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) por las donaciones "relevantes" realizadas al partido entre 2008 y 2015 identificadas por la Guardia Civil en el marco de la causa del '3%', según informa Europa Press. 

El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, pide que se llame a declarar por un presunto delito de blanqueo a los ex consejeros de Interior de la Generalitat Jordi Jané y Felip Puig, al ex diputado nacional por Barcelona Pere Macías, la exconsejera de Educación Irene Rigau, la alcaldesa de Calella y exsenadora Montserrat Candini y al ex parlamentario catalán y ex presidente de Forum Barcelona Víctor Vila i Giró.

Asimismo, solicita que se cite como investigados al ex alcalde de Sallent que fue portavoz de CiU en la Diputación de Barcelona Jordi Moltó, al ex director general de Telecomunicaciones de la Generalitat Carles Flamerich; la exdiputada autonómica Gloria Renom; el exdiputado regional ya inhabilitado Xavier Crespo, el empresario y líder del sector liberal de CDC Marc Guerrero i Tarragó y Eduard Freixedes, otrora Eduard García, director de los servicios territoriales de Interior de Cataluña Central.

La Fiscalía parte de la disección de las donaciones a CDC y sus fundaciones que realizó la Guardia Civil con el estudio del Libro Diario y el Libro Mayor del partido hallados en el registro de sus instalaciones en octubre de 2015 y de los que se desprende que el partido usaba el dinero recaudado por Catdem y Forum Barcelona como propio, con política de unidad de caja, movimientos sospechosos entre ellos y donaciones que podrían encubrir mordidas.

Todos los 'convergentes' señalados por Anticorrupción realizaron donaciones al partido de entre 1.500 euros a 3.000 euros en distintos momentos del periodo objeto de estudio por la Guardia Civil, de 2008 a 2015 y en todos los casos, consignaron su aportación en el último trimestre del año. Candini, por ejemplo, llegó a donar 18.000 euros en cuatro pagos de 9.000 y 3.000 euros en diciembre de 2008, 2009 y 2010. Aquel año hizo la aportación el día 1, igual que Rigau.

Un patrón en las donaciones

La Guardia Civil alertaba en su informe, aportado a la causa el pasado mes de diciembre, de esta coincidencia de donaciones en periodos muy concretos, así como la relación entre las cantidades que aportaban personas físicas y jurídicas, pues cuando disminuían unas, aumentaban las otras, quedando compensadas.

Para Anticorrupción, las donaciones particulares y de empresas resultan "sistemáticamente complementarias de manera que se deduce un criterio superior al de las personas donantes", como cuando en 2014 las entradas de dinero de personas físicas se presentaron "de forma no sistemática y sin un criterio que las pueda prever en el mes de noviembre".

La Fiscalía destaca asimismo la evolución de las cantidades recaudadas y cómo se compensan entre aportaciones particulares y de empresas: "Se constata cómo las donaciones entran en descenso en 2011 para volver a aumentar en 2014, produciéndose un más que notable aumento tanto en número como en cuantía de donaciones en los años 2014 y 2015".

El origen del dinero

Explica que en 2013 fueron 14.600 euros y en 2015 superaron los 402.000, cuantía similar a la que habían registrado en 2008, si bien se necesitaron "muchas más" operaciones para alcanzar ese "parecido volumen de ingresos".

Anticorrupción considera que uno de los motivos que podría "justificar lo ocurrido" en las aportaciones de particulares es que obedezca a "algún tipo de actuación a través de la cual el partido ingresa y justifica fondos de origen desconocido al amparo de donaciones realizadas por particulares".

"Al respecto hay dos explicaciones, en abstracto –dice el fiscal–. La primera, que cada uno de los donantes haya decidido aflorar dinero en efectivo, no declarado. La segunda, que el dinero en efectivo, no declarado, procede del propio partido político".

Considera que esta es "una explicación perfectamente coherente con que las personas cuya imputación se solicita realizaran una actuación radicalmente diferente en los años 2008 a 2010, 2011 y 2013 y en 2014 y 2015, en que se constatan donaciones mensuales y de escaso valor".

La Agencia Tributaria ha destapado en una inspección sobre impuesto de sociedades la existencia de más de dos millones de euros en facturas falsas emitidas en 2010 y 2011 a Triacom, la productora estrella de TV3 presidida por Oriol Carbó a la que el empresario Juan Manuel Parra afirmó haber facturado en falso para camuflar gastos electorales de Convergència Democratica de Cataluña, según informa Europa Press.

Este asunto se sigue en la Audiencia Nacional, en la denominada causa del 3%, que investiga si cargos de CDC cobraban mordidas a empresarios a cambio de la adjudicación de obra pública y después, blanqueaban esos ingresos con fórmulas como la prestación de servicios a terceros de los que en realidad se beneficiaba el partido.

Sin embargo, el informe de la Agencia Tributaria nace en otro contexto, motivado por una inspección a Triacom por el impuesto de Sociedades y el IVA de los años 2010 y 2011. Tras los hallazgos, se dio traslado a Fiscalía Anticorrupción en Cataluña, que se ha limitado a acusar a la empresa por delito fiscal en el Juzgado de Instrucción número 26 de Barcelona.

Según declaró en su día Domingo Parra adjuntando una grabación, Carbó, en connivencia con el exconseller de Justicia de la Generalitat Germá Gordó, le dio instrucciones para facturar a Triacom por conceptos ficticios el despliegue que había realizado para un acto electoral de CDC. Tal y como afirmó en la Audiencia Nacional, sólo así podía cobrar por sus servicios.

En su investigación, la Agencia Tributaria concluye que no era el único en emitir facturas falsas a Triacom, que en unos casos pactaba producciones que no llegaban a realizarse y en otros, 'tapaba' los pagos como si fuesen subcontrataciones de servicios para dos programas de TV3 –El Gran Dictat y Fish & Chips– cuya realización íntegra, por contrato, llevaba otra empresa.

Destaca el caso de Telefónica, que, según el informe al que ha tenido acceso Europa Press, pagó en 5 facturas de 2010 y 2011, 2,5 millones de euros por el patrocinio de una serie de la que "no hay constancia ninguna" y por dos vídeos corporativos de los que sólo aparece uno y no cumple las condiciones acordadas por ese precio "desorbitado".

