CDC

Los acusados han quedado en libertad provisional tras acogerse a su derecho a no declarar.

Señala a Germà Gordó y al exconseller Jané, y exculpa a Felip Puig, Irene Rigau, Pere Macías y Xavier Trias.

Descartan que el objetivo de esas donaciones fuera blanquear fondos procedentes de supuestas donaciones ilegales.

Así se desprende del auto que pone fin a la investigación sobre el origen del patrimonio de la familia Pujol, que propone juzgar al expresidente catalán, a Marta Ferrusola y a sus siete hijos por formar presuntamente una organización criminal.

Quiere que se investigue si el dinero que donaron al partido al cabo de los años procedía de la propia formación.

El convergente David Madí facturó a Triacom por servicios dudosos.

Pese a la insistencia en ese discurso desde la derecha, lo cierto es que los datos de 42 años de elecciones demuestran que su número de escaños en el Congreso se corresponde con su porcentaje de voto.

En las últimas europeas es cuando ha estado más cerca de ser mayoritario: ERC y Junts per Catalunya acumularon un 49,84% de las papeletas.

José de la Mata ha citado el lunes, 29 de julio, al empresario Joan Manuel Parra, que confesó haber cobrado trabajos realizados a CDC.

En su auto, el magistrado explica que el PDeCAT es un "mero continuador" de CDC que, según relata, puso en marcha una estructura para financiar ilegalmente la formación política.

Asume la causa que investiga una conducta "sistemática, estructural y organizada de manipulación de la contratación pública a gran escala".

Los magistrados imponen el pago de las fianzas porque consideran que "sigue existiendo un riesgo de fuga dada la elevada condena impuesta".

El tribunal acepta la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que había solicitado el encarcelamiento provisional al considerar que existe riesgo de fuga.

La Audiencia de Barcelona confirma que la constructora pagó 6,6 millones en mordidas a Convergència a cambio de adjudicaciones entre 1999 y 2009. Los directivos de Ferrovial se libran de ser condenados al estar prescrito el delito de tráfico de influencias, ya que pasaron más de tres años entre los hechos y su imputación. 

"La resolución de la sentencia del 'caso Palau' tiene que ver con CDC, una formación política que ya ha asumido todas las responsabilidades políticas de un asunto que es anterior al año 2010", afirma.

La alcaldesa de Barcelona sostiene que los dirigentes de CDC, ahora en el PDeCAT, deben dar explicaciones y disculparse ante la ciudadanía.