"Si es exagerado el precio, más extraño es que se respeten los términos del contrato y se paguen todas las cantidades cuando existen evidencias de que las prestaciones que debía efectuar Triacom no se llevaron a cabo", dice el informe, para concluir que "los pagos obedecen a otras razones distintas a las expresadas en el contrato y las facturas".

La compañía, que fue requerida, no pudo justificar la razón de estos pagos pese al incumplimiento. Hacienda sospecha que el dinero que abonó a Triacom "fue canalizado o desviado a otras sociedades y personas mediante recepción de facturas falsas", dado que los periodos de 'entrada' y 'salida' de los fondos coinciden en tiempo y cuantía.

En este sentido, expone que las cantidades se abonaron en las mismas fechas –finales de 2010, primavera de 2011 y finales de 2011– en que Triacom realizó una batería de pagos por importe de 2,48 millones de euros a emisores de presuntas facturas falsas, entre ellos, las tres empresas audiovisuales de Juan Manuel Parra.

Tras cotejar sus albaranes con los de Triacom, los inspectores hallaron "notables discrepancias", que junto a las cantidades desorbitadas y al hecho de que eran por servicios a los dos programas de TV3 que realizaba íntegramente otra empresa, les llevaron a concluir que esas facturas "son falsas". Fueron 750.000 euros pagados en los mismos plazos en que la empresa de Carbó cobró de Telefónica.

Marc Puig, beneficiado

Hay más. En la lista de emisores de facturas falsas está Emocional Base, la sociedad que administraba Marc Puig Guardia, secretario de Comunicación de la Generalitat con Jordi Pujol y Artur Mas. En 2008 vendió su participación a un cuñado de Carbó, Salvador Solé, pero Hacienda sostiene que "pese a su aparente desvinculación, en 2012 al menos, se cuenta con suficientes pruebas de que seguía obteniendo beneficios de la misma".

Se refiere en concreto a la retirada de 40.000 euros en efectivo, la compra de un coche por 25.000, repararlo por 14.474 euros, poner a punto su barco por 9.649 o amueblar un piso, a cuenta de pagos de Triacom a Emocional con facturas falsas, como la emitida para un grafismo que se usaría en el vídeo corporativo de Telefónica que no existió o para el casting del programa de TV3 que tenía su propia empleada para ello.

David Madí y la mujer de Oriol Pujol

Dos sociedades de Carbó están también en la lista, así como la empresa de Ana Vidal, la mujer de Oriol Pujol Ferrusola; y tres mercantiles del convergente David Madí, predecesor de Marc Puig como secretario de Comunicación de Jordi Pujol, entre otros cargos, y estratega político de Artur Mas, que en solitario o asociado con su mujer, facturó a Triacom por conceptos en los que Hacienda encuentra "serias dudas acerca de la realidad de los servicios" cobrados.

Detalla, entre otros movimientos, el cargo de 35.000 euros por un briefing para el vídeo de una junta de accionistas briefing que se había celebrado tres meses antes y por cuya realización ya había facturado otra empresa; así como un pago de 70.000 euros para otra reunión preparatoria del vídeo para Telefónica que no se hizo.

"No puede obviarse que detrás de todas estas sociedades se encuentra David Madí y que los gastos originados por su despacho fueron sufragados durante un semestre por una de las sociedades de Carbó sin ser reembolsados, de manera que estaría siendo retribuido de manera irregular y sin motivo aparente", añade el informe.

Además, ha encontrado "una correlación" entre las facturas que emitió Triacom a una empresa constructora llamada Benito Arno e Hijos y las que recibió de una de las sociedades de Madí denominada Icat, de modo que el dinero "habría circulado" de una a otra pasando por la productora.

"Es una constante en la forma de proceder de Triacom la interposición de cadenas de personas para dificultar el seguimiento de los movimientos de dinero", concluye la Agencia Tributaria.

Desde Huesca, los platós

En la lista de empresas con facturas falseadas Hacienda incluye dos conocidas ya en la Audiencia Nacional, 'Interiorismo y Reformas' y 'Terminación de Edificios y Casas': Con sede en un pueblo de Huesca, pocos trabajadores y actividad, y administradas por un octogenario. Según un reciente informe de los Mossos, se trataría de un testaferro cuya misión sería facturar para después retirar dinero en efectivo y moverlo en negro.

Ambas facturaban a Triacom o a otra sociedad, Enginyeria Inalba, que a continuación lo cobraba de la productora por conceptos como la construcción del plató para el mencionado programa de TV3, pese a que lo gestionaba otra productora y a que los contratados estaban a más de 300 kilómetros de allí. "El propio Carbó tiene dificultades para recordar cómo se acudió a estas empresas", dice el informe.

Ciudadanos apuesta sin tapujos por un cambio legislativo que expulse del Congreso de los Diputados a formaciones nacionalistas e independentistas. Con una extrema derecha a la que las encuestas vaticinan un buen resultado, el partido de Albert Rivera intenta no ceder terreno en el debate sobre la crisis catalana. Este jueves los naranjas terminaron votando junto al PP en la Asamblea de Madrid a favor de la proposición no de ley impulsada por Vox en la que se pedía abiertamente al Gobierno central la ilegalización de “los partidos separatistas que atenten contra la unidad de la nación". Pocas horas después, la portavoz de Ciudadanos en la Cámara Baja, Inés Arrimadas, prefirió apostar en el último debate televisado por una reforma de la ley electoral que establezca una barrera "del 3% o el 5%" del voto a nivel nacional para poder entrar en el Congreso. Una medida pensada para dejar fuera del Congreso a las formaciones nacionalistas e independentistas. Lo que está detrás del discurso de Cs y de otros similares lanzados desde la derecha es que esas formaciones están sobrerrepresentadas en la Cámara Baja.

El análisis de los datos, sin embargo, no demuestra tales afirmaciones. Del histórico de resultados en 42 años de elecciones democráticas se desprende que, hasta la fecha, el único de los grandes partidos nacionalistas o independentistas que en todas las elecciones generales ha obtenido un porcentaje de escaños en el Congreso mayor al de votos en las urnas a nivel nacional ha sido el PNV, aunque dicha sobrerrepresentación ha sido mínima. ERC ha estado infrarrepresentado en una decena de comicios frente a solo dos citas electorales de las que salió ligeramente sobrerrepresentado. Convergència –tanto con la marca JxCAT como cuando estaba integrada en CiU o en la coalición Pacte Democràtic per Catalunya– ha logrado un porcentaje de escaños ligeramente superior al de sufragios en ocho de las catorce elecciones celebradas hasta la fecha. Y el BNG ha estado ligeramente infrarrepresentado en las cinco ocasiones en las que ha conseguido sentar algún diputado en la Cámara Baja.

En todos los casos esos desvíos son mínimos y fruto del efecto de la Ley D'Hondt, que premia a la fuerza ganadora de cada circunscripción. Pero no sólo en Cataluña o País Vasco, sino en toda España. Por tanto, no es algo exclusivo de las formaciones nacionalistas o independentistas. El ejemplo más claro lo encontramos en las elecciones generales de 2011, que expulsaron al PSOE de la Moncloa y auparon con mayoría absoluta a Mariano Rajoy a la Presidencia del Gobierno. En aquellos comicios los conservadores cosecharon en las urnas el 44,63% de las papeletas. Su clara victoria en 39 de las 52 circunscripciones electorales otorgó al PP 186 escaños, lo que equivale al 53% del hemiciclo. En un sistema de reparto estrictamente proporcional, los conservadores tendrían que haberse quedado con 156 asientos en la Cámara Baja, treinta diputados por debajo de lo que realmente lograron con ese resultado en la cita con las urnas.

  Cataluña

De todas las formaciones nacionalistas o independentistas catalanas, sólo han conseguido representación en el Congreso de los Diputados desde la recuperación de la democracia ERC y todo lo que se ha cocido alrededor de Convergència. El partido que en la actualidad lidera Oriol Junqueras sólo ha estado sobrerrepresentado en dos ocasiones en la Cámara Baja. La más importante fue la del pasado 28A, cuando con el 3,89% de los votos logró el 4,29% de los escaños. A pesar de ello, el cambio en la representación hubiera sido mínimo de existir un sistema de reparto estrictamente proporcional: en lugar de 15 escaños se hubieran quedado con entre 13 y 14 asientos. En otra decena de generales, sin embargo, la formación de izquierdas ha estado infrarrepresentada. Dentro de este grupo, la desviación más importante se produjo en 1993, cuando un 0,8% de las papeletas le dio un 0,29% de los escaños. Con un reparto proporcional, en lugar de 1 escaño debería haber sacado entre 2 y 3.

En el caso de Convergència, la sobrerrepresentación se produjo en ocho de las catorce generales, mientras que en las seis restantes el porcentaje de escaños logrados en la Cámara Baja fue menor que el que consiguió en las urnas. Así, con una horquilla de representación en el hemiciclo que se movió entre cuatro décimas por encima y cuatro por debajo del resultado electoral a nivel nacional, los desvíos más importantes se produjeron en las generales de 2011 y las de 1979. En las primeras, CiU cosechó el 4,17% de los apoyos, que se tradujeron en 16 escaños –un 4,57% sobre el total de asientos–. En las segundas, logró con el 2,69% de las papeletas el 2,29% de los escaños en liza –8–. De nuevo, el cambio no habría sido significativo con un sistema de reparto estrictamente proporcional. En 2011, cuando se produjo la mayor sobrerrepresentación, en lugar de 16 asientos se habría quedado con entre 14 y 15. Y en 1979, los comicios de los que salió más infrarrepresentada, habría logrado entre 9 y 10 escaños en vez de 8.

  País Vasco

De todos los partidos políticos nacionalistas e independentistas catalanes, vascos y gallegos analizados por infoLibre, el único que siempre ha tenido un porcentaje de escaños por encima del de votos a nivel nacional ha sido el PNV. En las catorce citas electorales celebradas hasta la fecha, esa sobrerrepresentación se ha movido en una horquilla de entre una y casi siete décimas porcentuales. Los comicios en los que el desvío fue mínimo fueron los del año 2011, unas generales en las que los nacionalistas vascos se hicieron con el 1,43% de los diputados rascando en las urnas el 1,33% de las papeletas. Un poco más grande fue la brecha en las primeras generales celebradas tras el fin de la dictadura. En 1977, el PNV consiguió con el 1,62% de apoyos el 2,29% de los asientos en la Cámara Baja. Es decir, consiguió sentar en el hemiciclo a 8 escaños frente a los 5-6 parlamentarios que le hubieran correspondido con ese mismo resultado si se hubiera realizado un reparto estrictamente proporcional.

Pero la sobrerrepresentación no ha sido habitual en el resto de formaciones nacionalistas o independentistas vascas. EH Bildu sólo ha logrado un porcentaje de escaños superior al de votos en los comicios del 28A, mientras que en las generales de 2015 y 2016 se situó por debajo. Eusko Alkartasuna también estuvo mínimamente infrarrepresentada en los cinco comicios en los que consiguió colocar a sus parlamentarios en el hemiciclo –1989, 1993, 1996, 2000 y 2004–, lo mismo que Herri Batasuna en cuatro de las seis citas con las urnas en las que obtuvo escaño. Euskadiko Ezkerra, la formación que posteriormente se integraría dentro del PSOE vasco, también se quedó en un porcentaje de asientos inferior al voto logrado en tres de las cinco generales en las que obtuvo representación. Amaiur, por último, salió ligeramente sobrerrepresentada en la única cita con las urnas en la que consiguió asiento en la Cámara Baja. Un 1,37% de los votos le dio un 2% de los escaños. Con un reparto proporcional, en lugar de 7 diputados habría sacado entre 4 y 5.

  Galicia

Frente al caso vasco y catalán, en suelo gallego el nacionalismo siempre ha salido mínimamente infrarrepresentado de todas las citas electorales en las que ha conseguido escaño en el Congreso. Así, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) siempre ha obtenido entre dos y cinco décimas de asientos en el hemiciclo menos que el porcentaje de papeletas a nivel nacional arañados en los comicios. La proporción más ajustada fue la de 2011, cuando el 0,76% de los votos le dieron el 0,57% de los escaños en la Cámara Baja. El desvío más grande fue el que se registró en la cita con las urnas del año 2000, de la que el conservador José María Aznar salió con mayoría absoluta. En aquellos comicios, el BNG obtuvo el 1,32% de los apoyos y 3 parlamentarios –es decir, el 0,86% de los asientos en el hemiciclo–. Con un sistema completamente proporcional, esa representación tendría que haber sido de entre 4 y 5 diputados.

También estuvo mínimamente infrarrepresentada en la Cámara Baja Coalición Galega. Fue la primera formación nacionalista gallega que logró sentar un diputado en Madrid. Lo hizo en las elecciones generales de 1986, la última mayoría absoluta holgada de los socialistas. En aquellos comicios el partido rascó el 0,4% de las papeletas y 1 parlamentario –el 0,29% del total en el hemiciclo–. Un desvío de solo una décima entre votos y asientos. Aunque el reparto hubiera sido proporcional, la representación en el hemiciclo habría sido la misma en aquel caso. 

Tras dos semanas de protestas continuas por la sentencia del procés, constitucionalistas e independentistas utilizaron este fin de semana las calles de Barcelona para exhibir músculo. La Assamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural consiguieron movilizar el sábado de forma pacífica en la capital catalana a unas 350.000 personas, según cifró la Guardia Urbana, para dejar claro que seguirán “trabajando por la independencia”. Un día después, fue Societat Civil Catalana (SCC) la que puso de acuerdo a los tres principales partidos políticos –PSOE, PP y Ciudadanos– y logró sacar a la calle a unas 80.000 personas para criticar que el procés “está vampirizando la vida política y social catalana”. Sin embargo, ambos bloques dieron muestras de cansancio. El poder de convocatoria constitucionalista quedó lejos del que se pudo ver en las multitudinarias manifestaciones convocadas en otoño de 2017. Y el independentista también se vio mermado en comparación con, por ejemplo, la marcha por la libertad de los presos que recorrió las calles de Barcelona en noviembre de hace un par de años.

El respaldo social es relevante. Por eso, el principal reto que ha puesto sobre la mesa ERC es el de ampliar la base social. El partido liderado por Oriol Junqueras asume que no habrá manera de empujar eficazmente hacia una república catalana con la mitad de la población en contra. “Queremos ser más para ganar por desbordamiento democrático. Superar el 50% es un hito que no será suficiente por sí solo, pero que es necesario para poder avanzar. Necesitamos poder demostrar una mayoría para poder obtener el reconocimiento internacional”, dijo claramente a finales de septiembre el presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià. Una moderación por la que no apuesta ni la CUP ni tampoco una parte de Junts per Catalunya. El president de la Generalitat, Quim Torra, ya avisó este domingo, durante un acto con centenares de alcaldes independentistas, que su compromiso “con volver a ejercer el derecho de autodeterminación” ya no tiene “camino de retorno”. Y añadió: “Ahora más que nunca no podemos desfallecer y solo juntos tendremos la fuerza suficiente para acabar lo que empezamos”.

Con el apoyo a la independencia situándose en un 44%, según el último barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), el bloque nacionalista afronta las elecciones generales del próximo mes de noviembre como una nueva prueba de fuego para mostrar en el Congreso su respaldo electoral. Porque desde que se diera un decidido impulso al procés allá por 2012, el independentismo no ha sido capaz de superar en las urnas la barrera del 50%. Estuvo cerca de hacerlo en las elecciones al Parlamento Europeo del pasado mes de mayo, en las que Ahora Repúblicas –la marca con la que se presentó ERC– y Junts lograron aglutinar el 49,84% de los apoyos en suelo catalán. A nivel autonómico, también estuvieron cerca de alcanzar el 50% en las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2012, una cita con las urnas en la que obtuvieron un 49,15% entre CiU, ERC, CUP y Solidaritat Catalana. Y en las generales no han logrado todavía superar el 40%, pero su respaldo en este tipo de elecciones se incrementa convocatoria a convocatoria.

infoLibre analiza la evolución del apoyo a los partidos independentistas desde las elecciones autonómicas de 2012, cuando se presentaron con la promesa de convocar una consulta sobre la independencia, que finalmente se celebró dos años más tarde, cuando aún estaba al frente de la Generalitat Artur Mas.

  Elecciones al Parlament

La apuesta decidida por el independentismo arrancó con la vista puesta en los comicios al Parlament de 2012. Dos años después de la polémica sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, tanto ERC como la entonces Convergència i Unió (CiU) decidieron acudir a la cita con las urnas con un programa en el que se abordaba abiertamente la independencia de Cataluña. Los convergentes fueron los grandes vencedores de aquellas elecciones, consiguiendo el apoyo del 30,7% de los electores catalanes, mientras que la formación liderada por Oriol Junqueras se tuvo que conformar con una tercera posición y el 13,7% de las papeletas. Gran noche electoral fue, sobre todo, para la CUP, que después de años de una intensa actividad a nivel municipal consiguió sentar por primera vez a tres diputados en la Cámara catalana con el apoyo del 3,47% de los votantes. Por el contrario, Solidaritat Catalana per la Independència, la formación de Joan Laporta, recibió un escueto 1,28% de los apoyos. En total, las cuatro formaciones independentistas lograron en aquellos comicios el 49,15% de los votos.

Las segundas elecciones catalanas que se produjeron tras la apuesta decidida por la independencia fueron las del 27 de septiembre de 2015. Después de varios meses frenéticos, en los que se celebró la famosa consulta del 9N a pesar de la intervención del Tribunal Constitucional, la nueva cita con las urnas se planteó como un plebiscito sobre la salida de Cataluña de España. Pero el apoyo al independentismo en estos nuevos comicios, en los que ya se empezaba a notar el efecto Podemos, cayó casi cinco puntos. Junts pel Sí, la coalición que aglutinaba a Convergència y Esquerra, se hizo con 62 de los 135 escaños del Parlament con el 36,09% de las papeletas. La CUP, por su parte, convenció al 8,28% de los electores y consiguió sentar en la Cámara catalana a 10 parlamentarios, siete más que en los anteriores comicios. Entre las dos listas electorales se quedaron en el 44,37%. “Hemos obtenido el mandato explícito para tirar adelante el proceso y conseguir la independencia de Cataluña”, aseveró entonces Junqueras.

Tras estas elecciones, se dio un nuevo paso al frente. Con Carles Puigdemont liderando la Generalitat por el veto de la CUP a Artur Mas, se aprobaron las leyes de desconexión, se celebró el referéndum del 1-O y se activó el artículo 155, que derivó en la convocatoria de nuevas elecciones al Parlament. En esta última cita con las urnas, celebrada en diciembre de 2017, el independentismo –esta vez por separado– repuntó. Junts per Catalunya (JxCat) consiguió el 21,66% de las papeletas, frente al 21,38% de las logradas en aquellos comicios por ERC. La CUP, por su parte, retrocedió del 8,28% de 2015 al 4,46%. En total, las tres fuerzas aglutinaron el 47,5% del voto. Una subida que, sin embargo, les dejaba todavía a dos puntos y medio de la barrera del 50%. Tras la fuga de Puigdemont a Bélgica, aquellos comicios dejaron a Quim Torra al frente de la Generalitat. Un president que en pocas semanas tendrá que sentarse en el banquillo acusado de un delito de desobediencia y para el que la Fiscalía pide un año y ocho meses de inhabilitación para el ejercicio de funciones de gobierno.

  Elecciones generales

Las primeras elecciones al Congreso de los Diputados a las que se tuvo que enfrentar el independentismo tras el inicio del procés en 2012 fueron las generales de diciembre de 2015. En estos comicios, que se celebraron apenas tres meses después de las plebiscitarias catalanas, las formaciones independentistas consiguieron sentar en la Cámara Baja a 17 parlamentarios. En Cataluña, ERC logró en las urnas el 15,99% de las papeletas, sólo por detrás de En Comú Podem –24,71%–, mientras que Democràcia y Llibertat, la coalición en la que se presentaba Convergència, se quedó en el 15,08% de los apoyos. En total, ambas formaciones acumularon el 31,07% de las papeletas. Un resultado que mejoraron en un punto en la repetición electoral de junio de 2016: 18,18% de Esquerra y 13,9% de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) –32,08% de las papeletas entre los dos partidos políticos en suelo catalán–. De nuevo, en estas segundas generales, comicios en los que se suele votar en otra clave electoral, ambas formaciones se quedaron lejos del 50%.

En las generales del pasado mes de abril, el bloque independentista volvió a mejorar resultados. Con el juicio contra los doce líderes independentistas en marcha en el Tribunal Supremo, aglutinaron el 39,43% de los sufragios en suelo catalán. ERC fue la formación más votada, con el 24,61% de los votos, mientras que Junts per Catalunya se quedó en el 12,08%. Front Republicà, la plataforma compuesta por Poble Lliure, Piratas y Som Alternativa –encabezada por Albano-Dante Fachin–, se tuvo que conformar con el 2,74% de los apoyos.

Ahora, con la vista puesta en los comicios del próximo 10 de noviembre, el bloque independentista espera mejorar de nuevo sus resultados y su representación en Madrid. A estas nuevas elecciones, además de ERC y el PDeCAT, también concurrirá por primera vez con su marca la CUP.

  Elecciones europeas

Tampoco en las elecciones al Parlamento Europeo las formaciones independentistas han logrado sumar el respaldo de más de la mitad de los electores. En los comicios a la Eurocámara de mayo de 2014, cuando quedaba algo menos de medio año para la consulta del 9N, las candidaturas con una posición clara a favor del conocido entonces como “derecho a decidir” consiguieron en suelo catalán un 45,82% de los apoyos. De todas ellas, Esquerra fue la que obtuvo más papeletas –23,69%–, casi dos puntos por delante de CiU, que se hizo con el 21,84% de los sufragios. También presentó lista en Cataluña para los comicios europeos EH Bildu-Els Pobles Decideixen, una candidatura de la que formaban parte, además de la formación vasca, el BNG, Puyalón, Andecha Astur y Alternativa Nacionalista Canaria. Esta coalición de partidos, en la que la CUP estudió entrar pero terminó declinando la oferta, logró en territorio catalán el 0,29%.

Pero de todas las citas con las urnas celebradas desde que se dio impulso al procés en 2012, fue en las europeas del pasado mes de mayo cuando el independentismo estuvo más cerca de lograr el 50% en Cataluña. Junts per Catalunya-Lliures per Europa (Junts), encabezaba desde Bélgica por Carles Puigdemont, fue la lista más votada en la comunidad autónoma con el 28,63% de los sufragios, más de seis puntos por encima del PSC. ERC, que se presentó a los comicios de la mano de EH Bildu y el BNG, se tuvo que conformar con la tercera posición en Cataluña con el 21,21% de las papeletas en una candidatura que encabezaba Oriol Junqueras. En total, las dos formaciones independentistas salieron de aquella cita con las urnas con un respaldo en la comunidad autónoma del 49,84% de los electores.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga la causa conocida como el 3 por ciento, ha citado a declarar el lunes, 29 de julio, al empresario Joan Manuel Parra, que confesó en un juzgado de Barcelona haber cobrado trabajos realizados a la extinta Convergència Democràtica de Cataluña (CDC) en la campaña electoral de 2010 con facturas giradas a una productora audiovisual, informa Europa Press.

Según han informado fuentes jurídicas, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 mandó un exhorto al Juzgado de lo Penal número 23 de Barcelona -que en septiembre juzgará al responsable de Hispart por estos hechos- para que le remita el escrito en el que Parra reconoce que cobró 750.000 euros a través de este método irregular.

Asimismo, el juez instructor también le ha citado a declarar el próximo lunes en la causa del 3 por ciento, que se sigue en la Audiencia Nacional, para interrogarle sobre esta confesión. Según ha adelantado El Periódico de Catalunya, Parra presentó un escrito en el que admite que tres empresas que administra no han prestado servicios a una productora de televisión a la que había girado y cobrado una serie de facturas, sino que esas labores las realizó "en realidad" para CDC en la campaña electoral del 2010 al Parlament tras ser presionado a ello para poder cobrar sus honorarios.

Además, el empresario para poder justificar su confesión, ha entregado al juzgado de Barcelona un disco con una supuesta conversación que mantuvo en octubre de 2011 en la sede de CDC con el entonces secretario de Gobierno de la Generalitat, Germà Gordó; así como albaranes de las labores que hizo para el partido, planos de distribución de actos de campaña y un libro de fotografías titulado Entre babalinas en el que el expresidente de la Generalitat Artur Mas le agradece su colaboración, según publica el diario.

Parra fue condenado en enero de 2018 en a ocho meses de prisión y multa de 900 euros por un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido en el caso Palau. En dicho juicio, ya reconoció que giró un total de 13 facturas al Palau de la Música, presidida entonces por Fèlix Millet, que correspondían a trabajos prestados para CDC en la campaña de las elecciones generales de 2004.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que instruye la causa de la presunta financiación irregular de Convèrgencia –el conocido como 3 por ciento–, ha imputado a CDC y PDeCAT como personas jurídicas por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

En su auto, el magistrado explica que el PDeCAT es un "mero continuador" de CDC que, según relata, puso en marcha una estructura para financiar ilegalmente la formación política, en forma encubierta mediante donaciones a fundaciones ligadas a dicho partido, CatDem y Forum Barcelona, en connivencia con empresarios y otros cargos de índole política.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata considera que es "incuestionable" que las presuntas comisiones ilegales del 3 por ciento pagadas por constructoras a CDC a cambio de concesiones de obra pública en Cataluña afectan a la seguridad del tráfico mercantil y a la economía nacional, razón por la que ha asumido la investigación de este asunto del que se ha inhibido el juzgado que comenzó a instruirlo, el número 1 de El Vendrell (Tarragona), informa Europa Press.

El conocido como caso 3 por ciento investiga al exdiputado en el Parlament y exconseller Germà Gordó, así como a dos extesoreros de CDC y a varios empresarios por presuntos delitos como cohecho, prevaricación, alteración de precios de concursos y subastas públicas, malversación de caudales públicos, fraude contra la administración, tráfico de influencias, falsedad, blanqueo de capitales y financiación ilegal de partidos políticos.

Según manifiesta en su auto el titular del Juzgado Central de Instrucción, que tiene fecha del pasado 18 de abril, en este caso se investiga una conducta "sistemática, estructural y organizada de manipulación de la contratación pública a gran escala" a la que añade "vulneración de los principios básicos rectores de la asignación de caudales públicos a lo largo de muchos años".

Se hizo, según detalla, "con participación de un partido político de gobierno (CDC), fundaciones (CATDEM Y FORUM), y de múltiples instituciones públicas" —entre las que cita, además de la propia Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, el Consorcio de Educación de Barcelona, Bimsa, Infraestructures.cat, Autoridad Aeroportuaria de Barcelona, distritos municipales, etc.— "junto a decenas de empresas de ámbito nacional y autonómico".

218,7 millones en 24 proyectos

El monto total de las cantidades comprometidas en los concursos investigados se eleva a 218,7 millones de euros, según apunta De la Mata, una cantidad resultante de analizar 24 procesos de licitación de obras y servicios.

Esta aproximación "inicial y no exhaustiva", según el juez de la Audiencia Nacional, permite también señalar en este momento de la investigación que el importe de las adjudicaciones definitivas asciende a 168,7 millones a los que hay que añadir modificaciones de los proyectos (1,7 millones) y prórrogas (4,5 millones). Las "donaciones" irregulares ligadas a estas adjudicaciones ascienden a más de un millón de euros.

La operativa de los investigados consistió, por tanto, en la sustracción a los legítimos aspirantes a conseguir obras y contratos de la posibilidad de obtener "rectamente" las adjudicaciones y, con ello, de conseguir fortalecer sus proyectos empresariales, la generación de empleo y la obtención de beneficios. "La economía nacional, por tanto, se pudo ver alterada por el empobrecimiento de la competencia y la profundización del círculo vicioso generado por las personas implicadas", concluye.

Otras razones alegadas por el juez de la Audiencia Nacional para quedarse el caso son la complejidad de la causa debido al número de personas investigadas y del entramado societario empleado, la necesidad de librar instrumentos de auxilio judicial internacional y la de revisar la gestión de determinados procesos de contratación en distintas administraciones. Los hechos, además, se han desplegado en varias provincias catalanas, como son Barcelona, Tarragona y Girona, excediendo de la demarcación provincial.

La inhibición fue recurrida en Cataluña por las defensas ante la Audiencia Provincial de Tarragona, han apuntado a Europa Press fuentes jurídicas, por lo que la decisión de De la Mata aún no es firme. Cuando así lo sea el juez en Madrid recabará de su compañero de El Vendrell toda la documentación del caso y los efectos y cantidades intervenidos hasta el momento. Si la Audiencia da la razón a los abogados defensores se creará un conflicto de competencia que deberá resolver el Tribunal Supremo.

La instrucción realizada hasta ahora en El Vendrell destacó que unos de los investigados, Andreu Viloca, presuntamente jugó "un papel esencial" como tesorero y administrador de CDC y de sus fundaciones, llevando un control exhaustivo de las licitaciones y adjudicaciones de obra pública, además de gestionar el pago de las donaciones a las fundaciones Catdem y Fòrum.

Según el juez de El Vendrell, la investigación ha destapado una "posible trama de financiación de CDC por medio de donaciones de empresas constructoras de ingeniería que resultarían adjudicatarias de obras y proyectos por entes bajo su control político", como los ayuntamientos de Sant Cugat del Vallès, Sant Celoni (Barcelona) Torredembarra (Tarragona), Figueres, Olot, Lloret de Mar (Girona), Infraestructures de la Generalitat, Autoritat Portuària de Barcelona y el Consorci d'Educació de Barcelona.

En cuanto a la probable comisión en el extranjero de ilícitos penales de algunos de los investigados como los empresarios Jordi Soler, Jordi Sumarroca, Sergio Lerma y Francesc Xavier Tauler, el magistrado creyó que está justificado enviar el caso a la Audiencia Nacional porque en un informe de la Guardia Civil se constata su "conocimiento y voluntad de utilización de jurisdicciones extranjeras de escasa o nula tributación".

La Sección Décima de la Audiencia de Barcelona ha acordado este miércoles permitir que los exdirigentes del Palau de la Música Fèlix Millet y Jordi Montull salgan de la cárcel con fianzas de 400.000 y 100.000 euros respectivamente, ha informado el Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC).

El TSJC ha estimado parcialmente el recurso de súplica presentado por las defensas contra el ingreso en prisión decretrado tras la sentencia condenatoria del caso Palau.

Los magistrados imponen el pago de las fianzas porque consideran que "sigue existiendo un riesgo de fuga dada la elevada condena impuesta".

Según han informado fuentes judiciales a Europa Press, el ingreso será inmediato y serán conducidos desde el Palau de Justicia, donde se les ha comunicado la decisión, hasta la prisión de Brians I, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).

En sendos autos, recogidos por Europa Press, el tribunal señala la fecha límite de esta medida: en el caso de Millet el 3 de diciembre de 2022 y para Jordi Montull el 10 de noviembre de 2021, ya que se trata de medidas cautelares a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre los recursos de casación y la sentencia sea firme.

Tras comunicarles la decisión, pasadas las 15.00 horas, los dos condenados han sido trasladados a los calabozos del Palau de Justícia por los Mossos d'Esquadra, y ha podido verse cómo salía el asistente de Millet con su silla de ruedas vacía y se reunía con la mujer de Millet, Marta Vallès.

El tribunal, presidido por la magistrada Montserrat Comas, ha celebrado una vista este lunes para abordar posibles medidas cautelares para Millet, Montull, su hija Gemma y Daniel Osàcar, previas a que la condena por el saqueo del Palau sea firme, y tras la vista les ha citado para comunicarles la decisión.

La Fiscalía pidió este mismo lunes el ingreso en prisión provisional para Millet y Jordi Montull durante la mitad del tiempo de condena ante el evidente riesgo de fuga; y comparecencias periódicas para los condenados Gemma Montull y Daniel Osàcar.

"No sé cómo va a huir"

Las defensas lo rechazaron, alegando que siempre han respondido ante la justicia, además del estado de salud y edad de los acusados.

La defensa del expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet, Abraham Castro, por su parte, se opuso a la petición de prisión provisional de la Fiscalía Anticorrupción: "Como no le ponga un turbo a la silla de ruedas, no sé cómo va a huir".

Castro negó que haya riesgo de fuga tras la condena, a diferencia de lo que argumenta la fiscal Marta Marquina: "Aquí está el señor Millet, como siempre ha estado en estos nueve años de procedimiento".

Opinó que, con la condena de nueve años y ocho meses de cárcel de Millet, "incluso" se disminuye el riesgo de fuga en comparación con la situación previa, cuando Millet se enfrentaba a los 84 años de prisión que le solicitaba la acusación particular y a los 27 que pedía Fiscalía en su escrito de conclusiones provisional.

Así, ha defendido que Millet tiene arraigo familiar en Catalunya, lleva nueve años casi "sin salir de su casa para nada", y que vive con su esposa y su hijo que padece de una discapacidad mental que requiere de su cuidado. Alegó además que, debido a este caso, Millet no tiene bienes para fugarse y que, según la propia sentencia, "no constan otros bienes distintos que los aportados para sufragar el daño puestos a disposición de la justicia".

Por su parte, la defensa de Jordi Montull, Jorge Navarro, ha rechazado también la petición de la Fiscalía de que su cliente ingrese en prisión provisional, alegando la edad de Montull —75 años—, su estado de salud ya que tiene problemas cardíacos, y que ha cumplido "religiosamente" acudiendo a todas las citas con la justicia.

En el caso del extesorero de CDC Daniel Osàcar, Judit Gené, su abogada se ha opuesto a la petición de que comparezca cada diez días en el juzgado ya que considera que dichas comparecencias "no son justificadas, necesarias y proporcionadas" y que, debido a los 82 años y estado de salud de su cliente —insuficiencia renal y cardíaca—, serían gravosas y difíciles de llevar.

"Alta probabilidad" de fuga

En sendos autos, el tribunal considera que hay una "alta probabilidad de riesgo de fuga" ya que la situación de Millet y Montull no es la misma que antes de ser condenados, teniendo en cuenta las elevadas penas: nueve años y ocho meses para el primero y siete años y medio para el segundo.

El tribunal cree que no puede descartarse en el caso presente la posibilidad que, de no adoptarse la medida solicitada por las acusaciones y pese a que hasta la fecha el penado ha estado a disposición de la Sala, tanto Fèlix Millet como Jordi Montull opten por ponerse fuera del alcance de la Administración de Justicia: "Esta hipótesis no resulta irrazonable, ilógica o arbitraria".

Tanto en el caso de Millet como de Montull, no considera que dispongan de suficiente arraigo en España que pueda conjurar el riesgo de fuga pues, en cuanto a la situación familiar del primero, pese a tener un hijo que presenta una minusvalía psíquica, "no parece que el mismo dependa de los cuidados del penado", y en el segundo, su hija es mayor de edad y también ha sido condenada.

Además, el tribunal no descarta que dispongan de otros bienes o dinero en el extranjero que no hayan podido ser localizados y que facilitarían su huida, pese a haberles embargado todos sus bienes durante el procedimiento, y respecto a su situación de salud y su edad (Millet tiene 82 años y Montull, 75) considera que no son tan graves como para evitar una posible huida.

Osàcar y Gemma Montull

Para el extesorero de CDC Daniel Osàcar, el tribunal ha aceptado la petición de la Fiscalía de retirarle el pasaporte, prohibirle salir del país y que se persone una vez al mes en el juzgado —el fiscal pedía cada 10 días— ya que entiende que hay riesgo de fuga debido a la condena impuesta de cuatro años y cinco meses de prisión.

Para Gemma Montull también se ha acordado la retirada del pasaporte, prohibición de salir del país y comparecencia cada mes, una medida cautelar que ya tenía antes del juicio, también al considerar que existe riesgo de fuga derivado de la pena de cuatro años y medio de cárcel.

Estos hechos están considerados como probados por los jueces de la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona, que este lunes dictaron sentencia sobre un caso que se inició hace ocho años y medio, en el verano de 2009, cuando los Mossos d’Esquadra registraron el Palau buscando evidencias del supuesto desvío de fondos cometido por Millet y Montull, sobre los que han recaído penas de nueve años y ocho meses y de siete años y medio de cárcel, respectivamente. También ha sido condenado a cuatro años y cinco meses de prisión el extesorero de CDC Daniel Osácar por tráfico de influencias y blanqueo de capitales. 

Ferrovial, sin embargo, ha conseguido salir indemne del caso. Los magistrados de la Audiencia de Barcelona consideran acreditada la participación en la trama de los dos únicos responsables de la constructora encausados, Pedro Buenaventura, que fue director territorial de zona en Cataluña hasta mayo de 2000 y estuvo en la empresa hasta 2006, y Juan Elízaga, director de Relaciones Institucionales hasta al menos julio de 2009. Los magistrados creen que ambos son responsables de un delito continuado de tráfico de influencias por el que se enfrentaban a una pena de hasta un año y seis meses de prisión, pero entienden que su responsabilidad penal ha prescrito.

En el momento en el que se produjeron estas mordidas y para este tipo de delito, el Código Penal fijaba en tres años el periodo máximo de cómputo para determinar la prescripción de los hechos. Pues bien, en el caso de Buenaventura pasaron cinco años y un mes entre su última actuación como empleado de Ferrovial (febrero de 2006) y su imputación el caso (marzo de 2011). Por su parte, el último ingreso efectuado por la constructora al Palau con Elízaga como directivo fue en junio de 2009, justo antes del registro de los Mossos, pero su citación en calidad de imputado no llegó hasta abril de 2013. Pasaron, por tanto, casi cuatro años. 

Tras la reforma del Código Penal que se llevó a cabo en 2015, el periodo máximo de cómputo para determinar la prescripción, en el caso de estos hechos, sería de cinco años. No obstante, para hacer este cálculo se tiene en cuenta la legislación vigente en el momento en el que se produjeron las actuaciones que son objeto de la investigación judicial. En este caso, la prescripción estaba fijada en los citados tres años. 

"Sistema organizativo" 

En un comunicado difundido este lunes, la empresa aseguró haber sido "ajena" al "destino final" de los fondos entregados al Palau por contratos de patrocinio y reiteró su convencimiento de que las adjudicaciones en las que participaba "se realizaron siempre de forma regular y a la oferta con mejor valoración económica". En la sentencia, los jueces subrayan que no consta "ni el conocimiento ni la aquiescencia" de las actuaciones deBuenaventura y Elízaga por parte los órganos colegiados o los accionistas de la entidad. 

Según los jueces, la posición directiva de Buenaventura y la intervención de Elízaga, director de Relaciones Institucionales, les permitió obtener de los máximos responsables de la empresa a nivel estatal el asentimiento del patrocinio del Palau, tanto para su puesta en marcha como para su posterior mantenimiento anual. Por otro lado, consideran probado que Buenaventura acordó con el extesorero de CDC Carles Torrent –fallecido en 2005– que Ferrovial pagaría anualmente "por anticipado" una comisión del 4% del volumen de obra pública que "le debía ser adjudicada por los organismos [de contratación] controlados por CDC". 

No obstante, según el tribunal, en torno al año 2002 se cambió el "sistema organizativo" para el pago de las comisiones, que dejaron de ser por adelantado y se llevaron a cabo una vez Ferrovial obtenía la "correspondiente adjudicación". Para la Audiencia, este cambio de sistema se acordó "quizás" porque Buenaventura "se cansó de pagar y luego tener que, encima, reclamar", o incluso debido al mayor volumen de obra prevista a licitar con el "consiguiente fraccionamiento del pago de las comisiones en varios años".

Para llevar a cabo ese propósito Millet y Montull crearon un ciclo de conciertos, llamado Palau 100, cuyo objeto "no era auxiliar económicamente al Palau" para poder desarrollarlo, "sino dotar de los suficientes fondos a Millet y Montull para que pudieran abonar las comisiones pactadas a CDC y quedarse parte de la comisión". Según la sentencia, sólo por estos acuerdos de patrocinio, Ferrovial aportó al Palau más de 12,6 millones de euros entre 1997 y 2009. 

Después, para que ese dinero fluyera hasta Convergència, Millet y Montull pusieron a disposición de los directivos Ferrovial y de los miembros de Convergència "toda la estructura jurídico-financiera" del Palau. El objetivo, relata la sentencia, era que "pudieran ocultar el pago y cobro, respectivamente, de las comisiones, bajo la forma de patrocinio, los primeros, y bajo la de convenios de colaboración y pago de facturas por servicios no prestados para el Palau, los segundos". 

Al final, el dinero de las mordidas acabó llegando a la formación que entonces dirigía Jordi Pujol a través de tres formas: 3,7 millones a través de entregas en efectivo a los extesoreros Torrent y Osácar, 2,3 millones con la emisión de facturas "mendaces" por servicios inexistentes de empresas que se prestaron a tal fin y 630.000 euros por convenios de colaboración cultural con la Fundació Trias Fargas, vinculada al partido.

El pacto era que Ferrovial pagaba "por el ejercicio de aquel influjo para la obtención de obra pública" el 4% del importe de todas las adjudicaciones obtenidas. El 2,5% se lo quedaba el partido y el 1,5% restante era para los intermediarios, Millet y Montull, que a su vez se repartían el porcentaje que les correspondía en un 80% para el primero y un 20% para el segundo, dejando en algunas ocasiones una pequeña parte para la Fundació Orfeó Catalá. El tribunal sostiene que esos pagos eran "la efectiva retribución de la influencia ejercida para obtener las adjudicaciones".

La sentencia determina que la influencia de los tesoreros sobre los miembros de las mesas de contratación a favor de Ferrovial "consiguió su objetivo", pues la compañía pasó de no tener volumen de obra pública en Cataluña a conseguir algunas de las mayores obras por cuantía económica que se efectuaron en aquellos años en esa comunidad: la construcción de la línea 9 del metro de Barcelona y de la Ciudad de la Justicia de Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat. 

Según el fallo, durante el juicio, Buenaventura y Elízaga no ofrecieron explicación alguna sobre este trasvase de fondos. Ambos manifestaron que lo desconocían, explicaron que el patrocinio era correcto y que se efectuó sin relación alguna con posibles adjudicaciones de obras. La sentencia revela que el tribunal no ha creído su versión, pero la laxitud de la legislación respecto a la conducta de los corruptores les ha permitido quedar absueltos. 

Lo ha expresado en un comunicado recogido por Europa Press tras conocerse la sentencia, en la que se ha considerado probado que CDC cobró 6,6 millones de euros en comisiones irregulares a través del Palau de la Música Catalana y que ha condenado al extesorero de CDC Daniel Osàcar a 4 años y cinco meses de prisión.

El partido ha destacado que "la resolución de la sentencia del caso Palau tiene que ver con CDC, una formación política que ya ha asumido todas las responsabilidades políticas de un asunto que es anterior al año 2010".

En este sentido, ha explicado que el PDeCAT nació en 2016 y "con el ejercicio de la transparencia como uno de sus objetivos más importantes", y con el compromiso de actuar con contundencia ante cualquier caso de corrupción.

También ha asegurado que el PDeCAT respeta las resoluciones judiciales y ha reiterado su "compromiso con la transparencia y de buenas prácticas en la acción política".